Preocupa el funcionamiento del Congreso de la Unión
Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original en: ContraReplica
En nuestra columna anterior, hacíamos referencia a un contexto en donde la priorización de la agenda en materia de niñez, a nuestro juicio, requiere poco más que buenas intenciones de carácter político y de la elaboración de documentos o estrategias que desde el papel hacen todo el sentido, pero que en el terreno de lo práctico no suelen llegar a buen puerto.
La experiencia indica que para dar resultados concretos de política pública y mejorar en lo cotidiano las condiciones de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, es menester crear una agenda pública lo suficiente robusta y convencida de que la inversión en la infancia es una apuesta estratégica para la sostenibilidad de nuestras generaciones.
Para lograr esto, las sociedades que así se lo han propuesto con visión de largo plazo, han apostado por generar en su proceso de toma de decisiones al menos dos condiciones muy claras: a) favorecer de manera permanente el consenso entre todos los actores involucrados para evitar que la agenda se polarice; y b) anticipar, planear y ejecutar una andamiaje mínimo y progresivo de recursos humanos, materiales y financieros que permitan construir políticas públicas con sentido de practicidad, lo cual implica no solo emitir leyes o reglamentos, sino ejecutar verdaderas acciones de gobierno y participación entre sectores que sean susceptibles de ser implementadas y evaluadas.
Así, mientras más fuerte y sólido sea el nivel de consenso entre los actores, más efectiva y visible será la inversión en acciones concretas.
Uno de los errores que suelen cometerse en este proceso, se da justamente en la forma en la que el consenso es construido. De hecho, sin ignorar su dimensión en la esfera privada, la sola palabra que consenso nos remite casi de manera automática al terreno de la deliberación política y los procesos de formación de acuerdos que son exclusivos del fenómeno político, en donde pareciera que únicamente los partidos políticos, gobernantes, legisladores y tomadores de decisión son quienes deben participar en la dialéctica para construir mayorías en democracia y adoptar decisiones.
No obstante, la propia raíz etimológica de la palabra consenso nos recuerda que en realidad la formación del mismo, es una tarea que compete – sin distinguir – a todos los involucrados en una determinada materia. Si extrapolamos esta reflexión básica al caso que nos ocupa, entonces valdría la pena cuestionarnos ¿Cómo deberían construirse los consensos para mejorar los derechos de la infancia y adolescencia? ¿Es una tarea que debe quedar únicamente en manos de los gobernantes en curso?
Para tratar de responder el planteamiento me permitiré utilizar un ejemplo reciente. Desde la experiencia que hemos delineado en Early Institute a través de la iniciativa ALUMBRA, creada en 2018 y cuyo objetivo es contribuir a la prevención de la violencia sexual infantil en México, nos hemos propuesto justamente acelerar los procesos de formación de consensos y la creación de agendas comunes para hacer de la protección de la infancia una tarea compartida.
En tal sentido, la apuesta al cambio de ALUMBRA busca replantear la manera en la que construimos los consensos y definimos las agendas prioritarias para avanzar en lo esencial.
A través de la creación de una Comunidad de Conocimiento y Práctica, conformada de manera voluntaria por instituciones públicas, organismos internacionales, investigadores y organizaciones sociales involucradas en el tema. ALUMBRA ha puesto sobre la mesa la necesidad generar información y conocimiento a partir de la participación y co-creación entre los sectores social, público y privado, sin distinción alguna y con la única intención de desarrollar estrategias bajo una visón integral y sistémica del problema de la violencia sexual infantil.
Bajo la evidencia de que la violencia sexual infantil es una problemática multidimensional, que admite diversos enfoques y requiere la participación de diversos agentes, la Comunidad desarrollada por ALUMBRA, durante los últimos dos años busca, en esencia, amplificar el impacto de las estrategias, para generar más información en el tema; incidir de manera más efectiva en las políticas públicas; así como desarrollar experiencias formativas y de comunicación hacia la sociedad, para incrementar la formación de habilidades y prácticas para prevenir esta forma de violencia.
El reto es amplio, porque la participación colegiada entre actores siempre supone desafíos importantes, no solo por lo que conlleva la formulación de acuerdos y la definición de temáticas prioritarias, sino, sobre todo, por la necesidad de construir una cultura de diálogo permanente, que se asuma como la regla y no como la excepción entre los involucrados, incluido, desde luego, el sector público.
A casi dos años de esta iniciativa, la Comunidad ALUMBRA ha transitado por una primera fase en su arquitectura, en donde se ha logrado integrar a más de 40 aliados de todos los sectores para intercambiar información, prácticas, contenidos y diseñar estrategias de prevención que puedan sistematizarse en un solo espacio, incluso aprovechando las ventajas que hoy ofrece la tecnología.
En tal sentido, el trabajo colegiado de ALUMBRA se ha materializado en la plataforma digital www.alumbramx.org, desde donde se han creado contenidos y materiales específicos para dar recomendaciones a padres, educadores y cuidadores, sobre cómo prevenir la violencia sexual e incluso se cuenta con un canal de asesoría telefónica y online hacia la ciudadanía, para brindar información y canalizar denuncias.
Si bien la experiencia acumulada durante los últimos meses en ALUMBRA nos ha hecho ver el enorme potencial que plantean las iniciativas y plataformas de trabajo colaborativo, también es cierto que, dada la magnitud y urgencia del problema a resolver, debemos ser cada vez más eficaces y precisos en la construcción de soluciones. De tal suerte, que la formación de consensos y la integración de acciones para la protección de la infancia no debe ser una tarea en manos únicamente del poder político, sino una responsabilidad colectiva, desde la cual se congreguen todos quienes tenemos en nuestras manos una parte de la solución.
Se trata de un propósito que, desde luego, no será sencillo y del cual nos entusiasma ir dando cuenta a los lectores de sus resultados e invitándolos a formar parte de las estrategias e iniciativas que se desprendan de la comunidad ALUMBRA, todo ello como el nombre lo sugiere, para brindar una luz en contra de la violencia infantil.
Declaración de Consenso de Ginebra para cuidar a la mujer
Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en El Financiero
En un esfuerzo multinacional por cuidar la salud de la mujer y la familia, el pasado 22 de octubre se firmó, de manera virtual, la Declaración de Consenso de Ginebra. Así, los gobiernos de Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia, Uganda y Estados Unidos copatrocinaron la reunión remota para impulsar cuatro objetivos fundamentales en el desarrollo y bienestar de las mujeres desde el inicio de su vida: a) mejorar su salud; b) preservar la vida humana; c) fortalecer la familia como unidad sustancial de la sociedad, y d) asegurar la protección de la soberanía de las naciones en relación con las políticas globales.
Esta declaración debió haberse presentado en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, que ante las circunstancias sanitarias no se efectuó en este año. La Declaración de Consenso de Ginebra fue firmada por 33 países de América Latina, Medio-Oriente, Europa, Asia y África para proteger los derechos de la mujer en materia de salud, al reconocer: que a las mujeres se les deben respetar todos sus derechos humanos y son libres para gozar de todos los derechos civiles y políticos con igual acceso a educación de calidad; que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y que en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación familiar ni como un servicio de salud; que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado; y que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. También se establece “la importancia de la titularidad nacional y la función y la responsabilidad primordiales que tienen los gobiernos a todos los niveles de determinar su propia manera de lograr la cobertura sanitaria universal, según su contexto y sus prioridades nacionales”.
En este sentido, los países firmantes, además de dar difusión a través de foros, se comprometen a: garantizar a las mujeres el pleno goce de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades en todos los niveles de la vida política, económica y pública; mejorar y garantizarles el acceso a los avances en materia de salud y desarrollo, en particular en salud física y emocional, sin incluir el aborto; a reafirmar que no existe un derecho internacional al aborto, ni recae sobre los Estados una obligación internacional de financiar o facilitar el aborto; a fomentar la capacidad de su sistema de salud y movilizar recursos para implementar programas de salud y desarrollo que atiendan las necesidades de mujeres y niños en situación de vulnerabilidad; a fomentar y a dar prioridad políticas de salud pública favorables a las mujeres y niñas, así como a las familias; a apoyar la función de la familia como la base de la sociedad y como fuente de salud, apoyo y cuidado; y a entablar un diálogo en el sistema de las Naciones Unidas para hacer realidad estos valores universales.
La importancia de esta iniciativa radica en hacer ver que la defensa a la vida es la base de la protección a la mujer y su salud en cada etapa de la vida debe ser una prioridad. Además, se reafirma que no existe el derecho internacional al aborto pese a los discursos de distintas instancias mundiales.
Ante esta significativa alianza, Early Institute se adhiere al impulso del cuidado integral de la vida a partir del respeto de la misma y de los derechos humanos como principios básicos en el diseño e implementación de políticas públicas que protejan a la primera infancia desde su concepción en beneficio de un futuro mejor.
Niñas y Niños en vísperas de un naufragio
Por: Renata Diaz Barreiro, Investigadora de Early Institute
Publicación original en 24 Horas
La crisis abre una nueva oportunidad para impulsar la perspectiva de niñez en las políticas públicas mexicanas
Durante las últimas semanas, innumerables organizaciones nacionales e internacionales han alertado sobre los efectos negativos globales de la crisis del COVID-19 en la vida de niñas y niños.
En el ámbito educativo, Human Rights Watch ha subrayado la existencia de enormes disparidades.
Muy pocos niñas y niños tienen herramientas y habilidades para continuar con programas escolares desde casa, mientras la mayoría vive entre grandes limitaciones o nulas posibilidades de hacerlo. En el ámbito de la salud, UNICEF ha mostrado especial preocupación en aquellas niñas y niños que viven en hogares de bajos ingresos y que requieren vacunas, medicamentos o servicios básicos, los cuales, ante esta pandemia son escasos o se encuentra interrumpido su abastecimiento.
Ha sido también de gran preocupación el ámbito de la seguridad y protección en casa. La ONU afirma que la combinación del estrés económico y social traídos por la pandemia, así como el confinamiento, han incrementado dramáticamente el número de niñas y mujeres que experimentan violencia en prácticamente todos los países.
Son diversas las esferas en las que se observa que esta crisis vulnera el bienestar infantil y, aunque aún es difícil dimensionar el impacto, ya preocupan los efectos de la disminución en el ingreso familiar y, los derivados de la muerte de padres, madres o cuidadores.
La niñez es especialmente vulnerable y su vida está en riesgo. La evidencia de crisis económicas que ha vivido México muestra que la mortalidad infantil puede incrementarse entre un 6.9 y un 10.3 por ciento. A resultados como este podría enfrentarse el país los años siguientes.
Ante esta pandemia, la visión de políticas para “salir del paso” es miope. Por el contrario, observar esta crisis desde una perspectiva de niñez es una oportunidad para afrontar los problemas actuales desde la posición de los más vulnerables y una posibilidad única para ver más allá e invertir en quienes deberán afrontar las crisis venideras.
México sigue en deuda con la infancia. Aunque se han dado avances significativos durante los últimos años como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la, recientemente publicada, Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), los pasos son lentos, los recursos insuficientes y la respuesta ante problemáticas como la que se enfrenta el país, muy limitada.
Son muchas las dudas respecto a las medidas que tomará el gobierno mexicano -en sus distintos niveles- para proteger el bienestar de la infancia. La preocupación es latente sobre los efectos adversos que esta coyuntura provocará en el corto y largo plazos. Sin embargo, se ha observado que políticas mal diseñadas o aquellas que son tardías en su implementación efectiva pueden ser, incluso, perjudiciales.
El gobierno mexicano, históricamente, ha actuado a posteriori ante los desafíos de la niñez, pero hoy se requieren acciones urgentes. Esta es una oportunidad única de tomar el timón, fortalecer el aparato público y evitar el naufragio. En el “barco” vienen 40 millones de niñas, niños y adolescentes y la tempestad a penas comienza.
¿Con mis hijos no te metas?
Por: Cristián Acosta de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original en ContraReplica
Durante los últimos años ha surgido un debate amplio sobre los derechos y obligaciones de los padres y las obligaciones del Estado frente a niñas, niños y adolescentes; hoy tenemos posturas encontradas que se resumen en frases como: “Con mis hijos no te metas”, o declaraciones como las de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ha manifestado defender “hasta mi tumba el derecho a los niños y adolescentes a ser educados, y a que la educación sea laica”, lo que lleva el discurso a extremos que se descalifican entre sí y en medio quedan los derechos de niñas, niños y adolescentes, como si se tratase de un divorcio en el que cada parte quiere llevarse todo.
Más allá de los discursos existentes es necesario considerar que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho, pero no son personas adultas, por lo que la atención y las políticas públicas de la administración en turno dirigidas a este sector de la población deben ser diferenciadas.
De conformidad con la Convención de los Derechos del Niño, la orientación y dirección de los padres permite que el niño ejerza su derecho a vivir en familia y su desarrollo; por su parte, el Estado, tiene la obligación de respetar esos derechos, así como tomar las medidas legislativas y administrativas adecuadas que fomenten la coordinación necesaria entre familia, sociedad y autoridades.
Así lo ha dicho la Corte, en el amparo en revisión 203/2016 reconoció que el Estado debe prestar asesoría, orientación y acceso a servicios de salud, educación, justicia, pero no puede desplazar la función protectora y orientadora de la familia, además, en el amparo directo en revisión 2994/2015 reconoció que la patria potestad se encuentra estrechamente vinculada con la protección a la familia y entre sus finalidades se encuentra la protección integral del niño.
A pesar de que estos parámetros son claros, hoy en el Congreso se discuten iniciativas como la de las senadoras Martha Lucía Micher, Citlalli Hernández y Jesusa Rodríguez, que buscan establecer que una niña víctima de violación pueda solicitar sola la Interrupción Voluntaria del Embarazo sin el acompañamiento de su madre, padre o tutor y sin un plan de restitución elaborado por las Procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes; o la del senador Ricardo Monreal que con el objetivo de “simplificar” los trámites administrativos de reasignación sexo genérica en el Código Civil Federal, omite considerar la participación oficiosa y acompañamiento de las citadas Procuradurías cuando quien solicita el cambio de género es una niña, niño o adolescente.
En conclusión, tanto padres como autoridades, tenemos funciones distintas, pero complementarias, en las que se requiere una actuación coordinada, pues sólo así podremos diseñar políticas públicas con un verdadero enfoque de niñez.
Por: Valeria González, Coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo
Las niñas, niños y adolescentes son el gran sector de la población con quien estamos en deuda. Hemos fallado en protegerlos y garantizarles una infancia segura y feliz. En México cada día 7 niñas y niños son víctimas de homicidio, y 41 víctimas de lesiones, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2020. Adicionalmente, en el año 2019 se reportaron 200 víctimas trata de personas, 97 víctimas de feminicidio y 90 víctimas de rapto, todas ellas menores de edad.
Esta es una terrible realidad para nuestra infancia, sobre todo tomando en cuenta que se trata solo de casos denunciados y en México el 93% de todos los delitos no se denuncia o no se abre carpeta de investigación, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI.
Pero eso no es todo, la gravedad de esta realidad se incrementa si tomamos en cuenta que niñas, niños y adolescentes también son víctimas indirectas, “testigos invisibles” en otros contextos de violencia. Un claro ejemplo se observa alrededor de los huérfanos del feminicidio, quienes han perdido a sus madres o cuidadoras, enfrentan el rompimiento de su estructura familiar y se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad.
Entonces ¿por qué digo que le hemos fallado a la niñez mexicana? Porque aún no asumimos la responsabilidad colectiva de cambiar esta situación. Una niña, niño o adolescente no detendrá por si solo a un agresor, no exigirá justicia, ni activará por sí mismo los mecanismos correspondientes, pero tampoco es su responsabilidad. Nosotros tenemos que protegerlos y asegurarles un entorno libre de violencia.
Bajo el esquema metodológico de la teoría de la prevención situacional del delito, para que un delito suceda es necesario que concurran en tiempo y espacio 3 elementos: la víctima, el delincuente y la ausencia de un guardián capaz de prevenir esa situación. Por ejemplo, una persona, autoridad, ley, o institución, a través de su intervención y protección.
Así pues, cualquier ciudadano de a pie -además de las autoridades competentes-, puede evitar los delitos que impactan a niñas, niños y adolescentes. En nuestras manos está cambiar su realidad, no debemos estar ausentes, cada uno de nosotros debe de asegurarse del bienestar de las niñas, niños y adolescentes que están a nuestro alrededor.
En ese sentido, es necesario escucharlos; informarnos; involucrarnos más en los problemas que los afectan; posicionar a la niñez como una prioridad; si observamos algo que pueda ponerlos en riesgo, romper el silencio; si conocemos de algún delito, denunciarlo; cooperar con organizaciones dedicadas a su protección y cuidado; y exigir a las instituciones encargadas de protegerlos, como los Sistemas de Protección Integral y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, estén dotadas de fuerza y hagan su trabajo salvaguardando el interés superior de la niñez. Comprometidos con esta causa, lograremos cambiar su realidad y asegurar su sano desarrollo.
Alumbra: una nueva forma de construir consensos
Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original en: ContraReplica
En nuestra columna anterior, hacíamos referencia a un contexto en donde la priorización de la agenda en materia de niñez, a nuestro juicio, requiere poco más que buenas intenciones de carácter político y de la elaboración de documentos o estrategias que desde el papel hacen todo el sentido, pero que en el terreno de lo práctico no suelen llegar a buen puerto.
La experiencia indica que para dar resultados concretos de política pública y mejorar en lo cotidiano las condiciones de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, es menester crear una agenda pública lo suficiente robusta y convencida de que la inversión en la infancia es una apuesta estratégica para la sostenibilidad de nuestras generaciones.
Para lograr esto, las sociedades que así se lo han propuesto con visión de largo plazo, han apostado por generar en su proceso de toma de decisiones al menos dos condiciones muy claras: a) favorecer de manera permanente el consenso entre todos los actores involucrados para evitar que la agenda se polarice; y b) anticipar, planear y ejecutar una andamiaje mínimo y progresivo de recursos humanos, materiales y financieros que permitan construir políticas públicas con sentido de practicidad, lo cual implica no solo emitir leyes o reglamentos, sino ejecutar verdaderas acciones de gobierno y participación entre sectores que sean susceptibles de ser implementadas y evaluadas.
Así, mientras más fuerte y sólido sea el nivel de consenso entre los actores, más efectiva y visible será la inversión en acciones concretas.
Uno de los errores que suelen cometerse en este proceso, se da justamente en la forma en la que el consenso es construido. De hecho, sin ignorar su dimensión en la esfera privada, la sola palabra que consenso nos remite casi de manera automática al terreno de la deliberación política y los procesos de formación de acuerdos que son exclusivos del fenómeno político, en donde pareciera que únicamente los partidos políticos, gobernantes, legisladores y tomadores de decisión son quienes deben participar en la dialéctica para construir mayorías en democracia y adoptar decisiones.
No obstante, la propia raíz etimológica de la palabra consenso nos recuerda que en realidad la formación del mismo, es una tarea que compete - sin distinguir - a todos los involucrados en una determinada materia. Si extrapolamos esta reflexión básica al caso que nos ocupa, entonces valdría la pena cuestionarnos ¿Cómo deberían construirse los consensos para mejorar los derechos de la infancia y adolescencia? ¿Es una tarea que debe quedar únicamente en manos de los gobernantes en curso?
Para tratar de responder el planteamiento me permitiré utilizar un ejemplo reciente. Desde la experiencia que hemos delineado en Early Institute a través de la iniciativa ALUMBRA, creada en 2018 y cuyo objetivo es contribuir a la prevención de la violencia sexual infantil en México, nos hemos propuesto justamente acelerar los procesos de formación de consensos y la creación de agendas comunes para hacer de la protección de la infancia una tarea compartida.
En tal sentido, la apuesta al cambio de ALUMBRA busca replantear la manera en la que construimos los consensos y definimos las agendas prioritarias para avanzar en lo esencial.
A través de la creación de una Comunidad de Conocimiento y Práctica, conformada de manera voluntaria por instituciones públicas, organismos internacionales, investigadores y organizaciones sociales involucradas en el tema. ALUMBRA ha puesto sobre la mesa la necesidad generar información y conocimiento a partir de la participación y co-creación entre los sectores social, público y privado, sin distinción alguna y con la única intención de desarrollar estrategias bajo una visón integral y sistémica del problema de la violencia sexual infantil.
Bajo la evidencia de que la violencia sexual infantil es una problemática multidimensional, que admite diversos enfoques y requiere la participación de diversos agentes, la Comunidad desarrollada por ALUMBRA, durante los últimos dos años busca, en esencia, amplificar el impacto de las estrategias, para generar más información en el tema; incidir de manera más efectiva en las políticas públicas; así como desarrollar experiencias formativas y de comunicación hacia la sociedad, para incrementar la formación de habilidades y prácticas para prevenir esta forma de violencia.
El reto es amplio, porque la participación colegiada entre actores siempre supone desafíos importantes, no solo por lo que conlleva la formulación de acuerdos y la definición de temáticas prioritarias, sino, sobre todo, por la necesidad de construir una cultura de diálogo permanente, que se asuma como la regla y no como la excepción entre los involucrados, incluido, desde luego, el sector público.
A casi dos años de esta iniciativa, la Comunidad ALUMBRA ha transitado por una primera fase en su arquitectura, en donde se ha logrado integrar a más de 40 aliados de todos los sectores para intercambiar información, prácticas, contenidos y diseñar estrategias de prevención que puedan sistematizarse en un solo espacio, incluso aprovechando las ventajas que hoy ofrece la tecnología.
En tal sentido, el trabajo colegiado de ALUMBRA se ha materializado en la plataforma digital www.alumbramx.org, desde donde se han creado contenidos y materiales específicos para dar recomendaciones a padres, educadores y cuidadores, sobre cómo prevenir la violencia sexual e incluso se cuenta con un canal de asesoría telefónica y online hacia la ciudadanía, para brindar información y canalizar denuncias.
Si bien la experiencia acumulada durante los últimos meses en ALUMBRA nos ha hecho ver el enorme potencial que plantean las iniciativas y plataformas de trabajo colaborativo, también es cierto que, dada la magnitud y urgencia del problema a resolver, debemos ser cada vez más eficaces y precisos en la construcción de soluciones. De tal suerte, que la formación de consensos y la integración de acciones para la protección de la infancia no debe ser una tarea en manos únicamente del poder político, sino una responsabilidad colectiva, desde la cual se congreguen todos quienes tenemos en nuestras manos una parte de la solución.
Se trata de un propósito que, desde luego, no será sencillo y del cual nos entusiasma ir dando cuenta a los lectores de sus resultados e invitándolos a formar parte de las estrategias e iniciativas que se desprendan de la comunidad ALUMBRA, todo ello como el nombre lo sugiere, para brindar una luz en contra de la violencia infantil.
En franca amenaza las donatarias autorizadas
Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en El Financiero
En un país como México, en donde muchas de las organizaciones civiles privilegian en su trabajo el servicio a los grupos y comunidades más vulnerables y cubren carencias en apoyo a sectores y causas que así lo necesitan, es muy preocupante que actualmente en lugar de alentar la participación ciudadana, se promuevan iniciativas que ponen en riesgo su operación.
En concreto me refiero a la iniciativa de ley, presentada por el Ejecutivo federal el pasado 8 de septiembre de 2020, en la que se propone modificar cuatro leyes que afectan a las donatarias autorizadas. La iniciativa en cuestión pretende cambiar la Ley del Impuesto sobre la Renta; la Ley del Impuesto al Valor Agregado; la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el Código Fiscal de la Federación.
Alegando una mayor transparencia en la obtención de recursos y mejor gestión tributaria, el proyecto de reforma establece —entre otros aspectos— que no se podrá recibir más del 50 por ciento de ingresos por actividades no relacionadas con el objeto social de la donataria. De no cumplir, se sancionará con la revocación de la autorización.
La situación es que se sabe que estas organizaciones sin fines de lucro buscan financiamiento más allá de las donaciones que reciben debido a la precaria situación financiera y a la desaparición de fondos públicos federales. De condicionar sus fuentes de ingreso se pone en riesgo su sustentabilidad y, por ende, su incidencia en el objeto social por el que fue creada.
Por otro lado, la propuesta de reforma habla de más causas que podrían llevar a perder la autorización. Una es la referente a cuando el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en ejercicio de sus facultades de investigación, “advierta cualquier hecho en donde se incumplan con obligaciones o requisitos”. Hay que advertir que con las nuevas disposiciones se pretende que todo gasto efectuado por la donataria autorizada sea respaldado por un comprobante fiscal, cuando hasta este año las organizaciones podían gastar sin ese requisito siempre y cuando sus actividades se realizaran en comunidades en donde no existe la tecnología o la comercialización de personas físicas o morales registradas ante el SAT. En ese sentido, de señalar el SAT que hay una falta, se perdería la autorización. Sin duda, esta medida afectará a las organizaciones que se ven imposibilitadas en recabar comprobantes fiscales digitales en un país donde no existen las condiciones ni tecnológicas ni formales para su obtención.
Otro foco rojo se relaciona con los miembros de la asociación. Ahora se propone que si los representantes legales, socios o asociados o cualquier integrante del Consejo Directivo o de Administración de una organización civil formó parte de una donataria cuya autorización fue revocada en los últimos cinco años también pierda su autorización la organización a la que está incorporado en la actualidad. Esto es discriminatorio pues estigmatiza a las personas que formaron parte de una asociación y no les permite asociarse a alguna otra, además de que afectaría seriamente a las que no tienen ningún problema.
Asimismo, en caso de revocación de la autorización o cuando la vigencia haya concluido y no se haya obtenido o renovado la misma en un plazo de 12 meses, el patrimonio de la donataria afectada deberá destinarse a otra.
Las anteriores son tan sólo algunas de las implicaciones de esta propuesta, que es un atentado a la participación ciudadana en la defensa y promoción de los derechos humanos, en tanto pareciera tratarse de un mecanismo de control y limitación a la defensa de tales derechos, al de la libertad de expresión y al de asociación. La propuesta se encuentra en la Cámara de Diputados y se prevé que sea discutida en los próximos días.
En Early Institute estamos a favor de la transparencia, la responsabilidad y la regulación —que son parte de nuestros principios— pero abogamos por leyes y propuestas que sumen, incentiven y generen las condiciones para lograr cambios por el bien común y no limiten o amenacen las acciones de quienes conformamos la sociedad civil.
Enfoque de niñez para atacar la violencia sexual infantil
Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en El Sol de México
En un tema tan indignante y doloroso como es la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (NNA), todo esfuerzo para erradicarlo es bienvenido y necesario, pero hay que hacer cada vez más.
En 2019, México registró 51 mil 662 delitos sexuales en contra de este sector, lo que equivale a un aumento de 20% con respecto a 2018. La situación es alarmante y se agrava por la falta de una perspectiva de niñez en su combate, entre otros factores de carácter legal.
Para empezar, en nuestro país, tanto la Federación como los estados tienen las facultades para crear y reformar los tipos penales que crean necesarios en sus respectivas jurisdicciones. Esto genera una diversidad de tipos penales en cada entidad federativa, los cuales carecen de lineamientos homologados, claros y objetivos.
Esto viene al caso porque hoy se cuenta con al menos 40 delitos sexuales tipificados en los 32 estados de la República Mexicana y a nivel federal. En resumen, el problema de esta diversidad: a) crea confusión de las conductas sancionadas; b) la legislación penal no respeta el interés superior de la niñez; y c) hay interpretaciones que llevan a la impunidad y poco acceso a la justicia.
En particular, y por mencionar una consecuencia de esta heterogeneidad, hoy 30 estados (junto con la Federación) regulan el abuso sexual en contra de NNA con distintos nombres, mientras que Aguascalientes y Nayarit no contemplan ningún tipo penal específico en sus códigos penales bajo esa denominación, sino como atentados al pudor. Evidentemente esto minimiza el problema. Es así como la multiplicidad y la falta de homologación de delitos, origina una falta de visibilización y abre la posibilidad de que los delitos de esta índole queden sin castigo.
Es obligación del Estado, en corresponsabilidad con los particulares, prevenir, atender, denunciar y sancionar la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, pero urge que el problema se atienda con una perspectiva de niñez, hasta ahora inexistente.
Actuar con este enfoque implicaría, según el Análisis de los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes en México, editado por Early Institute: “el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como personas titulares de derechos, con base en el respeto de su dignidad, vida, supervivencia, bienestar, salud, desarrollo, participación y no discriminación, garantizando el disfrute de sus derechos de manera integral”.
Lo anterior porque cuando un niño, niña o adolescente sufre de violencia sexual, no solo se da una afectación de carácter sexual, sino que se violentan otros derechos.
Hay que decir que en los últimos meses se ha propuesto en el Congreso de la Unión, la creación de un Código Penal Único que homologue los delitos de abuso sexual contra NNA en todo el país. La propuesta, además de buscar la unificación de criterios en torno a estas graves faltas, también homologaría las penas. Hoy, por ejemplo, en Yucatán se prevén sanciones de uno a cinco años de prisión y de 40 a 100 días de multa; mientras que en Veracruz se establecen de seis a 12 años de prisión y hasta dos mil días de multa, debido a que la configuración de los delitos es diferente.
Por la relevancia de atender esta problemática de una manera distinta a como se ha estado haciendo, Alumbra Contigo —iniciativa de Early Institute que reúne a más de 40 aliados en una comunidad de conocimiento— pone a disposición una plataforma con recomendaciones a padres y educadores para identificar la violencia sexual contra NNA, ofrecer asesoría telefónica y canalizar denuncias. Asimismo, da a conocer una serie de estadísticas sobre el tema en su portal alumbramx.org que está disponible para quien desee más información. Nuestras intenciones son contundentes: por un lado, visibilizar las deficiencias en el respeto, la protección y la garantía al acceso a una vida sin violencia de este grupo social, pero sobre todo, evitar que se enfrente a una de las experiencias que, sin duda, deja huellas muy profundas de por vida.
Riesgos de la Ley de Infancia Trans
Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en El Financiero
En días pasados estaba previsto discutir en el Congreso de la Ciudad de México la llamada Ley de Infancia Trans, impulsada por la diputada Paula Soto del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). La sesión no se llevó a cabo, no obstante es oportuno señalar tan sólo algunas de las implicaciones de dicha iniciativa.
La reforma propuesta tiene por objetivo reformar el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles locales en materia de rectificación de actas de nacimiento por reasignación sexogenérica. Esto para que niñas, niños y adolescentes puedan solicitar una nueva acta de nacimiento en reconocimiento a su identidad de género sin necesidad de presentar una demanda ante un juez de lo familiar.
La diputada promovente alude a que la llamada “identidad de género” es según su dicho, un derecho humano, motivo por el cual a los ciudadanos –en este caso niños, niñas y adolescentes– se les debe garantizar su ejercicio, ya que son titulares como en el caso de una persona adulta.
Lo que no se dice es que la iniciativa representa riesgos graves para los menores de edad en varias líneas. Para empezar, la rectificación de actas para el cambio de sexo en menores de edad es incompatible con diversas instituciones jurídicas que establecen derechos y obligaciones y genera contradicciones con las relaciones del derecho de familia. De igual modo, pone en riesgo la identidad y seguridad de este grupo, ya que este tipo de acciones puede emplearse para generar actos de simulación jurídica, falsificación de documentos, suplantación de identidad, hasta incluso facilitar el tráfico y la trata de menores, entre otras afectaciones.
Asimismo, el dictamen parte de que un menor de edad tiene la capacidad jurídica, física, emocional y mental de decidir un cambio de esta magnitud, sin embargo, es evidente que hay una mala interpretación del principio de autonomía progresiva del menor. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que la reasignación sexual constituye una decisión que influye decisivamente en el proyecto de vida de la persona y en todas sus relaciones dentro de la sociedad. Esta iniciativa de reforma ignora que difícilmente una niña o un niño tiene la capacidad y madurez para entender y hacerse responsable de una decisión tan delicada que, actualmente, toma un juez civil previo análisis y presentación de estudios diversos para la justificación de dicha reasignación.
De aprobarse esta reforma, dejaría fuera la investigación y validación por parte del juez reduciendo dicha decisión a un mero trámite administrativo.
De igual modo, si se aprueba el Congreso de la Ciudad de México violaría de manera directa la Constitución federal, ya que desde 2017, sólo el Congreso de la Unión tiene la facultad para expedir legislación en materia procesal civil y familiar. En tanto no se emita el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, los estados carecen de facultades para legislar sobre el tema.
Pero todavía hay más. Por tratarse del cambio de nombre en un acta, a través de un trámite administrativo, la reforma habla de la designación de un “representante especial”, cuando alguno de los padres o tutores se oponga al cambio de género. Sin embargo, esta figura “especial” no cuenta con una regulación específica en el derecho civil y sus alcances no son claros.
En Early Institute sabemos que las experiencias que viven los niños, niñas y adolescentes, en sus primeros años, influyen de manera determinante en su futuro, por ello abogamos por iniciativas de ley y reformas bien fundamentadas y responsables que garanticen la salvaguarda integral de los ciudadanos, en particular de los más vulnerables.
Bajan denuncias por delitos sexuales por contingencia
Por Renata Díaz Barreiro, investigadora de Early Institute.
Publicación original en 24 Horas
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó una disminución a nivel nacional del 1%, durante los primeros dos trimestres del 2020, en la incidencia delictiva de temas sexuales. De entre los que destacan el abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, incesto, violación simple y violación equiparada.
Particularmente, la violación equiparada -que incluye la violación contra menores de edad aún cuando no concurra violencia- aumentó 2% en 2020 en comparación con los primeros dos trimestres de 2019. Aumento muy inferior al observado en 2019 donde se registró un incremento del 31% respecto a 2018
Una suposición lógica del comportamiento general a la baja en los dos primeros trimestres de 2020 es que lo que ha decrecido son las denuncias y no necesariamente los delitos sexuales. El decremento del 1% contrasta con lo ocurrido en el mismo periodo en 2019, donde hubo más bien un crecimiento del 25%, una diferencia notoria. Al tomar el mismo periodo con respecto a los últimos 5 años, se observa una tendencia al alza del 64%.
Aunque los Ministerios Públicos han permanecido abiertos en los últimos meses, el decrecimiento de los delitos sexuales podría deberse a una reducción significativa en las denuncias durante el confinamiento.
De hecho, la Secretaría de Gobernación alertó que la violencia y abuso sexual contra menores se ha agravado durante el confinamiento generado por la pandemia mundial. Esto se debe a que, con frecuencia, las víctimas se han visto obligadas a quedarse en casa o cerca de su abusador.
En este sentido, resulta preocupante que los principales abusadores son del contexto familiar. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016) las víctimas mujeres que sufrieron alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 15 años reportaron como principales agresores al tío (43%) y/o primo (33%).
Por lo anterior, es muy importante tener en cuenta que las cifras de incidencia delictiva proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo son la punta del iceberg pues se refieren a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación a partir de denuncias reportadas por las Procuradurías y Fiscalías Generales de las entidades federativas. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE), con datos de 2019, en México el 93% de los delitos no se denuncian.
En este sentido, aunque las cifras de delitos sexuales hayan decrecido, es necesario observar estos datos con prudencia y reservas sobre su interpretación pues la pandemia tiene efectos en la denuncia y en la detección de casos, particularmente aquellos que atentan contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.
Por un lado, es bien sabida la relevancia de denunciar cualquier delito sexual. Sin embargo, se debe subrayar también la urgencia de generar mecanismos, en nuestro sistema judicial, capaces de responder a contingencias que requieren un mayor esfuerzo e incluso creatividad para que cualquier víctima tenga acceso a la justicia.
Finalmente, pero no menos importante, la alta incidencia de delitos sexuales que enfrenta el país demanda la actuación conjunta. Un problema de tales dimensiones apela a la responsabilidad colectiva y a actuar como guardianes, especialmente de niños, niñas y adolescentes que requieren de nuestra protección.