Por un México que atienda eficazmente las emergencias obstétricas

Por Annayancy Varas, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero

México tiene una gran deuda con las mujeres embarazadas y sus hijos e hijas por nacer, ya que la atención a su salud está siendo deficiente. El informe, editado por Early Institute, Atención a la salud materno-infantil y a las emergencias obstétricas durante el embarazo, parto y puerperio en México, da cuenta de diversos retos que presenta el sistema de salud en este tema y que ponen en riesgo la vida de miles de mujeres, niñas y niños.

Según el documento, 19% de los egresos hospitalarios en México corresponde a este tipo de situaciones y tan solo en 2023 murieron 4,871 personas (mujeres y bebés) por una inadecuada atención en este sentido.

La investigación señala que nuestro país tiene un sistema de salubridad fragmentado y con déficit graves en infraestructura y en personal, pese a que desde 2009 existe un Convenio nacional que busca garantizar la atención integral a toda mujer que presente una emergencia, durante su embarazo, sin importar si está o no afiliada a un esquema de salud.

También se identificó que en 2023 había solo 469 unidades médicas adscritas a ese Convenio, cuando deberían existir 1,311, según estándares de la Organización Mundial de Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Esto significa un déficit de 842 unidades. Entre las principales causas de muerte materna se ubican: hemorragias posparto, preeclampsia y eclampsia; y en el caso neonatal, sepsis y prematuridad. Todos estos padecimientos son prevenibles, de ahí la relevancia por abordar esta problemática.

Sin duda, el Convenio es un avance sustancial y de suma valía, sin embargo, su aplicación es limitada. Cada estado de la República Mexicana posee sus propios criterios de atención y esta falta de homologación perjudica las metas trazadas. No obstante, hay casos que rescata el informe como el de Guanajuato, donde se tiene registro de buenos resultados debido a varios factores. Entre ellos se habla de que hay una infraestructura organizada y ubicada estratégicamente por regiones; existe una comunicación eficaz entre instituciones; se implementan protocolos de atención con equipos de respuesta inmediata; hay capacitación continua y una permanente vigilancia y monitoreo. La combinación de todos estos elementos genera que la atención antes, durante y después del embarazo sea óptima y se reduzcan los riesgos.

En Early Institute proponemos una serie de recomendaciones para hacer que las emergencias obstétricas sean asistidas en beneficio de la población que resulta afectada. Primero hay que convertir el Convenio en una red nacional obligatoria; actualizar el catálogo de emergencias obstétricas que son atendidas a través de este instrumento, porque hoy excluye al 35.5% de las causas que deberían estar cubiertas; ampliar y capacitar al personal médico en todos los niveles de atención y mirar casos como el de Guanajuato que pueden ser buenos referentes. Hoy ya no es posible la pérdida de vidas ante situaciones que son totalmente prevenibles y al tratarse de un embarazo los esfuerzos se deben redoblar. No olvidemos que el derecho a la salud materno-infantil está reconocido en el marco jurídico mexicano e internacional y es obligación del Estado proveer y facilitar su acceso, eliminando cualquier desigualdad y aplicando lo mejor posible los recursos con los que hasta ahora se cuenta.

¿Qué hay detrás de la felicidad de la población mexicana?

Por: Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero

El promedio de satisfacción con la vida actual de las personas fue de 8.62 (siendo 10 la escala mayor); el promedio del balance anímico, a nivel nacional, fue de 5.29, es decir, que se registran más emociones favorables que negativas; y sobre el sentido de propósito, 79.1% dijo sentir una misión en la vida.

En días pasados, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025. De acuerdo con el organismo, esta encuesta es “una herramienta estadística de vanguardia diseñada para capturar la dimensión subjetiva de la realidad social en México”.

Antes de señalar los hallazgos, es importante detallar los conceptos que se utilizaron para definir las dimensiones que se tomaron en cuenta. Los rubros fueron: a) satisfacción con la vida (cómo se sienten las personas con su vida en un momento determinado); b) balance anímico (estado emocional que resulta de contrastar cinco estados de ánimo positivos y cinco negativos); y c) sentido de vida (sentido de propósito y significado de la vida).

La encuesta fue aplicada del 7 de julio al 29 de agosto de 2025, con una cobertura gráfica nacional; en total fueron 37 065 viviendas las que conformaron la muestra.

En cuanto a los resultados arrojados por la población de 18 años y más: el promedio de satisfacción con la vida actual de las personas fue de 8.62 (siendo 10 la escala mayor); el promedio del balance anímico, a nivel nacional, fue de 5.29, es decir, que se registran más emociones favorables que negativas; y sobre el sentido de propósito, 79.1% dijo sentir una misión en la vida.

Quizá las cifras pudieran tener mayor significado si se les compara con los datos de 2021, fecha en la que se levantó por primera vez la ENBIARE. En ese año, todavía inmersos en los desafíos de la pandemia, el promedio de satisfacción con la vida fue de 8.45; y el promedio de balance anímico se colocó en 5.07. En ese entonces no se midió el rubro del significado de la vida y aunque se incluyó el tema de salud mental no fue hasta esta edición cuando se ampliaron las preguntas en torno a dicho tópico.

Es cierto que la medición del bienestar es subjetiva, ya que lo que ocasiona gratificación a uno puedo no serlo para otro, pero hay elementos entre la población mexicana que podrían demostrar que en términos generales se experimenta una sensación optimista.

¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de las circunstancias económicas y sociales, hombres y mujeres mayores a los 18 años conservan un ánimo positivo. Entre otros factores influye en esta percepción el nivel de estudios, las prácticas en las que se ayuda al prójimo, las condiciones de salud, la interacción con familia y amigos, etcétera. Dice el Inegi: “El estado de salud físico y mental, las redes de apoyo, así como la convivencia de las personas de 18 años y más, se relacionan de forma directa con la satisfacción con la vida y el balance anímico”.

En conclusión, la lectura de estos resultados debe ser orientador, pero también cauteloso ya que la intención es dar evidencia que guíe la toma de decisiones para elevar la calidad de vida de la población mexicana buscando su bienestar integral.

En Early Institute apoyamos la generación de información que contribuye a la implementación de políticas públicas y subrayamos que la continuidad de este tipo de instrumentos es fundamental para perfeccionar no solo aspectos metodológicos, sino para evaluar con mayor precisión las inquietudes y lo que da calma a la ciudadanía.

Hay que regular las redes sociales en menores de edad

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero

En México ya son varios los pronunciamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum para integrar mesas de análisis que pudieran orientar una posible regulación en esta materia.

Hoy la discusión sobre el uso de los dispositivos móviles y las plataformas digitales, en niñas, niños y jóvenes está siendo protagonista en distintos países. Por su importancia, en México ya son varios los pronunciamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum para integrar mesas de análisis que pudieran orientar una posible regulación en esta materia.

Si bien la tecnología es una herramienta de gran apoyo en distintas etapas de la vida humana, han surgido cuestionamientos sobre las ventajas y desventajas en la población de menor edad. En muchos de los casos se habla de una serie de efectos nocivos ya documentados en los últimos años que van desde riesgos en la salud mental y bienestar emocional hasta el desarrollo integral de la niñez y adolescencia.

En este sentido, la mandataria mexicana ha señalado tres áreas vinculadas con el tema: 1) el uso de pantallas; 2) las redes sociales y plataformas digitales; y 3) la inteligencia artificial. El principal objetivo sería establecer reglas para la protección de niñas, niños y adolescentes.

Actualmente, solo el estado de Querétaro, a través de su Congreso local y disposiciones en su Código penal, cuenta con un marco normativo que prohíbe el uso de redes sociales a la población menor de 14 años.

Lo que hizo la entidad con esta legislación fue ubicarse como el primer y único estado mexicano que cuenta con una regulación precisa enfocada en prevenir el acceso temprano a redes sociales, en tanto ni a nivel federal existen lineamientos de esta magnitud. Lo que sí hay son varias iniciativas en las Cámaras legislativas, pero siguen siendo poco atendidas.

Hay que decir que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay un registro preocupante en el uso problemático de las redes sociales, principalmente entre la población adolescente. Según la organización, más de 1 de cada 10 adolescentes (11%) mostró signos de comportamiento problemático en redes sociales, con dificultades para controlar su uso y consecuencias negativas, siendo las mujeres quienes presentan niveles más altos de uso problemático que los hombres (13% frente a 9%).

También la OMS ha dicho que más de un tercio (36%) de los jóvenes reportó tener contacto constante con amigos en línea, y las tasas más altas se registraron entre las adolescentes de 15 años (44 %).

La exposición en redes sociales abre también la puerta a problemas de otra índole como es ser víctima de alguna forma de violencia, lo cual es más probable sin la debida vigilancia ya sea en casa o escuela.

Simplemente en México, durante el año 2020, 24.4 % de los adolescentes de entre 12 y 17 años que utilizó internet fue víctima de ciberacoso, siendo las mujeres las más vulnerables a las agresiones (Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, 2020).

Abrir espacios para debatir sobre lo que más conviene a la niñez y adolescencia en nuestro país es un asunto relevante y más cuando se trata de los avances tecnológicos que pudieran no ser tan favorables para dichos grupos sociales.

En Early Institute apoyamos que se esté dando una apertura para discutir el tema y tomar acuerdos basados en evidencia, pero sobre todo, motivados por crear entornos seguros que permitan un adecuado uso del internet en beneficio de los más vulnerables.

Patria potestad y responsabilidad parental, figuras clave en la crianza

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero

El origen de esta forma de protección es el respeto y acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya que los reconoce como sujetos titulares de derechos, en tanto que a sus padres y madres los señala como garantes responsables de asegurar su cumplimiento.

Cuando se habla de la protección de niños, niñas y adolescentes se está abordando un amplio espectro social, en el que no solo intervienen prácticas de padres, madres y cuidadores hacia sus hijos o hijas, sino que se han concretado figuras legales que coadyuvan a ese fin.

Uno de estos conceptos jurídicos es la patria potestad, entendida como el conjunto de derechos y deberes de padres y madres sobre sus hijas e hijos en los asuntos que refieren a su representación, cuidado y administración de bienes. Aunque más allá de los tópicos normativos, esta figura también representa el vínculo afectivo que rige las labores de crianza, enseñanza, guía y tutela.

El origen de esta forma de protección es el respeto y acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya que los reconoce como sujetos titulares de derechos, en tanto a sus padres y madres los señala como garantes responsables de asegurar su cumplimiento.

Con el tiempo, esta obligación se ha reforzado con otros deberes con el propósito de salvaguardar a los hijos y las hijas. De este modo se habla de responsabilidad parental como un ejercicio que implica el cuidado, la protección, la educación y la formación de niñas, niños y adolescentes en entornos libres de violencia bajo un principio de respeto mutuo.

Si bien existe una claridad en los preceptos, también con el tiempo se han distorsionado algunos otros que acompañan a la patria potestad, como la autonomía progresiva. En un inicio, principio se centraba en el reconocimiento de que niñas, niños y adolescentes desarrollaran gradualmente capacidades para participar en decisiones que afectan su vida de conformidad con su desarrollo y madurez, pero por desconocimiento a veces se opta por conceder que los menores de edad pueden ser considerados como adultos plenamente autónomos para la toma de decisiones sobre aspectos relevantes de sus vidas. No hay nada más equivocado, pues precisamente por su rol como titulares de derechos, resulta imperativo que niñas, niños y adolescentes cuenten con una protección reforzada y guía por parte de sus tutores e instituciones del Estado.

Este tipo de imprecisiones abre la puerta a decisiones que podrían afectar al referido grupo etario, en tanto hay situaciones que rebasan su entendimiento y, por ende, al dejarlos tomar el rumbo de su vida por su cuenta es un acto de irresponsabilidad absoluta.

Hay que señalar que la patria potestad y la responsabilidad parental no son asuntos únicamente concernientes a las materias legales de niñez o civiles, pues por su relevancia, las acciones u omisiones al respecto pueden trascender hasta la materia penal y terminar en sentencias por delitos como el abandono de personas, violencia familiar, corrupción de menores, violación, etcétera.

En Early Institute buscamos el fortalecimiento de la patria potestad y la responsabilidad parental por considerarlas fundamentales en el adecuado desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Por ello, hemos propuesto al Senado de la República un paquete integral de reformas legislativas que faciliten ámbitos nucleares como la educación, salud, seguridad y protección. Será en el próximo período ordinario de sesiones del Congreso federal, que daremos un seguimiento puntual a estas propuestas pues sabemos que sin el acompañamiento de políticas públicas el cuidado de los niños, las niñas y los adolescentes podría quedar en el aire cuando su materialización tendría que ser una prioridad.

Hagamos equipo en casa y protejamos siempre a niñas y niños

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero

Early Institute junto con la asociación Infancia Libre de Abuso Sexual lanzamos la campaña “Hagamos equipo en casa. El silencio no protege” para hacer un llamado a los padres, madres y cuidadores de niñas, niños y adolescentes para que tengan medidas de vigilancia y seguridad en sus entornos inmediatos, en particular en sus casas.

Estamos en plena efervescencia futbolística ante el desarrollo de la Copa Mundial 2026. México es sede junto con Estados Unidos y Canadá y por la propia naturaleza del evento las problemáticas sociales tienden a aumentar. Lamentablemente una de ellas es la violencia en sus distintas expresiones, pero la que hoy más afecta es la de tipo sexual contra niñas, niños y adolescentes.

En las últimas semanas se han presentado, en nuestro país, múltiples campañas de prevención que unen a las organizaciones civiles a cerrar filas para evitar daños a la infancia, en tanto este tipo de encuentros propicia la distracción en los distintos espacios y, por ende, el descuido a los más vulnerables.

Así, Early Institute junto con la asociación Infancia Libre de Abuso Sexual (ILAS) lanzamos la campaña “Hagamos equipo en casa. El silencio no protege” para hacer un llamado a los padres, madres y cuidadores de niñas, niños y adolescentes para que tengan medidas de vigilancia y seguridad en sus entornos inmediatos, en particular en sus casas.

Sin duda la atención debe acentuarse en momentos como este de reuniones familiares y con amigos, pero no se debe olvidar que el cuidado y la protección a niñas, niños y adolescentes debe ser permanente y no bajar la guardia nunca.

Hay datos que indican que los torneos no crean a los agresores, pero sí se generan condiciones de violencia ante la presencia de riesgos que pueden resumirse en tres: a) la ingesta masiva y prolongada de alcohol; b) la desinhibición emocional y c) la flexibilización de las normas sociales de conducta, donde se tolera la catarsis agresiva bajo la excusa de la pasión deportiva.

En este sentido, hay que señalar que si bien existe una gran preocupación por la presencia de agresores que buscan vulnerar la sexualidad de niñas y niños víctimas de trata o explotación infantil, es necesario observar que este tipo de eventos facilitan otras formas de violencia en contextos cercanos a las familias.

Por supuesto bajo ninguna circunstancia deben permitirse faltas de respeto ni agresiones, de ahí la importancia por tener reglas claras cuando haya reuniones en el hogar o se asista a otros sitios.

Algo también fundamental es estar atentos a las interacciones entre niños y adolescentes y no asumir que porque son de edades similares están seguros. Aquí la recomendación es tratar de integrarlos a la dinámica que se está desarrollando en casa o al menos echar un vistazo continuamente a lo que están haciendo, principalmente en lugares cerrados.

En Early Institute sabemos que estar alertas en los espacios más cercanos puede prevenir prácticas que afecten a niñas, niños y adolescentes. Insistimos que las medidas de precaución no deben ser exclusivas en el marco de estas fechas deportivas, sino en todo momento y, sobre todo, no hay que guardar silencio ante alguna situación sospechosa. Tampoco hay que olvidar que cuidar implica proteger a los niños y las niñas de nuestro entorno y solo a nuestros propios hijos o hijas, porque nuestro apoyo puede evitarles experiencias peligrosas, desagradables y difíciles de sanar.

Suicidios en niñas, niños y adolescentes: un asunto de prioridad

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute 
Publicación original de El Financiero

Recientemente, la revista The Lancet Regional Health – Americas publicó un estudio que demuestra el aumento en suicidios en adolescentes, en particular en el rango de 10 a 24 años.

 

En los últimos años se ha dado mayor importancia a un tema que debería ser colocado al centro de la agenda social de América Latina, pero que todavía falta por considerarse primordial. Me refiero al suicidio en niñas, niños y adolescentes, cuyas cifras son escalofriantes en la región y todo parece indicar una tendencia a la alza.

Recientemente, la revista The Lancet Regional Health – Americas publicó un estudio que demuestra el aumento en suicidios en adolescentes, en particular, en el rango de 10 a 24 años. Según el informe, este suceso representa la tercera causa de muerte en adolescentes y jóvenes, en América Latina, observándose un considerable aumento en quienes tienen entre 10 y 14 años (se incrementó de 5.7 a 7.84 % en el período de 2000 a 2021).

Esto significa una alerta sustancial para familias y autoridades escolares y gubernamentales no solo en la detección de factores que pudieran terminar en una tragedia, sino en llevar a cabo intervenciones tempranas que la puedan evitar.

Incluso, en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en sus últimas cifras sobre suicidio, identifica que son las niñas y mujeres quienes tienen mayor tendencia a privarse de la vida que los hombres.

El estudio titulado Mortalidad por suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes de 10 a 24 años en las Américas, 2000-2021: un análisis utilizando las Estimaciones Mundiales de Salud de la OMS hace hincapié en que: “Sin un compromiso renovado, el suicidio seguirá siendo una causa de muerte principal, aunque prevenible, entre los jóvenes, con importantes implicaciones para la salud poblacional y el desarrollo”.

Lo anterior se indica ya que se determinó que entre las posibles causas vinculadas a los suicidios se ubican afectaciones en la salud mental, el consumo de sustancias y su eventual adicción, la inadecuada exposición en entornos digitales, que pudiera derivar en ciberacoso, entre otras, es decir, prácticas que pueden ser prevenidas y atendidas de modo que la persona no llegue a pensar en acabar con su vida.

Otro de los puntos que sostiene el estudio es que: “Las persistentes y crecientes disparidades por sexo, edad y geografía sugieren que los esfuerzos de prevención existentes son insuficientes y se implementan de manera desigual en la región. Se requiere una acción fortalecida, coordinada y sostenida que involucre a gobiernos, sociedad civil y socios internacionales para elevar la prevención del suicidio como una prioridad de salud pública”.

Por si fuera poco, el estudio señala que la problemática coloca a la región en un sitio desfavorable con respecto a otras partes del mundo y los autores advierten que es la única región en la que se presenta una alza sostenida en la tasa de mortalidad por suicidio.

El asunto no es menor y se requieren iniciativas que prevengan y actúen de manera oportuna. En Early Institute —el único think tank mexicano dedicado al cuidado de la primera infancia—, reconocemos la importancia de trabajar con la población más vulnerable sobre temas de salud mental, prevención de adicciones, seguridad digital y otras acciones que eviten que este sector de la sociedad tome medidas que representen riesgos para su vida. La evidencia es muy clara y hacer caso omiso sería prácticamente dejar a la deriva a esta parte de la población que merece todo nuestro respeto, atención y respaldo.

 

El caso de Vicente y las deficiencias en el cuidado de la niñez

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero

Me refiero a lo sucedido con Vicente, quien fue abandonado al interior de un carro en Mexicali, Baja California, durante 12 horas.

Hace unos días, la sociedad mexicana se indignó con un caso muy lamentable en el que un menor de tres años perdió la vida de manera trágica.

Me refiero a lo sucedido con Vicente, quien fue abandonado al interior de un carro en Mexicali, Baja California, durante 12 horas.

Se señala que su madre, Roxana “N”, después de llegar de una fiesta familiar, decidió dejar a su hijo amarrado a su silla de seguridad para que siguiera durmiendo en el auto; sin embargo, con el paso del tiempo, a la mujer se le olvidó que el niño seguía en el vehículo.

Se tiene la evidencia de que, después de darse una ducha, Roxana bebió alcohol y se dedicó a interactuar en sus redes sociales hasta la madrugada.

A la mañana siguiente, cuando se dio cuenta de que Vicente no estaba en su habitación, descubrió que el niño seguía en el lugar donde lo dejó, pero ya sin signos vitales.

De acuerdo con las autoridades, la víctima falleció por un golpe de calor y por quemaduras de primer grado en su cuerpo, ya que la temperatura al interior de un vehículo, en sitios como Mexicali, puede llegar hasta los 45 grados.

El descuido fue brutal y las consecuencias funestas. Un niño perdió la vida y su madre podría alcanzar hasta 50 años de prisión debido a la gravedad de las omisiones.

Sin duda no hay palabras para calificar lo sucedido; sin embargo, es muy claro que se debe exigir que la seguridad de los niños y las niñas sea una prioridad.

En este lamentable hecho, se conjugaron varios factores que no justifican el acto y que ejemplifican lo que no debe ocurrir cuando se cuida a un menor.

Para empezar, la vigilancia de un niño o niña tiene que ser plena y consciente: no debe haber cosa de mayor relevancia que garantizar su protección.

Cabe mencionar que los padres del menor estaban peleando su custodia e incluso el papá no veía al niño desde noviembre pasado por una medida cautelar impuesta por un juez.

Se habla de que la mujer no quiso despertar al niño, pero la realidad es que pareciera estar más enfocada en su propia comodidad: darse un baño, seguir bebiendo e interactuar en sus redes sociales.

Asimismo, se está apelando a que se revise su estado emocional, en tanto sus abogados han dicho que la mujer sufría de depresión.

Serán las propias autoridades quienes determinen la sentencia de Roxana, pero es un tema para reflexionar, y para seguir impulsando la gran responsabilidad que tienen los padres y/o los cuidadores en el cuidado de los niños y las niñas.

Es inaceptable el sufrimiento que vivió Vicente y eso debería ser una llamada de atención para no perder de vista la vigilancia de los más vulnerables.

Desde Early Institute, afianzamos nuestro compromiso con la niñez mexicana y alzamos la voz para que nunca más vuelva a pasar algo así.

Es muy triste evidenciar casos como este porque muestran profundas deficiencias en el entorno que debiera ser el más seguro para la primera infancia, así como vacíos en las leyes que tendrían que priorizar el interés superior de los menores.

Las niñas y los niños merecen respeto y todas las garantías de que su vida y bienestar son lo más importante.

En México, a las niñas y los niños les estamos fallando

En México, a las niñas y los niños les estamos fallando

Las niñas y los niños tienen que ser nuestra prioridad en respeto, atención y cuidado y, por desgracia, les estamos fallando.

Recientemente se celebró el Día del Niño y la Niña en México, y aunque debiera ser una fecha de alegría y festejo, la realidad en la que viven miles de infantes no es precisamente de felicidad. Al contrario, los estamos defraudando.

Lamentablemente en nuestro país las niñas y los niños no están desarrollándose en entornos seguros. Así lo demuestran los últimos datos de delitos cometidos en su contra en lo que va de este año.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a febrero de 2026, un total de 24 mil 436 personas de entre 0 y 17 años fueron víctimas de algún delito, siendo los más comunes los de tipo sexual y la violencia familiar.

Cada una de estas cifras representa una historia marcada por la vulnerabilidad, la falta de protección y la presencia de profundas secuelas, que posiblemente por años acompañará a las víctimas.

Del total de las personas afectadas, 52.6 por ciento se trata de mujeres y 38.6 por ciento son hombres, lo que evidencia una problemática diferenciada por género.

Entre los delitos más comunes, destacan los llamados “otros delitos sexuales”, que incluyen violación, abuso, acoso y hostigamiento sexual, así como rapto.

Tenemos un escenario aterrador que abarca también otros espectros violentos como la incidencia del crimen organizado.

En este sentido, se habla de que uno de cada 10 menores fue afectado por prácticas vinculadas a este tipo de delincuencia, siendo víctima de delitos como homicidios, feminicidios, lesiones dolosas, trata de personas, pornografía infantil, secuestro, extorsión y narcomenudeo, entre otros.

En este rubro se contabilizaron 2 mil 249 víctimas, donde predominan los hombres (56.1 por ciento), aunque delitos como feminicidio, trata y pornografía infantil afectan principalmente a niñas y adolescentes.

Con esto hay evidencia contundente sobre la situación en la que vive gran parte de la población infantil en México, y que visiblemente denota que no se están garantizando las condiciones para que crezcan adecuadamente.

Otra forma de daño es el que se da en las propias casas de las víctimas. Según la oficina en el país del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en México, uno de cada dos niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 14 años ha experimentado métodos de disciplina violenta, lo que representa al menos 20 millones de menores que han sufrido algún tipo de agresión dentro de sus hogares.

Según datos del sector salud, 70.8 por ciento de las lesiones atendidas por ataques en menores de edad ocurren en la vivienda donde habitan, un dato que muestra que la violencia se ejerce en el espacio donde se supone que hay seguridad y vigilancia.

En Early Institute lamentamos que las niñas y los niños sufran violencia de cualquier índole, cuando deberían disfrutar una etapa de vida fuera de amenazas y riesgos.

Tenemos una gran responsabilidad social para asegurarles protección y en fechas como estas de celebración, habría que reflexionar si estamos de verdad procurando su bienestar.

Las niñas y los niños tienen que ser nuestra prioridad en respeto, atención y cuidado y, por desgracia, les estamos fallando.

Desaparición de menores abre puertas a la explotación sexual y trata en México

Desaparición de menores abre puertas a la explotación sexual y trata en México

Más del 60 por ciento de las víctimas menores desaparecidas son mujeres, principalmente entre 14 y 17 años, y que los hechos no son aislados, sino parte de un patrón vinculado a la explotación sexual y trata.

Estamos frente a una de las problemáticas más terribles y que, por desgracia, su atención está siendo cuestionada ante el incremento de casos en México. Me refiero a las desapariciones de niñas y adolescentes con patrones que apuntan a la explotación sexual y trata. Se habla de que, hasta marzo de 2026, hay 132 mil 534 personas desaparecidas en nuestro país; de ellas, más de 10 mil 383 son niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) confirman que más del 60% de las víctimas menores desaparecidas son mujeres, principalmente entre 14 y 17 años, y que los hechos no son aislados, sino parte de un patrón vinculado a la explotación sexual y trata.

De enero a abril de 2026, se han identificado redes de explotación en distintos estados de la República Mexicana. De los casos más visibles fue lo ocurrido en zonas del corredor Toluca-Tlalnepantla-Ecatepec, donde a principios del año se denunciaron desapariciones de adolescentes entre 14 y 17 años. Aquí las autoridades ventilaron patrones comunes: contacto previo por redes sociales, promesas de empleo y traslado a zonas fronterizas.

En febrero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una alerta por la desaparición de 17 adolescentes mujeres en colonias de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. Las investigaciones revelaron que varias víctimas habían sido contactadas por perfiles falsos en redes sociales, con ofertas de trabajo.

En marzo, un operativo conjunto entre autoridades logró rescatar a tres adolescentes reportadas como desaparecidas desde febrero. Las jóvenes fueron localizadas en una casa de seguridad en Orizaba, Veracruz, donde se presume que eran víctimas de explotación sexual y, con ello, se destapó una red que operaba entre Veracruz, Puebla y Tlaxcala. En lo que va de abril, en Jalisco y Tamaulipas se han identificado desapariciones simultáneas y rutas hacia la frontera.

En este contexto, se dio a conocer el caso de Kristina Vladimirovna Románova, una adolescente rusa bajo la tutela institucional mexicana, y que se tiene considerada como posible víctima de trata de personas. La cuestión es que Rusia exige su repatriación y acusa al DIF del Estado de México de retenerla ilegalmente. La joven incluso escapó y fue localizada en Tijuana, lo que intensificó la controversia, escalando a niveles diplomáticos delicados.

Por increíble que parezca, este episodio se suma a críticas previas sobre negligencia y desapariciones en albergues del DIF, reforzando la percepción de crisis en el sistema de protección infantil y, aunque son pocos los casos, sí se nota que en varios estados, estos centros carecen de sistemas de vigilancia y personal capacitado para prevenir fugas o agresiones o bien para custodiar debidamente a las niñas y adolescentes.

Las pruebas existen. Hace apenas unos días, el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés (21 años), en la Ciudad de México, estremeció al país. Luego de ser reportada como desaparecida, el curso de la investigación también se está vinculando a prácticas engañosas que posiblemente terminan en actos delictivos. Ya sea en niñas, adolescentes o adultas, hay una clara deficiencia operativa institucional, falta de garantías para las debidas investigaciones, demora en las actuaciones y carencia de protocolos efectivos.

Desde Early Institute hacemos un llamado a las autoridades a redoblar esfuerzos para proteger a las niñas y adolescentes, grupo social de mayor riesgo por factores de pobreza, violencia familiar, violencia sexual y crimen organizado. La urgencia es apremiante: por un lado, hay que fortalecer la capacidad institucional de búsqueda y recuperación y, por el otro lado, se deben atender las causas estructurales que colocan a las menores en situación de vulnerabilidad.

Se elevan las desapariciones de menores y adolescentes en México

Se elevan las desapariciones de menores y adolescentes en México

El gobierno mexicano se empeña en no aceptar la cruel realidad y minimiza informes como el emitido recientemente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de desaparición forzada.

México enfrenta un panorama muy desolador en materia de desapariciones. No es una percepción ni una idea de unos cuantos, es una abrumadora realidad que se debe atender inmediatamente.

La situación lastima aún más cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, que, lejos de vivir en un país seguro, están siendo separados de sus familias y entornos.

Simplemente, en los tres meses que van en este 2026, la organización Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) alertó sobre un aumento de 30% con respecto a otros años.

Es una durísima noticia saber que a finales de marzo 2026, el registro nacional superó los 130 mil casos de desaparición (cifra histórica desde 2006), con una marcada tendencia de afectación en adolescentes y jóvenes.

Respecto a las entidades con más casos de desaparición, están la Ciudad de México, Guanajuato, Chiapas y Estado de México, donde se concentra la mayoría de los reportes.

Por mencionar algo, en la Ciudad de México, entre el 20 y el 22 de marzo de 2026, se reportó la desaparición de al menos nueve menores de edad, activando fichas de Alerta Amber. Esto es inaceptable.

Son muchos los casos que se convierten en foco de atención por la difusión de los datos en medios de comunicación y redes sociales. En este sentido, en estos tres primeros meses se ha solicitado el apoyo para encontrar a niños, niñas y adolescentes como Iker Damián de 12 años de edad; las hermanas Azul y Rosa Hernández (desaparecidas en el Estado de México); Samantha Aylin (12 años), Dominic Jeshua (14 años), Lety Jaqueline (15 años) y muchos más.

Cada uno de estos casos se traduce en desesperación, frustración, miedo e incertidumbre, pero sobre todo en una terrible conmoción a nivel familiar que no tendría que experimentarse.

En más datos, ocho de cada diez menores desaparecidos son mujeres adolescentes y, aunque en semanas anteriores Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres en México, firmó un acuerdo con Meta, Google y TikTok para combatir la violencia digital contra las niñas y mujeres, lo cierto es que la infancia en México está expuesta a ser enganchada en redes sociales para después “desaparecer” en un entorno de violencia y acoso digital.

Los esfuerzos deben redoblarse y sostenerse, pues es evidente, en cifras y datos de fuentes fidedignas, que las alertas Amber por desapariciones van en aumento.

No obstante las evidencias, el gobierno mexicano se empeña en no aceptar esta cruel realidad y minimiza informes como el emitido recientemente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de desaparición forzada.

Estas desafortunadas acciones conducen todavía más a provocar confusiones y enojo entre la población, cuando lo que debe prevalecer es un trabajo en conjunto para resguardar a cada niño, niña y adolescente.

Desde Early Institute hacemos un llamado a tener mayor sensibilidad con el dolor de quienes tienen un familiar desaparecido y a tomar con seriedad esta problemática que está creciendo día con día. El riesgo de formar parte de los registros de desapariciones es cada vez más alto y se debe poner un alto.

Principalmente, es necesario que se estreche la colaboración para atender con prontitud las denuncias de las desapariciones, en particular cuando se trata de menores, ya que el tiempo es fundamental y cada segundo es vital para la recuperación de la víctima.