Riesgos de la Ley de Infancia Trans

Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute

Publicación original en El Financiero

En días pasados estaba previsto discutir en el Congreso de la Ciudad de México la llamada Ley de Infancia Trans, impulsada por la diputada Paula Soto del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). La sesión no se llevó a cabo, no obstante es oportuno señalar tan sólo algunas de las implicaciones de dicha iniciativa.

La reforma propuesta tiene por objetivo reformar el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles locales en materia de rectificación de actas de nacimiento por reasignación sexogenérica. Esto para que niñas, niños y adolescentes puedan solicitar una nueva acta de nacimiento en reconocimiento a su identidad de género sin necesidad de presentar una demanda ante un juez de lo familiar.

La diputada promovente alude a que la llamada “identidad de género” es según su dicho, un derecho humano, motivo por el cual a los ciudadanos –en este caso niños, niñas y adolescentes– se les debe garantizar su ejercicio, ya que son titulares como en el caso de una persona adulta.

Lo que no se dice es que la iniciativa representa riesgos graves para los menores de edad en varias líneas. Para empezar, la rectificación de actas para el cambio de sexo en menores de edad es incompatible con diversas instituciones jurídicas que establecen derechos y obligaciones y genera contradicciones con las relaciones del derecho de familia. De igual modo, pone en riesgo la identidad y seguridad de este grupo, ya que este tipo de acciones puede emplearse para generar actos de simulación jurídica, falsificación de documentos, suplantación de identidad, hasta incluso facilitar el tráfico y la trata de menores, entre otras afectaciones.

Asimismo, el dictamen parte de que un menor de edad tiene la capacidad jurídica, física, emocional y mental de decidir un cambio de esta magnitud, sin embargo, es evidente que hay una mala interpretación del principio de autonomía progresiva del menor. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que la reasignación sexual constituye una decisión que influye decisivamente en el proyecto de vida de la persona y en todas sus relaciones dentro de la sociedad. Esta iniciativa de reforma ignora que difícilmente una niña o un niño tiene la capacidad y madurez para entender y hacerse responsable de una decisión tan delicada que, actualmente, toma un juez civil previo análisis y presentación de estudios diversos para la justificación de dicha reasignación.

De aprobarse esta reforma, dejaría fuera la investigación y validación por parte del juez reduciendo dicha decisión a un mero trámite administrativo.

De igual modo, si se aprueba el Congreso de la Ciudad de México violaría de manera directa la Constitución federal, ya que desde 2017, sólo el Congreso de la Unión tiene la facultad para expedir legislación en materia procesal civil y familiar. En tanto no se emita el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, los estados carecen de facultades para legislar sobre el tema.

Pero todavía hay más. Por tratarse del cambio de nombre en un acta, a través de un trámite administrativo, la reforma habla de la designación de un “representante especial”, cuando alguno de los padres o tutores se oponga al cambio de género. Sin embargo, esta figura “especial” no cuenta con una regulación específica en el derecho civil y sus alcances no son claros.

En Early Institute sabemos que las experiencias que viven los niños, niñas y adolescentes, en sus primeros años, influyen de manera determinante en su futuro, por ello abogamos por iniciativas de ley y reformas bien fundamentadas y responsables que garanticen la salvaguarda integral de los ciudadanos, en particular de los más vulnerables.

Bajan denuncias por delitos sexuales por contingencia

Por Renata Díaz Barreiro, investigadora de Early Institute.

Publicación original en 24 Horas 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó una disminución a nivel nacional del 1%, durante los primeros dos trimestres del 2020, en la incidencia delictiva de temas sexuales. De entre los que destacan el abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, incesto, violación simple y violación equiparada.

Particularmente, la violación equiparada -que incluye la violación contra menores de edad aún cuando no concurra violencia- aumentó 2% en 2020 en comparación con los primeros dos trimestres de 2019. Aumento muy inferior al observado en 2019 donde se registró un incremento del 31% respecto a 2018

Una suposición lógica del comportamiento general a la baja en los dos primeros trimestres de 2020 es que lo que ha decrecido son las denuncias y no necesariamente los delitos sexuales. El decremento del 1% contrasta con lo ocurrido en el mismo periodo en 2019, donde hubo más bien un crecimiento del 25%, una diferencia notoria. Al tomar el mismo periodo con respecto a los últimos 5 años, se observa una tendencia al alza del 64%.

Aunque los Ministerios Públicos han permanecido abiertos en los últimos meses, el decrecimiento de los delitos sexuales podría deberse a una reducción significativa en las denuncias durante el confinamiento.

De hecho, la Secretaría de Gobernación alertó que la violencia y abuso sexual contra menores se ha agravado durante el confinamiento generado por la pandemia mundial. Esto se debe a que, con frecuencia, las víctimas se han visto obligadas a quedarse en casa o cerca de su abusador.

En este sentido, resulta preocupante que los principales abusadores son del contexto familiar. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016) las víctimas mujeres que sufrieron alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 15 años reportaron como principales agresores al tío (43%) y/o primo (33%).

Por lo anterior, es muy importante tener en cuenta que las cifras de incidencia delictiva proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo son la punta del iceberg pues se refieren a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación a partir de denuncias reportadas por las Procuradurías y Fiscalías Generales de las entidades federativas. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE), con datos de 2019, en México el 93% de los delitos no se denuncian.

En este sentido, aunque las cifras de delitos sexuales hayan decrecido, es necesario observar estos datos con prudencia y reservas sobre su interpretación pues la pandemia tiene efectos en la denuncia y en la detección de casos, particularmente aquellos que atentan contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Por un lado, es bien sabida la relevancia de denunciar cualquier delito sexual. Sin embargo, se debe subrayar también la urgencia de generar mecanismos, en nuestro sistema judicial, capaces de responder a contingencias que requieren un mayor esfuerzo e incluso creatividad para que cualquier víctima tenga acceso a la justicia.

Finalmente, pero no menos importante, la alta incidencia de delitos sexuales que enfrenta el país demanda la actuación conjunta. Un problema de tales dimensiones apela a la responsabilidad colectiva y a actuar como guardianes, especialmente de niños, niñas y adolescentes que requieren de nuestra protección.

Conocer más sobre riesgos para la salud en los niños concebidos mediante Técnicas de Reproducción Asistida, para decidir mejor

En el mundo, cerca del 15 % de parejas tienen problemas de fertilidad; las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) constituyen un conjunto de técnicas que buscan la consecución de un embarazo en parejas en esta situación.

Para 2018, aproximadamente 7 millones de niñas y niños fueron concebidos mediante estas técnicas en todo el mundo; las TRA más utilizadas hoy en día son la inseminación intrauterina, la fecundación “in vitro” clásica y la fecundación in vitro con inyección intracitoplasmática de un espermatozoide.

Sin embargo, existe evidencia científica de que niños concebidos mediante estas técnicas tienen más probabilidades y presentan riesgos relativamente mayores de padecer algunos problemas de salud a corto, mediano y largo plazo, que los niños concebidos de manera natural.

A pesar de que estos riesgos son tratados abundantemente en la literatura científica, no han tenido una repercusión en la sociedad, limitando que los potenciales padres tomen una decisión debidamente informada.

El Dr. Juan Luis Alcázar, Profesor integrante del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Clínica Universidad de Navarra, España, llevo a cabo el Informe “Riesgos para la salud en los niños concebidos mediante Técnicas de Reproducción Asistida”, donde se realizó un análisis crítico de la evidencia científica sobre los problemas de salud prenatales y posnatales, así como de las complicaciones obstétricas que pueden repercutir en la salud de los niños concebidos mediante TRA.

En dicho Informe se enlistan los problemas que pueden afectar directa o indirectamente la salud de los niños concebidos de esta manera, en los cuales se incluyen: defectos congénitos anatómicos, alteraciones cromosómicas, problemas relacionados con el parto y resultados perinatales, síndromes genéticos, problemas cardiovasculares, metabólicos, de crecimiento y desarrollo; problemas psicológicos y/o psiquiátricos, problemas oncológicos, entre otros.

Con una mirada experta es que se aborda una problemática del mayor interés para la sociedad actual; en este informe, además del análisis crítico a la evidencia científica, el Dr. Alcázar expone una serie de conclusiones y recomendaciones tanto para la comunidad científica como para agentes sociales y de gobierno; así como para los potenciales padres.

Reiterándole a las parejas y potenciales padres que están considerando recurrir a estas técnicas, a tomar una decisión informada con base en evidencia científica sobre los riesgos de concebir a un niño mediante las TRA #ConocerMásDecidirMejor

Actualmente puedes descargar el Informe “Riesgos para la salud en los niños concebidos mediante Técnicas de Reproducción Asistida”, aquí

Atención a la educación emocional

Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute

Publicación original en El Financiero

¡Cuántos desafíos está evidenciando la presencia del Covid-19! Por donde quiera que se le vea, esta vivencia produce huellas y afectaciones de todo tipo. Una de carácter primordial es la dimensión socioemocional, que se ha visto todavía más vulnerada en personas de todas las edades.

En el caso de los niños y las niñas, el aislamiento en el que han tenido que acoplar sus procesos educativos al hogar ha provocado cambios drásticos no sólo en sus rutinas, sino también en las de sus cuidadores o padres.

En este sentido, las adaptaciones han involucrado a todo el colectivo escolar integrado por niños, niñas, jóvenes, maestros y padres de familia. Pero el tema no es que haya un cambio de dinámicas, sino que esto ha ocasionado tensión en los hogares derivada de tales ajustes, pero también de la angustia, la situación laboral, el temor a un contagio, la interacción con la tecnología o, quizá, por la pérdida de seres queridos.

Ante la posibilidad de un regreso a la escuela –que requerirá precauciones y cuidados particulares para evitar contraer la enfermedad– es necesario estar alertas a las señales que pudiera expresar la población infantil después del confinamiento o, incluso, durante el mismo.

Si un niño se muestra irritable, es agresivo, no quiere jugar, no tiene hambre, está inquieto, comienza a presentar conductas ya superadas (como querer dormir acompañado cuando ya lo hacía solo) es muy probable que requiera ayuda para canalizar sus emociones. La circunstancia se agrava cuando vive en un entorno donde hay violencia, la cual desafortunadamente está creciendo en este aislamiento social. Otras de las señales que pudieran significar la necesidad de apoyo emocional es si los niños están constantemente alertas, pasivos o retraídos, nerviosos o maltratan a los animales.

Dice Ana Serrano, directora del Proyecto DEI: “el desarrollo no espera, por lo que es fundamental actuar en cuanto se identifique una señal de alarma en los niños y no hasta que se regrese a la escuela. Es a los papás a quienes nos toca poner orden en la casa. Es impresionante que, al poner un poco de estructura con horarios para levantarnos, para dormirnos, para comer, además de dar avisos o pequeñas certezas a los niños, se les da un marco de seguridad. Sobre todo, hay que emplear un lenguaje y pensamiento positivos. Esto implica dar las gracias, reconocer lo positivo (aunque sea poquito) de lo que se está viviendo y cambiar el enfoque de que estamos aislados no para evitar morir sino para cuidarnos a nosotros y a los demás”.

Para ayudar a los niños a enfrentar esta pandemia es esencial que los padres y cuidadores se encuentren en óptimas condiciones emocionales, por lo que si sienten que la situación los desborda deben buscar ayuda para aprender a autorregularse. Ante esto, varias organizaciones ofrecen herramientas para la apropiación y gestión de las emociones, cuya protección hoy es mayúscula.

Por estas razones, en Early Institute buscamos que el diálogo en el que transiten propuestas que beneficien el desarrollo de niñas y niños considere la salud emocional como uno de los puntos sustanciales en su bienestar integral.

La responsabilidad está en nuestras manos. Actuemos colectivamente para asegurar que nuestros niños y niñas se vean fortalecidos no solamente tras esta experiencia, sino en las futuras.

Una legislación penal, con enfoque de niñez

Por Cristian Acosta, Coordinador de Asuntos Públicos de Early Institute

Publicación original en ContraRéplica

 

Imagine usted, lector que vive en Coahuila, que en este momento se entera y le consta que la niña que va a la escuela con sus hijos es víctima de abuso sexual infantil y de violación impropia, además de la inmediata indignación que ello le genera siente la obligación moral de denunciar tales hechos, pero si por cualquier circunstancia no lo hace, usted también estará cometiendo un delito denominado omisión de denuncia. Cambiemos de estado, si estas mismas conductas suceden en Veracruz, se estará cometiendo el delito de abuso sexual infantil y de pederastia, pero si usted no acude al Ministerio Público, no tendrá responsabilidad alguna.

Ojalá que esa niña no esté en Nayarit y sea considerada como “púber”; sí lector, leyó bien, el Código Penal de Nayarit utiliza el concepto de “púber” para referirse a las niñas y niños que llegan a la pubertad, destacando que hay niñas que llegan a esa etapa a los 8 años, pues los actos sexuales que se cometan en su contra, serán sancionados con seis meses a dos años de prisión y una multa irrisoria de $260 a $868 pesos por el delito de atentados al pudor, en vez de abuso sexual infantil.

Esta libertad configurativa de delitos, no debería ser un problema, pues dentro de nuestro sistema federal cada estado es libre y soberano para señalar qué conductas son sancionadas por las leyes penales y cuales no, sin embargo, es evidente la falta de eficacia de las leyes, de la impartición de justicia y de la protección a niñas, niños y adolescentes, cuando recordamos casos tan emblemáticos como el de Los Porkys en Veracruz, que generaron criterios con amplitud interpretativa y fomentaron la impunidad.

Esto sucede todos los días en nuestro México y es consecuencia de una legislación penal con fallas estructurales que limitan la impartición de justicia a las víctimas de delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes, pues:

  1. son emitidos sin una perspectiva de niñez que además de minimizar la gravedad de los delitos, invisibiliza y vulnera a este sector de la población;

  2. existen más de 40 delitos sexuales establecidos en los códigos penales locales aplicables para sancionar a los agresores de niñas, niños y adolescentes;

  3. hay criterios divergentes en edades de las víctimas que van desde los 12 a los 17 años con agravantes diversas para el delincuente;

  4. hay estados con una excesiva o limitada regulación como en Tabasco con 9 delitos y Sonora con 16;

  5. la omisión de denuncia sólo es considerada como delito en Coahuila y Puebla;

  6. el ciberacoso en contra de niñas, niños y adolescentes tiene criterios específicos sólo en Baja California Sur, Chiapas, Nuevo León, Puebla y Quintana Roo;

  7. lo que en un estado es violencia familiar en otro puede no serlo;

  8. no hay una visibilización ni fortalecimiento del sistema de justicia penal de la mano de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de los sistemas DIF.

Ante este panorama en el Congreso de la Unión se ha manifestado durante ya varios meses, la intención de realizar una reforma constitucional que permita crear un Código Penal Único para homologar los delitos en todo el país, si a ello sumamos las declaraciones del Senador Ricardo Monreal quien ha enfatizado en la necesidad de pasar de un sistema de justicia “opaco, anacrónico, poco efectivo” a uno “dinámico, accesible y transparente” es que existe una ventana de oportunidad para llamar a legislar con enfoque de niñez.

Con independencia de que ello ocurra, tanto en el Congreso de la Unión como en los estados, deben revisarse los Códigos Penales para advertir estas deficiencias y contrarrestarlas. Por ello, en Early Institute a través de la página alumbramx.org y los informes ahí consultables, nos hemos dado a la tarea de visibilizar las estadísticas y delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, pues sólo durante 2019 se dieron 23,191 casos de abuso sexual; cada día 7 niñas y niños son víctimas de homicidio; 73% de las víctimas de trata de menores son niñas; 1 de cada 10 mujeres, según la ENDIREH, reportó haber sufrido alguna forma de violencia sexual antes de los 15 años y hoy, se genera confusión y se fomenta la impunidad, ya que hay más de 40 delitos sexuales que no cuentan con un enfoque de niñez.

Un distanciamiento crítico

Por Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute

Publicación original en Infobae

 

Han pasado poco más de 3 años desde que se conmemoró el centenario de la Constitución Política de México vigente desde 1917. Tanto el foro jurídico como la academía, han opinado que el texto constitucional, producto de las frecuentes reformas y la avidez del legislador que todo quiere introducir a la carta magna, se ha convertido en un ordenamiento carente de estructura, con un desorden temático manifiesto y sumamente extensa, difícil de entender.

A pesar de que en 2017, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizó un estudio para proponer el reordenamiento del texto constitucional buscando lograr una mejor estructura; ninguna de las propuestas fueron tomadas en cuenta por el Congreso de la Unión. Seguimos con el mismo documento que se integra por más de 4 mil párrafos y poco más de 135 mil palabras – incluyendo sus disposiciones transitorias – que regulan los aspectos esenciales de la vida de México.

El problema no es estrictamente de carácter técnico. El desorden constitucional es también un reflejo del funcionamiento coyuntural de las instituciones – con especial énfasis en los poderes ejecutivos y legislativos – y la baja calidad de nuestras políticas públicas que carecen de un enfoque sistémico y se encuentran desarticuladas.

Como espiral, desde la Constitución hasta un buen número de leyes y ordenamientos generales, se reproducen los vicios de un derecho exageradamente escrito y sobre regulador, lo cual además de volverlo inaccesible a los ciudadanos, genera problemas estructurales que se relacionan con la falta de implementación y la ausencia de presupuestos viables para hacer funcionar a las instituciones, mecanismos o figuras que las propias normas contemplan.

La situación se agudiza cuando la producción normativa se multiplica por 32. En una suerte de tendencia, los estados de la república e incluso los municipios, muchas veces replican - casi de manera literal - las leyes que se expiden a nivel federal. El caos es evidente.

En los países de América Latina, mucho se cuestiona sobre la fragilidad del llamado Estado de derecho y la lejanía que impera entre lo dicho por las leyes y los problemas que enfrentan las comunidades, regiones y los ciudadanos en el día a día. Son muchas las preguntas que caben en la discusión de este asunto, lo cierto es que los operadores del derecho hemos abonado poco a la solución de este problema que, insistimos, no es menor.

Las leyes, el lenguaje formal que estas poseen, su excesiva especialización y la politización que engloban los procesos para su elaboración, han contribuido al deterioro de una ciudadanía poco informada de los asuntos públicos y de sus derechos, indicador por demás peligroso para la salud de cualquier democracia.

Insistir en la reordenación de nuestra máxima ley debe ser un asunto del máximo interés y prioridad nacional que no puede quedar en manos únicamente de los expertos o del gremio jurídico que estudia el fenómeno.

Las consecuencias de contar con un sistema jurídico desarticulado y anacrónico – desde su norma fundamental – son devastadoras e impactan directamente en el funcionamiento y la estabilidad de las instituciones sociales, especialmente en temas neurálgicos como la violencia, desigualdad, la atención prioritaria de la infancia y la falta de calidad de servicios en materia educativa o de salud, por mencionar tan solo algunos ejes.

Por paradójico que esto resulte, el llamado no debe dirigirse al gobernante ni al legislador. Las actividades de estos actores políticos se rigen, desafortunadamente, siguiendo los tiempos del calendario electoral.

Son las barras de abogados, las universidades, escuelas de derecho y los operadores judiciales, quienes deben alzar la voz, diseñar y adelantar métodos y soluciones innovadoras para acercar a la ciudadanía a los contenidos jurídicos, en un lenguaje cada vez más accesible con el apoyo de los recursos tecnológicos, por ejemplo, haciendo uso de esquemas para clarificar el contenido y la estructura de las leyes, fomentar más la técnica legislativa como asignatura obligada, la oralidad y las habilidades de comunicación escrita como herramientas útiles e infaltables en la formación de los futuros abogados.

Asimismo, las autoridades educativas desde el nivel básico deben replantearse desde ya su papel en la importancia de la enseñanza del derecho y su asimilación desde las etapas más tempranas. En este rubro el sector educativo ha demostrado en meses recientes que es posible innovar aun los tiempos de crisis, lo cual puede emplearse también para la renovación de los contenidos cívicos y potencializar los recursos formativos que permitan a generaciones por venir un mejor entendimiento de la legalidad, no como un tema de especialización, sino como una auténtica forma de vida.

La Constitución y sus leyes deben ser vistas como un patrimonio social. El distanciamiento entre los ciudadanos y sus normas es una patología crítica que poco abona a la solución de los problemas globales que hoy enfrentamos.

Parafraseando a Sartori, es claro que constituciones e instituciones no pueden por sí solas hacer milagros, pero si podemos cambiar el curso de los vientos si los sabemos dirigir a tiempo y a quien corresponda, y por ello, la apuesta al cambio debe estar en quienes nos siguen, los poco más de 40 millones de niñas, niños y adolescentes que existen en México.

*Abogado. Maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Candidato a Doctor en derecho por la Universidad Panamericana. Especialista en análisis y diseño de políticas públicas transversales y sistemas federales. Director Ejecutivo del Think Tank mexicano Early Institute.

 

 

Hacia la nueva normalidad

Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute

Publicación original en El Financiero

En las últimas semanas hemos escuchado que deberemos adoptar una nueva normalidad, derivada de la pandemia que nos afecta. En materia de salud entendemos que se trata del seguimiento de medidas de higiene para evitar el contagio de covid-19. Pero el concepto va más allá.

La nueva normalidad es una invitación a la reinvención, al cambio de hábitos en apoyo a nuestro bienestar. Uno de ellos es, precisamente, el cuidado de la salud que no sólo se enfoca a la higiene personal y limpieza. Es necesario procurar tener una salud integral con alimentación adecuada, activación física, descanso reparador, atención a nuestras emociones y convivencia sana. Con la pandemia, quizá nuestra salud reflejó ciertas deficiencias y este momento nos puede impulsar a cuidar nuestro cuerpo, mente y vida espiritual de manera más consciente y activa.

Otro aspecto de consideración es la ausencia de una cultura de ahorro. Según las estimaciones del centro de investigación BBVA Research basadas en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 32.2 por ciento de los mexicanos no ahorra. Esto, inevitablemente, impacta en la tranquilidad del hogar cuando se dan circunstancias como las que estamos viviendo. La educación financiera es fundamental en la estabilidad personal y familiar, razón por la cual tendríamos que integrarla a nuestras vidas para evitar angustias o, al menos, reducirlas.

También la nueva normalidad exige una mayor responsabilidad social en varias dimensiones, pero que al final recae en el modo como nos relacionamos con nosotros mismos, con los otros y con el medio ambiente. Asimismo, es una revisión a la manera en que usamos los recursos, incluyendo la tecnología.

Con la actual restricción de movilidad, hemos sido testigos de las maravillas de la naturaleza, la cual hemos dañado seriamente. Esto nos obliga a replantear la relación que hemos construido con nuestro planeta, pero también entre seres humanos. Tal vez es el tiempo para reflexionar si nuestros lazos son profundos, desinteresados, empáticos, transparentes, honestos y sensibles en los distintos círculos que integramos: familia, escuela, trabajo, social, etcétera. Es, quizá, el tiempo para cuestionarnos si tratamos cordialmente a nuestros semejantes y los respetamos. Si los tratamos como nos gusta que nos traten o, por el contrario, somos hipócritas, deshonestos, superficiales o mezquinos y utilizamos a los demás sólo para nuestra conveniencia sin tomar en cuenta las consecuencias de nuestros actos en sus vidas.

En todo este panorama, es indiscutible el compromiso que tenemos con nuestros niños, niñas y adolescentes. Ellos son esenciales para el tránsito hacia mejores formas de convivencia y socialización, pero también conforman un grupo de alta vulnerabilidad. En este sentido, Early Institute al saber que la primera infancia es clave para el desarrollo físico, mental y emocional de niñas y niños, apuesta por construir un entorno que asegure su bienestar integral, buscando mejorar aspectos de su salud, educación y seguridad. Asumamos la responsabilidad de considerarlos nuestra prioridad, protegerlos y acompañarlos en estos procesos.

La nueva normalidad nos lleva a la reflexión y a la acción; es un tiempo de ajustes, adaptación y flexibilidad para valorar lo importante. La pandemia trajo escenarios de preocupación, pero también nos ha dado la posibilidad de mirarnos para reconocer aciertos y fallas. Seamos capaces de cambiar conductas nocivas y fortalezcamos a los más jóvenes para que su futuro no se vea opacado por la incertidumbre y la transmisión de prácticas dañinas que sólo les causarán miedo e inseguridad personal. Sobre todo, alimentemos nuestra confianza y convirtámonos en agentes de cambio para mejorar nuestra calidad de vida en todas sus expresiones.

Escuela y comunidad

Por Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute

Publicación original en Infobae

 

Si algo invita a reflexionar durante esta crisis sanitaria de COVID-19, lo es la imperiosa necesidad de volver a los fundamentos que permitan a las nuevas generaciones rehacer las normas de convivencia social de cara al futuro.

Prácticamente en todos los campos, actividades y sectores de la sociedad se debate y reflexiona cómo deben retomarse los parámetros de lo que hasta hoy se denomina como el retorno a la “normalidad” en congruencia con cuales tendrán que ser las lecciones aprendidas luego de esta sacudida humanitaria, que todavía no asoma puntos de solución.

Sin pretender anticipar tiempos, pero si con la urgencia de la que dan cuenta los titulares y columnas de cada mañana, la pandemia ha tenido una suerte de efecto dual en donde claramente se produjo una parálisis de los sectores, pero al mismo tiempo se han dejado ver avances y oportunidades claras en diversos temas que seguramente resultarán fortalecidos luego de esta etapa.

Precisamente, uno de los ámbitos más sensibles en donde de manera evidente se han develado cambios sustanciales - de forma y fondo - luego de esta dinámica de aislamiento social, lo es en el funcionamiento de los sistemas educativos.

Al tratarse de un eje esencial para el desarrollo de cualquier país, la necesidad de continuidad de los procesos formativos - especialmente en los niveles de educación básica por las repercusiones hacia la infancia - han generado una nueva forma de interacción entre los actores centrales que convergen en este proceso.

Tan solo hace apenas algunos meses, las autoridades educativas, la planta docente y administrativa de las instituciones que en ellas laboran, los padres de familia y desde luego los alumnos, desempeñaban sus funciones en el proceso de enseñanza siguiendo la lógica del año calendario, sin tener el apremio de replantearse los desafíos que puede suscitar una emergencia y la necesidad de coordinación y complementación entre unos y otros.

Tras el rompimiento de esta dinámica, y la abrupta pero necesaria incursión del ámbito digital para dar cumplimiento a los planes de estudio, se revelaron importantes retos del sistema educativo que vale la pena traerlos a colación a propósito de esta coyuntura.

En primer lugar, la participación de los padres de familia en el proceso se ha potencializado, al grado de que buena parte de la responsabilidad de la tarea pedagógica durante los últimos meses, ha recaído justamente en ellos, como facilitadores de las actividades de acompañamiento y supervisión cotidiana de miles de niñas y niños que, gracias a ellos, cuentan con la posibilidad de no mermar o interrumpir sus estudios.

Si bien este punto admite varios ángulos de discusión, conscientes de que este tiempo no ha sido fácil en entornos familiares inmersos en el desempleo o marginación, al igual que en hogares en donde se tiene que compaginar la intensa actividad laboral con las tareas de cuidado, es evidente que el involucramiento de los padres de familia dentro de los procesos de aprendizaje de sus hijos resulta un elemento sumamente positivo que debe promoverse y alentarse como resultado de esta experiencia, lo cual además ejercita los derechos que la legislación ya contempla en su favor para convertirse en sujetos plenamente participativos de las tareas educativas de las niñas, niños y adolescentes.

Un segundo apunte lo encontramos en el uso de la tecnología para fines de aprendizaje. Es aquí donde quizá se ha llegado a un punto sin retorno y que seguramente obligará a las autoridades del sector educativo a replantear en el futuro inmediato y en todos los niveles, diversos procesos de cara a un mejor aprovechamiento y efectividad de los recursos que ofrecen las plataformas en línea en aras de perfeccionar la función educativa.

Por mencionar algunos ejemplos, pensemos tan solo en el terreno de la evaluación, el aprovechamiento de las herramientas digitales brinda la oportunidad para que los maestros den prioridad a la elaboración de análisis y ensayos, resolución de casos prácticos o el desarrollo de otro tipo de habilidades formativas y de expresión a libro abierto y con la posibilidad de que los niños consulten fuentes diversas o recursos en línea, que no necesariamente impliquen el empleo de métodos tradicionales de pregunta-respuesta o de memorización que todavía suelen predominar en algunos planes de estudio, especialmente en los niveles de educación básica.

Desde luego, este punto requerirá para su plena eficacia, que del lado del Estado se asuma un papel preponderante en cuanto hace a la inversión de recursos y capacitación de personal docente, alumnos y padres de familia para el uso de estas herramientas, a la par de una revisión del marco legal y su infraestructura presupuestal que permita modernizar las capacidades de enseñanza que hasta ahora están diseñadas para ser implementadas desde una perspectiva estrictamente presencial.

Al decir esto, no estamos sugiriendo en modo alguno que la educación deba de hoy en delante, ser un proceso completamente digitalizado. Se trata de encontrar los equilibrios necesarios para que estas herramientas complementen de la mejor manera posible los procesos didácticos y fomenten un diálogo de calidad entre los actores involucrados.

Henry Giroux, académico norteamericano y uno de los principales exponentes la pedagogía crítica, señalaba que los procesos de reforma educativa modernos deben poner en el centro el valor cívico de la educación y su capacidad para formar mejores ciudadanos y generaciones que enfrenten los problemas que hoy, claramente se vislumbran más complejos.

La formación de una nueva ciudadanía a la que se refiere Giroux, exigirá de todo sistema educativo y de su marco normativo y administrativo, un golpe de timón que debe leerse a tiempo.

Hace algunos días, tuve la oportunidad de releer detenidamente y desde la perspectiva que ofrece la crisis sanitaria por la que atravesamos, el texto del artículo 3°de nuestra Constitución Federal que configura el derecho fundamental a la educación de todos los mexicanos y los principios que lo rigen.

En algunos de sus incisos que parecieran ser letra oculta de un contrato, encontré una expresión que cobra plena vigencia a propósito de estas líneas que se escriben. De acuerdo con nuestra máxima norma, y cito textual: la educación debe regirse por criterios de excelencia, que busquen el mejoramiento constante del aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad.

Este parafraseo constitucional no es menor. Hoy más que nunca, el fortalecimiento de dichos lazos entre la escuela y la comunidad que la sostiene debe hacerse patente en beneficio del desarrollo inicial de las niñas y niños de nuestro país, y con mayor razón, en estos tiempos de crisis de los que seguramente quedarán grandes aprendizajes.

 

Los nuevos retos de la Educación

Por Cristian Acosta García, Coordinador de Asuntos Públicos de Early Institute

Publicación original en ContraRéplica

 

Al final de este ciclo escolar hay preguntas que todos los que participamos en los procesos académicos, desde preescolar hasta universidad nos hacemos: ¿Qué tanto hemos aprendido como estudiantes? ¿Qué tanto hemos sido capaces de transmitir como profesores? ¿Qué tanto pudo integrarme con mi hija o hijo para apoyarlos con sus tareas? ¿Lo hicimos bien?

Los esfuerzos han sido variados: nos adaptamos para aprender en casa con los programas de televisión; hicimos el esfuerzo para conseguir una computadora, tablet o celular; contratamos internet, mejoramos nuestro plan, usamos la conexión del vecino o nos trasladamos a lugares con datos abierto; adaptamos un espacio en casa como escuela y oficina; usamos mil y un plataformas, redes sociales, videollamadas, correos, tareas y trabajos interminables, que en educación básica, muchos padres terminamos realizando; si a ello le sumamos las actividades propias del trabajo, el hogar, la convivencia familiar y el Covid, el reto resultó verdaderamente titánico. Estos son algunos de los lugares comunes que hemos vivido en los últimos meses tanto profesores, estudiantes, padres y madres de familia y autoridades educativas como la Secretaría de Educación Pública y las secretarías de educación estatales.

El uso de las tecnologías de la información ha sido emergente y nos muestran que tenemos un largo camino que recorrer para la transformación digital de la educación y la interactividad virtual, así como la generación de técnicas de aprendizaje, programas y contenidos que respondan a las necesidades de generaciones nacidas en una cultura 100 por ciento digital y que, a pesar de ello, sufren desigualdades muy marcadas.

Según datos de Encuetas Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología de la Información en los Hogares (ENDUTIH 2019) del Inegi y el informe Adopción de las TIC y Uso de Internet en México del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en México hay 80.6 millones de usuarios de internet, lo que se traduce en que casi el 30 por ciento de los mexicanos no goza de conexión y sólo 44.3 por ciento de los hogares disponen de una computadora lo que muestra la desigualdad existente.

Estos datos adquieren rostro y apellido cuando recordamos a Iker Rodríguez Landín, un niño de 9 años que en Ciudad Victoria se puso a hacer mandados en su colonia por cinco pesos con la finalidad de ahorrar para comprarse una tablet y poder hacer las tareas de la escuela, lo que nos lleva a hacernos otras preguntas: ¿cuántos niños hay en México como Iker? ¿Cuántas niñas y niños no tuvieron la oportunidad de continuar con su educación en este ciclo escolar por carecer de las herramientas necesarias?

Hoy, derivado de la reforma constitucional en materia educativa de 15 de mayo de 2019 así como de la Ley General de Educación de septiembre de 2019, los gobiernos estatales han iniciado los procesos de discusión y análisis de sus nuevas leyes educativas que deberán garantizar el acceso a educación de calidad.

Hoy ponemos énfasis en los procesos de corresponsabilidad de estudiantes, profesores, padres y madres de familia y escuelas que tienen voz y voto dentro del Sistema Educativo Nacional así como en la relevancia del derecho a la educación y el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación; pero en los procesos de reformas locales no puede obviarse la integración de actores relevantes para las políticas públicas educativas como lo son los SIPINNA locales o las Procuradurías de Protección de NNA; no podemos dejar de lado la Estrategia Nacional de Primera Infancia; ni la correspondiente armonización con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De otra manera, los Congresos que legislen sin la participación social de los actores involucrados y sin considerar la transversalidad del fenómeno educativo, por muy buenas que sean sus intenciones o los contenidos de sus leyes, perderán legitimidad por no responder de manera corresponsable a los nuevos retos que nos plantea la educación.

Estamos aprendiendo: acciones contra la violencia familiar

Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute

Publicación original en El Financiero

 

La pandemia nos está dejando experiencias y enseñanzas de todo tipo, empezando por el reforzamiento de la higiene y el cuidado de la salud física, pero también ha generado sentimientos, emociones y conductas, derivados del confinamiento. En muchos de los casos, la falta de herramientas para afrontar los nuevos escenarios motiva que seamos presas fáciles del estrés, ansiedad, violencia o angustia.

En México, la violencia doméstica está aumentando por la tensión en el hogar, debido a diversos aspectos, como puede ser la falta de empleo, el cambio de rutinas, el miedo a lo desconocido, miedo a contraer el covid-19, la presencia de la enfermedad misma en casa, la pérdida de un familiar, etcétera.

Ante esta situación y como una medida de corresponsabilidad la comunidad Alumbra —una iniciativa de Early Institute— ha implementado una estrategia emergente de prevención y atención de la violencia familiar, en la que pone a disposición sus recursos humanos, informativos y tecnológicos.

Así, ha lanzado la campaña Estamos aprendiendo para fomentar la sana convivencia en familia y evitar las agresiones y actos de violencia en casa.

La campaña se da en dos vertientes. Por un lado, brinda información y consejos a madres, padres y cuidadores para mejorar la convivencia y prevenir la violencia familiar. Y por el otro, ofrece una línea gratuita de apoyo psicológico para la contención, atención y canalización de casos de violencia. Los especialistas han sido capacitados no sólo para atender los casos de violencia sino también a quienes, por esta coyuntura, viven situaciones de estrés, crisis, ira, ansiedad o depresión.

Es importante decir que se ha puesto especial interés en dar soporte psicoemocional al personal de salud y a sus familias, que son grupos vulnerables en estos momentos.

Estamos aprendiendo parte de que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar esta circunstancia y es muy posible que sintamos miedo, tensión, desesperanza, angustia, incertidumbre. Incluso, quizá, experimentemos ciertos desequilibrios emocionales o se incrementen.

Por supuesto no es malo sentir estas emociones o cambios de comportamiento y no nos debemos sentir culpables por presentarlos. Lo que sí es nuestra responsabilidad es buscar ayuda para manejar esa lluvia de emociones que nos agobia y esta campaña es una opción para contar con la atención adecuada, a través de especialistas que escuchan, acompañan, asesoran, contienen y canalizan a quien lo necesite.

En particular se busca reducir el impacto negativo y el incremento de riesgo en que se encuentran niñas, niños y adolescentes, por lo que es un apoyo a madres, padres y cuidadores para el mejor manejo de sus emociones.

Todos estamos juntos en esto y estamos aprendiendo, por lo que te invito a compartir la línea de atención psicológica sin costo para toda la República Mexicana (55 8854 6657), sumarte a la campaña #EstamosAprendiendo (alumbramx.org) y conoce los recursos que Early Institute, junto con los integrantes de la comunidad Alumbra, ponemos a su alcance para hacer frente a la violencia familiar en esta contingencia sanitaria.