• Especialistas indican que la política migrante de EU representa un retroceso en la protección de los derechos fundamentales de la niñez, reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
• Además, violenta el derecho de los niños a pertenecer a una familia.
• Piden que las autoridades de todos los países involucrados tomen las medidas necesarias para la protección integral de los menores.

Ciudad de México a 20 de junio de 2018.-Ante la política migratoria del gobierno de Estados Unidos que ha ocasionado la separación de niños migrantes de sus familias, la organización Early Institute lanza un llamado a las autoridades mexicanas, particularmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Sistema Nacional para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) que coordina la Secretaría de Gobernación para que garanticen un acompañamiento integral a los menores mexicanos que están enfrentando este drama.

Actualmente, los migrantes que cruzan la frontera norte de nuestro país para solicitar asilo en Estados Unidos, son tratados como delincuentes y sometidos a un juicio, medida que ocasiona que los niños sean llevados a “albergues” mientras los adultos que los acompañaban enfrentan un proceso legal.

El Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos dio a conocer que cerca de 2,000 niños fueron separados de sus familias entre el 19 de abril y el 31 de mayo. Por su parte, el Canciller Luis Videgaray informó que 21 niños mexicanos fueron separados de sus padres. “De ellos, la mayoría ya han sido repatriados a México y solamente siete permanecen en albergues”.

“Estamos ante una situación preocupante. La fragmentación de familias por parte de una política migratoria llevada al extremo puede tener repercusiones graves en el desarrollo integral de los menores, por eso es urgente que el gobierno mexicano tome las medidas necesarias para la protección de niños y niñas migrantes, entre ellas, exigirle al gobierno norteamericano el respeto a sus derechos humanos”, comenta el Dr. Mario Arroyo Juárez, investigador y consejero de Early Institute.

El Dr. Arroyo subrayó que “la política conocida como Family Separation, impulsada por el gobierno estadounidense como parte de su estrategia de cero tolerancia contra la migración ilegal en aquel país, representa un retroceso en la protección de los derechos fundamentales de los niños, reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, así como en diversos mecanismos internacionales ampliamente avalados por comunidad internacional”.

“Manifestamos total rechazo a esta política, ya que violenta el derecho de los niños a ser protegidos contra actos u omisiones que pueden afectar su salud física o mental y su normal desarrollo, así como el derecho a pertenecer a una familia, que es básico para su desarrollo”, agregó.

Ante esto, Early Institute pide al gobierno mexicano utilizar todos los medios diplomáticos, legales e institucionales necesarios para que su contraparte norteamericana detenga esta medida que atenta contra los derechos de muchos niños latinoamericanos.

Asimismo, es imperativo que las autoridades de todos los países involucrados tomen las medidas urgentes y necesarias para asegurar la protección integral de estos niños que han quedado en situación de desprotección, ya que la falta de una respuesta contundente a  esta política puede ocasionar graves secuelas en la vida de los niños y otras violaciones sistemáticas a sus derechos humanos.

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Consejero de Early Institute

Después de nueve semanas de caos y confusión por la implementación de la llamada “tolerancia cero”, política contra la migración impulsada por Donald Trump, todavía no hay una solución clara, y sí un desafortunado resultado en el que cientos de niños han sido separados de sus padres.

Es evidente que la política conocida como Family Separation representa un retroceso en la protección de los derechos fundamentales de los niños, reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, así como en diversos mecanismos internacionales avalados por la comunidad internacional.

Sin embargo, esta crisis también constató algo que hay que considerar, que cuando surge una problemática de gran escala es cuando salen a relucir los temas relacionados con los derechos de los menores, sector que en ninguna circunstancia debe pasar a segundo término, por el contrario, tiene que figurar como eje de toda política pública tanto en México como a nivel mundial.

Es así como instituciones especializadas como Early Institute damos seguimiento puntual a lo que está ocurriendo en la frontera norte, porque es un caso épico de violación flagrante del derecho superior de la infancia. Imaginemos las consecuencias que esta política tendrá en un futuro para los mexicanos migrantes que viven en EU, se estima que son entre 8 y 12 millones.

Indudablemente la fragmentación de familias por parte de una política migratoria llevada al extremo tiene repercusiones graves en el desarrollo integral de los menores y las implicaciones emocionales podrían ser irreversibles.

Si bien esta crisis debe motivar a una acción contundente por parte del gobierno norteamericano y remediar un poco el daño que ha ocasionado a los niños y a sus familias, también debe dar pie a la acción a los demás países involucrados, entre ellos, México.

Al respecto, resulta imperante el trabajo conjunto entre autoridades, sociedad y organizaciones para analizar y diseñar proyectos que garanticen la protección de los niños y sus familias, a fin de actuar proactivamente.

Es decir, más allá de reaccionar ante un problema, lo trascendente es prevenir situaciones de crisis, impulsando reformas, proyectos públicos y privados que favorezcan el desarrollo de los niños. En Early Institute ese es nuestro objetivo, dado que en todo proyecto de nación el eje debe ser el bienestar de la infancia.

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El estrés se define como una experiencia emocional molesta que es acompañada de cambios bioquímicos, fisiológicos y conductuales predecibles (Baum, 1990). El estrés puede afectar a personas de cualquier edad, género y circunstancias personales. Sin embargo, está reconocido que una cantidad moderada de estrés sirve de motivación para enfrentar retos y sobrellevar ciertas situaciones de la vida diaria (American Psychological Association, 2016).

Durante la primera infancia, experimentar estrés puede resultar tanto promotor del crecimiento y el aprendizaje, como seriamente perjudicial, dependiendo de la intensidad y la duración de la experiencia, las diferencias individuales infantiles de respuesta fisiológica al estrés, y el grado de disponibilidad de un adulto para ayudar al niño a lidiar con la adversidad (Center on the Developing Child, 2006).

De acuerdo con lo anterior, se pueden detectar tres tipos de estrés:

1. Estrés Positivo: Generado por experiencias de corta duración que representan retos, como la interacción con desconocidos. Estas experiencias ocasionan respuestas físicas menores, como el aumento de la velocidad de los latidos del corazón. En este sentido, el apoyo de los padres o el adulto responsable ayuda a la superación rápida y al restablecimiento de las funciones físicas normales. Este tipo de estrés es importante y necesario para el desarrollo saludable que ayuda al niño a formar un sentido de control y dominio propio.
2. Estrés Tolerable: Es generado por experiencias que podrían tener consecuencias a largo plazo, como un desastre natural, pero que son tolerables si se producen en un periodo de tiempo limitado en el que los adultos de apoyo protegen al niño, brindándole al cerebro la oportunidad de recuperarse de los efectos potencialmente dañinos de un sistema de respuesta al estrés sobrecargado.
3. Estrés Tóxico: se asocia con la activación intensa y prolongada de los sistemas de respuesta corporal al estrés. Los desencadenantes suelen ser la pobreza extrema, el caos familiar continuo, abuso físico o emocional, negligencia o desatención crónica, repetida exposición a la violencia, entre otros. La característica principal es la ausencia de relaciones estables de apoyo, que permitirían ayudar al niño a enfrentar las problemáticas y con ello retornar a niveles normales la respuesta fisiológica frente al estrés (Center on the Developing Child, 2006).

El estrés tóxico, crónico y persistente durante en la infancia temprana, es sumamente dañino para los niños:

1. Disminuye los índices de desarrollo cerebral.
2. Puede afectar la forma en la que ciertas características genéticas se expresan.
3. Dificulta el proceso de aprendizaje e incorporación de habilidades que se lleva a cabo en esta etapa de la vida.
4. Puede afectar el sistema inmunológico y otros mecanismos regulatorios metabólicos.
5. Vuelve al niño susceptible a presentar enfermedades relacionadas con el estrés físico durante su vida (como hipertensión y diabetes).
6. Genera un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental como depresión, trastorno de ansiedad y abuso de sustancias.
7. También resultan más propensos a mostrar comportamientos violentos o inestables, y estilos de vida adultos perjudiciales (Thompson, 2014).

A pesar de las consecuencias negativas que genera, está demostrado que gracias a la plasticidad y la alta capacidad de adaptación que tienen el cerebro y los demás sistemas biológicos de los niños, las respuestas neurobiológicas al estrés tóxico pueden ser controladas e incluso revertidas (Thompson, 2014).

Para esto, es necesario intervenir de forma efectiva y oportuna en programas y políticas públicas que busquen apoyar a aquellos niños que se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad frente al estrés tóxico.

Es importante recordar que, para que las intervenciones tempranas -como programas de apoyo a familias que se han enfrentado a casos de abuso de sustancias o a violencia intrafamiliar- solucionen o disminuyan la causa del estrés y protejan al niño de sus consecuencias, deben estar respaldadas por una investigación y un diagnóstico previos, una infraestructura de alta calidad y un equipo de especialistas capacitados y comprometidos. De otra forma, el efecto no será el deseado y la calidad de vida del menor no tendría una mejoría suficiente, impactando su vida futura.

De acuerdo con la actualización del “Diagnóstico sobre la situación del abuso sexual infantil en un contexto de violencia hacia la infancia en México”, realizado por el think tank Early Institute, Chihuahua es uno de los estados con mayores índices de violencia sexual durante la infancia, representada por delitos como la corrupción de menores y el feminicidio.

El estudio, elaborado con datos de víctimas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reveló que Chihuahua no sólo es el segundo estado con más niñas y adolescentes víctimas de feminicidio, sino que su tasa de 1.69 por cada 100 mil habitantes menores de 18 años –indicador que representa la frecuencia con la que ocurre el delito– de este delito, también lo ubica en el segundo lugar a nivel nacional.

“Las cifras son alarmantes y nos dan un mensaje muy claro: el cuidado de las niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual debe de ser prioritario, por lo que autoridades, organizaciones y sociedad debemos sumar esfuerzos y trabajar en conjunto para implementar mecanismos de protección de la infancia, así como protocolos de medición y prevención de este tipo de delitos”, indicó el Dr. Mario Arroyo, miembro del Consejo Consultivo e investigador de Early Institute.

En cuanto a la corrupción de menores –que incluye delitos como lenocinio o permitirles el acceso a exhibiciones o espectáculos obscenos–, a nivel nacional se registró un total de 1,393 víctimas menores de edad en 2018, de las cuales el 69% fueron de sexo femenino. Chihuahua es el estado con la tercera mayor tasa de víctimas niñas, niños y adolescentes, con 5.3 por cada 100 mil habitantes menores de 18 años, mayor incluso que la nacional, que es de 2.2.

Con el objetivo de proteger a la niñez mexicana, Early Institute creó ALUMBRA, proyecto colaborativo que busca prevenir el abuso sexual durante la infancia a través de generar conocimiento y desarrollar las capacidades de los encargados de enfrentar la problemática, como autoridades, padres de familia y demás profesionales del cuidado de niñas, niños y adolescentes.

A lo largo de este año se han sumado diversas organizaciones civiles, investigadores, instituciones académicas, gubernamentales tanto federales como estatales, entre otros, enfocados en erradicar el abuso sexual en niñas, niños y adolescentes a través de la consolidación de una Comunidad de Conocimiento e Información.

Publicación original en El Financiero

México vive una crisis de violencia que está dañando profundamente a nuestras nuevas generaciones. Casos como el de la comunidad de Alcozacán, en Chilapa de Álvarez, Guerrero, donde niños de entre seis y 15 años son reclutados para combatir la inseguridad que los aqueja, nos dejan con una sensación de desolación e indignación. Según la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la decisión se tomó por el poco apoyo que reciben de las autoridades policiacas.

Sin duda, es lamentable el nivel de desesperación que los pobladores de Alcozacán demuestran al dotar de armas a niños que deberían ocuparse de asuntos propios de sus condiciones física, social y emocional. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, a quienes debemos garantizar un entorno de paz y de ninguna manera pueden ser objeto de algún tipo de estrategia de combate contra la inseguridad o el crimen para convertirse en asesinos o morir por ello. Deben ser tratados con el cuidado amoroso y sensible que promueven organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que buscan crear entornos favorables, confiables, estables y seguros a través del apoyo a los padres, las familias, otros cuidadores y las comunidades.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es muy clara al respecto. En su artículo 16 señala: “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos”. Lo que sucede en Guerrero es una tremenda violación a los derechos más elementales de los infantes y debería ser una preocupación prioritaria y conjunta para establecer acciones contundentes por parte de todos los sectores de la sociedad.

La violencia nos ha rebasado. Simplemente, 2019 se convirtió en el año con más asesinatos en las últimas dos décadas. Esto significó un incremento del 2.5 por ciento con respecto al 2018, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Las razones son varias, pero apuntan hacia una descomposición social, derivada de la falta de principios éticos y de solidaridad.

En este entorno viven nuestros niños y niñas, quienes deberían ser protegidos con todo el rigor. Por desgracia no es así. Casos como los de Alcozacán nos indican que, en México, viven riesgos y situaciones inimaginables. Por un lado, se les adiestra para defenderse de la inseguridad; por el otro, los grupos criminales los reclutan con relativa facilidad y total impunidad.

La situación no es nada favorable en tanto no exista una estrategia clara para erradicar los altos niveles de criminalidad que se viven hoy en nuestro país. Si bien el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se pronunció en contra, es alarmante que la protección a la niñez no figure como una prioridad en los planes estratégicos de gobierno.

Lo que ocurre con la niñez y la adolescencia mexicana es responsabilidad de todos. Estamos obligados a protegerlos y a brindarles bienestar, salud y seguridad.

Debemos proveerlos de un medio social sustentado en valores y principios que compartan en sus círculos más cercanos, empezando por nuestros hogares.

No seamos omisos y promovamos una cultura de paz que les garantice una vida plena, porque es su derecho y merecen absoluto respeto.