Un gran proyecto para la niñez de México

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de  El Heraldo de México 

Esas capacidades a las que me refiero tienen que ver con al menos la conjunción de dos procesos medulares

Transcurría el verano de 2019, entre junio y agosto de aquel año el equipo de Early Institute nos encontrábamos en medio de un ejercicio de planeación estratégica con miras a la elaboración de un programa de trabajo de largo aliento que pretendía alinear nuestras líneas de acción, objetivos y proyectos hacia el mediano y largo de plazo.

En esa etapa, el área de investigación del Instituto tuvo la fortuna y en retrospectiva me atrevería a afirmar que la visión, de sumar dos grandes capacidades de las que pocas organizaciones sociales pueden dar cuenta, pero que, en el ámbito global resultan hoy por hoy condiciones por demás indispensables para asegurar la seriedad, competitividad y viabilidad de cualquier proyecto público o privado, con independencia de su ámbito material o enfoque de aplicación.

Esas capacidades a las que me refiero tienen que ver con al menos la conjunción de dos procesos medulares. El primero, contar un campo de visión estratégica a partir del diseño de una teoría del cambio, que permita dar certeza sobre el estado real que guarda una determinada problemática de estudio como representa en nuestro caso, el apasionante y exhaustivo ámbito de la primera infancia.

Y el segundo, recopilar y procesar la información disponible, haciendo uso de herramientas para el análisis científico de datos que permita generar productos de toma de decisión basados en evidencia. Lo que en el lenguaje especializado se conoce como Data Driven Decision Making.

La sinergia de ambos factores, nos llevaron a crear un nuevo proyecto dentro de nuestras líneas temáticas, que si bien en lo inmediato significó dar un siguiente paso en las capacidades del Think Tank, en realidad para nosotros resultó un proceso hasta cierto sentido natural; producto del trabajo histórico de investigación, análisis e incidencia que durante 16 años el Instituto ha venido desarrollando en otros proyectos para la protección de los derechos de la niñez mexicana y su entorno fundamental.

Quizá el diferencial en este episodio de nuestra vida institucional tuvo que ver con el hecho de contar con una teoría del cambio alineada a las prioridades globales y nacionales en materia de primera infancia, la cual si bien no es poca cosa, nos permitió visualizar con mayor nitidez la oportunidad de crear una plataforma que proporcionara a los tomadores de decisión – sean públicos o privados – información confiable y sistematizada sobre el estado real de la primera infancia en México.

Y también en buena medida, movidos un poco por las dificultades y frustraciones que nosotros mismos padecimos durante muchos años como usuarios y consumidores de información estadística para elaborar estudios, informes y propuestas de incidencia en materia de niñez, quisimos aportar al ecosistema de actores, colectivos, especialistas, instituciones sociales y gubernamentales involucrados en esta agenda, un espacio sistematizado que ordenara las diversas dimensiones prioritarias para el análisis y abordaje integral del tema.

A manera de anecdotario, recuerdo las conversaciones que sostuvimos todo el equipo del Instituto durante dichas jornadas, muchas de ellas extenuantes y no exentas de dudas o cuestionamientos internos sobre la viabilidad técnica y operativa del proyecto. De manera muy especial vienen a mi mente, las horas de trabajo que invertimos para dar forma a la primera versión de objetivos y fases del proyecto especialmente de la mano de nuestros extraordinarios investigadores, Renata Díaz y Cándido Pérez. Convertidos hoy, por cierto, en una dupla imparable que a pesar de su juventud saben combinar experiencia con innovación.

El reto para nosotros era mayúsculo, pues como cualquier proyecto que nace desde cero y con la necesidad de generar recursos para su sostenibilidad, nos enfrentamos además al imprevisto escenario de bruma y confusión global que trajo consigo la pandemia por Covid-19; lo cual naturalmente significó un ajuste de tiempos y prioridades para todos los proyectos de nuestra organización.

Sin embargo, quizá de manera intuitiva y sin saberlo, nuestra respuesta como equipo ante esos momentos de dificultad e incertidumbre que vivimos durante el confinamiento y tras confirmar que en los hechos, una vez más, la infancia no representó un tema prioritario en el país - aun en circunstancias de emergencia humanitaria - resultaba claro que el curso de este proyecto en ciernes no debía detenerse, sino por el contrario redoblarse con disciplina y paso firme.

Fue así, precisamente durante el punto más álgido de la pandemia (2020-2021) que aceleramos los trabajos de análisis y redacción para elaborar el informe documental que dio origen al Sistema de Indicadores de Primera Infancia México (SIPI México), mismo que finalmente vio la luz y dimos a conocer a la opinión pública en junio del presente año.

SIPI México, es una herramienta que integra datos estadísticos actualizados, respecto a 142 indicadores que atañen a la primera infancia de nuestro país. El sistema se compone con información sobre el estado de salud, educación, nutrición, talla, peso, condiciones de vida, violencia, pobreza y cumplimiento de sus derechos fundamentales de este sector poblacional.

Más que una plataforma que concentra datos fríos provenientes de múltiples fuentes de información estadística, con este esfuerzo pretendemos crear una conversación productiva, bilateral y genuina con los actores clave que nos permita tejer juntos la radiografía de acción más completa que exista en México sobre las prioridades de desarrollo que requieren los más de 12 millones de niñas y niños en situación de primera infancia.

A 4 meses de su lanzamiento, lo que fueron conversaciones de escritorio y planeaciones internas se traducen hoy en una agenda de trabajo viva y en marcha, que de manera sorpresiva para todos nosotros y para los líderes de este proyecto, ha logrado sumar en corto tiempo a actores y especialistas de gran calado en diversos ámbitos de acción prioritaria.

Es bajo este marco, que aprovecho para agradecer en primer lugar a Annayancy Varas, Directora General del Instituto, por su confianza en el proyecto. A los integrantes del Comité Consultivo, aliados institucionales y equipo operativo de Early Institute. Pero sobre todo a las personas y organizaciones que desde el día cero creyeron en esta iniciativa y hoy forman parte activa de ella.

Igualmente invito a todos los lectores y audiencias especializadas del Heraldo de México a consultar y participar del desarrollo de SIPI México a través del portal staging.earlyinstitute.org/sipimexico/ y en todas nuestras redes sociales. No en vano me atrevo a afirmar desde ahora, que se trata de un gran proyecto para la niñez de México.

POR POR ABRAHAM MADERO MÁRQUEZ
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ABOGADO. DOCTORANDO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA. DIRECTOR EJECUTIVO DEL THINK TANK MEXICANO EARLY INSTITUTE

La niñez pos pandemia; una generación en riesgo ante el mundo digital

Por: Vincent Morfín Calvo, Abogado del área de Asuntos Públicos de Early Institute.
Publicación original de  Diario Contra Réplica

Más de dos años han pasado desde que se conoció del primer caso de COVID-19 en México y, hoy en día, la consecuencia ha sido un adelanto tecnológico sin precedentes para el que claramente no nos encontrábamos preparados.

Para las niñas, niños y adolescentes, la educación debía continuar si se quería evitar un rezago educativo severo, situación que los llevó a migrar, en unos cuantos meses, la vida escolar a un entorno completamente digital, en el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). ¿Qué representó esto realmente? Para las y los menores, esto significó un cambio completo en sus vidas, ya que cambiaron las clases presenciales, las charlas con sus compañeros y los horarios de recreo, por tareas en casa y clases detrás de una pantalla de televisión o computadora. Para padres, madres y cuidadores, esto representó hacer adecuaciones en sus vidas para cuidar de sus hijas e hijos, quienes se encontrarían de tiempo completo en el hogar.

Sin embargo, existe un riesgo que no tomamos en cuenta de inmediato y que rápidamente se volvió un problema de atención prioritaria en cada familia; la exposición prolongada a dispositivos electrónicos y el riesgo de sufrir violencia digital.

La legislación penal federal y de diversos estados, contemplan una serie de delitos y penas para quien los cometa valiéndose del uso de las TIC, sin embargo, estos supuestos resultan limitados cuando los comparamos con el universo entero que se encuentra dentro del internet, y cuando caemos en cuenta de la diversidad de modalidades de violencia digital que puede sufrir una persona. Dado lo anterior, preocupa aún más el pensar que niñas y niños puedan llegar a ser víctimas de estos tipos de violencia al tener carta abierta para navegar en internet desde celulares y tabletas.

Es por lo anterior que debemos realizar dos reflexiones:

En primer lugar, nosotros como personas que tenemos menores a nuestro cuidado debemos generar conciencia sobre el riesgo que representa tener una sobre exposición a las TIC por parte de ellos, que en muchas ocasiones no cuentan con la madurez o experiencia suficiente para detectar situaciones que puedan poner en riesgo su integridad.

Reflexionemos en que hay ocasiones en que nosotros mismos hemos sido víctimas de fraudes bancarios, telefónicos o sufrimos robo de información en nuestras redes sociales; ahora, imaginemos el daño que se les puede causar a niñas y niños que interactúan de forma prolongada en internet. Es por ello que debemos tener clara nuestra responsabilidad y educar de una manera proactiva respecto del uso que se les debe dar a las TIC, protegerlos mientras aún son pequeños, y educar progresivamente para que comprendan los riesgos a los que se enfrentarán día con día conforme vayan creciendo.

Y en segundo término, debemos exhortar a nuestras autoridades y personas tomadoras de decisiones para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, formulen más y mejores políticas públicas que prevengan la comisión de delitos a través de las TIC y, sobre todo, que verdaderamente protejan el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Por último, no es novedad que las TIC, el internet y la interacción a través de medios digitales han llegado para quedarse, por lo que no será sorpresa tampoco que cada vez más niñas, niños y adolescentes lleven su vida escolar de forma completamente digital y, aunque no sea así, las tareas, proyectos e investigaciones cada vez los requerirán de un mayor adentramiento en sitios de internet para su realización, por lo que sea cual sea el caso, resulta de suma relevancia el que sociedad civil y gobierno trabajen de la mano para garantizar entornos digitales libres de violencia para los más pequeños de nuestras familias.

Abogado del área de Asuntos Públicos de Early Institute.

rmorfin@earlyinstitute.org

Atendamos la discriminación laboral por embarazo en México

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de  El Financiero 

 

La igualdad empieza con las condiciones de las licencias de incapacidad que deberían ser tanto para madres como para padres.

Enfrentar la discriminación laboral por embarazo, en México, requiere de alianzas y compromisos, además de información y voluntad para entender la problemática desde sus diversas aristas. En ese sentido, Early Institute organizó una mesa de discusión con la participación de especialistas para reunir opiniones y recomendaciones en torno a este fenómeno que afecta a mujeres embarazadas y a sus hijos e hijas por nacer.

En la reunión, se contó con la participación de Ana Lucía Cepeda, cofundadora de Bolsa Rosa; Denisse Montesinos, cofundadora de Mujeres en Finanzas; Paola Bortoluz, fundadora de Her Safe Place y Sofía Pérez Gasque Muslera, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. En sus intervenciones coincidieron que la discriminación laboral en el trabajo es un asunto cultural, pero que deteriora gravemente la competitividad del país.

Sofía Pérez sostuvo que, desafortunadamente, esta problemática es poco visibilizada. Por lo tanto, es poco entendida en su abordaje, aunque en el ámbito empresarial se debería enfatizar en lo mucho que se pierde, en términos económicos, con el daño ocasionado a las mujeres trabajadoras gestantes.

Por su parte, Ana Lucía Cepeda puntualizó que es una problemática de difícil medición y compleja. Señaló su vinculación con la equidad y que, en el caso de una etapa de embarazo, la igualdad empieza con las condiciones de las licencias de incapacidad que deberían ser tanto para madres como para padres.

Para Denisse Montesinos, la problemática continuará mientras no se retome desde el liderazgo de las empresas y se integre a su visión estratégica. Para ello es necesario cambiar la cultura organizacional, así como tener diagnósticos, incentivos y métricas que posibiliten la protección de las mujeres embarazadas en el trabajo.

Hoy en día, en nuestro país, en proporción del trabajo en casa, la mujer participa en un 50.4 por ciento, en contraste con los hombres que muestran 19 por ciento. Un dato más es que 80 por ciento de las mujeres de la población económicamente activa tiene un trabajo independiente por la falta de diversidad y flexibilidad laboral. Si se eliminara la desigualdad laboral se incrementaría en un 35 por ciento la participación de la mujer en las actividades económicas, impactando en la productividad empresarial y en la competitividad nacional. Asimismo, este aumento de la participación de la mujer en la actividad económica podría propiciar un incremento del 70 por ciento de la tasa del PIB actual.

Por su parte, Paola Bortoluz acentuó la relevancia de abordar este fenómeno con el rigor y la seriedad que se merece. Invitó a observar las experiencias de otros países para enfocarse en la construcción de un sistema que dé cabida a la maternidad sin tener que pagar el alto costo que suelen enfrentar las mujeres.

También se dijo que México, siendo integrante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no está a la par en condiciones de flexibilidad, rentabilidad, productividad y nivel de ingresos que el resto de los países miembros y que en foros recientes se ha insistido que reducir la brecha de condiciones económicas, salariales y de oportunidad de hombres frente a mujeres llevaría 150 años si no se actúa para acelerar el proceso.

Entre las propuestas para fortalecer el papel de las madres trabajadoras en la actividad económica se habló de implementar herramientas con perspectiva de género, lo cual también ayuda a las empresas. En este punto, las mujeres deberían tener una participación en sus trabajos con flexibilidad laboral y garantías de respeto hacia la maternidad, la lactancia y la salud, ya que suelen tener mayor nivel de estudios de posgrado frente a los hombres con puestos directivos, operativos y ejecutivos.

La mesa se hizo a propósito del estudio La discriminación laboral por embarazo, que Early Institute integró para evidenciar las causas, conductas y consecuencias de esta práctica que atenta contra las mujeres, pero también pone en riesgo la vida de los niños y las niñas por nacer.

Para los integrantes de Early Institute es primordial asegurar la protección de la gestación y la primera infancia de manera integral. Además de describir la problemática nos enfocamos a establecer lazos con organismos públicos y privados para generar propuestas que logren erradicar este fenómeno que, además de vulnerar los derechos de la mujer, impide el sano desarrollo de sus bebés. Puedes consultar el estudio en: https://staging.earlyinstitute.org/discriminacion-laboral-por-embarazo/DLE.pdf

Una reflexión sobre el Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de  El Heraldo de México 

Sin embargo, hay que decirlo, el problema de estos sistemas no radica en sus nobles y justificados objetivos, el asunto se complejiza cuando pasamos, sobre todo, a los hechos en su operativización

Afirmar que la niñez no es un tema prioritario para nuestros gobernantes no debe resultar una exageración. Por laxa que resulte esta premisa, la historia y los datos así lo corroboran.
La agenda estructural de temas y problemas que requieren políticas públicas e intervenciones presupuestarias para mejorar la vida y los derechos fundamentales de casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes en el país, no representa como tal un pilar dentro del debate público o en la voz cotidiana de nuestros representantes.
A pesar de que México cuenta con un joven instrumento normativo como lo es la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes (2014), su existencia y puesta en marcha durante los últimos años no ha sido suficiente para articular con la solidez y contundencia necesarias, el carácter nacional y prioritario del denominado Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Desde luego, no se minimiza el esfuerzo que ha implicado poner en marcha dicho mecanismo, dotarlo de una estructura administrativa y comenzar a configurar las distintas fases de un programa nacional que sepa integrar a los tres órdenes de gobierno en la definición de directrices para la atención de la niñez y adolescencia mexicana. Sin embargo, hay que decirlo, el problema de estos sistemas no radica en sus nobles y justificados objetivos, el asunto se complejiza cuando pasamos, sobre todo, a los hechos en su operativización.
Una de las críticas más recurrentes que desde el foro jurídico se realiza a las leyes generales de este tipo, consiste en que pareciera son diseñadas bajo una especie de ceguera legislativa, por lo que hace a la dificultad de poner en marcha este tipo de mecanismos de colaboración intergubernamental que resultan extremadamente ambiciosos cuando pretenden instrumentarse en regiones y realidades tan dispares como las que existen en el atípico mosaico del federalismo mexicano.
¿A qué nos referimos? Tal y como ocurre en el desempeño de otros sistemas nacionales de coordinación – seguridad, educación, por citar algunos – este tipo de mecanismos terminan por quedarse cortos en su desempeño, ante el tamaño del problema que pretenden resolver o para el cual fueron diseñados.
La multiplicidad de actores que intervienen, aunada a la fragmentación y dispersión de las agendas públicas que se viven especialmente en los estados y municipios, genera que estos sistemas mantengan una intermitencia preocupante; tanto por el nivel de inversión de recursos que se requiere para echar a andar a las instancias especializadas – háblese de las procuradurías de protección, sistemas estatales y municipales – así como por la escasa materialización de políticas públicas concretas más allá del diagnóstico de escritorio o la firma de compromisos protocolarios.
Ante esto, opino que la famosa transversalidad de la que tanto se habla en el gremio especializado y que caracteriza a la agenda en materia de los derechos de la niñez y adolescencia, no ha sido suficientemente analizada, abordada ni mucho menos costeada bajo un enfoque estratégico-operativo, en un país compuesto por 32 realidades sociales y jurídicas disímbolas entre sí. A ello se suma un escenario actual en donde el Poder Ejecutivo Federal mantiene, por decir lo menos, un papel protagónico en la configuración de la agenda nacional.
Pero este error, a mi juicio crucial, en buena medida tiene su origen a partir de diversas patologías que lamentablemente forman parte de inercias legislativas y del bajo nivel técnico que prevalece en el parlamento mexicano. Bajo la tendencia normativa de todo “mandarlo a leyes generales” algunas hechas casi bajo el mismo formato, el Congreso de la Unión no ha prestado la atención debida al diseño específico y necesidades de instrumentación práctica que requieren los marcos normativos de las materias más sensibles para la población, especialmente en el ámbito de tutela de los derechos humanos.
Ello se traduce en normas de difícil cumplimiento como la que nos ocupa, con retos titánicos para echar andar las maquinarias burocráticas y de coordinación nacional que se prevén desde sus textos, y sobre todo, alejadas de la realidad económica y social del país. No en vano, especialistas como la Doctora Cecilia Mora, durante décadas han apuntado que la técnica legislativa debe comprender por parte de legislador primario, ante todo, la realización de un examen crítico sobre el resultado que las normas pretenden producir tras su entrada en vigor.
Si pasamos bajo ese tamiz a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y su institución estelar que representa el SIPINNA a 8 años de su vigencia, los datos podrían resultarnos un tanto desalentadores.
El mecanismo normativo e institucional no ha sido determinante para mejorar las condiciones de vida de las nuevas generaciones. Sin ir muy lejos, de acuerdo a datos de UNICEF la inversión en recursos públicos en primera infancia, niñas, niños y adolescentes en los últimos 6 años ha decrecido al pasar de un 3.27% del PIB en 2018, a un 2.86 % que se estima para 2023.
Malas noticias se leen también en la proyección de un dato que debería ser el rubro prioritario no solo para los operadores de esta agenda, si no para el país entero; la inversión específica en materia de primera infancia, es decir niñas y niños entre 0 y 5 años, apenas alcanzó un 0.5 % del PIB durante este 2022.
¿Qué significa esto? Pues si bien el propósito primigenio de la Ley General, sus normas secundarias y las correspondientes estructuras administrativas que forman parte de los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes, fue el de materializar y atender los derechos de este sector poblacional bajo un enfoque de prioridad, es evidente que el trabajo por hacer requerirá poco más que activismo y buenas intenciones por parte de los poderes públicos.
Aquí, me parece se encuentra implícita una agenda y al mismo tiempo una auténtica hoja de ruta que si los actores políticos del momento saben leerla con altura de miras, podría representar para México una alternativa viable para atender las causas de fondo a nuestras problemáticas sociales.
No habría un mejor planteamiento estructural para una futura o futuro gobernante – el más completo y sensato creo yo – que hacer cumplir la Constitución y por primera vez en la historia de este país, poner en el centro de todo programa o decisión de política pública al interés superior de la niñez.
Agradezco la oportunidad de escribir este primer texto en el extraordinario e histórico espacio de expresión que representa el Heraldo de México. Gracias por considerar la voz de Early Institute y sus integrantes, pero sobre todo por interesarse en el trabajo crítico que realizamos en favor de la niñez mexicana.
POR ABRAHAM MADERO MÁRQUEZ
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ABOGADO. DOCTORANDO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA. DIRECTOR EJECUTIVO DEL THINK TANK MEXICANO EARLY INSTITUTE

Urge proteger la maternidad en el trabajo

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de  El Financiero 

Lamentablemente la discriminación laboral por embarazo es una práctica que daña más a las mujeres con bajos salarios.

Con el objetivo de prevenir y atender una de las problemáticas más graves en contra de las mujeres embarazadas en el trabajo, Early Institute difunde el estudio La discriminación laboral por embarazo, en apoyo a dicho sector de la sociedad mexicana. Entre otros datos, en la investigación se revela que 88 por ciento de los casos es en el ámbito particular, mientras que en el sector público se registra un 12 por ciento. Sin duda, la situación es preocupante por la terrible afectación que sufren no solamente las mujeres, sino también las niñas y los niños por nacer.

En este sentido, el estudio señala la complejidad del fenómeno y cuestiona: “el problema es mucho más grave de lo que pensamos y sus alcances tan amplios que nos definen como comunidad: ¿qué tipo de sociedad somos, si no garantizamos un ambiente sano y seguro para las niñas y los niños en su primera infancia?”.

Lamentablemente la discriminación laboral por embarazo es una práctica que daña más a las mujeres con bajos salarios. “Respecto al lugar de trabajo, el modelo muestra que las mujeres empleadas en compañías o empresas privadas, bancos u hospitales tienen un riesgo relativo mayor de padecer discriminación por embarazo (32 por ciento mayor) y el riesgo relativo es mucho mayor para las empleadas en fábricas (166 por ciento mayor)”.

Por su parte, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que existen 2 millones 764 mil 991 mujeres trabajadoras que, en los cinco años previos, sufrieron alguna forma de discriminación laboral relacionada con el embarazo.

Sobre esto, en la publicación también se habla de las diferentes formas de violencia hacia la mujer durante la gestación, e incluso, después de parir, siendo ellas: acoso y hostigamiento laboral; descuento económico por ejercer licencias médicas; obligación de trabajar en periodo de incapacidad por maternidad; no ser contemplada para ascensos; no renovar su contrato por honorarios en el periodo de incapacidad; despido, entre otras. Todas estas conductas vulneran el ejercicio de la maternidad, atentando contra los derechos laborales.

Ante este panorama, es necesario cambiar la idea de ver la maternidad como una desventaja y “posicionar al embarazo y la maternidad en el eje de todas las acciones y estrategias implementadas en los distintos sectores sociales, especialmente en el laboral, a fin de cambiar la percepción”.

Para Early Institute es fundamental visibilizar este fenómeno en tanto suele ser minimizado y poco atendido por las autoridades. De igual modo es indispensable garantizar la vida, la salud, la integridad y el desarrollo de las niñas y los niños por nacer, lo que implica erradicar el problema desde un enfoque con perspectiva de niñez.

La discriminación laboral por embarazo es la primera entrega de una serie de documentos titulada Prácticas que vulneran la maternidad en México, la cual busca reunir trabajos y evidencia en torno a las mujeres embarazadas y sus hijos e hijas por nacer para concretar políticas públicas que los protejan de una manera integral. Puedes consultar el estudio en: https://staging.earlyinstitute.org/discriminacion-laboral-por-embarazo/DLE.pdf.

La pandemia, retroceso educativo para la primera infancia

Por Renata Díaz Barreiro, investigadora de Early Institute.
Publicación original en El Sol de México

Especialistas con años de experiencia en materia de educación inicial y preescolar se reunieron para identificar los retos y recomendaciones en la mesa de discusión de sobre educación del Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI México) impulsada por Early Institute.

En el panel participaron Irma Luna Fuentes, subdirectora de Educación Inicial en la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública (Sep); Brenda González García, directora de Atención de Políticas de Primera Infancia del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna); y las investigadoras Katia Carranza Velázquez, de Mexicanos Primero e Ixchel Beltrán Revilla, del Pacto por la Primera Infancia.

Inicialmente se dieron a conocer datos oficiales y validados disponibles dentro del SIPI en materia educativa, en los cuales se expusieron decrementos sustanciales durante la pandemia en las cifras de educación inicial y preescolar correspondientes a los periodos escolares 2019/2020 y 2020/2021.

La matriculación preescolar – de niñas y niños de entre 3 y 5 años- decreció en 8% en 2020/2021 con respecto al periodo anterior. Aún más preocupante que la tasa de escolarización de educación inicial – niñas y niños de entre 0 y 2 años 11 meses- cayó en 18%. Sin lugar a dudas, la pandemia tuvo un impacto en la educación de la primera infancia, la cual se refiere a niñas y niños de entre 0 y 5 años.

Las reconocidas especialistas en el tema visibilizaron los retos importantes que obstaculizan el impulso de la educación de la primera infancia: asegurar la calidad en los procesos, el reconocimiento social de la educación inicial y preescolar, así como, mayor y mejor asignación presupuestal.

Reconocimiento social

Comúnmente la educación inicial se percibe como el lugar en donde se dejan a las niñas y niños mientras los padres o tutores se trabajan, debido a que el término guardería ha sido muy posicionado. No obstante, existe un gran desconocimiento respecto a los centros educativos, que a través del juego y del fortalecimiento de vínculos afectivos impulsan el desarrollo infantil temprano.

El impacto post pandemia por no llevar a niñas y niños a las escuelas en tiempo puede tener consecuencias brutales. Según lo expuesto, ya se alcanzan a ver y en estos próximos años se visibilizarán aún más los efectos de años previos, puesto que debido a que niñas y niños que no se han relacionado con más personas porque debido a que nunca han dejado a sus cuidadores, por lo que el cambio abrupto puede afectar su desarrollo social, emocional, cognitivo y , físico.

Resulta fundamental difundir que las niñas y niños de entre 0 y 5 años deben asistir a centros educativos, o incluso las modalidades no escolarizadas como lo son los centros comunitarios que hay en cada localidad, porque en estos centros es dónde aprenden y se desarrollan.

Calidad de los procesos

Las especialistas destacaron retos importantes respecto a la necesidad de una regulación con estándares mínimos de calidad en los procesos educativos. Actualmente existen diversos “servicios”, “modalidades”, “guarderías” y “centros educativos” que no necesariamente están incorporados a la SEP y que además, no cumplen con estándares mínimos de calidad.

Además, Lla falta de capacitación de agentes educativos en temas de primera infancia es evidente. De acuerdo a datos oficiales disponibles en el SIPI, el 20% del personal docente no tiene la formación mínima para impartir preescolar. Es necesario que en la educación se fortalezcan las capacidades entorno al marco del cuidado cariñoso y sensible y que se valore el capital humano de agentes educativos que ya están capacitados sin que influyan cambios gubernamentales en su rotación.

Asignación presupuestal

Coincidentemente, el bajo presupuesto en la educación de la primera infancia fue otro gran desafío planteado por las especialistas. Necesitamos una mejor asignación presupuestal en la primera infancia con progresividad y maximización de recursos. Invertir mejor e identificar los aspectos de atención prioritaria.

Desde Early Institute el think tank, Early Institute, consideramos imperante atender estos aspectos prioritarios. Se necesita difundir sobre la importancia de la educación inicial y preescolar, que no son lugares para guardar a las y los niños mientras se trabaja. Los centros educativos logran a través del juego y vínculos afectivos, apoyarles en su aprendizaje y educación lo cual marcará los cimientos para su desarrollo social, emocional, físico y cognitivo para toda la vida.

Por otra parte, se hace un llamado a las autoridades de los niveles más altos a mejorar la asignación presupuestaria de la primera infancia con progresividad y maximización de recursos. Necesitamos invertir más en la calidad de los procesos educativos sobre todo a través de la capacitación continua de agentes educativos. Las niñas y niños son sujetos de derechos y aprendices competentes y necesitamos garantizar su derecho a la educación.

Más de 6 millones de niñas y adolescentes sufrieron violencia sexual, ENDIREH 2021

Por Renata Díaz Barreiro, investigadora de Early Institute.
Publicación original en El Sol de México

Esta semana se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH) 2021, la cual se realiza cada 5 años y cuyo objetivo es visibilizar la violencia en contra de las mujeres en México. Desgraciadamente, los resultados muestran una alarmante violencia de género en nuestro país, pues 7 de cada 10 mujeres reportaron haber sufrido de alguna forma de violencia.

Los resultados de la Encuesta son realmente preocupantes. Tal es el caso del 12.6% de las mujeres representadas en la ENDIREH que sufrieron alguna forma de violencia sexual antes de los 15 años, lo cual equivale a 6 millones 366 mil 948 niñas y adolescentes. Además, se observa que en 5 años (2016-2021) la violencia sexual ha incrementado un 45%.

Lo más preocupante es que las personas perpetradoras de las distintas formas de violencia sexual en contra de niñas y adolescentes se encuentran dentro del contexto del hogar. Casi 7 de cada 10 mujeres reportaron a alguna persona de su familia: tío(a) (20.8%), primo(a) (17.4%), un no familiar (15.8%), desconocido (9.7%), otro familiar (8.1%), hermano(a) (7.1%), padrastro o madrastra (6.5%), padre (5.2%), abuelo(a) (3.6%), otro (3.3%), madre (0.6%).

La violencia en contra mujeres es una problemática de carácter nacional que inicia desde la niñez y se extiende a toda la vida, no podemos seguir ignorando el problema. Necesitamos construir una sociedad en la que las futuras generaciones no repliquen la violencia sistematizada en contra de las mujeres, y trabajar en conjunto para que la seguridad no dependa de un listado de acciones personales de “precaución”, sino de la responsabilidad de todos y todas de garantizar una vida libre de cualquier forma de violencia.

Nos preguntamos ¿por qué la violencia sexual no ha dejado de crecer en los últimos 5 años? Porque no se ha hecho lo suficiente para visibilizarla y enfrentarla. Desde el ámbito familiar no se rompe el silencio, no se les cree a las niñas, hay una pobre educación sexual pobre y las capacidades deficientes de prevención por parte de cuidadores primarios.

No obstante, el problema no está únicamente en el ámbito familiar, como comúnmente se le atribuye la “bolita”. Como país necesitamos de una responsabilidad colectiva. La única manera de prevenir la violencia sexual infantil y adolescente es a través de mecanismos multisectoriales, ya sea desde el ámbito familiar y comunitario, así como, desde los sectores educativo, salud, y judicial. No podemos seguir ignorando el problema, es urgente mejorar las capacidades de detección, diagnóstico y respuesta en todos los sectores. Necesitamos implementar las medidas de prevención necesarias para lograr erradicar la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres de cualquier edad.

En Alumbra, comunidad de conocimiento con más de 50 organizaciones aliadas para la prevención de la violencia sexual infantil y adolescente, consideramos que todas las personas somos responsables de su protección. Es nuestro deber estar informadas(os) y saber cómo prevenir este problema y qué hacer cuando ya haya sucedido. En la plataforma alumbramx.org podrás encontrar herramientas, consejos y otros recursos para proteger a la niñez mexicana de la violencia sexual.

La educación en la primera infancia: una agenda pendiente

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de  El Financiero 

 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) en 2018-2019, sólo el 24.32 por ciento de niños y niñas de 3 y 4 años tuvo un desarrollo adecuado en cuanto a alfabetización.

En México, la educación que se brinda a niños y niñas durante la primera infancia –en sus primeros 5 años de vida– enfrenta diversos retos. Uno de ellos es la falta de reconocimiento social, es decir, los padres y cuidadores no reconocen su importancia, cuando se trata de un aspecto esencial en el desarrollo integral de todo ser humano.

Así coincidieron las especialistas reunidas en la primera mesa de discusión “Educación en la primera infancia; retos y recomendaciones”, organizado por Early Institute, a propósito de los datos que concentra el Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI México), herramienta social y estadística que da seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el panel participaron Irma Lilia Fuentes, subdirectora de Educación Inicial en la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública (SEP); Brenda González García, directora de Atención de Políticas de Primera Infancia del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; y las investigadoras Katia Carranza Velázquez, de Mexicanos Primero e Ixchel Beltrán Revilla, del Pacto por la Primera Infancia.

De acuerdo con SIPI México, que a su vez se nutre de bases de datos oficiales, como el Sistema Educativo Nacional, la matrícula preescolar que va de 3 a 5 años tuvo una caída de 8.0 por ciento% de 2018 a 2021. En el ciclo escolar 2018-2019 se registró una inscripción de 71.8 por ciento; en el periodo 2019-2020 fue de 71.4 por ciento, y en el ciclo 2020-2021 bajó aún más, a 65.6 por ciento.

En cuanto a la tasa de escolarización de educación inicial (de 0 a 2 años) la baja fue de 18 por ciento en ese mismo periodo, ya que en el ciclo 2018-2019 se tuvo 4.1 por ciento; en el periodo 2019-2020 fue de 3.8 por ciento, y en el ciclo 2020-2021 fue de 3.1 por ciento.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) en 2018-2019, sólo el 24.32 por ciento de niños y niñas de 3 y 4 años tuvo un desarrollo adecuado en cuanto a alfabetización y conocimientos numéricos.

Estas cifras hablan de un panorama poco alentador, sobre todo, en cuanto a educación inicial se refiere. Las expertas en la mesa de discusión vinculan este fenómeno con distintos aspectos: la necesidad de un cambio cultural; ampliar la cobertura; mejorar la calidad del servicio educativo; fortalecer a los agentes educativos con formación continua y adecuada; priorizar el interés superior de la infancia y poner al centro a los niños y las niñas en la construcción de las políticas públicas.

También hay que garantizar la implementación de la recientemente lanzada Política Nacional de Educación Inicial (PNEI) en cuanto a cobertura, calidad y trabajo con las familias. En este sentido, otra cifra que llama la atención es que 40 por ciento de las familias mexicanas no requiere del servicio, de acuerdo con datos compartidos por el Pacto por la Primera Infancia.

Se debe tener mayor presupuesto para impulsar la educación en primera infancia y garantizar un sano ejercicio de los recursos, así como alentar la coordinación entre los diversos sectores involucrados en esta etapa educativa.

En Early Institute afianzamos nuestro compromiso por contribuir en la mejora de la salud; el cuidado y la educación; la seguridad y la protección de la primera infancia y sabemos que la responsabilidad es compartida. SIPI México reúne datos para facilitar el análisis de la situación actual de las niñas y los niños de México, desde un enfoque estadístico, pero también de derechos, motivo por el cual las voces de especialistas ofrecen otra dimensión de entendimiento a lo que ocurre hoy en día en un ámbito educativo complejo y desigual. Los invito a consultar SIPI México en https://staging.earlyinstitute.org/sipimexico/

México y su inversión en primera infancia

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de  El Financiero 

 

México enfrenta severos retos en inversión en primera infancia, presentando incluso porcentajes muy bajos de gasto público en comparación con el promedio de países en América Latina.

En días pasados, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) dio a conocer la investigación Gasto para la primera infancia en 2021. Distribución en entidades federativas, con cifras referentes a la inversión en primera infancia durante 2021 y a la distribución de recursos en los diferentes estados de la República mexicana.

En primer lugar, el estudio señala que en ese año “el Gasto Exclusivo para Primera Infancia (GEPI) fue de 16 mil 120.4 millones de pesos (mdp), esto representó mil 247 pesos para la atención de cada niño o niña. En contraste, en 2022 el gasto en pensiones y costo de la deuda ascienden a 86 mil 830 y 6 mil 412 pesos per cápita respectivamente (CIEP 2022)”.

Sin duda, este primer dato da cuenta de la escasa importancia que se le brinda a la primera infancia mexicana, cuando debería ser un sector con mayor atención. Hay que recordar que esta etapa abarca de los cero a los cinco años, tiempo en el que niños y niñas observan un desarrollo cognitivo, social, emocional y motriz sustancial, en tanto su cerebro alcanza sus niveles máximos de crecimiento.

Pese a la relevancia de esta etapa, México enfrenta severos retos en inversión, presentando incluso porcentajes muy bajos de gasto público en comparación al promedio de países en América Latina.

De acuerdo con el CIEP: “El GEPI incluye cuatro programas presupuestarios que atienden exclusivamente a la primera infancia: servicios de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Estancias del Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); el Programa Expansión de la Educación Inicial de la Secretaría de Educación Pública (SEP); y el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niños, Niñas Hijos de Madres Trabajadoras (PABNNHMT) de la Secretaría del Bienestar. En conjunto, los cuatro programas representaron solo 0.21 por ciento del total del gasto ejercido en 2021″.

Cabe mencionar que tres de los cuatro programas ejercieron menos recursos de los asignados. “El programa de servicios de guardería del IMSS fue el que presentó un mayor subejercicio, gastó 2 mil 520 mdp menos que lo aprobado, en tanto que el programa EBDI del ISSSTE fue el único que presentó un sobreejercicio de 31 mdp”.

En cuanto a la distribución por entidad, el documento señala un ejercicio inequitativo: “La Ciudad de México fue la entidad que ejerció mayores recursos para atender a primera infancia, con un gasto per cápita de 4 mil 330 pesos. Le siguen las entidades de Chihuahua y Colima con gastos per cápita por arriba de 2 mil 500 pesos. En contraste, las entidades que ejercieron menores recursos per cápita destinados a la atención de la primera infancia fueron Hidalgo y Chiapas, quienes ejercieron menos de 300 pesos per cápita para primera infancia”.

Esta desigualdad favorece mayor pobreza y diferencia de oportunidades, lo que pone en riesgo a niños y niñas en primera infancia, quienes conforman casi 10 por ciento de la población total mexicana.

Con este estudio, se sigue evidenciando que en México se invierte poco en primera infancia, lo que compromete la igualdad social y económica del país.

En Early Institute hacemos un llamado a efectuar mayores esfuerzos para garantizar una protección integral a esta población, en tanto se sabe que los países que otorgan mayores presupuestos a su primera infancia reducen costos futuros en la vida adulta de sus ciudadanos. Asimismo, es necesaria una distribución equitativa que cierre las brechas de pobreza y garantice la igualdad de oportunidades a niñas y niños; además de que se aprovechen eficazmente los recursos públicos en beneficio de los más vulnerables.

¿Qué está pasando en los albergues?

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en El Heraldo de México

“Niña es quemada con alcohol y descargas eléctricas en albergue de Tonalá, Jalisco” “Desaparece otra niña de albergue del DIF en Acapulco; van 3 en quince días”

En últimos días, los albergues de México han sido el foco de atención por noticias escandalosas sobre lo que pasa en sus instalaciones.

El primer caso, el de una niña de 11 años que fue rociada con alcohol y posteriormente agredida con una pistola de descargas eléctricas por personal de un albergue, lo que provocó que se incendiara. Ella informó que en el interior de las instalaciones había más menores de edad en posible condición de riesgo y quienes presuntamente también eran víctimas de vejaciones.

El segundo, una niña de 11 años que -de acuerdo con las versiones de las autoridades- “escapó” y se encuentra en calidad de desaparecida. Pero no es la única, en menos de un mes han desaparecido dos niñas más. ¿En qué condiciones viven esas niñas para huir y, en el intento, poner su vida en riesgo?

Son casos independientes, pero definitivamente no aislados, se trata de una situación sistemática. Como ya lo ha observado la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su “Informe Especial sobre la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social y Albergues Públicos y Privados de la República Mexicana” de 2019, no son pocos los casos de violencia, abuso, negligencia y omisiones contra la población menor de edad residente en centros de asistencia social, cuyo origen ha radicado, generalmente, en la falta de regulación, supervisión y control estatal.

De acuerdo con el último “Censo de Alojamientos de Asistencia Social” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (CAAS 2015), existen 875 casas hogar, albergues, refugios y otras modalidades de cuidado institucional. De éstos, solo 68 son financiados exclusivamente con recursos públicos, el resto se sostiene total o parcialmente con recursos privados. Es decir, también en este sentido, el Estado mexicano ha abandonado a la niñez y adolescencia, “delegando” -sin regulación, supervisión ni control- su responsabilidad en la sociedad civil.

Pero no basta saber cuántos centros son o cómo es su financiamiento, sino conocer las condiciones en las que operan y la situación concreta de 33,118 niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo su protección. Hoy más que nunca es de suma importancia prestar atención y exigir de las autoridades no solo la debida investigación y responsabilidad de las personas involucradas en los casos aquí mencionados, sino también sumar esfuerzos para cambiar la situación de niñas, niños y adolescentes institucionalizados en nuestro país.

Por ejemplo, demandar que cuenten con modelos de atención, recursos, personal suficiente y capacitado para garantizar sus derechos humanos. Así como mecanismos de supervisión adecuados que permitan evaluar que su operación atienda a los principios de no discriminación, interés superior de la niñez y adolescencia, derecho a la vida, al sano desarrollo y a expresar sus opiniones para que sean tomadas en cuenta de acuerdo con su edad y grado de madurez.

Recordemos que se trata de niñas, niños y adolescentes que vienen de contextos de violencia, desamparo y carencia, personas reales que por su condición de vulnerabilidad requieren una protección reforzada, pero en su lugar encuentran más indiferencia y abuso.