Progresivamente las Naciones, han desarrollado la idea de construir no solo gobierno abiertos, sino Estados abiertos, cuyas implicaciones no se limiten a mejorar los procesos de obtención de datos y acceso a la información que producen los entes públicos, si no a dar pie a todo un ejercicio cultural – incluso educativo – que permita el involucramiento, escrutinio y participación de los ciudadanos en el diseño y ejecución de las políticas públicas, sin importar si estas derivan de un gobierno, congreso o tribunal.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha definido al Estado abierto como la capacidad de implementación de políticas públicas innovadoras que permitan crear una nueva cultura de confianza hacia la ciudadanía, a través de esquemas de nueva generación tales como la modernización de la gestión pública y la aplicación de tecnologías de información a los procesos de gobernanza.

Ciertamente en México este tema no representa una novedad. A la par de los avances en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, desde 2011 nuestro país forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), iniciativa multilateral integrada gobiernos de todas las latitudes y organizaciones de la sociedad civil cuyos objetivos consisten justamente en impulsar modelos de gobernanza abiertos y horizontales para mejorar la colaboración entre la ciudadanía y las instituciones públicas a través de cuatro ejes fundamentales: transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y en el caso de México desde hace una década se han implementado algunos planes de acción que establecen compromisos enfocados a la apertura de todos los estratos del orden publico, con énfasis en elevar la calidad de vida de la población y la efectiva tutela de los derechos humanos.

Pero más allá de estas referencias, resulta evidente que el reto de construir un auténtico modelo de Estado abierto – al menos en México – representará una tarea que desdobla la meta de crear leyes y diseñar o replantear estructuras burocráticas.

En realidad, la apertura del Estado debe ser vista como un proceso progresivo de carácter más bien colectivo, en donde no solo de las instituciones públicas dependa la posibilidad de generar espacios y encontrar nuevas formas de interacción o comunicación entre el gobierno-sociedad y viceversa. Aquí, las organizaciones de la sociedad civil tendremos un papel crucial en las próximas décadas.

Por la novedad del tema, queremos proponer al lector dedicar los siguientes espacios a dos elementos que derivan de esta reflexión inicial: el parlamento y la justicia abierta. Tópicos que desde la experiencia de Early Institute comenzarán a dar mucho de que hablar sobre todo a partir de la necesaria apertura tecnológica en la que se encuentra la sociedad global.

Una de las conclusiones del diagnóstico enfatizaba la necesidad de mejorar el acceso y calidad de los servicios que afectan especialmente a los niños de los hogares más pobres y marginados del país en políticas como salud, alimentación, educación y prevención de la violencia.

Si bien la recomendación de UNICEF admite amplísimos márgenes de acción, es evidente que la prestación de servicios sociales de calidad hacia la infancia y adolescencia devela – en el fondo – que es imperativo fortalecer la coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, al tiempo que asegurar la dotación de recursos suficientes para emprender políticas públicas de alto nivel, especialmente en los estados y municipios.

Sería ingenuo pensar que por el simple hecho de estar previstos en la ley, los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, funcionan por arte de magia y de manera automática. En la práctica se ha comprobado que su puesta en marcha requiere poco más que la voluntad legislativa y la participación de los colectivos sociales.

La realidad es que a 7 años de haberse creado los mecanismos de protección previstos en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes estatales, su funcionamiento y efectividad ha sido precario e intermitente; en algunas regiones del país prácticamente es nulo.

Revertir esta situación no solo es tarea de la federación y las políticas centrales. Creemos, existe un actor clave que puede ser factor determinante para superar esta especie de “inacción pública” que se observa en la protección integral de la infancia mexicana. Nos referimos a los gobernadores de los estados.

El gobernador de cualquier entidad federativa es una pieza clave en el engranaje del sistema político nacional como responsable de los intereses generales de los estados y de la población en las localidades; posee el carácter de mandatario del mismo y funge también como un líder de gestión y dirección de asuntos de diversa índole que se hacen valer ante la Federación, los municipios, congresos y otras instituciones o personas jurídicas públicas o privadas.

Además de sus funciones esencialmente políticas, en la práctica los gobernadores cuentan con atribuciones suficientes para articular e imprimir dinamismo entre su gabinete y demás actores sociales involucrados en los sistemas de coordinación locales, como es el caso de los sistemas y procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes.

De los gobernadores depende, en buena medida, que dichos espacios dejen de ser meras figuras decorativas o burocracias adicionales, para convertirse en auténticas mesas de trabajo con el impulso presupuestal suficiente desde las cuales se diseñen, implementen y evalúen las políticas orientadas a la protección de la infancia.

En pocas semanas, 15 entidades de la república habrán de elegir precisamente a sus nuevos gobernadores, casi la mitad del gobierno territorial del país. Con ello se abre una nueva oportunidad de replantear las prioridades y la configuración de las agendas públicas.

Quienes estamos convencidos de que 40 millones de niñas, niños y adolescentes representan la mejor inversión para México, habremos de depositar en esta nueva generación de ejecutivos estatales un voto de confianza, pero al mismo tiempo, un margen de fiscalización ciudadana a su acción de gobierno si esta agenda no es atendida.

Son tiempos en donde se requiere volver a lo esencial y las nuevas generaciones nos necesitan, quizá, más que nunca.

No resultó novedoso que el proyecto presentado por la ministra Norma Piña y aplaudido por la mayoría de sus pares, tuvo como fundamento una visión meramente ideológica y un abordaje de escritorio.

Con argumentos parciales proporcionados por las organizaciones e informes de siempre, se brinda al máximo tribunal una supuesta idea basada en “derechos y progresividad” la cual da la espalda a una práctica que se encuentra visiblemente documentada a nivel global, y que ha sido objeto de múltiples recomendaciones de organizaciones internacionales por el mercado de lucro, trata, explotación y abuso de que son objeto mujeres y niños.

Bajo el lente de la realidad nacional, el proyecto de la ministra Piña ignoró que Tabasco es una de las entidades con los indicadores más significativos de rezago, pobreza y desigualdad social. Pasó por alto que las mujeres jóvenes captadas por las clínicas y orilladas por condiciones precarias en las que viven, se encuentran a merced de su situación económica y son obligadas a firmar contratos que atentan contra su dignidad y derechos fundamentales.

Sobre todo, el proyecto de resolución hizo a un lado el hecho incuestionable de que las niñas y niños que nacen bajo esta práctica son tratados como meros objetos de comercio, vulnerando sus derechos humanos más elementales como lo son: el derecho a la nacionalidad, a la identidad, a conocer su origen genético y/o biológico, así como a permanecer con su familia de origen.

El activismo y la ideologización que propenden resoluciones judiciales como la que nos ocupa, no pueden tener cabida en nuestra Corte pues desnaturaliza la esencia de su función como tribunal constitucional de los derechos humanos. Máxime cuando en el tema se cuentan con parámetros internacionales obligatorios como la Convención de los Derechos del Niño, protocolos y recomendaciones que expresamente advierten los riesgos de la explotación reproductiva.

Ante este escenario, no está de más vislumbrar los horizontes del derecho y no de la política. La voz disonante del Ministro Presidente Arturo Zaldívar durante la discusión, resulta un precedente esperanzador, pues fue la única ponencia capaz de ver más allá de la bruma del discurso ideológico, para señalar con impecable rigor técnico todo lo que resta por analizar, discutir y legislar sobre el tema.

Sobre todo, para responder a la imperiosa prioridad de ubicarnos en el mirador de la protección de los derechos de niñas y niños, porque ese es el camino de una sociedad justa con derechos y dignidades plenas.

En este último eje, desde Early Institute hemos apostado a que el diseño de todo plan de política pública y acción gubernativa ponga en el centro los derechos de las futuras generaciones; no como un tema de causas o banderas, sino como una apuesta estratégica de inversión y retornos sociales efectivos.

Particularmente en materia de niñez, quizá sirva a las gobernadoras y gobernadores electos durante este periodo de transiciones, echar una mirada al andamiaje institucional que durante la última década se ha construido en el estado de Yucatán.

Además de ser una entidad referente en materia de prevención de delito y seguridad ciudadana, Yucatán representa hoy por hoy uno de los pocos estados que han sabido llevar a la práctica – no solo en los derroteros del texto legal – la colaboración institucional y la planificación de políticas a largo plazo en favor de niñas, niños y adolescentes.

Ello se observa porque en Yucatán, el papel de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA) no es decorativo y muestra signos de madurez institucional. Se trata de una instancia especializada, con funcionarios capacitados que comprenden la necesidad de coordinación efectiva hacia el resto de las instituciones clave como la Fiscalía de Estado, el Sistema Estatal de Educación, la Secretaria de Salud, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y desde luego el congreso local.

Hoy en Yucatán, las autoridades estatales cuentan con información al mismo nivel en cuanto a las formas y tiempos para actuar con mayor efectividad, apegadas a plazos legales y conocen el papel de otras instancias vinculadas con la atención de los derechos de niñas, niños y adolescentes, lo que permite dar una atención idónea a sector de la población.

Pero quizá, el gran acierto de Yucatán en materia de niñez ha sido escuchar a la sociedad civil e involucrarla en la hechura de sus políticas públicas.

Esto ha sido posible, por ejemplo, gracias a la experiencia y trabajo colectivo de organizaciones como la Red de Protección a la Infancia de Yucatán integrada por asociaciones civiles, médicos, especialistas, padres de familia y maestros, quienes desde hace varios años, mantienen un diálogo permanente y constructivo con las instituciones locales para mejorar y revisar los mecanismos de protección de niñas y niños en dicha región.

Es una buena noticia que existan estos referentes en el país, ojalá la experiencia de Yucatán sirva como punta de lanza y sea revisada como una buena práctica a nivel nacional que permita incluir como prioridad la protección de niñas, niños y adolescentes en los planes y programas de los 15 nuevos gobiernos estatales que habrán de tomar posesión este año.

Me refiero a un hecho de particular significación política para el país en momentos en que, por primera vez en nuestra historia, a partir de enero del próximo año, asumirán el Poder Ejecutivo estatal un número importante de mujeres, posiciones a las deberá sumarse las correspondientes estructuras de la administración pública, así como las asambleas legislativas y ayuntamientos.

Con cierta proclividad y no menos profundidad, se han escrito diversos análisis que documentan el papel histórico de la mujer y su esfuerzo ascendente para ocupar espacios de decisión en el ámbito público. Sin embargo, el propósito que persiguen estas líneas consiste en colocar los reflectores a un suceso de tal envergadura para no caer en el error de considerarlo meramente coyuntural, pues la llegada de seis mujeres gobernadoras, más la jefa de gobierno de la Ciudad de México, constituye un detonante para impulsar cambios favorables en la forma de conducir las políticas estatales.

Además de la capital del país, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero y Tlaxcala, estarán gobernados por mandatarias que les caracteriza un bagaje de experiencia en la arena pública lograda a través del trabajo social y partidista, que abre la puerta para oxigenar la de por si atribulada congestión del mal gobierno local, acentuado por una reciente generación de gobernantes que pasó del escándalo a la cárcel por contubernios abiertos o simulados con el crimen.

La oportunidad a que hago referencia, permitirá con el liderazgo de las gobernadoras, configurar esquemas de gobierno bajo una visión vanguardista y con profundo sentido social, especialmente en favor de las poblaciones vulnerables como la niñez, las mujeres y los adultos mayores.

Además, no menos relevante es el hecho de que por primera vez la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), tendrá una participación con mayor presencia de mujeres. Será interesante ver si las mandatarias logran reavivar con sentido práctico y nuevo enfoque, la razón de ser de esta plataforma de colaboración intergubernamental frente a los retos del federalismo mexicano y considerando que desde ahí pueden impulsarse políticas con impacto no solo en la agenda local, sino en regiones estratégicas del país.

Tampoco debemos menospreciar los retos que enfrentarán las nuevas gobernadoras al asumir su gestión, pero en nuestra opinión dos de ellos pueden significar un punto de inflexión si logran abordarse con prioridad y estrategia.

Primero, atender las desigualdades sociales y avanzar en la tutela efectiva de los derechos humanos, cuya brecha se ha incrementado ante el contexto de las medidas dictadas para contener la pandemia por COVID-19. En este rubro, las gobernadoras – por su perfil y liderazgo natural – contarán con legitimidad y respaldo social para impulsar políticas de fondo que resuelvan los problemas de salud, educación, violencia y empleo.

Y, en segundo lugar, como hemos insistido desde la misión institucional de Early Institute, tenemos la convicción que las gobernadoras pueden hacer una apuesta estratégica en materia de inversión social para la seguridad y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, dando pie a nuevos planes y esquemas de gobierno que coloquen en el centro las políticas de cuidado y protección hacia las nuevas generaciones.

Desde luego que no se lanza una apuesta al vacío. Las gobernadoras, como quienes gobiernan en cualquier ámbito, necesitan asumir con valiente autocrítica, los graves riesgos que han llevado al país a potenciar la problemática en rubros que son vitales para una convivencia democrática y valores sociales. Si bien las gobernadoras tienen el uso de la palabra, la acción es corresponsabilidad de todas y todos.