Publicación original en El Sol de México 

En un tema tan indignante y doloroso como es la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (NNA), todo esfuerzo para erradicarlo es bienvenido y necesario, pero hay que hacer cada vez más.

En 2019, México registró 51 mil 662 delitos sexuales en contra de este sector, lo que equivale a un aumento de 20% con respecto a 2018. La situación es alarmante y se agrava por la falta de una perspectiva de niñez en su combate, entre otros factores de carácter legal.

Para empezar, en nuestro país, tanto la Federación como los estados tienen las facultades para crear y reformar los tipos penales que crean necesarios en sus respectivas jurisdicciones. Esto genera una diversidad de tipos penales en cada entidad federativa, los cuales carecen de lineamientos homologados, claros y objetivos.

Esto viene al caso porque hoy se cuenta con al menos 40 delitos sexuales tipificados en los 32 estados de la República Mexicana y a nivel federal. En resumen, el problema de esta diversidad: a) crea confusión de las conductas sancionadas; b) la legislación penal no respeta el interés superior de la niñez; y c) hay interpretaciones que llevan a la impunidad y poco acceso a la justicia.

En particular, y por mencionar una consecuencia de esta heterogeneidad, hoy 30 estados (junto con la Federación) regulan el abuso sexual en contra de NNA con distintos nombres, mientras que Aguascalientes y Nayarit no contemplan ningún tipo penal específico en sus códigos penales bajo esa denominación, sino como atentados al pudor. Evidentemente esto minimiza el problema. Es así como la multiplicidad y la falta de homologación de delitos, origina una falta de visibilización y abre la posibilidad de que los delitos de esta índole queden sin castigo.

Es obligación del Estado, en corresponsabilidad con los particulares, prevenir, atender, denunciar y sancionar la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, pero urge que el problema se atienda con una perspectiva de niñez, hasta ahora inexistente.

Actuar con este enfoque implicaría, según el Análisis de los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes en México, editado por Early Institute: “el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como personas titulares de derechos, con base en el respeto de su dignidad, vida, supervivencia, bienestar, salud, desarrollo, participación y no discriminación, garantizando el disfrute de sus derechos de manera integral”.

Lo anterior porque cuando un niño, niña o adolescente sufre de violencia sexual, no solo se da una afectación de carácter sexual, sino que se violentan otros derechos.

Hay que decir que en los últimos meses se ha propuesto en el Congreso de la Unión, la creación de un Código Penal Único que homologue los delitos de abuso sexual contra NNA en todo el país. La propuesta, además de buscar la unificación de criterios en torno a estas graves faltas, también homologaría las penas. Hoy, por ejemplo, en Yucatán se prevén sanciones de uno a cinco años de prisión y de 40 a 100 días de multa; mientras que en Veracruz se establecen de seis a 12 años de prisión y hasta dos mil días de multa, debido a que la configuración de los delitos es diferente.

Por la relevancia de atender esta problemática de una manera distinta a como se ha estado haciendo, Alumbra Contigo —iniciativa de Early Institute que reúne a más de 40 aliados en una comunidad de conocimiento— pone a disposición una plataforma con recomendaciones a padres y educadores para identificar la violencia sexual contra NNA, ofrecer asesoría telefónica y canalizar denuncias. Asimismo, da a conocer una serie de estadísticas sobre el tema en su portal alumbramx.org que está disponible para quien desee más información. Nuestras intenciones son contundentes: por un lado, visibilizar las deficiencias en el respeto, la protección y la garantía al acceso a una vida sin violencia de este grupo social, pero sobre todo, evitar que se enfrente a una de las experiencias que, sin duda, deja huellas muy profundas de por vida.

Publicación original en El Heraldo 

De acuerdo con un reporte de la UNESCO, el COVID-19 ha traído consigo la mayor interrupción simultánea de servicios educativos de la historia reciente a nivel global y ha afectado a más de 90% de la población mundial de estudiantes, desde la educación preescolar hasta la superior.

Desgraciadamente, con la educación a distancia han llegado también grandes costos. Las restricciones socioeconómicas y las brechas digitales son factores que condicionan el acceso a internet y la disponibilidad de equipo de cómputo, elementos ahora esenciales para el ejercicio del derecho a la educación. Situación que incrementa el grado de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos estudiantes y la brecha que separa a las poblaciones más marginadas.

Además de la pérdida de aprendizajes y la desvinculación educativa, existen otros factores que afectan principalmente a la niñez: las escuelas aportan mucho más que solo formación académica, en ellas niñas y niños desarrollan su personalidad, habilidades para la vida y, en muchas ocasiones, su estado de salud. Ante su ausencia, el acceso a la salud -física y emocional-, alimentación y protección social se ha visto obstruido.

Por un lado, el aislamiento social ha traído consecuencias psicosociales y de salud mental para niñas y niños; sin interacciones, amistades, cuidadores responsables y las redes de apoyo que representan las escuelas, se encuentran “aislados” y desmotivados para aprender. Según los reportes de Alumbra Contigo -centro de apoyo psicológico para atender a niñas, niños y adolescentes en situaciones de violencia y crisis emocionales-, la depresión es la causa principal para pedir ayuda en menores de edad desde que comenzó la pandemia.

Por otra parte, los centros educativos también representan acceso a alimentos nutritivos para muchas niñas y niños de escasos recursos, UNICEF ha reportado que desde que comenzó la pandemia, se han perdido más de 39.000 millones de comidas escolares en todo el mundo debido al cierre de las escuelas.

Por desgracia, el regreso a las aulas parece todavía incierto y lejano para la mayoría de las y los estudiantes de México. Paralelamente, el porcentaje de deserción escolar se ha incrementado abruptamente. Ante la falta de todos los beneficios que los planteles educativos brindan y frente a los obstáculos que la educación a distancia ha traído, las y los estudiantes se han visto orillados a suspender sus estudios. Tan solo por nombrar un ejemplo, de acuerdo con la investigación de varios medios periodísticos, hubo un incremento del 229% en la suspensión de estudios del alumnado de bachillerato y licenciatura de la UNAM en el último año.

En definitiva, la decisión de reabrir las escuelas es apremiante e implica un gran reto: exigirá un mayor esfuerzo en la planificación y asignación adecuada de recursos para el sector educativo, pero valdrá la pena con tal de disminuir las consecuencias negativas que ha traído consigo la educación a distancia.