Hablemos de maternidad tardía y técnicas de reproducción asistida

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Si bien la tecnología se convierte en un aliado para la solución de problemas de la fertilidad, hay aún muchos vacíos médicos y legales, así como riesgos y un desgaste, tanto emocional como económico.

Todavía en la actualidad hay temas que suelen estar ocultos o de los que se habla poco cuando deberían ser parte de las discusiones públicas. Uno de ellos es la reproducción asistida y sus implicaciones, que pese a su desarrollo sigue siendo una práctica complicada, costosa y de muchos altibajos. Y otro es la afectación emocional por el retraso de la maternidad.

En su libro Querida desconocida, la periodista española Júlia Bertran Lafuente narra su propia experiencia en la búsqueda de convertirse en madre a sus 40 años y presentando dificultades físicas para lograrlo. La solución fue la donación de óvulos y adentrarse en las exigencias de métodos artificiales y técnicos que conocía someramente.
Cabe señalar que la escritora nunca se había planteado ser madre y cuando se abrió a la posibilidad de serlo, concluyó que en su caso el rechazo a la maternidad era una misoginia interiorizada, pues en sus palabras “yo quería ser como un hombre, porque en mi época los referentes académicos, culturales y políticos eran sobre todo masculinos”.
Querida desconocida es un testimonio de lo que significa ser parte de la industria de la reproducción asistida, pero es también una reflexión sobre lo que está ocurriendo hoy en día con muchas mujeres que han decidido retrasar la maternidad o bien, anularla. Dice la autora en varias entrevistas: “Renunciar a la maternidad creyendo que estamos preservando nuestra libertad es erróneo. Lo que hay que hacer es avanzar en corresponsabilidad, tanto en la crianza como en la reproducción”.

Agrega: “Retrasar tanto la maternidad cuando podía haber sido madre más joven, es una culpa muy útil al sistema porque genera ostracismo y hace que te encierres, que no lo hables y que no te des cuenta de que es un problema estructural que compartimos muchas mujeres”.

Para Júlia Bertran Lafuente su experiencia fue una oportunidad para visibilizar también a las mujeres que donan sus óvulos y que suelen estar en situaciones sociales desfavorables, lo que la orilló a reconocer la falta de garantías para proteger y asegurar el bienestar físico y emocional de quienes acceden a someterse a riesgos quirúrgicos para extraer sus gametos.
Asimismo critica a las clínicas de fertilidad por inflar las tasas de éxito y normalizar la maternidad tardía pese a la salud física y emocional de las mujeres. El debate que se plantea en Querida desconocida va entre la culpa por no haber sido madre antes y contribuir a una industria que mercantiliza la maternidad. En sí, el libro busca abrir un diálogo y cuestionar la falta de soluciones públicas para la reproducción.

En Early Institute abogamos por la importancia de repensar el valor de la maternidad no como un lastre sino como un suceso extraordinario, una posibilidad de vida, generador de vínculos y cuidados y la forma más sublime de trascender. Por otro lado, es fundamental estar informados cuando se trata de técnicas de reproducción asistida porque si bien la tecnología se convierte en un aliado para la solución de problemas de la fertilidad, hay aún muchos vacíos médicos y legales, así como riesgos y un desgaste, tanto emocional como económico de dimensiones desproporcionadas, que afectan a los involucrados en las concepciones artificiales. Sin duda son asuntos complejos, pero muy útiles cuando salen a la luz y se tratan con suficiente evidencia para decidir de la manera más adecuada.

La educación como víctima del crimen organizado

Por: Sandra Espinosa
Publicación original de: El Heraldo de México

Las consecuencias de la violencia ocasionada por el crimen organizado son evidentes y diversas; por mencionar algunas: México vive desplazamientos internos, reclutamientos, extorsiones, homicidios, entre otros delitos

El crimen organizado se ha convertido en una amenaza para el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en México. De acuerdo con información de la organización civil Mexicanos Primero, en al menos siete estados de la República, mencionando Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Morelos, Tabasco y Baja California, la violencia generada por el crimen organizado ha impedido que la educación se lleve a cabo de manera cotidiana durante el inicio de este año 2025.

El comunicado de Mexicanos Primero señala que la violencia e inseguridad provocada por el crimen organizado, a través de balaceras, homicidios y la colocación de narcomantas, han obligado a muchas escuelas a cerrar, completamente o de manera intermitente, a llevar clases en línea, o a que las familias no se sienten seguras de llevar a sus hijos a la escuela, elevando el ausentismo escolar.

Las consecuencias de la violencia ocasionada por el crimen organizado son evidentes y diversas; por mencionar algunas: México vive desplazamientos internos, reclutamientos, extorsiones, homicidios, entre otros delitos. Sin embargo, una de las afectaciones a la que debemos prestar especial atención es a la interrupción de la educación, que compromete el futuro de la niñez y adolescencia mexicana.

La educación es un derecho de todas las personas, pero de gran importancia para niñas, niños y adolescentes, pues la educación tiene como principal objetivo el pleno desarrollo de su personalidad. A través de la educación, las niñas y niños adquieren no solo conocimientos académicos, sino también valores, habilidades sociales y herramientas para que comprendan y ejerzan plenamente sus demás derechos.

Además de que la educación permite combatir desigualdades, pues actúa como una herramienta clave en la disminución de la pobreza. Según la UNESCO, un año adicional de escolaridad incrementa los ingresos de una persona hasta un 10%.

Las y los estudiantes del estado de Sinaloa son de los más afectados, ya que desde septiembre de 2024 se enfrentan a una guerra entre grupos del crimen organizado. Esto ha generado que las autoridades implementen medidas que pretenden proteger a niñas y niños de la violencia en las escuelas.

A principios de febrero, la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, afirmó que existen protocolos establecidos para salvaguardar a estudiantes dentro de las escuelas en situaciones de riesgo. Además, el 20 de febrero de este año, la misma Secretaría anunció que, debido a los constantes hechos de violencia en Culiacán, estudiantes de todos los niveles recibirían clases de manera virtual como medida preventiva.

Si bien estás medidas resultan necesarias para prevenir situaciones que pongan en peligro la vida y seguridad de las y los estudiantes, es necesario que se haga conciencia de que esto no es suficiente para garantizar que la educación se ejerza de manera plena.

Una clase en línea no sustituye la interacción en un salón de clases, el jugar con amigas y amigos, el acompañamiento de maestras y maestros, sin olvidar -además-, que no todas las familias cuentan con los recursos necesarios, como una computadora o acceso a internet, que les permita a sus hijos tomar sus clases de manera adecuada.

No podemos permitir que la violencia transforme el ir a la escuela en una situación de incertidumbre y peligro. La educación no puede ser una víctima más del crimen organizado y como sociedad debemos exigir soluciones efectivas para que se ejerza de manera plena el derecho a la educación y debemos participar activamente en la construcción de entornos seguros para la niñez y adolescencia.

Urge una cultura de paz para proteger a la niñez mexicana

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

La población infantil ha sido muy afectada por las acciones del crimen organizado, pues su reclutamiento forzado ante carencias económicas, compromete su integridad física, psicológica y emocional.

México sigue en conmoción por un caso de proporciones mayores. Se trata de lo que un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas (Guerreros Buscadores de Jalisco) descubrió en un rancho del municipio de Teuchitlán, en el estado de Jalisco. En una transmisión en vivo, el colectivo documentó por lo menos cuatro crematorios clandestinos, cuatro fosas clandestinas, ropa, calzado y diversas pertenencias de posibles víctimas del crimen organizado en el rancho Izaguirre. Dicho sitio presuntamente servía como centro de reclutamiento y exterminio de células delictivas para captar y entrenar a jóvenes.

Lo más llamativo es que fue desde septiembre de 2024 cuando la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco realizaron un operativo y el aseguramiento del inmueble, donde fueron rescatadas dos personas, hubo detenidos y se localizaron varias armas, chalecos tácticos, casquillos e incluso restos óseos quemados. Sin embargo, no se hizo mayor indagatoria.

Sin duda, este suceso arroja luz sobre la crisis de violencia que impera en México, el fracaso del Estado por garantizar un entorno libre de violencia hacia sus ciudadanos y la posible colusión de autoridades con grupos del crimen organizado.

La gravedad es mayor por la afectación a niñas, niños y adolescentes que suelen ser captados por la delincuencia organizada, pues tanto a nivel federal como en diversas entidades federativas, no existen criterios mínimos homologados para definir, tipificar, perseguir y castigar el reclutamiento forzado.

Los hallazgos de Teuchitlán representan un golpe de realidad y evidencian el deterioro del Estado de derecho y la ausencia de mecanismos de protección efectiva hacia la ciudadanía, particularmente hacia aquellos que merecen una protección reforzada por parte del Estado. Desafortunadamente, el panorama se empeora ante la normalización de la violencia, haciendo que prevalezca la insensibilidad ante hechos tan lamentables como lo sucedido en ese municipio y otros más que se saben día tras día.

Este triste caso resalta la urgente necesidad de varias acciones, pero principalmente apremia colocar a niñas, niños y adolescentes en el centro de las políticas públicas de prevención de actos delictivos, así como contar con herramientas efectivas con perspectiva de niñez que garanticen sus derechos humanos fundamentales.

Esto es relevante si se considera que, desafortunadamente, en los últimos años, este grupo poblacional ha sido muy afectado por las acciones del crimen organizado, pues su reclutamiento forzado ante carencias económicas, entre otros factores, compromete su integridad física, psicológica y emocional.

Desde Early Institute exhortamos a las autoridades a actuar a favor de un restablecimiento de un Estado de derecho e implementar una cultura de paz, principalmente, para niñas, niños y adolescentes. Es vital reforzar al sistema judicial, de manera integral, ante la complejidad y magnitud de la problemática de seguridad que se vive en México. Ello significa replantear estrategias de prevención del delito, de persecución y sanción de las conductas típicas y generar planes de restitución integral hacia las víctimas. No hay que olvidar que la responsabilidad de garantizar a los más vulnerables un entorno seguro es compartida y ello exige un trabajo coordinado, colaborativo y con miras a obtener resultados.

Maltrato en el embarazo, ¡no es normal!

Por: Ana Reza Calvillo
Publicación original de:  El Heraldo de México

Año con año hay situaciones de maltrato y violencia hacia las mujeres embarazadas en los servicios médicos. Muchas mujeres que acuden a atender su embarazo, en vez de una atención segura y respetuosa, reciben gritos y regaños, palabras denigrantes, comentarios ofensivos.

Muchas de nosotras tenemos una amiga o hermana que ha estado embarazada y puede contarnos sobre médicos que la hicieron sentir como tonta, sobre cómo, en lugar de contestar sus dudas, le hacían caras, ignoraban sus inquietudes o no la tomaban en serio cuando ella expresaba molestias o dolor.

Estos tratos no están bien, las mujeres deberían sentirse protegidas por las instituciones médicas, no vulneradas ni atacadas. Por ello, desde Early Institute hemos elaborado la Guía para la protección de la mujer embarazada y sus hijos e hijas por nacer, donde madres y padres podrán informarse sobre los derechos de atención médica de calidad que tienen, protegidos por la ley, y encontrarán herramientas para prevenir, identificar y denunciar malos tratos y violencia en el sistema médico.

Crear y difundir instrumentos como esta guía es indispensable, porque hay un panorama de gran vulneración de derechos que no podemos pasar por alto. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, entre 2016 y 2021, 31% de las mujeres embarazadas sufrieron algún tipo de maltrato por parte del personal médico que las atendió. Estamos hablando de que una de cada tres mujeres embarazadas vive una situación adversa en los servicios de salud, lo cual es realmente indignante.

En México contamos con un marco normativo amplio que regula el trato de calidad que debe ofrecer el personal médico y protege los derechos de las mujeres y de sus hijos e hijas por nacer, por ejemplo, la Ley General de Salud y la Norma Oficial Mexicana para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. Sin embargo, estas disposiciones quedan en letra muerta.

La realidad es que las mujeres están viviendo situaciones violentas en el sistema de salud y, lo peor de todo: comúnmente desconocen que no deberían soportar esos tratos. Es normal, nos decimos, ya me pasó en el primer parto, entonces va a ser igual en el segundo. Le confiamos “al sistema” nuestra salud y la de nuestro bebé, pensando que ellos son los expertos, que saben más, y así terminamos normalizando situaciones que nos vulneran, cuando no deberíamos permitirlas por ningún motivo.

Hay un gran desconocimiento sobre las condiciones mínimas de atención que podemos y debemos exigir. Las mujeres llegan a los centros de salud para dar seguimiento a sus embarazos sin saber los derechos básicos de atención médica que tienen, porque en los servicios médicos, que son justo el lugar donde debería dárseles información, no se les dice, por ejemplo, que tienen derecho por lo menos a cinco consultas prenatales para vigilar su embarazo, que en cada una de las consultas se les debe hacer un examen físico completo y que en caso de urgencia obstétrica tienen derecho a la atención totalmente gratuita en cualquier centro médico público, sin importar si están o no aseguradas.

En México, tristemente estamos acostumbradas a que en los servicios de salud públicos nos traten mal, solo porque son públicos, pero esto no es normal y no está bien. No está bien que nos regañen cuando hacemos preguntas, no está bien que se tarden en atendernos a propósito porque nos quejamos del dolor, no está bien que nos obliguen o amenacen para firmar papeles sin decirnos qué son, no está bien que nos practiquen una cesárea sin darnos una explicación previa y sin pedir nuestro permiso, no está bien que nos esterilicen durante el parto para que ya no podamos embarazarnos, no está bien que una de cada tres mujeres se enfrente con situaciones de este tipo mientras atiende su embarazo en un lugar que debería de velar por su salud y bienestar.

En un país que tiene instrumentos legales para defender a las mujeres, la falta de información está impidiendo que ellas alcen la voz ante los malos tratos que enfrentan. Por ello, desde la sociedad civil estamos poniendo a disposición de las mujeres y sus parejas la Guía para la protección de la mujer embarazada y sus hijos e hijas por nacer, para que conozcan sus derechos fundamentales, para que exijan que el personal médico les dé un trato de calidad antes y durante el embarazo, en el parto y el posparto.
En esta guía, que diseñamos de la mano con madres y padres que se enfrentaron con estas problemáticas, encontrarán herramientas para prevenir, identificar y denunciar malas prácticas médicas.

Como madres, como padres, pueden denunciar formal y jurídicamente cuando sus derechos son vulnerados. En esta guía les decimos dónde y cómo pueden denunciar, de acuerdo con la institución donde sucedió el maltrato, qué pasos deben seguir, en qué páginas de internet pueden encontrar más información o incluso levantar una denuncia desde ahí y a qué teléfonos pueden llamar para recibir acompañamiento y apoyo psicológico si lo necesitan.
Desde Early Institute hacemos este esfuerzo para que ustedes, madres y padres, nunca más se enfrenten a situaciones desagradables en el sistema de salud, que nunca más se queden callados con tal de que los atiendan. Por ello, los invitamos a descargar y compartir gratuitamente esta guía desde nuestra página oficial, staging.earlyinstitute.org/. Léanla, compártanla, háganla suya y alcemos juntos la voz. No permitamos que la violencia contra las mujeres embarazadas y sus bebés pase desapercibida.

Cuidar a la infancia mexicana debe ser lo primero

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de:  El Financiero

Nuestro país se ha quedado atrás en el cumplimiento de los derechos de niñas y niños desde sus primeros años de vida, mientras países de nuestra región apuestan por la infancia con una visión de largo plazo.

En la búsqueda de soluciones a problemáticas sociales, es esencial establecer alianzas y conformar, de manera integral, un abanico de posibilidades. Es por ello que, en respuesta a las necesidades de las niñas y los niños de México, se organizó el foro “Prioridades de Atención de la Primera Infancia 2024-2030”, encabezado por el Senado de la República. Al encuentro acudieron, además de los legisladores, investigadores, académicos y líderes de organizaciones para trabajar de manera conjunta en políticas públicas a favor de los 12.4 millones de niñas y niños que integran la primera infancia mexicana.

Todos los participantes coincidieron en que este sensible sector enfrenta grandes desafíos inmediatos, siendo los principales los relativos a la violencia, la pobreza, la carencia de vacunación, la desnutrición y la falta de una crianza positiva.

El foro se dio en el marco del análisis y la discusión de la iniciativa para la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, planteado por la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que el objetivo fue exponer una serie de recomendaciones para que sea un proyecto viable y sólido. Sobre todo, porque las niñas y los niños no pueden esperar para que sus problemas y necesidades sean resueltos.

La participación de Early Institute —el único think tank mexicano especializado en primera infancia— estuvo a cargo de los investigadores Renata Díaz Barreiro Castro y Cándido Pérez Hernández, expertos en el tema de la niñez mexicana. En sus intervenciones frente a la senadora Anahí González Hernández, del partido Morena y quien organizó el foro, señalaron: “La primera infancia no puede esperar. Nuestro país se ha quedado atrás en el cumplimiento de los derechos de niñas y niños desde sus primeros años de vida, mientras países de nuestra región apuestan por la infancia con una visión de largo plazo. Hoy hay una nueva oportunidad para atender necesidades prioritarias en este ámbito”.

Entre los puntos torales se destacó acabar con la pobreza extrema que viven 1 de cada 10 niñas y niños en primera infancia, quienes además enfrentan violencia doméstica y fuera de su hogar. Urge la creación de entornos seguros para su desarrollo integral y, por lo tanto, asegurar el acceso efectivo a la justicia que garantice su protección.

Asimismo, se reconoció la importancia de fortalecer los cuidados desde la atención prenatal hasta el puerperio, asegurando que los centros de salud cuenten con equipos y personal capacitado para atender procedimientos de rutina, así como para prevenir y atender enfermedades y emergencias obstétricas.

El foro “Prioridades de Atención de la Primera Infancia 2024-2030” fue una oportunidad para dialogar y establecer compromisos en torno a uno de los sectores sociales más vulnerables. Principalmente, fue para resaltar que la atención que se demanda sólo será posible si la sociedad civil y el gobierno colaboran en un mismo esfuerzo y dirección.

En Early Institute reiteramos nuestro propósito y convicción por trabajar por un mundo donde los niños puedan ser niños y en donde su educación, salud, nutrición y protección sean otorgados cabalmente. Si queremos un auténtico estado de bienestar, la primera infancia debe ser prioridad.

Restricciones de redes sociales para niñas y niños

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

En un contexto donde la digitalización impacta la vida de niñas, niños y adolescentes, recientes propuestas en Querétaro para restringir el acceso a redes sociales a menores de 14 años han reavivado el debate sobre este tipo de medidas.

Las iniciativas del gobierno queretano buscan proteger a la niñez de los efectos nocivos asociados al uso excesivo y, en muchos casos, descontrolado de las redes sociales. El objetivo principal es prevenir problemas de salud mental, ciberacoso y exposición a contenido inadecuado. Sin embargo, surgen dudas sobre la efectividad de estas restricciones.

Diversos países han implementado medidas similares. En China, por ejemplo, el gobierno ha establecido estrictas regulaciones para limitar el tiempo de pantalla y el acceso a videojuegos en línea mediante sistemas de registro real y restricciones horarias. Estas acciones han logrado, en cierta medida, reducir la adicción a las pantallas. Por su parte, Corea del Sur prohibió el acceso a videojuegos en ciertos horarios, lo que resultó en una disminución del consumo excesivo. En otras naciones, como Estados Unidos, Suecia y Australia, también se han adoptado estrategias similares.

Estas experiencias demuestran que, si bien las restricciones pueden ayudar a reducir ciertos riesgos, es fundamental complementarlas con otras acciones. Por ejemplo, fortalecer la supervisión de las empresas que ofrecen estos servicios, comprender mejor los hábitos digitales de la infancia y, sobre todo, capacitar a madres y padres no solo para restringir, sino también para acompañar a sus hijas e hijos en el entorno digital.

La regulación del acceso a redes sociales debe ir más allá de decisiones desde el poder ejecutivo o legislativo. Si bien es necesario establecer normativas para estas plataformas, también lo es educar a quienes las usamos y fomentar una colaboración efectiva entre el sector público y privado. De lo contrario, esta podría ser otra iniciativa bien intencionada que nunca se traduzca en un cambio real.

El trabajo infantil: explotación en contra de niñas, niños y adolescentes

En México no se han tenido resultados óptimos para combatir el trabajo infantil, pese a que nuestro país se ha adherido a convenios internacionales y se ha comprometido a reducir los índices.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de:  El Financiero

En febrero de 2024, autoridades mexicanas rescataron a 18 menores de edad que eran víctimas de explotación laboral infantil en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán. Los menores realizaban actividades agrícolas y la detención de los adultos involucrados condujo a la identificación de toda una red delictiva.

Este es uno de los múltiples casos de trabajo infantil que se ven día a día en nuestro país, cuando las niñas y los niños deberían estar efectuando otro tipo de prácticas que no sean las laborales.

Lamentablemente, el trabajo infantil en México es muy común y hasta se define como esclavitud moderna por sus características, ya que se trata de actividades en condiciones precarias, con jornadas extenuantes y tratos inhumanos, vulnerando los derechos y el desarrollo adecuado de niñas y niños.

Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI 2022) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se calcula que en México 3.7 millones de menores están trabajando, la mayoría en malas condiciones y con riesgos sustanciales. De ellos, 400 mil tienen de 5 a 9 años; 1.5 millones tienen entre 10 y 14 años y los 1.8 millones restantes son adolescentes de 15 a 17 años.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil comprende “toda la actividad laboral que los niños son demasiado jóvenes para realizar y/o el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”.

En el caso mexicano, no se han tenido resultados óptimos para combatir esta problemática, pese a que nuestro país se ha adherido a convenios internacionales y se ha comprometido a reducir los índices. Esto origina que la situación se agrave de manera exponencial.

Hoy los estados con mayores tasas de trabajo infantil son: Chiapas (12.3%), Oaxaca (10.5%), Guerrero (9.8%), Puebla (8.9%) y Veracruz (8.5%). Todas esas zonas se caracterizan por tener condiciones socioeconómicas desfavorables, lo que contribuye a que las familias accedan a que sus hijos e hijas menores trabajen.

En Early Institute observamos una gran necesidad por detener el trabajo infantil. Es inaudito continuar con este tipo de explotación, en tanto los niños y las niñas de nuestro país merecen una vida digna y segura. Es urgente acrecentar los esfuerzos legislativos y programas coordinados entre el gobierno y la sociedad civil que garanticen un alto a estas prácticas, de ahí que la visibilización de la problemática sea fundamental. Para empezar, el trabajo infantil no debería ser aceptado bajo ningún concepto y así iniciar su erradicación. La responsabilidad es compartida y amerita que se asuman los compromisos adquiridos a nivel internacional, se exijan resultados y se replanteen estrategias de ser necesario.

El segundo piso de la agenda de la niñez

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de: Proceso

Ya no se trata de trazar estrategias sólo desde el papel, sino orientar su implementación hacia el plano de la realidad. Tal ejercicio debe ser una tarea compartida y sin protagonismos.

La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes cumplió sus primeros 10 años de vigencia. Más allá de la efeméride, el cambio de agenda y estilo en los gobiernos federal y locales, aunado al nuevo contexto que pervive en los asuntos públicos, son condiciones que exigen realizar un balance sobre la situación actual en el cumplimiento de derechos de este grupo poblacional.

Sin especulaciones y con datos basados en evidencia, es pertinente analizar los aciertos y retos para asegurar en los próximos años resultados tangibles de cara a 40 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en México, de los cuales poco más de 12 millones se encuentran en su primera etapa de vida.

En tal sentido, debe reconocerse que la agenda de niñez en realidad se encuentra sobrediagnosticada. Es preciso dejar atrás la etapa en donde la labor de las organizaciones y especialistas únicamente se enfocaba en identificar los problemas y socializarlos. Este estilo de modelo de intervención desde luego ha sido loable en aras de configurar una primera fase del funcionamiento general del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y echar andar la estructura de planes y programas del sector.

No obstante, hay que decirlo, lo que hoy se requiere son avances concretos en el ámbito de las políticas sociales, comenzando por incrementar de manera progresiva la inversión presupuestaria a escala federal y estatal, especialmente hacia los servicios que se brindan a la primera infancia.

En este primer tramo de vigencia de la ley, tanto los focos rojos como las recomendaciones en cada una de las dimensiones prioritarias se encuentran plenamente identificadas —en mayor o menor medida— a través de múltiples reportes, decálogos, rutas, informes y diagnósticos que detallan la situación en la que vive la niñez en temas como su salud, educación, cuidado, nutrición, pobreza y seguridad.

Ya no se trata de trazar estrategias sólo desde el papel, sino orientar su implementación hacia el plano de la realidad. Tal ejercicio debe ser una tarea compartida y sin protagonismos; un nuevo piso de diálogo de alto nivel, además de operativo y eficaz, que sepa involucrar a todos los actores e instituciones públicas o privadas que forman parte del ecosistema en la materia. El SIPINNA fue creado justamente para eso.

En la forma, están las alianzas, reuniones, foros y firmas de compromisos protocolarios que históricamente suelen predominar en los asuntos de niñez. En el fondo, el sobreponerse ante un entorno de resultados adversos, saber construir consensos con los actores del momento y focalizar propuestas concretas, técnicamente viables para materializar los derechos de la infancia acorde con los propios parámetros, resoluciones y observaciones globales de instancias como el Comité de los Derechos del Niño y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En Early Institute, por ejemplo, hace tres años nos dimos a la tarea de lanzar el primer Sistema de Indicadores para la Primera Infancia (SIPI México), la única herramienta en su tipo que integra datos estadísticos actualizados, respecto a los indicadores que atañen a la primera infancia mexicana. En su esencia, el sistema se compone por recomendaciones y rutas críticas sobre el estado de salud, educación, cuidado, nutrición, violencia y pobreza de este sector poblacional.

Más que una plataforma que concentra datos duros, este programa propone en su metodología una conversación productiva y acotada a puntos concretos con los actores clave, buscando incidir desde una óptica realizable en las prioridades de la agenda gubernamental y legislativa sobre primera infancia.

El aniversario de la ley representa también un momento propicio para reflexionar que esta agenda debe ordenarse y priorizarse. Atenderla con enfoque progresivo, ir paso a paso y hacerla compatible con las circunstancias que la mayoría de la sociedad y en el gobierno reclaman, especialmente desde el sentir popular que pide erradicar la corrupción del poder público y dar pie a transformaciones sociales de fondo para reducir las desigualdades históricas.

Ha sido un error estratégico pretender que un solo grupo de organizaciones, actores o instituciones puedan gerenciar cada una de las temáticas que enfrenta la primera infancia en un país tan extenso y con realidades locales disímiles como ocurre en México. De igualmente manera, opino que no ha sido del todo acertado presentar a los tomadores de decisión agendas tan extensas y ambiciosas, cuya complejidad técnica y operativa simplemente no logra superar los filtros en la nueva lógica en que se comporta la conformación de mayorías y prioridades gubernamentales o parlamentarias.

Las cosas simplemente no ocurren y ese debe ser el piso en que debemos autoevaluarnos quienes estamos involucrados en el tema. Mientras se destine menos presupuesto, existan altos índices de pobreza, violencia y desigualdad en la vida de niñas, niños y adolescentes, nuestra tarea se encuentra inacabada.

La reciente renovación en la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA avizora una ventana de oportunidad y de cambios sustanciales en la forma de conducción y liderazgo de este mecanismo de coordinación intergubernamental. Se trata de un perfil con probada experiencia en el diálogo con grupos sociales, los derechos humanos y el manejo de los asuntos públicos que sin duda elevará el nivel de exposición y relevancia que este mecanismo exige para los próximos seis años.

El SIPINNA está llamado a ser el sistema de sistemas en México. Su mandato constitucional y legal es muy claro y constituye su principal meta: garantizar el interés superior de la niñez en toda decisión del Estado. Esta agenda también requiere construir un segundo piso en su transformación.

Niñas, niños y adolescentes sicarios, la realidad detrás del reclutamiento del crimen organizado

—¿A los cuántos años empezaste a ejecutar? —preguntó el soldado. —A los once —respondió.

Por: Valeria González Ruiz, Coordinadora de Vinculación e Incidencia Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

Aunque este fenómeno no es nuevo, uno de los casos que quedó grabado en el imaginario colectivo fue el de Edgar Jiménez Lugo, alias “el Ponchis”o “el niño sicario” quien en 2010 fue detenido en Morelos a la edad de 14 años por el ejército. A su corta edad ya se dedicaba a torturar y asesinar a sus víctimas.

Este suceso fue demoledor para México, pues reflejaba cómo el crimen organizado había impregnado hasta el más recóndito lugar de nuestro país. Había llegado al punto de cooptar a niñas y niños desprotegidos, de contextos marginados, para integrar un ejército de sicarios. Se aprovechaba de los contextos de pobreza, violencia familiar y utilizaba su vulnerabilidad como carne de cañón: ellos no tenían nada que perder y el crimen organizado mucho que ganar.

Desgraciadamente, ahí no se marcó el final de esta trágica avalancha. Hoy, quince años después, el fenómeno del reclutamiento por el crimen organizado sigue, no solamente vigente sino que se ha reinventado.

Los delincuentes recurren a diversos mecanismos para abastecer su milicia. Engaños laborales, amenazas y secuestros están a la orden del día. Por ejemplo, en Chiapas existen reportes de secuestros masivos a habitantes de comunidades indígenas para obligarlos a trabajar con ellos.

En Chihuahua, denuncias sobre falsas ofertas laborales -en campos agrícolas, call centers, trabajo del hogar, servicios de chofer, de vigilancia, etc.- difundidas en redes sociales y plataformas laborales para después retenerlos a la fuerza y someterlos a prácticas de adoctrinamiento con el fin de obligarlos a realizar labores en favor del crimen organizado. En Jalisco también se han documentado decenas de casos de jóvenes desaparecidos en la Central de Autobuses de Tlaquepaque que se presentaban en respuesta a ofertas laborales.

Los videojuegos tampoco se salvan, ahora son una vía sumamente “efectiva” para reclutar a niñas, niños y adolescentes. Jugando con ellos ganan su confianza y los invitan a colaborar en actividades delictivas. En octubre del 2024 se volvió noticia nacional el caso de un niño de 14 años en Oaxaca reclutado a través Free Fire.

Pero eso no es todo, según reportajes recientes, la delincuencia organizada ahora requiere también de perfiles más especializados, por lo que han recurrido a universidades en búsqueda de estudiantes de química para que participen en los procesos de producción de droga.

El Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes (ONPRENNA) define al reclutamiento como “un proceso permanente de incorporación a la delincuencia organizada para realizar diversas actividades ilícitas, mediante actos de sustracción, captación, amenaza, intimidación, rapto, engaño, uso de la fuerza y otras formas de coacción, oferta de pago o beneficios, entre otras”.

Como se puede observar a lo largo de todos los casos aquí narrados este fenómeno afecta directamente el derecho a la vida, al libre desarrollo de la personalidad, a la educación y a la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes de nuestro país. De acuerdo con en el informe "Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México" de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad “en México al menos 460 mil niños fueron reclutados y utilizados por integrantes del crimen organizado para obligarlos a realizar actividades delictivas”.

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha recomendado a México como medidas prioritarias tipificar el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes en hostilidades; así como establecer mecanismos de identificación y recopilación de datos desagregados de niñas y niños que pudieron haber sido reclutados o utilizados en hostilidades, especialmente migrantes, refugiados y solicitantes de asilo -poblaciones aún más expuestas y en situación de mayor vulnerabilidad-.

Desafortunadamente, actualmente México no cuenta con una tipificación a nivel federal ni en varias entidades federativas, y está lejos aún de contar con autoridades estatales -con especialización en víctimas y niñez- coordinadas e involucradas tanto en la investigación, persecución, procuración y administración de justicia. Sin embargo, la ruta de trabajo está ya definida, es cuestión de priorizar, sumar voluntades políticas e invertir todos los esfuerzos posibles en combatir la complejidad de este fenómeno.

Para todas las personas que me leen en estos momentos, acercar esta información y crear vínculos de confianza con niñas, niños y adolescentes son herramientas de prevención prioritarias y efectivas. El riesgo de ser reclutados por el crimen organizado puede reducir significativamente si la niñez y adolescencia puede identificar señales de alerta y pedir ayuda a tiempo.

El primer paso para combatir efectivamente este fenómeno tan complejo y letal es asumir una responsabilidad colectiva que involucre al gobierno, pero también a las familias y la sociedad.

Sin unidad interna, futuro incierto para niñas y niños

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

En medio de debates sobre reformas estructurales y cambios políticos, las amenazas desde EE.UU. plantean una nueva pregunta: ¿qué posición debemos adoptar para enfrentar los cambios internos y externos? La respuesta me parece clara: unidad, sobre todo para garantizar bienestar y oportunidades a quienes más lo necesitan.

Si México no se fortalece desde dentro y no prioriza el desarrollo de quienes son más vulnerables, seguiremos, en el mejor de los casos, sorteando riesgos y esperando que las amenazas externas no se recrudezcan.

Cuando hablo de población vulnerable, me refiero, por ejemplo, a los seis millones de niñas y niños menores de seis años que viven en pobreza, una cifra que en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero alcanza alrededor del 70% de esta población.

Estas cifras no solo evidencian una crisis en los derechos de la niñez, sino que reflejan un país que no está construyendo sobre cimientos sólidos.

Ante esta situación, el equipo de Claudia Sheinbaum tiene la responsabilidad de consolidar a México desde su base: la niñez. Esto implica tomar cuatro decisiones urgentes:

Diagnóstico nacional completo. Sin información, no hay planeación efectiva. Es imprescindible homologar los datos desde la infancia y establecer indicadores comunes para medir avances.

Inversión real en cuidado, educación, salud y nutrición infantil. Un país fuerte invierte para cosechar frutos. Ampliar la cobertura de servicios y mejorar su calidad deben ser prioridades en el presupuesto.

Un Sistema Nacional de Protección para Niñas y Niños funcional. No basta con crear sistemas; es momento de fortalecer un mecanismo que garantice todos los derechos de la infancia.

Coordinación interinstitucional. La dispersión de esfuerzos ha sido un obstáculo histórico. Necesitamos herramientas que articulen acciones, evalúen resultados y aseguren políticas públicas efectivas y sostenibles.

Un país mejor no surgirá de grandes reformas aisladas ni de discursos bien intencionados, sino de nuestra capacidad de avanzar como una nación unida.

No hay margen para la indiferencia. El fortalecimiento del país empieza en casa, desde dentro, y, reitero, protegiendo primero a los más vulnerables.