Todos los días compramos y vendemos cosas, los sonidos de la ciudad nos han enseñado que hay mercado para los colchones, refrigeradores, lavadoras y fierros viejos que queramos vender; hoy bajo un panorama que no es nuevo, ponemos el dedo en la llaga y visibilizamos que en esas transacciones, como si se tratase de un electrodoméstico, un automóvil o cualquier objeto, se pueden comprar niñas a precios que van desde 30 mil hasta 350 mil pesos. Parece increíble, pero lo más preocupante es que al tratarse de prácticas realizadas durante periodos extensos, terminan por considerarse como justificadas o aceptables.

Sobre el tema, el Presidente ha declarado que no debe estigmatizarse a los pueblos y comunidades indígenas, pues resultaría clasista y racista, además, señaló que son prácticas que se dan en todas las clases sociales, y tiene toda la razón, la venta de niñas y niños es un problema global y no se limita a un grupo en específico.

Basta decir que desde hace más de 20 años, tenemos tratados internacionales que abordan de manera específica la venta de niños y la definen como “todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas, a cambio de remuneración o cualquier otra retribución.”

De igual forma, debe visibilizarse que la venta no es exclusiva para realizar matrimonios forzados o uniones de hecho, los compradores “adquieren” niñas y niños con finalidades muy diversas: para explotarlos sexualmente, prostituirlos, generar material pornográfico, lucrar con sus órganos, obligarlos a realizar trabajos forzados, esclavizarlos o inclusive, comprarlos para satisfacer el deseo de tener un hijo.

Al respecto, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisan que estas ventas tienen diversas causas generadoras, entre ellas el subdesarrollo, la pobreza, disparidades económicas, estructuras socioeconómicas no equitativas, disfunción de las familias, falta de educación, migraciones, el comportamiento sexual irresponsable de los adultos y prácticas tradicionales nocivas que al realizarse por periodos amplios de tiempo, terminan por considerarse como justificadas o socialmente aceptables.

Por todo ello, más allá de que contemos con más y más normas, nuevos delitos y agravantes, tratados sobre la materia o que visibilicemos que el problema no se da exclusivamente en pueblos y comunidades indígenas, se requiere de una acción conjunta entre Estado, familia y sociedad en general.

Hoy retoma importancia el trabajo que realicen autoridades como el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) o el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) para fortalecer los valores y promover los cambios culturales que nos hagan entender que niñas y niños no son objetos y no están en venta bajo ningún supuesto.