Educación en México, una deuda pendiente

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero

Desde 2019, en México se ha emprendido una serie de modificaciones en torno a la educación. Una de las más controvertidas es el interés por cambiar los contenidos de los libros de texto de la educación básica, ya que en palabras del director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, siguen “un modelo de educación neoliberal”.

Si bien tenemos una deuda con la educación pública mexicana, ofrecer contenidos desde la óptica del gobierno operante va en contra de lo que se esperaría sean los materiales que la sustentan: libres de ideología y basados en fundamentos científicos.

En nuestro país, hay rezagos importantes que se deben considerar. Según Indicadores Nacionales de la Mejora Continua de la Educación en México, presentado por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación: “Al inicio del ciclo escolar 2020-2021 estaban matriculados 29.4 millones de estudiantes en preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. Con respecto al ciclo anterior, se estima una disminución de 763 mil 299 estudiantes, lo que representa un descenso de 2.5 por ciento de la matrícula en este periodo. En 2020 alrededor de 5.7 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de entre 3 y 17 años se encontraban fuera de la escuela. Éstos constituían 17.5 por ciento de la población en ese rango de edad”. Esto nos habla de la existencia de una desigualdad que exige esfuerzos sustanciales para que ningún niño, niña o adolescente se quede sin ejercer uno de sus derechos fundamentales.

Aunado a esta deficiencia, de acuerdo con la asociación Save The Children, “en 2021 cada día 7 niñas, niños o adolescentes fueron asesinados diariamente y 37 sufrieron violencia física, esto sin contar los múltiples casos que no son identificados ni denunciados. La normalización cultural de la violencia sistémica en su contexto familiar, escolar y comunitario está cobrando sus vidas y les está haciendo vivir situaciones que ninguna persona, pero especialmente ninguna niña, niño o adolescente, le corresponde vivir.” Esto es alarmante pues nos habla de una total falta de garantías para proteger el derecho más importante de niños, niñas y adolescentes, que es el de la vida, incluso en su ambiente escolar.

Desde hace tiempo, en México se han impulsado reformas que dicen ser educativas, cuando en realidad son de carácter administrativo o político. Los cambios que hoy se gestan bajo el paradigma de la Nueva Escuela Mexicana tampoco resolverán de fondo los problemas si se rige por bases ideológicas o de un partido.

Sin duda hay mucho por hacer en materia educativa, la cual debe ser una vía que no sólo permita adquirir conocimientos académicos, sino para la vida y se cumpla lo que establece el artículo tercero de nuestra Constitución: “La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos”.

En Early Institute sabemos que la primera infancia es clave para el desarrollo físico, mental y emocional de niñas y niños. Por lo tanto, es necesario construir un entorno que asegure su bienestar integral, empezando por garantizarles una educación adecuada y espacios seguros que protejan su vida, y coadyuven en su crecimiento y desempeño escolar.

Volvamos a clases

Por: Annayancy Varas, Directora General de Early Institute

Publicación original en: El Financiero

Con el inicio del ciclo escolar, las interrogantes para volver a las clases presenciales en México siguen en el aire. Por la trascendencia, retomaré algunas de las preguntas que, sin duda, nos hemos planteado para definir lo que será mejor para nuestros hijos e hijas, pero es un hecho que el momento de regresar a las aulas ha llegado.

Para empezar, ¿cuáles son las principales afectaciones que han sufrido niños, niñas y adolescentes durante el confinamiento? Se puede decir que son varias y muy importantes: han sufrido daños en su desarrollo emocional ante la falta de socialización. Recordemos que somos seres sociales y la privación de la libertad ha generado cansancio emocional, evidenciado por desinterés; cambios de humor; alteraciones en el sueño; y apego ansioso, por mencionar algunos trastornos. La sociabilidad es un músculo que hay que ejercitar. Otro daño es su derecho a la educación. En este punto se habla de que en nuestro país más de 5 millones de estudiantes no se inscribirán, siendo 3 millones niños y niñas. Una consecuencia más es la exposición a la creciente violencia familiar, que afecta de manera profunda todo su crecimiento.

Así, ¿cuáles son los beneficios de regresar a las aulas? Se recupera un adecuado desarrollo socio-emocional de niños, niñas y adolescentes; se alienta a la adaptación del mundo que les ha tocado vivir; se respeta el derecho a la educación; y se advierte la presencia de casos de violencia, que podrían ser atendidos de manera integral.

¿Qué es lo mejor para ellos? Ante todo, hay que escucharlos y tomar en cuenta su opinión. Es notorio que hoy se enfrentan a escenarios adversos, pero con las herramientas adecuadas podrán aprender a minimizar los riesgos. Hay que reconocer que nunca hay un escenario de cero riesgo, de ahí la importancia por enfatizar en la salud física y emocional, motivar su resiliencia y fortalecer la responsabilidad colectiva.

¿Qué podemos hacer ante el regreso a clases? La psicóloga Julia Borbolla propone varios puntos para hacer frente a la situación: primero hay que analizar los propios frenos por los que se decide no llevar a niños, niñas y adolescentes a la escuela (miedo, culpa, control, duelos no tratados, etcétera); capacitarlos para hacer frente a la contingencia dándoles consignas, tomando en cuenta que son ya una generación con mayor conciencia en materia ambiental; reforzar sus conductas de autocuidado (uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y sana distancia); fortalecer sus conductas de responsabilidad social (además de cuidarse, ayudar a que otros no se contagien); e involucrarlos en el problema (motivar a que los niños grandes cuiden a los pequeños, por ejemplo). También se recomienda pedir a la escuela protocolos de seguridad y verificar que se cumplan; participar en las labores escolares que garanticen los cuidados de prevención, es decir, hoy más que nunca hay que ser y hacer comunidad con el colegio; confiar en los profesionales de la salud y de la educación, y sobre todo, confiar en los propios hijos e hijas. Este punto es crucial, ya que implica creer en ellos y confiar en su capacidad para cuidarse y adaptarse. En la medida en que confiemos en ellos se fortalecerá su confianza en sí mismos; las niñas y los niños son lo que les decimos qué son.

En Early Institute sabemos que construir un entorno que asegure el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad compartida y la socialización en la escuela es parte fundamental en su desarrollo. Trabajemos para establecer las condiciones de regreso a las aulas y protejamos a las nuevas generaciones desde la comunicación, la confianza y el respeto a sus derechos.

¿Quieres regresar a la escuela?

Por: Cristián Acosta de Asuntos Públicos de Early Institute

Publicación original en ContraReplica

¿Cuántos de nosotros hemos hecho esta pregunta a nuestras hijas e hijos, principales involucrados en el ejercicio de su derecho a la educación? ¿Cuántos hemos recibido un “sí” con emoción o un “no” con reservas?
El Instituto Interamericano del Niño realizó esta pregunta a 105,949 niñas, niños y adolescentes de 13 países del continente en el que 68% de los niños votaron por el sí.Con el nuevo ciclo escolar en puerta, el tema se vuelve a poner a discusión, pues el Presidente y la Secretaría de Educación Pública atinadamente nos recuerdan que la educación es un derecho y el regreso a clases una necesidad.

A la par, las desigualdades económicas y brechas digitales nos advierten que no todos gozan de televisión para tomar sus clases; si hablamos de entornos digitales, no todas las familias tienen celular o computadora o, en su caso, no cuentan con una conexión para tomar sus clases a distancia y, para aquellos que pueden conectarse, se duda de la calidad de los conocimientos adquiridos, aunado a ello, la pandemia ha precarizado la salud mental de una niñez que vive confinada.
El panorama no es alentador, pues según datos de la Unesco, más de 100 millones de niños no alcanzarán el nivel mínimo en lectura como consecuencia de la crisis sanitaria y existe el riesgo latente de una catástrofe educativa generacional.

Por otro lado, el nuevo ciclo escolar se conjuga con la tercera ola de Covid-19 mientras que el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) nos enfatiza que este sector de la población está en riesgo, pues para el 15 de agosto de 2021 se han registrado 63,182 casos.

Hoy sabemos que 11,746 bebes, niñas y niños de 0 a 5 años se han contagiado; entre los 6 y 11 años se han confirmado 15,097 casos; y 36,339 adolescentes de entre 12 y 17 años han sufrido la enfermedad, lo más preocupante es que de este universo, 623 niñas, niños y adolescentes perdieron la lucha y ya no están con sus familias.

Por su parte, la OMS y Unicef recomiendan con énfasis el regreso a clases valorando: la capacidad de reacción y atención de las autoridades sanitarias, los protocolos y medidas de seguridad específicas en las escuelas así como los mecánismos de rastreo y gestión de brotes, por lo que deberemos advertir la eficacia de la Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a las Escuelas de la SEP.

Al final, resulta una cuestión compleja en la que debemos respetar el derecho a la educación y procurar la salud de nuestras hijas e hijos, por lo que cualquiera que sea la decisión que tomemos como familias en un nuevo ciclo escolar que promueve las actividades presenciales y voluntarias, es nuestra obligación escucharlos y preguntarles: ¿Quieres regresar a la escuela?

Brecha educativa, presagio de una catástrofe generacional

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en El Heraldo 

La pandemia del COVID-19 ha traído consigo innumerables secuelas en los distintos sectores de la sociedad, una de las más grandes es el incremento de la brecha educativa en las clases sociales de nuestro país y toda América Latina.

En el “Estudio diagnóstico sobre docentes en América Latina y el Caribe” publicado en 2020, la UNESCO señala que identificó grandes brechas en los resultados educativos que se relacionan con una desigual distribución de docentes mejor calificados, en perjuicio de países y regiones con menores ingresos y de zonas rurales, las que suelen concentrar, además, a población indígena y migrante. Sin embargo, el aislamiento social generado por la pandemia simplemente ha hecho que las desigualdades que ya existían en el sector educativo, y que nunca se han abordado de manera adecuada, se agudicen.

La necesidad de modalidades de aprendizaje a distancia -mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas-, así como de mecanismos de seguimiento, evaluación y retroalimentación del proceso educativo, ha incrementado la brecha entre quienes tienen acceso a estos recursos y quienes que no. De manera que la efectividad del aprendizaje no está necesariamente ligada con el mérito y el esfuerzo -como muchas veces se nos ha hecho creer- sino también con el nivel socioeconómico de las y los estudiantes y de los recursos tecnológicos y pedagógicos de la escuela.

De acuerdo con las estimaciones iniciales hechas por el Banco Mundial en el informe “Actuemos ya para proteger el capital humano de nuestros niños”, publicado este año, el impacto del cierre de las escuelas ampliaría la -ya marcada- brecha socioeconómica de rendimiento académico en un 12 %, o un cuarto de año de escolaridad, y daría lugar a que estudiantes en el primer ciclo de secundaria en el quintil superior de la distribución de ingresos tengan, en promedio, casi 3 años de escolaridad más que sus contemporáneos del quintil inferior de ingresos.

Lo anterior, aunado a el incremento de deserciones escolares que se han registrado y la interrupción de servicios que niñas y niños recibían en las escuelas -como los programas de alimentación-, han creado la “receta perfecta” para una crisis educativa y social con impacto permanente es las generaciones más jóvenes. Sin embargo, según el reporte “Education Finance Watch 2021” del Banco Mundial y la UNESCO, dos terceras partes de los países de ingreso bajo y mediano bajo han reducido sus presupuestos públicos de la educación desde que comenzó la pandemia.

Ante esta catástrofe generacional, es urgente INVERTIR en una educación accesible y de calidad. Si bien, la reapertura segura y efectiva de las escuelas a nivel nacional es una prioridad, también lo es REVERTIR los efectos que se proyectan y DISMINUIR la brecha de aprendizaje que existe entre los sectores sociales de la población. Y, a largo plazo, impulsar transformaciones que representen condiciones efectivas para ejercer en igualdad de condiciones el derecho a la educación, por ejemplo, sistemas educativos más inclusivos que puedan adaptarse a las características particulares de las y los estudiantes y brindar herramientas adecuadas para su aprendizaje efectivo.

La condición social no debería de ser un factor determinante al momento de ejercer un derecho y, mucho menos, uno tan importante como el de la educación, derecho -además- necesario para promover condiciones de igualdad.

Reapertura de planteles educativos, medida apremiante

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en El Heraldo 

De acuerdo con un reporte de la UNESCO, el COVID-19 ha traído consigo la mayor interrupción simultánea de servicios educativos de la historia reciente a nivel global y ha afectado a más de 90% de la población mundial de estudiantes, desde la educación preescolar hasta la superior.

Desgraciadamente, con la educación a distancia han llegado también grandes costos. Las restricciones socioeconómicas y las brechas digitales son factores que condicionan el acceso a internet y la disponibilidad de equipo de cómputo, elementos ahora esenciales para el ejercicio del derecho a la educación. Situación que incrementa el grado de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos estudiantes y la brecha que separa a las poblaciones más marginadas.

Además de la pérdida de aprendizajes y la desvinculación educativa, existen otros factores que afectan principalmente a la niñez: las escuelas aportan mucho más que solo formación académica, en ellas niñas y niños desarrollan su personalidad, habilidades para la vida y, en muchas ocasiones, su estado de salud. Ante su ausencia, el acceso a la salud -física y emocional-, alimentación y protección social se ha visto obstruido.

Por un lado, el aislamiento social ha traído consecuencias psicosociales y de salud mental para niñas y niños; sin interacciones, amistades, cuidadores responsables y las redes de apoyo que representan las escuelas, se encuentran “aislados” y desmotivados para aprender. Según los reportes de Alumbra Contigo -centro de apoyo psicológico para atender a niñas, niños y adolescentes en situaciones de violencia y crisis emocionales-, la depresión es la causa principal para pedir ayuda en menores de edad desde que comenzó la pandemia.

Por otra parte, los centros educativos también representan acceso a alimentos nutritivos para muchas niñas y niños de escasos recursos, UNICEF ha reportado que desde que comenzó la pandemia, se han perdido más de 39.000 millones de comidas escolares en todo el mundo debido al cierre de las escuelas.

Por desgracia, el regreso a las aulas parece todavía incierto y lejano para la mayoría de las y los estudiantes de México. Paralelamente, el porcentaje de deserción escolar se ha incrementado abruptamente. Ante la falta de todos los beneficios que los planteles educativos brindan y frente a los obstáculos que la educación a distancia ha traído, las y los estudiantes se han visto orillados a suspender sus estudios. Tan solo por nombrar un ejemplo, de acuerdo con la investigación de varios medios periodísticos, hubo un incremento del 229% en la suspensión de estudios del alumnado de bachillerato y licenciatura de la UNAM en el último año.

En definitiva, la decisión de reabrir las escuelas es apremiante e implica un gran reto: exigirá un mayor esfuerzo en la planificación y asignación adecuada de recursos para el sector educativo, pero valdrá la pena con tal de disminuir las consecuencias negativas que ha traído consigo la educación a distancia.

Escuela y comunidad

Por Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute

Publicación original en Infobae

 

Si algo invita a reflexionar durante esta crisis sanitaria de COVID-19, lo es la imperiosa necesidad de volver a los fundamentos que permitan a las nuevas generaciones rehacer las normas de convivencia social de cara al futuro.

Prácticamente en todos los campos, actividades y sectores de la sociedad se debate y reflexiona cómo deben retomarse los parámetros de lo que hasta hoy se denomina como el retorno a la “normalidad” en congruencia con cuales tendrán que ser las lecciones aprendidas luego de esta sacudida humanitaria, que todavía no asoma puntos de solución.

Sin pretender anticipar tiempos, pero si con la urgencia de la que dan cuenta los titulares y columnas de cada mañana, la pandemia ha tenido una suerte de efecto dual en donde claramente se produjo una parálisis de los sectores, pero al mismo tiempo se han dejado ver avances y oportunidades claras en diversos temas que seguramente resultarán fortalecidos luego de esta etapa.

Precisamente, uno de los ámbitos más sensibles en donde de manera evidente se han develado cambios sustanciales - de forma y fondo - luego de esta dinámica de aislamiento social, lo es en el funcionamiento de los sistemas educativos.

Al tratarse de un eje esencial para el desarrollo de cualquier país, la necesidad de continuidad de los procesos formativos - especialmente en los niveles de educación básica por las repercusiones hacia la infancia - han generado una nueva forma de interacción entre los actores centrales que convergen en este proceso.

Tan solo hace apenas algunos meses, las autoridades educativas, la planta docente y administrativa de las instituciones que en ellas laboran, los padres de familia y desde luego los alumnos, desempeñaban sus funciones en el proceso de enseñanza siguiendo la lógica del año calendario, sin tener el apremio de replantearse los desafíos que puede suscitar una emergencia y la necesidad de coordinación y complementación entre unos y otros.

Tras el rompimiento de esta dinámica, y la abrupta pero necesaria incursión del ámbito digital para dar cumplimiento a los planes de estudio, se revelaron importantes retos del sistema educativo que vale la pena traerlos a colación a propósito de esta coyuntura.

En primer lugar, la participación de los padres de familia en el proceso se ha potencializado, al grado de que buena parte de la responsabilidad de la tarea pedagógica durante los últimos meses, ha recaído justamente en ellos, como facilitadores de las actividades de acompañamiento y supervisión cotidiana de miles de niñas y niños que, gracias a ellos, cuentan con la posibilidad de no mermar o interrumpir sus estudios.

Si bien este punto admite varios ángulos de discusión, conscientes de que este tiempo no ha sido fácil en entornos familiares inmersos en el desempleo o marginación, al igual que en hogares en donde se tiene que compaginar la intensa actividad laboral con las tareas de cuidado, es evidente que el involucramiento de los padres de familia dentro de los procesos de aprendizaje de sus hijos resulta un elemento sumamente positivo que debe promoverse y alentarse como resultado de esta experiencia, lo cual además ejercita los derechos que la legislación ya contempla en su favor para convertirse en sujetos plenamente participativos de las tareas educativas de las niñas, niños y adolescentes.

Un segundo apunte lo encontramos en el uso de la tecnología para fines de aprendizaje. Es aquí donde quizá se ha llegado a un punto sin retorno y que seguramente obligará a las autoridades del sector educativo a replantear en el futuro inmediato y en todos los niveles, diversos procesos de cara a un mejor aprovechamiento y efectividad de los recursos que ofrecen las plataformas en línea en aras de perfeccionar la función educativa.

Por mencionar algunos ejemplos, pensemos tan solo en el terreno de la evaluación, el aprovechamiento de las herramientas digitales brinda la oportunidad para que los maestros den prioridad a la elaboración de análisis y ensayos, resolución de casos prácticos o el desarrollo de otro tipo de habilidades formativas y de expresión a libro abierto y con la posibilidad de que los niños consulten fuentes diversas o recursos en línea, que no necesariamente impliquen el empleo de métodos tradicionales de pregunta-respuesta o de memorización que todavía suelen predominar en algunos planes de estudio, especialmente en los niveles de educación básica.

Desde luego, este punto requerirá para su plena eficacia, que del lado del Estado se asuma un papel preponderante en cuanto hace a la inversión de recursos y capacitación de personal docente, alumnos y padres de familia para el uso de estas herramientas, a la par de una revisión del marco legal y su infraestructura presupuestal que permita modernizar las capacidades de enseñanza que hasta ahora están diseñadas para ser implementadas desde una perspectiva estrictamente presencial.

Al decir esto, no estamos sugiriendo en modo alguno que la educación deba de hoy en delante, ser un proceso completamente digitalizado. Se trata de encontrar los equilibrios necesarios para que estas herramientas complementen de la mejor manera posible los procesos didácticos y fomenten un diálogo de calidad entre los actores involucrados.

Henry Giroux, académico norteamericano y uno de los principales exponentes la pedagogía crítica, señalaba que los procesos de reforma educativa modernos deben poner en el centro el valor cívico de la educación y su capacidad para formar mejores ciudadanos y generaciones que enfrenten los problemas que hoy, claramente se vislumbran más complejos.

La formación de una nueva ciudadanía a la que se refiere Giroux, exigirá de todo sistema educativo y de su marco normativo y administrativo, un golpe de timón que debe leerse a tiempo.

Hace algunos días, tuve la oportunidad de releer detenidamente y desde la perspectiva que ofrece la crisis sanitaria por la que atravesamos, el texto del artículo 3°de nuestra Constitución Federal que configura el derecho fundamental a la educación de todos los mexicanos y los principios que lo rigen.

En algunos de sus incisos que parecieran ser letra oculta de un contrato, encontré una expresión que cobra plena vigencia a propósito de estas líneas que se escriben. De acuerdo con nuestra máxima norma, y cito textual: la educación debe regirse por criterios de excelencia, que busquen el mejoramiento constante del aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad.

Este parafraseo constitucional no es menor. Hoy más que nunca, el fortalecimiento de dichos lazos entre la escuela y la comunidad que la sostiene debe hacerse patente en beneficio del desarrollo inicial de las niñas y niños de nuestro país, y con mayor razón, en estos tiempos de crisis de los que seguramente quedarán grandes aprendizajes.

 

Los nuevos retos de la Educación

Por Cristian Acosta García, Coordinador de Asuntos Públicos de Early Institute

Publicación original en ContraRéplica

 

Al final de este ciclo escolar hay preguntas que todos los que participamos en los procesos académicos, desde preescolar hasta universidad nos hacemos: ¿Qué tanto hemos aprendido como estudiantes? ¿Qué tanto hemos sido capaces de transmitir como profesores? ¿Qué tanto pudo integrarme con mi hija o hijo para apoyarlos con sus tareas? ¿Lo hicimos bien?

Los esfuerzos han sido variados: nos adaptamos para aprender en casa con los programas de televisión; hicimos el esfuerzo para conseguir una computadora, tablet o celular; contratamos internet, mejoramos nuestro plan, usamos la conexión del vecino o nos trasladamos a lugares con datos abierto; adaptamos un espacio en casa como escuela y oficina; usamos mil y un plataformas, redes sociales, videollamadas, correos, tareas y trabajos interminables, que en educación básica, muchos padres terminamos realizando; si a ello le sumamos las actividades propias del trabajo, el hogar, la convivencia familiar y el Covid, el reto resultó verdaderamente titánico. Estos son algunos de los lugares comunes que hemos vivido en los últimos meses tanto profesores, estudiantes, padres y madres de familia y autoridades educativas como la Secretaría de Educación Pública y las secretarías de educación estatales.

El uso de las tecnologías de la información ha sido emergente y nos muestran que tenemos un largo camino que recorrer para la transformación digital de la educación y la interactividad virtual, así como la generación de técnicas de aprendizaje, programas y contenidos que respondan a las necesidades de generaciones nacidas en una cultura 100 por ciento digital y que, a pesar de ello, sufren desigualdades muy marcadas.

Según datos de Encuetas Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología de la Información en los Hogares (ENDUTIH 2019) del Inegi y el informe Adopción de las TIC y Uso de Internet en México del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en México hay 80.6 millones de usuarios de internet, lo que se traduce en que casi el 30 por ciento de los mexicanos no goza de conexión y sólo 44.3 por ciento de los hogares disponen de una computadora lo que muestra la desigualdad existente.

Estos datos adquieren rostro y apellido cuando recordamos a Iker Rodríguez Landín, un niño de 9 años que en Ciudad Victoria se puso a hacer mandados en su colonia por cinco pesos con la finalidad de ahorrar para comprarse una tablet y poder hacer las tareas de la escuela, lo que nos lleva a hacernos otras preguntas: ¿cuántos niños hay en México como Iker? ¿Cuántas niñas y niños no tuvieron la oportunidad de continuar con su educación en este ciclo escolar por carecer de las herramientas necesarias?

Hoy, derivado de la reforma constitucional en materia educativa de 15 de mayo de 2019 así como de la Ley General de Educación de septiembre de 2019, los gobiernos estatales han iniciado los procesos de discusión y análisis de sus nuevas leyes educativas que deberán garantizar el acceso a educación de calidad.

Hoy ponemos énfasis en los procesos de corresponsabilidad de estudiantes, profesores, padres y madres de familia y escuelas que tienen voz y voto dentro del Sistema Educativo Nacional así como en la relevancia del derecho a la educación y el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación; pero en los procesos de reformas locales no puede obviarse la integración de actores relevantes para las políticas públicas educativas como lo son los SIPINNA locales o las Procuradurías de Protección de NNA; no podemos dejar de lado la Estrategia Nacional de Primera Infancia; ni la correspondiente armonización con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De otra manera, los Congresos que legislen sin la participación social de los actores involucrados y sin considerar la transversalidad del fenómeno educativo, por muy buenas que sean sus intenciones o los contenidos de sus leyes, perderán legitimidad por no responder de manera corresponsable a los nuevos retos que nos plantea la educación.