Infancia y democracia: un primer apunte

Por Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute

Publicación original en Infobae

 

Es innegable que durante las últimas décadas, los esfuerzos globales para visibilizar y crear mecanismos de protección a los derechos de la niñez y adolescencia, se han potencializado dentro de los diversos sistemas jurídicos nacionales y locales. En mayor o menor medida, agencias internacionales, gobiernos, parlamentos y tribunales han desarrollado progresivamente instituciones y mecanismos jurídicos que apuntan hacia esa dirección.

La tendencia es clara y comienza a marcar ciertas pautas de moda. Hoy en día, al menos desde el discurso, prácticamente no se cuestiona la relevancia de invertir en la primera infancia como una estrategia efectiva para reducir sustancialmente los costos sociales de las naciones en el futuro. La literatura científica, también es categórica en ese sentido, cuanto antes se realice la inversión en la niñez principalmente a través de políticas públicas y presupuestos lo suficientemente amplios, mayor será el rendimiento social que se coseche en los años porvenir.

Al menos desde la mirada latinoamericana, casos emblemáticos pueden encontrarse en países como Chile, Colombia y Brasil, que sin lugar a dudas han desarrollado modelos institucionales considerados de avanzada a nivel regional, por su capacidad de configurar instituciones y delinear políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y los derechos que asisten a niñas, niños y adolescentes en nuestro continente.

Sin embargo, bajo el caleidoscopio de la realidad, la mera creación de leyes e instituciones gubernamentales para implementar políticas públicas a favor de los derechos de la infancia no garantiza per se ni es sinónimo de un avance efectivo en su tutela y protección. El terreno de la implementación resulta quizá la tarea más titánica.

La realidad, es que la infancia sigue sin ser considerada una agenda prioritaria dentro de la vorágine de coyunturas que predominan el debate político, económico y social de la cotidianidad. Antes bien, han tenido que ser los aparatos judiciales –con el margen de reserva que ello implica– los que a partir de litigios y resolución de controversias particulares en donde se involucran o ponen en juego los diversos derechos fundamentales de la niñez, interpretan o dan contenido y alcance a los principios de protección de la infancia.

Lo mismo ocurre en el terreno de la sociedad civil organizada, es quizá desde esa trinchera, donde de manera más visible y persistente se diseñan e impulsan iniciativas o proyectos encaminados a mejorar los procesos de incidencia en políticas públicas que permitan aterrizar a la realidad los derechos de la infancia y adolescencia.

Como botón de muestra de este desfase entre la formalización de las leyes e instituciones, y el ritmo que la realidad social impone, de acuerdo al Panorama de la Situación de Niñas y Niños en América Latina y el Caribe presentado por UNICEF en junio de 2019, en la región de América Latina muere un niño cada 3 minutos, casi el 52% de estas muertes se presentan tan solo durante los primeros días de vida; más de 5 millones de niños presentan desnutrición crónica; 1.1 millones de niñas y adolescentes entre 15 y 19 años han experimentado formas de violencia sexual, incluso desde la etapa de la infancia. Del mismo modo, cifras e indicadores muy poco alentadores pueden leerse en rubros como pobreza infantil; acceso a servicios de educación de calidad y desarrollo infantil temprano; mortalidad materna; embarazo infantil y adolescente, por mencionar algunos.

Esta situación se agudiza en el contexto de las incipientes democracias de América Latina, en donde otras problemáticas o temáticas sociales convergen en el contexto y adquieren por su naturaleza mayor notoriedad, predominando en el debate público y lógicamente en los procesos de participación social y toma de decisiones. Háblese, por ejemplo, de temas como el funcionamiento de las instituciones y la estabilidad de los sistemas políticos; la atención de los niveles de seguridad y violencia; la calidad de los sistemas educativos y de salud, la estabilidad en el empleo, entre otros rubros.

Bajo tal estado de cosas, pareciera que la infancia resulta ser una temática más dentro de la oferta de causas, diagnósticos y posibilidades que se presentan para el tomador de decisión (policy maker) como parte de su bandeja de posibles cursos de acción. Y quizás aquí es donde se encuentra el error de abordaje.

Esta lectura de la realidad, parte de una premisa inexacta que ubica a la promoción y tutela de los derechos fundamentales de la niñez como un tema aislado o inconexo dentro de la propia evolución de los sistemas democráticos y del desarrollo social de los países, como si se tratara de compartimentos estancos.

El tratadista argentino Emilio García Méndez, atinadamente señalaba: “los niños son buenos para la democracia”. Esta frase que resulta por demás sugerente ha encontrado eco en varios análisis sobre el contexto de la infancia en América, pues entraña una reflexión más de fondo que conviene traer a colación, en donde la relación entre el progreso y desarrollo de una sociedad democrática, encuentra un buen termómetro de referencia justo a partir de la efectividad y vigencia de los derechos de las nuevas generaciones.

No en vano, algunos textos constitucionales de nuestra región, incluyendo el de México, califican como de “superior” el interés inherente a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sobre este tema, habrá oportunidad de reflexionar en futuros espacios, pero sin duda, la actividad legislativa y gubernamental debe comenzar a perfilar con más urgencia y altura de miras, que el proceso de refundación del Estado –incluyendo la calidad de su vida democrática– comienza a partir de la construcción estratégica de un andamiaje amplio y sólido para el desarrollo favorable de la niñez y la adolescencia.

Es claro para quien escribe este texto, que esta tarea no es exclusiva ni debe quedar en manos únicamente del gobernante en curso. Ello sería un error fatal. Si algo ha de caracterizar a la agenda de niñez, es su enfoque transversal y la necesaria corresponsabilidad entre individuos, sociedad y gobierno para hacerla realidad. No podría ser de otra manera.

En los tiempos que corren, resulta esperanzador que las crisis y emergencias humanitarias, puedan servir como recordatorio para todos, sobre la importancia de reconstruir y enfocarnos nuevamente en lo esencial. Quienes creemos que la apuesta al cambio para lograr esto es la niñez, no lo hacemos desde un enfoque de activismo o de proselitismo político, sino convencidos de que es por esa vía por la que podemos construir puentes y abrir grandes avenidas hacia una modernidad más justa y humana.

Finalmente, al tratarse de la primera columna que se escribe para este importante medio de difusión en la región de América Latina, no quisiera dejar de agradecer a Infobae y a su comité editorial, por considerar a Early Institute dentro de este espacio que ofrece voz y posibilidades de expresión hacia lectores en diversos países de la región, lo cual asumimos no solo con gratitud, sino con la responsabilidad de incorporar contenidos y reflexiones útiles que abonen a generar un análisis crítico de nuestro entorno.

Deseamos que este primer texto, sea tan solo la parte inicial de una narrativa suficientemente amplia y productiva para el lector, que permita poner en el centro del debate cotidiano otros temas que consideremos centrales y se relacionan con la necesidad de mejorar la salud, cuidado, educación y protección de la primera infancia.

Estamos aprendiendo

Por Cristian Acosta, Coordinador de Asuntos Públicos de Early Institue

Publicación original en ContraRéplica

 

Miremos por unos segundos hacia atrás y pensemos en cómo era nuestra convivencia a inicios de marzo: despertar, levantarnos, acudir a la escuela, al trabajo, a los gimnasios, saludar amigos, compañeros, conocidos, abrazar a aquellas personas importantes en nuestras vidas, utilizar el transporte público o el auto y pasar horas en el tráfico al trasladarnos para regresar a casa con nuestras familias.

Ahora sabemos que esos días ya no serán iguales, pues hoy el Covid-19 está cada vez más cerca de nuestro entorno y ya no solo en las noticias, de alguna u otra manera sabemos que un conocido, familiar o amigo ha padecido esta nueva enfermedad; en el mejor de los casos se ha recuperado y, en un escenario adverso, no hemos tenido la posibilidad de despedirnos ni de acompañar en su dolor a aquellas personas que queremos. Si a ello le agregamos que ahora un dolor de cabeza es motivo de preocupación; las noches de insomnio; que la actividad económica ha disminuido en perjuicio de nuestro bolsillo; y que no sabemos en qué momento el semáforo pasará de rojo a verde, se genera un caldo de cultivo perfecto para las preocupaciones que derivan en problemas de ansiedad, estrés, adicciones, violencia familiar y depresión.

Para nuestras niñas, niños y adolescentes el esquema no es tan diferente, pues su rutina diaria también ha cambiado y sufren los efectos de la pandemia. Tristemente la semana pasada en Río Bravo, Tamaulipas, un alumno de 13 años de la secundaria “Moisés Sáenz Garza” considerado por sus maestros como un joven ejemplar por su aprovechamiento y participación, se quitó la vida poco después de concluir sus clases en línea.

Para tratar de mitigar estos riesgos el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), publicó el pasado martes 26 de mayo una serie de acciones indispensables para procurar la atención y protección de este sector poblacional.

Entre los mecanismos destaca la difusión de la crianza positiva proporcionando información precisa, amigable y accesible sobre el Covid-19 para prevenir accidentes y enfermedades; el optimizar el funcionamiento de líneas de emergencia y ayuda para atender la violencia familiar coordinadas con el 911, sin desestimar las llamadas que puedan hacer niñas, niños y adolescentes; apoyar la operación de refugios para víctimas de violencia; así como identificar y atender casos de violencia o abuso sexual.

Hoy nos damos cuenta de que todos, sin importar nuestra edad, sexo, religión, nacionalidad, ideología o estatus social tenemos nuevas dinámicas de vida y convivencia y que hoy más que nunca, nuestra salud mental juega un papel fundamental.

Por ello, como parte de este proceso de resiliencia desde Early Institute, hemos decidido poner en marcha la línea de atención psicológica 55-88-54-66-53 a la que la población en general, así como niñas, niños y adolescentes, pueden acercarse para recibir orientación, canalización y seguimiento personalizado por ansiedad, estrés, depresión o incluso en los casos de violencia familiar, pues estamos aprendiendo que juntos podemos superar esto.

 

Maternidad subrogada: una violación a los derechos de los niños

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute

Publicación original en El Financiero

Con la pandemia de Covid-19 nuestra movilidad se ha limitado, pero la vida sigue y se dan casos que demandan nuestra atención y acción. Uno de ellos es la situación de los bebés nacidos por vientre de alquiler, que están varados en un hotel de Ucrania. La noticia nos ha conmocionado y nos motiva a levantar la voz por las implicaciones de abuso y explotación que se manifiestan en diversas vertientes.

Ucrania es uno de los pocos países europeos donde legalmente se puede efectuar la subrogación comercial. La práctica está prohibida en lugares como Tailandia y la India; en tanto, en México se han puesto candados legislativos para controlar su operación con fines de lucro. Debido a las prohibiciones, Ucrania se ha posicionado como la “Meca de la subrogación”, donde se estima que casi dos mil 500 niños y niñas nacen por esta vía anualmente.

La maternidad subrogada genera riesgos. De acuerdo con el Comité para los Derechos de las Mujeres y la Equidad de Género del Parlamento Europeo, “constituye una objetivación tanto de los cuerpos de las mujeres como de los niños y representa una amenaza a la integridad corporal y a los derechos humanos de las mujeres” (2013).

Pero no sólo las mujeres se ven afectadas, sino que también los derechos fundamentales de niños y niñas son vulnerados. Ejemplo de ello es el confinamiento, en Ucrania, de decenas de bebés debido al cierre de la frontera estipulado por su presidente, Volodymyr Zelensky, y que originó que no los pudieran “recoger” las parejas solicitantes.

Sin duda, esta ausencia de perspectiva de la niñez en la práctica de la subrogación comercial posibilita que los niños se conviertan sólo en un objeto de deseo, fabricados bajo pedido y mercantilizados por intermediarios sin las debidas medidas de protección.

En los últimos días, el comisionado presidencial para los derechos del niño en Ucrania, Mykola Kuleba, ha dicho que la maternidad subrogada en su país viola los derechos de los niños. Así lo expresa en sus redes sociales: “La comercialización y el permiso para recibir dicho ‘servicio’ en Ucrania contribuyen a la venta incontrolada de niños ucranianos en el extranjero. La situación con los bebés en el hotel, que se ha hecho pública, muestra una vez más la privación de derechos de los hijos nacidos de madres sustitutas. El nacimiento de un hijo lejos de la madre no es natural. De esta forma, Ucrania simplemente se convierte en una tienda internacional en línea de venta de bebés […] La subrogación es la explotación de las mujeres para obtener ingresos de empresas privadas y satisfacer las necesidades de los adultos. Pero es una que viola los derechos del niño”.

Sin duda a pesar de la legislación que rige la práctica, contingencias como la que estamos viviendo ponen en riesgo y desprotegen a los niños y a las niñas en un mayor grado.

En un esfuerzo por visibilizar los conflictos derivados de la maternidad subrogada, en Early Institute buscamos procurar el interés superior de la niñez y evitar cualquier práctica que atente contra sus garantías, vida y dignidad, como ésta que trata a niños y niñas como productos que se obtienen por encargo mediante un proceso similar al de una fábrica.

El camuflaje de la violencia

Por Valeria González, Coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en El Heraldo de México

 

¿Cuántas veces hemos escuchado decir que las primeras culpables de la violencia familiar son las mujeres que la permiten? Parece lógico que, ante el peligro inminente de ser agredida, una persona huye del entorno de violencia, pero no siempre puede ser así.

Lo cierto es que la víctima nunca es culpable. El fenómeno de la violencia familiar es sumamente complejo: se esconde en contextos de desconocimiento, engaño, abuso psicológico, dependencia financiera, falta de autoestima, entre muchos otros. Estos dificultan identificarla y, en consecuencia, alejarse de ella.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, el 28.8% de las mujeres que reportaron haber sufrido agresiones físicas y/o sexuales de su actual o última pareja, contestaron que no presentaron una denuncia ni pidieron apoyo porque se trató de “algo sin importancia que no les afectó”.

Esto refleja que, en múltiples ocasiones, la exposición continuada a la violencia provoca que la víctima no se perciba en una relación violenta, se culpe a si misma o a factores externos, dude de su percepción de la realidad, no sepa que lo que está sufriendo es violencia o simplemente no se identifique como una persona maltratada. Lo anterior es sumamente grave porque la violencia normalizada tiende a aumentar y a alcanzar dimensiones con consecuencias fatales.

Si notas que te estás volviendo mucho más crítica contigo misma, renuncias a tus propias opiniones, te sientes preocupada todo el tiempo, tienes miedo de cómo reaccionará tu pareja ante una situación y evitas decir algo para no molestarla, sientes que tienes que cuidar cada acción que realizas, te aíslas más y ves menos a familiares y amigos, es probable que estés en una relación abusiva y violenta.

Pide ayuda, busca redes de apoyo y haz un plan de seguridad o escape. Puedes llamar al Centro de Justicia para las Mujeres más cercano, a la Red Nacional de Refugios y, en caso de emergencia, al 911. ¡Recuerda que no estás sola, siempre habrá mucha gente dispuesta a ayudarte!

Y a toda la sociedad, tengamos presente que la violencia generalizada nos afecta a todos, por lo que debemos asumir la responsabilidad colectiva de combatirla, de lo contrario, se normalizará, aprenderá y reproducirá.

En la página de alumbramx.org podrán encontrar información útil para identificarla, prevenirla y ayudar a las víctimas, especialmente en esta contingencia, época en la que la exposición al riesgo de ser violentada en casa se incrementa.

Violencia en contra de niños

Por Cristian Acosta García, Coordinador de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original de ContraRéplica

A más de un mes de la Jornada Nacional de Sana Distancia hemos aprendido a tener nuevos esquemas e interacciones familiares, académicas y laborales que nos han obligado a trasladar todas aquellas actividades que antes realizábamos en la escuela, la oficina, en la empresa, en los restaurantes, parques y lugares públicos de nuestro país a nuestra sala, recamara, estudio o comedor.

Mientras nos acostumbramos a esta dinámica y nos preparamos para la “nueva normalidad”, así como a la incertidumbre sanitaria y económica, se muestra ante nosotros un tema que siempre ha estado presente pero que revela una cara poco explorada: la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que ya no sólo se comete en el transporte público o en la escuela, sino en aquél lugar en el que, se supone, deberían estar más seguros, nuestras casas.

La emergencia sanitaria tristemente nos ha mostrado que la niñez mexicana vive una violencia permanente y sistematizada: a inicios de la contingencia en Chihuahua, una niña de 6 años fue violada y asesinada por quien tenía un deber de cuidado con ella, su abuelo; hoy no sabemos quién es “el niño del suéter rojo del Rayo McQueen”, que tiene entre 8 y 10 años de edad y cuyo cuerpo fue encontrado el 3 de mayo en el municipio de Calimaya, Estado de México; también en ese estado, pero en Atizapán, una niña de 4 años fue asesinada a palazos el 4 de mayo por el novio de su mamá; y en Ecatepec, Nico, un niño de 13 años que vendía globos fue asesinado para robarle unos tenis mientras iba de su casa a la de su abuela a solo dos cuadras de distancia.

El panorama resulta desolador y lo será mucho más si como sociedad no hacemos aquello que Stéphane Hessel nos exigió desde hace años: indignarnos, actuar y exigir en consecuencia. Desde hace ya 5 años contamos con autoridades especializadas en la protección de niñas, niños y adolescentes que hoy tienen un papel protagónico durante la contingencia, por un lado, el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o mejor conocido como SIPINNA, que tiene por función coordinar las actividades de autoridades de seguridad, salud y educativas, entre otras, para generar estrategias que disminuyan las violaciones a los derechos de la niñez mexicana.

De igual forma cobran relevancia y debe ser visibilizada la labor de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, pues si el día de hoy, usted lector, tuviera noticias de que la niña, niño o adolescente que comúnmente lo saluda al salir a su puerta de su casa, está siendo golpeado o abusado sexualmente por quien tiene el deber de cuidarlo, tiene usted la responsabilidad colectiva de dar aviso inmediato a estas Procuradurías para que intervengan y salven a esa niña o niño antes de que sea una nota más en este periódico.

Como una labor proactiva, desde Early Institute, hemos impulsado el proyecto Alumbra, una comunidad de conocimiento e información en la que organizaciones de la sociedad civil, autoridades y público en general convergen para prevenir y atender la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes y que ya cuenta con un directorio de las principales autoridades a las cuales puede solicitar ayuda; además, como una medida de apoyo, prevención y contención de la violencia familiar, muy pronto se pondrá en marcha una línea de apoyo psicológica para ayudarnos desarrollar nuestra resiliencia frente a nuestra nueva normalidad.

El duelo en los niños durante la pandemia

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute

Publicación original en El Financiero

Si en algo se puede coincidir en este tiempo de confinamiento, es en la necesidad de tratarnos y tratar al otro de forma amorosa y cuidadosa para abordar situaciones delicadas. Tal es el caso de la manera en que se habla de la pérdida de un ser querido a los más pequeños de la familia, sobre todo, cuando se seguía un proceso de cuidados paliativos en el seno del hogar.

Estos cuidados se aplican a pacientes cuyas enfermedades no responden a tratamientos curativos. No aceleran ni retrasan el curso de la enfermedad, pero sí disminuyen los síntomas dolorosos y dan apoyo en aspectos físicos, psicológicos, familiares, espirituales y sociales.

En condiciones del Covid-19, se deben extremar las precauciones para evitar contagios al paciente terminal, sin embargo, es muy probable que ante su fallecimiento no se efectúe una despedida como suele darse.

El propósito de los cuidados paliativos es conseguir la mejor calidad de vida posible para los pacientes y sus familias y en ese marco, un aspecto fundamental es el duelo.

En otras circunstancias, esta etapa suele ser una fase de dolorosa, pero de entendimiento; sin embargo, con la emergencia sanitaria, el proceso varía, en particular el que viven los niños y las niñas.

Para aliviar un poco la etapa del duelo en los más pequeños, hay que privilegiar la comunicación. Permitamos que se expresen y digan todo lo que sienten sin limitarlos. Por nuestra parte, compartamos con ellos nuestro sentir, es decir, seamos empáticos con sus sentimientos y correspondamos a su confianza en el mismo sentido.

A la par, construyamos un ambiente en el que sean capaces de preguntar lo que deseen para que aquellas inquietudes que los aquejan se disipen y no se conviertan en motivo de ansiedad. Expliquemos con claridad lo que se está viviendo para que se entienda que la situación es excepcional, pero no por ello menos triste y significativa.

En Early Institute sabemos que la primera infancia es clave para el desarrollo físico, mental y emocional de niñas y niños. Las situaciones que viven en sus primeros años influyen en su futuro, por lo que es necesario construir un entorno que asegure su bienestar integral. En este sentido, explicar, por un lado, las razones del aislamiento y, por el otro, la pérdida de un ser querido requiere calma, paciencia y mucho amor.

Durante el duelo acompañemos a nuestros niños y niñas y aseguremos su estabilidad al mantener las rutinas ya establecidas en las últimas semanas por el confinamiento.

Sobre todo, estemos alertas a los cambios que podrían experimentar en su conducta y en la propia. Según el Protocolo de atención a pacientes en situación de gravedad o últimos días y éxitos en la crisis del Covid-19 del Hospital Universitario La Paz, en Madrid, España, para el manejo de esta situación se debe: “Garantizar la atención y el afecto. Si los padres están muy afectados y no pueden asumir sus responsabilidades es necesario que pidan ayuda profesional. Durante este tiempo es importante buscar una figura significativa que garantice las atenciones necesarias mientras los padres se recuperan emocionalmente”.

Seamos responsables y aceptemos ayuda cuando la necesitemos para que podamos apoyar a nuestros niños y niñas en una experiencia de esta naturaleza.

Finalmente, tengamos la confianza de que seremos capaces de cobijarlos para que transiten por esta fase de la mejor forma posible y respetemos, con la mayor sensibilidad, sus espacios y tiempos para sobrellevarla.

La Ley de Amnistía

Por Cristian Acosta García, Coordinador de Asuntos Públicos de Early Institute

Publicación original en ContraRéplica

 

El 22 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley de Amnistía. Nuestra historia cuenta que hemos hecho uso de esta figura en otras 4 ocasiones durante el siglo pasado en los años 1937, 1976, 1978 y 1994, en todos los casos para perdonar la sedición a quienes participaron en la revolución, en el movimiento del 68, en las guerrillas contra el ejército mexicano y para los zapatistas, respectivamente.

Así, la amnistía había sido el instrumento para extinguir la responsabilidad penal y perdonar a quienes cometieron delitos de carácter político, la nueva ley, no sólo retoma la sedición, también considera otros 5 delitos que generan polémica y abren un debate social: 1) aborto; 2) homicidio por razón de parentesco (antes denominado infanticidio); 3) delitos contra la salud; 4) Cualquier delito cometido por personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas; y 5) Robo simple sin violencia.

Entre los argumentos a favor de la ley existen 2 justificaciones fundamentales: despresurizar los centros penitenciarios federales para evitar contagios masivos de COVID-19 y realizar un acto de justicia para quienes por las fallas del sistema de justicia penal se encuentran en prisión al formar parte de grupos vulnerables como personas en situación de pobreza extrema, personas con discapacidad y miembros de comunidades indígenas.

Ahora bien, la discusión en el Senado fue exprés y no dio pauta al debate técnico, pues desechó 11 reservas que advertían sobre múltiples inconsistencias de la ley:

En primer lugar, la despresurización que se busca no es inmediata, pues se generan trámites y burocracia tanto en la Secretaría de Gobernación como en el Poder Judicial, quienes contarán con 60 días para crear Comisiones y un período de 4 meses para analizar y resolver si es procedente otorgar amnistía, por lo tanto, si el objetivo era liberar a presos por la pandemia de COVID-19 resulta que dichas personas estarán libres; si todo avanza sin contratiempos, hasta el último trimestre del año.

Así se advirtió en el Senado y hoy se retoman dichos argumentos por el exministro Cossío Díaz quien reconoce que habría sido más útil otorgar beneficios preliberatorios ya previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal y a los que, por cierto, autoridades de las entidades federativas ya han echado mano para liberar a personas de manera inmediata ante la contingencia sin necesidad de emitir una Ley de Amnistía local.

En segundo lugar, debemos advertir que el Congreso de la Unión emitió una ley sin beneficiarias directas a las cuales perdonar, pues conforme a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que fueron retomados en la discusión del Senado, hoy no existe ninguna mujer en penales federales privada de su libertad por haber realizado un aborto, pero sí 12 hombres de los que no se sabe si participaron en abortos voluntarios o forzosos.

Sobre el tema también destaca la postura del Senador Mancera quien identificó fallas relevantes en la redacción de la ley, pues en el caso de amnistía por homicidio en razón de parentesco (infanticidio), hace referencia a los supuestos de la comisión del delito de aborto, por lo que existe una duplicidad que complica su aplicación e interpretación por los órganos encargados de otorgar o no amnistía.

En tercer lugar, debe considerarse que la ley solo beneficia a personas sentenciadas por tribunales federales y no a quienes fueron juzgados por tribunales de los estados, no obstante, debemos estar atentos a las facultades otorgadas a la Secretaría de Gobernación que ahora puede promover ante los gobiernos y las legislaturas de las entidades federativas la expedición de leyes de amnistía similares.

Dichas facultades de promoción deben valorarse dentro del marco del federalismo y la soberanía de los Estados, pues en estricto sentido el Congreso solo está facultado para expedir leyes en materia de amnistía por delitos juzgados por tribunales federales, no para otorgar facultades de promoción a una Secretaría del Gobierno Federal.

Hoy las entidades federativas enfrentan una nueva disyuntiva, seguir el mismo proceso de la federación para emitir una ley de amnistía que tardó 8 meses en aprobarse por las cámaras y tardará otro tanto en crear comisiones y emitir resoluciones o hacer uso, en su caso, de las medidas establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal o de los indultos.

A largo plazo, cabe preguntarnos, hasta qué punto otorgar amnistía a grupos vulnerables a quienes no se les ha respetado sus derechos humanos es un mecanismo que fortalezca la impartición de justicia y constituye una política pública que permita a los operadores no repetir las mismas violaciones, o si simplemente, como Sísifo, hemos arrastrado la piedra para volverla a empujar.

Ciberacoso a niñas, niños y adolescentes

Por Mario Arroyo Juárez, investigador y consejero de Early Institute

Publicación original en ContraRéplica

Dentro del contexto actual en el que el contacto humano y la posibilidad de salir se limitaron como parte de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, las actividades a través de internet se han vuelto un eje de la vida cotidiana.

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías en los Hogares (ENDUTIH) 2019, 101.5 millones de personas tienen acceso a internet, de ellas el 72 por ciento lo utilizó en cualquier dispositivo. Comparado con la medición de hace dos años donde seis de cada 10 personas lo utilizaban, hoy siete de cada 10 se conectan de forma regular.

Esta ampliación del perímetro digital sin embargo, tiene aspectos positivos y negativos.

En esta última, nos coloca en un mayor riesgo de ser víctimas tanto de delitos como de violencia digital o ciberacoso, situación particularmente grave en el caso de niñas, niños y adolescentes.

El ciberacoso o acoso cibernético se refiere a la situación en que una persona es expuesta, repetida y prolongadamente, a acciones que buscan hacerle daño o causarle molestias por parte de una o más personas mediante el uso de medios electrónicos conectados a computadoras, tabletas, consolas o celulares.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el Módulo sobre Ciberacoso 2019, que forma parte de la ENDUTIH, el 23.9 por ciento de los usuarios de internet en México reportaron alguna situación de ciberacoso. El grupo de los 12 a 19 años fue el más afectado, aunque el acoso fue mayor para las mujeres (32.7 por ciento) que para los hombres (28.1 por ciento).

En Early Institute —think tank mexicano especializado en primera infancia— consideramos que ahora más que nunca estamos a tiempo de tomar las medidas necesarias para asegurar el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Como adultos encargados del cuidado y protección de la infancia, nuestra responsabilidad es enseñarles la forma adecuada de emplear las tecnologías de la información, para que puedan aprovechar las ventajas que les brindan —sobre todo dentro del contexto actual—, que van desde el entretenimiento hasta el aprendizaje.

En un inicio, debemos crear conciencia sobre los riesgos que pueden enfrentar y tener un diálogo abierto, para que sepan que cuentan con una red de apoyo frente a cualquier problema que puedan enfrentar al estar conectados.

Además, las autoridades y especialistas en la ciberseguridad sugieren tomar las siguientes medidas para la prevención de cualquier tipo de ciberacoso:

Cuidados paliativos en la contingencia

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute

Publicación original en El Financiero

Lo que estamos experimentando con la pandemia nos obliga a ver más allá de lo visible: el crecimiento de infectados por el Covid-19, las consecuencias económicas, el estado del sistema de salud, el aumento de muertes ocasionadas por las complicaciones del coronavirus, entre otros aspectos.

Uno de los temas que recobra importancia en este escenario es lo que ocurre con los cuidados paliativos, entendidos como el cuidado activo y total de las enfermedades que no tienen respuesta a tratamientos curativos, siendo su objetivo conseguir la mejor calidad de vida posible para los pacientes y sus familias.

¿Por qué es necesario hablar de estos cuidados? Porque hoy más que nunca es relevante enfatizar en la atención amorosa, compasiva y dedicada que deben recibir los enfermos con padecimientos terminales y sus familiares, en momentos de extrema precaución.

Los cuidados paliativos no aceleran ni retrasan el curso de la enfermedad, solo disminuyen los síntomas dolorosos y dan apoyo en aspectos físicos, psicológicos, familiares, espirituales y sociales. En sí, abarcan cuatro dimensiones: a) atención de paciente/familia; b) manejo de calidad de vida del paciente; c) control de síntomas, y d) duelo.

Hay que recordar que este tiempo delicado y excepcional exige extremar las medidas para evitar contagiar de Covid-19 a los sectores más vulnerables, como el integrado por aquellos cuyas enfermedades no tienen cura, pero que merecen tener una mejor calidad de vida hasta el último momento, salvaguardando su dignidad y sus derechos humanos.

En este sentido –sobre los tres primeros incisos– además de las atenciones esenciales, es fundamental que como cuidadores tomemos las medidas de higiene más meticulosas que eviten un posible contagio. Pero también es básico proveer apoyo espiritual. Según la Guía de manejo integral de cuidados paliativos, editada por el Consejo de Salubridad General (CSG), Early Institute y el Instituto Nacional de Cancerología, en 2018: “La espiritualidad, en particular la dimensión de la fe, puede ser un componente importante en el bienestar y calidad de vida del paciente en etapa terminal. […] La espiritualidad es el conjunto de pensamientos, valores, conceptos, ideas, ritos y actitudes a través de los cuales articulamos nuestra vida y buscamos el sentido, el propósito y la trascendencia de la vida impulsados por nuestro espíritu”.

En cuanto al duelo –en este tiempo de pandemia– se debe ser cauteloso. Si con la preparación para esta fase, el dolor por la pérdida de un ser querido es difícil, lo es más cuando nuestro familiar podría ser aislado por haber contraído el Covid-19, o bien, por no hacer una despedida social ante el confinamiento, como nos hubiera gustado.

Si esos fueran los casos, evitemos buscar culpables, ya que no podemos cambiar la situación. Mantengamos la calma y confiemos en que nuestro ser querido no se sintió abandonado en ningún instante. De igual modo, este trance no debe ser motivo para vivirlo en soledad, ya que hoy la tecnología permite estrechar lazos a través de llamadas y videollamadas; es indispensable hablar sobre nuestras emociones y expresar el dolor.

Sobre todo, sepamos que contamos con los recursos para afrontar un asunto de esta magnitud, que puede causarnos desaliento. Por ello, fortalezcamos nuestra esperanza y tengamos la certeza de que estamos actuando responsablemente, con pleno amor y conciencia para que –en cuanto se pueda– los abrazos venideros nos reconforten y vivamos un proceso de duelo adecuado.

Entre la amnistía y los reclamos urgentes

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute

Publicación original en El Financiero

¿Qué tan necesario puede ser aprobar en estos momentos la Ley de Amnistía? ¿Qué tan positivo resulta legislar un asunto de esta relevancia al vapor? El sentido común precisa mayor responsabilidad para discutir las implicaciones de la amnistía, pero la urgencia por liberar delincuentes, ante la pandemia, parece tener mayor peso en México.

Ayer, en medio de una contingencia sanitaria, que reclama ser atendida por todos los niveles de gobierno, el Senado de la República estaba por aprobar la Ley de Amnistía. De hacerlo, se verían favorecidas las personas “en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme, ante los tribunales del orden federal, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas”, según la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la ley.

Si bien dicho ordenamiento ya fue avalado por la Cámara de Diputados, en 2019, para beneficiar a criminales relacionados con los delitos de aborto, homicidio en razón de parentesco, contra la salud, robo simple sin violencia, sedición y cualquier ilícito cometido por integrantes de pueblos indígenas que no hayan tenido un debido proceso, la premura por aprobarlo en el Senado y en los estados de la República Mexicana es inadmisible.

Sabemos que la modificación de leyes penales no permite decisiones a la ligera y que detrás de la tipificación de cualquier delito, se encuentran importantes valores sociales y de seguridad jurídica que el legislador debe analizar con absoluta responsabilidad y cautela.

En el caso del delito del aborto, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a nivel federal hay doce hombres privados de la libertad por cometerlo, ya sea por incurrir a una negligencia médica o por forzar a una mujer a practicarse un aborto. Incluso, no hay ninguna mujer privada de su libertad por el delito de aborto en términos del Código Penal Federal.

¿Qué significa que sean los varones quienes estén encarcelados por este delito? Algo muy sencillo: que en nuestra sociedad prevalece la violencia hacia la mujer embarazada y un nulo respeto por la vida humana, lo cual no justifica otorgar perdón del Estado en ese caso, pues no hay ninguna mujer sentenciada por abortar.

De liberarlos se abonaría a la violencia de género, en tanto se da libertad –mediante decreto– a quienes cometieron actos de violencia en contra de mujeres embarazadas, o a quienes obligaron a mujeres a terminar con su embarazo para desatender sus obligaciones de paternidad. Esto, sin duda, es un enorme retroceso social que no debe ni puede ser admitido o normalizado, y menos en un país tan violento y desigual como el nuestro.

En Early Institute buscamos crear entornos seguros desde los primeros días de vida, por lo que es fundamental evitar la promoción de una agenda basada en ideologías –como en el caso del aborto– antes que ocuparse de las dramáticas prioridades de salud, economía, seguridad y otros tantos problemas graves que afectan a los mexicanos y que se agudizan por la pandemia.

Hoy más que nunca es necesario proteger a los más vulnerables y no a los delincuentes. Hoy necesitamos cuidar a quienes son los más afectados por decisiones poco estudiadas, caprichosas y que atentan contra el valor de la vida, el derecho a la salud, a la seguridad y al trabajo.