Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de:  El Financiero

Nuestro país se ha quedado atrás en el cumplimiento de los derechos de niñas y niños desde sus primeros años de vida, mientras países de nuestra región apuestan por la infancia con una visión de largo plazo.

En la búsqueda de soluciones a problemáticas sociales, es esencial establecer alianzas y conformar, de manera integral, un abanico de posibilidades. Es por ello que, en respuesta a las necesidades de las niñas y los niños de México, se organizó el foro “Prioridades de Atención de la Primera Infancia 2024-2030”, encabezado por el Senado de la República. Al encuentro acudieron, además de los legisladores, investigadores, académicos y líderes de organizaciones para trabajar de manera conjunta en políticas públicas a favor de los 12.4 millones de niñas y niños que integran la primera infancia mexicana.

Todos los participantes coincidieron en que este sensible sector enfrenta grandes desafíos inmediatos, siendo los principales los relativos a la violencia, la pobreza, la carencia de vacunación, la desnutrición y la falta de una crianza positiva.

El foro se dio en el marco del análisis y la discusión de la iniciativa para la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, planteado por la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que el objetivo fue exponer una serie de recomendaciones para que sea un proyecto viable y sólido. Sobre todo, porque las niñas y los niños no pueden esperar para que sus problemas y necesidades sean resueltos.

La participación de Early Institute —el único think tank mexicano especializado en primera infancia— estuvo a cargo de los investigadores Renata Díaz Barreiro Castro y Cándido Pérez Hernández, expertos en el tema de la niñez mexicana. En sus intervenciones frente a la senadora Anahí González Hernández, del partido Morena y quien organizó el foro, señalaron: “La primera infancia no puede esperar. Nuestro país se ha quedado atrás en el cumplimiento de los derechos de niñas y niños desde sus primeros años de vida, mientras países de nuestra región apuestan por la infancia con una visión de largo plazo. Hoy hay una nueva oportunidad para atender necesidades prioritarias en este ámbito”.

Entre los puntos torales se destacó acabar con la pobreza extrema que viven 1 de cada 10 niñas y niños en primera infancia, quienes además enfrentan violencia doméstica y fuera de su hogar. Urge la creación de entornos seguros para su desarrollo integral y, por lo tanto, asegurar el acceso efectivo a la justicia que garantice su protección.

Asimismo, se reconoció la importancia de fortalecer los cuidados desde la atención prenatal hasta el puerperio, asegurando que los centros de salud cuenten con equipos y personal capacitado para atender procedimientos de rutina, así como para prevenir y atender enfermedades y emergencias obstétricas.

El foro “Prioridades de Atención de la Primera Infancia 2024-2030” fue una oportunidad para dialogar y establecer compromisos en torno a uno de los sectores sociales más vulnerables. Principalmente, fue para resaltar que la atención que se demanda sólo será posible si la sociedad civil y el gobierno colaboran en un mismo esfuerzo y dirección.

En Early Institute reiteramos nuestro propósito y convicción por trabajar por un mundo donde los niños puedan ser niños y en donde su educación, salud, nutrición y protección sean otorgados cabalmente. Si queremos un auténtico estado de bienestar, la primera infancia debe ser prioridad.

En México no se han tenido resultados óptimos para combatir el trabajo infantil, pese a que nuestro país se ha adherido a convenios internacionales y se ha comprometido a reducir los índices.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de:  El Financiero

En febrero de 2024, autoridades mexicanas rescataron a 18 menores de edad que eran víctimas de explotación laboral infantil en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán. Los menores realizaban actividades agrícolas y la detención de los adultos involucrados condujo a la identificación de toda una red delictiva.

Este es uno de los múltiples casos de trabajo infantil que se ven día a día en nuestro país, cuando las niñas y los niños deberían estar efectuando otro tipo de prácticas que no sean las laborales.

Lamentablemente, el trabajo infantil en México es muy común y hasta se define como esclavitud moderna por sus características, ya que se trata de actividades en condiciones precarias, con jornadas extenuantes y tratos inhumanos, vulnerando los derechos y el desarrollo adecuado de niñas y niños.

Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI 2022) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se calcula que en México 3.7 millones de menores están trabajando, la mayoría en malas condiciones y con riesgos sustanciales. De ellos, 400 mil tienen de 5 a 9 años; 1.5 millones tienen entre 10 y 14 años y los 1.8 millones restantes son adolescentes de 15 a 17 años.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil comprende “toda la actividad laboral que los niños son demasiado jóvenes para realizar y/o el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”.

En el caso mexicano, no se han tenido resultados óptimos para combatir esta problemática, pese a que nuestro país se ha adherido a convenios internacionales y se ha comprometido a reducir los índices. Esto origina que la situación se agrave de manera exponencial.

Hoy los estados con mayores tasas de trabajo infantil son: Chiapas (12.3%), Oaxaca (10.5%), Guerrero (9.8%), Puebla (8.9%) y Veracruz (8.5%). Todas esas zonas se caracterizan por tener condiciones socioeconómicas desfavorables, lo que contribuye a que las familias accedan a que sus hijos e hijas menores trabajen.

En Early Institute observamos una gran necesidad por detener el trabajo infantil. Es inaudito continuar con este tipo de explotación, en tanto los niños y las niñas de nuestro país merecen una vida digna y segura. Es urgente acrecentar los esfuerzos legislativos y programas coordinados entre el gobierno y la sociedad civil que garanticen un alto a estas prácticas, de ahí que la visibilización de la problemática sea fundamental. Para empezar, el trabajo infantil no debería ser aceptado bajo ningún concepto y así iniciar su erradicación. La responsabilidad es compartida y amerita que se asuman los compromisos adquiridos a nivel internacional, se exijan resultados y se replanteen estrategias de ser necesario.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de:  El Financiero

El reclutamiento forzado pone en riesgo a la población infantil y adolescente de nuestro país y es necesario emprender estrategias que detengan su propagación.

Inicia un año y los problemas de violencia en México siguen generando sucesos lamentables que afectan a niños, niñas y adolescentes. Uno de ellos es el reclutamiento forzado que ejerce la delincuencia organizada en este grupo social. El reclutamiento forzado incluye acciones realizadas por organizaciones criminales como cárteles de droga, familiares criminales y pandillas para incorporar a menores de edad a sus filas y hacerlos delinquir.

En los últimos años, esta problemática ha ido creciendo en el país sin que exista un registro que dé cuenta de lo que se vive en realidad. Sin embargo, entidades como el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA) ya reconocían esta actividad en 2019 y advertían la necesidad de desarrollar un programa de atención para combatirla.

Ante la falta de información, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano publicaron en 2021 el informe Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México. Acercamientos a un problema complejo, en el que se dice que “entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por alguna agrupación delictiva a lo largo del país”.

En los primeros días de 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió una alerta general a toda la población sobre el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por medio de plataformas y juegos en línea. Este entorno digital es un escenario propicio que se suma a otros factores de riesgo como son la pobreza, la marginación, el abandono, la violencia intrafamiliar, entre otros.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de:  El Financiero

En la actualidad hay un fenómeno que está llamando la atención y alertando al mundo; me refiero al suicidio en los adolescentes. El tema no es un asunto menor, ya que se está registrando un importante crecimiento a nivel global. En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023, la cifra total de muertes por suicidio aumentó 10.1 por ciento en comparación con 2022, alcanzando 9 mil 72 decesos, de los cuales 7 mil 310 fueron de hombres. De acuerdo con el INEGI, en 2023, los grupos de 15 a 24 años y de 25 a 34 concentraron el mayor porcentaje de suicidios.

En el rubro de los adolescentes, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2023: 4.4 por ciento de la población adolescente reportó haberse hecho daño, al menos alguna vez, con el fin de quitarse la vida; el porcentaje es mayor en mujeres (7.7 por ciento) que en hombres (1.2 por ciento). Al preguntar si el intento de suicidio fue en los últimos 12 meses, destaca que el 50.2 por ciento del total de adolescentes lo realizó en ese lapso.

Según el Cuadernillo básico para la prevención del suicidio, editado por el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, “este fenómeno es multifactorial”.

Las causas más frecuentes se relacionan con: 1) el deseo de escapar de un sufrimiento intolerable; 2) un estado de desmoralización y desesperanza que nubla la posibilidad de pensar de forma positiva en el futuro, y 3) tras una muerte o pérdida afectiva.

En los adolescentes, la situación de riesgo se agrava ante ciertos contenidos en redes sociales o por ser víctimas de bullying, lo que aumenta su vulnerabilidad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, el suicidio es la tercera causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años.

En Colombia, se habla de que seis menores se quitan la vida por semana y las autoridades han reconocido el incremento de casos en los últimos años. En el sitio de Save The Children se estipula que: “es clave reconocer que en la niñez factores como el acoso escolar, la violencia intrafamiliar, la pobreza, la violencia sexual y de género, la discriminación, la exposición al conflicto armado, la exclusión social y la falta de acceso a servicios de salud mental adecuados pueden incrementar el riesgo de conductas suicidas”.

Es decir, se confirma la intervención de varios factores que pueden provocar que una niña, un niño o un adolescente considere la opción de suicidarse para no padecer alguna situación dolorosa. Con este panorama, es necesario establecer estrategias de prevención que pudieran reducir el número de casos. En el Cuadernillo se hace énfasis en ocho acciones: 1) fomentar relaciones sociales saludables; 2) gestionar el estrés; 3) realizar deporte y/o actividades culturales; 4) fomentar la comunicación en casa y observar cambios de conducta; 5) facilitar a las y los jóvenes contactos especializados en atención emocional; 6) contar con personal capacitado para detectar y actuar ante el comportamiento de riesgo suicida; 7) promover hábitos de vida saludable, y 8) promover servicios de salud emocional.

En Early Institute nos adherimos a las propuestas del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio para combatir este lastimoso fenómeno y hacemos un llamado a la sociedad para estar atentos a las conductas de riesgo de los más jóvenes, las cuales podrían significar un aviso de sus intenciones. Asumamos el cuidado y la protección de las niñas, los niños y los adolescentes como una tarea compartida, un compromiso social y una responsabilidad diaria.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de:  El Financiero

Con la LGDNNA se logró que niñas, niños y adolescentes contaran con un marco legal propio que los reconocía como sujetos de derechos que requieren una protección reforzada.

Hace 10 años, en México se promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). Con ello, nuestro país dio un paso significativo en materia de protección a uno de los sectores sociales más vulnerables.

Dicha ley reconoció los principales derechos a los que niñas, niños y adolescentes (NNA) tienen acceso como ciudadanos mexicanos, basados en el principio del interés superior de la niñez previsto desde nuestra Constitución.

Por primera vez en la historia legislativa de México, con la LGDNNA se logró que niñas, niños y adolescentes contaran con un marco legal propio que los reconocía como sujetos de derecho que requieren una protección reforzada.

Los avances fueron sustanciales, ya que se crearon diversos organismos e instrumentos que garantizaban el respeto de las garantías de este grupo etario en apego a estándares internacionales. Así, se instituyó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) para coordinar y articular políticas públicas, programas y acciones permanentes desde los distintos ámbitos de gobierno en beneficio de los derechos de este sector. El SIPINNA es operado por la Secretaría de Gobernación.

También se creó la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) —considerada como ‘el abogado de la niñez’— con atribuciones para ejercer representación jurídica en suplencia o coadyuvancia, defensa y protección de los derechos de NNA; generar planes de restitución ante vulneraciones de derechos; y prevenir la violencia y el abuso contra niñas, niños y adolescentes.

Sin duda, esta última década marcó un camino relevante en el reconocimiento de los derechos de NNA y alentó la instauración de una infraestructura para la protección de sus intereses, pero aún quedan enormes áreas de oportunidad en distintas materias, principalmente en temas presupuestales y en la efectividad de las instituciones que coordinan las políticas.

En este sentido, debe decirse que México destina solo 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto a la primera infancia, cuando hay evidencia de que esta etapa de la vida humana es fundamental para un óptimo desarrollo en la adultez. A su vez, se ha identificado que la primera infancia se encuentra en mayor situación de pobreza en comparación con adolescentes y personas adultas. Un aspecto más es la seguridad: en 2023, 368 niñas y niños de cero a cinco años fueron reportados como desaparecidos o no localizados. Es triste y vergonzoso reconocer que la violencia familiar y los delitos sexuales contra esta población siguen siendo alarmantes.

Respecto a la salud, se tienen carencias en la infraestructura sanitaria, falta de recursos médicos e insuficiencia de personal capacitado, lo que dificulta el monitoreo del desarrollo infantil temprano, la vacunación y el tratamiento de enfermedades. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2022, 45.9% de niñas y niños de entre 0 y 5 años careció de acceso a servicios de salud.

Como se ve, las necesidades siguen siendo demasiadas y se puede considerar que, a 10 años de la promulgación de la LGDNNA, su creación fue una gran ayuda, pero la aplicación ha sido insuficiente. Prácticamente, mientras esta ley no cuente con presupuesto asignado, es ley muerta. En Early Institute reconocemos los esfuerzos y las voluntades para garantizar los derechos y la protección a NNA, a la vez que nos comprometemos a impulsar una agenda que contribuya a la mejora de las políticas públicas que requieren las niñas y los niños de México.

Una década de trabajo ha abierto espacios, pero es necesario hacer más y lograr la correcta implementación de una legislación que tiene por objetivo el resguardo de una población del país que demanda toda nuestra atención y cuidado.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de:  El Financiero

En un interés por proteger la salud mental de niñas, niños y adolescentes, el gobierno de Australia ha decidido prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años.

La medida fue tomada por el Parlamento con la firme decisión de hacer lo correcto en cuanto al cuidado de la integridad física y mental de un sector vulnerable. Se sabe que su implementación tardará por lo menos un año y considera la aplicación de multas cuantiosas a aquellas plataformas que no sigan los parámetros de seguridad que garanticen que los menores no puedan acceder a sus servicios.

Esta ley ha sido la respuesta a la preocupación de grupos sociales que han notado daños considerables en los más jóvenes ante el uso de las redes y que, en palabras del primer ministro de Australia, Anthony Albanese, “son plataformas donde se ejerce presión de grupo, causantes de ansiedad, canales para los estafadores y, lo peor de todo, una herramienta para los depredadores en línea”.

Esta prohibición se da en el marco de una serie de iniciativas, a nivel mundial, que exige mayor vigilancia y seguridad a los usuarios de las redes sociales, en particular cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.

Tan sólo en este año, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos sancionó a la plataforma NGL por promover su servicio a menores de edad, sin las debidas medidas de seguridad para resguardar su privacidad.

Otro ejemplo es la supervisión de la Unión Europea a la plataforma de TikTok para verificar si cumple con los requerimientos de protección a menores, transparencia en la publicidad, y la gestión de riesgos en el diseño adictivo y contenidos nocivos.

En Australia aún quedan muchas interrogantes referentes a la aplicación de la ley aprobada, sobre todo en la parte técnica, lo que podría facilitar que pese a las restricciones, las niñas, los niños y los adolescentes burlen las medidas.

No obstante, el primer ministro australiano ha defendido la aprobación de la ley al señalar: “No estamos planteando que su implementación será perfecta, tal como la prohibición de alcohol para menores de 18 no significa que alguien menor de los 18 nunca tendrá acceso, pero sabemos que hacemos lo correcto”.

Por su parte, las posibles plataformas afectadas han cuestionado la eficacia de la ley, señalando incluso su incompatibilidad con los tratados internacionales que Australia ha suscrito en materia de derechos humanos.

Si bien hay diversos puntos que hay que atender en esta inédita prohibición, es necesario enfatizar en la relevancia que se le está dando a la salud física y emocional de una parte de la población que requiere, sin excepción alguna, orientación y protección.

En Early Institute reconocemos la importancia de velar por el desarrollo integral de las niñas, los niños y los adolescentes. Una parte esencial es su aspecto emocional y las repercusiones en su salud mental, que suelen ser muy frágiles en ese periodo de vida. Por otro lado, la seguridad digital es uno de los temas de mayor preocupación para tutores, educadores y autoridades, que siguen alentando no poner en riesgo a los menores ante el uso de la tecnología. Hoy los debates son más recurrentes y casos como el de Australia motivan a que otros países puedan ser más estrictos con los accesos a las plataformas en beneficio del sector social más joven e indefenso.