Objeción de conciencia; una materia a considerar en México

Por: R. Vincent Morfín Calvo, Ejecutivo de Asuntos Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

Invitamos a que se escuchen todas las voces involucradas en la materia para emitir una legislación vanguardista que proteja de manera integral los derechos de toda la ciudadanía.

La objeción de conciencia es una figura jurídica que otorga a una persona la facultad de desobedecer una ley o un mandato de autoridad cuando éste viola sus creencias o convicciones; es una protección de los derechos más íntimos del individuo frente al poder del Estado.

También es un mecanismo que permite salvaguardar los derechos de las minorías ante las decisiones de la mayoría que, en ocasiones, pudieran entrar en conflicto con su cosmovisión y con sus libertades esenciales que forman parte de la esfera más personal del ser humano, como lo son, sus convicciones morales o éticas.

En ese sentido, en el año 2018, el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley General de Salud para adicionar un artículo 10 Bis y establecer así un parámetro regulatorio inicial de la objeción de conciencia en este ámbito; dicha reforma aludía que la objeción de conciencia podía ser invocada para excusarse de participar en la prestación de servicios que establece dicha Ley; lo anterior, con la excepción de casos en que se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica; la desobediencia a esta norma generaría consecuencias de responsabilidad profesional y su ejercicio no debía derivar en ningún tipo de discriminación laboral.

No obstante, en septiembre del año 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 54/2018 mediante la cual se declaró la invalidez de la citada reforma por considerar que esta disposición no establecía los lineamientos y límites necesarios para que la objeción de conciencia pueda ser ejercida sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas, en especial, el derecho a la salud.

A raíz de la decisión de la Suprema Corte, se han presentado diversas iniciativas que buscan establecer nuevos parámetros para regular la objeción de conciencia. La más reciente, es un proyecto de reforma aprobado por la Cámara de Diputados y turnado al Senado de la República, mediante la cual se buscan establecer nuevos parámetros regulatorios en materia de objeción de conciencia, mismos que armonizan con las determinaciones de la Suprema Corte.

Dicho lo anterior, una premisa de gran preocupación para el sector médico y de enfermería es que la regulación que se discute el día de hoy en el Congreso de la Unión busca inhibir la objeción de conciencia para que ésta no pueda ser invocada en situaciones específicas, por ejemplo, para la comisión de abortos.

Los países que cuentan con las legislaciones más avanzadas en materia de objeción de conciencia, como Estados Unidos y Alemania, han creado sistemas legales integrales que permiten a todos sus ciudadanos, bajo determinados supuestos bien detallados, abstenerse de cumplir alguna obligación legal en temas relacionados con la salud, educación, derechos cívicos, entre otros.

Sin embargo, debe decirse que en estos países no queda duda de que la obligación de garantizar y financiar los costos del derecho a la objeción de conciencia corre a cargo del Estado y de sus instituciones públicas, quienes deben asegurar los presupuestos o condiciones necesarias para garantizar a los ciudadanos “objetores” dicho derecho.

En Early Institute, nos pronunciamos a favor de impulsar un marco legal adecuado para reconocer y ampliar el derecho a la objeción de conciencia de todos los mexicanos, como una de las prerrogativas esenciales que derivan de la libertad de conciencia y religión garantizadas ampliamente los sistemas internacionales en materia de derechos humanos, así como el artículo 24 de nuestra Constitución. Invitamos a que se escuchen todas las voces involucradas en la materia para emitir una legislación vanguardista que proteja de manera integral los derechos de toda la ciudadanía.

Suicidio infantil: un llamado a la responsabilidad colectiva

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

El suicidio infantil es una tragedia que desgarra el corazón de familias y comunidades. En México, según el INEGI, es la segunda causa de muerte en niños y adolescentes de 10 a 19 años, con una tendencia preocupante al alza. Se estima que alrededor del 5% de los menores en este rango de edad ha intentado suicidarse al menos una vez en su vida.

El aislamiento, la violencia sexual y el acoso en redes sociales son algunos de los factores determinantes que los expertos han identificado como detonantes de esta problemática.

En México, los servicios de salud mental especializados son insuficientes, y la prevención en las escuelas es deficiente. Aunque algunas instituciones educativas han comenzado a implementar programas de atención psicológica, la gran mayoría carece de protocolos claros y de articulación con otros actores clave. En comunidades rurales, donde el acceso a estos servicios es prácticamente inexistente, los niños, niñas y adolescentes quedan aún más vulnerables.

A esto se suma la falta de educación emocional desde edades tempranas. Muchos niños no cuentan con herramientas para identificar y gestionar sus emociones, lo que los deja expuestos a situaciones que no saben cómo afrontar. Los especialistas recomiendan integrar programas de inteligencia emocional en las escuelas, acompañados de talleres para madres, padres y cuidadores que fomenten un entorno familiar más sano y abierto al diálogo.

También es esencial invertir en la formación de profesionales en salud mental infantil, creando incentivos para que más especialistas se dediquen a esta área, pues su intervención puede marcar la diferencia en la prevención.

Las cifras y testimonios nos recuerdan que el suicidio infantil no es un problema privado; es el reflejo de un entorno social y emocional que no hemos logrado sanar. Desde la visión de los expertos, abrir una conversación responsable sobre este tema es esencial. Sin embargo, esta debe ir acompañada de acciones concretas: capacitación a docentes, ampliación de redes de apoyo y aseguramiento de que las políticas públicas realmente lleguen a quienes las necesitan.

Es momento de reconocer que el silencio y la inacción tienen un costo devastador. Cada niño o joven que pierde la vida nos recuerda la urgencia de construir comunidades más empáticas. No podemos seguir postergando la tarea de fortalecer la salud mental infantil.

Al final, la pregunta no es solo qué está haciendo el gobierno, sino qué estamos haciendo todos como sociedad.

Voces infantiles silenciadas

Por: Adrián Zentella, Investigador de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

El inicio de todo nuevo sexenio representa una oportunidad importante para abordar temas pendientes y deudas sociales, y en México, probablemente, no hay deuda histórica más importante que la pendiente con las víctimas de la violencia.

En la reciente presentación de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024), funcionarios del INEGI expusieron que, alrededor de 93% de los delitos cometidos 2023 no se denunciaron o la autoridad o no se inició una carpeta de investigación para procesarlos, dejándolos impunes. Los mismos funcionarios destacaron que, a pesar de los diversos esfuerzos realizados, las cifras relacionadas con la impunidad prácticamente no han cambiado en los últimos 10 años.

Bajo este contexto, uno de los temas más preocupantes es la alta impunidad que aún persiste cuando hablamos de delitos sexuales. De acuerdo con esta misma encuesta, la cifra de delitos no denunciados corresponde a 83.8% en el caso de violación y a 96.8% en el caso de hostigamiento o intimidación sexual.

De todos estos casos impunes, quizá no existen más impactantes que aquellos cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). Según la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas, en México unas 600 mil personas son víctimas de delitos sexuales cada año. De todas ellas, 4 de cada 10 son menores de edad. Pero ¿qué podemos hacer?, si el problema es tan grave, ¿porque las víctimas no denuncian?

Al respecto la ENVIPE también ofrece algunas respuestas. Al consultar con las personas, por qué no denuncian los delitos de los que son víctimas, 6 de cada 10 mencionaron alguna razón relacionada con una mala percepción de las autoridades o los procesos de justicia. El 34.4% de la población que no denunció un delito del que fue víctima cree que denunciar es una pérdida de tiempo, el 12.7% no confía en las autoridades, el 9.8% considera que los trámites son muy largos o complicados, el 3% percibe una actitud hostil de las autoridades al momento de denunciar y un 1% es extorsionado cuando intenta hacerlo.

Para empeorar el panorama y tal vez confirmado las razones para no denunciar, la OCDE ha estimado que en México solo el 1% de los casos de abuso sexual infantil reciben sentencia. Ante esto, nos preguntamos ¿Cómo arreglar un sistema tan roto?, ¿cómo hacer que las víctimas hablen? ¿cómo pagar la deuda que se tiene con NNA víctimas de violencia sexual?

En primer lugar, es fundamental garantizar, en la práctica, el principio de mínima intervención y la no revictimización de NNA en procesos de acceso a la justicia, asegurando la participación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en todos los casos que involucren a un menor, así como la implementación del testimonio único cuando un NNA sea víctima o testigo en proceso de justicia. En el mismo sentido, también se debe fomentar la grabación de testimonios de menores en las primeras etapas de procesos judiciales para verificar su credibilidad, así como la adopción de herramientas para la obtención estos testimonios como ANTENAS, títeres digitales que permiten construir testimonios confiables sin revictimizar a los menores.

Además, también es necesario replantear la forma en la que el sistema de justicia interactúa con los NNA. Por ejemplo, algunos jueces no utilizan las recomendaciones de los protocolos especializados para juicios que involucran el testimonio de NNA, como el Protocolo para Juzgar con perspectiva de Infancia y Adolescencia, descartando sus testimonios por no ser creíbles, sin considerar si estos se generaron siguiendo los procedimientos adecuados, invalidando la voz de los menores y revictimizándolos. Para evitar esto, es necesario hacer obligatorio el uso de protocolos, convirtiéndolos en reglamentos que los jueces deban seguir en todos los casos que involucren, por ejemplo, el presunto abuso de un menor.

Acabar con la impunidad sólo será posible cuando las víctimas tengan una voz. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene el desafío de reconstruir los sistemas de protección y justicia de la primera infancia, cambiando la forma en cómo estos interactúan con los niños, niñas y adolescentes, a fin de mejorar su acceso a la justicia y acabar con la impunidad. Y nosotros como hermanos, maestros, padres y cuidadores, tenemos la obligación de exigir que esta protección sea efectiva.

Niñez migrante, un desafío en múltiples ámbitos

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Infancia segura, clave para reconstruir el tejido social

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

Uno de los temas centrales en la agenda pública de los últimos años ha sido la violencia. Hablamos con frecuencia de violencia generalizada, de su normalización y de un tejido social fracturado.

Pertenecemos a generaciones que han sido testigos de violencia en el hogar, a menudo justificada como disciplina. Esta problemática persiste, pues hoy en día, más de la mitad de las niñas y los niños enfrentan violencia en sus propias casas desde una edad muy temprana.

Los casos se cuentan por miles. Tan solo en 2022, se registraron más de 3,300 carpetas de investigación por violencia familiar contra niños de 0 a 4 años. En ese mismo año, hubo 2,438 denuncias por delitos sexuales contra niñas y niños menores de cinco años, quienes fueron vulnerados en los espacios donde deberían sentirse más seguros y por las personas responsables de protegerlos.

No hemos comprendido que estas experiencias de violencia no solo afectan su bienestar inmediato, sino que también comprometen su salud mental y su capacidad para establecer relaciones seguras en el futuro.

Dentro de los hogares, hay mucho por hacer. La falta de apoyo a los cuidadores, el desconocimiento sobre el desarrollo infantil y el limitado acceso a recursos para una crianza adecuada son problemas evidentes.

Es fundamental fortalecer los programas de parentalidad y crianza positiva. Estos programas deben abordar no solo diversas formas de crianza, sino también la gestión del estrés y el uso de disciplina no violenta.

Sin embargo, prevenir la violencia en el hogar es solo una parte de la solución.

El acceso a la justicia es otro pilar crucial para reconstruir el tejido social. Los procesos judiciales, a menudo largos y revictimizantes, agravan el trauma de las niñas y los niños, desincentivando las denuncias.

La falta de coordinación entre sectores como salud, educación y las Procuradurías de Protección fragmenta la atención y perpetúa la revictimización. Además, es imprescindible capacitar al personal educativo y de salud para identificar signos de violencia y activar los mecanismos de protección adecuados.

En conclusión, prevenir la violencia desde los primeros años de vida, garantizar el acceso a la justicia y fomentar la colaboración interinstitucional son pasos fundamentales para reconstruir el tejido social. Pero el más importante es asumir un compromiso con nuestras niñas y niños, un compromiso que hasta ahora no hemos asumido plenamente.

Mortalidad materna en México: un reflejo de desigualdad estructural

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

La mortalidad materna es uno de los indicadores más claros de las desigualdades sociales en México. Aunque en 2024 se registró una disminución del 18% respecto a 2023, especialistas señalan que este avance no puede atribuirse a mejoras en las políticas públicas de salud, sino a factores como la reducción del número de nacimientos y al esfuerzo invaluable de las parteras tradicionales.

En muchas comunidades, estas mujeres representan la única opción ante la ausencia de servicios médicos accesibles y funcionales, lo que evidencia las fallas estructurales del sistema de salud.

Las principales causas de muerte materna, como las hemorragias obstétricas y los trastornos hipertensivos, son evitables con acceso oportuno a atención médica de calidad para las mujeres embarazadas. Sin embargo, estados como Guerrero, donde la razón de mortalidad materna duplica el promedio nacional, reflejan la brecha territorial que condena a cientos de mujeres a enfrentar embarazos en condiciones de alto riesgo.

La realidad detrás de estas cifras es alarmante: las mujeres en contextos de pobreza, marginación y desigualdad estructural enfrentan mayores riesgos durante el embarazo. México, aún lejos de cumplir con los compromisos internacionales en este tema, evidencia una falta de políticas públicas sostenidas y soluciones basadas en evidencia para abordar las disparidades que perpetúan esta problemática.

Garantizar una disminución sostenida de la mortalidad materna requiere una transformación profunda del sistema de salud y una atención prioritaria a los determinantes sociales que perpetúan esta desigualdad. Invertir en infraestructura, capacitación y recursos médicos, atender emergencias obstétricas y fortalecer la partería como un eje estratégico son acciones imprescindibles.

Cada muerte materna es una tragedia evitable que nos recuerda que garantizar la vida de las mujeres no es un objetivo aspiracional, sino una obligación impostergable.

El reclutamiento forzado alcanza a niñas, niños y adolescentes

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

El reclutamiento forzado pone en riesgo a la población infantil y adolescente de nuestro país y es necesario emprender estrategias que detengan su propagación.

Inicia un año y los problemas de violencia en México siguen generando sucesos lamentables que afectan a niños, niñas y adolescentes. Uno de ellos es el reclutamiento forzado que ejerce la delincuencia organizada en este grupo social. El reclutamiento forzado incluye acciones realizadas por organizaciones criminales como cárteles de droga, familiares criminales y pandillas para incorporar a menores de edad a sus filas y hacerlos delinquir.

En los últimos años, esta problemática ha ido creciendo en el país sin que exista un registro que dé cuenta de lo que se vive en realidad. Sin embargo, entidades como el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA) ya reconocían esta actividad en 2019 y advertían la necesidad de desarrollar un programa de atención para combatirla.

Ante la falta de información, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano publicaron en 2021 el informe Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México. Acercamientos a un problema complejo, en el que se dice que “entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por alguna agrupación delictiva a lo largo del país”.

En los primeros días de 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió una alerta general a toda la población sobre el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por medio de plataformas y juegos en línea. Este entorno digital es un escenario propicio que se suma a otros factores de riesgo como son la pobreza, la marginación, el abandono, la violencia intrafamiliar, entre otros.

Para evitar que siga creciendo este fenómeno, la Secretaría de Seguridad propuso acciones dirigidas a las madres, los padres y las personas cuidadoras, cuando se habla del uso de la tecnología. Las medidas son: a). Supervisar y fomentar el uso adecuado y responsable de los dispositivos; b). Mantener un diálogo abierto con los usuarios para explicarles los riesgos; c). Establecer horarios de uso; d). Verificar y apegarse a las etiquetas de clasificación de contenido de los videojuegos; e). Consultar la Ciberguía, una herramienta generada por el gobierno federal para conocer los conceptos relacionados con la ciberseguridad.

Así mismo, en su Balance Anual REDIM 2024: Situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en México, la REDIM recomienda “tipificar como delito el reclutamiento y utilización de niñez y adolescencia atendiendo estándares internacionales”.

El reclutamiento forzado pone en riesgo a la población infantil y adolescente de nuestro país y es necesario emprender estrategias que detengan su propagación, privilegiando el respeto de sus garantías y estableciendo alternativas de mejora de sus condiciones sociales.

En Early Institute hacemos un respetuoso llamado a las autoridades para atender esta terrible situación de un modo eficaz e integral. Reconocemos que se trata de un fenómeno complejo y difícil de estudiar; sin embargo, es indispensable enfrentarlo cuanto antes. Es inadmisible que las niñas, los niños y los adolescentes de México sean obligados a cometer atropellos cuando lo que merecen es vivir seguros y recibir toda nuestra atención y protección.

Suicidio infantil y juvenil crece en el mundo

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

En la actualidad hay un fenómeno que está llamando la atención y alertando al mundo; me refiero al suicidio en los adolescentes. El tema no es un asunto menor, ya que se está registrando un importante crecimiento a nivel global. En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023, la cifra total de muertes por suicidio aumentó 10.1 por ciento en comparación con 2022, alcanzando 9 mil 72 decesos, de los cuales 7 mil 310 fueron de hombres. De acuerdo con el INEGI, en 2023, los grupos de 15 a 24 años y de 25 a 34 concentraron el mayor porcentaje de suicidios.

En el rubro de los adolescentes, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2023: 4.4 por ciento de la población adolescente reportó haberse hecho daño, al menos alguna vez, con el fin de quitarse la vida; el porcentaje es mayor en mujeres (7.7 por ciento) que en hombres (1.2 por ciento). Al preguntar si el intento de suicidio fue en los últimos 12 meses, destaca que el 50.2 por ciento del total de adolescentes lo realizó en ese lapso.

Según el Cuadernillo básico para la prevención del suicidio, editado por el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, “este fenómeno es multifactorial”.

Las causas más frecuentes se relacionan con: 1) el deseo de escapar de un sufrimiento intolerable; 2) un estado de desmoralización y desesperanza que nubla la posibilidad de pensar de forma positiva en el futuro, y 3) tras una muerte o pérdida afectiva.

En los adolescentes, la situación de riesgo se agrava ante ciertos contenidos en redes sociales o por ser víctimas de bullying, lo que aumenta su vulnerabilidad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, el suicidio es la tercera causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años.

En Colombia, se habla de que seis menores se quitan la vida por semana y las autoridades han reconocido el incremento de casos en los últimos años. En el sitio de Save The Children se estipula que: “es clave reconocer que en la niñez factores como el acoso escolar, la violencia intrafamiliar, la pobreza, la violencia sexual y de género, la discriminación, la exposición al conflicto armado, la exclusión social y la falta de acceso a servicios de salud mental adecuados pueden incrementar el riesgo de conductas suicidas”.

Es decir, se confirma la intervención de varios factores que pueden provocar que una niña, un niño o un adolescente considere la opción de suicidarse para no padecer alguna situación dolorosa. Con este panorama, es necesario establecer estrategias de prevención que pudieran reducir el número de casos. En el Cuadernillo se hace énfasis en ocho acciones: 1) fomentar relaciones sociales saludables; 2) gestionar el estrés; 3) realizar deporte y/o actividades culturales; 4) fomentar la comunicación en casa y observar cambios de conducta; 5) facilitar a las y los jóvenes contactos especializados en atención emocional; 6) contar con personal capacitado para detectar y actuar ante el comportamiento de riesgo suicida; 7) promover hábitos de vida saludable, y 8) promover servicios de salud emocional.

En Early Institute nos adherimos a las propuestas del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio para combatir este lastimoso fenómeno y hacemos un llamado a la sociedad para estar atentos a las conductas de riesgo de los más jóvenes, las cuales podrían significar un aviso de sus intenciones. Asumamos el cuidado y la protección de las niñas, los niños y los adolescentes como una tarea compartida, un compromiso social y una responsabilidad diaria.

Avances, inconsistentes avances: a 10 años de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

El pasado 4 de diciembre se conmemoró el décimo aniversario de la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA).

Esta ley, diseñada para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia en México, representó un avance significativo hacia el reconocimiento de sus derechos, alineándose con estándares internacionales. Sin embargo, una década después, es necesario reflexionar sobre los avances alcanzados y los desafíos pendientes.

Entre los logros más relevantes de esta Ley se destacan la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), encargado de coordinar políticas públicas dirigidas a esta población, y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), que actúa como instancia jurídica para su defensa.

Además, la inclusión del principio del interés superior de la niñez como eje rector en la toma de decisiones constituyó un avance normativo crucial para garantizar que todas las resoluciones consideren, primordialmente, el bienestar de niñas y niños.

No obstante, la insuficiencia presupuestal ha sido un obstáculo constante. Aunque se han creado mecanismos como la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) para abordar desigualdades desde la primera infancia, su impacto ha sido limitado.

Como consecuencia, la pobreza infantil persiste en niveles alarmantes: 1 de cada 2 niñas y niños en primera infancia vive en situación de pobreza, y 1 de cada 10 en pobreza extrema. Esta situación es aún más crítica en hogares rurales, indígenas o con personas con discapacidad, donde la cobertura de programas sociales es insuficiente.

Por otro lado, apenas el 7% de los niños menores de tres años accede a servicios de cuidado o educación inicial, lo que genera brechas de aprendizaje desde etapas tempranas.

En materia de salud, el acceso sigue siendo desigual. En 2022, el 45.9% de las niñas y niños de 0 a 5 años carecieron de acceso a servicios médicos, reflejando una situación preocupante.

Ante este panorama, es innegable que la LGDNNA marcó un antes y un después en la defensa de los derechos de la infancia en México. Sin embargo, el desafío principal radica en traducir los principios legales en acciones concretas. Esto requiere redoblar esfuerzos en inversión pública, mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y garantizar una evaluación constante de resultados.

Desde Early Institute, nos sumamos al llamado para que los gobiernos, tanto estatales como federal, coloquen verdaderamente el interés superior de niñas y niños como una prioridad, con el propósito de que cada uno de ellos tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial.

A 10 años de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Con la LGDNNA se logró que niñas, niños y adolescentes contaran con un marco legal propio que los reconocía como sujetos de derechos que requieren una protección reforzada.

Hace 10 años, en México se promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). Con ello, nuestro país dio un paso significativo en materia de protección a uno de los sectores sociales más vulnerables.

Dicha ley reconoció los principales derechos a los que niñas, niños y adolescentes (NNA) tienen acceso como ciudadanos mexicanos, basados en el principio del interés superior de la niñez previsto desde nuestra Constitución.

Por primera vez en la historia legislativa de México, con la LGDNNA se logró que niñas, niños y adolescentes contaran con un marco legal propio que los reconocía como sujetos de derecho que requieren una protección reforzada.

Los avances fueron sustanciales, ya que se crearon diversos organismos e instrumentos que garantizaban el respeto de las garantías de este grupo etario en apego a estándares internacionales. Así, se instituyó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) para coordinar y articular políticas públicas, programas y acciones permanentes desde los distintos ámbitos de gobierno en beneficio de los derechos de este sector. El SIPINNA es operado por la Secretaría de Gobernación.

También se creó la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) —considerada como ‘el abogado de la niñez’— con atribuciones para ejercer representación jurídica en suplencia o coadyuvancia, defensa y protección de los derechos de NNA; generar planes de restitución ante vulneraciones de derechos; y prevenir la violencia y el abuso contra niñas, niños y adolescentes.

Sin duda, esta última década marcó un camino relevante en el reconocimiento de los derechos de NNA y alentó la instauración de una infraestructura para la protección de sus intereses, pero aún quedan enormes áreas de oportunidad en distintas materias, principalmente en temas presupuestales y en la efectividad de las instituciones que coordinan las políticas.

En este sentido, debe decirse que México destina solo 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto a la primera infancia, cuando hay evidencia de que esta etapa de la vida humana es fundamental para un óptimo desarrollo en la adultez. A su vez, se ha identificado que la primera infancia se encuentra en mayor situación de pobreza en comparación con adolescentes y personas adultas. Un aspecto más es la seguridad: en 2023, 368 niñas y niños de cero a cinco años fueron reportados como desaparecidos o no localizados. Es triste y vergonzoso reconocer que la violencia familiar y los delitos sexuales contra esta población siguen siendo alarmantes.

Respecto a la salud, se tienen carencias en la infraestructura sanitaria, falta de recursos médicos e insuficiencia de personal capacitado, lo que dificulta el monitoreo del desarrollo infantil temprano, la vacunación y el tratamiento de enfermedades. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2022, 45.9% de niñas y niños de entre 0 y 5 años careció de acceso a servicios de salud.

Como se ve, las necesidades siguen siendo demasiadas y se puede considerar que, a 10 años de la promulgación de la LGDNNA, su creación fue una gran ayuda, pero la aplicación ha sido insuficiente. Prácticamente, mientras esta ley no cuente con presupuesto asignado, es ley muerta. En Early Institute reconocemos los esfuerzos y las voluntades para garantizar los derechos y la protección a NNA, a la vez que nos comprometemos a impulsar una agenda que contribuya a la mejora de las políticas públicas que requieren las niñas y los niños de México.

Una década de trabajo ha abierto espacios, pero es necesario hacer más y lograr la correcta implementación de una legislación que tiene por objetivo el resguardo de una población del país que demanda toda nuestra atención y cuidado.

Invitamos a que se escuchen todas las voces involucradas en la materia para emitir una legislación vanguardista que proteja de manera integral los derechos de toda la ciudadanía.

Lo más apremiante es que las estancias migratorias, las fronteras, los hospitales y los centros de cuidado deben incorporar estándares reforzados para la protección de niñas, niños y adolescentes.

El reclutamiento forzado pone en riesgo a la población infantil y adolescente de nuestro país y es necesario emprender estrategias que detengan su propagación.

Con la LGDNNA se logró que niñas, niños y adolescentes contaran con un marco legal propio que los reconocía como sujetos de derechos que requieren una protección reforzada.