Es evidente que el tema no puede darse por zanjado y merece una intervención urgente que atienda de manera integral el otro rostro de profunda injusticia social que conlleva la explotación reproductiva en México.

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de: Proceso

Algo comienza a preocupar a los sujetos del derecho internacional que desde el más alto nivel normativo suenan alarmas sobre los riesgos sociales que conlleva la existencia del mercado clandestino de renta de mujeres y venta niños vía la denominada figura de la “gestación subrogada” o “vientres de alquiler”.

Durante las últimas dos décadas, en diversas partes del mundo se ha generado evidencia suficiente sobre el comportamiento nocivo de esta práctica que –disfrazada de derechos– en realidad cobija un negocio de intermediarios que permite una avenida de tránsito libre para el tráfico humano, so pretexto de lagunas normativas y la omisión de los órganos legislativos y judiciales en sede nacional.

Contrario a los argumentos de que la “maternidad subrogada” representa un tema de vanguardia y de supuesta progresividad de derechos que admite múltiples ángulos, en la práctica se trata de un fenómeno que asoma con meridiana claridad dos rostros bien definidos: la explotación y cosificación de mujeres con fines reproductivos y la gestación de bebés como un producto comercializable.

No es casualidad que en semanas recientes el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea acordaron reformar la Directiva 2011/36/EU relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, a efecto de dictar parámetros mínimos para que la denominada “maternidad subrogada” se considere finalmente como una forma de explotación y se sancione como delito para aquellos que captan u obligan a una mujer para subrogar su vientre, así como a condicionar la venta de bebés en el contexto de trata de personas.

Esta directriz adoptada por el sistema europeo y sugerida como lineamiento regulatorio para los países de la Eurozona constituye un precedente relevante no sólo para aquella región, sino para el resto de los sistemas de protección a los derechos humanos a escala universal e interamericano, que ahora contarán con un nuevo estándar digno de ser ponderado, pues al considerar que la “maternidad subrogada” es una forma de explotación cuando encuadre en el contexto de la trata de personas, se hace un reconocimiento normativo explícito y del más alto nivel sobre los efectos nocivos contra las mujeres, y niños que nacen mediante esta práctica.

"Países desarrollados como Alemania, Francia y España se han preocupado por examinar a fondo las causas sociales que rodean a esta industria decidiendo prohibir o regular de manera restrictiva la compraventa de estas dignidades en sus marcos legales. Para los parlamentos y tribunales supremos de estas naciones no hay medias tintas, la filiación es un asunto de Estado –no de contratos ni de lucro–, donde el interés superior de la niñez y la protección de las embarazadas debe prevalecer por encima de cualquier perspectiva y no puede regirse bajo una lógica de mercado."

En el caso mexicano este fenómeno no ha sido abordado con la completitud y seriedad que exige, pese a que nuestro contexto social y normativo claramente dista de ser el de los países europeos, no sólo por su diseño, sino sobre todo por la realidad social o cultural en el que se pretenden insertar este tipo de mecanismos.

Aquí la industria de la subrogación ha encontrado en las desigualdades sociales, la precariedad de nuestro Estado de derecho y en el activismo judicial, un ambiente proclive para instalar –sin ningún tipo de control– un mercado de clínicas dedicadas profesionalmente a la captación silenciosa de mujeres para su renta y a la oferta de niños para su comercialización, especialmente en las zonas sur y centro del país.

A escala federal no existe una ley que prohíba la explotación reproductiva en México, tampoco la legislación general en materia de salud establece mecanismos para que las autoridades sanitarias supervisen y, en su caso, sancionen el funcionamiento irregular de clínicas o centros de reproducción asistida cuando realicen procedimientos contrarios a la dignidad de las embarazadas vía contratos que contienen cláusulas ilegales que atentan contra su salud y derechos fundamentales.

En el ámbito estatal, Tabasco y Sinaloa son las únicas entidades que expresamente permiten esta práctica dentro de sus códigos civiles. Mientras que Querétaro y San Luis Potosí la prohíben, en el resto del país la explotación reproductiva no se regula o existen vacíos que convierten a México en un paraíso ideal para el turismo reproductivo.

En 2021 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió una acción de inconstitucionalidad y un amparo relacionados con la regulación de la gestación subrogada en Tabasco. Sorprendentemente, pese a contar con los elementos normativos, recomendaciones internacionales y la evidencia de un buen número de casos de mujeres que han denunciado ser víctimas de esta práctica, así como de testimonios que dan cuenta de las vulneraciones a los derechos de los niños, la interpretación del máximo tribunal en ambos asuntos privilegió la misma narrativa ideológica de escritorio sobre la “libertad de decisión” y “voluntad” de las madres gestantes, así como del “derecho” de dichas clínicas para ofertar este tipo de servicios o la libertad de los solicitantes para acudir a esta práctica. El mundo al revés.

En cambio, la Corte no dedicó ningún renglón, argumento o ponderación jurídica sobre la protección reforzada que precisamente esas mujeres y los niños que nacen mediante estas técnicas requieren para evitar ser –como en la realidad ocurre– víctimas del mercado de lucro, trata, discriminación, explotación y abuso de que son objeto.

En tales resoluciones se ignoró que Tabasco es una de las entidades con los indicadores más significativos de rezago, pobreza y desigualdad social. Pasó por alto que las mujeres jóvenes captadas por las clínicas y orilladas por condiciones precarias en las que viven, por ejemplo, en zonas como el Estado de México y la capital del país, donde también se han detectado casos de este tipo, se encuentran a merced de su situación económica y son obligadas a sujetarse a las cláusulas de estos contratos a cambio de dinero.

De igual manera, ni las organizaciones que promovieron estos litigios ni la Corte se pronunciaron sobre el hecho incuestionable de que los niños que nacen bajo esta práctica son tratados como meros objetos de comercio, vulnerando diversos derechos humanos como su derecho a la nacionalidad, identidad, a conocer su origen genético y biológico, así como el derecho a permanecer con su familia de origen.

Y quizá lo más delicado, en dichas sentencias ni por asomo se realizó un análisis de ponderación sobre los parámetros de protección reforzada que exigen en este tema la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña (art. 7, 9 y 35); el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía (art. 2 a y 3); el Protocolo Adicional de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional (art. 3 a); y la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW, en sus artículos 3 y 6).

Ante este escenario, es evidente que el tema no puede darse por zanjado y merece una intervención urgente que atienda de manera integral el otro rostro de profunda injusticia social que conlleva la explotación reproductiva en México, vista no sólo a partir del privilegio o del poder económico de quienes acuden y se benefician de esta práctica, pues el fin no justifica los medios.

La decisión que adoptó el Parlamento Europeo representa un mensaje contundente hacia la comunidad internacional, el gremio jurídico, los tribunales constitucionales y sobre todo para los órganos legislativos y parlamentos de los Estados.

En el Early Institute hemos dedicado más de una década en investigar, documentar y visibilizar de manera objetiva los riesgos de la explotación reproductiva en México, creemos que finalmente se está logrando un cambio de paradigma y que existen las condiciones normativas y de evidencia social que permitirán una renovada lectura de esta temática a partir de los próximos años.

Estamos seguros de que la nueva composición del Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales comprenderán la necesidad de prohibir esta práctica como una de las formas de explotación, trata y discriminación más severas que actualmente existen contra mujeres y niños en México.

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de: Proceso

Las formas de violencia que han alcanzado a miles de niños mexicanos constituyen una prueba de que aún existe una brecha para asimilar lo que implica vivir en una sociedad en donde se conoce y respeta el interés superior de la niñez.

Tras defender a su madre, el asesinato del niño Emiliano en Tabasco es un llamado a la conciencia de todos los mexicanos, lo mismo que el caso de la niña Camila en Guerrero secuestrada y asesinada en abril último, sin que ello cambiase el curso ni la retórica de las campañas electorales, ni mucho menos ameritara una respuesta gubernamental de alto nivel.

En otras latitudes este tipo de hechos detonarían de manera incuestionable la dimisión de funcionarios públicos, la adopción de medidas inmediatas para restituir derechos y la generación de mecanismos de respuesta rápida para garantizar la no repetición y la prevención de casos como los de estos niños cuyas muertes no debieron ocurrir.

En medio de estas tragedias, las diversas formas de violencia que han alcanzado la realidad de miles de niños mexicanos constituyen una prueba manifiesta de que aún existe una brecha enorme para asimilar lo que implica vivir en una sociedad en donde se conoce y respeta el interés superior de la niñez. A propósito de estos lamentables casos dedicaremos las siguientes líneas para explicar su importancia e implicaciones.

Una buena clave de lectura para entender la dimensión que representa el principio del interés superior de la niñez, previsto en el no menos farragoso artículo 4º de la Constitución federal, radica en que es un parámetro obligatorio para todas las autoridades a efecto de garantizar los derechos de los niños, en cuanto a sus necesidades de alimentación, salud, seguridad, educación y sano esparcimiento para su desarrollo.

Se trata de uno de los principios rectores del país, ya que con base en él deben entenderse el resto de los derechos reconocidos en nuestra ley fundamental, de manera que no solamente comprende el derecho a la protección contra toda forma de violencia o sufrimiento, sino el derecho a crecer en un ambiente sano y con niveles de vida adecuados. Ese es el anclaje que deben seguir las políticas públicas sea desde el ejercicio del gasto, la creación de un programa social, la expedición de leyes y la perspectiva de resolución jurisdiccional que involucre derechos de los niños.

Además de estar establecido desde el texto constitucional, el interés superior de la niñez o enfoque basado en los derechos de los niños constituye un principio histórico reconocido en diversos tratados y convenciones internacionales, específicamente en la Convención de los Derechos del Niño, cuya preocupación central apunta hacia la materialización de sus derechos, con especial énfasis en los grupos de niños y adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad.

Más allá de su incorporación en los textos normativos, al hablar de interés, enfoque o perspectiva de niñez deben reconocerse algunos elementos específicos de cara, sobre todo, a su implementación en decisiones o actos concretos por parte de los gobiernos e instituciones públicas.

Primero, la perspectiva de niñez no se basa en ningún tipo de ideología o postulado de carácter político. Desde el más elemental sentido común, implica reconocer a niños y adolescentes como sujetos de derechos y actores centrales en los ámbitos donde se desarrollan, desde la familia, escuela, comunidad hasta su participación en los ejercicios de toma decisiones sociales y en los asuntos que les afectan acorde con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Esto significa que la perspectiva de niñez es un elemento esencialmente activo que se intensifica en la medida en que los niños se convierten en protagonistas del ejercicio de sus propios derechos, al tiempo que se promueven ambientes favorables para el desarrollo de sus capacidades.

En segundo término, la perspectiva de niñez implica la activación del máximo nivel de respuesta y responsabilidad por parte del Estado, todas las autoridades en todos los niveles de gobierno. Los casos de Camila y Emiliano hacen patente la incapacidad de los gobiernos para responder y atender con la celeridad necesaria los asuntos que involucran la vida de los niños.

No en vano la Constitución establece un concepto separado completamente de la inmunidad parental, al consagrarlo con la categoría normativa de interés superior frente a otras cláusulas constitucionales orientadas dentro de la escala de los derechos humanos, de donde se desprende que cualquier acto de autoridad debe darse en el contxto de decisiones reforzadas para asegurar la protección integral y efectiva en el desarrollo de la niñez.

Si bien el Estado es responsable de garantizar todos los derechos humanos sin distinción, bajo la óptica que sugiere el interés superior de la infancia, este grupo poblacional requiere un margen de atención prioritaria para brindarles protección en cualquier circunstancia y de manera oportuna, así como asegurar que se les atienda o considere antes que a las personas adultas en los servicios, políticas y en igualdad de condiciones.

Pero quizá el tercer elemento de este enfoque resulte ser el más complejo y necesario. Al promoverse una visión de la realidad sustentada en la perspectiva de niñez, se busca sobre todo enraizar un cambio de paradigma cultural que no se limite exclusivamente a la necesidad de poner en el centro de la agenda pública a los derechos de la infancia, sino que por encima del plano normativo y de las políticas públicas, se construya un nuevo lenguaje social, humano y sensible en favor del cuidado y protección de la infancia en todas sus dimensiones.

Este cambio de paradigma implicará dejar de concebir a esta agenda como un asunto exclusivo del altruismo, la filantropía o que sólo interesa a las organizaciones no gubernamentales. La atención prioritaria de la infancia debe importar especialmente a las nuevas generaciones, en cuyos procesos de formación se vuelve indispensable incorporar una educación basada en el fortalecimiento de capacidades cívicas de niños, jóvenes y adultos, para poner en práctica su compromiso con los derechos de la infancia y la aplicación de estos principios en la vida cotidiana y la toma de decisiones sociales.

Será también el papel de los medios de comunicación y el uso innovador de los canales de información masivos el que permita generar nuevos espacios para construir progresivamente una opinión pública informada en favor de la cultura de cuidado y protección prioritaria de niñez.

El reto no es viralizar los casos de coyuntura o atraer audiencias a partir de campañas de sensibilización emergentes, sino lograr que en el debate cotidiano se hable con normalidad de la importancia de este sector y sobre todo se brinde seguimiento a los indicadores y cumplimiento de la agenda de derechos en este ámbito bajo una perspectiva sistémica.

Desde el Early Institute hemos apostado a colocar la perspectiva de niñez siguiendo un enfoque constructivo, innovador y de indispensable colaboración en el ecosistema de actores involucrados en la visibilización de los derechos de la niñez mexicana.

No puede imaginarse un México moderno sin que la perspectiva de niñez represente el eje articulador para la planeación del desarrollo nacional. Sin embargo, las razones y los problemas que conducen a imaginarlo tienen indiscutible presencia. Para lograr esto, se requerirá que nos coloquemos esos lentes de realidad y comprender que la atención de la infancia no constituye una aspiración que pueda dejarse para el futuro, sino una necesidad vigente de cara a la vida diaria de más de 40 millones de niños y adolescentes que hoy viven en nuestro país.

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de: Proceso

Más allá del discurso o de eslóganes políticos, no habrá transformación si no se coloca en el centro de todo programa o decisión de política pública al interés superior de la niñez.

El país se desenvuelve en una agenda pública compleja de contradicciones y desafíos manifiestos. La falta de una ruta clara de diálogo efectivo y esperanzador en la discusión de la problemática social y la ausencia de sensibilidad política de los actores públicos son una muestra por demás palpable de lo que hoy sucede. En términos prácticos, influir en la toma decisiones acerca del rumbo del país se ha convertido en un peldaño de difícil acceso para los ciudadanos de a pie, cuyos derroteros parecen depender únicamente de la voluntad política del representante y del calendario que los rige.

Definitivamente México ya no es el país del año 2000, el que ansiaba concretar la primera transición democrática y la tan anhelada “alternancia gubernamental” que tantas décadas costó como ideario y punto de inflexión de la última parte del siglo XX. La base generacional, social, política y jurídica ha cambiado de manera significativa; el escenario que se prefiguraba hace 24 años con la expectativa del inicio del nuevo milenio simplemente ya no es el mismo.

Los retos de la economía global, la migración, el agravamiento de las problemáticas estructurales en materia de salud, seguridad y desarrollo social, así como el deterioro del orden constitucional y la efectividad de los derechos humanos –especialmente en las poblaciones más vulnerables– colocan a nuestro país ante un panorama incierto, quizá no ajeno al de otras naciones, pero que del mismo modo exige intervenciones urgentes y bajo un enfoque humanitario de largo plazo.

Este contexto se agudizó por un componente cultural que, a mi juicio, comienza a ser el síntoma más preocupante de la crisis nacional, la normalización del escenario: un país que cada lunes despierta con el reporte de más 200 muertes dolosas registradas sólo durante los fines de semana o con el promedio diario de 80 homicidios en todo el territorio nacional, el país de la inacción ante el desmantelamiento progresivo de los servicios públicos de salud pese a una emergencia sanitaria de incuantificable magnitud, hoy sin coberturas universales para la población, ni infraestructura hospitalaria accesible y digna para las zonas más rezagadas del territorio.

Es el México de los contrastes, donde la pobreza y desigualdad no ha logrado reducirse de manera significativa pese al clientelismo de los denominados programas del bienestar, diseñados con el estilo de gobierno característico del siglo pasado de generar réditos electorales. La realidad es que hoy 46 millones de mexicanos carecen de servicios básicos para su subsistencia y más de nueve millones se ubican en condiciones de pobreza extrema.

Ello se traduce también en más de siete millones de niños entre cero a cinco años, quienes al momento en que se escriben estas líneas simplemente carecen de una vivienda digna, alimentación, servicios básicos de salud y sus familias no cuentan con ingresos ni posibilidades de acceso a empleos que permitan garantizarles estos derechos.

Los ejemplos que se mencionan no pretenden ilustrar, ni de cerca, el resto de las variables que componen la radiografía nacional. Lo cierto es que tal estado de cosas y su aceptación deberían ser motivo suficiente para detonar una respuesta ciudadana sin precedentes, que implique un golpe de timón pacífico, pero enérgico en aras de retomar las riendas del país.

Superar este escenario de normalización e indiferencia requerirá despertar la participación de los jóvenes, activar la voz de las universidades, promover nuevamente las condiciones para que las organizaciones sociales, religiosas, académicas, los artistas, medios de comunicación y gremios empresariales se involucren, todos, de manera activa y sin prejuicios, en la construcción de la agenda pública bajo un plano de subsidiariedad, nunca de competencia o exclusión entre sectores. Mucho menos bajo la infructuosa división entre lo público y privado.

Pero para que esto ocurra ciertamente tendríamos que encontrar un motivo que sea capaz de convocar y unificar al país desde su raíz. Una razón incuestionable, a la cual nadie pueda decir no, para en su lugar dar pie a puntos coincidentes y construir agendas ordenadas que marchen hacia la misma dirección.

Hay quienes estamos convencidos de que este punto de encuentro lo constituye la atención prioritaria de la primera infancia y niñez mexicana. Los beneficios sociales de esta decisión estratégica ya están ampliamente documentados en la literatura y diagnósticos situacionales en la materia (https://staging.earlyinstitute.org/sipimexico/primera-infancia/.

En mi opinión, como pocos temas, la atención prioritaria de la infancia, además de ser un mandato constitucional, nos ofrece la posibilidad de transversalizar y retomar desde el fondo la agenda estructural de políticas públicas en todos sus ámbitos: seguridad, educación, salud, pobreza, justicia, medio ambiente.

¿Cómo pensar en una verdadera agenda de seguridad y justicia sin atender la violencia e impunidad contra la niñez? ¿Un sistema nacional de salud sin atención materno-infantil, medicinas, vacunas ni infraestructura hospitalaria para la primera infancia? ¿Un país sin servicios suficientes de educación inicial, guarderías ni centros de cuidado infantil?