Emergencias obstétricas, una deuda pendiente del sistema de salud

Por Valeria González Ruiz, coordinadora en Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original de El Heraldo de México

  • Corresponde a las instituciones traducirlas en decisiones que permitan garantizar una atención oportuna y de calidad, y proteger efectivamente la vida y el bienestar de las mujeres, de las niñas y los niños
El bienestar de las mujeres antes, durante y después del embarazo, así como el de las niñas y los niños, constituye un pilar fundamental de cualquier sistema de salud.

No se trata únicamente de recibir atención médica durante el embarazo o el parto, sino de garantizar que ésta sea oportuna, adecuada y de calidad, especialmente cuando enfrentan una situación de emergencia que pone en riesgo su bienestar e incluso su vida.

Sin embargo, la realidad en México aún muestra importantes desafíos. La publicación Atención a la salud materno-infantil y a las emergencias obstétricas durante el embarazo, parto y puerperio en México de Early Institute, evidencia fallas sistémicas que limitan la capacidad del sistema de salud para responder de manera adecuada a las necesidades de mujeres, niñas y niños ante emergencias obstétricas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, México cuenta con 46 mil 435 establecimientos de salud registrados; no obstante, cuando se observa cuántos de ellos dan atención relacionada con la salud materno-infantil, la cifra se reduce notablemente, al ser únicamente mil 312 unidades médicas en todo el país.

Además, solo 358 hospitales cuentan con unidades de cuidados intensivos, 329 con unidades de cuidados intensivos neonatales y 247 unidades médicas cuentan con banco de sangre. Esto quiere decir que, cuando se trata de atención a emergencias obstétricas como hemorragias posparto, preeclampsia y eclampsia, o complicaciones como la prematuridad, sepsis neonatal o la insuficiencia respiratoria del recién nacido, las capacidades del sistema de salud para responder de forma oportuna son aún más limitadas.

La salud es un derecho humano reconocido por la Constitución mexicana y los tratados internacionales, que establecen la obligación del Estado de garantizarlo; sin embargo, cuando se trata de la salud materno-infantil esta obligación adquiere una importancia mayor pues exige que los servicios de salud cuenten con las capacidades suficientes para responder las distintas necesidades de esta población y para actuar ante situaciones que pongan en riesgo su vida.

Por ello, hablar del acceso a la salud no puede limitarse a su reconocimiento normativo ni a la existencia formal de servicios. Esta investigación evidencia que es necesario eliminar barreras, atender las desigualdades estructurales, adaptar los servicios a las necesidades de las personas y priorizar la atención en casos de alto riesgo. De lo contrario, las consecuencias pueden ser fatales; de acuerdo con la investigación, 4 mil 871 mujeres, niñas y niños murieron por causas relacionadas con una emergencia obstétrica en 2023.

Es urgente implementar acciones progresivas por parte del Estado que hagan efectivo el derecho a la salud materno-infantil. Ahí la importancia de este documento, que plantea recomendaciones normativas y de política pública orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud y a contribuir a la prevención de muertes que, en muchos casos, pueden evitarse.

Así, se hace un llamado a las autoridades, tanto federales como estatales, responsables de garantizar el derecho a la salud, para que asuman como una prioridad la atención médica materno-infantil y fortalezcan las capacidades institucionales de respuesta ante emergencias obstétricas.

Las recomendaciones planteadas en esta investigación ofrecen elementos concretos para avanzar en esta tarea. Ahora corresponde a las instituciones traducirlas en decisiones que permitan garantizar una atención oportuna y de calidad, y proteger efectivamente la vida y el bienestar de las mujeres, de las niñas y los niños.

La protección a la maternidad avanza con pasos firmes

Por: Valeria González Ruiz , directora de Vinculación e Incidencia en Early Institute
Publicación original en El Heraldo de México

Todavía a muchas mujeres les son exigidas pruebas de maternidad para poder ser contratadas o para continuar con su trabajo

A pesar de los enormes avances que hemos tenido en materia de derechos humanos, hoy las mujeres seguimos padeciendo de discriminación y violencia por el simple hecho de ser mujeres. Se nos penaliza socialmente por nuestro género, pero adicionalmente, se nos castiga por ser madres, por ser esposas y por cada hija o hijo que tenemos.
Todavía a muchas mujeres les son exigidas pruebas de maternidad para poder ser contratadas o para continuar con su trabajo. A otras tantas, les disminuyen el sueldo por estar embarazadas y a otras más les son asignadas tareas y trabajos más pesados que afectan el desarrollo de su bebé.
Se trata pues, de una forma de violencia que se ejerce sólo contra las mujeres, un problema estructural que atenta contra el bienestar de las trabajadoras, pero también de sus hijas e hijos. Las consecuencias no son solamente de carácter laboral, se ha demostrado que afectan de forma directa la salud y vida de sus hijas e hijos también. El estrés y las condiciones adversas sufridas en el trabajo durante el embarazo están asociadas a bajo peso al nacer, mayor reactividad al estrés, mayor riesgo de parto pretérmino y abortos espontáneos.
Es por eso que desde el año 2020, en Early Institute decidimos dejar de ser espectadores y lanzamos un programa decidido a visibilizar y erradicar todas las prácticas que vulneran la maternidad en México.
Nuestro enfoque ha sido integral, con énfasis especial en los dos espacios donde más se vulnera esta etapa: el laboral y el de la salud. Iniciamos con una investigación rigurosa sobre la discriminación laboral por embarazo: revisamos literatura científica internacional, recopilamos testimonios reales de mujeres mexicanas y analizamos a fondo el marco normativo vigente. Lo que encontramos es preocupante: el sistema jurídico actual, lejos de proteger, sigue propiciando que estas violaciones se repitan una y otra vez.
Gracias a ese diagnóstico profundo, pudimos diseñar propuestas concretas de incidencia en política pública. Desde entonces, hemos llevado nuestra investigación y recomendaciones a tomadoras y tomadores de decisión que realmente están comprometidos con un cambio estructural en el país.
Hoy tenemos buenas noticias que celebrar: tres entidades federativas -Sonora, Querétaro y, más recientemente, Tlaxcala- ya reformaron sus leyes para reconocer la discriminación laboral por embarazo como una forma específica de violencia que afecta únicamente a las mujeres y a sus hijas e hijos. Estas reformas no solo visibilizan el problema, sino que otorgan a las víctimas una protección reforzada y atención especializada: asesoría jurídica y atención médica.
Pero esto es solo el comienzo. Actualmente impulsamos estas mismas reformas en el Congreso de la Unión, así como en los congresos de Chihuahua, Estado de México, Puebla y otras entidades. No pararemos hasta que la maternidad deje de ser vulnerada y se convierta en un derecho plenamente garantizado.
Nuestro trabajo en Early Institute está diseñado para generar transformaciones profundas y sostenibles en el mediano y largo plazo, cambiando no solo las leyes, sino también las prácticas culturales y empresariales que siguen castigando la maternidad. Cada reforma, cada caso visibilizado y cada política pública que logremos incidir representa un paso hacia una sociedad más justa, donde las mujeres puedan ejercer su maternidad sin miedo a perder su empleo, su estabilidad o su salud.
Llamamos a todas las personas e instituciones comprometidas con la igualdad a unirse a esta causa. Porque una sociedad que cuida y protege a la maternidad es una sociedad justa, estable y próspera.

Escuelas ¿espacios de aprendizaje o de violencia?

Por Valeria González Ruiz, Coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo

El mensaje es claro: las escuelas tienen que ser aliadas protectoras, no cómplices y mucho menos agresoras, ellas contribuyen directamente al bienestar, la seguridad y el pleno ejercicio de los derechos de la infancia

 

“Nos enteramos del abuso que vivieron niñas y niños de 3 a 5 años de edad en su escuela, incluidos nuestros hijos y nuestras hijas. En un principio todo parecía extraño; sin embargo, escuchar a otros padres mencionar los síntomas que presentaban sus hijos resonaba en nosotros porque sabíamos que su dolor era el que estábamos sintiendo”

Testimonio narrado en el Acto de disculpa pública por la actividad irregular del Estado por los abusos cometidos por servidores públicos en el Jardín de Niños “Marcelino de Champagnat” el 28 de agosto 2025

Aunque parezca increíble, la violencia sexual cometida dentro de las escuelas es un fenómeno real y frecuente. De acuerdo con los datos de lesiones de la Secretaría de Salud, en 2023 se registraron 268 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes ocurridos en el entorno escolar: 68 contra niñas y niños de entre 1 y 5 años, 79 contra el grupo de 6 a 11 años y 121 contra adolescentes de entre 12 y 17 años. Paradójicamente el sector educativo, al igual que el sector salud, resulta clave para la detección y atención inmediata de casos de violencia sexual, ahí se pueden identificar señales de alerta, fortalecer factores de protección y fomentar una cultura del respeto y la no violencia desde edades tempranas.

En ese sentido, es prioritario no solo evitar que casos tan atroces sucedan dentro de los planteles, sino también crear los mecanismos necesarios para detectar a tiempo y atender sin revictimización violencia sexual infantil. Es por eso que este ciclo escolar podemos celebrar un gran logro, fruto de años de lucha: en 2018 se descubrieron diversas agresiones sexuales en contra de niñas y niños del Jardín de Niños "Marcelino de Champagnat" en Ciudad de México, cometidas por parte de personal docente, directivo y de supervisión. Las 17 familias víctimas iniciaron un arduo proceso de acceso a la justicia -acompañadas de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI)-, que concluyó en 2021 con una sentencia que dictó 494 años de prisión y que señala la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública de garantizar un servicio educativo seguro para la niñez, obligándola a implementar diversas medidas de reparación y no repetición.

Este año al fin se ven materializadas esas medidas; en mayo se publicaron los Lineamientos para la prevención primaria, atención y medidas de no repetición para la erradicación de la Violencia Sexual en Educación Básica que establecen obligaciones para las autoridades en la prevención y atención de casos de violencia sexual. Estos incluyen acciones de prevención, detección, intervención, notificación, canalización y seguimiento de casos, señalando con énfasis la coordinación interinstitucional como una medida para fortalecer la atención y evitar la repetición de estas violencias. Por otra parte, se incluyó en el Calendario Escolar 2025-2026 la Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, que tiene por objetivo brindar las herramientas necesarias a personal docente y administrativo para prevenir, identificar y actuar frente a la violencia sexual en las aulas, así como que las y los alumnos cuenten con la información necesaria para reconocer la violencia sexual y saber a quién acudir si llegan a presenciarla, vivirla o identificarla.

Finalmente, la Secretaría de Educación Pública -a través de su titular Mario Delgado Carrillo- ofreció disculpas públicas por la "actividad irregular del Estado" en los actos de violencia sexual cometidos en el Jardín de Niños "Marcelino de Champagnat", reconociendo que la autoridad falló en cuidar y proteger a las niñas y niños, y en garantizar que su escuela fuera un espacio libre de violencia.

El mensaje es claro: las escuelas tienen que ser aliadas protectoras, no cómplices y mucho menos agresoras, ellas contribuyen directamente al bienestar, la seguridad y el pleno ejercicio de los derechos de la infancia. Las y los docentes pueden detectar oportunamente signos de abuso o riesgo; fortalecer la participación de familias y comunidades en la prevención; y crear una cultura escolar basada en el respeto, la igualdad y la protección.

Definitivamente estos avances son solo el primer paso en un largo camino para la construcción de entornos libres de violencia para la infancia y adolescencia de nuestro país. En lo individual, es prioritario allegarnos de información y herramientas efectivas para entender y prevenir efectivamente la violencia sexual infantil en todos los ámbitos sociales, especialmente en el familiar, escolar, y de salud.

En alumbramx.org se alojan herramientas de prevención dirigidas a mamás, papás pero también a cuidadores y autoridades de primer contacto; entre ellas, insumos específicos para identificar espacios escolares seguros. Ahí podrán, por ejemplo, aprender que las aulas que no permiten la visibilidad favorecen los abusos; que los baños no deben compartirse con personal docente; que los conserjes no deben vivir dentro de las escuelas; o que las escuelas deben de contar con protocolos de actuación claros que contemplen dar vista inmediatamente a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ante cualquier indicio de un caso de violencia sexual. Les invito a involucrarse, informarse y asumir una responsabilidad colectiva en la prevención de la violencia sexual ejercida contra niñas, niños y adolescentes.

Maternar es resistir

Por Valeria González Ruiz, Coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo

Todas aquellas mujeres que han tomado el camino de la maternidad lo hacen -bajo las condiciones actuales- con valentía, amor, pero también con mucha resiliencia

“Millones de hombres y mujeres se sacrifican para cuidar la vida de los demás.
Ellos encarnan la resistencia”
Ernesto Sábato

Hoy en día, ejercer la maternidad puede parecer un acto de resistencia: embarazarse, parir, lactar pueden sentirse como actos revolucionarios que desafían a un sistema que, de una u otra forma, nos ha oprimido y dificultado día con día el ejercicio de la maternidad.

Todas aquellas mujeres que han tomado el camino de la maternidad lo hacen -bajo las condiciones actuales- con valentía, amor, pero también con mucha resiliencia. Muchas tienen miedo de dar a conocer su embarazo a sus empleadores por temor a represalias, miles han sido despedidas, otras más han tenido que renunciar a su trabajo porque carecen de redes de apoyo para cuidar de sus bebés.

Y estas historias, familiares para todos, han impactado irremediablemente las dinámicas familiares, la forma en la que nos conducimos como sociedad y, por supuesto, las cifras de natalidad. En el marco del Día Mundial de la Fertilidad, que se conmemora en este mes de junio, se publicaron numerosos estudios que muestran la reducción de la natalidad a nivel global.

Por ejemplo, desde el 2007 los índices de natalidad en Estados Unidos han ido en declive según los registros del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La preocupación sobre la posibilidad de que la economía del país colapse y de un futuro que no cuente con la fuerza de trabajo suficiente para brindar seguridad social y protección a la creciente población de personas mayores, ha generado una “lluvia de propuestas” que se han anunciado en medios de comunicación para incentivar el incremento de nacimientos: un bono a cada mujer después del parto; una “medalla nacional de la maternidad“ a la que podrían aspirar aquellas mujeres que tuvieran seis o más hijos; e incluso reducir el costo de los procesos de fecundación in vitro.

Pero no se trata solo de incrementar los números, sino de brindar las condiciones adecuadas para que las madres y padres cuenten con herramientas para que sus hijas e hijos crezcan en condiciones dignas y libres de violencia.

En contraste Japón, que comparte las mismas inquietudes, ha implementado no “ideas creativas” sino políticas públicas integrales para resolver esta problemática de forma estructural. De acuerdo con la página de la Oficina del Primer Ministro de Japón, la población joven de este país decaerá rápidamente después del 2030, volviendo imposible revertir la tendencia, por lo que han diseñado toda su estrategia sobre por 4 ejes: 1) apoyo financiero, con reducción del costo de las escuelas y creación de becas, no solo para los hijos, sino para aquellos que incluso estudian posgrado y deciden tener hijos, con subsidios para cubrir los costos de las consultas prenatales y el parto, además de uno mensual que puede incrementarse con el número de hijos; 2) apoyo de asesoría, acompañamiento y proveeduría de vivienda para garantizar que existan espacios asequibles donde críar a sus hijos; 3) promoción de la conciliación laboral con la vida familiar, a través del impulso a licencias de paternidad, coordinación con los trabajadores para que escojan el formato de trabajo que mejor se ajuste a su estilo de vida y reducción de horarios laborales; 4) impulso de la “estrategia para el futuro de la niñez”, esto significa que todos los miembros de la sociedad -incluyendo las empresas- aporten recursos para incrementar considerablemente el presupuesto destinado al futuro y estabilidad de la niñez, como una respuesta solidaria a su cuidado.

Y México no se queda atrás: de acuerdo con el Consejo Nacional de Población en 2023 las mexicanas en edad reproductiva tuvieron 1.6 hijas o hijos, en contraste con 2018 que tuvieron 2.07, mientras que en 1997 fue de 2.7.

Aquí la maternidad -en todas sus expresiones- es una de las principales razones por las que se discrimina; ésta es bienvenida y celebrada por todos en la vida privada -por ejemplo, felicitamos a nuestra amiga por su embarazo y la llegada de su bebé-, sin embargo, en la esfera pública -como en el trabajo, la escuela o el sector salud- es tratada con desprecio y violencia. La discriminación laboral por embarazo, la violencia obstétrica, ausencia de espacios de lactancia dignos e higiénicos, presión para abandonar los estudios, horarios de trabajo extenuantes y poco flexibles, imposibilidad para ascender laboralmente y falta de espacios para el cuidado infantil seguros y accesibles son fenómenos que reflejan esta realidad.

Es cierto, hemos tenido enormes avances en materia de derechos humanos los últimos años. Hoy somos un país que es liderado por una mujer presidenta y contamos con congresos legislativos paritarios. Poco a poco se han abierto puertas que antes se encontraban totalmente cerradas para las mujeres; sin embargo, aún existe una deuda pendiente: brindarle una protección reforzada a la maternidad y al embarazo.

Impulsar la igualdad de género de forma estratégica y coherente exige visibilizar la maternidad como una de las facetas de la mujer más susceptible de ser vulnerada y, en consecuencia, brindarle una protección reforzada.

Es por eso que celebro que ya se están haciendo esfuerzos legislativos para brindar una protección reforzada a la maternidad. Destaca una iniciativa presentada en Cámara de Diputados, aprobada por unanimidad y que actualmente está en Comisión de Igualdad de Género esperando a ser dictaminada; ésta tiene por objeto 1) visibilizar a la discriminación laboral por embarazo como una forma de violencia ejercida en contra de la mujer; 2) brindar una protección reforzada al embarazo, la lactancia y la maternidad en el espacio laboral; 3) visibilizar que la mujer embarazada y su bebé pueden sufrir afectaciones a su vida y salud a causa de este tipo de violencia; y 4) establecer mecanismos para sensibilizar, atender adecuadamente y sancionar actos de discriminación laboral por embarazo.

Este ejemplo debe de ser solo el inicio de una ola de protección a la maternidad que permita cambiar el sistema de raíz, un conjunto de cambios profundos y estructurales que envíen un mensaje contundente de aceptación y protección, para que la maternidad ya no sea más sinónimo de resistencia.

Niñas, niños y adolescentes sicarios, la realidad detrás del reclutamiento del crimen organizado

—¿A los cuántos años empezaste a ejecutar? —preguntó el soldado. —A los once —respondió.

Por: Valeria González Ruiz, Coordinadora de Vinculación e Incidencia Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

Aunque este fenómeno no es nuevo, uno de los casos que quedó grabado en el imaginario colectivo fue el de Edgar Jiménez Lugo, alias “el Ponchis”o “el niño sicario” quien en 2010 fue detenido en Morelos a la edad de 14 años por el ejército. A su corta edad ya se dedicaba a torturar y asesinar a sus víctimas.

Este suceso fue demoledor para México, pues reflejaba cómo el crimen organizado había impregnado hasta el más recóndito lugar de nuestro país. Había llegado al punto de cooptar a niñas y niños desprotegidos, de contextos marginados, para integrar un ejército de sicarios. Se aprovechaba de los contextos de pobreza, violencia familiar y utilizaba su vulnerabilidad como carne de cañón: ellos no tenían nada que perder y el crimen organizado mucho que ganar.

Desgraciadamente, ahí no se marcó el final de esta trágica avalancha. Hoy, quince años después, el fenómeno del reclutamiento por el crimen organizado sigue, no solamente vigente sino que se ha reinventado.

Los delincuentes recurren a diversos mecanismos para abastecer su milicia. Engaños laborales, amenazas y secuestros están a la orden del día. Por ejemplo, en Chiapas existen reportes de secuestros masivos a habitantes de comunidades indígenas para obligarlos a trabajar con ellos.

En Chihuahua, denuncias sobre falsas ofertas laborales -en campos agrícolas, call centers, trabajo del hogar, servicios de chofer, de vigilancia, etc.- difundidas en redes sociales y plataformas laborales para después retenerlos a la fuerza y someterlos a prácticas de adoctrinamiento con el fin de obligarlos a realizar labores en favor del crimen organizado. En Jalisco también se han documentado decenas de casos de jóvenes desaparecidos en la Central de Autobuses de Tlaquepaque que se presentaban en respuesta a ofertas laborales.

Los videojuegos tampoco se salvan, ahora son una vía sumamente “efectiva” para reclutar a niñas, niños y adolescentes. Jugando con ellos ganan su confianza y los invitan a colaborar en actividades delictivas. En octubre del 2024 se volvió noticia nacional el caso de un niño de 14 años en Oaxaca reclutado a través Free Fire.

Pero eso no es todo, según reportajes recientes, la delincuencia organizada ahora requiere también de perfiles más especializados, por lo que han recurrido a universidades en búsqueda de estudiantes de química para que participen en los procesos de producción de droga.

El Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes (ONPRENNA) define al reclutamiento como “un proceso permanente de incorporación a la delincuencia organizada para realizar diversas actividades ilícitas, mediante actos de sustracción, captación, amenaza, intimidación, rapto, engaño, uso de la fuerza y otras formas de coacción, oferta de pago o beneficios, entre otras”.

Como se puede observar a lo largo de todos los casos aquí narrados este fenómeno afecta directamente el derecho a la vida, al libre desarrollo de la personalidad, a la educación y a la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes de nuestro país. De acuerdo con en el informe "Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México" de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad “en México al menos 460 mil niños fueron reclutados y utilizados por integrantes del crimen organizado para obligarlos a realizar actividades delictivas”.

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha recomendado a México como medidas prioritarias tipificar el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes en hostilidades; así como establecer mecanismos de identificación y recopilación de datos desagregados de niñas y niños que pudieron haber sido reclutados o utilizados en hostilidades, especialmente migrantes, refugiados y solicitantes de asilo -poblaciones aún más expuestas y en situación de mayor vulnerabilidad-.

Desafortunadamente, actualmente México no cuenta con una tipificación a nivel federal ni en varias entidades federativas, y está lejos aún de contar con autoridades estatales -con especialización en víctimas y niñez- coordinadas e involucradas tanto en la investigación, persecución, procuración y administración de justicia. Sin embargo, la ruta de trabajo está ya definida, es cuestión de priorizar, sumar voluntades políticas e invertir todos los esfuerzos posibles en combatir la complejidad de este fenómeno.

Para todas las personas que me leen en estos momentos, acercar esta información y crear vínculos de confianza con niñas, niños y adolescentes son herramientas de prevención prioritarias y efectivas. El riesgo de ser reclutados por el crimen organizado puede reducir significativamente si la niñez y adolescencia puede identificar señales de alerta y pedir ayuda a tiempo.

El primer paso para combatir efectivamente este fenómeno tan complejo y letal es asumir una responsabilidad colectiva que involucre al gobierno, pero también a las familias y la sociedad.

Valeria González sobre la brecha salarial en México: “Es un tema cultural que requiere que todas y todos nos involucremos”

La Coordinadora De Vinculación E Incidencia De Políticas Públicas De Early Institute indicó que esta es de 15% y que la cifra se multiplica si las mujeres trabajan en la informalidad

La licenciada Valeria González Ruiz, Coordinadora De Vinculación E Incidencia De Políticas Públicas De Early Institute, destacó que la brecha salarial aún es una realidad en el país y que se estima que que esta es de 15% pero resaltó que es necesario que todos y todas nos involucremos para solucionarlo, en entrevista con Blanca Becerril para Reporte H de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

“Si hay un 15% aproximadamente de diferencia entre lo que estamos percibiendo y todavía este dato se multiplica al doble si las mujeres trabajan en la informalidad”, detalló Valeria González.

Además relató que hay otra labor que no esta renumerada como son las labores del cuidado de las personas que están en casa las cuales pueden ser niñas, niños, personas mayores, con discapacidad, refirió que las mujeres dedican en casa alrededor de 44 horas en promedio mientras que los hombres solo 19 horas señaló que “está totalmente desproporcional la responsabilidad que se nos ha dado del cuidado” y que además estas labores no cuentan como trabajo.

Afirmó que el hecho de que una mujer llegue a la presidencia del país significa un gran logró y que se abran muchas puertas, además subrayó la importancia de la existencia de un Congreso paritario pero comentó que se requiere un cambio de fondo porque hoy en día a las mujeres se les sigue despidiendo cuando están embarazadas y hasta solicitando pruebas de embarazo.

Valeria González destaca la importancia de la creación de un Sistema Nacional de Cuidados

Por ello enfatizó la importancia Sistema Nacional de Cuidados, lo que genera que muchas mujeres trabajen en la informalidad porque no tienen quien cuide a sus hijos e indicó la importancia de que las mujeres se sientan protegidas y acompañadas durante el embarazo.

Destacó la importancia en que las licencias de paternidad y maternidad se equilibren porque mientras la de maternidad dura tres meses la de paternidad dura cinco días, dijo que eso además de poner en desventaja a la mujer genera que muchas veces los empleadores prefieran tener más hombres en su plantilla.

¿La licencia de maternidad corre a cuenta del IMSS o del patrón?

Indicó que también es importante que el gobierno apoye a las empresas porque actualmente esa licencia de paternidad es asumida por el patrón mientras que la de maternidad son asumidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Seguimos viendo a las mujeres como las únicas responsables del cuidado”, lamentó Valeria González

Desplazamiento forzado: evidencia de un estado indolente

Por: Valeria González Ruiz, Ejecutiva de Vinculación e Incidencia Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

Este fin de semana patrio, de acuerdo con reportes mediáticos, más de 30 mil personas marcharon en la capital de Chiapas para visibilizar la violencia generada por los grupos del crimen organizado.

“Ahora alzo la voz por todos los jóvenes de Chicomuselo, que nos regresen aquel pueblo tranquilo donde vivíamos sin temor a salir. (…) Soy una niña desplazada que tuvo que salir huyendo con sólo lo que traía puesto al lado de mi familia, dejando atrás toda una vida de felicidad.”

Estas han sido las palabras de una adolescente desplazada de Chicomuselo, Chiapas. Ella, su familia, amigos, vecinos y profesores han tenido que huir de la violencia que ahí se vive. Su comunidad ha sido desintegrada.

En días recientes, se reportó el insólito “éxodo” de cientos de familias chiapanecas hacia países colindantes del sur. Y precisamente este fin de semana patrio, de acuerdo con reportes mediáticos, más de 30 mil personas marcharon en la capital de Chiapas para visibilizar la violencia generada por los grupos del crimen organizado, a las víctimas que han tenido que huir de sus comunidades y a los que han sido masacrados impunemente por negarse a colaborar con los criminales o ser extorsionados.

“¡La historia los juzgará por su indolencia, por la incapacidad para proteger la vida de los inocentes! ¡Estarán en la memoria de los pueblos pobres como parte de sus verdugos!” gritaban.

Esta es la realidad que atraviesan miles de personas en gran parte del territorio nacional, no solo Chiapas; sin embargo, su contexto pasa desapercibido ante el clima político al que nos enfrentamos como país. Visibilizarlo será la primera muestra de resistencia.

Se trata del desplazamiento forzado, un fenómeno sumamente complejo en el que las personas se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia. Si bien, esto podría confundirse con una forma de migración voluntaria en búsqueda de una mejor calidad de vida, el desplazamiento forzado se da como resultado de un conflicto armado, violencia generalizada, violaciones graves de derechos humanos o catástrofes naturales.

Bajo este contexto, las personas desplazadas sufren el colapso de estructuras sociales, como la familia y la comunidad, pérdida de documentos de identidad, riesgo a ser víctimas de trata de personas, marginalización y discriminación. Y claro, en esta problemática no hay excepción, la niñez y adolescencia se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad. Debido a su edad pueden verse afectados de manera diferente, quedan sin su entorno protector y corren riesgo de ser víctimas de múltiples delitos.

Sin embargo y desafortunadamente, dejar esa tierra desolada no es garantía de un futuro mejor. Aunque los gobiernos de destino han ofrecido albergues y permisos temporales, la realidad es que no existen condiciones permanentes para su estabilidad, seguridad y sano desarrollo. Así pues, el desplazamiento forzado genera en sí mismo una vulneración múltiple, continua y sistemática de derechos humanos. Es decir, las personas desplazadas también tienen un destino incierto y deberán enfrentarse a -por ejemplo- condiciones médicas y de salubridad adversas.

Las violaciones graves de derechos humanos que le suceden a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad son el claro ejemplo de que algo de fondo está mal, algo estructural de una sociedad no funciona. Y seguramente, ante tan alarmante contexto se preguntarán qué se está haciendo concretamente, qué medidas se están tomando.

Desafortunadamente, en el ámbito nacional no existe una ley general de desplazamiento forzado ni programas nacionales para prevenirlo. Chiapas, por ejemplo, cuenta con su Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno desde febrero de 2012 (uno de los cuatro unicos estados en el país), pero no tiene un reglamento ni opera el Programa Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, a pesar de estipularse en la ley. Lo que significa que la prevención y atención de esta problemática es prácticamente nula.

En el fondo se trata de un ejemplo más del abandono y la indiferencia que reinan en nuestro país. Si bien, este fenómeno es sumamente complejo y en apariencia prácticamente imposible de prevenir, atender y erradicar, lo primero que debe hacerse es reconocer su existencia y la urgencia de atención.

A la par, se requiere sumar a todas las autoridades involucradas, alinearlas y prorizar acciones, atendiendo especialmente a grupos de atención prioritaria como niñas, niños y adolescentes, comunidades indígenas, madres cabeza de familias, personas con discapacidad y personas mayores.

De entrada, habría que identificar la etapa en la que cada comunidad se pudiera encontrar para implementar acciones puntuales, enérgicas y transversales; por ejemplo, antes del desplazamiento, se requieren medidas de alertas tempranas de riesgos y cautelares; durante el desplazamiento, asistencia, atención integral y protección, con medidas de subsistencia para superar condiciones de vulnerabilidad; y después del desplazamiento, medidas para conocer la verdad, acceder a la justicia y reparación integral, con soluciones duraderas. Para lograr esto se requieren marcos normativos, políticas públicas, un andamiaje institucional apropiado, planificación territorial, registros y un nivel operativo que garantice estas medidas, pero de eso poco se ha implementado.

En un escenario político de aparente dominio absoluto, parecería imposible vislumbrar realidades como las aquí narradas, que brillan por la ausencia de un Estado que debió protegerles.

A un gobierno que celebra su triunfo avasallante, es importante recordarle que la realidad lo sigue superando y que su poder debe enfocarse en el pueblo que juró proteger.

La sociedad civil organizada también es contrapeso

Las y los ciudadanos debemos de tener una participación activa, estratégica y corresponsable para aspirar a un México más justo.

Por: Valeria González Ruiz, Ejecutiva de Vinculación e Incidencia Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

Ante el escenario que dejaron los resultados de las recientes elecciones en México, analistas políticos han concluido que actualmente no existe una oposición sólida, estratégica y organizada. Algunos de ellos dicen que no tiene rumbo ni una propuesta concreta, incluso que es ajena a la realidad social.

Pero ¿qué es y quién integra a la oposición?

En un país como México, generalmente asociamos el ámbito público como un espacio exclusivo de la política tradicional, organizada y dirigida por partidos políticos, en el que sus integrantes dirigen el rumbo del país.

Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2021), el nivel de confianza de la sociedad en partidos políticos es tan solo del 27.9%. Entonces, hemos asumido -seguramente con inconformidad, pero asumido- el juego político, delegando la totalidad de la responsabilidad: es más cómodo culpar al otro.

Y no se me mal interprete, es nuestro deber señalar, cuestionar, exigir cuentas, pero también participar activamente en la solución de los problemas que nos aquejan, tomar las riendas de nuestro país. La ciudadanía es y tiene que ser el contrapeso esencial frente al poder político.

Las y los ciudadanos debemos de tener una participación activa, estratégica y corresponsable para aspirar a un México más justo. La sociedad civil organizada es crucial para impulsar la promoción de los derechos humanos, fomentar la justicia social, democracia y rendición de cuentas.

Su ímpetu ha resultado en movimientos de conciencia colectiva, reconocimiento de derechos y derrocamiento de poderes totalitarios. Sin embargo, a pesar de que en los últimos años ha incrementado la noción de que el poder se ha monopolizado, el crecimiento de organizaciones de la sociedad civil ha sido mínimo; de acuerdo con el Compendio Estadístico del sector no lucrativo 2023 del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), del 2019 al 2023 tan solo se registraron 3,285 nuevas OSC en todo México (de 44,750 en 2019 a 48,035 en 2023). Campeche en un extremo con tan solo 283 y Ciudad de México con 10,012.

Tomando como base esos datos, existen alrededor de 38.1 organizaciones de la sociedad civil por cada 100 mil habitantes.

Si bien, las organizaciones de la sociedad civil no son la única alternativa para generar contrapesos, sí son un indicador del interés colectivo -o la falta de él- por involucrarse en la solución a las problemáticas que aquejan al país. A este contexto se suma que este tipo de organizaciones enfrentan desafíos significativos como estrictos requerimientos para su constitución, exceso de fiscalización y la falta de recursos.

En ese sentido, hoy más que nunca es de vital importancia asumir una corresponsabilidad en las políticas públicas. Esto no necesariamente se puede ver reflejado en constituir o colaborar en una organización de la sociedad civil, también puede implicar donar recursos económicos, materiales o incluso tiempo de voluntariado. Desafortunadamente, de acuerdo con los registros del CEMEFI, las organizaciones de la sociedad civil donatarias autorizadas prácticamente no reciben donativos en especie. Como ejemplo, en el 2022 solo recibieron 13%.

Ahora más que nunca es necesario fortalecer el espíritu de solidaridad y responsabilidad compartida como una herramienta crucial para contrarrestar las deficiencias del poder político. Si cada uno de nosotros nos involucráramos directamente en una causa social no solo lograríamos contrarrestar las deficiencias del gobierno, también generaríamos un tejido social más fuerte y un movimiento colectivo poderoso, catalizador de cambios profundos y duraderos.

Es nuestro derecho pero también deber cívico, te invito a impulsar una causa social, motivos hay de sobra: apoyo a centros de asistencia social, niñez migrante, maltratado animal, prevención de violencia familiar, reforestación, etc.

Este país requiere ciudadanas y ciudadanos comprometidos, con capacidad de influir positivamente en sus entornos e involucrar a otros. Otro ejemplo es el de Early Institute, organización enfocada en mejorar la salud; cuidado y educación; seguridad y protección de la vida de la primera infancia. Si empatizas con esta causa no dudes en buscarnos y sumarte de alguna forma Early Institute.

 

Labores de cuidado: trabajo invisibilizado

La más reciente edición de Estados #ConLupaDeGénero del Instituto Mexicano para la Competitividad señala que ninguna entidad federativa ofrece condiciones laborales óptimas para que las mujeres entren y permanezcan en el mercado laboral

Por: Valeria González Ruiz, Ejecutiva de Vinculación e Incidencia Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

La más reciente edición de Estados #ConLupaDeGénero del Instituto Mexicano para la Competitividad señala que ninguna entidad federativa ofrece condiciones laborales óptimas para que las mujeres entren y permanezcan en el mercado laboral. A través de 15 indicadores, analizó las condiciones que enfrentan las mujeres y concluyó qué los Estados con mejor desempeño en el ranking tienden a tener más mujeres preparadas y una menor desigualdad en la repartición de tareas del hogar y de cuidados. Por ejemplo, Ciudad de México, Baja California Sur, Nuevo León, Jalisco y Yucatán tienen un nivel de desempeño alto, principalmente porque en promedio tienen una menor proporción de mujeres ocupadas en empleos informales (47%), y en pobreza laboral (29%), lo que implica que hay menos mujeres con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria. Sin embargo, Guanajuato ocupa el último lugar del ranking, principalmente por tener la mayor proporción de mujeres que trabajan jornadas largas -es decir, más de 48 horas semanales-. Además, observa una mayor desigualdad en términos del trabajo no remunerado, pues las mujeres de la entidad dedican 79% más tiempo que los hombres a estas actividades, lo que acapara o limita el tiempo que pueden ofrecer en el mercado laboral.

Como se puede observar, las labores de cuidado y tareas del hogar son determinantes en nuestra sociedad, no solo por su valor sino también por los efectos que pueden generar en las personas que las realizan. En esta ocasión me gustaría detenerme ahí e invitarles a reflexionar sobre lo siguiente:

Estas labores no reciben remuneración, reconocimiento como un trabajo formal ni acceso a la seguridad social. Socialmente se romantizan como actividades que se hacen por amor (especialmente cuando vienen de las madres y abuelas) y se pagan a lo mucho con agradecimientos y electrodomésticos en días festivos. Bajo esa lógica, “las buenas madres” son las que entregaron su vida al cuidado de los suyos o las que se partieron en mil para cuidar y mantener un trabajo remunerado.

Se entienden como funciones implícitas en la maternidad y, consecuentemente, carecen de acceso a la seguridad social pues en México para ser sujeto asegurado dentro de una institución de seguridad social se requiere contar con un empleo formal. Desafortunadamente, esto también implica que las mujeres cuidadoras no remuneradas no tienen pensión y que sus hijas e hijos tampoco cuentan con la protección de la seguridad social, especialmente los derechos de salud, cuidado y educación; un ejemplo de esta situación es que, ante un contexto de empleo informal sin seguridad social, si la mujer muere su hijo no podría acceder a una pensión por orfandad.

Así pues, se recrea un círculo vicioso que genera explotación y dependencia económica por un lado y, por el otro, dificultad enorme de acceder al empleo formal y permanecer en condiciones de igualdad como se mencionó en un principio.

Esterilización forzada, genocidio racial

Por: Valeria González Ruiz, Ejecutiva de Vinculación e Incidencia Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

En el marco del Día de las Madres, es pertinente hablar de una forma de violencia

Pero esto no es exclusivo de nuestro país, en 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) conoció sobre el caso de I.V. (siglas asignadas para mantener la confidencialidad sobre su identidad), mujer peruana a la que –tras la cesárea de su tercera hija- se le ligaron las trompas de Falopio sin haber sido consultada de manera previa, libre e informada respecto de la esterilización; quien se enteró que había perdido su capacidad reproductiva permanentemente hasta el día siguiente de practicada la misma.

Al respecto, la CorteIDH reconoce que estas prácticas están motivadas por 1) una lógica de cuidado paternalista debido a que se parte de la idea de que las mujeres no toman decisiones responsables en el futuro para evitar un nuevo embarazo; 2) una perspectiva estereotipada de que las mujeres son las únicas responsables de la anticoncepción; y 3) bajo la pre-concepción de que la esterilización debe realizarse en el transoperatorio de una cesárea cuando ellas no están conscientes, a pesar de que -en el caso de I.V.- no es una urgencia o emergencia médica.

Así pues, la esterilización forzada se trata de una forma de violencia que se ejerce en contra de mujeres por considerarlas incapaces de ejercer una maternidad responsable, incapaces de decidir cuántos hijos tener. Negándoles, sin siquiera informarles, la capacidad de decidir cómo y cuándo ejercer su maternidad.

En ese sentido, no podemos ignorar el perfil de las mujeres que están sufriendo este tipo de violencia: se trata de mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, tal es el caso de mujeres indígenas, con discapacidad, migrantes irregulares y privadas de su libertad. El trasfondo es claro y escalofriante, vivimos en una sociedad que no quiere que se reproduzcan, que no haya más de ellas.

Así pues, una sociedad que rechaza la maternidad en estas condiciones en lugar de ofrecerle oportunidades dignas, la encadena, la aniquila es INCOHERENTE, VIOLENTA e INJUSTA.