México enfrenta un déficit de más de 800 unidades médicas para atender emergencias obstétricas: Early Institute

Publicación original en El Financiero

Escuelas ¿espacios de aprendizaje o de violencia?

Por Valeria González Ruiz, Coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo

El mensaje es claro: las escuelas tienen que ser aliadas protectoras, no cómplices y mucho menos agresoras, ellas contribuyen directamente al bienestar, la seguridad y el pleno ejercicio de los derechos de la infancia

 

“Nos enteramos del abuso que vivieron niñas y niños de 3 a 5 años de edad en su escuela, incluidos nuestros hijos y nuestras hijas. En un principio todo parecía extraño; sin embargo, escuchar a otros padres mencionar los síntomas que presentaban sus hijos resonaba en nosotros porque sabíamos que su dolor era el que estábamos sintiendo”

Testimonio narrado en el Acto de disculpa pública por la actividad irregular del Estado por los abusos cometidos por servidores públicos en el Jardín de Niños “Marcelino de Champagnat” el 28 de agosto 2025

Aunque parezca increíble, la violencia sexual cometida dentro de las escuelas es un fenómeno real y frecuente. De acuerdo con los datos de lesiones de la Secretaría de Salud, en 2023 se registraron 268 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes ocurridos en el entorno escolar: 68 contra niñas y niños de entre 1 y 5 años, 79 contra el grupo de 6 a 11 años y 121 contra adolescentes de entre 12 y 17 años. Paradójicamente el sector educativo, al igual que el sector salud, resulta clave para la detección y atención inmediata de casos de violencia sexual, ahí se pueden identificar señales de alerta, fortalecer factores de protección y fomentar una cultura del respeto y la no violencia desde edades tempranas.

En ese sentido, es prioritario no solo evitar que casos tan atroces sucedan dentro de los planteles, sino también crear los mecanismos necesarios para detectar a tiempo y atender sin revictimización violencia sexual infantil. Es por eso que este ciclo escolar podemos celebrar un gran logro, fruto de años de lucha: en 2018 se descubrieron diversas agresiones sexuales en contra de niñas y niños del Jardín de Niños "Marcelino de Champagnat" en Ciudad de México, cometidas por parte de personal docente, directivo y de supervisión. Las 17 familias víctimas iniciaron un arduo proceso de acceso a la justicia -acompañadas de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI)-, que concluyó en 2021 con una sentencia que dictó 494 años de prisión y que señala la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública de garantizar un servicio educativo seguro para la niñez, obligándola a implementar diversas medidas de reparación y no repetición.

Este año al fin se ven materializadas esas medidas; en mayo se publicaron los Lineamientos para la prevención primaria, atención y medidas de no repetición para la erradicación de la Violencia Sexual en Educación Básica que establecen obligaciones para las autoridades en la prevención y atención de casos de violencia sexual. Estos incluyen acciones de prevención, detección, intervención, notificación, canalización y seguimiento de casos, señalando con énfasis la coordinación interinstitucional como una medida para fortalecer la atención y evitar la repetición de estas violencias. Por otra parte, se incluyó en el Calendario Escolar 2025-2026 la Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, que tiene por objetivo brindar las herramientas necesarias a personal docente y administrativo para prevenir, identificar y actuar frente a la violencia sexual en las aulas, así como que las y los alumnos cuenten con la información necesaria para reconocer la violencia sexual y saber a quién acudir si llegan a presenciarla, vivirla o identificarla.

Finalmente, la Secretaría de Educación Pública -a través de su titular Mario Delgado Carrillo- ofreció disculpas públicas por la "actividad irregular del Estado" en los actos de violencia sexual cometidos en el Jardín de Niños "Marcelino de Champagnat", reconociendo que la autoridad falló en cuidar y proteger a las niñas y niños, y en garantizar que su escuela fuera un espacio libre de violencia.

El mensaje es claro: las escuelas tienen que ser aliadas protectoras, no cómplices y mucho menos agresoras, ellas contribuyen directamente al bienestar, la seguridad y el pleno ejercicio de los derechos de la infancia. Las y los docentes pueden detectar oportunamente signos de abuso o riesgo; fortalecer la participación de familias y comunidades en la prevención; y crear una cultura escolar basada en el respeto, la igualdad y la protección.

Definitivamente estos avances son solo el primer paso en un largo camino para la construcción de entornos libres de violencia para la infancia y adolescencia de nuestro país. En lo individual, es prioritario allegarnos de información y herramientas efectivas para entender y prevenir efectivamente la violencia sexual infantil en todos los ámbitos sociales, especialmente en el familiar, escolar, y de salud.

En alumbramx.org se alojan herramientas de prevención dirigidas a mamás, papás pero también a cuidadores y autoridades de primer contacto; entre ellas, insumos específicos para identificar espacios escolares seguros. Ahí podrán, por ejemplo, aprender que las aulas que no permiten la visibilidad favorecen los abusos; que los baños no deben compartirse con personal docente; que los conserjes no deben vivir dentro de las escuelas; o que las escuelas deben de contar con protocolos de actuación claros que contemplen dar vista inmediatamente a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ante cualquier indicio de un caso de violencia sexual. Les invito a involucrarse, informarse y asumir una responsabilidad colectiva en la prevención de la violencia sexual ejercida contra niñas, niños y adolescentes.

Agenda de niñez: a un año de gobierno

Por Abraham Madero Márquez
Publicación original en: Proceso

Según el último reporte de la Red por los Derechos de la Infancia en México, en 2024 se registraron 2 mil 243 homicidios de niños y adolescentes entre 0 y 17 años, lo cual significó un aumento de más del 6% respecto al año anterior.

En tanto se ha cumplido el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum, la violencia contra niñas, niños y adolescentes refleja una crisis estructural que parece no dar tregua en el país. No se trata de ninguna especulación, según cifras oficiales y el último reporte de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en 2024 se registraron 2 mil 243 homicidios de niñas, niños y adolescentes (NNA) entre 0 y 17 años, lo cual significó un aumento de más del 6% respecto al año anterior. En el rubro de feminicidios de niñas y adolescentes, igualmente se observa un incremento con 73 casos en comparación a 68 en 2023.

Adicionalmente, durante los últimos cinco años Early Institute ha documentado un crecimiento sostenido de casi 65% respecto los índices de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, lo cual se suma a un contexto de violencia generalizada a partir de fenómenos latentes como la explotación, trata, movilidad, migración y el reclutamiento de NNA por parte del crimen organizado.

De todo ello existe evidencia sólida, no hace falta apelar a diagnósticos o datos de escritorio para interpretar esta realidad y concluir que se trata de un problema estructural. Al final, se trata de vidas y familias destrozadas, reflejo de décadas de abandono institucional hacia la protección integral de la niñez y adolescencia, especialmente a la que se desarrolla en entornos vulnerables de pobreza y marginación.

En tal contexto y a un año del inicio este gobierno, surge una pregunta ineludible: ¿por qué esta agenda no ha emergido como un eje prioritario explícito a pesar de la urgencia manifiesta?

El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, presentado por el Gobierno de la República en febrero pasado, representa el documento rector que define las prioridades de la administración pública federal. La estructura de este nuevo documento rector se sustenta en cuatro ejes –gobernanza y justicia; desarrollo con bienestar; economía moral y trabajo; desarrollo sustentable– su contenido enfatiza el fortalecimiento del Estado de bienestar, el desarrollo económico inclusivo y la innovación pública. En las páginas 48 y 49 del documento, la mención hacia la niñez y adolescencia dedica únicamente tres párrafos a describir el compromiso del gobierno actual con este grupo, abordando genéricamente temas como el de educación inicial, nutrición, salud y acceso a apoyos para niñas, niños y adolescentes.

En su primer informe de gobierno, hace apenas unas semanas, la presidenta destacó logros como la reducción de homicidios dolosos, la atención a migrantes y la expansión de programas sociales como becas y viviendas. Enfatizó el avance en temas como la prosperidad compartida, el incentivo al empleo, mejoras en salud y educación y la soberanía económica, reflejando –naturalmente– continuidad respecto el sexenio anterior, pero con un sello propio en cuanto a la innovación y el énfasis en materia de equidad de género.

Sin embargo, en toda esta narrativa de la transformación del país, la niñez no ha figurado en los últimos siete años como un pilar autónomo; se integra transversalmente en secciones sobre bienestar familiar, cuidados y género, pero sin un presupuesto o acciones específicas que la eleven y dignifiquen por encima de otras demandas como lo mandata la Constitución.

Por ejemplo, la violencia contra la infancia a menudo se diluye en categorías más amplias como “violencia de género” o “seguridad pública”, sin un enfoque diferenciado que reconozca su especificidad y permita establecer estrategias propias para reducir la impunidad y los índices de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes.

Desde luego, esta aparente “despriorización” podría explicarse por varios factores políticos o coyunturales. Primero, el arranque de cualquier gobierno enfrenta un cúmulo de urgencias. En el caso de la presidenta Sheinbaum, su gobierno heredó una economía en recuperación postpandemia, tensiones diplomáticas y migratorias tras el regreso de Trump a la Casa Blanca y un mapa de violencia nacional que exige respuestas inmediatas y un viraje en el eje de seguridad pública.

Segundo, es claro que el estilo de estos gobiernos se centre en la gestión de logros y proyectos cuantificables, como la creación de escuelas o el “Plan México” para inversiones, que prioriza indicadores económicos y sociales visibles, mientras que la protección de la niñez y adolescencia requiere reformas profundas en justicia, educación y salud, áreas en la cuales –dadas las características y funcionamiento de nuestro modelo federal– representarían inversiones en políticas públicas y presupuestos de largo plazo, así como una activa coordinación con los gobiernos estatales.

No obstante, no todo es ausencia. Hay señales de que esta agenda comienza a cobrar cierta relevancia en forma progresiva dentro de los programas del gobierno. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados (SNC), impulsado por la presidenta Sheinbaum y algunos gobiernos estatales, posiciona por primera vez a la primera infancia, niñez y adolescencia como prioridad en políticas de apoyo familiar.

También, en julio de este año, la presidenta anunció una revisión exhaustiva de cifras sobre violencia intrafamiliar y muertes violentas de menores, condenando enérgicamente estos actos y prometiendo acciones contra la impunidad. Además, reformas recientes aprobadas por el partido mayoritario en el Congreso, como la prisión preventiva oficiosa para abusadores sexuales de niñas y niños, representan pasos históricos contra la violencia estructural.

En tal contexto, opino que la no priorización explícita de esta agenda revela una tensión clásica en estilo de la gobernanza mexicana: atender lo inmediato respecto a planear transformaciones de largo aliento. Mientras el gobierno invierte en soberanía y prosperidad —necesarios para un país fracturado—, la agenda en materia de niñez paga el costo de esta inercia.

Me parece pues, no se trata de una indiferencia programada sino de decisiones de orientación y distribución de recursos que aún no calibran la magnitud del daño invisible hacia las generaciones por venir. El gobierno actual, con su énfasis en equidad y derechos tiene la oportunidad de elevar esto a prioridad en los próximos cinco años.

Sólo con un compromiso presupuestal y multisectorial —desde la crianza positiva hasta la justicia restaurativa— México podría comenzar a revertir este escenario sombrío hacia la niñez. Esperamos que el nuevo Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 2025-2030 (Pronapinna) pendiente de publicarse, refleje una apuesta de acciones concretas y realizables para el beneficio de esta población.

GARANTIZAR DERECHOS Y PROTECCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, PRINCIPAL COMPROMISO DEL SENADO: ANAHÍ GONZÁLEZ

La senadora Anahí González  Hernández, de la mano con Early Institue inauguró el Foro “Prioridades de Atención de la primera infancia 2024-2030”, un ejercicio de  análisis y reflexión respecto a los  desafíos y propuestas de atención a la primera infancia en México.

Especialistas, legisladores y representantes de la sociedad civil coincidieron en una serie de recomendaciones en materia de nutrición, protección, educación inicial y cuidado para  los más de 12.4 millones de niñas y niños de cero a cinco años.

Senadores, investigadores y académicos coinciden en trabajar en iniciativas y propuestas a favor de un nuevo marco legal que privilegie la atención, cuidado, seguridad, salud y educación de ese segmento de la población infantil.

*La Senadora Anahí González Hernández anunció que presentará iniciativas en el marco de este Foro organizado con Early Institute para impulsar el desarrollo integral de nuestras niñas y niños desde sus primeros años.

Rumbo a la creación de un Sistema Nacional Progresivo de Cuidados, planteado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, se llevó a cabo en el Senado de la República el Foro: “Prioridades de Atención a la Primera Infancia 2024-2030”, con el interés de definir políticas públicas con perspectiva de niñez y crianza positiva para este segmento de la población infantil.

Con el lema “La infancia no puede esperar”, y convocados por la senadora Anahí González Hernández, del grupo parlamentario de morena, en su calidad de integrante de la comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los trabajos de este foro tuvieron como objetivo propiciar un espacio de diálogo informado con el fin de crear mejores condiciones para 12.4 millones de niñas y niños entre cero y cinco años que integran la Primera Infancia en México.

Annayancy Varas García, directora y Abraham Madero Vázquez, director ejecutivo de Early Institute, un think tank mexicano especializado en primera infancia, así como representantes del SIPINNA,  la Unicef y otras organizaciones sociales,  la legisladora de Morena expresó que este tipo de foros alimenta el debate en la agenda pública, pero también la creación de iniciativas para el desarrollo de un Sistema Nacional Progresivo de Cuidados desde la infancia.

Subrayó que la importancia de la Primera Infancia radica en que es una etapa crucial no sólo para el desarrollo físico, cognitivo, socio emocional de niñas y niños, sino también porque determinan la trayectoria que van a tener en su futuro, sobre todo porque entre los 0 y 5 años se producen significativos procesos de maduración física, emocional y cognitiva que sientan las bases para la adquisición de habilidades posteriores.

No obstante, citó que aún niñas y niñas de este grupo etario aún enfrentan, por ejemplo, problemas de desnutrición. Dijo la senadora González Hernández que un 12% de niñas y niños menores de 5 años aún padecen desnutrición crónica y únicamente el 30% recibió lactancia materna exclusiva durante sus primeros 6 meses de vida.

Consideró que el bienestar de la Primera Infancia es clave para que siga la transformación del país y se comprometió a construir propuestas de ley serias que no sean sólo palabras, sino herramientas para proteger y cuidar a niñas y niños.

Asimismo, adelantó que como senadora va a presentar un paquete de iniciativas para cuidar el desarrollo integral de nuestras niñas y niños desde sus primeros años. “Vamos a tomar decisiones firmes, basadas en lo que escuchamos aquí, porque los datos que nos trajeron nos exigen actuar con amor, con cabeza y con compromiso”, aseguró.

En su intervención, Annayancy Varas García, directora general de Early Institute, habló del contenido y propósito del documento “Prioridades de atención de la primera infancia 2024-2030” en que se contienen propuestas de avance y no sólo del trazo de estrategias sobre el papel: es imperativo llevarlas al plano de la realidad, dijo.

Explicó que la urgencia de actuar por el bien de la Primera Infancia es evidente porque las problemáticas estructurales que afectan a nuestra niñez requieren intervenciones inmediatas, coordinadas y, sobre todo, efectivas para la conformación de un Sistema Nacional Progresivo de Cuidados dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030.

Durante el primer tema coordinado por la licenciada Renata Díaz Barreiro Castro investigadora de Early Institute, denominado Educación y Cuidado Infantil, quedo en claro que 8.1% por ciento de las niñas y niños que integran la primera infancia son dejados solos o al cuidado de una niña o niño menor de 10 años lo cual habla de la urgente necesidad de ampliar los Centros de Atención Infantil para la primera infancia.

Martha Melo Huerta de la oficina nacional de política social de la UNICEF destacó como los principales desafíos para el cuidado infantil el empoderar a las mujeres para que no sean las únicas dedicadas, ya que el 60 por ciento de las ellas no participa en el mercado laboral, debido a esta circunstancia, y solo 28 por ciento de las madres se benefician del permiso de maternidad.

Además, dejó en claro que en México solo el 11 por ciento de las niñas y niños tienen acceso a los Centro de Atención Infantil, mientras que el resto de las personas cuidadoras, realizan las labores de cuidado en casa y solo tienen acceso los más ricos, en tanto que en los municipios con mayor vulnerabilidad no tienen ese tipo de centros de atención infantil.

Por su parte, Sunny Arely Villa investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) dejó en claro que sólo 0.05% del PIB es canalizado para el cuidado de la primera infancia por lo que se requiere mayor presupuesto, estimado por la ONU Mujeres y CEPAL de 1.6% del PIB para que este derecho llegue a más familias.

En ese marco, fue presentado el documento “Prioridades de la Primera Infancia”, elaborado por Renata Díaz-Barreiro Castro y el Dr. Cándido Pérez Hernández, ambos investigadores de Early Institute, en el que se exponen una serie de necesidades por resolver en diversos rubros.

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD

Con relación al acceso a servicios de salud, tanto de mujeres embarazadas como de niñas y niños de cero a cinco años, quedo expuesto que un 45.9 por ciento no tiene acceso a servicios de salud básicos.

“Es prioritario asegurar el acceso efectivo a servicios de salud y nutrición materno-infantil. Además, fortalecer los tres niveles de atención desde la atención prenatal hasta el puerperio, asegurando que los centros de salud estén equipados y el personal capacitado para atender procedimientos de rutina, así como, prevenir y atender enfermedades y emergencias obstétricas”, se señaló.

PROTECCIÓN

En materia de protección el panorama es también desolador. En México, lejos de contar con un entorno seguro, las niñas y niños desde su primera infancia enfrentan violencia en el hogar y fuera de él. La mitad de las niñas y niños son víctimas de metodos de disciplina violentos. En violencia comunitaria, en 2022 se registraron 3,301 carpetas de investigación o averiguaciones previas por violencia familiar contra niñas y niños de 0 a 4, y 2,438 carpetas de delitos sexuales cometidos contra esta población y también se mencionó que 21,000 niñas y niños son captados en México con fines de explotación sexual o trata de personas.

Durante el Foro se mencionó que es crucial que se asegure el acceso efectivo a la justicia para todas las niñas y niños, para ello se requiere asignación de un presupuesto suficiente para que las Proocuradurías de Protección puedan operar con personal capacitado, infraestructura adecuada, testimonios únicos e intervengan en cada caso con un enfoque centrado en el interes superior de la niñez.

Además, no se puede dejar de mencionar la necesidad de impulsar una Política Integral Nacional de Crianza Positiva promoviendo entornos familiares y escolares seguros enfatizando la importancia de la capacitación de personas cuidadoras.

A partir de este diagnóstico, como conclusiones expuestas en el foro, se reconoció que para alcanzar el bienestar de niñas y niños en Primera Infancia se requiere de la colaboración de especialistas de múltiples disciplinas y que la atención de estas y otras prioridades no es asunto de esfuerzos o agendas particulares, sino solo es posible si colaboramos como sociedad civil y gobierno en un mismo esfuerzo y dirección.

Entre los participantes en este foro estuvieron: el senador José Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; Lorena Villavicencio Ayala, Titular de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA; Annayancy Varas García, directora general de Early Institute; la senadora Laura Esquivel Torres, presidenta de la Comisión de Niñez del Senado de la República.

También participaron Renata Díaz Barreiro Castro, Coordinadora del Sistema de Indicadores de Primera Infancia en Early Institute; la Dra. Martha Merlo Huerta. Oficial Nacional de Política Social, UNICEF; la Dra. Sunní Arely Villa Juárez. Asociada y fundadora, Investigadora, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria; la Maestra Mónica Corona, directora de Inclusión y Desarrollo Sostenible, Ethos.

Además, el Maestro Abraham Madero Márquez, director ejecutivo de Earl Institute; la Dra. Abigail Casas Muñoz Investigadora del Instituto Nacional de Pediatría, Lic. Sesangari Ortiz Cancino del SIPINNA, Dr. Emilio Maus Ratz de Fundación Freedom y el Maestro Cándido Pérez, Investigador de Early Institute, así como la Dra. Mónica Montserrat Ancira Moreno y la Mtra. Soraya Burrola Méndez del Observatorio Materno Infantil, Universidad Iberoamericana.

Valeria González sobre la brecha salarial en México: “Es un tema cultural que requiere que todas y todos nos involucremos”

La Coordinadora De Vinculación E Incidencia De Políticas Públicas De Early Institute indicó que esta es de 15% y que la cifra se multiplica si las mujeres trabajan en la informalidad

La licenciada Valeria González Ruiz, Coordinadora De Vinculación E Incidencia De Políticas Públicas De Early Institute, destacó que la brecha salarial aún es una realidad en el país y que se estima que que esta es de 15% pero resaltó que es necesario que todos y todas nos involucremos para solucionarlo, en entrevista con Blanca Becerril para Reporte H de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

“Si hay un 15% aproximadamente de diferencia entre lo que estamos percibiendo y todavía este dato se multiplica al doble si las mujeres trabajan en la informalidad”, detalló Valeria González.

Además relató que hay otra labor que no esta renumerada como son las labores del cuidado de las personas que están en casa las cuales pueden ser niñas, niños, personas mayores, con discapacidad, refirió que las mujeres dedican en casa alrededor de 44 horas en promedio mientras que los hombres solo 19 horas señaló que “está totalmente desproporcional la responsabilidad que se nos ha dado del cuidado” y que además estas labores no cuentan como trabajo.

Afirmó que el hecho de que una mujer llegue a la presidencia del país significa un gran logró y que se abran muchas puertas, además subrayó la importancia de la existencia de un Congreso paritario pero comentó que se requiere un cambio de fondo porque hoy en día a las mujeres se les sigue despidiendo cuando están embarazadas y hasta solicitando pruebas de embarazo.

Valeria González destaca la importancia de la creación de un Sistema Nacional de Cuidados

Por ello enfatizó la importancia Sistema Nacional de Cuidados, lo que genera que muchas mujeres trabajen en la informalidad porque no tienen quien cuide a sus hijos e indicó la importancia de que las mujeres se sientan protegidas y acompañadas durante el embarazo.

Destacó la importancia en que las licencias de paternidad y maternidad se equilibren porque mientras la de maternidad dura tres meses la de paternidad dura cinco días, dijo que eso además de poner en desventaja a la mujer genera que muchas veces los empleadores prefieran tener más hombres en su plantilla.

¿La licencia de maternidad corre a cuenta del IMSS o del patrón?

Indicó que también es importante que el gobierno apoye a las empresas porque actualmente esa licencia de paternidad es asumida por el patrón mientras que la de maternidad son asumidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Seguimos viendo a las mujeres como las únicas responsables del cuidado”, lamentó Valeria González

Primera infancia, las prioridades para el 2024-2030

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Proponen especialistas acciones de rescate de la primera infancia de méxico

Aprueban en Sonora primera reforma integral contra la discriminación laboral por embarazo

*Se convierte en el primer estado del país que hace política pública, una de las principales demandas de atención hacia las mujeres trabajadoras en condición de embarazo.

*Diana Barreras, presidenta del Congreso estatal, reconoció la labor de investigación realizada por el think tank Early Institute, que aportó información clave para elaborar la iniciativa aprobada.

En Sonora, las mujeres trabajadoras gozan de una mayor protección, luego de que el Congreso de la entidad aprobó, por unanimidad de votos, la reforma integral para prevenir, combatir y sancionar actos de discriminación laboral por embarazo (DLE).

El Estado se convierte en el primero que cuenta con una legislación específica que atiende este grave problema y que pone en el centro de atención el binomio madre-hijo (a).

Las disposiciones aprobadas en Congreso de Sonora refuerzan el cuidado de la salud de la trabajadora embarazada y establecen nuevas sanciones para quien dañe o afecte los derechos de la madre y su bebé, sobre todo cuando el transgresor sea un superior jerárquico.

Tanto en comisiones como en la lectura del dictamen avalado por unanimidad, la diputada Diana Barreras, del Partido del Trabajo, reconoció la trascendencia de que Sonora cuente con un nuevo marco legal que amplía la protección y la seguridad de las mujeres trabajadoras en condición de embarazo, ya que es precisamente por esas circunstancias que miles de mujeres trabajadoras son afectadas en sus derechos fundamentales.

Resaltó el trabajo realizado por el think tank Early Institute, en particular por la investigación profunda que realizó para conocer los antecedentes, situación actual y desafíos de la discriminación laboral por embarazo en México.

Entre los principales cambios aprobados se encuentran los siguientes:

Se incluye dentro del concepto de violencia laboral y docente, la afectación que pueda tener el bebé de una mujer embarazada y se establece dentro de la normativa el concepto de discriminación laboral por embarazo, ya que vulnera los derechos de la mujer y de su bebé.

Además, se amplía la pena máxima en el Código Penal del Estado, que pasa de 3 a 4 años de prisión y una multa que va de los 100 a 400 UMAS por discriminación laboral por embarazo, y se clarifica que esta protección no es solo para las mujeres embarazadas, sino también para sus bebés.

Es importante subrayar que en lo que se refiere a las acciones de discriminación hacia las trabajadoras embarazadas, cometidas por personas cuya víctima tenga una relación de subordinación laboral y cuyas conductas pongan en riesgo, la vida, salud y desarrollo del bebé, la pena se incrementará en una mitad.

Al respecto, la Coordinadora del área de Asuntos Públicos de Early Institute, Valeria González Ruiz, precisó que la legislación aprobada en Sonora brinda protección integral y atención prioritaria al embarazo, la maternidad y la primera infancia en el espacio laboral.

Constituye un avance importante que se haya incluido la afectación o puesta en riesgo de la salud, desarrollo o vida del bebé como parte del tipo penal de discriminación laboral por embarazo.

Se incluye la DLE como una forma de violencia de género en la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado; se protege a las mujeres que trabajan para el servicio público, al establecer como falta administrativa la discriminación en razón del embarazo o maternidad y se incluye la obligación de la autoridad de juzgar con perspectiva de género, los casos de esta naturaleza.

Finalmente, la abogada de Early Institute, autora del estudio “La Discriminación Laboral por Embarazo en México. Prácticas que Vulneran la Maternidad”, dijo que los diputados locales aprobaron la obligación decoordinar periódicamente al sector empresarial y el público, para llevar a cabo acciones de prevención de la discriminación laboral por embarazo.

Contacto:
Sol Rivera
Cel: 55 1288 4995
Correo: riverasol@hotmail.com

Mayor cobertura y calidad, principales desafíos en el cuidado de niñas y niños de la primera infancia.

*Se llevó a cabo la round table “Políticas de cuidado para la primera infancia”, organizado por Early Institute

*Esta ronda de discusión y análisis es parte del proyecto del Sistema de Indicadores de Primera Infancia, una herramienta social para saber el estado actual de niñas y niños de cero a 5 años en México

Ciudad de México.- En México se vive un rezago importante en materia de atención y cuidado de niñas y niños que integran la primera infancia,  es decir  de cero a 5 años, expresaron especialistas del sector y coincidieron en el llamado a aumentar la oferta, cobertura y calidad de servicios en los centros de atención infantil, incrementar el presupuesto  para este rubro e impulsar políticas familiares como las licencias de paternidad, maternidad y parentalidad como medidas prioritarias para revertir la actual situación.

En la mesa de discusión “Políticas de cuidado para la primera infancia”, organizada por Early Institute, como parte del proyecto del Sistema de Indicadores de Primera Infancia, especialistas e investigadoras en el tema detectaron algunos de los retos que como gobierno y sociedad en México se deben asumir  para un desarrollo integral de los menores de edad de cero a cinco años.

Para Martha Merlo Huerta, Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Oficial Nacional de Política Social de la Unicef, es indispensable terminar con brechas de desigualdad social respecto a la atención y cuidado de niñas y niños quienes no siempre tienen garantizado el acceso a la seguridad social, a guarderías, a estancias infantiles o al cuidado de madres o padres trabajadores que gocen de licencias.

“El 52 por ciento no tiene seguridad social por estar en la economía informal, no tienen licencias por maternidad ni paternidad, ni acceso a guarderías, estancias infantiles, ni seguridad médica. Son las familias más vulnerables y eso abre la brecha de la desigualdad social”.

También mencionó que sólo la mitad de las niñas y niños de cero a cinco años de edad en México tienen acceso a un libro y/o carecen del acompañamiento de sus padres para la realización de actividades educativas o recreativas.

En más datos, Renata Díaz Barreiro, investigadora de Early Institute, citó que durante la pandemia de Covid-19 aumentó el cuidado inadecuado de niños y niñas menores de cinco años al registrarse un incremento en el porcentaje de niñas y niños que fueron dejados solos en sus hogares o bajo el cuidado de otros niños.

“Aumentó el cuidado inadecuado de menores durante la pandemia. De 2018 a 2021 pasó de casi 6 a 11 por ciento, es decir, uno de cada diez niños de cero a cuatro años de edad tuvo un cuidado inadecuado”, dijo.

Díaz Barreiro Castro reconoció que persiste la violencia como método de disciplina normalizado en el contexto del hogar, a la par de que no se reconoce el valor de la educación inicial y preescolar. Cuestión que dificulta el cuidado cariñoso y sensible de la primera infancia.

A su vez, Sunny Arely Villa Juárez, Doctora en Políticas Públicas y Fundadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria consideró que para la detonación de políticas públicas es inherente un sistema fiscal sostenible a largo plazo que no es posible si no pensamos en cómo invertir en la primera infancia.

“El cuidado es un asunto público en el que el Estado tiene que intervenir, además del sector privado y desde luego papás y mamás con el interés del auténtico desarrollo integral de la primera infancia”, dijo.

Añadió que el desarrollo de una vida depende de la calidad de cuidado que se tuvo en la primera infancia y con base en eso hay que superar desigualdades como uno de los retos a resolver.

La round table “Políticas de cuidado para la primera infancia”, organizado como parte del proyecto SIPI – México se llevó a cabo con el apoyo de la Fundación Compartamos y Fundación Coppel.

Contacto de Prensa y enlace para entrevistas:
Lic. Sol Rivera
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Correo: riverasol@hotmail.com

Vive México "Obscuridad profunda" frente a violencia contra de la primera infancia: expertos

Ciudad de México. En México se vive una “oscuridad muy profunda” en materia de datos y evidencia respecto de la violencia en contra de niñas y niños de la primera infancia, advirtieron especialistas nacionales e internacionales.

La normalización de la violencia que muchas veces se genera desde casa, por parte de cuidadores, madres o padres, provoca que esas niñas y niños violentados se sientan no valorados, inseguros y carentes de confianza, lo que redunda en ciclos de violencia que repiten cuando son mayores, dijeron.

La violencia que se vive en el país debe ser atendida desde su origen en la primera infancia, recomendaron.

Convocados por Early Institute, a través del proyecto Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI México), los especialistas del INEGI, el Instituto Nacional de Pediatría, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Red por los Derechos de la Infancia en México, hicieron un diagnóstico de la violencia en la primera infancia y emitieron recomendaciones para su atención y erradicación.

En el marco de la mesa de discusión “Protección de la Primera Infancia ante un entorno de violencia”, la doctora Abigail Casas, especialista en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Pediatría, precisó que el desconocimiento de los padres y cuidadores de lo que es el desarrollo y la conducta infantil “es un detonante de violencia”.

Por su parte, Jorge Cuartas Ricaurte colaborador del Banco Interamericano de Desarrollo, afirmó que la violencia en la primera infancia es un desencadenante de la violencia en la sociedad actual. Acabar con la violencia en la sociedad es construir la paz desde el cuidado y atención de la primera infancia, manifestó el también miembro del comité Asesor Científico de la Comisión de The Lancet.

Para Alejandra Ríos Cázares, directora general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, uno de los principales problemas para el análisis del problema de la violencia en contra de niñas y niños en la primera infancia es carecer de datos y tener poca evidencia.

“Tenemos una fotografía muy acotada de un universo muy amplio”, dijo.

Desde su óptica, se requieren mejorar los procesos de captura de información por parte de las instituciones involucradas. Hay una profunda necesidad de desarrollar estrategias para tener una fotografía completa, más específica, de cómo se está dando la violencia en contra de niñas y niños, expresó.

Alertó que las niñas y niños que se desarrollan en un ambiente violento o que son víctimas de este fenómeno son más vulnerables cuando llegan a una edad adulta, por lo que hay que acercarse a ellos para protegerlos.

Con datos del SIPI México, Renata Díaz-Barreiro Castro, economista por la Universidad Iberoamericana e investigadora de Early Institute expresó que existen tipos de violencia que han sido poco visibilizados. Tal es el caso de la violencia sexual, de las 21 mil 717 carpetas de investigación de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, el 10% son de primera infancia.

En su oportunidad, Tania Ramírez Hernández, directora Ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, subrayó que para hacer frente a las diversas formas de violencia contra niñas y niños es indispensable el fortalecimiento y trabajo conjunto de organizaciones de la sociedad civil con los responsables de impulsar la primera infancia en el ámbito público, como el Sipinna.

Respecto a las recomendaciones, el conjunto de expertos coincidió en que se necesita reconocer la realidad del alcance y las capacidades de las instituciones que apoyan el desarrollo de niños de cero a cinco años de edad.

Díaz-Barreiro Castro afirmó que el ambiente ideal para que se desarrolle de manera integral una niña o niño es donde tenga cuidado cariñoso y sensible por quienes están a cargo de su cuidado, sean madres, padres o tutores.

El SIPI México es una herramienta social que muestra el estado actual de la población desde el embarazo hasta los 5 años. El SIPI México despliega 142 distintos rubros, en ámbitos como salud, nutrición, educación, pobreza, seguridad y protección.

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