Los invisibles

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo de México

Es una pequeña muy sonriente, está por cumplir 3 años, nació en el Estado de México y es hija de padres guatemaltecos. La llaman Nancy, aunque no tiene nombre legal, le han negado el acta de nacimiento.

Se trata del caso de una pequeña que se dio a conocer en medios de comunicación el año pasado, pero ¿por qué es tan importante tener acta de nacimiento? 
En realidad, no se trata de un papel legal que formaliza tu nombre, se trata de un derecho y también de la forma en la que una sociedad reconoce y admite la identidad y existencia de una persona. Es el primer paso para que te sean reconocidos derechos y puedas exigirlos.
Con esta herramienta también se puede recopilar información que permita a los gobiernos impulsar políticas públicas eficaces, por ejemplo, cuánto y dónde deben emplear el dinero público o en qué zonas deben enfocar esfuerzos para implementar programas de desarrollo social, como el de vacunación.
Sin embargo, en México cientos de personas se encuentran invisibilizadas y desprotegidas. De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 publicado por el INEGI, el 0.36% de personas no están registradas en México ni en otro país. Este porcentaje puede dar la falsa noción de ser una problemática insignificante, sin embargo, se trata de 451,855 personas no registradas en México.
Así pues, no es una problemática insignificante ni mucho menor irrelevante, especialmente para grupos de personas que se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad, tal es el caso de la niñez, la adolescencia y las personas migrantes irregulares. Por ejemplo, si una niña o niño es separado de su familia por una catástrofe natural, conflicto o como resultado de un delito, reunirlos es más difícil por la ausencia de documentación oficial. De igual forma, son más susceptibles a sufrir distintas formas de abuso y explotación, pues al no poder demostrar su edad están expuestos a contraer matrimonio, entrar al mercado laboral o ser reclutados por fuerzas armadas.
Muchos de ellos no fueron registrados debido a que sus padres se les dificulta acudir con las autoridades mexicanas por prejuicios en contra de ellos, miedo a ser deportados y discriminación.
Sin embargo, una vez que acuden se les requieren documentos considerados como “indispensables” para expedir el acta, pero de difícil acceso -prácticamente imposible- para para ellos.
En ese sentido, deben impulsarse acciones concretas enfocadas a erradicar por completo situaciones similares y garantizar el registro de todas las personas. De acuerdo con UNICEF, eliminar las tasas de inscripción, concediendo subsidios en efectivo a las familias que inscriben a sus hijas e hijos, aumentar el número de registradores capacitados y/o enviarlos a zonas remotas en unidades móviles de registro puede ayudar a los gobiernos a llegar a poblaciones en situación de vulnerabilidad. La tecnología también ofrece una solución prometedora: los Gobiernos de Pakistán y Tanzanía han comenzado a utilizar aplicaciones para el registro de nacimientos a través de teléfonos inteligentes, que permiten a los registradores recopilar y cargar digitalmente los datos de los registros del nacimiento en un sistema protegido y centralizado en tiempo real.
En definitiva, lo esencial será cambiar actitudes y comportamientos, reconociendo las vulnerabilidades particulares de algunos grupos sociales y valorando a todas las personas por igual. Impulsando políticas públicas que busquen visibilizar y proteger a los que hasta ahora son invisibles.

Mitos alrededor de una trabajadora embarazada

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo de México

Inmediatamente después de regresar de mi licencia de maternidad, el gerente de operaciones me despidió, me dijo que ya no era considerada una trabajadora apta, que la empresa necesitaba trabajadoras sin hijos.

Este testimonio se narra en la Contradicción de Tesis 422/2016 resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les invito a analizarlo conmigo y descubrir todo lo que está mal en él.

En primer lugar, se trata de un caso de discriminación laboral por razón de maternidad. Aunque seguramente parece algo evidente para la mayoría de ustedes, el caso llegó a la Corte pues para algunos se trata de un despido justificado ya que la mujer no estaba embarazada cuando ocurrió. Sin embargo, es importante que sepan que existe un concepto derivado de la jurisprudencia llamado fuero de maternidad, que exige protección especial a las mujeres durante los periodos de embarazo y licencia postnatal.

Lo anterior es necesario debido a que algunos empleadores, ante la falta de información y para evadir la ley, esperan a que las mujeres embarazadas lleguen a término para despedirlas sin incurrir en una conducta ilegal pues, bajo su lógica “ya no están embarazadas”, pero lo hacen porque en el fondo están motivados por prejuicios y estereotipos alrededor de la maternidad.

Por otra parte, se trata de una protección especial debido a que exige de quienes están encargados de investigar e impartir justicia eliminar las barreras y obstáculos que colocan a las mujeres en una situación de desventaja en un momento en que de manera particular requiere de, por ejemplo, gozar de la atención médica necesaria y de las demás prestaciones de seguridad social que garanticen su bienestar y el del bebé.

En segundo lugar, este testimonio confirma lo que en nuestro informe La discriminación laboral por embarazo hemos evidenciado, que “comúnmente los empleadores comparten la idea de que las madres son más inestables y menos comprometidas y competentes en el trabajo, esto se relaciona con su poca adecuación a los estándares del trabajador ideal a diferencia de los hombres que son mayormente asociados con la idea de que son más comprometidos si están casados y son padres”. Por eso, aquella empresa no tiene problemas con que sus trabadores tengan hijos pues ellos no los cuidan, pero sí sus trabajadorAs.

Esto no solo es injusto con las mujeres, también con los hombres que quieren conciliar su vida familiar, personal y laboral, pero sobre todo con sus hijas e hijos que necesitan ser cuidados por su mamá y papá en igualdad de condiciones.

Lo peor de todo es que esta creencia parte del desconocimiento, la falsa creencia de que la mayor productividad se obtiene con trabajadores y trabajadoras que solo piensan en su trabajo 24/7; pero la realidad es que incentivar políticas internas que favorezcan la conciliación y promuevan la inclusión disminuye la rotación de trabajo hasta en un 60%, el ausentismo laboral en un 30%, aumenta el compromiso, lealtad y productividad de las y los colaboradores (Red del Consejo Coordinador Empresarial por la Primera Infancia).

Desafortunadamente este testimonio no es un caso aislado, es uno de los millones de casos que suceden día con día en este país. Algunos denunciados, otros callados, muchos otros incluso pasan desapercibidos por las propias mujeres víctimas que no sabían que eso que les pasó es discriminación y violencia.

Las y los empleadores, particularmente en el sector privado, tienen la responsabilidad de informarse, pero sobre todo la oportunidad de ser los agentes de cambio, la solución a esta problemática tan importante.

POR VALERIA GONZÁLEZ RUIZ
Coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute.

¿Qué está pasando en los albergues?

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en El Heraldo de México

“Niña es quemada con alcohol y descargas eléctricas en albergue de Tonalá, Jalisco” “Desaparece otra niña de albergue del DIF en Acapulco; van 3 en quince días”

En últimos días, los albergues de México han sido el foco de atención por noticias escandalosas sobre lo que pasa en sus instalaciones.

El primer caso, el de una niña de 11 años que fue rociada con alcohol y posteriormente agredida con una pistola de descargas eléctricas por personal de un albergue, lo que provocó que se incendiara. Ella informó que en el interior de las instalaciones había más menores de edad en posible condición de riesgo y quienes presuntamente también eran víctimas de vejaciones.

El segundo, una niña de 11 años que -de acuerdo con las versiones de las autoridades- “escapó” y se encuentra en calidad de desaparecida. Pero no es la única, en menos de un mes han desaparecido dos niñas más. ¿En qué condiciones viven esas niñas para huir y, en el intento, poner su vida en riesgo?

Son casos independientes, pero definitivamente no aislados, se trata de una situación sistemática. Como ya lo ha observado la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su “Informe Especial sobre la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social y Albergues Públicos y Privados de la República Mexicana” de 2019, no son pocos los casos de violencia, abuso, negligencia y omisiones contra la población menor de edad residente en centros de asistencia social, cuyo origen ha radicado, generalmente, en la falta de regulación, supervisión y control estatal.

De acuerdo con el último “Censo de Alojamientos de Asistencia Social” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (CAAS 2015), existen 875 casas hogar, albergues, refugios y otras modalidades de cuidado institucional. De éstos, solo 68 son financiados exclusivamente con recursos públicos, el resto se sostiene total o parcialmente con recursos privados. Es decir, también en este sentido, el Estado mexicano ha abandonado a la niñez y adolescencia, “delegando” -sin regulación, supervisión ni control- su responsabilidad en la sociedad civil.

Pero no basta saber cuántos centros son o cómo es su financiamiento, sino conocer las condiciones en las que operan y la situación concreta de 33,118 niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo su protección. Hoy más que nunca es de suma importancia prestar atención y exigir de las autoridades no solo la debida investigación y responsabilidad de las personas involucradas en los casos aquí mencionados, sino también sumar esfuerzos para cambiar la situación de niñas, niños y adolescentes institucionalizados en nuestro país.

Por ejemplo, demandar que cuenten con modelos de atención, recursos, personal suficiente y capacitado para garantizar sus derechos humanos. Así como mecanismos de supervisión adecuados que permitan evaluar que su operación atienda a los principios de no discriminación, interés superior de la niñez y adolescencia, derecho a la vida, al sano desarrollo y a expresar sus opiniones para que sean tomadas en cuenta de acuerdo con su edad y grado de madurez.

Recordemos que se trata de niñas, niños y adolescentes que vienen de contextos de violencia, desamparo y carencia, personas reales que por su condición de vulnerabilidad requieren una protección reforzada, pero en su lugar encuentran más indiferencia y abuso.

 

 

Los niños varones también necesitan protección

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en El Heraldo

Testimonios de niños varones víctimas de violencia sexual recabados por Family for every child en la campaña Sombrillas azules, que tiene por objeto visibilizar las agresiones que sufren niños y adolescentes varones

“La mayor parte del tiempo sus padres no se preocupan mucho por ellos porque son niños varones y no tienen nada que perder. No como las niñas que pueden quedarse embarazadas o ser violadas”

“Mis papás me enseñaron a no hacer lo que hacen las niñas: no ser débil, sino a ser fuerte”

“Un asli mard (hombre de verdad) es aquél que aguanta sus lágrimas y consuela a todos […] Un hombre que cuida y protege la dignidad de las niñas, es un héroe”

*Testimonios de niños varones víctimas de violencia sexual recabados por Family for every child en la campaña Sombrillas azules, que tiene por objeto visibilizar las agresiones que sufren niños y adolescentes varones.

Tal como lo plantea Family for every child en esta campaña, por mucho tiempo la sociedad ha asumido que los niños y adolescentes varones son valientes, fuertes, independientes y los responsables de cuidar a las niñas; en ese sentido, les ha dado más “libertad” que a las mujeres y ha omitido brindarles una protección adecuada.

Como se puede observar en los testimonios aquí compartidos, reforzar estos estereotipos puede hacerles sentir vergüenza de pedir ayuda cuando la necesitan, creando un escenario propicio para hacerles daño sin que haya repercusiones.

De igual forma, propicia que ellos denuncien aún menos que las niñas y las adolescentes. De acuerdo con Optimus Foundation en su “Study on Child Abuse, Violence and Neglect in South Africa” de 2016, los niños varones tienden a denunciar menos la violencia sexual en comparación a las niñas, y sus experiencias no siempre se identifican como abusivas o dañinas.

Consecuentemente, a nivel global predomina una falta de información sobre la violencia sexual de niños y jóvenes varones, lo que ha llegado a generar una negación, trivialización o falsa percepción de la magnitud de esta problemática en la sociedad. Desgraciadamente México no es la excepción, existe carencia de fuentes de información oficiales que permitan medirla.

Por ejemplo, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 del INEGI -la encuesta que aporta más información sobre la violencia sexual infantil y adolescente en nuestro país- se realiza exclusivamente en mujeres. Otro ejemplo es el del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fuente de referencia respecto de los delitos y las víctimas en nuestro país, cuyo reporte sobre denuncias hechas por delitos de violencia sexual ejercida en contra de niñas, niños y adolescentes no desagrega por sexo, de manera que no es posible conocer el impacto de este tipo de agresión en niños y adolescentes varones.

Solemos escuchar que las mujeres somos las principales agredidas sexualmente, pero en realidad no existen los elementos suficientes para afirmar o negar esta aseveración; primero, por falta de denuncia y, en segundo lugar, por la ausencia de herramientas adecuadas para su detección y medición.

Ante este escenario, no tenemos otra opción más que entender la problemática de fondo y combatir sus causas. Concretamente, ¿qué podemos hacer al respecto?

1. Visibilizar que niños y adolescentes varones también sufren violencia sexual y requieren protección adecuada.

2. Romper con la masculinidad tóxica, ésta los sitúa en una posición de riesgo.

3. Generar espacios seguros que impulsen a romper el silencio. La violencia sexual infantil es un fenómeno que socialmente se ha escondido en la esfera de lo “privado”, hay que luchar por sacarlo a luz, alumbrar el camino de todas aquellas personas que lo sufren.

4. Si deseas conocer más herramientas de prevención de violencia sexual infantil, acude a la plataforma alumbramx.org y a blueumbrelladay.org

El otro 10 de mayo

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en El Heraldo 

“Desde que informé sobre mi embarazo comencé a sufrir acoso, humillaciones, violencia verbal y psicológica por parte de mi superior inmediato.

En una ocasión expresamente me dijo que no pedí permiso para embarazarme, que me fastidiaría hasta que yo tomara la decisión de irme y que estaba muy decepcionado, ya que tenía proyectos conmigo en la empresa, pero por haberme embarazado no iba a ser posible que participara en ellos, por lo que me cambiaría de puesto y no tendría más oportunidad de crecimiento.

El día de las madres se ha convertido en un día para agradecer a todas aquellas mujeres que nos han cuidado, guiado y amado a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, este digno reconocimiento también exige que día con día se visibilicen y cuestionen todas aquellas prácticas que las rechazan por ejercer ese rol.

Un común ejemplo de estas adversidades es la discriminación laboral por embarazo, tipo de violencia que se manifiesta de diversas formas y que se incentiva por un conjunto de prejuicios sobre el embarazo en el espacio laboral; la cual se propaga y perpetúa aún después del parto.

De acuerdo con Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Persona (FEVIMTRA), de enero de 2012 a julio de 2021, la discriminación en el ámbito laboral ejercida en contra de mujeres por razón de género o embarazo representó el 69% del total de las denuncias por discriminación presentadas ante ella. Sin embargo, a pesar de ser un porcentaje ya de por sí alto y de que existen múltiples leyes y mecanismos institucionales que tienen por objeto sancionar las conductas de discriminación laboral por embarazo, así como atender y proteger a las mujeres que han sido víctimas, la realidad es que estas prácticas poco se denuncian porque no existen mecanismos de denuncia adecuados (anónimos y efectivos) dentro de los centros de trabajo ni autoridades sensibilizadas y capacitadas para atender estos casos.

Lógicamente, las mujeres embarazadas prefieren no denunciar por temor a ser despedidas o a ser revictimizadas en un procedimiento de denuncia que no cuenta con los elementos necesarios para brindarle acceso a la justicia ni a medidas de protección. Mientras conserven su trabajo, las mujeres embarazadas soportan malos tratos, humillaciones, hostigamiento, descuentos de sus licencias médicas, incluso negación de la posibilidad de ir al baño o de sentarse. Todo con tal de tener acceso a la seguridad social al momento del parto o estabilidad económica para que sus bebés estén bien, ¿cuántos casos similares no conocemos?

En ese sentido, en tanto no exista una política pública integral para brindar protección reforzada al embarazo y la maternidad que contemple, entre otras cosas, medidas cautelares ante diversos supuestos de discriminación laboral por embarazo -no solo el despido- y protocolos efectivos que permitan llevar un registro completo e investigar los hechos con perspectiva de género, no podremos saber el número real de casos de violencia ejercida en contra de las mujeres trabajadoras en razón del embarazo.

En tanto en los espacios laborales no se impulsen acciones y estrategias que mejoren el clima organizacional para las mujeres embarazadas y faciliten la maternidad, mientras no se fomente la conciliación entre la vida familiar y laboral de las y los empleados, no cesará la realidad del rechazo a la maternidad en los espacios laborales de la que aquí hemos hablado. Realidad que es totalmente opuesta a lo que se vive en el día de celebración -prácticamente nacional- a las madres.

Si tú que me estás leyendo atraviesas por una situación similar es importante que sepas que no estás sola, que esto que te está pasando no es normal, busca apoyo. Early Intitute tiene convenios con varios bufetes jurídicos gratuitos que te pueden brindar asesoría jurídica, pregunta en este link: https://staging.earlyinstitute.org/discriminacion-laboral-por-embarazo/

¿Hasta dónde puede llegar el rechazo a la maternidad en los espacios laborales?

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en El Heraldo 

“Realizaba labores de aseo en una escuela, cuando di a conocer mi embarazo gemelar y de alto riesgo no se tomaron las medidas necesarias para que las actividades que realizaba no pusieran en riesgo mi salud. Por el contrario, se me asignó el aseo profundo de algunos salones"

“Un día al terminar de lavar los baños me sentí mal e informé a la directora quien me pidió continuara con mi labor despacito para que no me cansara. Tuve que trapear, mover muebles y cargar cubetas pesadas.

“Comencé a sentir mucho dolor y ahí presenté expulsión de mis dos bebés. Uno de ellos murió al día siguiente por prematurez extrema, mi otro bebé nació con problemas graves de salud y posteriormente perdió la vista”, señala el testimonio recabado en la Recomendación 54/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La discriminación laboral por embarazo es un problema de gran escala, mucho más frecuente y común de lo que se piensa. Generalmente se ha asociado con conductas como el despido y la solicitud de prueba de gravidez para la contratación o el ascenso. Sin embargo, abarca otras conductas como el hostigamiento laboral, la negación de ascenso, la reducción de salario, el cambio de horarios sin consentimiento de la trabajadora, la prohibición de ir al baño o sentarse, así como ordenar la realización de labores que pongan en riesgo la salud de la mujer embarazada y de su hijo(a).

En el mismo sentido, los alcances de este tipo de violencia poco se visibilizan, pareciera que se trata de una mera problemática de carácter laboral, pero no es así. El rechazo al embarazo y la maternidad en los espacios públicos tiene implicaciones pueden afectar múltiples derechos de la mujer embarazada, de su bebé y su familia.

En lo que se refiere a su hija o hijo, la forma en la que se desenvuelva el embarazo impactará directamente en el desarrollo de la primera infancia. De acuerdo con el informe La Discriminación Laboral por Embarazo publicado por Early Institute, este tipo de violencia puede provocar bajo o muy bajo peso al nacer, mayor reactividad al estrés, parto pretérmino -como en el testimonio que aquí comparto- y aborto espontáneo.

Así pues, se observa la falta de un enfoque con perspectiva de niñez que visibilice el impacto que la discriminación deja no solo en la mujer, sino también en la vida, salud, integridad y desarrollo de las niñas y niños que nacerán. Lo anterior refleja que el problema tiene alcances tan amplios que nos definen como comunidad: ¿qué tipo de sociedad somos, si no garantizamos un ambiente sano y seguro para las niñas y niños en su primera infancia?

Por lo anterior, es importante posicionar esta problemática en el debate público; sensibilizar sobre lo que es y puede implicar; e involucrar a personas empleadoras, tomadoras de decisión y mujeres trabajadoras en su combate.

Precisamente el pasado 29 de marzo, en una acción paradigmática, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al Senado de la República que llame a comparecer a la Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional por no acatar su Recomendación 62/2020 emitida el 26 de noviembre de 2020, en un caso de discriminación laboral por embarazo. Celebremos la acción de la CNDH para poner esta problemática como un tema prioritario en la agenda pública, hoy más que nunca es necesario que comencemos a visibilizarla y actuar para prevenirla.

El mito del “trabajador ideal”

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en El Heraldo 

“Desde que me embarace comencé a ser discriminada; en mi incapacidad se me solicitó trabajo, incluso el mismo día del nacimiento de mi bebé tuve que atender requerimientos desde la camilla de la clínica. Después del parto existieron oportunidades de crecimiento laboral, sin embargo, nunca se me dio la oportunidad aunque lo solicité y contaba con el perfil y la experiencia, a diferencia de quienes fueron promovidos. Cuando pregunté la razón, me contestaron que por mi hijo. Antes de despedirme me cambiaron a un puesto de menor nivel.” 

Diversos estudios han identificado que la maternidad es vista como una “desventaja” en el trabajo, las y los empleadores comunmente comparten el prejuicio de que las madres son más inestables y menos comprometidas y competentes en el empleo; esto se relaciona con su poca adecuación a los estándares del “trabajador ideal”, aquél que es totalmente devoto a su trabajo y no tiene otras responsabilidades. Por el otro lado y fuera de toda lógica, los hombres casados y padres de familia, son mayormente asociados con la establidad, compromiso y competencia.

Por tal situación, han nacido conceptos como maternal wall para referirse a la barrera que representa la maternidad para obtener, permanecer y ascender en el ámbito laboral. Sin embargo, los prejuicios alrededor de la maternidad y el embarazo en el trabajo se manifiestan también como una forma de discriminación y violencia cuyo alcance afecta múltiples derechos de la mujer embarazada, de su bebé y su familia, no solamente sus derechos laborales.

En ese sentido, esta problemática es sumamente grave pues -además de su impacto- es más común de lo que se piensa: el 17.3% de las mujeres que tuvieron un empleo en los 5 años previos sufrieron alguna forma de discriminación laboral relacionada al embarazo de acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 -prácticamente 2 de cada 10 mujeres-; y el 31% del total de las presuntas quejas de discriminación promovidas ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) se refieren a casos motivados por un embarazo.

El número de mujeres que integra la fuerza de trabajo mundial nunca ha sido tan elevado como ahora, sin embargo, para ser valoradas como profesionales tenemos que cumplir con los rígidos estándares del trabajdor ideal: adoptar roles masculinos, hacer malabares para que nuestra maternidad “no se note”, ocultar nuestra vida familiar para que no afecte nuestra carrera laboral, pasar a segundo o tercer plano a nuestras hijas e hijos para conservar el empleo.

Esta presión absurda es insostenible y es nociva para nuestra sociedad, hoy más que nunca es necesario que los espacios laborales se reinventen, innoven y adapten para lograr efectividad sin sacrificar la vida familiar, personal y laboral de sus trabajadoras y trabajadores.

En días recientes Early Institute publicó el informe Discriminación Laboral por Embarazo, un estudio que reúne información sumamente interesante sobre las mujeres que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad; los prejuicios y estereotipos que existen alrededor de la maternidad y el embarazo; las conductas que conforman este tipo de violencia; y casos reales que evidencian su impacto.

En este documento de investigación se proponen una serie de recomendaciones dirigidas, entre otros, a empleadoras y empleadores para que impulsen acciones y estrategias que mejoren el clima organizacional para las mujeres embarazadas y faciliten la maternidad en el trabajo. Algunas de ellas pueden ser fomentar la conciliación entre la vida laboral y familiar de las y los empleados; proporcionar horarios laborales flexibles; e incentivar la contratación y ascenso de madres y mujeres embarazadas.

Si quieres conocer más, te invito a descargar el informe y leerlo en el siguiente link: https://staging.earlyinstitute.org/discriminacion-laboral-por-embarazo/

La industria de la gestación subrogada

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en El Heraldo 

El debate sobre la gestación subrogada se ha centrado en los derechos reproductivos de las personas solicitantes, sin embargo, están ausentes tres enfoques fundamentales en su abordaje: la gestación de bebés como un producto comercializable; la explotación de la mujer gestante como una máquina de producción; y la lógica de mercado que atraviesa estas problemáticas.

Integrar estos tres elementos nos permite visualizar la problemática real que existe en el fondo, una nueva forma de esclavitud: la explotación reproductiva. Esta columna aborda el tercer enfoque: la gestación subrogada como una industria que comercializa con bebés y el cuerpo de mujeres.

La gestación subrogada no es acuerdo de voluntades entre las partes ni una oportunidad de enriquecimiento para las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Detrás del disfraz que promete una vida mejor, se esconde la satisfacción del deseo de consumo de unos y el enriquecimiento de otros a costa de la explotación.

La industria de la explotación reproductiva se sostiene porque por un lado provee de bebés a personas que están dispuestas a pagar mucho dinero por ellos, y por otro, enriquece a intermediarios a costa de muchas mujeres en situación de vulnerabilidad que pueden explotar y controlar. Bajo esta lógica de mercado, las mujeres gestantes y los bebés son vistos como un objeto, no como sujetos de derechos y, con ellos, los intermediarios obtienen ganancias multimillonarias.

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía establece en su artículo segundo a) que se entiende por venta de niños a todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución.

En ese sentido, la Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de niños, incluidos la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y demás material que muestre abusos sexuales de niños ha enfatizado que “todos los Estados están obligados a prohibir la venta de niños y a crear salvaguardias para su prevención” y en 2019 exhortó a los Estados a “velar por que las leyes y políticas que prohíben la venta, la trata, el abuso y la explotación de los niños, así como las salvaguardias generales contra la venta y la trata de niños se apliquen en el contexto de la gestación por sustitución”. Incluso ha mencionado que en lugares que, en teoría, la gestación subrogada se encuentra bien regulada ha documentado casos de prácticas abusivas.

En los enfoques regulatorios a nivel internacional la lógica de mercado nos muestra que la prohibición de la industria de la explotación reproductiva en un país orilla al consumidor a buscar en otro lugar facilidad para “adquirir” el “producto” que se desea. Así pues, la explotación reproductiva -como cualquier industria- precisa de certeza y facilidad jurídica para subsistir, para garantizar la oferta y fomentar la demanda. Bajo el manto de la legalidad, sacar provecho de la vulnerabilidad de las personas es fácilmente manejable y el ambiente es propicio para atraer la demanda; se establece un sistema que permite que el mercado funcione.

Sin embargo, los acuerdos de gestación subrogada pueden acarrear violaciones graves a derechos humanos como el abandono de niñas y niños por parte de los solicitantes; la falta de idoneidad de los solicitantes para ser madres y/o padres generando un alto riesgo de tráfico de menores de edad; la vulneración de los derechos de identidad, origen y filiación; problemas relativos a la libertad del consentimiento de las gestantes; y malas prácticas por parte de los intermediarios. Así lo alertó el Consejo sobre Asuntos Generales y Política de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en su Informe de 2015.

Pretender que regular evitará la clandestinidad y vulneración de los derechos de los bebés y las mujeres gestantes es ignorar que este fenómeno existe porque representa una industria y como tal buscará un terreno fértil para su mercado: producción de bebés barata y facilidad de compra para la demanda. Los múltiples vacíos que toda ley tiene, manipulaciones y engaños arrasan con los posibles “candados legales” que pretendan controlar este fenómeno para evitar violaciones a derechos humanos.

En tanto no hablemos abiertamente de estos tres elementos de la explotación reproductiva, el mercado de bebés y mujeres seguirá aumentando. Desgraciadamente, por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran millones de mujeres, la falta de coordinación entre las autoridades, la corrupción, la impunidad, los vacíos legales y la ausencia de una ley federal que la prohíba, México es un terreno fértil para la industria de la explotación reproductiva.

 

Gestación subrogada, una vía para explotar el cuerpo de las mujeres

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en El Heraldo 

El debate sobre la gestación subrogada se ha centrado en los derechos reproductivos de las personas solicitantes, sin embargo, están ausentes tres enfoques fundamentales en su abordaje: la gestación de bebés como un producto comercializable; la explotación de la mujer gestante como una máquina de producción; y la lógica de mercado que atraviesa estas problemáticas.

Integrar estos tres elementos nos permite visualizar la problemática real que existe en el fondo, una nueva forma de esclavitud: la explotación reproductiva. Esta columna aborda el segundo enfoque: la gestación subrogada como una vía para explotar el cuerpo de las mujeres.

La gestación subrogada es una industria que, en la práctica, se dedica a captar mujeres en situación de vulnerabilidad y -en la mayoría de los casos- en condición de pobreza para explotar y alquilar sus cuerpos y funciones reproductivas.

Bajo la premisa de que la mujer gestante tiene libertad y poder de decisión sobre su cuerpo muchas empresas y personas justifican y promueven un mercado que comercializa con el cuerpo de las personas. Sin embargo, detrás de la fachada de libertad y acuerdo de voluntades, se encuentran las mujeres más vulnerables, aquellas que han tenido un inequitativo acceso a las oportunidades o que viven diversos tipos de violencia que les sitúan en condiciones de vulnerabilidad y que, con tal de encontrar una salida a la situación en la que se encuentran, están dispuestas a pasar por cambios hormonales fuertes, exponer su salud física y mental, perder libertad de movimiento, sexual y de decisión durante un embarazo para después entregar al bebé -que han gestado y con quien han generado un vínculo- a alguien más. En un plano donde existe una posición de notoria ventaja y poder sobre la otra persona, no se puede coexistir igualdad ni libertad.

Se habla de empoderamiento al aludir sobre la decisión de las mujeres gestantes a rentar su vientre, lo cierto es que las personas intermediarias -con sus intereses económicos- no estarán dispuestas a respetar las reglas de las mujeres, a pagar lo que ellas consideren justo, a no explotarlas, a respetar sus decisiones en todo momento y a no violentarlas en cuanto su provecho e interés económico se vea amenazado; ellas nunca van a tener el control, ni la libertad que una transacción en condiciones de igualdad exige, se trata pues de una libertad paradójica.

En el mismo sentido, la gestación subrogada perpetúa la idea de que las mujeres y sus cuerpos pueden ser utilizadas para satisfacer los deseos e intereses económicos de terceros. En este proceso fungen como “fábrica de bebés”, su cuerpo es tratado como un objeto que puede ser comprado, vendido, utilizado y desechado. Pero los cuerpos de las personas no son objetos que pueden usarse, rentarse ni consumirse para el provecho de otros. Precisamente por eso, nos referimos a este fenómeno como una forma de explotación.

Desde esta perspectiva no se pretende juzgar a las mujeres gestantes por sus decisiones, tampoco de tacharlas de débiles o incapaces, todo lo contrario, se trata de visibilizar que ellas son explotadas por personas que se aprovechan y lucran con su condición de vulnerabilidad.

Ante este panorama queda prohibir esta forma de explotación, garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ofrecer trabajos dignos e igualdad de acceso de oportunidades. Recordemos que estamos ante un Estado claudicante cuando éste ha fracasado en cumplir con sus obligaciones de derechos humanos y decide “legalizar” la explotación de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

¿Qué es la explotación reproductiva?

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en El Heraldo 

El debate sobre la gestación subrogada se ha centrado en los derechos reproductivos de las personas solicitantes, sin embargo, están ausentes tres enfoques fundamentales en su abordaje: la gestación de bebés como un producto comercializable; la explotación del cuerpo de la mujer gestante como una máquina de producción; y la lógica de mercado que atraviesa estas problemáticas.

Integrar estos tres elementos nos permite visualizar la problemática real que existe en el fondo, una nueva forma de esclavitud: la explotación reproductiva. Esta columna será el inicio de una serie de entregas para explicar el porqué.

Gestación de bebés como un producto comercializable

Los bebés procreados bajo gestación subrogada son tratados como meros objetos de comercio y a su alrededor existe una expectativa de consumo, de manera que este fenómeno es prácticamente una industria de producción, venta y compra de bebés y -en ocasiones- personas “a modo” al pagar por óvulos y espermatozoides que aseguren que cumplirá con ciertas con ciertos ideales de belleza y/o salud.

Desgraciadamente, cuando una persona -en este caso un bebé- es tratada como un objeto, se ignoran sus derechos. Con ellos se pretende satisfacer el deseo de tener un hijo y se omite exigir que quien solicita cumpla con requisitos de idoneidad, además de que se incumple la obligación de garantizar su interés superior -por imponer la voluntad de las personas solicitantes por encima de su bienestar-, su derecho a conocer su origen y filiación, su derecho a la identidad, nacionalidad y a conocer su pertenencia cultural.

Adicionalmente, se ha fallado en dar seguimiento y prever mecanismos que aseguren su bienestar y sano desarrollo, dejando la puerta abierta para la comisión de otros delitos y otras formas de explotación como el tráfico de menores, adopción ilegal, explotación sexual, tráfico de órganos, entre otros.

Así pues, se ha creado toda una industria de producción de bebés que gira en torno al deseo de los solicitantes, pero no existe el “derecho a tener hijos”. Los gestados bajo esta práctica no son un producto de deseo, son sujetos de derechos y ellos tienen derecho a tener una familia y estar en un ambiente idóneos. Sin embargo, se han dejado sus derechos al arbitrio de un acuerdo de voluntades de personas que sólo requieren tener dinero, por un lado, y por el otro, personas que tienen necesidad económica, con una industria de fondo que solo persigue un fin lucrativo. En ese sentido, el Estado debe priorizar su interés y posicionarlos en el centro del debate público.

En tanto no hablemos abiertamente de los tres elementos de la explotación reproductiva, el mercado de bebés y mujeres seguirá aumentando. Desafortunadamente, por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran millones de mujeres, la falta de coordinación entre las autoridades, la corrupción, la impunidad, los vacíos legales y la ausencia de una ley federal que la prohíba, México es un terreno fértil para la industria de la explotación reproductiva. ¿Estamos dispuestos a ser un país considerado como paraíso reproductivo?