En México, a las niñas y los niños les estamos fallando

Las niñas y los niños tienen que ser nuestra prioridad en respeto, atención y cuidado y, por desgracia, les estamos fallando.

Recientemente se celebró el Día del Niño y la Niña en México, y aunque debiera ser una fecha de alegría y festejo, la realidad en la que viven miles de infantes no es precisamente de felicidad. Al contrario, los estamos defraudando.

Lamentablemente en nuestro país las niñas y los niños no están desarrollándose en entornos seguros. Así lo demuestran los últimos datos de delitos cometidos en su contra en lo que va de este año.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a febrero de 2026, un total de 24 mil 436 personas de entre 0 y 17 años fueron víctimas de algún delito, siendo los más comunes los de tipo sexual y la violencia familiar.

Cada una de estas cifras representa una historia marcada por la vulnerabilidad, la falta de protección y la presencia de profundas secuelas, que posiblemente por años acompañará a las víctimas.

Del total de las personas afectadas, 52.6 por ciento se trata de mujeres y 38.6 por ciento son hombres, lo que evidencia una problemática diferenciada por género.

Entre los delitos más comunes, destacan los llamados “otros delitos sexuales”, que incluyen violación, abuso, acoso y hostigamiento sexual, así como rapto.

Tenemos un escenario aterrador que abarca también otros espectros violentos como la incidencia del crimen organizado.

En este sentido, se habla de que uno de cada 10 menores fue afectado por prácticas vinculadas a este tipo de delincuencia, siendo víctima de delitos como homicidios, feminicidios, lesiones dolosas, trata de personas, pornografía infantil, secuestro, extorsión y narcomenudeo, entre otros.

En este rubro se contabilizaron 2 mil 249 víctimas, donde predominan los hombres (56.1 por ciento), aunque delitos como feminicidio, trata y pornografía infantil afectan principalmente a niñas y adolescentes.

Con esto hay evidencia contundente sobre la situación en la que vive gran parte de la población infantil en México, y que visiblemente denota que no se están garantizando las condiciones para que crezcan adecuadamente.

Otra forma de daño es el que se da en las propias casas de las víctimas. Según la oficina en el país del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en México, uno de cada dos niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 14 años ha experimentado métodos de disciplina violenta, lo que representa al menos 20 millones de menores que han sufrido algún tipo de agresión dentro de sus hogares.

Según datos del sector salud, 70.8 por ciento de las lesiones atendidas por ataques en menores de edad ocurren en la vivienda donde habitan, un dato que muestra que la violencia se ejerce en el espacio donde se supone que hay seguridad y vigilancia.

En Early Institute lamentamos que las niñas y los niños sufran violencia de cualquier índole, cuando deberían disfrutar una etapa de vida fuera de amenazas y riesgos.

Tenemos una gran responsabilidad social para asegurarles protección y en fechas como estas de celebración, habría que reflexionar si estamos de verdad procurando su bienestar.

Las niñas y los niños tienen que ser nuestra prioridad en respeto, atención y cuidado y, por desgracia, les estamos fallando.

Desaparición de menores abre puertas a la explotación sexual y trata en México

Más del 60 por ciento de las víctimas menores desaparecidas son mujeres, principalmente entre 14 y 17 años, y que los hechos no son aislados, sino parte de un patrón vinculado a la explotación sexual y trata.

Estamos frente a una de las problemáticas más terribles y que, por desgracia, su atención está siendo cuestionada ante el incremento de casos en México. Me refiero a las desapariciones de niñas y adolescentes con patrones que apuntan a la explotación sexual y trata. Se habla de que, hasta marzo de 2026, hay 132 mil 534 personas desaparecidas en nuestro país; de ellas, más de 10 mil 383 son niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) confirman que más del 60% de las víctimas menores desaparecidas son mujeres, principalmente entre 14 y 17 años, y que los hechos no son aislados, sino parte de un patrón vinculado a la explotación sexual y trata.

De enero a abril de 2026, se han identificado redes de explotación en distintos estados de la República Mexicana. De los casos más visibles fue lo ocurrido en zonas del corredor Toluca-Tlalnepantla-Ecatepec, donde a principios del año se denunciaron desapariciones de adolescentes entre 14 y 17 años. Aquí las autoridades ventilaron patrones comunes: contacto previo por redes sociales, promesas de empleo y traslado a zonas fronterizas.

En febrero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una alerta por la desaparición de 17 adolescentes mujeres en colonias de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. Las investigaciones revelaron que varias víctimas habían sido contactadas por perfiles falsos en redes sociales, con ofertas de trabajo.

En marzo, un operativo conjunto entre autoridades logró rescatar a tres adolescentes reportadas como desaparecidas desde febrero. Las jóvenes fueron localizadas en una casa de seguridad en Orizaba, Veracruz, donde se presume que eran víctimas de explotación sexual y, con ello, se destapó una red que operaba entre Veracruz, Puebla y Tlaxcala. En lo que va de abril, en Jalisco y Tamaulipas se han identificado desapariciones simultáneas y rutas hacia la frontera.

En este contexto, se dio a conocer el caso de Kristina Vladimirovna Románova, una adolescente rusa bajo la tutela institucional mexicana, y que se tiene considerada como posible víctima de trata de personas. La cuestión es que Rusia exige su repatriación y acusa al DIF del Estado de México de retenerla ilegalmente. La joven incluso escapó y fue localizada en Tijuana, lo que intensificó la controversia, escalando a niveles diplomáticos delicados.

Por increíble que parezca, este episodio se suma a críticas previas sobre negligencia y desapariciones en albergues del DIF, reforzando la percepción de crisis en el sistema de protección infantil y, aunque son pocos los casos, sí se nota que en varios estados, estos centros carecen de sistemas de vigilancia y personal capacitado para prevenir fugas o agresiones o bien para custodiar debidamente a las niñas y adolescentes.

Las pruebas existen. Hace apenas unos días, el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés (21 años), en la Ciudad de México, estremeció al país. Luego de ser reportada como desaparecida, el curso de la investigación también se está vinculando a prácticas engañosas que posiblemente terminan en actos delictivos. Ya sea en niñas, adolescentes o adultas, hay una clara deficiencia operativa institucional, falta de garantías para las debidas investigaciones, demora en las actuaciones y carencia de protocolos efectivos.

Desde Early Institute hacemos un llamado a las autoridades a redoblar esfuerzos para proteger a las niñas y adolescentes, grupo social de mayor riesgo por factores de pobreza, violencia familiar, violencia sexual y crimen organizado. La urgencia es apremiante: por un lado, hay que fortalecer la capacidad institucional de búsqueda y recuperación y, por el otro lado, se deben atender las causas estructurales que colocan a las menores en situación de vulnerabilidad.

Se elevan las desapariciones de menores y adolescentes en México

El gobierno mexicano se empeña en no aceptar la cruel realidad y minimiza informes como el emitido recientemente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de desaparición forzada.

México enfrenta un panorama muy desolador en materia de desapariciones. No es una percepción ni una idea de unos cuantos, es una abrumadora realidad que se debe atender inmediatamente.

La situación lastima aún más cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, que, lejos de vivir en un país seguro, están siendo separados de sus familias y entornos.

Simplemente, en los tres meses que van en este 2026, la organización Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) alertó sobre un aumento de 30% con respecto a otros años.

Es una durísima noticia saber que a finales de marzo 2026, el registro nacional superó los 130 mil casos de desaparición (cifra histórica desde 2006), con una marcada tendencia de afectación en adolescentes y jóvenes.

Respecto a las entidades con más casos de desaparición, están la Ciudad de México, Guanajuato, Chiapas y Estado de México, donde se concentra la mayoría de los reportes.

Por mencionar algo, en la Ciudad de México, entre el 20 y el 22 de marzo de 2026, se reportó la desaparición de al menos nueve menores de edad, activando fichas de Alerta Amber. Esto es inaceptable.

Son muchos los casos que se convierten en foco de atención por la difusión de los datos en medios de comunicación y redes sociales. En este sentido, en estos tres primeros meses se ha solicitado el apoyo para encontrar a niños, niñas y adolescentes como Iker Damián de 12 años de edad; las hermanas Azul y Rosa Hernández (desaparecidas en el Estado de México); Samantha Aylin (12 años), Dominic Jeshua (14 años), Lety Jaqueline (15 años) y muchos más.

Cada uno de estos casos se traduce en desesperación, frustración, miedo e incertidumbre, pero sobre todo en una terrible conmoción a nivel familiar que no tendría que experimentarse.

En más datos, ocho de cada diez menores desaparecidos son mujeres adolescentes y, aunque en semanas anteriores Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres en México, firmó un acuerdo con Meta, Google y TikTok para combatir la violencia digital contra las niñas y mujeres, lo cierto es que la infancia en México está expuesta a ser enganchada en redes sociales para después “desaparecer” en un entorno de violencia y acoso digital.

Los esfuerzos deben redoblarse y sostenerse, pues es evidente, en cifras y datos de fuentes fidedignas, que las alertas Amber por desapariciones van en aumento.

No obstante las evidencias, el gobierno mexicano se empeña en no aceptar esta cruel realidad y minimiza informes como el emitido recientemente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de desaparición forzada.

Estas desafortunadas acciones conducen todavía más a provocar confusiones y enojo entre la población, cuando lo que debe prevalecer es un trabajo en conjunto para resguardar a cada niño, niña y adolescente.

Desde Early Institute hacemos un llamado a tener mayor sensibilidad con el dolor de quienes tienen un familiar desaparecido y a tomar con seriedad esta problemática que está creciendo día con día. El riesgo de formar parte de los registros de desapariciones es cada vez más alto y se debe poner un alto.

Principalmente, es necesario que se estreche la colaboración para atender con prontitud las denuncias de las desapariciones, en particular cuando se trata de menores, ya que el tiempo es fundamental y cada segundo es vital para la recuperación de la víctima.

Regulemos el uso de celulares en niños, niñas y adolescentes

El uso de celulares sin supervisión ni determinación de tiempos por parte de las niñas y los niños provoca daños irreparables y actualmente se están registrando sus efectos alrededor de todo el mundo.

Si bien se ha reconocido que la tecnología facilita la vida humana, hoy se están experimentando riesgos en el uso de dispositivos móviles, sobre todo en niñas, niños y adolescentes.

El aumento de teléfonos celulares, tabletas y computadoras se vio en mayor medida durante la pandemia por Covid-19, y pese a su utilidad, también aparecieron amenazas en las poblaciones más vulnerables.

La evidencia es muy clara: el uso de celulares sin supervisión ni determinación de tiempos por parte de las niñas y los niños provoca daños irreparables y actualmente se están registrando sus efectos alrededor de todo el mundo.

México no es la excepción y, por lo tanto, es necesario establecer reglas más claras y contundentes.

En recientes declaraciones, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, se mostró dispuesto a abrir un debate para regular el uso de celulares en las escuelas de nivel básico a nivel público y privado.

Reconoció las investigaciones que dan cuenta de los riesgos y las amenazas a la salud mental y alteraciones de comportamiento que experimentan los usuarios que son menores de edad.

En su parecer, nuestro país no puede quedar afuera de la discusión y se estaría impulsando una cultura digital “responsable, consciente y crítica”.

Por otro lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también reconoció que se están tomando medidas para analizar la posibilidad de restringir el uso de teléfonos celulares, al considerar que estos dispositivos producen problemas y distracción para niñas, niños y adolescentes.

La mandataria reveló que un grupo de trabajo interinstitucional —integrado por la SEP, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Secretaría de Cultura— está revisando acciones para fomentar entornos educativos más saludables, así como alternativas que promuevan la lectura y el aprendizaje.

Las prácticas digitales se han expandido a múltiples áreas de la vida, pero no siempre en acompañamiento, y eso está generando preocupación. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha detectado un aumento en el uso problemático de redes sociales, principalmente entre la población adolescente.

Según datos de este organismo, más de 1 de cada 10 adolescentes (11 por ciento) mostró signos de comportamiento problemático en redes sociales, con dificultades para controlar su uso; las mujeres (13 por ciento) tienen niveles más altos de uso problemático de redes sociales que los hombres (9 por ciento).

Ante estas evidencias, distintos gobiernos han decidido tomar cartas en el asunto, creando políticas públicas para restringir el acceso tanto a redes como a dispositivos móviles.

Como país modelo, se tiene la experiencia de Australia, que a finales de 2024 estableció un límite de edad obligatorio para acceso a las redes sociales, y responsabilizó a las plataformas digitales para evitar que los menores las usaran.

En México, en 2025 se aprobaron reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Querétaro, así como al Código Penal de la entidad, para regular el uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes.

Esta ley es única en México, pues en el ámbito federal no se cuenta con una regulación al respecto, aunque sí hay iniciativas que buscan seguir la tendencia mundial.

En Early Institute valoramos el apoyo que brinda la tecnología en avances de procesos y distintas tareas en diferentes ámbitos sociales; sin embargo, sabemos que existen riesgos por un uso inadecuado.

También sabemos que hay una preocupación por proteger a niñas, niños y adolescentes de las posibles amenazas, lo cual propicia la urgencia por unirnos a los debates para que se logren medidas que aseguren el buen aprovechamiento de las herramientas y se prevengan posibles problemas derivados de estas actuales formas de comunicación.

En cambios registrales, el interés superior de la niñez es esencial

La Suprema Corte debe actuar con apego estricto al principio del interés superior de la niñez y no intervenir en decisiones que se contrapongan a lo convenido por el Constituyente Permanente.

Ante la normalización de cambios de identidad sexo-genérica en actas de nacimiento en personas menores de edad, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha impulsado mediante diversas resoluciones, es importante mencionar los riesgos que se corren con esta acción.

En primer lugar, hay que conocer el artículo 4 de nuestra Constitución, en el que se señala que “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos”, y por tanto privilegiando su seguridad y cuidado.

Con la resolución sobre el cambio registral del Máximo Tribunal se vulnera precisamente la protección de niñas, niños y adolescentes ante el grave problema de trata de infantes, haciendo más difícil localizar a las y los menores de edad víctimas de ese delito, así como se pueden facilitar procedimientos en su pubertad que pudieran atraer daños físicos, mentales y emocionales, incluso el suicidio.

Este tema sale a relucir, ya que en enero de 2026, el Congreso local de Jalisco ha rechazado, una vez más, la resolución de la Suprema Corte que de manera equivocada busca “ordenar” a los legisladores locales la legalización de la modificación de actas de nacimiento por parte de menores de edad en dicha entidad.

La situación es que el Poder Judicial no tiene la facultad de interferir en decisiones legislativas, limitación que la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha remarcado al señalar que la función de discutir, elaborar y aprobar leyes corresponde única y exclusivamente a la soberanía del Congreso de la Unión y de los Congresos de los estados.

En este sentido, el Congreso de Jalisco ha actuado bajo una argumentación congruente de protección integral hacia niñas, niños y adolescentes, atención a su interés superior y cuestionando la legalidad y el fondo de la sentencia del Poder Judicial, así como su injerencia en la soberanía estatal.

Esta interferencia desde el Poder Judicial amerita ser discutida para evitar que nuestros tribunales incurran en activismo judicial como el presente caso, en tanto en el marco jurídico nacional se señala que la modificación del acta de nacimiento requiere mayoría de edad o, en casos excepcionales, la autorización de madre, padre o tutor, y eso es por criterios de protección orientados a salvaguardar a las y los menores.

Hay que decirlo muy claro: la Suprema Corte debe actuar con apego estricto al principio del interés superior de la niñez y no intervenir en decisiones que se contrapongan a lo convenido por el Constituyente Permanente.

Por otro lado, se insta al Poder Legislativo a fortalecer el marco jurídico que exige mayoría de edad o autorización de representantes legales para cualquier trámite de modificación registral, incorporando protocolos de evaluación especializada y mecanismos de protección reforzada hacia los menores de edad.

Desde Early Institute hacemos un llamado a los Poderes del Estado a conducirse en las áreas que les competen, ya que eso garantiza el contrapeso en las decisiones y el respeto a los derechos sociales.

Es por ello que solicitamos al Ejecutivo de la nación establecer políticas públicas y protocolos interinstitucionales que prioricen la prevención del daño y el acompañamiento psicosocial a niñas, niños y adolescentes, en particular en este contexto de posibles cambios en las actas de nacimiento.

Hay que recordar que el interés superior de la niñez es un principio constitucional no negociable y de estricta aplicación.

La baja en fecundidad amerita políticas públicas integrales

Se necesitan garantías para posibilitar el crecimiento de la población mediante derechos, equidad y sostenibilidad.

Uno de los fenómenos sociales que suelen llamar la atención en los últimos años es el descenso de la tasa de fecundidad.

Si bien la principal preocupación es que, de continuar con esa baja, se puede provocar un desbalance poblacional, las consecuencias y los retos van más allá de estos desequilibrios demográficos.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), México, como otros países de América Latina, enfrenta una caída en la tasa de fecundidad y el nivel de reemplazo se ubica por debajo de los índices requeridos para mantener el tamaño actual de la población.

De acuerdo con este organismo, la tasa global de fecundidad en América Latina es hoy de 1.8 hijos por mujer, y en México es ya de 1.89, muy por debajo del nivel de reemplazo, que es de 2.1.

Es por ello que se recomiendan políticas públicas de cuidado infantil accesible, permisos parentales y facilidades de reinserción laboral para padres y madres, así como diseñar sistemas de protección social y pensiones sostenibles frente al envejecimiento acelerado.

Es decir, se necesitan garantías para posibilitar el crecimiento de la población mediante el fortalecimiento de derechos, equidad y sostenibilidad.

Asimismo, habría que combatir las desigualdades territoriales y socioeconómicas para que todos los grupos, en México, tengan acceso a servicios de salud para conciliar trabajo y familia, que es una de las razones que frena el aumento de la fecundidad.

La emergencia es clara. De no elevar la tasa de natalidad, se presentarán afectaciones en la dinámica generacional, lo cual implicaría la presencia de una población envejecida.

Con ello no se lograría obtener el soporte laboral necesario para la dotación de pensiones y seguridad social, además de que el ámbito económico se vería mermado por la carencia de consumo.

Otro de los efectos se refiere a que, al tener una población menos joven, los cuidados serán más apremiantes y, en nuestro país, es todavía un sistema que se está configurando.

Desde Early Institute buscamos evidenciar que la baja en las tasas de fecundidad trae repercusiones que afectan a la población no solo en términos demográficos.

Esta problemática se asocia a crisis económicas, exigencias laborales y falta de apoyos que impactan en la calidad de la crianza.

Sin duda, hay una necesidad por generar políticas públicas integrales que protejan a la maternidad en el marco del respeto a los derechos fundamentales.

Hoy nos enfrentamos a un escenario que amerita acciones contundentes, pero sobre todo, motiva la adopción de mecanismos que se sostengan con el tiempo y aseguren el beneficio y cuidado de todas las familias.

Hace falta impulsar redes de apoyo a las mujeres cuidadoras, en tanto su estado emocional afecta la calidad de asistencia que brindan.

En México, el tema de los cuidados se ha fortalecido en los últimos años y hoy se tiene evidencia de varios de los fenómenos que ocurren a su alrededor. Uno de los rubros que debe considerarse cuando se trata de las personas que tienen a su cargo el cuidado de otros es su salud mental, en tanto hay un desgaste no solo físico, sino también emocional.

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer cifras en torno a la depresión y los cuidados. Según el INEGI, en 2022, cerca de cuatro millones de personas de 15 años o más que cuidaron a alguien de su entorno experimentaron sentimientos vinculados con la depresión. De esa población, 3.5 millones fueron mujeres.

El rango de edad más afectado fue el de los 60 años y más (24%), seguido por el grupo de 50 a 59 (17.7%) y, por último, el rango de 40 a 49 (12.7%).

Por su parte, el informe de Early Institute, editado en 2025, Cuidados para la primera infancia. Recomendaciones hacia la conformación del Sistema Nacional de Cuidados, confirma las afectaciones de las mujeres cuidadoras cuando no se tienen las condiciones necesarias para efectuar tal actividad con relación a la protección de niñas y niños.

“La sobrecarga de los trabajos de cuidado sobre las mujeres, la falta de recursos para satisfacer las necesidades de la niñez, las exigencias sociales sobre la responsabilidad femenina/materna y la falta de tiempo propio debido a las múltiples responsabilidades laborales y no laborales, tienen impactos negativos en la salud mental de las cuidadoras”.

Continúa el informe: “Las afectaciones a la salud mental y sobre el tiempo de las cuidadoras tienen repercusiones negativas en la calidad del cuidado infantil, con poca disposición para atender las necesidades emocionales y de cuidados de las hijas e hijos”, de ahí la necesidad por recibir ayuda lo más amplia y rápido posible.

En este sentido, el INEGI menciona que en 2022, en México, solo 891 mil personas mayores de 15 años que tuvieron a su cuidado a otra persona fueron a terapia para tratar “ansiedad, angustia, nervios y depresión”. Resalta que fueron los hombres (24.9%) quienes acudieron más a este servicio que las mujeres (22.1%).

Sin duda, este dato refleja que hace falta impulsar redes de apoyo a las mujeres cuidadoras, en tanto su estado emocional afecta en gran medida la calidad de asistencia que brindan a quienes tienen bajo su vigilancia.

Al respecto, el reporte Cuidados para la primera infancia señala que: “De acuerdo con González, Díaz Barreiro y Pérez (2021), los altos niveles de estrés pueden estar relacionados con crianza de menor calidad, así como una menor capacidad de respuesta o respuestas negativas hacia bebés, niños y niñas y menores probabilidades de aplicar métodos preventivos y prácticas de cuidado y seguridad infantil”.

En Early Institute sabemos que el bienestar personal es integral y que el descuido de una de las áreas fundamentales puede llegar a provocar un desequilibrio físico y emocional. En particular, cuando se trata de la seguridad de la primera infancia, es indispensable que sus principales protectores dispongan de apoyos para su labor.

De igual modo, la salud mental es un pilar en el desarrollo de niñas y niños y es responsabilidad de todos lograr que sus madres, padres y/o tutores reciban ayuda cuando su estado emocional se vea comprometido ante las exigencias derivadas de la atención familiar y crianza.

En esta ocasión se trata de una niña de 13 años (Deysi “N”) que fue abandonada en un hospital de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por quien dijo ser su esposo, cuya edad oscila entre 17 y 18 años.

Comenzamos un año más y las noticias sobre violencia sexual infantil siguen acaparando la atención en México. En esta ocasión se trata de una niña de 13 años (Deysi “N”) que fue abandonada en un hospital de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por quien dijo ser su esposo, cuya edad oscila entre 17 y 18 años.

En sí, la situación es crítica por tratarse de menores de edad, pero lo peor ha sido saber que la adolescente fue atendida para dar a luz. Sus condiciones de salud eran deplorables: tenía un cuadro de sarampión y presentó daños en órganos y tejidos debido a la inmadurez de su cuerpo para procrear y parir.

Al hacer las investigaciones se supo que los menores viven en concubinato con la autorización de los padres, lo que manifiesta los riesgos que todavía viven niños, niñas y adolescentes cuando se trata de usos y costumbres en comunidades indígenas y marginadas. Son este tipo de prácticas las que vulneran los derechos más elementales de la población infantil y adolescente y que pese a los esfuerzos legislativos para erradicarlas hay trabas en el camino.

Apenas en noviembre de 2025, se propuso en la Cámara de Diputados la reforma al artículo 4° constitucional para prohibir los matrimonios infantiles y priorizar el interés superior del niño. Aunque fue aprobada en lo general, todavía se encuentra en discusión en comisiones para su posterior aprobación en el Pleno. Antes de eso, en 2024, la Cámara de Senadores aprobó una reforma al artículo 2° constitucional como parte de un paquete de reformas en materia indígena, pero los diputados federales de Morena y sus aliados frenaron lo referente a los usos, dejando únicamente la cobertura de derechos jurídicos.

La problemática requiere ser atendida, pues las cifras de matrimonio infantil son lamentables. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en los últimos cinco años se tiene registro de por lo menos cerca de 15 000 menores de 18 años que contrajeron matrimonio. Por su parte la organización Save The Children señala que en México una niña de cada 100 entre los 12 y 14 años de edad están casadas o unidas informalmente.

En cuanto a los embarazos infantiles, a nivel nacional también el Inegi ha reportado que en 2023 se registraron 6 798 nacimientos de madres de entre 10 y 14 años y a nivel local, datos del sector salud de Chiapas reportaron que, en 2025, 585 adolescentes entre 12 y 13 años o menos, dieron a luz en ese estado.

La preocupación no es menor ya que se trata de niñas y adolescentes que no han sido protegidas lo suficiente para vivir plenamente según su edad. Hoy Deysi y su bebé ya fueron dados de alta, pero el inicio de una de las etapas más trascendentales como es la maternidad está siendo complicado simplemente porque no hay condiciones para que se ejerza de manera adecuada.

En Early Institute instamos a los legisladores y a las autoridades a mirar a este fenómeno que se ha invisibilizado bajo muchos argumentos, entre ellos, el respeto a los usos y costumbres. Es necesario velar por el interés superior de la niñez, lo que implica formular políticas públicas que protejan a los más vulnerables y castigar a quienes cometan actos de abuso. No olvidemos que el embarazo infantil no es maternidad, sino una expresión de la violencia sexual.