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Durante los últimos años ha surgido un debate amplio sobre los derechos y obligaciones de los padres y las obligaciones del Estado frente a niñas, niños y adolescentes; hoy tenemos posturas encontradas que se resumen en frases como: “Con mis hijos no te metas”, o declaraciones como las de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ha manifestado defender “hasta mi tumba el derecho a los niños y adolescentes a ser educados, y a que la educación sea laica”, lo que lleva el discurso a extremos que se descalifican entre sí y en medio quedan los derechos de niñas, niños y adolescentes, como si se tratase de un divorcio en el que cada parte quiere llevarse todo.

Más allá de los discursos existentes es necesario considerar que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho, pero no son personas adultas, por lo que la atención y las políticas públicas de la administración en turno dirigidas a este sector de la población deben ser diferenciadas.

De conformidad con la Convención de los Derechos del Niño, la orientación y dirección de los padres permite que el niño ejerza su derecho a vivir en familia y su desarrollo; por su parte, el Estado, tiene la obligación de respetar esos derechos, así como tomar las medidas legislativas y administrativas adecuadas que fomenten la coordinación necesaria entre familia, sociedad y autoridades.

Así lo ha dicho la Corte, en el amparo en revisión 203/2016 reconoció que el Estado debe prestar asesoría, orientación y acceso a servicios de salud, educación, justicia, pero no puede desplazar la función protectora y orientadora de la familia, además, en el amparo directo en revisión 2994/2015 reconoció que la patria potestad se encuentra estrechamente vinculada con la protección a la familia y entre sus finalidades se encuentra la protección integral del niño.

A pesar de que estos parámetros son claros, hoy en el Congreso se discuten iniciativas como la de las senadoras Martha Lucía Micher, Citlalli Hernández y Jesusa Rodríguez, que buscan establecer que una niña víctima de violación pueda solicitar sola la Interrupción Voluntaria del Embarazo sin el acompañamiento de su madre, padre o tutor y sin un plan de restitución elaborado por las Procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes; o la del senador Ricardo Monreal que con el objetivo de “simplificar” los trámites administrativos de reasignación sexo genérica en el Código Civil Federal, omite considerar la participación oficiosa y acompañamiento de las citadas Procuradurías cuando quien solicita el cambio de género es una niña, niño o adolescente.

En conclusión, tanto padres como autoridades, tenemos funciones distintas, pero complementarias, en las que se requiere una actuación coordinada, pues sólo así podremos diseñar políticas públicas con un verdadero enfoque de niñez.

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Hay una historia que sacudió a Ecuador desde el año 2002 y que culminó con una sentencia condenatoria 18 años después.

Paola del Rosario Guzmán Albarracín nació el 10 de diciembre de 1986 en Guayaquil, Ecuador, a sus 14 años estudiaba el segundo año de secundaria y comenzó a tener problemas con ciertas materias, el Vicerrector de la escuela, haciendo uso de su relación de poder, acosó a Paola ofreciéndole aprobar sus materias con la condición de mantener relaciones sexuales; a partir de ese momento, fue sometida a situaciones de acoso sexual y violación que produjeron un embarazo.

El Vicerrector exigió a Paola que abortara y la llevó con el médico del servicio escolar, quien accedió a solapar los abusos y realizar el aborto, siempre y cuando Paola tuviera relaciones con él. Derivado de este tortuoso camino y con graves afectaciones psicológicas, Paola se suicidó a los 16 años.

El 24 de junio de 2020, después de 18 años de limitantes en el acceso a la justicia, la madre de Paola, Pepita Albarracín, obtuvo una sentencia de la Corte Interamericana en la que se consideró como responsable: no al violador, sino al propio Estado de Ecuador.

La Corte concluyó que el Estado no hizo aquello que le correspondía, como es: prevenir e identificar los casos de violencia sexual; establecer medidas especiales de protección para Paola en su calidad de niña y perseguir y castigar a un violador que quedó impune. Además, nos recordó que la violencia contra niñas y niños tiene consecuencias psicológicas y emocionales, trastornos afectivos, traumas, temores, ansiedad, inseguridad y destrucción de la autoestima que afectan la toma de decisiones y puede llevar a pensamientos suicidas.

La historia de Paola no nos es ajena y nos hace preguntarnos: ¿Cuántos casos como este se presentan en nuestro país todos los días? ¿Qué medidas toman las autoridades de educación y salud cuando tienen conocimiento de que una niña o adolescente fue violada? ¿Cuántos violadores viven en la impunidad?

Con datos de alumbramx.org, podemos señalar que sólo en 2019 se presentaron 23,191 casos de abuso sexual infantil y que cada día 7 niñas y niños son víctimas de homicidio; de conformidad con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de 2020 se han presentado más de 199 mil llamadas de emergencia de violencia contra la mujer de las cuales 3,910 corresponden a abuso sexual, 6,311 corresponden a acoso y 2,785 a violación.

Ante un panorama nada alentador, el 19 de noviembre nuestro país conmemoró el “Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil” para hacernos reflexionar sobre las medidas que toman nuestros legisladores, jueces, fiscalías y autoridades administrativas para atender casos como el de Paola, esperando que las medidas de protección, acceso a la justicia y reparación no lleguen años después de que nuestras niñas y adolescentes estén muertas.

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El próximo 6 de junio tendremos “Las elecciones más complejas y grandes de la Historia”. El presidente ya dijo en las mañaneras que enviará cartas a los gobernadores para que no intervengan en las elecciones. Los partidos han hecho alianzas que hace algunos años nos parecerían imposibles y poco a poco los contendientes empiezan a enfrascarse en las descalificaciones propias de un año electoral.

Más allá de debate y las anécdotas propias del proceso, vale la pena enfatizar que nos jugamos mucho en el tablero político: 15 gubernaturas, 30 congresos locales, 30 entidades federativas con elecciones municipales, con lo que se eligirán servidores públicos de casi 2,000 municipios, las 16 alcaldías de la CDMX y 500 diputaciones federales.

La cereza en el pastel será la primera Consulta Popular que formalmente realizaremos bajo la temática de “juzgar a los ex presidentes” y una pregunta que quedará para la posteridad: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Si ello no fuera suficiente para poner atención al proceso electoral, debemos recordar que desde febrero del 2014 nuestra constitución permite la “elección por periodos consecutivos”, es decir, ahora nuestros diputados federales y locales, un presidente municipal o alcalde podrían aplicar la nueva máxima constitucional: “SUFRAGIO EFECTIVO, SÍ REELECCIÓN.”

En otras palabras, el presidente o la presidenta municipal, el diputado o la diputada que sí trabajó o que no lo hizo, que sólo votó “en bloque”, que tuvo más ausencias que iniciativas, que hizo algo o nada por su municipio o alcaldía, podría no dejar su encargo este año, sino hasta 2024, si es que decide participar y obtiene los votos necesarios para ganar la contienda.

Bajo estos parámetros, 448 de los 500 diputados federales han manifestado su interés en participar en el proceso de “elección consecutiva”, por lo que tendremos que estar atentos en cada entidad federativa para advertir que diputados, alcaldes y presidentes municipales se suman a esta dinámica.

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En marzo cumpliremos el primer año de la pandemia y, con la mirada vuelta atrás, nos damos cuenta que ese momento personalísimo denominado por Unamuno como El Sentimiento Trágico de la Vida ha estado presente con menor o mayor intensidad en nuestro subconsciente y en la discusión pública: la muerte.

Este panorama nos ha hecho enfrentar el duelo de manera permanente, desarrollar nuestra resiliencia, valorar el instante, repensar el porvenir y enfocarnos en aquello que es verdaderamente importante para cada uno de nosotros.

Hoy que ponemos en el centro de la discusión nuestro deseo de vivir y a la par esa realidad que tarde o temprano, con o sin pandemia, nos involucrará en lo individual, resulta indispensable pensar en la muerte digna y los cuidados paliativos como una prioridad de salud pública.

De conformidad con el Consejo de Salubridad General hay 5 tipos de enfermedades que matan a 40 millones de personas cada año: cardiovasculares, el cáncer, enfermedades respiratorias, la diabetes e insuficiencia renal, esto equivale a 70 por ciento de las muertes que se producen en el mundo, de las cuales 15 millones son prematuras y sólo 14 por ciento recibe asistencia paliativa.

El tema se vuelve mucho más complejo si consideramos a los niños que requieren de este tipo de cuidados debido a enfermedades que amenazan su vida, que se encuentran en situaciones de muerte prematura, con enfermedades progresivas, sin opción a tratamiento curativo o niños en condiciones de discapacidades severas no progresivas como parálisis cerebral infantil o lesiones medulares, pues según el propio Consejo, 98 por ciento de los niños que requieren de esta atención viven en países de ingresos intermedios y bajos.

En ese contexto, la OMS ha reconocido 3 elementos fundamentales para aplicar los cuidados paliativos: garantizar el acceso a medicamentos que eviten o disminuyan el dolor; la necesaria capacitación al personal médico para su utilización; y considerarlos como un servicio de salud esencial en la normatividad de cada país.

Vale la pena recordar que, a finales de 2018, el senador Miguel Ángel Mancera presentó una iniciativa de reforma constitucional para considerar la muerte digna a través de los cuidados paliativos como un derecho fundamental de los pacientes con enfermedad terminal sin posibilidades de cura, enfermedades limitantes o amenazantes de la vida y que ello en ningún momento significa eutanasia o suicidio asistido, sino paliar los efectos de la enfermedad.

La iniciativa fue aprobada por el Senado en 2019 y, desafortunadamente, ha permanecido en “la congeladora” de la Cámara de Diputados desde entonces. Las condiciones no son las mismas que hace 2 años, por lo que hoy, en un contexto de pandemia que nos ha alcanzado a todos, los cuidados paliativos son una opción para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, pues permitirán en cierta medida, aliviar el sufrimiento.

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Imagine que es dueño de un equipo deportivo y solicita formar parte de una contienda mundial. Los requisitos son muchos, los parámetros y la capacidad de los contrincantes, bastante alta, pero a pesar de ello, decide hacer su solicitud y es admitido.

El desempeño de su equipo es promedio, sus números y forma de juego lo posicionan a mitad de la tabla. Después de una trayectoria de 25 años formando parte de la liga, llega el momento de impulsar una reestructura en su equipo, generar nuevas estrategias, directivos y jugadores para estar a la altura en la contienda contra los equipos referentes del mundo.

Sus estrategias y sus números mejoran, tiene mayor control y soporte, más reconocimiento nacional e internacional, el juego se visibiliza cada vez más, se hace popular y es replicado en todo el país, los estados y municipios, haciendo ver que aquello que está en juego importa, e importa mucho.

A pesar de los avances, después de 5 años se empieza a dudar del equipo y del camino recorrido, se comenta que la estrategia no sirve, que es vaga, que es mejor eliminar la estructura, economizar, quitar al directivo y entregarle las actividades a otro equipo que, si bien tiene actividades similares, no juega el mismo deporte.

En esta contienda se juegan las políticas públicas que inciden en más de 38 millones de niñas, niños y adolescentes; su salud, nutrición, seguridad, educación, vida libre de violencia y sano desarrollo, entre muchos otros derechos.

Desde 1990 México decidió formar parte de la “liga universal” denominada “Convención de los Derechos del Niño” con el objetivo de impulsar y tener como principal referente de sus actuaciones a la niñez. Sólo después de 24 años, en 2014, logró impulsar de manera efectiva este torneo con la creación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que da origen al “Director Técnico”, que es el SIPINNA (Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes), capaz de promover, defender y coordinar las acciones de todos los jugadores.

A 5 años de su existencia, el SIPINNA se ha replicado en las 32 entidades federativas del país y en más de mil 800 municipios, lo que ha implicado una labor de coordinación sustantiva con actores públicos, privados y sociales y el reconocimiento internacional de actores clave como Unicef o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hoy, tenemos mensajes encontrados que nos hacen pensar que la niñez ya no importa, que el interés superior de niñas, niños y adolescentes pasa a segundo término y, en un afán de concentración de actividades en unas pocas dependencias, se corre el riesgo de desaparecer órganos especializados que sí funcionan.

Al final, el torneo en el que nos jugamos el bienestar de la niñez mexicana sigue su curso, pero corremos el riesgo de perder los avances que como país nos tomaron más de 30 años.

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Todos tenemos preguntas sobre la forma en que nos organizamos como sociedad: identificar qué le toca hacer al Presidente, a la Suprema Corte, a los Diputados o Senadores, a órganos autónomos como el INE, a las entidades federativas y a los municipios; cómo aprovechamos determinados recursos y qué derechos humanos se nos reconocen. Pues bien, estas preguntas se responden con la Constitución Política.

Así, la Constitución, como si se tratase de las reglas de un tablero de ajedrez, define lo que puede hacer cada pieza, cómo se divide el poder y los ámbitos de gobierno. En ese sentido, jugadores y espectadores deben respetar esas reglas para no perder la jugada. Nuestra Constitución se públicó hace 104 años, el 5 de febrero de 1917 y cuenta con 246 decretos que han modificado las reglas del juego; la última reforma es del 11 de marzo de 2021 y se realizó precisamente para fortalecer las actividades del encargado de hacerla respetar: el Poder Judicial.

Resulta irónico advertir que el mismo día que entró en vigor esa reforma, el Presidente, pieza clave en nuestro tablero, manifestara que el Poder Judicial se excedía, que probablemente los jueces atendían a intereses económicos y que por lo tanto debían ser investigados y sancionados, pues habían puesto “en pausa” las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, una de las más impulsadas por el Gobierno en turno.

Lo cierto es que, más allá del discurso y su pieza favorita en el tablero, cada Presidente ha moldeado la Constitución para hacerla acorde a las políticas públicas que quiere impulsar. Para ello, se han realizado 2 o 3 movimientos estratégicos: el primero, para impulsar reformas a la Constitución (siempre que se cuente con los votos necesarios) y así, obligar a los demás jugadores a seguir las nuevas reglas; el segundo, crear las leyes que permitan ejercer de manera legítima esas nuevas facultades.

El gran problema al que nos enfrentamos en esta ocasión es que el Presidente optó por una “jugada rápida”, consistente en reformar las leyes, emitir acuerdos, reglamentos, lineamientos y cualquier otra norma que se imagine, pero sin reformar la Constitución, lo que le ha permitido al Poder Judicial detener todos esos movimientos.

Si a ello le sumamos la existencia de compromisos y tratados internacionales en materia económica, la situación se vuelve más compleja, pues ya no sólo tenemos que advertir las reglas internas, sino también atender a los compromisos adquiridos con otros países y factores económicos, así como las consecuencias respectivas del incumplimiento.

Mientras dura esta partida con todos sus blancos y negros, y no se presente una reforma constitucional que pase por el proceso específico, nos corresponde valorar si las reglas vigentes se respetan, así como el grado de autonomía e independencia del Poder Judicial frente al Presidente.

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Las redes sociales, videoconferencias, correos, chats, buscadores, plataformas de streaming, tienen un rol preponderante en nuestras actividades cotidianas, y con independencia de nuestra edad, estamos inmersos en el entorno digital en el que debemos visibilizar y advertir sobre las obligaciones de autoridades como el SIPINNA, el IFT, el INAI, la PROFECO, Fiscalías de Justicia, Guardia Nacional o nuestros legisladores cuando los usuarios son niñas, niños o adolescentes.

Según la la Encuesta Nacional para la Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares de 2019 (ENDITUH) del INEGI el 70.1% de la población de seis años o más es usuaria de Internet, ese número de conformidad con la Asociación de Internet MX (AIMX), aumentó en un 5.4% durante lo que llevamos de pandemia.

En este contexto, el Comité de los Derechos del Niño, como máximo especialista e interprete mundial, acaba de emitir su observación general número 25 sobre los derechos del niño en el entorno digital.

Los temás son variados y van más allá de permitir o no el uso del internet que, después de un año de pandemia, está practicamente fuera del debate para aquellos que no sufren brecha digital, sino en visibilizar los alcances de un entorno que no conoce fronteras.

La observación pone énfasis en varios rubros: el derecho a la privacidad, la protección de datos, el derecho a opinar e informarse, la alfabetización digital, el derecho a la educación a través del mobile learning, el acceso a la cultura, el esparcimiento; la necesidad de invertir en infraestructura educativa digital así como las oportunidades que se presentan para niñas y niños con discapacidad.

El Comité también nos propone panoramas en los que cabe preguntarnos: ¿Cuántas veces su hijo, sobrina, conocido, le ha dicho que quiere, necesita, desea una aplicación, un producto con costo específico que vio en internet? Pues bien, esa petición no es espontánea, sino consecuencia de lo que se denomina: neuromarketing, análisis emocional y publicidad inmersiva que tiene como población objetivo a niñas, niños y adolescentes. El Comité es contudente, pues señala que esas acciones deben prohibirse por los Estados cuando van dirigidas a la niñez.

Más allá del ánimo consumista, el entorno digital también abre la puerta a distintas formas de violencia: ciberagresiones, acoso, abusos, explotación económica o sexual, trabajo infantil, su participación en actividades criminales, la realización de retos peligrosos, conductas suicidas o desordenes alimenticios que deben ser atendidas por los gobiernos con una coordinación internacional con el apoyo de la sociedad civil, padres y cuidadores así como por los propios niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, el Comité nos recuerda que el entorno digital es un complemento, una oportunidad para ejercer derechos, pero que de ninguna manera suple las interacciones sociales entre los propios niños, con sus familias y la comunidad en general.

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Durante la última semana de abril el Senado nos dio una grata sorpresa, más allá de los tiempos electorales, se discutieron y analizaron de manera conjunta 7 iniciativas presentadas por Josefina Vázquez Mota, Ricardo Monreal, Lilly Téllez, Martí Batres, Samuel García, Raúl Bolaños Cacho Cue y Guadalupe Vázquez Alatorre.

Los nombres, los partidos a los que pertenecen y la votación son importantes, ya que el Senado concluyó de manera unánime, que debemos contar con parámetros que establezcan la imprescriptibilidad de todos los delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes y que los agresores sexuales no queden impunes.

No está por demás recordar que una de las peores formas de violencia en contra de la niñez es la sexual, pues son delitos silenciosos que pueden estar ocultos durante muchos años y que se originan con mayor frecuencia en entornos cercanos en los que el victimario tiene un deber de cuidado.

Así, una niña, niño o adolescente que es víctima de este tipo de delito se enfrenta a una situación de vulnerabilidad emocional, mental y/o física, en la que las agresiones pudieron iniciar cuando no se tenía la capacidad de comprender el significado de lo que ocurría o no se sabía en quién confiar o a quién contarle, sumando a ello el miedo a ser estigmatizado, por lo que el silencio parece la salida más segura.

Ante este panorama, la iniciativa que hoy se encuentra pendiente de análisis en la Cámara de Diputados, establece que la distribución de pornografía infantil, turismo sexual, abuso sexual, pederastia, la cópula con persona mayor de 15 años y menor de 18 o la violación equiparada, se suman a la imprescriptibilidad existente para delitos como la corrupción de menores y el lenocinio.

Lo anterior implica que, con independencia de que la víctima de estos delitos hubiese sufrido la agresión en su niñez o adolescencia y hoy cuente con 28, 35, 50 años o más, podrá denunciar el delito en cualquier tiempo y las autoridades federales deberán investigar y sancionar al agresor.

Cabe destacar que dicha reforma, de ser aprobada, resultará positiva en el plano Federal, sin embargo, no debemos olvidar que la mayor parte de estos delitos son competencia de las autoridades de cada uno de los 32 estados que hoy en día verifican si el delito ha prescrito o no conforme a las reglas de sus Códigos Penales locales, destacando que en el Estado de México y Coahuila ya se considera dicha imprescriptibilidad.

Por tal motivo, desde la Comunidad de Conocimiento Alumbra, una luz contra la violencia infantil, aplaudimos la iniciativa aprobada de manera únanime en el Senado y hacemos un llamado a todos los Diputados Federales y Locales a sumarse a este tipo de iniciativas que permitirán romper el silencio y evitar la impunidad.

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El martes la Corte inició el análisis de la Accion de Inconstitucionalidad 16/2016 para resolver si las reformas al Código Civil de Tabasco en las que se prevé la regulación sobre la gestación subrogada son constitucionales. Esta sentencia, calificada como histórica, debía brindar claridad sobre los derechos involucrados y servir como guía para el legislador.

Como sabemos, el tema plantea múltiples aristas en las que por regla general nos hemos enfrascado exclusivamente en los derechos de la mujer gestante y los derechos de los solicitantes, pero nunca o casi nunca, visibilizamos los derechos de niñas y niños, que son objeto de esos contratos.

El proyecto presentado por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, que por cierto no fue visible en la página de la SCJN, careció del enfoque de niñez que se esperaba de nuestro máximo tribunal en esta decisión.

La mayoría de los Ministros aplaudieron el proyecto, pero se olvidaron de que existe la Convención de los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, así como del informe A/HRC/37/60 de 2018, de la Relatora de Venta de niños de ONU que de manera muy clara advierte sobre los efectos de la explotación reproductiva: 1) venta y cosificación de niños; 2) un mercado comercial con ganancias millonarias; 3) clínicas e intermediarios dedicados a ofertar y vender niños; 4) que el derecho a tener un hijo no existe; 5) la venta de niños no se supera con la regulación; y 6) se vulnera el derecho a la identidad.

Cabe destacar que el único que realizó un análisis integral, visibilizó la explotación que sufren las mujeres víctimas con fines reproductivos, así como la cosificación de niñas y niños, fue el Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien dejó en claro que el proyecto carece de un enfoque de niñez; además, precisó que se pasan por alto las recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño a México y de la Relatora ya mencionada.

Lo interesante en este debate también reside en la respuesta de la Ministra Piña frente a tales señalamientos, quien manifestó que la perspectiva de la niñez “si está presente”, pero a “pie de página”… la respuesta, aunque burda, nos hace cuestionar la protección reforzada que la Corte dice otorgar a niñas, niños y adolescentes frente a este tipo de prácticas.

Así, la Corte ha dejado claro que su punto de partida no ha sido el interés superior de la niñez, y ello resulta preocupante, pues próximamente, bajo la ponencia del Ministro Pardo Rebolledo, se resolverá el amparo en revisión 129/2019, en el que una empresa extranjera alega que el Código Civil de Tabasco viola “su libertad de trabajo y de comercio”, al no permitirle participar en los procesos y obtener beneficios económicos de los contratos de maternidad subrogada en los que, lo que se compra y se vende son niñas o niños, situación que en palabras de la Ministra Piña, no estaría en el centro de sus consideraciones, sino abajo y al último, “a pie de página”.