Atendamos la discriminación laboral por embarazo en México

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de  El Financiero 

 

La igualdad empieza con las condiciones de las licencias de incapacidad que deberían ser tanto para madres como para padres.

Enfrentar la discriminación laboral por embarazo, en México, requiere de alianzas y compromisos, además de información y voluntad para entender la problemática desde sus diversas aristas. En ese sentido, Early Institute organizó una mesa de discusión con la participación de especialistas para reunir opiniones y recomendaciones en torno a este fenómeno que afecta a mujeres embarazadas y a sus hijos e hijas por nacer.

En la reunión, se contó con la participación de Ana Lucía Cepeda, cofundadora de Bolsa Rosa; Denisse Montesinos, cofundadora de Mujeres en Finanzas; Paola Bortoluz, fundadora de Her Safe Place y Sofía Pérez Gasque Muslera, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. En sus intervenciones coincidieron que la discriminación laboral en el trabajo es un asunto cultural, pero que deteriora gravemente la competitividad del país.

Sofía Pérez sostuvo que, desafortunadamente, esta problemática es poco visibilizada. Por lo tanto, es poco entendida en su abordaje, aunque en el ámbito empresarial se debería enfatizar en lo mucho que se pierde, en términos económicos, con el daño ocasionado a las mujeres trabajadoras gestantes.

Por su parte, Ana Lucía Cepeda puntualizó que es una problemática de difícil medición y compleja. Señaló su vinculación con la equidad y que, en el caso de una etapa de embarazo, la igualdad empieza con las condiciones de las licencias de incapacidad que deberían ser tanto para madres como para padres.

Para Denisse Montesinos, la problemática continuará mientras no se retome desde el liderazgo de las empresas y se integre a su visión estratégica. Para ello es necesario cambiar la cultura organizacional, así como tener diagnósticos, incentivos y métricas que posibiliten la protección de las mujeres embarazadas en el trabajo.

Hoy en día, en nuestro país, en proporción del trabajo en casa, la mujer participa en un 50.4 por ciento, en contraste con los hombres que muestran 19 por ciento. Un dato más es que 80 por ciento de las mujeres de la población económicamente activa tiene un trabajo independiente por la falta de diversidad y flexibilidad laboral. Si se eliminara la desigualdad laboral se incrementaría en un 35 por ciento la participación de la mujer en las actividades económicas, impactando en la productividad empresarial y en la competitividad nacional. Asimismo, este aumento de la participación de la mujer en la actividad económica podría propiciar un incremento del 70 por ciento de la tasa del PIB actual.

Por su parte, Paola Bortoluz acentuó la relevancia de abordar este fenómeno con el rigor y la seriedad que se merece. Invitó a observar las experiencias de otros países para enfocarse en la construcción de un sistema que dé cabida a la maternidad sin tener que pagar el alto costo que suelen enfrentar las mujeres.

También se dijo que México, siendo integrante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no está a la par en condiciones de flexibilidad, rentabilidad, productividad y nivel de ingresos que el resto de los países miembros y que en foros recientes se ha insistido que reducir la brecha de condiciones económicas, salariales y de oportunidad de hombres frente a mujeres llevaría 150 años si no se actúa para acelerar el proceso.

Entre las propuestas para fortalecer el papel de las madres trabajadoras en la actividad económica se habló de implementar herramientas con perspectiva de género, lo cual también ayuda a las empresas. En este punto, las mujeres deberían tener una participación en sus trabajos con flexibilidad laboral y garantías de respeto hacia la maternidad, la lactancia y la salud, ya que suelen tener mayor nivel de estudios de posgrado frente a los hombres con puestos directivos, operativos y ejecutivos.

La mesa se hizo a propósito del estudio La discriminación laboral por embarazo, que Early Institute integró para evidenciar las causas, conductas y consecuencias de esta práctica que atenta contra las mujeres, pero también pone en riesgo la vida de los niños y las niñas por nacer.

Para los integrantes de Early Institute es primordial asegurar la protección de la gestación y la primera infancia de manera integral. Además de describir la problemática nos enfocamos a establecer lazos con organismos públicos y privados para generar propuestas que logren erradicar este fenómeno que, además de vulnerar los derechos de la mujer, impide el sano desarrollo de sus bebés. Puedes consultar el estudio en: https://staging.earlyinstitute.org/discriminacion-laboral-por-embarazo/DLE.pdf

Una reflexión sobre el Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de  El Heraldo de México 

Sin embargo, hay que decirlo, el problema de estos sistemas no radica en sus nobles y justificados objetivos, el asunto se complejiza cuando pasamos, sobre todo, a los hechos en su operativización

Afirmar que la niñez no es un tema prioritario para nuestros gobernantes no debe resultar una exageración. Por laxa que resulte esta premisa, la historia y los datos así lo corroboran.
La agenda estructural de temas y problemas que requieren políticas públicas e intervenciones presupuestarias para mejorar la vida y los derechos fundamentales de casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes en el país, no representa como tal un pilar dentro del debate público o en la voz cotidiana de nuestros representantes.
A pesar de que México cuenta con un joven instrumento normativo como lo es la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes (2014), su existencia y puesta en marcha durante los últimos años no ha sido suficiente para articular con la solidez y contundencia necesarias, el carácter nacional y prioritario del denominado Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Desde luego, no se minimiza el esfuerzo que ha implicado poner en marcha dicho mecanismo, dotarlo de una estructura administrativa y comenzar a configurar las distintas fases de un programa nacional que sepa integrar a los tres órdenes de gobierno en la definición de directrices para la atención de la niñez y adolescencia mexicana. Sin embargo, hay que decirlo, el problema de estos sistemas no radica en sus nobles y justificados objetivos, el asunto se complejiza cuando pasamos, sobre todo, a los hechos en su operativización.
Una de las críticas más recurrentes que desde el foro jurídico se realiza a las leyes generales de este tipo, consiste en que pareciera son diseñadas bajo una especie de ceguera legislativa, por lo que hace a la dificultad de poner en marcha este tipo de mecanismos de colaboración intergubernamental que resultan extremadamente ambiciosos cuando pretenden instrumentarse en regiones y realidades tan dispares como las que existen en el atípico mosaico del federalismo mexicano.
¿A qué nos referimos? Tal y como ocurre en el desempeño de otros sistemas nacionales de coordinación – seguridad, educación, por citar algunos – este tipo de mecanismos terminan por quedarse cortos en su desempeño, ante el tamaño del problema que pretenden resolver o para el cual fueron diseñados.
La multiplicidad de actores que intervienen, aunada a la fragmentación y dispersión de las agendas públicas que se viven especialmente en los estados y municipios, genera que estos sistemas mantengan una intermitencia preocupante; tanto por el nivel de inversión de recursos que se requiere para echar a andar a las instancias especializadas – háblese de las procuradurías de protección, sistemas estatales y municipales – así como por la escasa materialización de políticas públicas concretas más allá del diagnóstico de escritorio o la firma de compromisos protocolarios.
Ante esto, opino que la famosa transversalidad de la que tanto se habla en el gremio especializado y que caracteriza a la agenda en materia de los derechos de la niñez y adolescencia, no ha sido suficientemente analizada, abordada ni mucho menos costeada bajo un enfoque estratégico-operativo, en un país compuesto por 32 realidades sociales y jurídicas disímbolas entre sí. A ello se suma un escenario actual en donde el Poder Ejecutivo Federal mantiene, por decir lo menos, un papel protagónico en la configuración de la agenda nacional.
Pero este error, a mi juicio crucial, en buena medida tiene su origen a partir de diversas patologías que lamentablemente forman parte de inercias legislativas y del bajo nivel técnico que prevalece en el parlamento mexicano. Bajo la tendencia normativa de todo “mandarlo a leyes generales” algunas hechas casi bajo el mismo formato, el Congreso de la Unión no ha prestado la atención debida al diseño específico y necesidades de instrumentación práctica que requieren los marcos normativos de las materias más sensibles para la población, especialmente en el ámbito de tutela de los derechos humanos.
Ello se traduce en normas de difícil cumplimiento como la que nos ocupa, con retos titánicos para echar andar las maquinarias burocráticas y de coordinación nacional que se prevén desde sus textos, y sobre todo, alejadas de la realidad económica y social del país. No en vano, especialistas como la Doctora Cecilia Mora, durante décadas han apuntado que la técnica legislativa debe comprender por parte de legislador primario, ante todo, la realización de un examen crítico sobre el resultado que las normas pretenden producir tras su entrada en vigor.
Si pasamos bajo ese tamiz a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y su institución estelar que representa el SIPINNA a 8 años de su vigencia, los datos podrían resultarnos un tanto desalentadores.
El mecanismo normativo e institucional no ha sido determinante para mejorar las condiciones de vida de las nuevas generaciones. Sin ir muy lejos, de acuerdo a datos de UNICEF la inversión en recursos públicos en primera infancia, niñas, niños y adolescentes en los últimos 6 años ha decrecido al pasar de un 3.27% del PIB en 2018, a un 2.86 % que se estima para 2023.
Malas noticias se leen también en la proyección de un dato que debería ser el rubro prioritario no solo para los operadores de esta agenda, si no para el país entero; la inversión específica en materia de primera infancia, es decir niñas y niños entre 0 y 5 años, apenas alcanzó un 0.5 % del PIB durante este 2022.
¿Qué significa esto? Pues si bien el propósito primigenio de la Ley General, sus normas secundarias y las correspondientes estructuras administrativas que forman parte de los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes, fue el de materializar y atender los derechos de este sector poblacional bajo un enfoque de prioridad, es evidente que el trabajo por hacer requerirá poco más que activismo y buenas intenciones por parte de los poderes públicos.
Aquí, me parece se encuentra implícita una agenda y al mismo tiempo una auténtica hoja de ruta que si los actores políticos del momento saben leerla con altura de miras, podría representar para México una alternativa viable para atender las causas de fondo a nuestras problemáticas sociales.
No habría un mejor planteamiento estructural para una futura o futuro gobernante – el más completo y sensato creo yo – que hacer cumplir la Constitución y por primera vez en la historia de este país, poner en el centro de todo programa o decisión de política pública al interés superior de la niñez.
Agradezco la oportunidad de escribir este primer texto en el extraordinario e histórico espacio de expresión que representa el Heraldo de México. Gracias por considerar la voz de Early Institute y sus integrantes, pero sobre todo por interesarse en el trabajo crítico que realizamos en favor de la niñez mexicana.
POR ABRAHAM MADERO MÁRQUEZ
TWITTER: @ABRAHAMMADERO
CORREO: AMADERO@EARLYINSTITUTE.ORG
PÁGINA WEB: WWW.EARLYINSTITUTE.ORG
ABOGADO. DOCTORANDO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA. DIRECTOR EJECUTIVO DEL THINK TANK MEXICANO EARLY INSTITUTE

Urge proteger la maternidad en el trabajo

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de  El Financiero 

Lamentablemente la discriminación laboral por embarazo es una práctica que daña más a las mujeres con bajos salarios.

Con el objetivo de prevenir y atender una de las problemáticas más graves en contra de las mujeres embarazadas en el trabajo, Early Institute difunde el estudio La discriminación laboral por embarazo, en apoyo a dicho sector de la sociedad mexicana. Entre otros datos, en la investigación se revela que 88 por ciento de los casos es en el ámbito particular, mientras que en el sector público se registra un 12 por ciento. Sin duda, la situación es preocupante por la terrible afectación que sufren no solamente las mujeres, sino también las niñas y los niños por nacer.

En este sentido, el estudio señala la complejidad del fenómeno y cuestiona: “el problema es mucho más grave de lo que pensamos y sus alcances tan amplios que nos definen como comunidad: ¿qué tipo de sociedad somos, si no garantizamos un ambiente sano y seguro para las niñas y los niños en su primera infancia?”.

Lamentablemente la discriminación laboral por embarazo es una práctica que daña más a las mujeres con bajos salarios. “Respecto al lugar de trabajo, el modelo muestra que las mujeres empleadas en compañías o empresas privadas, bancos u hospitales tienen un riesgo relativo mayor de padecer discriminación por embarazo (32 por ciento mayor) y el riesgo relativo es mucho mayor para las empleadas en fábricas (166 por ciento mayor)”.

Por su parte, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que existen 2 millones 764 mil 991 mujeres trabajadoras que, en los cinco años previos, sufrieron alguna forma de discriminación laboral relacionada con el embarazo.

Sobre esto, en la publicación también se habla de las diferentes formas de violencia hacia la mujer durante la gestación, e incluso, después de parir, siendo ellas: acoso y hostigamiento laboral; descuento económico por ejercer licencias médicas; obligación de trabajar en periodo de incapacidad por maternidad; no ser contemplada para ascensos; no renovar su contrato por honorarios en el periodo de incapacidad; despido, entre otras. Todas estas conductas vulneran el ejercicio de la maternidad, atentando contra los derechos laborales.

Ante este panorama, es necesario cambiar la idea de ver la maternidad como una desventaja y “posicionar al embarazo y la maternidad en el eje de todas las acciones y estrategias implementadas en los distintos sectores sociales, especialmente en el laboral, a fin de cambiar la percepción”.

Para Early Institute es fundamental visibilizar este fenómeno en tanto suele ser minimizado y poco atendido por las autoridades. De igual modo es indispensable garantizar la vida, la salud, la integridad y el desarrollo de las niñas y los niños por nacer, lo que implica erradicar el problema desde un enfoque con perspectiva de niñez.

La discriminación laboral por embarazo es la primera entrega de una serie de documentos titulada Prácticas que vulneran la maternidad en México, la cual busca reunir trabajos y evidencia en torno a las mujeres embarazadas y sus hijos e hijas por nacer para concretar políticas públicas que los protejan de una manera integral. Puedes consultar el estudio en: https://staging.earlyinstitute.org/discriminacion-laboral-por-embarazo/DLE.pdf.

La pandemia, retroceso educativo para la primera infancia

Por Renata Díaz Barreiro, investigadora de Early Institute.
Publicación original en El Sol de México

Especialistas con años de experiencia en materia de educación inicial y preescolar se reunieron para identificar los retos y recomendaciones en la mesa de discusión de sobre educación del Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI México) impulsada por Early Institute.

En el panel participaron Irma Luna Fuentes, subdirectora de Educación Inicial en la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública (Sep); Brenda González García, directora de Atención de Políticas de Primera Infancia del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna); y las investigadoras Katia Carranza Velázquez, de Mexicanos Primero e Ixchel Beltrán Revilla, del Pacto por la Primera Infancia.

Inicialmente se dieron a conocer datos oficiales y validados disponibles dentro del SIPI en materia educativa, en los cuales se expusieron decrementos sustanciales durante la pandemia en las cifras de educación inicial y preescolar correspondientes a los periodos escolares 2019/2020 y 2020/2021.

La matriculación preescolar – de niñas y niños de entre 3 y 5 años- decreció en 8% en 2020/2021 con respecto al periodo anterior. Aún más preocupante que la tasa de escolarización de educación inicial – niñas y niños de entre 0 y 2 años 11 meses- cayó en 18%. Sin lugar a dudas, la pandemia tuvo un impacto en la educación de la primera infancia, la cual se refiere a niñas y niños de entre 0 y 5 años.

Las reconocidas especialistas en el tema visibilizaron los retos importantes que obstaculizan el impulso de la educación de la primera infancia: asegurar la calidad en los procesos, el reconocimiento social de la educación inicial y preescolar, así como, mayor y mejor asignación presupuestal.

Reconocimiento social

Comúnmente la educación inicial se percibe como el lugar en donde se dejan a las niñas y niños mientras los padres o tutores se trabajan, debido a que el término guardería ha sido muy posicionado. No obstante, existe un gran desconocimiento respecto a los centros educativos, que a través del juego y del fortalecimiento de vínculos afectivos impulsan el desarrollo infantil temprano.

El impacto post pandemia por no llevar a niñas y niños a las escuelas en tiempo puede tener consecuencias brutales. Según lo expuesto, ya se alcanzan a ver y en estos próximos años se visibilizarán aún más los efectos de años previos, puesto que debido a que niñas y niños que no se han relacionado con más personas porque debido a que nunca han dejado a sus cuidadores, por lo que el cambio abrupto puede afectar su desarrollo social, emocional, cognitivo y , físico.

Resulta fundamental difundir que las niñas y niños de entre 0 y 5 años deben asistir a centros educativos, o incluso las modalidades no escolarizadas como lo son los centros comunitarios que hay en cada localidad, porque en estos centros es dónde aprenden y se desarrollan.

Calidad de los procesos

Las especialistas destacaron retos importantes respecto a la necesidad de una regulación con estándares mínimos de calidad en los procesos educativos. Actualmente existen diversos “servicios”, “modalidades”, “guarderías” y “centros educativos” que no necesariamente están incorporados a la SEP y que además, no cumplen con estándares mínimos de calidad.

Además, Lla falta de capacitación de agentes educativos en temas de primera infancia es evidente. De acuerdo a datos oficiales disponibles en el SIPI, el 20% del personal docente no tiene la formación mínima para impartir preescolar. Es necesario que en la educación se fortalezcan las capacidades entorno al marco del cuidado cariñoso y sensible y que se valore el capital humano de agentes educativos que ya están capacitados sin que influyan cambios gubernamentales en su rotación.

Asignación presupuestal

Coincidentemente, el bajo presupuesto en la educación de la primera infancia fue otro gran desafío planteado por las especialistas. Necesitamos una mejor asignación presupuestal en la primera infancia con progresividad y maximización de recursos. Invertir mejor e identificar los aspectos de atención prioritaria.

Desde Early Institute el think tank, Early Institute, consideramos imperante atender estos aspectos prioritarios. Se necesita difundir sobre la importancia de la educación inicial y preescolar, que no son lugares para guardar a las y los niños mientras se trabaja. Los centros educativos logran a través del juego y vínculos afectivos, apoyarles en su aprendizaje y educación lo cual marcará los cimientos para su desarrollo social, emocional, físico y cognitivo para toda la vida.

Por otra parte, se hace un llamado a las autoridades de los niveles más altos a mejorar la asignación presupuestaria de la primera infancia con progresividad y maximización de recursos. Necesitamos invertir más en la calidad de los procesos educativos sobre todo a través de la capacitación continua de agentes educativos. Las niñas y niños son sujetos de derechos y aprendices competentes y necesitamos garantizar su derecho a la educación.

Más de 6 millones de niñas y adolescentes sufrieron violencia sexual, ENDIREH 2021

Por Renata Díaz Barreiro, investigadora de Early Institute.
Publicación original en El Sol de México

Esta semana se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH) 2021, la cual se realiza cada 5 años y cuyo objetivo es visibilizar la violencia en contra de las mujeres en México. Desgraciadamente, los resultados muestran una alarmante violencia de género en nuestro país, pues 7 de cada 10 mujeres reportaron haber sufrido de alguna forma de violencia.

Los resultados de la Encuesta son realmente preocupantes. Tal es el caso del 12.6% de las mujeres representadas en la ENDIREH que sufrieron alguna forma de violencia sexual antes de los 15 años, lo cual equivale a 6 millones 366 mil 948 niñas y adolescentes. Además, se observa que en 5 años (2016-2021) la violencia sexual ha incrementado un 45%.

Lo más preocupante es que las personas perpetradoras de las distintas formas de violencia sexual en contra de niñas y adolescentes se encuentran dentro del contexto del hogar. Casi 7 de cada 10 mujeres reportaron a alguna persona de su familia: tío(a) (20.8%), primo(a) (17.4%), un no familiar (15.8%), desconocido (9.7%), otro familiar (8.1%), hermano(a) (7.1%), padrastro o madrastra (6.5%), padre (5.2%), abuelo(a) (3.6%), otro (3.3%), madre (0.6%).

La violencia en contra mujeres es una problemática de carácter nacional que inicia desde la niñez y se extiende a toda la vida, no podemos seguir ignorando el problema. Necesitamos construir una sociedad en la que las futuras generaciones no repliquen la violencia sistematizada en contra de las mujeres, y trabajar en conjunto para que la seguridad no dependa de un listado de acciones personales de “precaución”, sino de la responsabilidad de todos y todas de garantizar una vida libre de cualquier forma de violencia.

Nos preguntamos ¿por qué la violencia sexual no ha dejado de crecer en los últimos 5 años? Porque no se ha hecho lo suficiente para visibilizarla y enfrentarla. Desde el ámbito familiar no se rompe el silencio, no se les cree a las niñas, hay una pobre educación sexual pobre y las capacidades deficientes de prevención por parte de cuidadores primarios.

No obstante, el problema no está únicamente en el ámbito familiar, como comúnmente se le atribuye la “bolita”. Como país necesitamos de una responsabilidad colectiva. La única manera de prevenir la violencia sexual infantil y adolescente es a través de mecanismos multisectoriales, ya sea desde el ámbito familiar y comunitario, así como, desde los sectores educativo, salud, y judicial. No podemos seguir ignorando el problema, es urgente mejorar las capacidades de detección, diagnóstico y respuesta en todos los sectores. Necesitamos implementar las medidas de prevención necesarias para lograr erradicar la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres de cualquier edad.

En Alumbra, comunidad de conocimiento con más de 50 organizaciones aliadas para la prevención de la violencia sexual infantil y adolescente, consideramos que todas las personas somos responsables de su protección. Es nuestro deber estar informadas(os) y saber cómo prevenir este problema y qué hacer cuando ya haya sucedido. En la plataforma alumbramx.org podrás encontrar herramientas, consejos y otros recursos para proteger a la niñez mexicana de la violencia sexual.

La educación en la primera infancia: una agenda pendiente

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de  El Financiero 

 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) en 2018-2019, sólo el 24.32 por ciento de niños y niñas de 3 y 4 años tuvo un desarrollo adecuado en cuanto a alfabetización.

En México, la educación que se brinda a niños y niñas durante la primera infancia –en sus primeros 5 años de vida– enfrenta diversos retos. Uno de ellos es la falta de reconocimiento social, es decir, los padres y cuidadores no reconocen su importancia, cuando se trata de un aspecto esencial en el desarrollo integral de todo ser humano.

Así coincidieron las especialistas reunidas en la primera mesa de discusión “Educación en la primera infancia; retos y recomendaciones”, organizado por Early Institute, a propósito de los datos que concentra el Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI México), herramienta social y estadística que da seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el panel participaron Irma Lilia Fuentes, subdirectora de Educación Inicial en la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública (SEP); Brenda González García, directora de Atención de Políticas de Primera Infancia del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; y las investigadoras Katia Carranza Velázquez, de Mexicanos Primero e Ixchel Beltrán Revilla, del Pacto por la Primera Infancia.

De acuerdo con SIPI México, que a su vez se nutre de bases de datos oficiales, como el Sistema Educativo Nacional, la matrícula preescolar que va de 3 a 5 años tuvo una caída de 8.0 por ciento% de 2018 a 2021. En el ciclo escolar 2018-2019 se registró una inscripción de 71.8 por ciento; en el periodo 2019-2020 fue de 71.4 por ciento, y en el ciclo 2020-2021 bajó aún más, a 65.6 por ciento.

En cuanto a la tasa de escolarización de educación inicial (de 0 a 2 años) la baja fue de 18 por ciento en ese mismo periodo, ya que en el ciclo 2018-2019 se tuvo 4.1 por ciento; en el periodo 2019-2020 fue de 3.8 por ciento, y en el ciclo 2020-2021 fue de 3.1 por ciento.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) en 2018-2019, sólo el 24.32 por ciento de niños y niñas de 3 y 4 años tuvo un desarrollo adecuado en cuanto a alfabetización y conocimientos numéricos.

Estas cifras hablan de un panorama poco alentador, sobre todo, en cuanto a educación inicial se refiere. Las expertas en la mesa de discusión vinculan este fenómeno con distintos aspectos: la necesidad de un cambio cultural; ampliar la cobertura; mejorar la calidad del servicio educativo; fortalecer a los agentes educativos con formación continua y adecuada; priorizar el interés superior de la infancia y poner al centro a los niños y las niñas en la construcción de las políticas públicas.

También hay que garantizar la implementación de la recientemente lanzada Política Nacional de Educación Inicial (PNEI) en cuanto a cobertura, calidad y trabajo con las familias. En este sentido, otra cifra que llama la atención es que 40 por ciento de las familias mexicanas no requiere del servicio, de acuerdo con datos compartidos por el Pacto por la Primera Infancia.

Se debe tener mayor presupuesto para impulsar la educación en primera infancia y garantizar un sano ejercicio de los recursos, así como alentar la coordinación entre los diversos sectores involucrados en esta etapa educativa.

En Early Institute afianzamos nuestro compromiso por contribuir en la mejora de la salud; el cuidado y la educación; la seguridad y la protección de la primera infancia y sabemos que la responsabilidad es compartida. SIPI México reúne datos para facilitar el análisis de la situación actual de las niñas y los niños de México, desde un enfoque estadístico, pero también de derechos, motivo por el cual las voces de especialistas ofrecen otra dimensión de entendimiento a lo que ocurre hoy en día en un ámbito educativo complejo y desigual. Los invito a consultar SIPI México en https://staging.earlyinstitute.org/sipimexico/

México y su inversión en primera infancia

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de  El Financiero 

 

México enfrenta severos retos en inversión en primera infancia, presentando incluso porcentajes muy bajos de gasto público en comparación con el promedio de países en América Latina.

En días pasados, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) dio a conocer la investigación Gasto para la primera infancia en 2021. Distribución en entidades federativas, con cifras referentes a la inversión en primera infancia durante 2021 y a la distribución de recursos en los diferentes estados de la República mexicana.

En primer lugar, el estudio señala que en ese año “el Gasto Exclusivo para Primera Infancia (GEPI) fue de 16 mil 120.4 millones de pesos (mdp), esto representó mil 247 pesos para la atención de cada niño o niña. En contraste, en 2022 el gasto en pensiones y costo de la deuda ascienden a 86 mil 830 y 6 mil 412 pesos per cápita respectivamente (CIEP 2022)”.

Sin duda, este primer dato da cuenta de la escasa importancia que se le brinda a la primera infancia mexicana, cuando debería ser un sector con mayor atención. Hay que recordar que esta etapa abarca de los cero a los cinco años, tiempo en el que niños y niñas observan un desarrollo cognitivo, social, emocional y motriz sustancial, en tanto su cerebro alcanza sus niveles máximos de crecimiento.

Pese a la relevancia de esta etapa, México enfrenta severos retos en inversión, presentando incluso porcentajes muy bajos de gasto público en comparación al promedio de países en América Latina.

De acuerdo con el CIEP: “El GEPI incluye cuatro programas presupuestarios que atienden exclusivamente a la primera infancia: servicios de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Estancias del Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); el Programa Expansión de la Educación Inicial de la Secretaría de Educación Pública (SEP); y el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niños, Niñas Hijos de Madres Trabajadoras (PABNNHMT) de la Secretaría del Bienestar. En conjunto, los cuatro programas representaron solo 0.21 por ciento del total del gasto ejercido en 2021″.

Cabe mencionar que tres de los cuatro programas ejercieron menos recursos de los asignados. “El programa de servicios de guardería del IMSS fue el que presentó un mayor subejercicio, gastó 2 mil 520 mdp menos que lo aprobado, en tanto que el programa EBDI del ISSSTE fue el único que presentó un sobreejercicio de 31 mdp”.

En cuanto a la distribución por entidad, el documento señala un ejercicio inequitativo: “La Ciudad de México fue la entidad que ejerció mayores recursos para atender a primera infancia, con un gasto per cápita de 4 mil 330 pesos. Le siguen las entidades de Chihuahua y Colima con gastos per cápita por arriba de 2 mil 500 pesos. En contraste, las entidades que ejercieron menores recursos per cápita destinados a la atención de la primera infancia fueron Hidalgo y Chiapas, quienes ejercieron menos de 300 pesos per cápita para primera infancia”.

Esta desigualdad favorece mayor pobreza y diferencia de oportunidades, lo que pone en riesgo a niños y niñas en primera infancia, quienes conforman casi 10 por ciento de la población total mexicana.

Con este estudio, se sigue evidenciando que en México se invierte poco en primera infancia, lo que compromete la igualdad social y económica del país.

En Early Institute hacemos un llamado a efectuar mayores esfuerzos para garantizar una protección integral a esta población, en tanto se sabe que los países que otorgan mayores presupuestos a su primera infancia reducen costos futuros en la vida adulta de sus ciudadanos. Asimismo, es necesaria una distribución equitativa que cierre las brechas de pobreza y garantice la igualdad de oportunidades a niñas y niños; además de que se aprovechen eficazmente los recursos públicos en beneficio de los más vulnerables.

¿Qué está pasando en los albergues?

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en El Heraldo de México

“Niña es quemada con alcohol y descargas eléctricas en albergue de Tonalá, Jalisco” “Desaparece otra niña de albergue del DIF en Acapulco; van 3 en quince días”

En últimos días, los albergues de México han sido el foco de atención por noticias escandalosas sobre lo que pasa en sus instalaciones.

El primer caso, el de una niña de 11 años que fue rociada con alcohol y posteriormente agredida con una pistola de descargas eléctricas por personal de un albergue, lo que provocó que se incendiara. Ella informó que en el interior de las instalaciones había más menores de edad en posible condición de riesgo y quienes presuntamente también eran víctimas de vejaciones.

El segundo, una niña de 11 años que -de acuerdo con las versiones de las autoridades- “escapó” y se encuentra en calidad de desaparecida. Pero no es la única, en menos de un mes han desaparecido dos niñas más. ¿En qué condiciones viven esas niñas para huir y, en el intento, poner su vida en riesgo?

Son casos independientes, pero definitivamente no aislados, se trata de una situación sistemática. Como ya lo ha observado la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su “Informe Especial sobre la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social y Albergues Públicos y Privados de la República Mexicana” de 2019, no son pocos los casos de violencia, abuso, negligencia y omisiones contra la población menor de edad residente en centros de asistencia social, cuyo origen ha radicado, generalmente, en la falta de regulación, supervisión y control estatal.

De acuerdo con el último “Censo de Alojamientos de Asistencia Social” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (CAAS 2015), existen 875 casas hogar, albergues, refugios y otras modalidades de cuidado institucional. De éstos, solo 68 son financiados exclusivamente con recursos públicos, el resto se sostiene total o parcialmente con recursos privados. Es decir, también en este sentido, el Estado mexicano ha abandonado a la niñez y adolescencia, “delegando” -sin regulación, supervisión ni control- su responsabilidad en la sociedad civil.

Pero no basta saber cuántos centros son o cómo es su financiamiento, sino conocer las condiciones en las que operan y la situación concreta de 33,118 niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo su protección. Hoy más que nunca es de suma importancia prestar atención y exigir de las autoridades no solo la debida investigación y responsabilidad de las personas involucradas en los casos aquí mencionados, sino también sumar esfuerzos para cambiar la situación de niñas, niños y adolescentes institucionalizados en nuestro país.

Por ejemplo, demandar que cuenten con modelos de atención, recursos, personal suficiente y capacitado para garantizar sus derechos humanos. Así como mecanismos de supervisión adecuados que permitan evaluar que su operación atienda a los principios de no discriminación, interés superior de la niñez y adolescencia, derecho a la vida, al sano desarrollo y a expresar sus opiniones para que sean tomadas en cuenta de acuerdo con su edad y grado de madurez.

Recordemos que se trata de niñas, niños y adolescentes que vienen de contextos de violencia, desamparo y carencia, personas reales que por su condición de vulnerabilidad requieren una protección reforzada, pero en su lugar encuentran más indiferencia y abuso.

 

 

Detengamos la violencia sexual infantil en línea

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de  El Financiero 

Durante la primera mitad de 2022, a nivel mundial se han creado 20 mil páginas web con imágenes de abuso sexual infantil.

En materia de abuso sexual infantil en línea, el mundo se enfrenta a severas amenazas, que no debemos ignorar. En un reciente informe de la asociación británica Internet Watch Foundation (IWF) se revela que esta práctica va en aumento de manera alarmante. La organización ha registrado que, durante la primera mitad de 2022, a nivel mundial se han creado 20 mil páginas web con imágenes de abuso sexual infantil, incluyendo cerca de 56 mil imágenes con contenido explícito generado por niños y niñas de 7 a 10 años de edad.

Este contenido autogenerado es producto de la manipulación o extorsión que llegan a sufrir los menores por parte de adultos, quienes aprovechan las herramientas digitales para convencerlos de producir material explícito transmitido ya sea en imágenes o videos.

El problema es de tal magnitud que se habla de un incremento de 360% en la creación de contenido autogenerado entre 2019 y 2021, lo que representa una alerta importante para las autoridades. Lamentablemente la manera con la que los delincuentes logran que niños y niñas se fotografíen o videograben por sí mismos es relativamente fácil al argumentar mayor aceptación social o recurrir a la extorsión. El riesgo aumenta ante la escasa vigilancia en el uso de los dispositivos digitales por parte de los cuidadores, logrando la proliferación de la violencia sexual en línea.

Internet Watch Foundation advierte que la tendencia es mundial y creció con mayor rapidez con la pandemia.

En México, además, hay evidencia de que los pederastas han encontrado en nuestro país un refugio privilegiado ante la falta de medidas de seguimiento y detención a redes mundiales dedicadas a cometer delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, el informe Análisis indicadores de violencia en internet contra adolescentes, publicado por Alumbra, una iniciativa de Early Institute que busca prevenir la violencia sexual infantil, señala que “la violencia a través de internet tiene consecuencias graves para las niñas, los niños y los adolescentes y en México continúa siendo preocupante pues casi 1 de cada 4 adolescentes reportó haber sufrido ciberacoso en el periodo de octubre 2019 a noviembre 2020″.

Como se ve, el fenómeno es un foco rojo y amerita tomar medidas para evitar las agresiones sexuales en contra de un grupo social que debiera estar totalmente protegido. En este sentido, en Early Institute hacemos un llamado a vigilar y estar atentos a la actividad de nuestros hijos e hijas en internet con acciones avaladas por organismos internacionales, siendo ellas: 1) conocer y hablar con niños, niñas y adolescentes sobre los riesgos que existen en internet; 2) mantenerse involucrado en su mundo digital; 3) conocer con quién interactúan en línea; 4) usar controles de privacidad y seguridad, y 5) bloquear y reportar a personas que los incomoden. Sobre todo, es necesario denunciar todo acto que vulnere la integridad física y emocional de los niños, las niñas y los adolescentes en el entorno virtual.

El cuidado de este sector es una responsabilidad que nos compete a todos y detener cualquier práctica que atente contra su vida y seguridad debe ser siempre la prioridad.

Lactancia materna: la medicina personalizada específica más avanzada

Por Renata Díaz Barreiro, investigadora de Early Institute.
Publicación original en El Sol de México

“La leche humana no es solo el aporte nutricional perfectamente adaptado para el infante, sino probablemente la medicina personalizada específica más avanzada que recibirá a lo largo de su vida, dada en un momento en el que la expresión genética está siendo delineada para la vida” (Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect publicado en la revista The Lancet en 2016).

La lactancia materna es una de las acciones más efectivas para aumentar posibilidades de supervivencia, proteger de enfermedades infecciosas y crónicas a corto y largo plazo, mejorar el adecuado desarrollo sensorial, cognitivo, motriz y afectivo, también la nutrición y crecimiento de niñas y niños. Además, entre otros beneficios para las madres, reduce el riesgo de desarrollar cáncer de mama y de ovario.

A pesar de sus múltiples beneficios y de ser una estrategia costo-efectiva, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019, únicamente 3 de cada 10 niñas y niños son amamantados de manera exclusiva durante los primeros seis meses de vida.

De acuerdo con los indicadores de lactancia materna de esta misma fuente publicados en el Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI México), el 41.9% de niñas y niños de entre 6 y 11 meses tuvieron una lactancia adecuada y el 34.3% de las niñas y niños entre 6 y 23 meses. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva a libre demanda durante los primeros 6 meses de vida y de manera continuada hasta los 2 años de vida.

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -plan maestro mundial de 17 objetivos para lograr un futuro sostenible con menor desigualdad- la lactancia materna es clave, pues se alinea directamente con la nutrición y la seguridad alimentaria para reducir las desigualdades entre países. Sin embargo, estamos lejos de lograr la meta, ya que nuestra tasa de lactancia materna exclusiva es de 28%, en contraste con el 50% que se desea lograr en 2025.

El 7º Foro Nacional de Lactancia Materna, impulsado por el Pacto por la Primera Infancia, destacó diversos focos rojos que obstaculizan la lactancia materna como son la promoción de sucedáneos, pocos espacios públicos y privados para la lactancia en el ámbito laboral, licencia de maternidad limitada y la interferencia de la industria de fórmulas lácteas en las políticas públicas de nutrición y lactancia materna.

A partir del foro se destacan algunas recomendaciones puntuales:

  • Incentivar la lactancia materna a partir de mejorar la calidad de consejería en el ámbito de salud. Siempre respetando que la lactancia materna es diferente para cada mujer.

  • Sancionar y asegurar el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna- cuyo objetivo es frenar la comercialización agresiva e indebida de sustitutos de la leche materna-. Especificando que frecuentemente la promoción de uso de estos sustitutos de leche materna proviene del personal médico.

  • Fortalecer la cadena de apoyo a la lactancia materna multisectorial para concientizar y sensibilizar de espacios públicos y privados, destacando principalmente la importancia de ello dentro de guarderías y centros educativos.

  • Implementar políticas públicas en favor de la lactancia materna dentro del espacio laboral, favoreciendo un ambiente amigable y respetuoso.

  • Impulso de las licencias de maternidad con especial énfasis en el sector informal.

Durante décadas, se han incrementado las investigaciones en torno al papel del desarrollo de la primera infancia. Específicamente los estudios de lactancia materna muestran extensos beneficios. Desde Early Institute -think tank especializado en primera infancia- se reconoce esta etapa como ventana de oportunidad que mejorar no sólo la nutrición, salud, educación, seguridad y bienestar de cada niño y niña, sino también el bienestar social y económico de la sociedad en su conjunto en el corto y en el largo plazo.