Suicidio infantil y juvenil crece en el mundo

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de:  El Financiero

En la actualidad hay un fenómeno que está llamando la atención y alertando al mundo; me refiero al suicidio en los adolescentes. El tema no es un asunto menor, ya que se está registrando un importante crecimiento a nivel global. En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023, la cifra total de muertes por suicidio aumentó 10.1 por ciento en comparación con 2022, alcanzando 9 mil 72 decesos, de los cuales 7 mil 310 fueron de hombres. De acuerdo con el INEGI, en 2023, los grupos de 15 a 24 años y de 25 a 34 concentraron el mayor porcentaje de suicidios.

En el rubro de los adolescentes, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2023: 4.4 por ciento de la población adolescente reportó haberse hecho daño, al menos alguna vez, con el fin de quitarse la vida; el porcentaje es mayor en mujeres (7.7 por ciento) que en hombres (1.2 por ciento). Al preguntar si el intento de suicidio fue en los últimos 12 meses, destaca que el 50.2 por ciento del total de adolescentes lo realizó en ese lapso.

Según el Cuadernillo básico para la prevención del suicidio, editado por el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, “este fenómeno es multifactorial”.

Las causas más frecuentes se relacionan con: 1) el deseo de escapar de un sufrimiento intolerable; 2) un estado de desmoralización y desesperanza que nubla la posibilidad de pensar de forma positiva en el futuro, y 3) tras una muerte o pérdida afectiva.

En los adolescentes, la situación de riesgo se agrava ante ciertos contenidos en redes sociales o por ser víctimas de bullying, lo que aumenta su vulnerabilidad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, el suicidio es la tercera causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años.

En Colombia, se habla de que seis menores se quitan la vida por semana y las autoridades han reconocido el incremento de casos en los últimos años. En el sitio de Save The Children se estipula que: “es clave reconocer que en la niñez factores como el acoso escolar, la violencia intrafamiliar, la pobreza, la violencia sexual y de género, la discriminación, la exposición al conflicto armado, la exclusión social y la falta de acceso a servicios de salud mental adecuados pueden incrementar el riesgo de conductas suicidas”.

Es decir, se confirma la intervención de varios factores que pueden provocar que una niña, un niño o un adolescente considere la opción de suicidarse para no padecer alguna situación dolorosa. Con este panorama, es necesario establecer estrategias de prevención que pudieran reducir el número de casos. En el Cuadernillo se hace énfasis en ocho acciones: 1) fomentar relaciones sociales saludables; 2) gestionar el estrés; 3) realizar deporte y/o actividades culturales; 4) fomentar la comunicación en casa y observar cambios de conducta; 5) facilitar a las y los jóvenes contactos especializados en atención emocional; 6) contar con personal capacitado para detectar y actuar ante el comportamiento de riesgo suicida; 7) promover hábitos de vida saludable, y 8) promover servicios de salud emocional.

En Early Institute nos adherimos a las propuestas del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio para combatir este lastimoso fenómeno y hacemos un llamado a la sociedad para estar atentos a las conductas de riesgo de los más jóvenes, las cuales podrían significar un aviso de sus intenciones. Asumamos el cuidado y la protección de las niñas, los niños y los adolescentes como una tarea compartida, un compromiso social y una responsabilidad diaria.

Avances, inconsistentes avances: a 10 años de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

El pasado 4 de diciembre se conmemoró el décimo aniversario de la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA).

Esta ley, diseñada para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia en México, representó un avance significativo hacia el reconocimiento de sus derechos, alineándose con estándares internacionales. Sin embargo, una década después, es necesario reflexionar sobre los avances alcanzados y los desafíos pendientes.

Entre los logros más relevantes de esta Ley se destacan la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), encargado de coordinar políticas públicas dirigidas a esta población, y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), que actúa como instancia jurídica para su defensa.

Además, la inclusión del principio del interés superior de la niñez como eje rector en la toma de decisiones constituyó un avance normativo crucial para garantizar que todas las resoluciones consideren, primordialmente, el bienestar de niñas y niños.

No obstante, la insuficiencia presupuestal ha sido un obstáculo constante. Aunque se han creado mecanismos como la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) para abordar desigualdades desde la primera infancia, su impacto ha sido limitado.

Como consecuencia, la pobreza infantil persiste en niveles alarmantes: 1 de cada 2 niñas y niños en primera infancia vive en situación de pobreza, y 1 de cada 10 en pobreza extrema. Esta situación es aún más crítica en hogares rurales, indígenas o con personas con discapacidad, donde la cobertura de programas sociales es insuficiente.

Por otro lado, apenas el 7% de los niños menores de tres años accede a servicios de cuidado o educación inicial, lo que genera brechas de aprendizaje desde etapas tempranas.

En materia de salud, el acceso sigue siendo desigual. En 2022, el 45.9% de las niñas y niños de 0 a 5 años carecieron de acceso a servicios médicos, reflejando una situación preocupante.

Ante este panorama, es innegable que la LGDNNA marcó un antes y un después en la defensa de los derechos de la infancia en México. Sin embargo, el desafío principal radica en traducir los principios legales en acciones concretas. Esto requiere redoblar esfuerzos en inversión pública, mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y garantizar una evaluación constante de resultados.

Desde Early Institute, nos sumamos al llamado para que los gobiernos, tanto estatales como federal, coloquen verdaderamente el interés superior de niñas y niños como una prioridad, con el propósito de que cada uno de ellos tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial.

A 10 años de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de:  El Financiero

Con la LGDNNA se logró que niñas, niños y adolescentes contaran con un marco legal propio que los reconocía como sujetos de derechos que requieren una protección reforzada.

Hace 10 años, en México se promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). Con ello, nuestro país dio un paso significativo en materia de protección a uno de los sectores sociales más vulnerables.

Dicha ley reconoció los principales derechos a los que niñas, niños y adolescentes (NNA) tienen acceso como ciudadanos mexicanos, basados en el principio del interés superior de la niñez previsto desde nuestra Constitución.

Por primera vez en la historia legislativa de México, con la LGDNNA se logró que niñas, niños y adolescentes contaran con un marco legal propio que los reconocía como sujetos de derecho que requieren una protección reforzada.

Los avances fueron sustanciales, ya que se crearon diversos organismos e instrumentos que garantizaban el respeto de las garantías de este grupo etario en apego a estándares internacionales. Así, se instituyó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) para coordinar y articular políticas públicas, programas y acciones permanentes desde los distintos ámbitos de gobierno en beneficio de los derechos de este sector. El SIPINNA es operado por la Secretaría de Gobernación.

También se creó la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) —considerada como ‘el abogado de la niñez’— con atribuciones para ejercer representación jurídica en suplencia o coadyuvancia, defensa y protección de los derechos de NNA; generar planes de restitución ante vulneraciones de derechos; y prevenir la violencia y el abuso contra niñas, niños y adolescentes.

Sin duda, esta última década marcó un camino relevante en el reconocimiento de los derechos de NNA y alentó la instauración de una infraestructura para la protección de sus intereses, pero aún quedan enormes áreas de oportunidad en distintas materias, principalmente en temas presupuestales y en la efectividad de las instituciones que coordinan las políticas.

En este sentido, debe decirse que México destina solo 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto a la primera infancia, cuando hay evidencia de que esta etapa de la vida humana es fundamental para un óptimo desarrollo en la adultez. A su vez, se ha identificado que la primera infancia se encuentra en mayor situación de pobreza en comparación con adolescentes y personas adultas. Un aspecto más es la seguridad: en 2023, 368 niñas y niños de cero a cinco años fueron reportados como desaparecidos o no localizados. Es triste y vergonzoso reconocer que la violencia familiar y los delitos sexuales contra esta población siguen siendo alarmantes.

Respecto a la salud, se tienen carencias en la infraestructura sanitaria, falta de recursos médicos e insuficiencia de personal capacitado, lo que dificulta el monitoreo del desarrollo infantil temprano, la vacunación y el tratamiento de enfermedades. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2022, 45.9% de niñas y niños de entre 0 y 5 años careció de acceso a servicios de salud.

Como se ve, las necesidades siguen siendo demasiadas y se puede considerar que, a 10 años de la promulgación de la LGDNNA, su creación fue una gran ayuda, pero la aplicación ha sido insuficiente. Prácticamente, mientras esta ley no cuente con presupuesto asignado, es ley muerta. En Early Institute reconocemos los esfuerzos y las voluntades para garantizar los derechos y la protección a NNA, a la vez que nos comprometemos a impulsar una agenda que contribuya a la mejora de las políticas públicas que requieren las niñas y los niños de México.

Una década de trabajo ha abierto espacios, pero es necesario hacer más y lograr la correcta implementación de una legislación que tiene por objetivo el resguardo de una población del país que demanda toda nuestra atención y cuidado.

La política y las políticas públicas ante la desaparición de organismos autónomos

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

Comúnmente, no solemos diferenciar entre "la política" y "las políticas públicas", dos conceptos con implicaciones fundamentales para el quehacer gubernamental.

La política se refiere al proceso de luchas de poder, negociaciones y confrontaciones ideológicas. Por otro lado, las políticas públicas se enfocan en el diseño de soluciones concretas y basadas en evidencia para atender los problemas de una sociedad. Nos guste o no, necesitamos tanto política como políticas públicas en las decisiones del ámbito público.

Traigo esto a colación debido a la reciente eliminación de organismos autónomos como el INAI y el CONEVAL, lo cual ejemplifica las consecuencias de no distinguir adecuadamente entre estos conceptos.

La desaparición de estos organismos fue presentada como un acto de austeridad, combate a la corrupción y simplificación administrativa. Sin embargo, este hecho ilustra la tensión entre una política enfocada en concentrar el poder y las políticas públicas que deberían priorizar la efectividad en la resolución de problemas sociales.

Desde la perspectiva de la política, el gobierno actual ha logrado consolidar apoyos y avanzar en una narrativa de control centralizado, apelando a la eliminación de lo que considera burocracia innecesaria y excesos presupuestales. Sin embargo, desde el enfoque de las políticas públicas, estas decisiones deben sustentarse en evidencia. No basta con denunciar actos de corrupción, si los hubiera; es imprescindible demostrar con hechos la ineficacia de una institución para cumplir con su razón de ser.

Los organismos autónomos desempeñan funciones esenciales: vigilar el uso de recursos públicos, defender derechos ciudadanos y garantizar elecciones libres y justas. Al desaparecer o debilitar estas instituciones, no solo se pone en riesgo la calidad técnica de las decisiones públicas, sino también los principios de imparcialidad y profesionalismo que estos entes representan.

En lugar de fortalecer la capacidad del gobierno para responder a las necesidades sociales, estas decisiones podrían conducirnos a privilegiar intereses políticos, sacrificando el desarrollo de políticas públicas fundamentadas en criterios técnicos e independientes del poder en turno.

No distinguir entre política y políticas públicas tiene consecuencias profundas. En México, necesitamos un debate público que no se limite a estrategias de poder, sino que analice con rigor las repercusiones de las decisiones gubernamentales. Mientras que la política puede ser útil para ganar elecciones o consolidar partidos, las políticas públicas son las que verdaderamente transforman la vida de las personas mediante programas, planes y estrategias concretas.

En el caso de los organismos autónomos, priorizar el juego político sobre la implementación de políticas públicas efectivas amenaza con debilitarnos como sociedad, sacrificando instituciones que, a pesar de sus imperfecciones, han demostrado ser pasos hacia un México más democrático.

Prohíbe gobierno de Australia acceso a redes a menores de edad

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de:  El Financiero

En un interés por proteger la salud mental de niñas, niños y adolescentes, el gobierno de Australia ha decidido prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años.

La medida fue tomada por el Parlamento con la firme decisión de hacer lo correcto en cuanto al cuidado de la integridad física y mental de un sector vulnerable. Se sabe que su implementación tardará por lo menos un año y considera la aplicación de multas cuantiosas a aquellas plataformas que no sigan los parámetros de seguridad que garanticen que los menores no puedan acceder a sus servicios.

Esta ley ha sido la respuesta a la preocupación de grupos sociales que han notado daños considerables en los más jóvenes ante el uso de las redes y que, en palabras del primer ministro de Australia, Anthony Albanese, “son plataformas donde se ejerce presión de grupo, causantes de ansiedad, canales para los estafadores y, lo peor de todo, una herramienta para los depredadores en línea”.

Esta prohibición se da en el marco de una serie de iniciativas, a nivel mundial, que exige mayor vigilancia y seguridad a los usuarios de las redes sociales, en particular cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.

Tan sólo en este año, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos sancionó a la plataforma NGL por promover su servicio a menores de edad, sin las debidas medidas de seguridad para resguardar su privacidad.

Otro ejemplo es la supervisión de la Unión Europea a la plataforma de TikTok para verificar si cumple con los requerimientos de protección a menores, transparencia en la publicidad, y la gestión de riesgos en el diseño adictivo y contenidos nocivos.

En Australia aún quedan muchas interrogantes referentes a la aplicación de la ley aprobada, sobre todo en la parte técnica, lo que podría facilitar que pese a las restricciones, las niñas, los niños y los adolescentes burlen las medidas.

No obstante, el primer ministro australiano ha defendido la aprobación de la ley al señalar: “No estamos planteando que su implementación será perfecta, tal como la prohibición de alcohol para menores de 18 no significa que alguien menor de los 18 nunca tendrá acceso, pero sabemos que hacemos lo correcto”.

Por su parte, las posibles plataformas afectadas han cuestionado la eficacia de la ley, señalando incluso su incompatibilidad con los tratados internacionales que Australia ha suscrito en materia de derechos humanos.

Si bien hay diversos puntos que hay que atender en esta inédita prohibición, es necesario enfatizar en la relevancia que se le está dando a la salud física y emocional de una parte de la población que requiere, sin excepción alguna, orientación y protección.

En Early Institute reconocemos la importancia de velar por el desarrollo integral de las niñas, los niños y los adolescentes. Una parte esencial es su aspecto emocional y las repercusiones en su salud mental, que suelen ser muy frágiles en ese periodo de vida. Por otro lado, la seguridad digital es uno de los temas de mayor preocupación para tutores, educadores y autoridades, que siguen alentando no poner en riesgo a los menores ante el uso de la tecnología. Hoy los debates son más recurrentes y casos como el de Australia motivan a que otros países puedan ser más estrictos con los accesos a las plataformas en beneficio del sector social más joven e indefenso.

Crisis en centros de asistencia social en Chihuahua

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

En días recientes, se revelaron casos de “salidas no autorizadas” de niñas, niños y adolescentes en albergues del estado de Chihuahua, lo que ha generado alarma en todo el sistema de protección infantil. En solo cinco meses, 29 menores abandonaron centros de asistencia social sin permiso, y 14 de ellos aún no han sido localizados.

Estos hechos evidencian no solo la fragilidad de los mecanismos de resguardo, sino que también despiertan serias sospechas sobre posibles delitos, como la trata de personas, en lugares que deberían ser espacios seguros para la niñez.

Entre los centros señalados, el albergue Unidas por Amor ocupa un lugar destacado. Desde septiembre, ocho adolescentes salieron de este lugar sin autorización, y tres de ellas aún permanecen desaparecidas. Paralelamente, investigaciones han revelado indicios de mendicidad forzada y maltrato infantil en el albergue.

Las circunstancias que rodean estas "salidas no autorizadas" ponen en entredicho tanto la gestión del albergue como la efectividad de la supervisión estatal.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México se registraron 53,862 niñas y niños viviendo en instituciones de asistencia social, lo que representa un incremento del 62% respecto a 2015, cuando la cifra apenas superaba los 33,000. El 70% de estos menores permanece más de un año en estas instituciones, y algunos pasan allí toda su infancia y adolescencia. Este panorama subraya la importancia de garantizar condiciones dignas en los albergues y trabajar para agilizar la reintegración familiar o social de los menores.

Las investigaciones en Chihuahua han arrojado preocupantes indicios, incluidos testimonios que apuntan a la posible existencia de redes criminales involucradas en la explotación de niños y adolescentes. Esto refuerza la necesidad de una respuesta inmediata y contundente para desarticular cualquier dinámica delictiva que se esconda bajo la fachada de asistencia social.

El caso de Chihuahua debe ser una llamada de atención para replantear las prioridades en las políticas públicas de protección infantil. No basta con gestionar los daños; es imprescindible prevenirlos mediante sistemas sólidos y un compromiso genuino con el interés superior de niñas y niños.

Presupuesto insuficiente para el cuidado de calidad para la primera infancia

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: Proceso

Presupuesto insuficiente para el cuidado de calidad para la primera infancia

La estrategia oficial sigue enfocándose en la atención a los menores que por el trabajo de sus cuidadores forman parte de la seguridad social, cuando las necesidades rebasan los apoyos otorgados y los esfuerzos son insuficientes.

La primera infancia en México

El cuidado de la primera infancia es un asunto de extrema importancia, que lastimosamente en México se ha deteriorado en los últimos años. Para empezar, se estima que hay más de 12 millones de niñas y niños de 0 a 5 años en nuestro país, lo que equivale a 10% de la población. Desafortunadamente su situación no es la más favorable. Hoy es desalentador saber que el porcentaje de niños y niñas en situación de pobreza es de 48.1% y de pobreza extrema se sitúa en 11.6 por ciento.

A pesar de que la educación inicial y preescolar son derechos constitucionales, la Encuesta Nacional del Sistema de Cuidados (Enasic) 2022 estima que sólo 44% de la población de esta edad asiste a educación inicial o preescolar, lo que significa que alrededor de 6.8 millones carecen de estos servicios.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, aún persisten prácticas de cuidado inadecuado en el hogar, ya que 8.1% de las niñas y los niños menores de cuatro años fueron dejados solos o bajo la supervisión de otra niña o niño menor de 10 años.

Por otro lado, se registran debilidades sustanciales en organismos y programas que tienen a su cargo las políticas en materia de niñez, como por ejemplo la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sippina), el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronapinna) y la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (Enapi). Todos ellos han sufrido recortes, desmantelamientos o aplicaciones parciales.La falta de atención a este sector es un tema delicado, lo grave es que se le sigue restando valor y su protección no alcanza a entenderse como un asunto prioritario.

La importancia de la primera infancia

En este punto es necesario recalcar la relevancia de los primeros años de vida de cualquier persona. El cuidado en este periodo no es sólo una necesidad inherente a cierta etapa de desarrollo del ser humano, sino un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado de manera universal, digna y justa.

La atención en esta fase de la vida humana se sujeta a la dependencia y vulnerabilidad que cada niña o niño experimenta en su cuidado propio, pero además se trata de un momento crucial en su desarrollo integral.

Hay evidencia científica que demuestra que en este periodo inicial se da una maduración cerebral que incide en las habilidades perceptivas, cognitivas, lingüísticas, socioemocionales y de autorregulación. Estos delicados procesos requieren que las niñas y los niños sean procurados en entornos confiables y con prácticas de crianza positiva que garanticen su bienestar.

Esto, por supuesto, incluye los derechos a la vida, la salud, la educación, la familia, el juego, entre otros. Según un estudio de la doctora Maureen M. Black de la Universidad de Maryland y otros autores de la Serie de desarrollo infantil temprano de la revista The Lancet, “un niño o niña necesita cuidado cariñoso y sensible que atienda su salud, nutrición, seguridad, protección y aprendizaje desde los primeros años de vida” (2017).

En este sentido, es primordial asegurar su óptimo crecimiento, en tanto de ello dependerá que los menores tengan la capacidad para enfrentar desafíos en su vida adulta.

La primera infancia en el Presupuesto de Egresos 2025

Pese a considerarse una etapa crítica en el desarrollo humano, en nuestro país parece que la primera infancia no es una cuestión de interés gubernamental. Un ejemplo de los grandes olvidos a este sector se observa en el reciente Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025, en el que se acentúan las prioridades del gobierno federal en la destinación de recursos.

Si bien pareciera que este tema ganó relevancia —ante la designación de apoyos a los niños y las niñas cuyos cuidadores trabajan en el sector formal—, quedan desprovistos millones de infantes que no tienen acceso a los servicios del Estado.

La estrategia oficial sigue enfocándose en la atención a los menores que por el trabajo de sus cuidadores forman parte de la seguridad social, cuando las necesidades rebasan los apoyos otorgados y los esfuerzos son insuficientes.

Según el documento Implicaciones del Paquete Económico 2025 del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria a. c. (CIEP): “el presupuesto para la primera infancia incrementó un 4.3% real respecto a lo aprobado para 2024, beneficiando principalmente a las personas afiliadas al IMSS y al ISSSTE”. Entre los beneficios se ubica la oportunidad de asistir a guarderías y estancias de dichas instituciones, sin embargo, se sabe que por lo menos cerca de 40% de niñas y niños mexicanos no dispone de estas garantías, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

También el CIEP expone retos de otra índole, ya que destaca que, aunque la inversión en el cuidado de la primera infancia haya incrementado, el PPEF del próximo año: “no cuenta con estrategias específicas para reducir el rezago educativo, invertir en primera infancia ni establecer un sistema integral de cuidados”, lo que despierta muchas interrogantes sobre la eficacia del aumento.

Un aspecto clave es precisamente el derecho al cuidado, que en nuestro país fue reconocido en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) en 2024. A pesar de su configuración, aún quedan iniciativas legislativas pendientes para establecer responsabilidades y obligaciones para su ejercicio.

De igual modo, el CIEP sostiene que “como en años anteriores, el PPEF 2025 carece de una visión de mediano plazo, al no considerar las carencias actuales de la juventud, la niñez y las mujeres, ni los efectos intergeneracionales que perpetúan las desigualdades y limitan las oportunidades”.

Los retos a vencer

Es fundamental recalcar que lo que viven niñas y niños en sus primeros años son factores determinantes en su calidad de vida futura. Es tal el desarrollo biológico, psicológico y social que se da en este tiempo que vivirlo con deficiencias produce pérdidas sustanciales en rubros como son la salud y la educación.

En otros términos, es indispensable actuar para cuidar a la primera infancia, ya que los gobiernos que no invierten en ello pagan altos costos que abonan a la pobreza y a las desigualdades sociales. Las intervenciones tempranas en apoyo a este sector deberían ser parte de la agenda nacional. Principalmente es señalar que el presupuesto que se destine a este grupo social debería tener como objetivo garantizar un cuidado universal y de calidad para todos los niños y las niñas, y no sólo para aquellos cuyos cuidadores laboran en la formalidad.

El olvido a esta parte de la población tiene que detenerse con estrategias coordinadas que logren mejorar sus condiciones y entornos.

Para Early Institute —el único think tank mexicano de primera infancia— es esencial visibilizar la situación de nuestros niños y niñas y la impostergable tarea de fortalecerlos con toda la asistencia posible. Evitemos arriesgar el desarrollo del país con acciones que posibiliten el bienestar de nuestros ciudadanos más vulnerables. Seamos agentes de cambio impulsando que los derechos de los niños y las niñas en sus primeros años de vida sean una realidad y un buen comienzo sería comprometerse a que se faciliten los recursos humanos, económicos y materiales para cubrir puntualmente sus necesidades.

¿Es Trump el presidente estadounidense más latinoamericano?

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

No hay duda de que Donald Trump avanzó sustancialmente en la predilección de la comunidad latina y cuya reelección tiene implicaciones importantes para México, opina Annayancy Varas García.

Las recientes elecciones en Estados Unidos han llamado la atención por distintos factores. Entre ellos, fue el voto latinoamericano que obtuvo el candidato republicano Donald Trump pese a su constante discurso antihispano. Las cifras señalan que Trump consiguió una mayor ganancia entre los hombres latinos (cerca de 53 por ciento) frente al apoyo de 37 por ciento de las mujeres latinas.

Si bien la candidata demócrata, Kamala Harris, logró un porcentaje mayor del voto latino (53 por ciento frente a 45 por ciento para Trump), el presidente electo tuvo un aumento de 10 puntos porcentuales entre los votantes hispanos en comparación con las elecciones de 2020.

¿A qué respondería este resultado? En principio se habla de que los votantes varones latinos suelen respaldar políticas que puedan frenar la inmigración ilegal, ya que este fenómeno afecta el empleo y la seguridad. Otro tema que pudo haber sido crucial es la economía, ya que prometió que sus iniciativas beneficiarían a todos los estadounidenses —incluida la comunidad latina— a través de la creación de empleos y el apoyo a pequeñas empresas.

En cuanto a las zonas geográficas, Trump consiguió avances entre los latinos en áreas que antes eran territorios de los demócratas. Por ejemplo, en Miami ganó con 55 por ciento; incluso en el emblemático condado de Starr, Texas, 57 por ciento de los votantes lo favoreció, siendo que 97 por ciento de la población de ese condado es latina.

No hay duda de que Donald Trump avanzó sustancialmente en la predilección de la comunidad latina y cuya reelección tiene implicaciones importantes para México, ya que se habla de que implementará nuevos aranceles que afectarían los tratados entre ambas naciones, así como políticas de deportación.

Entre las propuestas que Trump lanzó para atraer a la comunidad latina destacan las de inmigración, advirtiendo la implementación de políticas estrictas, que incluyen la construcción del muro fronterizo con México; seguridad, al enfatizar la lucha contra el crimen, situación que ayudaría a crear entornos con una vida más tranquila; y educación, ya que prometió mejorar el acceso a la educación y a las oportunidades laborales.

El aumento de popularidad de Trump en la comunidad latina quizá obedece a la necesidad de contar con liderazgos decididos a enfrentar problemáticas tan sensibles como lo es la corrupción y que sólo el tiempo confirmará si se trató de la mejor opción.

En un interés por garantizar el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en Early Institute reconocemos la importancia de dar seguimiento a las medidas que encabezará el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en tanto sus antecedentes como mandatario estadounidense demuestran un estilo polémico. Hoy los resultados arrojan una sorpresiva confianza por parte de la comunidad latina, que sin duda será capitalizada por el también empresario y cuya actuación deberá ser observada en beneficio de las familias mexicanas que viven en el vecino país.

La Nueva Escuela Mexicana: El Retador Camino de México en la Educación

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

El cuidado y la educación de la primera infancia se han convertido en un ir y venir de distintos enfoques gubernamentales en los últimos sexenios.

Desde el programa de estancias infantiles implementado durante el gobierno de Felipe Calderón hasta el modelo de transferencias monetarias impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y reiterado por Claudia Sheinbaum, hemos visto profundos cambios en la forma de entender el cuidado y la educación inicial.

El programa de estancias infantiles, lanzado en 2007 bajo la administración de Calderón, fue concebido como un apoyo para madres trabajadoras, proporcionando subsidios para el cuidado de sus hijos. Este programa obtuvo buenos resultados y un crecimiento exponencial.

Sin embargo, fue cuestionado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que denunció irregularidades como listas de niños inexistentes y subsidios a familias que no cumplían con los requisitos. Por ello, el gobierno de López Obrador decidió ponerle fin.

En el pasado sexenio se optó por brindar apoyo directo a los hogares mediante transferencias económicas en lugar de mantener espacios físicos de cuidado infantil. Esto, con la idea de dar autonomía a las familias para decidir cómo y dónde cuidar a sus hijos. Aunque este modelo promueve la libertad económica, ha sido criticado por la falta de una infraestructura dedicada a la atención y educación en primera infancia, y, sobre todo, por carecer de evaluación que permita conocer sus resultados en el desarrollo de niñas y niños.

Por su parte, el gobierno de Sheinbaum, continuando el enfoque de López Obrador, ha expresado interés en desarrollar una nueva generación de centros de educación temprana, respaldados por la Nueva Escuela Mexicana, que busca no solo el cuidado, sino también garantizar el derecho a una educación inicial integral. Es importante recordar que este derecho se encuentra en el artículo 4° Constitucional.

La propuesta de Sheinbaum, según se ha mencionado, busca reducir desigualdades. No obstante, lograr esta promesa requiere asegurar infraestructura adecuada, personal capacitado y recursos económicos suficientes.

Aún está por verse qué tanto de esto se materializará. Lo que sabemos hoy es que México enfrenta bajos niveles de escolarización en la primera infancia, lo que provoca rezago educativo y amplias desigualdades.

El reto para la administración de Sheinbaum es demostrar que su enfoque puede superar las deficiencias del pasado y construir un sistema que no solo cuide a niñas y niños, sino que los eduque y los prepare para un futuro con mayores oportunidades.

Aumenta la violencia obstétrica en el mundo

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Los datos indignan y alertan sobre la necesidad de proveer a las mujeres embarazadas y sus parejas entornos seguros que protejan su integridad, desde la concepción hasta el puerperio.

Es increíble que, aun cuando se reconoce la importancia del embarazo, se puedan vivir experiencias traumáticas en una de las etapas cruciales de las mujeres. Diversos estudios confirman la violencia obstétrica en todo el mundo, afectando la vida misma y los derechos humanos de las mujeres embarazadas y de sus hijos e hijas por nacer.

En un artículo publicado en la revista The Lancet se han hecho evidentes los abusos que han sufrido las mujeres, durante el parto, en países de Ghana, Guinea, Myanmar y Nigeria. “El estudio investigó el maltrato a las mujeres durante el parto, que incluye abuso físico y verbal, estigma o discriminación, negligencia, falta de consentimiento informado y privacidad, entre otros”.

El estudio indica que de las 2,016 mujeres en labor de parto que fueron observadas, 838 (42%) experimentaron abuso físico, abuso verbal, estigma o discriminación; 282 (14%) padecieron abusos físicos, destacando las bofetadas, los golpes o los puñetazos; incluso 38 (2%) fueron sujetadas con fuerza en la cama. Gritos, regaños y burlas (762 mujeres) fueron las expresiones más comunes en los países estudiados.

La investigación es responsabilidad de la Dra. Meghan Bohren, de la Universidad de Melbourne (Australia), quien sentencia: “Promover una atención de maternidad respetuosa para todas las mujeres es fundamental para mejorar la equidad sanitaria y es un componente esencial de la calidad de la atención”.

El problema ha ido creciendo a nivel mundial y es más agudo en países poco desarrollados, como los analizados por Bohren. En este sentido, es fundamental que se atienda la violencia obstétrica por tratarse de un fenómeno que afecta tanto la vida como los vínculos iniciales entre madres e hijos o hijas.

El aumento de este problema ha sido tema de análisis y estudio por instancias, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En 2019, la relatora especial Dubravka Šimonović presentó ante la Asamblea General de la ONU un informe sobre el maltrato y la violencia contra la mujer en la atención del parto con énfasis en la violencia obstétrica. Al respecto se presentaron testimonios de mujeres que exponían distintas formas de violencia en los centros de salud, lo que detonaba la presencia de complicaciones durante el parto. La relatora sostuvo: “El maltrato y la violencia contra la mujer no solo violan el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, sino que también pueden poner en peligro su derecho a la vida, a la salud, a su integridad física, su intimidad, su autonomía y a no sufrir discriminación”.

Otro de los países con evidencia sobre la presencia de violencia obstétrica es España. En 2021, Desirée Mena Tudela, investigadora del Departamento de Enfermería de la Universidad Jaume I fue entrevistada por la agencia SINC. La especialista alertó que de 17,500 cuestionarios hechos vía digital a mujeres embarazadas, “poco más del 38% de las mujeres encuestadas percibieron haber recibido violencia obstétrica, pero sospechamos que este porcentaje puede ser mayor”. Esto por tratarse de una encuesta a la que mujeres de bajos recursos pudieron no haber tenido acceso.

Como se aprecia, los índices son devastadores y la solución al problema parece no encontrarse.

En Early Institute reconocemos la importancia de ver qué sucede en otras partes del mundo con relación a la violencia obstétrica, ya que se trata de una problemática que vulnera las garantías más básicas de las mujeres embarazadas y de sus hijos e hijas por nacer. Los datos indignan y alertan sobre la necesidad de proveer a las mujeres embarazadas y sus parejas entornos seguros que protejan su integridad y para que el nacimiento y desarrollo de sus bebés sean los más adecuados, desde su concepción hasta el puerperio.