Publicación original en Latitud Megalópolis 

Desde hace varios meses, hemos visto como prioridades de la agenda pública los asuntos de atención médica y la protección al derecho a la salud. Se ha puesto especial interés en proteger a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, donde destaca el énfasis en los cuidados y atención de las mujeres embarazadas que requieren una doble protección y compromiso, tanto con ellas, como con las niñas y niños que están por nacer.

La pandemia se suma a las adversidades que muchas mujeres enfrentan en el país, una de las más preocupantes es la violencia obstétrica. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en México es una problemática frecuente, tan sólo en el año 2016, cerca del 25% de las mujeres embarazadas, en parto o puerperio, reportaron haber enfrentado actos de violencia obstétrica.

Según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, la violencia obstétrica es el “maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, humillada y lastimada física o psicológicamente”. Es decir, hace referencia a todas aquellas acciones abusivas, irrespetuosas, negligentes o denegación a tratamientos o servicios durante el embarazo y sus etapas posteriores, en centros de salud públicos o privados.

No puede pasar desapercibido que la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) reconoce que la atención de la salud comienza desde el embarazo, lo que convierte inseparable y dual el cuidado de las mujeres encinta pues todo aquello que ocurra con su bienestar; o malestar, afectará directamente en el ejercicio pleno de los derechos humanos de sus hijas e hijos.

Por tanto, es necesario mirar con un enfoque de niñez la problemática de la violencia obstétrica, pues incluso antes de nacer, se reconoce el derecho al cuidado y trato digno, a la seguridad social de calidad, a recibir atención médica oportuna, así como al desarrollo integral que permita formarse y crecer física, mental y emocionalmente saludable. De tal manera, la violencia obstétrica también es cualquier omisión o acto del personal de salud que pone en riesgo la vida, salud, desarrollo e integridad de niños y niñas.

En ese sentido, en Early Institute estamos a favor de las políticas públicas que tomen en consideración de manera integral a la primera infancia y que lo hacen desde una perspectiva de derechos humanos. Un ejemplo de ello es la Ruta Integral de Atenciones (RIA) que es un paquete de atenciones y servicios universales mínimos para el desarrollo integral de las niñas y niños por nacer, así como durante la primera infancia. Esta Ruta se dirige también a mujeres embarazadas, cuidadores, personal de salud y agentes educativos.

La RIA forma parte de la ENAPI, por lo que es un mecanismo público adecuado para desplegar acciones transversales que mitiguen las desatenciones en el sector sanitario y que actualmente propician escenarios de violencia obstétrica. Exhortamos a las autoridades a que enfoquen corresponsablemente todos sus esfuerzos para proteger el derecho a nacer sin violencia.

Publicación original en ContraReplica

En marzo cumpliremos el primer año de la pandemia y, con la mirada vuelta atrás, nos damos cuenta que ese momento personalísimo denominado por Unamuno como El Sentimiento Trágico de la Vida ha estado presente con menor o mayor intensidad en nuestro subconsciente y en la discusión pública: la muerte.

Este panorama nos ha hecho enfrentar el duelo de manera permanente, desarrollar nuestra resiliencia, valorar el instante, repensar el porvenir y enfocarnos en aquello que es verdaderamente importante para cada uno de nosotros.

Hoy que ponemos en el centro de la discusión nuestro deseo de vivir y a la par esa realidad que tarde o temprano, con o sin pandemia, nos involucrará en lo individual, resulta indispensable pensar en la muerte digna y los cuidados paliativos como una prioridad de salud pública.

De conformidad con el Consejo de Salubridad General hay 5 tipos de enfermedades que matan a 40 millones de personas cada año: cardiovasculares, el cáncer, enfermedades respiratorias, la diabetes e insuficiencia renal, esto equivale a 70 por ciento de las muertes que se producen en el mundo, de las cuales 15 millones son prematuras y sólo 14 por ciento recibe asistencia paliativa.

El tema se vuelve mucho más complejo si consideramos a los niños que requieren de este tipo de cuidados debido a enfermedades que amenazan su vida, que se encuentran en situaciones de muerte prematura, con enfermedades progresivas, sin opción a tratamiento curativo o niños en condiciones de discapacidades severas no progresivas como parálisis cerebral infantil o lesiones medulares, pues según el propio Consejo, 98 por ciento de los niños que requieren de esta atención viven en países de ingresos intermedios y bajos.

En ese contexto, la OMS ha reconocido 3 elementos fundamentales para aplicar los cuidados paliativos: garantizar el acceso a medicamentos que eviten o disminuyan el dolor; la necesaria capacitación al personal médico para su utilización; y considerarlos como un servicio de salud esencial en la normatividad de cada país.

Vale la pena recordar que, a finales de 2018, el senador Miguel Ángel Mancera presentó una iniciativa de reforma constitucional para considerar la muerte digna a través de los cuidados paliativos como un derecho fundamental de los pacientes con enfermedad terminal sin posibilidades de cura, enfermedades limitantes o amenazantes de la vida y que ello en ningún momento significa eutanasia o suicidio asistido, sino paliar los efectos de la enfermedad.

La iniciativa fue aprobada por el Senado en 2019 y, desafortunadamente, ha permanecido en “la congeladora” de la Cámara de Diputados desde entonces. Las condiciones no son las mismas que hace 2 años, por lo que hoy, en un contexto de pandemia que nos ha alcanzado a todos, los cuidados paliativos son una opción para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, pues permitirán en cierta medida, aliviar el sufrimiento.

Publicación original en El Heraldo 

“Realizaba labores de aseo en una escuela, cuando di a conocer mi embarazo gemelar y de alto riesgo no se tomaron las medidas necesarias para que las actividades que realizaba no pusieran en riesgo mi salud. Por el contrario, se me asignó el aseo profundo de algunos salones”

“Un día al terminar de lavar los baños me sentí mal e informé a la directora quien me pidió continuara con mi labor despacito para que no me cansara. Tuve que trapear, mover muebles y cargar cubetas pesadas.

“Comencé a sentir mucho dolor y ahí presenté expulsión de mis dos bebés. Uno de ellos murió al día siguiente por prematurez extrema, mi otro bebé nació con problemas graves de salud y posteriormente perdió la vista”, señala el testimonio recabado en la Recomendación 54/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La discriminación laboral por embarazo es un problema de gran escala, mucho más frecuente y común de lo que se piensa. Generalmente se ha asociado con conductas como el despido y la solicitud de prueba de gravidez para la contratación o el ascenso. Sin embargo, abarca otras conductas como el hostigamiento laboral, la negación de ascenso, la reducción de salario, el cambio de horarios sin consentimiento de la trabajadora, la prohibición de ir al baño o sentarse, así como ordenar la realización de labores que pongan en riesgo la salud de la mujer embarazada y de su hijo(a).

En el mismo sentido, los alcances de este tipo de violencia poco se visibilizan, pareciera que se trata de una mera problemática de carácter laboral, pero no es así. El rechazo al embarazo y la maternidad en los espacios públicos tiene implicaciones pueden afectar múltiples derechos de la mujer embarazada, de su bebé y su familia.

En lo que se refiere a su hija o hijo, la forma en la que se desenvuelva el embarazo impactará directamente en el desarrollo de la primera infancia. De acuerdo con el informe La Discriminación Laboral por Embarazo publicado por Early Institute, este tipo de violencia puede provocar bajo o muy bajo peso al nacer, mayor reactividad al estrés, parto pretérmino -como en el testimonio que aquí comparto- y aborto espontáneo.

Así pues, se observa la falta de un enfoque con perspectiva de niñez que visibilice el impacto que la discriminación deja no solo en la mujer, sino también en la vida, salud, integridad y desarrollo de las niñas y niños que nacerán. Lo anterior refleja que el problema tiene alcances tan amplios que nos definen como comunidad: ¿qué tipo de sociedad somos, si no garantizamos un ambiente sano y seguro para las niñas y niños en su primera infancia?

Por lo anterior, es importante posicionar esta problemática en el debate público; sensibilizar sobre lo que es y puede implicar; e involucrar a personas empleadoras, tomadoras de decisión y mujeres trabajadoras en su combate.

Precisamente el pasado 29 de marzo, en una acción paradigmática, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al Senado de la República que llame a comparecer a la Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional por no acatar su Recomendación 62/2020 emitida el 26 de noviembre de 2020, en un caso de discriminación laboral por embarazo. Celebremos la acción de la CNDH para poner esta problemática como un tema prioritario en la agenda pública, hoy más que nunca es necesario que comencemos a visibilizarla y actuar para prevenirla.