Acabar con la violencia infantil sigue siendo un reto en México - Clone

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original en El Financiero

Abatir la violencia, en particular la de tipo sexual, en contra de niñas y niños es un reto de grandes proporciones, pero al que debemos enfrentar para proteger a los más vulnerables.

Con el cierre de año ya muy cerca, es inevitable hablar de los desafíos y retos que enfrenta el país en distintos rubros.
Uno muy importante es el referente a la situación de la primera infancia, cuya atención en los últimos años ha acaparado las agendas mundiales, pero aún falta mucho por hacer.

En México, 2025 se distinguió por tener avances a través de iniciativas de la sociedad civil, como las que Early Institute ha impulsado en alianza con otros organismos que buscan el bienestar de este sector.

Si bien se han registrado considerables logros en cuidado y crianza, todavía persisten focos rojos que afectan a niñas y niños en sus primeros años de vida.

La violencia es uno de ellos. Según la titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Lorena Villavicencio, en el marco de la primera reunión ordinaria de la Comisión para Poner Fin a toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (COMPREVNNA): “Las violencias familiares siguen siendo las más frecuentes; una de cada dos niñas y niños ha vivido algún tipo de violencia en su hogar, y los homicidios de adolescentes continúan siendo una herida abierta que nos interpela como Estado y como sociedad”.

Abatir la violencia, en particular la de tipo sexual, en contra de niñas y niños es un reto de grandes proporciones, pero al que debemos enfrentar para proteger a los más vulnerables.

Para la COMPREVNNA, los puntos a abordar para erradicar esta problemática inician con la prevención, privilegiando las campañas de sensibilización y fortalecimiento de la crianza positiva.

La atención es otra estrategia con la dotación de servicios integrales para las víctimas. Un aspecto más es la atención prioritaria a casos de trata, reclutamiento, desaparición y orfandad por feminicidio y, por último, la protección especial dirigida a niñas, niños y adolescentes en movilidad, con discapacidad, en pobreza o pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas.

Por su parte, el reporte ¿Cómo vamos en la primera infancia?, elaborado por Early Institute, añade otras propuestas como son: contar con una encuesta nacional de violencia sexual contra niñas y niños para conocer la magnitud del problema, encontrar determinantes y establecer causalidades respecto a los incrementos observados en la incidencia e implementar un Sistema Nacional y progresivo de Cuidados que, en coordinación con la Política Nacional de Educación Inicial, impulse la cobertura para la primera infancia.

También Early Institute —a través de su proyecto Alumbra— ha focalizado sus acciones este año en la prevención de la violencia y el abuso sexual infantil, a través de cursos y talleres dirigidos a cuidadores, educadores, padres de familia y estudiantes de los niveles primario y secundario, principalmente.

Otro de los asuntos a tratar es el cuidado responsable. En 2025, México ha realizado avances significativos, destacando la expansión de programas de salud infantil que han mejorado la cobertura y el acceso a vacunas en comunidades marginadas, además de la implementación del programa Educación Inicial para el Bienestar, que garantiza educación integral gratuita para niños de 0 a 3 años.

De hecho, se ha incrementado la inversión en programas dirigidos al bienestar infantil, como se documenta en informes y reportes nacionales e internacionales, pero todavía hay desigualdades en el cuidado de las etapas más cruciales de las niñas y los niños.

Early Institute —el único think tank mexicano especializado en la protección de la primera infancia— reconoce los esfuerzos que se han hecho en torno a la solución de fenómenos como los descritos y reiteramos nuestro compromiso por seguir trabajando para evitar que la violencia y el abuso sigan amenazando el desarrollo infantil en nuestro país.

Panorama de los cuidados en México

Si bien ha habido avances en esta materia —ya que por primera vez se otorga en el presupuesto federal de 2026 un recurso de 466 mil millones de pesos para la consolidación de una sociedad de cuidados—, el IMCO subraya la insuficiencia ante “la magnitud del desafío”.

De los diversos temas que afectan el desarrollo de México, se ubica uno muy delicado y que requiere atención. Se trata del inminente envejecimiento de la población, que para 2050 se estima que pasará de un 9% a 18%, según proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo).

Evidentemente, se trata de un sector que requiere mayor protección por tratarse de una población vulnerable, como también sucede con los niños, las niñas y las personas con discapacidad.

En este marco, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) efectuó un análisis sobre lo que el gobierno mexicano ha realizado en torno a los cuidados, su impacto económico y sus retos.

De acuerdo con el IMCO, hoy se habla de que los segmentos antes especificados representan 46% de la población, es decir, 58.5 millones de personas, por lo que es fundamental abordar el fenómeno por el bien de la sociedad.

Si bien ha habido avances en esta materia —ya que por primera vez se otorga en el presupuesto federal de 2026 un recurso de 466 mil millones de pesos para la consolidación de una sociedad de cuidados—, el IMCO subraya la insuficiencia ante “la magnitud del desafío”.

En este sentido, los esfuerzos han llevado a que “en los últimos 20 años, los programas presupuestarios vinculados a los cuidados pasaron de seis en 2008 a un máximo de 14 en 2022”; sin embargo, el dinero destinado en el presupuesto del próximo año se queda corto, pues según cálculos del Instituto, “tendría que ser 1.8 veces mayor para responder a la demanda”.

Otro tema relacionado con los cuidados es la tendencia de que sean las mujeres quienes llevan la responsabilidad, afectando su autonomía económica, ya que no reciben pago alguno por dicha labor y tienen que seguir realizando otras actividades.

Esta falta de remuneración y la sobrecarga de funciones propician otras problemáticas en salud (física y mental), así como desigualdades sustanciales.

Si a esto se suma que en los hogares el gasto por los cuidados es considerable, estamos hablando de una atención inequitativa. Dice el IMCO: “Los hogares con mayores ingresos destinan hasta 30 veces más recursos a los cuidados que aquellos con menores ingresos.

Esto podría sugerir que el poder adquisitivo amplía las opciones para acceder a servicios formales de cuidado”.

Un desbalance más es que, de los establecimientos dedicados a los cuidados, “92.8% atienden a niñas y niños, 2.3% a personas adultas mayores y 5% a personas con discapacidad.

Esta distribución evidencia un sistema concentrado en la primera infancia y con una oferta limitada para otros grupos”.

Como se aprecia, el análisis del IMCO es una mirada no solo de lo que vendrá, sino de lo que ya es una realidad. La implementación de un sistema de cuidados requiere compromisos sociales además de monetarios.

En Early Institute reconocemos los esfuerzos gubernamentales, pero sabemos que falta hacer más, empezando por reconocer el derecho humano al cuidado expresamente en la Constitución mexicana para impulsar su pleno ejercicio.

Asimismo, es indispensable pensar que la ausencia de un sistema de cuidados significa pérdidas y brechas difíciles de reparar en el futuro derivadas de las desigualdades de género, de ahí que deba construirse y afianzarse lo más pronto posible.

¿Cómo vamos con la primera infancia?

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original en El Financiero

Entre 2018 y 2024, todas las entidades [mexicanas] redujeron la pobreza en la primera infancia, con descensos frecuentes de entre 5 y 15 puntos porcentuales. Pero “persisten diferencias territoriales muy marcadas.

Con el objetivo de dar a conocer el panorama de la primera infancia en México, Early Institute publicó el informe ¿Cómo vamos con la primera infancia?

Este documento es resultado del seguimiento a indicadores que reúne el Sistema de Indicadores de Primera Infancia México (SIPI), la única herramienta que concentra y analiza 150 indicadores correspondientes a la situación de las niñas y los niños de cero a 5 años de edad en salud, educación, cuidado, nutrición, protección y pobreza.

¿Cómo vamos con la primera infancia? Ofrece datos sobre el monitoreo de los rubros mencionados, además de indicar rezagos por entidad, región o grupo poblacional.

En seis apartados, el reporte expone lo que viven hoy en día millones de niñas y niños mexicanos durante sus primeros años de vida y propone recomendaciones para mejorar su situación, ya que en términos generales sigue habiendo desafíos que afectan a este sector.

Destacan algunos datos que es necesario considerar. Por ejemplo, en pobreza se habla de que “entre 2018 y 2024, todas las entidades [mexicanas] redujeron la pobreza en la primera infancia, con descensos frecuentes de entre 5 y 15 puntos porcentuales. Pero “persisten diferencias territoriales muy marcadas.

En 2024 los porcentajes más altos de pobreza en la primera infancia siguen en el sur-sureste”.

En el aspecto educativo, se indica: “De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2023, en México, el acceso a cuidado y educación de calidad para la primera infancia es limitado y desigual. Solo el 30.4% de niñas y niños de 0 a 5 años asiste a servicios de cuidado o educación inicial o preescolar”.

En cuestiones de seguridad y protección: “Un delito que preocupa de manera particular es el de niñas y niños, de entre 0 y 5 años, desaparecidos o no localizados.

Al respecto, se observa un incremento de 7% a nivel nacional entre 2022 y 2024, registrando 368 en 2022 y 392 en 2024.

En términos absolutos, las cifras más altas en 2024 se concentraron en el Estado de México (171 casos), Ciudad de México (62 casos), Hidalgo (26 casos), Coahuila (12 casos) y Zacatecas (12 casos)”.

Por su parte, en salud sobresale que: “De acuerdo con datos del Sistema de Información de la Secretaría de Salud (SINAISCAP), entre 2022 y 2023 en México ha aumentado la mortalidad de las niñas y niños menores de 5 años.

A nivel nacional, la mortalidad creció del 15.2% al 16%. Las entidades con mayor mortalidad de niñas y niños menores de 5 años son Tlaxcala (20.83%), Michoacán (20.82%), Morelos (20.80%), Yucatán (20.3%) y Chihuahua (20.18%)”.

En cuanto a nutrición: “De acuerdo con la Ensanut, a nivel nacional la población de niñas y niños menores de cinco años con baja talla para la edad creció de 12.8%, en 2022, a 13.9%, en 2023, un aumento del 8.59%”.

Estas son algunas de las cifras que se exhiben y que revelan claras deficiencias en el cuidado infantil.

En cuanto a las recomendaciones, se habla de implementar un Sistema Nacional y progresivo de Cuidados que, en coordinación con la Política Nacional de Educación Inicial, impulse la cobertura para la primera infancia y concretar una Política Integral Nacional de Crianza Positiva que sea pilar en el desarrollo infantil temprano.

Early Institute es el único think tank mexicano especializado en primera infancia y su compromiso es incidir en las políticas públicas para mejorar la situación de este sector.

¿Cómo vamos con la primera infancia? Sintetiza hallazgos relevantes sobre aspectos torales en el desarrollo infantil con miras a visibilizar los rezagos y proponer formas para combatirlos.

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Lamentable el retroceso de cuidados paliativos en México

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original en El Financiero

Los cuidados paliativos buscan aliviar síntomas como el dolor, la disnea y otros malestares, permitiendo a los pacientes mantener la mayor funcionalidad posible y una mayor sensación de bienestar.

 

En el país, la crisis en salud afecta múltiples áreas. En los últimos cinco años no solo se ha evidenciado una falta en la dotación de medicamentos, sino también el desmantelamiento de programas que solían brindar apoyo a las familias mexicanas.

Hoy se agrega el rezago en el tema de los cuidados paliativos, que proporcionan apoyo a personas que experimentan sufrimientos importantes relacionados con la salud debido a una enfermedad o condición grave.

Los cuidados paliativos buscan aliviar síntomas como el dolor, la disnea y otros malestares, permitiendo a los pacientes mantener la mayor funcionalidad posible y una mayor sensación de bienestar, sobre todo en etapas avanzadas de la enfermedad que los aqueja.

Estos cuidados no adelantan ni retrasan la muerte, sino que reducen el dolor y el sufrimiento con atenciones físicas, emocionales, sociales y espirituales que respetan las preferencias y los valores del paciente.

La Asociación Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos (IAHPC, por sus siglas en inglés) calcula que alrededor de 448 mil personas, en México, viven sufrimientos graves relacionados con la salud, población que debería recibir algún tipo de servicio paliativo.

En este sentido, la Ley General de Salud integra, desde 2020, los cuidados paliativos como parte de los servicios de atención médica esenciales, luego de que en 2019, el Senado de la República emitiera un decreto para crear un marco normativo que promoviera los derechos del paciente en tratamientos paliativos y el acceso a medicamentos.

Tristemente, se está observando un retroceso importante en esta asignatura.
Por ejemplo, en 2022, la Comisión Coordinadora de los Servicios Coordinados de Salud (CCS) señaló que hay un déficit en la infraestructura y en la formación de profesionales en esta área.

Así mismo, la Secretaría de Salud reconoció, en 2023, que la disponibilidad de medicamentos analgésicos, especialmente la morfina, sigue siendo limitada en varias regiones del país.

Por su parte, un análisis reciente basado en indicadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que nuestro país está siendo deficiente en la aplicación de cuidados paliativos en rubros como suministro de fármacos, capacitación y servicios especializados.

El estudio fue elaborado por médicos del Hospital General de Occidente, la Universidad de Guadalajara, el Instituto Nacional de Cancerología, el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, la Universidad Autónoma de Morelos, entre otras instituciones, y publicado en el Journal of Pain and Symptom Management, en agosto de 2025.

En las conclusiones se revelan “deficiencias en el número de servicios de cuidados paliativos, el acceso a medicamentos esenciales, la supervisión de políticas, la promoción y la implementación, y la educación en cuidados paliativos”, motivo por el cual los autores hacen un llamado a la acción “para continuar la promoción, el crecimiento y la implementación de los cuidados paliativos en la región”.

Early Institute se une al llamado ante los resultados que arrojó el estudio y que visibilizan los desafíos que enfrenta la implementación de los cuidados paliativos.

Es un hecho que se requiere mayor sensibilización y capacitación en el personal de salud, además de políticas públicas que impulsen una estrategia nacional sólida.

Principalmente se debe fomentar una cultura que valore el bienestar y la dignidad, promoviendo el conocimiento y la aceptación de los cuidados paliativos porque brindar acompañamiento en las etapas más difíciles de la enfermedad es lo más humano y respetuoso que debe hacerse.

Las Procuradurías de Protección, una respuesta inmediata frente a la violencia contra la niñez

Fortalecer a estas instituciones y exigir su actuación inmediata y oportuna es un deber y compromiso que el Estado debe asumir con la niñez y adolescencia, con su seguridad, su dignidad y su derecho a vivir libres de violencia

¿Sabías que en México existen instituciones especializadas en cuidar y defender los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes? Se trata de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, instituciones creadas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar que ningún niño o niña quede sin protección ni acompañamiento antes la vulneración de sus derechos.

Las Procuradurías de Protección tienen diversas facultades, entre las que pueden destacarse: garantizar la protección efectiva y restitución de los derechos de la niñez, detectar situaciones en las que puedan estar en riesgo su bienestar, dar asesoría legal y psicológica cuando se encuentran ante una afectación de sus derechos y fortalecer el cumplimiento de la ley y los derechos de la niñez en coordinación con otras autoridades.

Bajo ese contexto, cobran relevancia las reformas legislativas publicadas el pasado 30 de septiembre en el Periódico Oficial del Estado de México, mediante las cuales se modificaron disposiciones del Código Penal, el Código Administrativo, la Ley de Víctimas y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todas del Estado de México.

Dichas reformas tienen por objeto fortalecer el marco jurídico local para la protección frente a la violencia sexual contra la niñez y adolescencia, reforzando las obligaciones específicas de las autoridades para garantizar una respuesta inmediata y efectiva cuando se identifiquen casos en los que niñas, niños o adolescentes han sido víctimas.

Entre las modificaciones más relevantes se establece la obligación de las autoridades educativas y del sector salud de dar aviso inmediato a las Procuradurías de Protección cuando se detecte que una niña, niño y adolescente es víctima de violencia sexual. Este cambio es crucial, pues garantiza que las Procuradurías de Protección, actúen de manera inmediata para su protección integral, disminuyendo la posibilidad de que sean revictimizados o estén expuestos a más formas de violencia.

La importancia de esta reforma se refuerza con los datos; de acuerdo con el INEGI 2024, la cifra oculta de delitos sexuales alcanza el 95%. Sin embargo, en el caso de niñas, niños y adolescentes, una parte significativa de los casos se detecta desde el sector salud o el educativo. Según datos de la Secretaría de Salud, entre 2019 y 2023, 9,822 niñas, niños y adolescentes requirieron atención médica por violencia sexual, lo que significa que cada día 27 niñas y niños llegan a una unidad de salud por esta causa.

Estos números muestran la urgencia de contar con mecanismos de respuesta inmediata y articulada. El sector salud, al tener contacto directo con la niñez cuando se presentan daños físicos, puede detectar señales de violencia sexual. Por su parte, el sector educativo, al ser un espacio cotidiano de convivencia y confianza, también puede identificar signos de alerta. En cualquiera de los casos es necesario que el Estado establezca protocolos y leyes que de manera clara señalen como obligación de estas autoridades activar mecanismos para proteger y denunciar.

De ahí deriva la importancia de esta reforma, pues determina que no basta con denunciar ante el Ministerio Público, es necesario dar aviso inmediato a las Procuradurías de Protección, para accionar una protección reforzada que garantice una intervención con enfoque en el interés superior de la niñez.

Deben seguirse fortaleciendo a las Procuradurías de Protección, en su papel de “las abogadas de la niñez”, promoviendo la inmediatez de su intervención que tiene como propósito que se adopten las medidas necesarias para asegurar el respeto, protección y restitución integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas.

Finalmente, vale recordar que aunque la violencia sexual es una de las vulneraciones más graves a los derechos humanos de la niñez, las Procuradurías de Protección están facultadas para intervenir en cualquier caso de vulneración de derechos, ya sea por violencia física, abandono, maltrato o cualquier otra forma de violencia.

Fortalecer a estas instituciones y exigir su actuación inmediata y oportuna es un deber y compromiso que el Estado debe asumir con la niñez y adolescencia, con su seguridad, su dignidad y su derecho a vivir libres de violencia.

Cuidar a la niñez y la adolescencia

Annayancy Varas García destaca la iniciativa impulsada por Querétaro para crear ambientes digitales más sanos para niñas y adolescentes.

En los últimos años, la tecnología digital se ha convertido en una extensión de las actividades humanas y, sin duda, reconocemos los beneficios si se emplea correctamente.

El asunto se vuelve más complejo cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, pues también es sabido que se pueden utilizar ciertas herramientas para causar daños a este sector.

En particular, hoy se cuestiona el uso de las redes sociales en menores de edad ante la presencia de casos dañinos.

Desde iniciativas y acciones a nivel mundial hasta las que se están implementando en México, el único objetivo es proteger a un grupo poblacional vulnerable que fácilmente puede ser engañado con fines de extorsión, intimidación, acoso, desaparición, entre otros.

Australia se ha puesto a la vanguardia en la vigilancia sobre las redes, luego de que a finales de 2024, la Cámara de Representantes y el Senado de ese país aprobaron una reforma legislativa para restringir el acceso de menores de 16 años a redes sociales como TikTok, Facebook, Snapchat, X y Reddit; también se incorporó a YouTube en un segundo momento.

Las autoridades australianas exigen que las empresas proveedoras de estos servicios se responsabilicen implementando filtros y medidas de seguridad y que, en caso de no hacerlo, se harán acreedores de multas cuantiosas.

Por su parte, en Francia, desde 2023, es obligatorio contar con el consentimiento de padres, madres o cuidadores para que menores de 15 años puedan registrarse en plataformas de redes sociales.

De igual modo, las plataformas están obligadas a implementar sistemas para verificar la edad y asegurar que se haya obtenido dicho consentimiento; de no cumplir con las directrices, también serán sancionadas considerablemente.

En México, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, presentó en febrero de 2025 una serie de propuestas de políticas públicas y administrativas en materia educativa para restringir el uso de dispositivos móviles dentro de aulas y escuelas.

En este sentido, las instituciones serán responsables de implementar filtros y las medidas necesarias que coadyuven a alcanzar dicho objetivo.

Además, en julio de 2025, el Congreso estatal aprobó reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Penal de Querétaro con la intención de establecer nuevas directrices de restricción en materia de redes sociales digitales.

Con esta reforma —única en su tipo en México— se establece la obligación de ejecutar mecanismos de denuncia y reparación de derechos afectados por recolección de datos y moderación de contenidos que vulneren el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

La tendencia es muy clara. Conforme se va teniendo más evidencia sobre las repercusiones negativas que tiene el uso de las redes sociales en este sector, se han empezado a tomar medidas que apuntan a los responsables y las consecuencias por no acatar las pautas que se imponen para proteger a la niñez y la adolescencia.

En Early Institute, nos pronunciamos por brindar entornos digitales seguros y adecuados según el grado de madurez y desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Reconocemos que las herramientas digitales pueden ser aliados muy valiosos en los procesos educativos, sociales y culturales; sin embargo, también admitimos que la ausencia de vigilancia en su uso puede ser una invitación a experiencias negativas.

Hay que establecer restricciones razonables en el uso de redes sociales y dispositivos móviles para salvaguardar la integridad física y mental de niñas, niños y adolescentes.

Pero también hay que alentar que su crecimiento sea en espacios fuera de las pantallas y propiciar que haya vínculos más profundos tanto con el ambiente como con la gente que los rodea.

Es vital reforzar el programa de vacunación universal en México

Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en El Financiero

Las cifras son alarmantes, ya que al mes de septiembre de 2025 se registraron cerca de 4,645 casos de sarampión, situación que pone en riesgo el estatus del país como nación libre de esta enfermedad.

Desde hace unos años hay una seria preocupación ante los brotes de sarampión en México. Las cifras son alarmantes, ya que al mes de septiembre de 2025 se registraron cerca de 4,645 casos, situación que pone en riesgo el estatus del país como nación libre de esta enfermedad.
El estado más afectado es Chihuahua, según cifras de la Secretaría de Salud federal, con 4,288 casos; le siguen Coahuila (55 casos) y Guerrero (51 casos).

Según la Secretaría de Salud, “en cuanto a la distribución por sexo, el predominio es en mujeres, 51.75% (2,404) y 48.25% en hombres (2,241)”. En tanto, “la clasificación por grupo etario mayormente afectado es el grupo de edad de 1 a 4 años con 14.3% (665), seguido del grupo de 25 a 29 años con 12.7% (591)”.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México ocupa el segundo lugar en brotes de sarampión después de Canadá. Los factores de la reaparición de esta enfermedad —altamente contagiosa— podrían deberse a varios factores: a) baja tasa de inoculación, ya que hoy la cobertura de vacunas, en México, ha disminuido en los últimos años, con un descenso del 20% en la aplicación de la vacuna MMR (contra sarampión, paperas y rubéola), en comparación con años anteriores; b) desinformación, que fomenta la resistencia a la vacunación en algunas comunidades; y c) movimientos migratorios, que han originado el aumento de personas provenientes de países con brotes de sarampión.

Actualmente, se han confirmado 21 defunciones por esta enfermedad en los estados de Chihuahua (20) y Sonora (1). De acuerdo con el Boletín informativo No. 25 de la Situación epidemiológica de Enfermedades Prevenibles por Vacunación en México, “ninguno contaba con antecedente de vacunación documentado”.

Hace años, México era referente a nivel mundial por los avances en cobertura de vacunación; sin embargo, esta cobertura se ha deteriorado en las últimas dos décadas.

Ejemplo de esto ha sido el brote de sarampión, que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), revela la existencia de “programas de inmunización deficientes y sistemas generales de atención primaria de salud insuficientes”.

Estas declaraciones forman parte del Diagnóstico de la vacunación infantil en México, 2010-2022: Un llamado a la acción, presentado en el foro Vacunación para la niñez: #SíPodemos, que se efectuó en 2023, en la Ciudad de México.

Desde Early Institute —el único think tank mexicano dedicado al cuidado de la primera infancia— evidenciamos el deterioro del programa de vacunación universal, implementado por la Secretaría de Salud.

Las pruebas son varias: hay miles de niñas y niños en primera infancia que no están vacunados o tienen esquemas incompletos; sigue en aumento el número de casos de enfermedades prevenibles por vacunación y hay un considerable desabasto de biológicos.

Sin duda, hay que reforzar las acciones para combatir afectaciones ya erradicadas desde tiempo atrás y generar nuevas estrategias de acuerdo con la realidad actual. La salud es un tema de alta prioridad y, en el caso de la primera infancia, amerita que los esfuerzos sean todavía más contundentes.

Menos pobreza pero aumentan carencias sociales

La pobreza —y particularmente la pobreza durante la primera infancia— no puede medirse únicamente en función de los ingresos de los hogares. Limitarse a ese enfoque invisibiliza las carencias que enfrentan niñas y niños y que limitan sustancialmente su desarrollo integral a corto y largo plazos.

La metodología de pobreza multidimensional es, en ese sentido, una herramienta insustituible. No sólo cuantifica cuántas niñas y niños viven en pobreza, sino que revela en qué aspectos concretos se concentran sus carencias: alimentación, salud, educación, vivienda, saneamiento y acceso a la seguridad social.

Desde 2008 hasta 2022, esta tarea estuvo en manos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Con la reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 y reglamentada en julio de 2025, sus atribuciones pasaron al Inegi, que ahora cuenta con la Coordinación General de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social. La primera medición a cargo del instituto, a partir de la ENIGH 2024, se realizó bajo los mismos criterios que empleaba el Coneval, lo que permite dar continuidad a la serie histórica.

Los resultados muestran avances, pero también retos importantes. La pobreza durante la primera infancia (0-5 años), que había alcanzado 52.5 por ciento en 2018, subió en 2020 hasta 54.3 por ciento en el contexto de la pandemia. Desde entonces, ha mostrado una tendencia sostenida a la baja: 48.1 por ciento en 2022 y 41.9 por ciento en 2024. Esto implica una reducción neta de 10.6 puntos porcentuales respecto a 2018, equivalente a 20 por ciento menos. La pobreza extrema siguió una ruta similar: de 9.9 por ciento en 2018 a un pico de 11.8 por ciento en 2020, para cerrar en 8.8 por ciento en 2024, una disminución de 11 por cientp respecto a 2018.

En términos de derechos sociales, se observan reducciones importantes: carencia de alimentación (-25 por ciento), calidad y espacios de la vivienda (-22 por ciento), servicios básicos (-18 por ciento), rezago educativo (-11 por ciento) y seguridad social (-4 por ciento). Además, disminuyó la proporción de niñas y niños con al menos una carencia social (-7 por ciento) y quienes son vulnerables por ingresos (-17 por ciento). Sin embargo, las señales de alerta son claras: la carencia por acceso a servicios de salud se disparó (+115 por ciento) y aumentó la población infantil vulnerable por carencias sociales (+25 por ciento), así como quienes enfrentan tres o más carencias simultáneas (+8 por ciento).

Profundizando respecto a las carencias sociales, el número promedio de carencias por niña y niño de la primera infancia pasó de 2.2 en 2018 a 2.4 en 2024, lo que representa un aumento de 10 por ciento. Las entidades que han tenido mayores aumentos son Durango (de 1.7 a 2.4, +40 por ciento), Chihuahua (de 1.9 a 2.3, +19 por ciento), Zacatecas (de 1.7 a 2.0, +18 por ciento), Michoacán (de 2.1 a 2.5, +17 por ciento) y San Luis Potosí (de 1.9 a 2.3, +16 por ciento).

Como se puede observar, los avances en ingreso y en varias carencias conviven con un deterioro grave en el acceso a la salud y con la persistencia de más de tres carencias. La política social debe, por tanto, concentrar sus esfuerzos en cerrar esta brecha, con un enfoque territorial y de derechos.

A nivel territorial, la pobreza cayó en casi todos los estados entre 2018 y 2024. Los mayores descensos se observan en Tamaulipas (-15.3 pp), Chihuahua (-14.9 pp), Guanajuato (-14.4 pp), Tabasco (-12.9 pp) y Estado de México (-12.5 pp). Los menores descensos se observan en Durango (-2.3 pp), Quintana Roo (-2.9 pp), Coahuila (-3.5 pp), Aguascalientes (-3.1 pp) y Morelos (-4.0 pp).

Independientemente de los cambios entre 2018 y 2024 observamos que el sur-sureste sigue siendo el epicentro del problema: Chiapas (79 por ciento), Guerrero (72 por ciento) y Oaxaca (64 por ciento), Puebla (57 por ciento) y Veracruz (57 por ciento) mantienen los niveles más altos de pobreza, lo cual significa que aunque haya mejoras, en estas entidades más de 50 por ciento estan en situaciones de pobreza.

México avanza, pero no lo hace por igual. La infancia del norte experimenta mejoras mientras que en el sur persisten los problemas. El reto de la política pública es sostener el ritmo en las regiones donde ya se consolidan avances pero también atacar de raíz las desigualdades territoriales que mantienen a millones de niñas y niños en pobreza extrema.

El éxito no debe medirse sólo en estadísticas nacionales, sino en la capacidad de garantizar que nacer en Chiapas no signifique partir con tres veces más desventajas que hacerlo en Baja California.

Urge una mirada integral que de visibilidad a las desigualdades persistentes y es indispensable para diseñar políticas públicas que trasciendan el simple aumento del ingreso, y garanticen en cambio el pleno ejercicio de derechos, sentando las bases para romper los ciclos intergeneracionales de pobreza en nuestro país.

SEP reconoce haber fallado a niñas y niños víctimas de abuso sexual

La SEP reconoció —en agosto de 2025— que el Estado falló en cuidar y proteger a las niñas y los niños, y en garantizar que su escuela fuera un espacio libre de violencia, comprometiéndose a llevar a cabo acciones que eviten que vuelvan a ocurrir agresiones en los sitios educativos.

En un hecho sin precedentes, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de su titular, Mario Delgado, ofreció una disculpa pública ante los lamentables sucesos ocurridos, en 2018, en el Jardín de Niños “Marcelino de Champagnat” (Ciudad de México), donde niñas y niños fueron víctimas de abuso sexual por parte de servidores públicos.

Tras las investigaciones y las sentencias judiciales correspondientes, la SEP reconoció —en agosto de 2025— que el Estado falló en cuidar y proteger a las niñas y los niños, y en garantizar que su escuela fuera un espacio libre de violencia, comprometiéndose a llevar a cabo acciones que eviten que vuelvan a ocurrir agresiones en los sitios educativos.

Después de que en 2021 se dictó la sentencia a uno de los acusados (ratificándose en 2023), es hasta 2025 cuando la dependencia gubernamental aceptó su responsabilidad. En este sentido, la SEP tuvo que reconocer y acatar las medidas que se le impusieron para evitar que sucedan casos de esta índole en los lugares donde se supone se cuida el bienestar de los educandos.

Como parte de las medidas de reparación, el pasado 8 de septiembre se organizó —a nivel nacional— la Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil en las escuelas de educación básica. La intención es promover una cultura de cuidado y prevención de la violencia sexual y del maltrato en las escuelas, involucrando a toda la comunidad escolar.

Otro de los compromisos adoptados por la SEP fue la publicación de lineamientos para la prevención primaria, atención y medidas de no repetición para la erradicación de la violencia sexual en educación básica, donde se establecen obligaciones para las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno, así como acciones de prevención, detección, intervención, notificación, canalización y seguimiento de casos, señalando con énfasis la coordinación interinstitucional.

Asimismo, se señala que las autoridades educativas deberán elaborar, emitir y difundir su respectivo protocolo que determine los procedimientos para la prevención, atención y medidas de no repetición de la violencia sexual en las escuelas de educación básica.

Finalmente, se estableció la urgencia por crear políticas públicas para establecer espacios seguros en los planteles escolares.

En Early Institute sabemos que la prevención es uno de los recursos más poderosos para evitar que las niñas, los niños y los adolescentes sean víctimas de abuso sexual y que lo reconocido por la primera instancia educativa del país es un paso sustancial para erradicar la violencia en las escuelas. Todavía hay mucho camino por recorrer en la creación de entornos escolares seguros, pero al menos lo logrado con estas acciones de prevención da luz a un tema que debe ser hablado y atendido por la sociedad en general.

Sobre la medición de la pobreza en México

Se habla de pobreza extrema cuando el ingreso mensual personal ni siquiera alcanza para la canasta básica alimentaria y se tienen tres o más derechos vulnerados.

En el campo de las políticas públicas es fundamental tener herramientas y datos que sustenten las intervenciones en apoyo a las problemáticas sociales. En México se cuenta con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024. La encuesta está dando mucho de qué hablar por el tipo de hallazgos que mostró por primera vez; me refiero a la medición de la pobreza multidimensional, que de acuerdo con los indicadores disminuyó con relación a 2022. Esto es que en 2022 el número de mexicanos pobres fue de 46.8 millones y en 2024 fue de 38.5 millones.

Si bien estos resultados son favorables, hay que decir también que hay muchas aristas que contemplar y no solo considerar la cifra global. Es decir, según Claudia Maldonado, coordinadora general de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social del INEGI, la medición de la pobreza en nuestro país es compleja, pues está vinculada a una serie de derechos sociales que contempla nuestra Carta Magna, situación que no ocurre en otros países. De ahí que, para empezar, no sea correcto comparar las cifras de México con las de otros lugares del mundo.

Los derechos que se consideran son: salud, educación, vivienda, alimentación y seguridad social. Los derechos que se consideran son: salud, educación, vivienda, alimentación y seguridad social.

De acuerdo con la especialista, se habla de pobreza multidimensional cuando el ingreso mensual personal no alcanza para adquirir una canasta básica alimentaria (alimentos mínimos requeridos) y una canasta básica no alimentaria (bienes esenciales no alimentarios) y que además presenta carencia en uno de los derechos mencionados. Por otro lado, se habla de pobreza extrema cuando el ingreso mensual personal ni siquiera alcanza para la canasta básica alimentaria y se tienen tres o más derechos vulnerados.

En este sentido, la ENIGH mide los ingresos y los gastos de la población mexicana, considerando no solo sus características laborales (que permiten determinar cierto porcentaje de los ingresos), sino también de tipo sociodemográfico, de vivienda y de alimentos que se consumen en los hogares. Lo que mostró la Encuesta es que en 2024 hubo 8.3 millones de personas menos en situación de pobreza multidimensional (como ya se dijo con relación a 2022), y 7 millones de mexicanos menos en pobreza extrema.

La realidad de las cosas, que también hay que señalar, es que, aun cuando tales indicadores son positivos, hay desigualdades sustanciales. Por ejemplo, los estados con un menor porcentaje de la población en pobreza son Baja California (9.9%), Baja California Sur (10.2%) y Nuevo León (10.6%), pero en las entidades que presentan mayores porcentajes se habla de un rezago terrible: Chiapas (66%), Guerrero (58.1%) y Oaxaca (51.6%). Lo mismo ocurre con los datos de la pobreza extrema. Los estados con un menor porcentaje de la población en dicha situación son Baja California (0.4%), Nuevo León (0.5%) y Aguascalientes (0.6%), y los de mayor porcentaje son Chiapas (27.1%), Guerrero (21.3%) y Oaxaca (16.3%).

Es visible que esta disparidad afecta el crecimiento del país y abre aún más las brechas en las oportunidades para un bienestar integral.

Como think tank enfocado en mejorar la salud, el cuidado y la educación, la seguridad y la protección de la primera infancia a través de la incidencia en políticas públicas en México, en Early Institute poseer esta clase de información es esencial. No solo ayuda a dimensionar los entornos en los que viven los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país y así definir medidas focalizadas que combatan las deficiencias visibilizadas, sino que también muestra tendencias que ayudan a entender las dinámicas de la sociedad mexicana. Hay que leer con atención este tipo de encuestas porque hay mucho más detrás de cada número y, aunque las interpretaciones iniciales son alentadoras, es necesario indagar en el panorama completo, que suele ser más revelador.