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Imagine que es dueño de un equipo deportivo y solicita formar parte de una contienda mundial. Los requisitos son muchos, los parámetros y la capacidad de los contrincantes, bastante alta, pero a pesar de ello, decide hacer su solicitud y es admitido.

El desempeño de su equipo es promedio, sus números y forma de juego lo posicionan a mitad de la tabla. Después de una trayectoria de 25 años formando parte de la liga, llega el momento de impulsar una reestructura en su equipo, generar nuevas estrategias, directivos y jugadores para estar a la altura en la contienda contra los equipos referentes del mundo.

Sus estrategias y sus números mejoran, tiene mayor control y soporte, más reconocimiento nacional e internacional, el juego se visibiliza cada vez más, se hace popular y es replicado en todo el país, los estados y municipios, haciendo ver que aquello que está en juego importa, e importa mucho.

A pesar de los avances, después de 5 años se empieza a dudar del equipo y del camino recorrido, se comenta que la estrategia no sirve, que es vaga, que es mejor eliminar la estructura, economizar, quitar al directivo y entregarle las actividades a otro equipo que, si bien tiene actividades similares, no juega el mismo deporte.

En esta contienda se juegan las políticas públicas que inciden en más de 38 millones de niñas, niños y adolescentes; su salud, nutrición, seguridad, educación, vida libre de violencia y sano desarrollo, entre muchos otros derechos.

Desde 1990 México decidió formar parte de la “liga universal” denominada “Convención de los Derechos del Niño” con el objetivo de impulsar y tener como principal referente de sus actuaciones a la niñez. Sólo después de 24 años, en 2014, logró impulsar de manera efectiva este torneo con la creación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que da origen al “Director Técnico”, que es el SIPINNA (Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes), capaz de promover, defender y coordinar las acciones de todos los jugadores.

A 5 años de su existencia, el SIPINNA se ha replicado en las 32 entidades federativas del país y en más de mil 800 municipios, lo que ha implicado una labor de coordinación sustantiva con actores públicos, privados y sociales y el reconocimiento internacional de actores clave como Unicef o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hoy, tenemos mensajes encontrados que nos hacen pensar que la niñez ya no importa, que el interés superior de niñas, niños y adolescentes pasa a segundo término y, en un afán de concentración de actividades en unas pocas dependencias, se corre el riesgo de desaparecer órganos especializados que sí funcionan.

Al final, el torneo en el que nos jugamos el bienestar de la niñez mexicana sigue su curso, pero corremos el riesgo de perder los avances que como país nos tomaron más de 30 años.

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Todos tenemos preguntas sobre la forma en que nos organizamos como sociedad: identificar qué le toca hacer al Presidente, a la Suprema Corte, a los Diputados o Senadores, a órganos autónomos como el INE, a las entidades federativas y a los municipios; cómo aprovechamos determinados recursos y qué derechos humanos se nos reconocen. Pues bien, estas preguntas se responden con la Constitución Política.

Así, la Constitución, como si se tratase de las reglas de un tablero de ajedrez, define lo que puede hacer cada pieza, cómo se divide el poder y los ámbitos de gobierno. En ese sentido, jugadores y espectadores deben respetar esas reglas para no perder la jugada. Nuestra Constitución se públicó hace 104 años, el 5 de febrero de 1917 y cuenta con 246 decretos que han modificado las reglas del juego; la última reforma es del 11 de marzo de 2021 y se realizó precisamente para fortalecer las actividades del encargado de hacerla respetar: el Poder Judicial.

Resulta irónico advertir que el mismo día que entró en vigor esa reforma, el Presidente, pieza clave en nuestro tablero, manifestara que el Poder Judicial se excedía, que probablemente los jueces atendían a intereses económicos y que por lo tanto debían ser investigados y sancionados, pues habían puesto “en pausa” las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, una de las más impulsadas por el Gobierno en turno.

Lo cierto es que, más allá del discurso y su pieza favorita en el tablero, cada Presidente ha moldeado la Constitución para hacerla acorde a las políticas públicas que quiere impulsar. Para ello, se han realizado 2 o 3 movimientos estratégicos: el primero, para impulsar reformas a la Constitución (siempre que se cuente con los votos necesarios) y así, obligar a los demás jugadores a seguir las nuevas reglas; el segundo, crear las leyes que permitan ejercer de manera legítima esas nuevas facultades.

El gran problema al que nos enfrentamos en esta ocasión es que el Presidente optó por una “jugada rápida”, consistente en reformar las leyes, emitir acuerdos, reglamentos, lineamientos y cualquier otra norma que se imagine, pero sin reformar la Constitución, lo que le ha permitido al Poder Judicial detener todos esos movimientos.

Si a ello le sumamos la existencia de compromisos y tratados internacionales en materia económica, la situación se vuelve más compleja, pues ya no sólo tenemos que advertir las reglas internas, sino también atender a los compromisos adquiridos con otros países y factores económicos, así como las consecuencias respectivas del incumplimiento.

Mientras dura esta partida con todos sus blancos y negros, y no se presente una reforma constitucional que pase por el proceso específico, nos corresponde valorar si las reglas vigentes se respetan, así como el grado de autonomía e independencia del Poder Judicial frente al Presidente.

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Las redes sociales, videoconferencias, correos, chats, buscadores, plataformas de streaming, tienen un rol preponderante en nuestras actividades cotidianas, y con independencia de nuestra edad, estamos inmersos en el entorno digital en el que debemos visibilizar y advertir sobre las obligaciones de autoridades como el SIPINNA, el IFT, el INAI, la PROFECO, Fiscalías de Justicia, Guardia Nacional o nuestros legisladores cuando los usuarios son niñas, niños o adolescentes.

Según la la Encuesta Nacional para la Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares de 2019 (ENDITUH) del INEGI el 70.1% de la población de seis años o más es usuaria de Internet, ese número de conformidad con la Asociación de Internet MX (AIMX), aumentó en un 5.4% durante lo que llevamos de pandemia.

En este contexto, el Comité de los Derechos del Niño, como máximo especialista e interprete mundial, acaba de emitir su observación general número 25 sobre los derechos del niño en el entorno digital.

Los temás son variados y van más allá de permitir o no el uso del internet que, después de un año de pandemia, está practicamente fuera del debate para aquellos que no sufren brecha digital, sino en visibilizar los alcances de un entorno que no conoce fronteras.

La observación pone énfasis en varios rubros: el derecho a la privacidad, la protección de datos, el derecho a opinar e informarse, la alfabetización digital, el derecho a la educación a través del mobile learning, el acceso a la cultura, el esparcimiento; la necesidad de invertir en infraestructura educativa digital así como las oportunidades que se presentan para niñas y niños con discapacidad.

El Comité también nos propone panoramas en los que cabe preguntarnos: ¿Cuántas veces su hijo, sobrina, conocido, le ha dicho que quiere, necesita, desea una aplicación, un producto con costo específico que vio en internet? Pues bien, esa petición no es espontánea, sino consecuencia de lo que se denomina: neuromarketing, análisis emocional y publicidad inmersiva que tiene como población objetivo a niñas, niños y adolescentes. El Comité es contudente, pues señala que esas acciones deben prohibirse por los Estados cuando van dirigidas a la niñez.

Más allá del ánimo consumista, el entorno digital también abre la puerta a distintas formas de violencia: ciberagresiones, acoso, abusos, explotación económica o sexual, trabajo infantil, su participación en actividades criminales, la realización de retos peligrosos, conductas suicidas o desordenes alimenticios que deben ser atendidas por los gobiernos con una coordinación internacional con el apoyo de la sociedad civil, padres y cuidadores así como por los propios niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, el Comité nos recuerda que el entorno digital es un complemento, una oportunidad para ejercer derechos, pero que de ninguna manera suple las interacciones sociales entre los propios niños, con sus familias y la comunidad en general.

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Durante la última semana de abril el Senado nos dio una grata sorpresa, más allá de los tiempos electorales, se discutieron y analizaron de manera conjunta 7 iniciativas presentadas por Josefina Vázquez Mota, Ricardo Monreal, Lilly Téllez, Martí Batres, Samuel García, Raúl Bolaños Cacho Cue y Guadalupe Vázquez Alatorre.

Los nombres, los partidos a los que pertenecen y la votación son importantes, ya que el Senado concluyó de manera unánime, que debemos contar con parámetros que establezcan la imprescriptibilidad de todos los delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes y que los agresores sexuales no queden impunes.

No está por demás recordar que una de las peores formas de violencia en contra de la niñez es la sexual, pues son delitos silenciosos que pueden estar ocultos durante muchos años y que se originan con mayor frecuencia en entornos cercanos en los que el victimario tiene un deber de cuidado.

Así, una niña, niño o adolescente que es víctima de este tipo de delito se enfrenta a una situación de vulnerabilidad emocional, mental y/o física, en la que las agresiones pudieron iniciar cuando no se tenía la capacidad de comprender el significado de lo que ocurría o no se sabía en quién confiar o a quién contarle, sumando a ello el miedo a ser estigmatizado, por lo que el silencio parece la salida más segura.

Ante este panorama, la iniciativa que hoy se encuentra pendiente de análisis en la Cámara de Diputados, establece que la distribución de pornografía infantil, turismo sexual, abuso sexual, pederastia, la cópula con persona mayor de 15 años y menor de 18 o la violación equiparada, se suman a la imprescriptibilidad existente para delitos como la corrupción de menores y el lenocinio.

Lo anterior implica que, con independencia de que la víctima de estos delitos hubiese sufrido la agresión en su niñez o adolescencia y hoy cuente con 28, 35, 50 años o más, podrá denunciar el delito en cualquier tiempo y las autoridades federales deberán investigar y sancionar al agresor.

Cabe destacar que dicha reforma, de ser aprobada, resultará positiva en el plano Federal, sin embargo, no debemos olvidar que la mayor parte de estos delitos son competencia de las autoridades de cada uno de los 32 estados que hoy en día verifican si el delito ha prescrito o no conforme a las reglas de sus Códigos Penales locales, destacando que en el Estado de México y Coahuila ya se considera dicha imprescriptibilidad.

Por tal motivo, desde la Comunidad de Conocimiento Alumbra, una luz contra la violencia infantil, aplaudimos la iniciativa aprobada de manera únanime en el Senado y hacemos un llamado a todos los Diputados Federales y Locales a sumarse a este tipo de iniciativas que permitirán romper el silencio y evitar la impunidad.

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El martes la Corte inició el análisis de la Accion de Inconstitucionalidad 16/2016 para resolver si las reformas al Código Civil de Tabasco en las que se prevé la regulación sobre la gestación subrogada son constitucionales. Esta sentencia, calificada como histórica, debía brindar claridad sobre los derechos involucrados y servir como guía para el legislador.

Como sabemos, el tema plantea múltiples aristas en las que por regla general nos hemos enfrascado exclusivamente en los derechos de la mujer gestante y los derechos de los solicitantes, pero nunca o casi nunca, visibilizamos los derechos de niñas y niños, que son objeto de esos contratos.

El proyecto presentado por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, que por cierto no fue visible en la página de la SCJN, careció del enfoque de niñez que se esperaba de nuestro máximo tribunal en esta decisión.

La mayoría de los Ministros aplaudieron el proyecto, pero se olvidaron de que existe la Convención de los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, así como del informe A/HRC/37/60 de 2018, de la Relatora de Venta de niños de ONU que de manera muy clara advierte sobre los efectos de la explotación reproductiva: 1) venta y cosificación de niños; 2) un mercado comercial con ganancias millonarias; 3) clínicas e intermediarios dedicados a ofertar y vender niños; 4) que el derecho a tener un hijo no existe; 5) la venta de niños no se supera con la regulación; y 6) se vulnera el derecho a la identidad.

Cabe destacar que el único que realizó un análisis integral, visibilizó la explotación que sufren las mujeres víctimas con fines reproductivos, así como la cosificación de niñas y niños, fue el Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien dejó en claro que el proyecto carece de un enfoque de niñez; además, precisó que se pasan por alto las recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño a México y de la Relatora ya mencionada.

Lo interesante en este debate también reside en la respuesta de la Ministra Piña frente a tales señalamientos, quien manifestó que la perspectiva de la niñez “si está presente”, pero a “pie de página”… la respuesta, aunque burda, nos hace cuestionar la protección reforzada que la Corte dice otorgar a niñas, niños y adolescentes frente a este tipo de prácticas.

Así, la Corte ha dejado claro que su punto de partida no ha sido el interés superior de la niñez, y ello resulta preocupante, pues próximamente, bajo la ponencia del Ministro Pardo Rebolledo, se resolverá el amparo en revisión 129/2019, en el que una empresa extranjera alega que el Código Civil de Tabasco viola “su libertad de trabajo y de comercio”, al no permitirle participar en los procesos y obtener beneficios económicos de los contratos de maternidad subrogada en los que, lo que se compra y se vende son niñas o niños, situación que en palabras de la Ministra Piña, no estaría en el centro de sus consideraciones, sino abajo y al último, “a pie de página”.

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¿Cuántos de nosotros hemos hecho esta pregunta a nuestras hijas e hijos, principales involucrados en el ejercicio de su derecho a la educación? ¿Cuántos hemos recibido un “sí” con emoción o un “no” con reservas?
El Instituto Interamericano del Niño realizó esta pregunta a 105,949 niñas, niños y adolescentes de 13 países del continente en el que 68% de los niños votaron por el sí.Con el nuevo ciclo escolar en puerta, el tema se vuelve a poner a discusión, pues el Presidente y la Secretaría de Educación Pública atinadamente nos recuerdan que la educación es un derecho y el regreso a clases una necesidad.

A la par, las desigualdades económicas y brechas digitales nos advierten que no todos gozan de televisión para tomar sus clases; si hablamos de entornos digitales, no todas las familias tienen celular o computadora o, en su caso, no cuentan con una conexión para tomar sus clases a distancia y, para aquellos que pueden conectarse, se duda de la calidad de los conocimientos adquiridos, aunado a ello, la pandemia ha precarizado la salud mental de una niñez que vive confinada.
El panorama no es alentador, pues según datos de la Unesco, más de 100 millones de niños no alcanzarán el nivel mínimo en lectura como consecuencia de la crisis sanitaria y existe el riesgo latente de una catástrofe educativa generacional.

Por otro lado, el nuevo ciclo escolar se conjuga con la tercera ola de Covid-19 mientras que el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) nos enfatiza que este sector de la población está en riesgo, pues para el 15 de agosto de 2021 se han registrado 63,182 casos.

Hoy sabemos que 11,746 bebes, niñas y niños de 0 a 5 años se han contagiado; entre los 6 y 11 años se han confirmado 15,097 casos; y 36,339 adolescentes de entre 12 y 17 años han sufrido la enfermedad, lo más preocupante es que de este universo, 623 niñas, niños y adolescentes perdieron la lucha y ya no están con sus familias.

Por su parte, la OMS y Unicef recomiendan con énfasis el regreso a clases valorando: la capacidad de reacción y atención de las autoridades sanitarias, los protocolos y medidas de seguridad específicas en las escuelas así como los mecánismos de rastreo y gestión de brotes, por lo que deberemos advertir la eficacia de la Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a las Escuelas de la SEP.

Al final, resulta una cuestión compleja en la que debemos respetar el derecho a la educación y procurar la salud de nuestras hijas e hijos, por lo que cualquiera que sea la decisión que tomemos como familias en un nuevo ciclo escolar que promueve las actividades presenciales y voluntarias, es nuestra obligación escucharlos y preguntarles: ¿Quieres regresar a la escuela?

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¿Cómo podemos ayudar a una niña, niño o adolescente cuya madre ha muerto por feminicidio? ¿Cómo lo vamos a cuidar si precisamente su orfandad deriva de un delito que se tenía que haber prevenido? ¿Qué va a pasar con el feminicida?

Perder a nuestra madre o padre en condiciones ordinarias, es un evento trágico, pero resentirlo en la niñez y adolescencia como consecuencia de un feminicidio deja a los niños en un estado de vulnerabilidad, si a ello le sumamos que el agresor puede formar parte del núcleo familiar, se quiebra la idea de la familia como un espacio seguro.

De conformidad con datos de la Comunidad “Alumbra, una Luz Contra la Violencia Infantil” y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde 2015 a la fecha, el número de feminicidios ha aumentado en más de un 100%, pues pasamos de 426 víctimas en 2015 a 977 en 2020 y para junio de este año se llega a 495 casos. De este número, con cifras de INMUJERES, se identificaron para 2020 al menos 796 niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus madres por feminicidio.

Ante esta realidad, el 4 de agosto de 2021 el DIF publicó el “Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio”, que busca “no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera”.

Entre los grandes aportes de este protocolo destaca la visibilización y aviso inmediato a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que, como su nombre lo indica, tienen por función procurar prioritariamente los derechos de la niñez, están facultadas para ejercer una representación directa o en compañía de los familiares y puede coordinarse con otras autoridades para otorgar la protección especial, integral y reforzada que les corresponde a niñas y niños.

De esta manera se busca satisfacer sus necesidades de salud, apoyo psicológico, encontrar un lugar donde puedan vivir, que tengan una alimentación adecuada, se les otorgue asesoría jurídica y se procure justicia para que el feminicida no quede impune.

Si bien el Protocolo visibiliza una problemática que hasta ahora estaba olvidada, también es cierto que está limitado por la voluntad política de los cambios de sexenio y gobierno en turno, por lo que se requiere de una reforma legal.

Por ello, desde Early Institute, aplaudimos iniciativas como la encabezada por las Diputadas Rocío del Pilar Villarauz Martínez y Rosalba Valencia Cruz que buscan reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y otras leyes para atender el problema de fondo fomentando la prevención, creación de registros específicos de feminicidio y violencia familiar y la necesaria coordinación entre el Ministerio Público y las Procuradurías de Protección para salvaguardas los derechos de niñas, niños y adolescentes.

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Vale la pena hacer un alto en aquellos temas que damos por hecho pero que, salvo una contingencia, volteamos a ver: ¿qué estamos haciendo para prevenir o resolver? Ejemplo de ello son las lluvias torrenciales que generan inundaciones cada vez menos “atípicas”, deslaves, aumentos de temperaturas, sargazo en los mares, entre muchos otros casos que inclusive han cobrado vidas en el mundo entero.

Únicamente en estos casos radicales nos damos cuenta que algo está cambiando, que el medio ambiente cada vez es más extremo y que tiene repercusiones en nuestras actividades diarias.

Bajo esta perspectiva, cobra relevancia que durante sus últimas sesiones desarrolladas en octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordenó contar con un relator especial en la materia y ha reconocido, por primera vez en su historia, que existe el derecho humano a un medio ambiente sano para proteger a las personas y al planeta, el aire que respiramos, el agua que bebemos y la comida que comemos.

Sólo unos días después, el Comité de los Derechos del Niño, en atención a la petición de un colectivo de niños analizó el cumplimiento de las obligaciones de Argentina, Brasil, Francia, Alemania y Turquia encontrando a estos países responsables internacionalmente por la violación a la vida, salud y cultura de los niños al no proveer medidas suficientes para prevenir las afectaciones ambientales en cada uno de esos países.

Valdría preguntar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Gobernación, al SIPINNA y al Senado de la República sobre la urgente necesidad de aprobar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones con la niñez de nuestro país, deuda pendiente que debe ser subsanada durante este sexenio.

En el ámbito interamericano debemos tener presente, entre muchos otros tratados, el Acuerdo de Escazú, publicado en abril de 2021, que establece obligaciones específicas para la justiciabilidad del derecho a un medio ambiente sano, así como obligaciones del Estado para garantizar el acceso a la información y la participación pública.

Por otro lado, debe tomarse en cuenta la opinión consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana que crea obligaciones de prevención, precaución, cooperación y procedimiento necesarios para respetar un derecho interdependiente e indivisible, ligado con el desarrollo sostenible y que constituye un derecho autónomo con connotaciones individuales y colectivas.

En el ámbito nacional la protección al medio ambiente resulta amplia y cuenta con una evolución constitucional y legal de poco más de 20 años, en la que convergen multiplicidad de normas que, incluso, ya han sido interpretadas por la Corte.

Hoy el tema ambiental ya no es un reto, sino una urgencia, tampoco es una mera coyuntura, sino una obligación que definirá la realidad de un país y su impacto en el mundo entero.