Educación en México, una deuda pendiente

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero

Desde 2019, en México se ha emprendido una serie de modificaciones en torno a la educación. Una de las más controvertidas es el interés por cambiar los contenidos de los libros de texto de la educación básica, ya que en palabras del director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, siguen “un modelo de educación neoliberal”.

Si bien tenemos una deuda con la educación pública mexicana, ofrecer contenidos desde la óptica del gobierno operante va en contra de lo que se esperaría sean los materiales que la sustentan: libres de ideología y basados en fundamentos científicos.

En nuestro país, hay rezagos importantes que se deben considerar. Según Indicadores Nacionales de la Mejora Continua de la Educación en México, presentado por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación: “Al inicio del ciclo escolar 2020-2021 estaban matriculados 29.4 millones de estudiantes en preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. Con respecto al ciclo anterior, se estima una disminución de 763 mil 299 estudiantes, lo que representa un descenso de 2.5 por ciento de la matrícula en este periodo. En 2020 alrededor de 5.7 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de entre 3 y 17 años se encontraban fuera de la escuela. Éstos constituían 17.5 por ciento de la población en ese rango de edad”. Esto nos habla de la existencia de una desigualdad que exige esfuerzos sustanciales para que ningún niño, niña o adolescente se quede sin ejercer uno de sus derechos fundamentales.

Aunado a esta deficiencia, de acuerdo con la asociación Save The Children, “en 2021 cada día 7 niñas, niños o adolescentes fueron asesinados diariamente y 37 sufrieron violencia física, esto sin contar los múltiples casos que no son identificados ni denunciados. La normalización cultural de la violencia sistémica en su contexto familiar, escolar y comunitario está cobrando sus vidas y les está haciendo vivir situaciones que ninguna persona, pero especialmente ninguna niña, niño o adolescente, le corresponde vivir.” Esto es alarmante pues nos habla de una total falta de garantías para proteger el derecho más importante de niños, niñas y adolescentes, que es el de la vida, incluso en su ambiente escolar.

Desde hace tiempo, en México se han impulsado reformas que dicen ser educativas, cuando en realidad son de carácter administrativo o político. Los cambios que hoy se gestan bajo el paradigma de la Nueva Escuela Mexicana tampoco resolverán de fondo los problemas si se rige por bases ideológicas o de un partido.

Sin duda hay mucho por hacer en materia educativa, la cual debe ser una vía que no sólo permita adquirir conocimientos académicos, sino para la vida y se cumpla lo que establece el artículo tercero de nuestra Constitución: “La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos”.

En Early Institute sabemos que la primera infancia es clave para el desarrollo físico, mental y emocional de niñas y niños. Por lo tanto, es necesario construir un entorno que asegure su bienestar integral, empezando por garantizarles una educación adecuada y espacios seguros que protejan su vida, y coadyuven en su crecimiento y desempeño escolar.

En peligro, las organizaciones civiles de México

Por: Annayancy Varas, Directora General de Early Institute

Publicación original en: El Financiero

La recién aprobada Miscelánea Fiscal del Paquete Económico 2022 en la Cámara de Diputados, se confirma la posición del gobierno federal frente a la labor de las organizaciones de la sociedad civil y, lamentablemente, no es alentadora.

En esta ocasión se aprobó, entre otros, una iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, impulsada por el presidente de la República, que modifica el artículo 151 con relación a las personas físicas y sus donativos. Esto significa que las deducciones por donaciones serán hasta el 15 por ciento de los ingresos del contribuyente, cuando eran 100 por ciento deducibles y sin topes máximos.

Sin duda, la medida desalienta las aportaciones a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), cuya naturaleza es ayudar a los grupos más vulnerables de la sociedad en diferentes ámbitos. Asimismo, las OSC son un contrapeso a las facultades del gobierno, al evidenciar fallas que dañan el respeto de los derechos humanos. ¿Qué pasa entonces con esta modificación al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta? Para empezar, es inconstitucional pues no atiende al principio de proporcionalidad tributaria al limitar las deducciones de las personas físicas, pero también es una amenaza directa a las funciones de las organizaciones civiles.

Hoy el Ejecutivo federal pareciera estar empeñado en que el Estado sea el único proveedor de beneficios a la sociedad mexicana, aun cuando hay evidencia que la insuficiencia de recursos es una realidad. En una especie de estadolatría, es decir, que se vea al Estado como un ente todopoderoso dador de provisiones y el único autorizado para ello, lo que está ocurriendo en México es un claro rechazo al papel de las organizaciones civiles con las figuras de un ciudadano sumiso y un gobierno adorado.

La restricción financiera a la que se está sujetando a las OSC pone en peligro su sustentabilidad, e incluso, se corre el riesgo de su desaparición dejando desprotegidos a los grupos sociales que más lo necesitan. Es también una obstrucción a la promoción y defensa de los derechos porque coarta la libertad de expresión y de asociación.

Hay que decir que, desde el inicio de esta administración, se ha visto que la presencia de las organizaciones civiles no es del agrado del Ejecutivo federal. Esto se ha corroborado con anteriores disposiciones que restringen y atan las operaciones de las OSC.

En un país como el nuestro en el que hay carencias importantes, la labor de las organizaciones civiles es primordial y lo que se necesita es colaboración conjunta para sacar al país adelante. Desafortunadamente, el interés del Estado por acaparar la dotación de beneficios –pese a sus limitaciones y rezagos– traerá consecuencias profundas y costosas.

En Early Institute hacemos un llamado para garantizar el trabajo de las asociaciones civiles y no promover su censura. Estamos convencidos de que obstaculizar los medios de financiamiento de los organismos es un retroceso a la vida democrática, pero ante todo es una afectación a los sectores de la sociedad que no reciben asistencia gubernamental y que, en nuestra labor, encuentran apoyo y sostén.

El Derecho al medio ambiente sano

Por: Cristián Acosta de Asuntos Públicos de Early Institute

Publicación original en ContraReplica

Vale la pena hacer un alto en aquellos temas que damos por hecho pero que, salvo una contingencia, volteamos a ver: ¿qué estamos haciendo para prevenir o resolver? Ejemplo de ello son las lluvias torrenciales que generan inundaciones cada vez menos “atípicas”, deslaves, aumentos de temperaturas, sargazo en los mares, entre muchos otros casos que inclusive han cobrado vidas en el mundo entero.

Únicamente en estos casos radicales nos damos cuenta que algo está cambiando, que el medio ambiente cada vez es más extremo y que tiene repercusiones en nuestras actividades diarias.

Bajo esta perspectiva, cobra relevancia que durante sus últimas sesiones desarrolladas en octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordenó contar con un relator especial en la materia y ha reconocido, por primera vez en su historia, que existe el derecho humano a un medio ambiente sano para proteger a las personas y al planeta, el aire que respiramos, el agua que bebemos y la comida que comemos.

Sólo unos días después, el Comité de los Derechos del Niño, en atención a la petición de un colectivo de niños analizó el cumplimiento de las obligaciones de Argentina, Brasil, Francia, Alemania y Turquia encontrando a estos países responsables internacionalmente por la violación a la vida, salud y cultura de los niños al no proveer medidas suficientes para prevenir las afectaciones ambientales en cada uno de esos países.

Valdría preguntar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Gobernación, al SIPINNA y al Senado de la República sobre la urgente necesidad de aprobar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones con la niñez de nuestro país, deuda pendiente que debe ser subsanada durante este sexenio.

En el ámbito interamericano debemos tener presente, entre muchos otros tratados, el Acuerdo de Escazú, publicado en abril de 2021, que establece obligaciones específicas para la justiciabilidad del derecho a un medio ambiente sano, así como obligaciones del Estado para garantizar el acceso a la información y la participación pública.

Por otro lado, debe tomarse en cuenta la opinión consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana que crea obligaciones de prevención, precaución, cooperación y procedimiento necesarios para respetar un derecho interdependiente e indivisible, ligado con el desarrollo sostenible y que constituye un derecho autónomo con connotaciones individuales y colectivas.

En el ámbito nacional la protección al medio ambiente resulta amplia y cuenta con una evolución constitucional y legal de poco más de 20 años, en la que convergen multiplicidad de normas que, incluso, ya han sido interpretadas por la Corte.

Hoy el tema ambiental ya no es un reto, sino una urgencia, tampoco es una mera coyuntura, sino una obligación que definirá la realidad de un país y su impacto en el mundo entero.

Yucatán: referente en materia de protección a la niñez.

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute

Publicación original en: El Sol de México 

Si bien México no es un país especialmente proclive a regirse por los planes y programas que las leyes de planeación prevén para el desarrollo nacional, es innegable que cualquier gobierno entrante debe anticipar la planeación de sus asuntos prioritarios y el diseño informado de las políticas que pretendan llevar a cabo durante sus periodos de gestión.

Al margen de los procesos y plazos legales de entrega-recepción, las semanas que corren representan un momento oportuno para que las futuras administraciones estatales elaboren diagnósticos y revisen mejores prácticas en temas sociales como seguridad, salud, educación y tutela de los derechos de los grupos vulnerables.

En este último eje, desde Early Institute hemos apostado a que el diseño de todo plan de política pública y acción gubernativa ponga en el centro los derechos de las futuras generaciones; no como un tema de causas o banderas, sino como una apuesta estratégica de inversión y retornos sociales efectivos.

Particularmente en materia de niñez, quizá sirva a las gobernadoras y gobernadores electos durante este periodo de transiciones, echar una mirada al andamiaje institucional que durante la última década se ha construido en el estado de Yucatán.

Además de ser una entidad referente en materia de prevención de delito y seguridad ciudadana, Yucatán representa hoy por hoy uno de los pocos estados que han sabido llevar a la práctica – no solo en los derroteros del texto legal – la colaboración institucional y la planificación de políticas a largo plazo en favor de niñas, niños y adolescentes.

Ello se observa porque en Yucatán, el papel de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA) no es decorativo y muestra signos de madurez institucional. Se trata de una instancia especializada, con funcionarios capacitados que comprenden la necesidad de coordinación efectiva hacia el resto de las instituciones clave como la Fiscalía de Estado, el Sistema Estatal de Educación, la Secretaria de Salud, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y desde luego el congreso local.

Hoy en Yucatán, las autoridades estatales cuentan con información al mismo nivel en cuanto a las formas y tiempos para actuar con mayor efectividad, apegadas a plazos legales y conocen el papel de otras instancias vinculadas con la atención de los derechos de niñas, niños y adolescentes, lo que permite dar una atención idónea a sector de la población.

Pero quizá, el gran acierto de Yucatán en materia de niñez ha sido escuchar a la sociedad civil e involucrarla en la hechura de sus políticas públicas.

Esto ha sido posible, por ejemplo, gracias a la experiencia y trabajo colectivo de organizaciones como la Red de Protección a la Infancia de Yucatán integrada por asociaciones civiles, médicos, especialistas, padres de familia y maestros, quienes desde hace varios años, mantienen un diálogo permanente y constructivo con las instituciones locales para mejorar y revisar los mecanismos de protección de niñas y niños en dicha región.

Es una buena noticia que existan estos referentes en el país, ojalá la experiencia de Yucatán sirva como punta de lanza y sea revisada como una buena práctica a nivel nacional que permita incluir como prioridad la protección de niñas, niños y adolescentes en los planes y programas de los 15 nuevos gobiernos estatales que habrán de tomar posesión este año.

La niñez importa

Por: Cristián Acosta de Asuntos Públicos de Early Institute

Publicación original en ContraReplica

Imagine que es dueño de un equipo deportivo y solicita formar parte de una contienda mundial. Los requisitos son muchos, los parámetros y la capacidad de los contrincantes, bastante alta, pero a pesar de ello, decide hacer su solicitud y es admitido.

El desempeño de su equipo es promedio, sus números y forma de juego lo posicionan a mitad de la tabla. Después de una trayectoria de 25 años formando parte de la liga, llega el momento de impulsar una reestructura en su equipo, generar nuevas estrategias, directivos y jugadores para estar a la altura en la contienda contra los equipos referentes del mundo.

Sus estrategias y sus números mejoran, tiene mayor control y soporte, más reconocimiento nacional e internacional, el juego se visibiliza cada vez más, se hace popular y es replicado en todo el país, los estados y municipios, haciendo ver que aquello que está en juego importa, e importa mucho.

A pesar de los avances, después de 5 años se empieza a dudar del equipo y del camino recorrido, se comenta que la estrategia no sirve, que es vaga, que es mejor eliminar la estructura, economizar, quitar al directivo y entregarle las actividades a otro equipo que, si bien tiene actividades similares, no juega el mismo deporte.

En esta contienda se juegan las políticas públicas que inciden en más de 38 millones de niñas, niños y adolescentes; su salud, nutrición, seguridad, educación, vida libre de violencia y sano desarrollo, entre muchos otros derechos.

Desde 1990 México decidió formar parte de la “liga universal” denominada “Convención de los Derechos del Niño” con el objetivo de impulsar y tener como principal referente de sus actuaciones a la niñez. Sólo después de 24 años, en 2014, logró impulsar de manera efectiva este torneo con la creación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que da origen al “Director Técnico”, que es el SIPINNA (Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes), capaz de promover, defender y coordinar las acciones de todos los jugadores.

A 5 años de su existencia, el SIPINNA se ha replicado en las 32 entidades federativas del país y en más de mil 800 municipios, lo que ha implicado una labor de coordinación sustantiva con actores públicos, privados y sociales y el reconocimiento internacional de actores clave como Unicef o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hoy, tenemos mensajes encontrados que nos hacen pensar que la niñez ya no importa, que el interés superior de niñas, niños y adolescentes pasa a segundo término y, en un afán de concentración de actividades en unas pocas dependencias, se corre el riesgo de desaparecer órganos especializados que sí funcionan.

Al final, el torneo en el que nos jugamos el bienestar de la niñez mexicana sigue su curso, pero corremos el riesgo de perder los avances que como país nos tomaron más de 30 años.

Por una política migratoria humanitaria y respetuosa

Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute

Publicación original en El Financiero

Por todos es sabido que en las fronteras mexicanas se viven severas crisis. Por un lado, en la frontera sur hay miles de personas que buscan transitar por nuestro país hasta llegar a Estados Unidos. En tanto, en la del norte se han quedado varadas miles más en espera de audiencias que les permitan ingresar al país vecino. Lastimosamente, durante el gobierno de Donald Trump y en colaboración con la administración mexicana actual, en 2019 se firmó un tratado para implementar el Programa Quédate en México, en el marco de los Protocolos de Protección al Migrante, orquestados por Estados Unidos. Digo que es lastimoso porque el programa en cuestión lo que hace es obligar a los migrantes que salen de sus países, principalmente del centro y sur de América, a quedarse en la frontera mexicana esperando que les permitan el ingreso a Estados Unidos.

Pese a los esfuerzos de diversos organismos internacionales por evidenciar los riesgos de este programa, sigue aplicándose ocasionando que los migrantes sean afectados en diversos ámbitos. Para empezar, son susceptibles a secuestros, extorsiones, abusos sexuales, torturas, entre otras prácticas delictivas e, incluso, la población más vulnerable, como son mujeres, niños, niñas y adolescentes, está sujeta a la aplicación de este programa, en perjuicio de su seguridad. Por ejemplo, se habla de que de noviembre de 2019 a enero de 2020, 38 niños fueron secuestrados o se vieron involucrados en un intento de secuestro, según Human Rights Watch.

Con el nuevo gobierno de Joe Biden, si bien se ha hablado de anular este programa, aún no se tiene conocimiento de una posible fecha para desmantelarlo. La preocupación no es menor, ya que se conoce que Biden protagonizó una de las políticas migratorias más agresivas durante el gobierno de Barack Obama.

Por supuesto, se confía en que los pronunciamientos hechos por el ahora presidente norteamericano para garantizar un mejor trato a los migrantes sean una realidad y medidas como el Programa Quédate en México queden en el olvido para dar paso a estrategias más humanitarias y respetuosas.

Hay que decir también que México falló al aceptar el Programa Quédate en México, no sólo por los riesgos a las personas que buscan protección sino porque se dio en un contexto de total ilegalidad. Para empezar, fue firmado por un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores que carecía de las facultades para signar un tratado internacional y, además, el acuerdo se llevó a cabo sin la coordinación de la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de los asuntos migratorios.

Por tal razón y en apoyo a los niños, las niñas y los adolescentes que hoy están siendo afectados por el Programa Quédate en México en cuanto al ejercicio de sus derechos humanos, Early Institute hace un llamado a su completa protección desde la formulación y adopción de iniciativas más sensibles y apegadas a derecho. Esto para garantizarles un trato digno, en congruencia con su derecho a la libertad de tránsito y la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Violencia obstétrica, una doble amenaza

Por: Maleny Díaz de Asuntos Públicos de Early Institute

Publicación original en Latitud Megalópolis 

Desde hace varios meses, hemos visto como prioridades de la agenda pública los asuntos de atención médica y la protección al derecho a la salud. Se ha puesto especial interés en proteger a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, donde destaca el énfasis en los cuidados y atención de las mujeres embarazadas que requieren una doble protección y compromiso, tanto con ellas, como con las niñas y niños que están por nacer.

La pandemia se suma a las adversidades que muchas mujeres enfrentan en el país, una de las más preocupantes es la violencia obstétrica. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en México es una problemática frecuente, tan sólo en el año 2016, cerca del 25% de las mujeres embarazadas, en parto o puerperio, reportaron haber enfrentado actos de violencia obstétrica.

Según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, la violencia obstétrica es el “maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, humillada y lastimada física o psicológicamente”. Es decir, hace referencia a todas aquellas acciones abusivas, irrespetuosas, negligentes o denegación a tratamientos o servicios durante el embarazo y sus etapas posteriores, en centros de salud públicos o privados.

No puede pasar desapercibido que la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) reconoce que la atención de la salud comienza desde el embarazo, lo que convierte inseparable y dual el cuidado de las mujeres encinta pues todo aquello que ocurra con su bienestar; o malestar, afectará directamente en el ejercicio pleno de los derechos humanos de sus hijas e hijos.

Por tanto, es necesario mirar con un enfoque de niñez la problemática de la violencia obstétrica, pues incluso antes de nacer, se reconoce el derecho al cuidado y trato digno, a la seguridad social de calidad, a recibir atención médica oportuna, así como al desarrollo integral que permita formarse y crecer física, mental y emocionalmente saludable. De tal manera, la violencia obstétrica también es cualquier omisión o acto del personal de salud que pone en riesgo la vida, salud, desarrollo e integridad de niños y niñas.

En ese sentido, en Early Institute estamos a favor de las políticas públicas que tomen en consideración de manera integral a la primera infancia y que lo hacen desde una perspectiva de derechos humanos. Un ejemplo de ello es la Ruta Integral de Atenciones (RIA) que es un paquete de atenciones y servicios universales mínimos para el desarrollo integral de las niñas y niños por nacer, así como durante la primera infancia. Esta Ruta se dirige también a mujeres embarazadas, cuidadores, personal de salud y agentes educativos.

La RIA forma parte de la ENAPI, por lo que es un mecanismo público adecuado para desplegar acciones transversales que mitiguen las desatenciones en el sector sanitario y que actualmente propician escenarios de violencia obstétrica. Exhortamos a las autoridades a que enfoquen corresponsablemente todos sus esfuerzos para proteger el derecho a nacer sin violencia.

Las prioridades en materia de Derechos Humanos.

Por: Cristián Acosta de Asuntos Públicos de Early Institute

Publicación original en ContraReplica

El 10 de diciembre se publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 que representa el mapa de ruta que la Secretaría de Gobernación se ha planteado para los próximos 4 años.

El documento nos advierte sobre las deficiencias que de alguna u otra manera ya conocemos: tenemos un campo infinito de normas, instituciones y programas tan poco articulados que ni Kafka en sus mejores momentos habría imaginado; el presupuesto es poco y las necesidades muchas; los servidores públicos tienen escasa capacitación en derechos humanos; y existe una limitada capacidad institucional.

Más allá de las justificaciones expresadas de cómo llegamos a este punto, el documento establece un plan de acción de aquello que sí se puede hacer y que podría resultar eficaz si se pasa del papel a la acción brindando soluciones desde la raíz. Como punto de partida se busca crear un Sistema de Derechos Humanos que, de hacerse realidad, unificará las actividades que están dispersas entre varias autoridades y dependencias.

Aunque parezca algo hetereo y lejano, es relevante y necesario. Hoy una niña víctima de violencia sexual puede ser atendida de manera poco coordinada al menos por 5 autoridades: un hospital público, las procuradurías de protección, la comisión ejecutiva de atención a víctimas, el ministerio público y un juez, que en su afán de hacer lo que les toca, pueden revictimizar en vez de ayudar.

Si este nuevo sistema funciona, estaremos dando los pasos necesarios para dejar atrás la atención burocrática con múltiples ventanillas que aplican su normatividad como si fuera una cadena de producción, pero que no resuelve el problema al no generar una atención colaborativa, “transversal” e “interseccional” con otros “departamentos” que garanticen la atención que merecemos.

De igual forma, el Programa reconoce deudas históricas con los grupos en situación de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, la comunidad LGBTTTIQ, pueblos y comunidades indígenas y personas afromexicanas.

Entre las acciones puntuales que merecen mención aparte encontramos el impulso de reformas laborales para aumentar los días de las licencias de maternidad o paternidad en caso de nacimiento o adopción de una hija o hijo, además, busca implementar medidas de asistencia, atención y apoyo especializado para niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia, garantizando así un enfoque de niñez.

Cabe señalar que desde hace más de 15 años en Early Institute impulsamos y reconocemos las políticas públicas que favorecen las licencias de paternidad, pues fomentan el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes, así como la protección integral y coordinada de niñas y niños en casos de violencia sexual.

Finalmente, el programa propone temas que conllevan polarización y, como en otras ocasiones, llevarán el discurso a debates públicos de blancos y negros y en los que, atendiendo a la máxima aristótelica, los extremos nunca serán la respuesta correcta.

Declaración de Consenso de Ginebra para cuidar a la mujer

Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute

Publicación original en El Financiero 

En un esfuerzo multinacional por cuidar la salud de la mujer y la familia, el pasado 22 de octubre se firmó, de manera virtual, la Declaración de Consenso de Ginebra. Así, los gobiernos de Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia, Uganda y Estados Unidos copatrocinaron la reunión remota para impulsar cuatro objetivos fundamentales en el desarrollo y bienestar de las mujeres desde el inicio de su vida: a) mejorar su salud; b) preservar la vida humana; c) fortalecer la familia como unidad sustancial de la sociedad, y d) asegurar la protección de la soberanía de las naciones en relación con las políticas globales.

Esta declaración debió haberse presentado en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, que ante las circunstancias sanitarias no se efectuó en este año. La Declaración de Consenso de Ginebra fue firmada por 33 países de América Latina, Medio-Oriente, Europa, Asia y África para proteger los derechos de la mujer en materia de salud, al reconocer: que a las mujeres se les deben respetar todos sus derechos humanos y son libres para gozar de todos los derechos civiles y políticos con igual acceso a educación de calidad; que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y que en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación familiar ni como un servicio de salud; que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado; y que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. También se establece “la importancia de la titularidad nacional y la función y la responsabilidad primordiales que tienen los gobiernos a todos los niveles de determinar su propia manera de lograr la cobertura sanitaria universal, según su contexto y sus prioridades nacionales”.

En este sentido, los países firmantes, además de dar difusión a través de foros, se comprometen a: garantizar a las mujeres el pleno goce de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades en todos los niveles de la vida política, económica y pública; mejorar y garantizarles el acceso a los avances en materia de salud y desarrollo, en particular en salud física y emocional, sin incluir el aborto; a reafirmar que no existe un derecho internacional al aborto, ni recae sobre los Estados una obligación internacional de financiar o facilitar el aborto; a fomentar la capacidad de su sistema de salud y movilizar recursos para implementar programas de salud y desarrollo que atiendan las necesidades de mujeres y niños en situación de vulnerabilidad; a fomentar y a dar prioridad políticas de salud pública favorables a las mujeres y niñas, así como a las familias; a apoyar la función de la familia como la base de la sociedad y como fuente de salud, apoyo y cuidado; y a entablar un diálogo en el sistema de las Naciones Unidas para hacer realidad estos valores universales.

La importancia de esta iniciativa radica en hacer ver que la defensa a la vida es la base de la protección a la mujer y su salud en cada etapa de la vida debe ser una prioridad. Además, se reafirma que no existe el derecho internacional al aborto pese a los discursos de distintas instancias mundiales.

Ante esta significativa alianza, Early Institute se adhiere al impulso del cuidado integral de la vida a partir del respeto de la misma y de los derechos humanos como principios básicos en el diseño e implementación de políticas públicas que protejan a la primera infancia desde su concepción en beneficio de un futuro mejor.