Publicación original en El Financiero

En días pasados estaba previsto discutir en el Congreso de la Ciudad de México la llamada Ley de Infancia Trans, impulsada por la diputada Paula Soto del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). La sesión no se llevó a cabo, no obstante es oportuno señalar tan sólo algunas de las implicaciones de dicha iniciativa.

La reforma propuesta tiene por objetivo reformar el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles locales en materia de rectificación de actas de nacimiento por reasignación sexogenérica. Esto para que niñas, niños y adolescentes puedan solicitar una nueva acta de nacimiento en reconocimiento a su identidad de género sin necesidad de presentar una demanda ante un juez de lo familiar.

La diputada promovente alude a que la llamada “identidad de género” es según su dicho, un derecho humano, motivo por el cual a los ciudadanos –en este caso niños, niñas y adolescentes– se les debe garantizar su ejercicio, ya que son titulares como en el caso de una persona adulta.

Lo que no se dice es que la iniciativa representa riesgos graves para los menores de edad en varias líneas. Para empezar, la rectificación de actas para el cambio de sexo en menores de edad es incompatible con diversas instituciones jurídicas que establecen derechos y obligaciones y genera contradicciones con las relaciones del derecho de familia. De igual modo, pone en riesgo la identidad y seguridad de este grupo, ya que este tipo de acciones puede emplearse para generar actos de simulación jurídica, falsificación de documentos, suplantación de identidad, hasta incluso facilitar el tráfico y la trata de menores, entre otras afectaciones.

Asimismo, el dictamen parte de que un menor de edad tiene la capacidad jurídica, física, emocional y mental de decidir un cambio de esta magnitud, sin embargo, es evidente que hay una mala interpretación del principio de autonomía progresiva del menor. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que la reasignación sexual constituye una decisión que influye decisivamente en el proyecto de vida de la persona y en todas sus relaciones dentro de la sociedad. Esta iniciativa de reforma ignora que difícilmente una niña o un niño tiene la capacidad y madurez para entender y hacerse responsable de una decisión tan delicada que, actualmente, toma un juez civil previo análisis y presentación de estudios diversos para la justificación de dicha reasignación.

De aprobarse esta reforma, dejaría fuera la investigación y validación por parte del juez reduciendo dicha decisión a un mero trámite administrativo.

De igual modo, si se aprueba el Congreso de la Ciudad de México violaría de manera directa la Constitución federal, ya que desde 2017, sólo el Congreso de la Unión tiene la facultad para expedir legislación en materia procesal civil y familiar. En tanto no se emita el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, los estados carecen de facultades para legislar sobre el tema.

Pero todavía hay más. Por tratarse del cambio de nombre en un acta, a través de un trámite administrativo, la reforma habla de la designación de un “representante especial”, cuando alguno de los padres o tutores se oponga al cambio de género. Sin embargo, esta figura “especial” no cuenta con una regulación específica en el derecho civil y sus alcances no son claros.

En Early Institute sabemos que las experiencias que viven los niños, niñas y adolescentes, en sus primeros años, influyen de manera determinante en su futuro, por ello abogamos por iniciativas de ley y reformas bien fundamentadas y responsables que garanticen la salvaguarda integral de los ciudadanos, en particular de los más vulnerables.

Con motivo de la celebración del Día de Reyes, la Comunidad de Conocimiento Alumbramx y Early Institute, hacen un llamado a padres, tutores y cuidadores a que actúen de manera informada y responsable con la compra de dispositivos móviles, tabletas o computadoras portátiles, para evitar que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de violencia y delitos sexuales en línea que dañen su integridad física o emocional.

Según cifras de la Unicef, un 80 por ciento de los delitos cometidos en línea son contra menores de 18 años y uno de cada tres usuarios de internet en el mundo son niños y adolescentes, precisó Alumbramx y Early Institute, el único think tank en México especializado en primera infancia.

Sin negar su utilidad como herramientas de aprendizaje, desarrollo  y entretenimiento, precisaron,  los dispositivos móviles son también un factor de riesgo, en caso de no ser utilizados con el acompañamiento adecuado tratándose de población infantil, ya que existen muchas condiciones de vulnerabilidad para niños, niñas y adolescentes.

En víspera de este seis de enero, en ocasión de la llegada de los “Reyes Magos”, una tradición con un fuerte arraigo en la sociedad mexicana, dijeron las organizaciones, es necesario considerar que la creciente demanda de los llamados “gadgets” de última generación, son  también mecanismos para la comisión de delitos contra menores de edad.

Según datos y estudios de www.alumbramx.org, un proyecto colaborativo de Early Institute, ningún menor de edad está a salvo de ser víctima de alguna práctica delictiva contra su integridad o identidad de manera virtual.

De acuerdo con la UNICEF, precisó Alumbramx, en la actualidad a nivel global se registra un incremento de delitos sexuales cometidos en línea en contra de personas menores de 18 años, que incluyen la autogeneración de contenidos inadecuados e ilegales hasta la realización de materiales sexuales obtenidos de manera no consentida.

Conectados bajo el amparo de una falsa identidad en redes sociales o aplicaciones digitales, personas sin escrúpulos cometen una serie de prácticas invasivas a la intimidad e identidad de menores de edad que van desde el ciberacoso, el grooming, el sexting y el ciberbullying hasta la trata y explotación infantil, entre otros.

Ante esta problemática, en pleno apogeo del uso de dispositivos móviles, los padres de familia deben considerar a la tecnología como aliada y no un factor de riesgo para niños y jóvenes., pero con el debido acompañamiento hacia niñas y niños.

En ese sentido, la comunidad de www.alumbramx.org exhorta a padres y tutores a actuar con decisión y fortalecer los mecanismos  para proteger de amenazas a niños, niñas y adolescentes en el cada vez más extenso universo digital.

La corresponsabilidad comienza con la propia actuación de padres y cuidadores ante el uso de redes, aplicaciones, juegos y otros  mecanismos de interacción digital, por lo que deben evitar compartir información propia y de su familia ya que la evidencia muestra que muchos de los perfiles activos en las plataformas son falsos y de alto riesgo.

La recomendación que formula Alumbramx-Early Institute es contundente, por la seguridad de niñas, niños y adolescentes y la de los propios padres y cuidadores: no compartir fotografías de menores, ni personales, tampoco información personal de cualquier índole.

Por ello hicieron las siguientes recomendaciones a quienes regalan y/o utilizan dispositivos electrónicos con acceso a internet:

Cuida tu privacidad, analiza qué información guardas en los dispositivos electrónicos y garantiza  que está protegida con contraseñas sólidas de acceso a tus aparatos digitales.

• Asegúrate de mantener apagada la red Bluetooth.

• Evita conectarte a redes públicas, de ser así no la guardes como confiable.

• Bajo ninguna circunstancia compartas imágenes o fotografías privadas. Especialmente no compartas fotos de tus hijos o de niñas, niños y adolescentes ya que pueden ser utilizadas con fines ilegales.

• Acompaña a tus hijos con el uso de medios digitales.

• Con­figura tus redes sociales de manera en que sólo las personas que te conocen puedan acceder a ella.

• Mantén actualizado tu celular y aparatos digitales, de esa manera evitas que un hacker pueda fi­ltrarse en tu información.

• Antes de compartir cualquier información piensa:

– ¿Qué quieres compartir?

– ¿Por qué lo quieres compartir?

– ¿Dónde quieres compartirlo?

– ¿Con quién lo quieres compartir?

– ¿Cuántas personas quieres que lo sepan?

Y después decide si lo compartes o no.

Asimismo, evita utilizar la misma contraseña para todas tus redes sociales o correo electrónico.

Publicación original en ContraReplica

El 10 de diciembre se publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 que representa el mapa de ruta que la Secretaría de Gobernación se ha planteado para los próximos 4 años.

El documento nos advierte sobre las deficiencias que de alguna u otra manera ya conocemos: tenemos un campo infinito de normas, instituciones y programas tan poco articulados que ni Kafka en sus mejores momentos habría imaginado; el presupuesto es poco y las necesidades muchas; los servidores públicos tienen escasa capacitación en derechos humanos; y existe una limitada capacidad institucional.

Más allá de las justificaciones expresadas de cómo llegamos a este punto, el documento establece un plan de acción de aquello que sí se puede hacer y que podría resultar eficaz si se pasa del papel a la acción brindando soluciones desde la raíz. Como punto de partida se busca crear un Sistema de Derechos Humanos que, de hacerse realidad, unificará las actividades que están dispersas entre varias autoridades y dependencias.

Aunque parezca algo hetereo y lejano, es relevante y necesario. Hoy una niña víctima de violencia sexual puede ser atendida de manera poco coordinada al menos por 5 autoridades: un hospital público, las procuradurías de protección, la comisión ejecutiva de atención a víctimas, el ministerio público y un juez, que en su afán de hacer lo que les toca, pueden revictimizar en vez de ayudar.

Si este nuevo sistema funciona, estaremos dando los pasos necesarios para dejar atrás la atención burocrática con múltiples ventanillas que aplican su normatividad como si fuera una cadena de producción, pero que no resuelve el problema al no generar una atención colaborativa, “transversal” e “interseccional” con otros “departamentos” que garanticen la atención que merecemos.

De igual forma, el Programa reconoce deudas históricas con los grupos en situación de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, la comunidad LGBTTTIQ, pueblos y comunidades indígenas y personas afromexicanas.

Entre las acciones puntuales que merecen mención aparte encontramos el impulso de reformas laborales para aumentar los días de las licencias de maternidad o paternidad en caso de nacimiento o adopción de una hija o hijo, además, busca implementar medidas de asistencia, atención y apoyo especializado para niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia, garantizando así un enfoque de niñez.

Cabe señalar que desde hace más de 15 años en Early Institute impulsamos y reconocemos las políticas públicas que favorecen las licencias de paternidad, pues fomentan el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes, así como la protección integral y coordinada de niñas y niños en casos de violencia sexual.

Finalmente, el programa propone temas que conllevan polarización y, como en otras ocasiones, llevarán el discurso a debates públicos de blancos y negros y en los que, atendiendo a la máxima aristótelica, los extremos nunca serán la respuesta correcta.

Publicación original en 24 Horas 

Mientras que la digitalización de las escuelas continúa y se mantienen las medidas restrictivas sanitarias para contener la propagación del COVID-19, los niños pasan su tiempo libre en casa, donde el internet les ha brindado la posibilidad de ver videos, jugar e interactuar con sus amigos a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Sin embargo, un problema que no ha mantenido una sana distancia durante la pandemia, ha sido el ciberacoso que representa un inminente riesgo para niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con la EUROPOL, las restricciones de viaje y otras medidas durante la pandemia probablemente han provocado que la violencia que se estaba ejerciendo en espacios como la escuela, trabajo o en la vía pública, se trasladen a las redes sociales y se ejerza vía digital. Si bien la crisis de COVID-19 ha provocado un aumento de este tipo de violencia, los niveles altos ya existían antes de la pandemia.

Particularmente, en México, el Módulo de Ciberacoso publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó una tasa de crecimiento del 32% de 2017 a 2019 en víctimas de ciberacoso adolescentes de entre 12 y 17 años. En 2019, el 27% de las y los adolescentes que tienen acceso a internet de este grupo de edad fueron víctimas de ciberacoso.

Las conductas de ciberacoso más reportadas por los adolescentes son mensajes ofensivos (44%), provocaciones para reaccionar negativamente (31%), contacto por identidades falsas o mejor conocido como grooming (31%), e insinuaciones o propuestas sexuales (25%).

Además, 6 de cada 10 víctimas adolescentes reportaron desconocer a su agresor, 37% reportó a un amigo(a) y 18% a un compañero de clase.

El daño resultante de ser víctima de este delito es severo, algunas de las consecuencias pueden ser depresión, ansiedad, descenso de autoestima, desconfianza, cambios de humor repentinos y bruscos, bajo rendimiento académico, aislamiento social y suicidio. Además, es importante mencionar que, particularmente para las personas que comparten imágenes o videos de tipo sexual se puede dar una victimización repetida.

A pesar de que los ministerios públicos han permanecido abiertos en los últimos meses, sólo el 0.2% de los ciberacosos son denunciados ante el ministerio público o policía y únicamente el 5% se reporta con el proveedor de servicio o la plataforma.

Dada la estadística, y con el objetivo de visibilizar y prevenir esta problemática, ALUMBRA, una iniciativa de Early Institute, creó una plataforma digital alumbramx.org que pone al alcance de todos y en un mismo punto consejos para padres, madres, cuidadores y todo responsable de niñas, niños y adolescentes así como información sobre cómo denunciar cuando la violencia en línea ya se ha presentado.

Un problema de tales dimensiones apela a la responsabilidad colectiva y a actuar como guardianes, especialmente de niños, niñas y adolescentes que requieren de protección. Es de vital importancia contar con controles parentales y, como adultos, poner especial énfasis a educación digital, que las niñas, niños y adolescentes conozcan qué información es privada y cuál es pública, así como asegurarse que entiendan que un adulto puede aprovecharse del anonimato de la red, para dañarlos.

Prevenir e identificar un ciberacoso a tiempo es toda la diferencia. Es de vital importancia unificar esfuerzos para garantizar la seguridad y protección de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. No dejemos que caigan en sus redes.

Publicación original en 24 Horas 

Desafortunadamente, existe una línea muy fina entre lo que se considera privado y público cuando se trata del internet debido a que la información que puede considerarse privada está a sólo un clic de volverse pública y viralizarse. Lo anterior, es especialmente alarmante cuando la difusión de información incluye contenido sexual de menores de edad.

En los últimos años se ha puesto especial interés en la necesidad de la perspectiva de niñez al juzgar delitos, como la violencia sexual que ocurre en internet, para evitar la revictimización. Se reconoce que, debido a fallas en el sistema judicial, es común que una víctima reviva la situación traumática. Sin embargo, poco se habla de la revictimización que sufren niños, niñas y adolescentes cada vez que una imagen o video con contenido sexual se observa y/o difunde por millones de “usuarios”.

Cada vez existen más víctimas de este complejo fenómeno. Por ejemplo, en 2019 el Módulo de Ciberacoso generado por el INEGI, reportó que 3 de cada 10 adolescentes de entre 12 y 17 años con acceso a internet fue víctima de ciberacoso en el último año.

Un dato muy relevante respecto a los agresores es que no son únicamente personas desconocidas, pues 4 de cada 10 víctimas reportó a un amigo(a) y 2 de cada 10 víctimas a un compañero de clase.

En relación con lo anterior, un fenómeno poco visibilizado es el sexting. Esta es una nueva práctica extendida en la cual se intercambian imágenes o videos de contenido sexual lo cual implica una conducta de alto riesgo, particularmente para niños niñas y adolescentes.

La realidad es que en el momento en el que se envía cualquier contenido sexual, la víctima pierde control sobre el mismo, y este puede ser compartido a innumerables personas sin la autorización para difundir. Estas imágenes o videos incluso pueden llegar a subirse a internet en plataformas que ponen a disposición de un tercero este tipo de materiales, como, por ejemplo, un sitio web de pornografía.

Resulta muy relevante subrayar que este tipo de conductas son una grave forma de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, así como también lo es ser “usuario” de dichos materiales.

Sufrir violencia sexual en internet constituye una experiencia que influye en el desarrollo cognitivo, afectivo y social de las niñas, niños y adolescentes. Además, por su naturaleza, cada vez que es compartido o se le da un clic a este tipo de contenidos, se alimenta un proceso de revictimización persistente.

Socialmente la revictimización se potencia y como consecuencia la víctima sufre de aislamiento social, vergüenza, miedo, soledad, autoinculpación, indefensión, paranoia, e impotencia. Lo cual implica, en muchos casos, que la víctima se vea en la necesidad de cambiar por completo de contexto ya sea en el ámbito escolar o incluso geográfico. E incluso el que intente o complete un suicidio.

¿Quién es responsable?
Por lo anterior, resulta realmente preocupante que se invisibilice a los victimarios de esta situación. Si bien, el victimario directo es quien obtuvo la imagen o video y difundió, cada persona que da un clic, que lo observa, que lo comparte, contribuye a esta fuerte revictimización.

La revictimización sucede no sólo por autoridades que no atienden a las víctimas, o por procesos burocráticos que hacen repetir una y otra vez una experiencia de violencia, sino desde cada individuo de una sociedad que es incapaz de poner un alto a la revictimización.

Un problema de tales dimensiones apela a la responsabilidad colectiva y a actuar como guardianes, especialmente de niños, niñas y adolescentes que requieren de protección. Necesitamos personas protectoras, preparadas e informadas para prevenir y mitigar los daños; apoyar a las víctimas y no contribuir a su revictimización.

Solo a través de la unificación de esfuerzos como sociedad es posible garantizar la seguridad y protección de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

Publicación original en El Heraldo 

De acuerdo con un reporte de la UNESCO, el COVID-19 ha traído consigo la mayor interrupción simultánea de servicios educativos de la historia reciente a nivel global y ha afectado a más de 90% de la población mundial de estudiantes, desde la educación preescolar hasta la superior.

Desgraciadamente, con la educación a distancia han llegado también grandes costos. Las restricciones socioeconómicas y las brechas digitales son factores que condicionan el acceso a internet y la disponibilidad de equipo de cómputo, elementos ahora esenciales para el ejercicio del derecho a la educación. Situación que incrementa el grado de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos estudiantes y la brecha que separa a las poblaciones más marginadas.

Además de la pérdida de aprendizajes y la desvinculación educativa, existen otros factores que afectan principalmente a la niñez: las escuelas aportan mucho más que solo formación académica, en ellas niñas y niños desarrollan su personalidad, habilidades para la vida y, en muchas ocasiones, su estado de salud. Ante su ausencia, el acceso a la salud -física y emocional-, alimentación y protección social se ha visto obstruido.

Por un lado, el aislamiento social ha traído consecuencias psicosociales y de salud mental para niñas y niños; sin interacciones, amistades, cuidadores responsables y las redes de apoyo que representan las escuelas, se encuentran “aislados” y desmotivados para aprender. Según los reportes de Alumbra Contigo -centro de apoyo psicológico para atender a niñas, niños y adolescentes en situaciones de violencia y crisis emocionales-, la depresión es la causa principal para pedir ayuda en menores de edad desde que comenzó la pandemia.

Por otra parte, los centros educativos también representan acceso a alimentos nutritivos para muchas niñas y niños de escasos recursos, UNICEF ha reportado que desde que comenzó la pandemia, se han perdido más de 39.000 millones de comidas escolares en todo el mundo debido al cierre de las escuelas.

Por desgracia, el regreso a las aulas parece todavía incierto y lejano para la mayoría de las y los estudiantes de México. Paralelamente, el porcentaje de deserción escolar se ha incrementado abruptamente. Ante la falta de todos los beneficios que los planteles educativos brindan y frente a los obstáculos que la educación a distancia ha traído, las y los estudiantes se han visto orillados a suspender sus estudios. Tan solo por nombrar un ejemplo, de acuerdo con la investigación de varios medios periodísticos, hubo un incremento del 229% en la suspensión de estudios del alumnado de bachillerato y licenciatura de la UNAM en el último año.

En definitiva, la decisión de reabrir las escuelas es apremiante e implica un gran reto: exigirá un mayor esfuerzo en la planificación y asignación adecuada de recursos para el sector educativo, pero valdrá la pena con tal de disminuir las consecuencias negativas que ha traído consigo la educación a distancia.

Publicación original en ContraReplica

Imagine que es dueño de un equipo deportivo y solicita formar parte de una contienda mundial. Los requisitos son muchos, los parámetros y la capacidad de los contrincantes, bastante alta, pero a pesar de ello, decide hacer su solicitud y es admitido.

El desempeño de su equipo es promedio, sus números y forma de juego lo posicionan a mitad de la tabla. Después de una trayectoria de 25 años formando parte de la liga, llega el momento de impulsar una reestructura en su equipo, generar nuevas estrategias, directivos y jugadores para estar a la altura en la contienda contra los equipos referentes del mundo.

Sus estrategias y sus números mejoran, tiene mayor control y soporte, más reconocimiento nacional e internacional, el juego se visibiliza cada vez más, se hace popular y es replicado en todo el país, los estados y municipios, haciendo ver que aquello que está en juego importa, e importa mucho.

A pesar de los avances, después de 5 años se empieza a dudar del equipo y del camino recorrido, se comenta que la estrategia no sirve, que es vaga, que es mejor eliminar la estructura, economizar, quitar al directivo y entregarle las actividades a otro equipo que, si bien tiene actividades similares, no juega el mismo deporte.

En esta contienda se juegan las políticas públicas que inciden en más de 38 millones de niñas, niños y adolescentes; su salud, nutrición, seguridad, educación, vida libre de violencia y sano desarrollo, entre muchos otros derechos.

Desde 1990 México decidió formar parte de la “liga universal” denominada “Convención de los Derechos del Niño” con el objetivo de impulsar y tener como principal referente de sus actuaciones a la niñez. Sólo después de 24 años, en 2014, logró impulsar de manera efectiva este torneo con la creación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que da origen al “Director Técnico”, que es el SIPINNA (Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes), capaz de promover, defender y coordinar las acciones de todos los jugadores.

A 5 años de su existencia, el SIPINNA se ha replicado en las 32 entidades federativas del país y en más de mil 800 municipios, lo que ha implicado una labor de coordinación sustantiva con actores públicos, privados y sociales y el reconocimiento internacional de actores clave como Unicef o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hoy, tenemos mensajes encontrados que nos hacen pensar que la niñez ya no importa, que el interés superior de niñas, niños y adolescentes pasa a segundo término y, en un afán de concentración de actividades en unas pocas dependencias, se corre el riesgo de desaparecer órganos especializados que sí funcionan.

Al final, el torneo en el que nos jugamos el bienestar de la niñez mexicana sigue su curso, pero corremos el riesgo de perder los avances que como país nos tomaron más de 30 años.

Publicación original en El Heraldo 

Por un lado, es cierto: Según los resultados que arroja la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, el 76% de las mujeres que dijeron haber sufrido violencia sexual antes de los 15 años reportaron que sus agresores eran familiares o conocidos. Solo el 24% reportó que se trataba de un desconocido. Así pues, dentro de esta estadística y considerando que en varios casos las mujeres fueron abusadas por más de una persona, el 43% lo ocupa el tío, el 33% un primo y el 18% un hermano.

Sin embargo, el hecho de que las personas agresoras en su mayoría se encuentran en la familia o cerca de ella no convierte a la violencia sexual ejercida contra niñas, niños y adolescentes un problema “de familia”; todo lo contrario, el primer error en el que caemos como sociedad es creer que se trata de temas que se deben de resolver en la esfera de lo privado.

¿Qué justicia podemos esperar para la víctima si el agresor es juez y parte?

Desgraciadamente, la violencia sexual infantil en muchas ocasiones se ejerce en un ambiente de complicidad, confianza “ciega”, coerción y/o dependencia económica que protege a la persona agresora y mantiene su agresión en secreto generación tras generación.

Entonces, ¿cómo debemos actuar ante sospecha o conocimiento de este tipo de violencia?

En primer lugar, se trata de un delito que debe ser denunciado ante las autoridades competentes para que el agresor sea sancionado y evitar que continúe ejerciendo violencia y/o violentando a más personas. A la par, se le debe brindar apoyo psicológico a la víctima para que pueda iniciar su proceso de reparación y entienda que ese acto o actos ejercidos en su contra no la definen.

La violencia sexual ejercida en contra de niñas, niños y adolescentes es un problema de orden público, que nos atañe a todas las personas. Debemos involucrarnos, asumir este problema como nuestro y exigir la intervención de las autoridades. No permitamos que el secreto familiar encubra agresores sexuales.

Si nuestra niñez está sufriendo de este tipo de violencia, si no les estamos protegiendo, en unos años toda la sociedad vivirá las secuelas de su omisión.