La tecnología y la baja poblacional

Por Annayancy Varas, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero

En los últimos años se han registrado cambios relevantes en la dinámica social. Uno de ellos es el descenso en el número de nacimientos, lo que implica que se esté llegando a una preocupación mundial.

Por ejemplo, en México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se contabilizaron 1,672,227 nacimientos registrados en 2024 cuando en 2023 fue de 1,820,888. Por supuesto las razones de este descenso pueden ser varias tanto derivadas por aspectos económicos como por las nuevas formas de relacionarse. En este sentido, recientemente se dio a conocer un estudio en Estados Unidos, en el que se habla que desde que salió el primer smartphone de Apple al mercado (en 2007), en ese país ha ido decayendo la tasa de nacimientos.

Dicen los autores del informe, quienes son economistas del Middlebury College y del National Bureau of Economic Research (NBER, el Buró Nacional de Investigación Económica), que si bien no se le puede atribuir a este objeto la baja natalidad, su llegada sí modificó la forma en que las parejas socializan: menos interacción física, menos citas, menos relaciones sexuales presenciales y por lo tanto menos embarazos.

Con referencia a esta baja de nacimientos: “La tasa general de fertilidad en EU ha caído 22% desde 2007, un descenso sostenido que no se explica del todo por las condiciones económicas, el uso de anticonceptivos, los costos de vivienda o de cuidado infantil”, de acuerdo con los investigadores Caitlin K. Myers y Ezekiel Hooper del Middlebury College.

Ahora bien, como los autores mencionan, no se puede afirmar que el smartphone sea la causa de que la tasa de fertilidad sea menor, sin embargo, llama la atención que el crecimiento de la tecnología vaya a la par con este fenómeno.

La propia autora Myers indicó: “como científica, me resisto a decir que la causalidad está probada”, aunque sostuvo que los datos apuntan a “una relación grande y causal entre los iPhone y la fertilidad”.

El tema de la caída en la tasa de fecundidad no es menor cuando se ponen en riesgo los niveles de reemplazo necesarios para equilibrar el tamaño de la población. Hoy, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) la tasa global de fecundidad en América Latina es de 1.8 hijos por mujer, por debajo del 2.1 necesario para el sostenimiento de una población estable.

En esa línea, si el nivel de reemplazo es afectado, se dan mayores problemas que tienen que ver con una población envejecida, menor fuerza para impulsar la economía y menos productividad.

En Early Institute sabemos que la tecnología es una herramienta que facilita y abona a muchas de las tareas humanas, sin embargo, hay que tener precaución cuando la interacción con ella busca reemplazar las relaciones interpersonales. No se trata de evitar el uso de los dispositivos digitales, sino alentar que su manejo de ningún modo sustituya el establecimiento de vínculos sociales y, por tanto, de conexiones que impliquen afecto, comunicación, interés y confianza.

La protección de las infancias nos corresponde a todas y todos

Por Sandra Espinosa, abogada de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original de El Heraldo de México

Actualmente se sabe que la niña, tras haberle cometido un aborto, se encuentra bajo el resguardo del DIF estatal, como parte de las medidas de protección determinadas para garantizar su seguridad, y que el agresor sexual está vinculado a proceso

A principios del mes de agosto conocimos el caso de una niña de 11 años, de Matamoros, Tamaulipas, a quien, tras recibir atención médica, se detectó que tenía cinco meses de embarazo.

Actualmente se sabe que la niña, tras haberle cometido un aborto, se encuentra bajo el resguardo del DIF estatal, como parte de las medidas de protección determinadas para garantizar su seguridad, y que el agresor sexual está vinculado a proceso.

Sobre este caso se han dado diversos testimonios; por un lado, la madre señaló en algún momento que había hombres que entraban a la casa cuando la niña estaba sola; por otro, algunos vecinos y familiares señalaban directamente a Sirenio Ruiz como el presunto violentador sexual. También hay versiones que dicen que él publicaba fotografías de ambos presentándola como una especie de pareja.

Y aunque algunos de los hechos de este caso aún están por ser reconfirmados por las autoridades, y solo hay una persona vinculada a proceso, debemos preguntarnos, ¿cómo es que una niña puede vivir una situación de violencia sexual hasta llegar a los cinco meses de embarazo? ¿Qué hicieron todas las personas adultas que formaban parte de su entorno?

Aclarando un punto: la responsabilidad por una agresión sexual es de la persona que ejerce la violencia, y las posibles omisiones en el entorno no disminuye la responsabilidad de quien la ejerció. Además, hasta el momento no se tiene conocimiento de que exista una investigación penal en contra de otras personas, además de la investigación contra Sirenio Ruiz.

Sin embargo, no debemos dejar de visibilizar que la red de protección falló; y esto no involucra solo a la madre o a las personas de su familia más cercanas, sino también a todas las personas que estaban a su alrededor, al Estado y a la sociedad en general.

El cuidado y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes nos corresponde a todas y todos, desde la posición en la que nos encontremos y sin importar qué tan cercanos a nosotros son. A esto se le llama corresponsabilidad, y es un principio rector en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Esta obligación corresponsable recae en la familia, al Estado y a la sociedad en general; así se señala en el artículo 6 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Por lo que lo anterior no es solo una obligación moral, es también un mandato jurídico hacia todas las personas.

El artículo 12 de dicha ley establece que es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos o de alguna forma de violencia, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes.

También, el Código Nacional de Procedimientos Penales indica, en su artículo 222, que toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo.

Lo anterior nos obliga a mirar este caso más allá de la responsabilidad individual que pudieran tener las personas a su alrededor. Si una niña atraviesa una situación de violencia hasta llegar a un embarazo de cinco meses sin que su entorno lograra detectarla o detenerla, debemos analizar qué señales no fueron identificadas, qué alertas fueron normalizadas y qué oportunidades de prevención o intervención se perdieron.

Todas las personas, desde nuestra posición, tenemos un papel en la protección de niñas, niños y adolescentes. Para algunas personas, ese deber puede consistir en identificar una situación y comunicarla a las autoridades; para otras, en activar los mecanismos de protección, investigar, dar seguimiento o garantizar que una denuncia no quede sin respuesta. Como sociedad, implica dejar de normalizar la violencia, difundir información y conocer cuáles son nuestras obligaciones.

La prevención de la violencia sexual también significa asumir que la protección de niñas, niños y adolescentes nos corresponde a todas y todos.

Emergencias obstétricas, una deuda pendiente del sistema de salud

Por Valeria González Ruiz, coordinadora en Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original de El Heraldo de México

  • Corresponde a las instituciones traducirlas en decisiones que permitan garantizar una atención oportuna y de calidad, y proteger efectivamente la vida y el bienestar de las mujeres, de las niñas y los niños
El bienestar de las mujeres antes, durante y después del embarazo, así como el de las niñas y los niños, constituye un pilar fundamental de cualquier sistema de salud.

No se trata únicamente de recibir atención médica durante el embarazo o el parto, sino de garantizar que ésta sea oportuna, adecuada y de calidad, especialmente cuando enfrentan una situación de emergencia que pone en riesgo su bienestar e incluso su vida.

Sin embargo, la realidad en México aún muestra importantes desafíos. La publicación Atención a la salud materno-infantil y a las emergencias obstétricas durante el embarazo, parto y puerperio en México de Early Institute, evidencia fallas sistémicas que limitan la capacidad del sistema de salud para responder de manera adecuada a las necesidades de mujeres, niñas y niños ante emergencias obstétricas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, México cuenta con 46 mil 435 establecimientos de salud registrados; no obstante, cuando se observa cuántos de ellos dan atención relacionada con la salud materno-infantil, la cifra se reduce notablemente, al ser únicamente mil 312 unidades médicas en todo el país.

Además, solo 358 hospitales cuentan con unidades de cuidados intensivos, 329 con unidades de cuidados intensivos neonatales y 247 unidades médicas cuentan con banco de sangre. Esto quiere decir que, cuando se trata de atención a emergencias obstétricas como hemorragias posparto, preeclampsia y eclampsia, o complicaciones como la prematuridad, sepsis neonatal o la insuficiencia respiratoria del recién nacido, las capacidades del sistema de salud para responder de forma oportuna son aún más limitadas.

La salud es un derecho humano reconocido por la Constitución mexicana y los tratados internacionales, que establecen la obligación del Estado de garantizarlo; sin embargo, cuando se trata de la salud materno-infantil esta obligación adquiere una importancia mayor pues exige que los servicios de salud cuenten con las capacidades suficientes para responder las distintas necesidades de esta población y para actuar ante situaciones que pongan en riesgo su vida.

Por ello, hablar del acceso a la salud no puede limitarse a su reconocimiento normativo ni a la existencia formal de servicios. Esta investigación evidencia que es necesario eliminar barreras, atender las desigualdades estructurales, adaptar los servicios a las necesidades de las personas y priorizar la atención en casos de alto riesgo. De lo contrario, las consecuencias pueden ser fatales; de acuerdo con la investigación, 4 mil 871 mujeres, niñas y niños murieron por causas relacionadas con una emergencia obstétrica en 2023.

Es urgente implementar acciones progresivas por parte del Estado que hagan efectivo el derecho a la salud materno-infantil. Ahí la importancia de este documento, que plantea recomendaciones normativas y de política pública orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud y a contribuir a la prevención de muertes que, en muchos casos, pueden evitarse.

Así, se hace un llamado a las autoridades, tanto federales como estatales, responsables de garantizar el derecho a la salud, para que asuman como una prioridad la atención médica materno-infantil y fortalezcan las capacidades institucionales de respuesta ante emergencias obstétricas.

Las recomendaciones planteadas en esta investigación ofrecen elementos concretos para avanzar en esta tarea. Ahora corresponde a las instituciones traducirlas en decisiones que permitan garantizar una atención oportuna y de calidad, y proteger efectivamente la vida y el bienestar de las mujeres, de las niñas y los niños.

Las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Por Abraham Madero, director ejecutivo de Early Institute
Publicación original de Proceso

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) de 2014 creó una de las instituciones más relevantes y retadoras del sistema normativo e institucional mexicano. Se trata de la atípica figura de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que, si bien se insertan como instancias de la administración pública federal, estatal y municipal, mantienen funciones de vital trascendencia en ámbitos como la restitución de derechos y el acceso a la justicia en favor de las niñas y niños de México.

Atendiendo al origen del término procurare, estas procuradurías de protección ejercen una función primordial de cuidar o representar a niñas, niños y adolescentes en situaciones o contextos que representen riesgo o vulneración a sus derechos. Desde el mandato legal, su objetivo es claro: promover políticas preventivas para evitar entornos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes (NNA), así como brindar acompañamiento legal, psicológico y coordinar el acceso a servicios esenciales como salud y educación.

En un país donde la infancia y adolescencia representa alrededor del treinta por ciento de la población, las procuradurías de protección son instancias cruciales para impulsar su desarrollo, interviniendo en problemáticas como la institucionalización de NNA en centros de asistencia social; la atención a casos de violencia, o bien, asuntos relacionados al desempeño escolar o al acompañamiento de NNA en situaciones de exclusión, rezago y pobreza.

Lejos de concebirse como instancias burocráticas, la esencia de estas procuradurías consiste en asegurar que NNA reciban caso por caso una restitución integral cuando sus derechos han sido vulnerados mediante la definición de medidas especiales de protección y acciones coordinadas con todas las instancias necesarias para ello.

Además, tratándose de niñez indígena o regiones de especial vulnerabilidad, actúan como defensoras de la diversidad cultural procurando que NNA cuenten, por ejemplo, con acceso a una justicia adecuada a su desarrollo, lenguaje y condiciones socioculturales específicas.

No obstante, es importante mencionar que, a 11 años de su creación progresiva dentro de los aparatos de gobierno federal, estatal y municipal, las procuradurías de protección enfrentan retos de diversa índole operativa y presupuestal que merman su capacidad de respuesta frente a las necesidades inmediatas de protección y restitución de derechos requeridos por la niñez y adolescencia en todo el territorio nacional.

En primer lugar, las procuradurías son instancias cuya relevancia debe visibilizarse y asegurar que existe una comprensión social sobre su competencia y funciones, inclusive dentro del mismo sector gubernamental, aún persiste desconocimiento entre las propias dependencias públicas sobre los procesos en los que estas intervienen. Poco o nada se les menciona desde el discurso oficial del gobierno o congresos. Se les percibe como instancias de “bajo perfil” reducidas a oficinas administrativas adscritas al interior de los sistemas DIF municipales y estatales.

Sin embargo, en los hechos su papel es neurálgico incluso para la narrativa del bienestar social que enarbolan los gobiernos de la 4T, por ejemplo, frente a la comisión de delitos en contra de NNA o bien como instancias clave en su coordinación con centros de asistencia social y poderes judiciales en casos de reinserción familiar y adopciones.

La priorización del rol de estas procuradurías —especialmente dentro de los gobiernos estatales y municipales— debe ser resultado de una ruta crítica para el fortalecimiento progresivo que permita ampliar su capacidad operativa y presupuestal, así como contar con procesos de especialización y capacitación permanente para su personal, en un contexto donde la agenda de niñez y las temáticas que la integran se han vuelto cada vez más complejas y específicas.

En segundo lugar, dadas las condiciones del sistema federal mexicano, la coordinación interinstitucional entre las procuradurías y el resto de las instituciones que integran los sistemas estatales y municipales de protección, representa uno de los retos de mayor complejidad de esta agenda.

Las funciones de representación legal, asistencia y protección de NNA que encabezan estas procuradurías invariablemente requieren de una intensa y eficaz coordinación con áreas de seguridad, ministerios públicos, tribunales, instancias del sector salud, educativas, casas hogar, registros civiles y organizaciones sociales. Esto plantea una serie de desafíos operativos que varían de región en región atendiendo a la capacidad de respuesta de los aparatos burocráticos estatales y municipales.

UNICEF ha encabezado un esfuerzo en México por impulsar, junto con los gobiernos de los estados, una ruta crítica para fortalecer a todas las procuradurías de protección. Se coincide en trabajar de manera prioritaria en una cuestión primordial: mejorar el diseño orgánico y la estructura mínima deseable para estas instancias, con abogados, psicólogos y peritos suficientes para atender las áreas sensibles en materia de reinserción familiar, restitución de derechos a NNA y seguimiento a niñez institucionalizada o en entornos de violencia.

A la par de esto, nos parece que el reto central consiste en lograr que las procuradurías de protección adquieran una mayor visibilidad pública como instituciones medulares en el ámbito de los derechos humanos de niñas y niños. Para colocarlas dentro del discurso social y político, será necesario redoblar esfuerzos y trabajar de la mano con los poderes legislativos, apretar el paso con los poderes judiciales para insertar la perspectiva de niñez en su función y desde la sociedad civil exigir que esta temática sea revisada con sentido de urgencia dentro de los planes de desarrollo y las agendas parlamentarias.

Estamos entrando a otra etapa en la agenda gubernamental y en el tablero de prioridades del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a dos años de su mandato, este tema claramente sigue sin perfilarse como un asunto de relevancia nacional. La falta de resultados y los focos rojos en innumerables indicadores de salud, seguridad, educación, nutrición y pobreza de niñas y niños, obligan a replantear la forma en que esta materia es presentada y gestionada también desde el terreno social.

La debilidad de las instituciones que rigen en el sector —como es el caso de estas procuradurías— no es una casualidad o producto de la mala fortuna, es un resultado directamente proporcional a la necesidad de dar un viraje contundente a la narrativa y a las formas como históricamente se ha presentado el trabajo a favor de los derechos de la niñez.

Seguir instalados en el discurso del altruismo o en la visión reducida al asistencialismo de la infancia, es no reconocer que la época ya es otra y que los fenómenos globales van a una velocidad mayor que la capacidad de respuesta de los gobiernos.

La agenda de derechos de niñas, niños y adolescentes requiere de información basada evidencia para potenciar la toma de decisiones; implementar esquemas de evaluación de impacto para quienes diseñamos programas en este sector; priorizar la puesta en marcha de estrategias de incidencia efectivas y compatibles con la realidad política del momento, pero sobre todo plantear una nueva conversación social que permita llevar esta agenda al siguiente nivel. Esta tarea no solo es del gobierno.

De no hacerlo más de 38 mil niñas, niños y adolescentes seguirán a la suerte de instituciones debilitadas y sin presupuestos suficientes para cumplir lo que mandata la Constitución y las leyes: garantizar la protección prioritaria a sus derechos fundamentales.

Crianza positiva que niñas y niños merecen

Por Mary Carmen Reyes, área de Comunicación de Early Institute
Publicación original de El Sol de México

En cuestiones de crianza, cada familia adopta lo que le parezca más conveniente, pero ¿qué pasa cuando esas formas no son precisamente las más sanas? Si bien hoy se tiene más información sobre lo que implica la aplicación de ciertas maneras de educación, todavía hay que recalcar las desventajas cuando esas acciones se basan en métodos violentos e inseguros.

Es muy probable que se confunda la disciplina en términos de rudeza, cuando lo que se requiere es una orientación basada en el respeto y la ternura.

En este sentido, México tiene mucho qué modificar en tanto se registran altos porcentajes de niñas y niños que reciben tratos inadecuados que lo único que producen es bajo rendimiento escolar, afectaciones a la salud física y emocional y efectos nocivos a mediano y largo plazos.

Según el informe ¿Cómo vamos con la primera infancia?, editado por Early Institute, en 2025, la mitad de la población de niñas y niños menores de 5 años es educada con métodos de disciplina violenta. Dice el reporte: “Según datos de la Ensanut, en el periodo de 2021 a 2023, el porcentaje de niñas y niños de 1 a 4 años sometidos a algún método de disciplina vio­lenta pasó de 51.3% en 2021 a 50.4% en 2023”. Pese a la disminución, se está hablando de que la mitad de quienes registran estas edades fue violentada en aras de su educación.

Otro dato es sobre el cuidado inadecuado, que de acuerdo con el informe, esto se da cuando niñas y niños menores de 5 años son dejados solos(as) o al resguardo de otra persona menor a 10 años. “A nivel nacional, el porcentaje de esta población pasó del 8.1%, en 2022, a 9.2%, en 2023, lo cual implica un aumento del 13.6%”.

¿Qué significan estas cifras? Principalmente se visibiliza que las niñas y los niños en primera infancia, en México, están siendo tratados de manera no solo errónea, sino totalmente negligente.

Más allá del compromiso global que el país tiene con la Agenda 2030 para reducir significativamente todas las formas de violencia, tenemos una obligación con este grupo social. Nuestros cuidados deberían ser cariñosos, seguros y sensibles, en particular los que se dan en el hogar.

La crianza positiva debe ser un eje en todas las casas mexicanas; debe ser una forma de tratar a los más vulnerables para ayudar a que su desarrollo se dé en las mejores condiciones.

Esta manera de criar obedece a la evidencia recabada en los últimos tiempos sobre la importancia de generar entornos favorables que faciliten el crecimiento saludable de niñas y niños en sus primeros años de vida. Eso implica, según la Unicef, cuidar en un ambiente de respeto y sin violencia, pero sobre todo de manera sensible y cariñosa.

En Early Institute nos hemos enfocado a promover los cuidados y la crianza positiva desde un ángulo de corresponsabilidad, donde padres, madres, cuidadores, educadores y Estado tendrían que asumir su compromiso para proteger a las niñas y los niños. Ellas y ellos son prioridad y eso no se nos puede olvidar.

Por un México que atienda eficazmente las emergencias obstétricas

Por Annayancy Varas, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero

México tiene una gran deuda con las mujeres embarazadas y sus hijos e hijas por nacer, ya que la atención a su salud está siendo deficiente. El informe, editado por Early Institute, Atención a la salud materno-infantil y a las emergencias obstétricas durante el embarazo, parto y puerperio en México, da cuenta de diversos retos que presenta el sistema de salud en este tema y que ponen en riesgo la vida de miles de mujeres, niñas y niños.

Según el documento, 19% de los egresos hospitalarios en México corresponde a este tipo de situaciones y tan solo en 2023 murieron 4,871 personas (mujeres y bebés) por una inadecuada atención en este sentido.

La investigación señala que nuestro país tiene un sistema de salubridad fragmentado y con déficit graves en infraestructura y en personal, pese a que desde 2009 existe un Convenio nacional que busca garantizar la atención integral a toda mujer que presente una emergencia, durante su embarazo, sin importar si está o no afiliada a un esquema de salud.

También se identificó que en 2023 había solo 469 unidades médicas adscritas a ese Convenio, cuando deberían existir 1,311, según estándares de la Organización Mundial de Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Esto significa un déficit de 842 unidades. Entre las principales causas de muerte materna se ubican: hemorragias posparto, preeclampsia y eclampsia; y en el caso neonatal, sepsis y prematuridad. Todos estos padecimientos son prevenibles, de ahí la relevancia por abordar esta problemática.

Sin duda, el Convenio es un avance sustancial y de suma valía, sin embargo, su aplicación es limitada. Cada estado de la República Mexicana posee sus propios criterios de atención y esta falta de homologación perjudica las metas trazadas. No obstante, hay casos que rescata el informe como el de Guanajuato, donde se tiene registro de buenos resultados debido a varios factores. Entre ellos se habla de que hay una infraestructura organizada y ubicada estratégicamente por regiones; existe una comunicación eficaz entre instituciones; se implementan protocolos de atención con equipos de respuesta inmediata; hay capacitación continua y una permanente vigilancia y monitoreo. La combinación de todos estos elementos genera que la atención antes, durante y después del embarazo sea óptima y se reduzcan los riesgos.

En Early Institute proponemos una serie de recomendaciones para hacer que las emergencias obstétricas sean asistidas en beneficio de la población que resulta afectada. Primero hay que convertir el Convenio en una red nacional obligatoria; actualizar el catálogo de emergencias obstétricas que son atendidas a través de este instrumento, porque hoy excluye al 35.5% de las causas que deberían estar cubiertas; ampliar y capacitar al personal médico en todos los niveles de atención y mirar casos como el de Guanajuato que pueden ser buenos referentes. Hoy ya no es posible la pérdida de vidas ante situaciones que son totalmente prevenibles y al tratarse de un embarazo los esfuerzos se deben redoblar. No olvidemos que el derecho a la salud materno-infantil está reconocido en el marco jurídico mexicano e internacional y es obligación del Estado proveer y facilitar su acceso, eliminando cualquier desigualdad y aplicando lo mejor posible los recursos con los que hasta ahora se cuenta.

En el embarazo infantil y adolescente, la protección no puede depender de la edad

Por Sandra Espinosa Rizo, abogada del área de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original de El Heraldo de México

Frente al embarazo de niñas y adolescentes, la pregunta no debería ser únicamente cómo atenderlas, sino qué ocurrió antes, qué derechos pudieron haber sido vulnerados y qué debe hacerse para garantizar su protección

El embarazo de niñas y adolescentes en México sigue siendo una de las expresiones más preocupantes de la violencia y la falta de protección de sus derechos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, tan solo en 2024 se registraron 92 mil 660 nacimientos en adolescentes de 15 a 17 años y casi 8 mil nacimientos en niñas de 10 a 14 años.

Y para enfrentar esta realidad, es necesario reconocer que detrás de cada una de estas cifras hay niñas y adolescentes que enfrentan contextos de vulnerabilidad y distintas formas de violencia, entre ellas el abandono, las uniones forzadas, las relaciones de poder con personas adultas y otras agresiones sexuales.

La reforma tiene por objeto establecer expresamente que el embarazo en niñas menores de 14 años se considerará violencia sexual, por ser un indicio de ésta y, por tanto, debe investigarse con perspectiva de género y de infancia, garantizando en todo momento el interés superior de la niñez y la protección integral de sus derechos.

Esta modificación representa un avance importante porque contribuye a romper con la normalización del embarazo en niñas y adolescentes. Lo anterior, ya que al incorporar expresamente esta situación en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece obligaciones concretas para que el Estado, en su papel de corresponsable para garantizar los derechos de niñas y adolescentes, active los mecanismos de protección correspondientes.

En esta tarea, instituciones como las de salud y de educación desempeñan un papel fundamental, pues con frecuencia son el primer contacto con niñas y adolescentes embarazadas. Así, es necesario complementar las leyes con protocolos claros que establezcan rutas de protección y coordinación con las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como autoridades especializadas en la protección de sus derechos.

Además, es importante señalar que esta reforma está incompleta, pues la propia legislación penal del estado de Oaxaca sanciona a las personas adultas por tener relaciones sexuales con personas menores de 18 años, tipificándolo como violación en el artículo 247 del Código Penal de Oaxaca.

A pesar de ello, esta reforma limita el reconocimiento expreso del embarazo como indicio de violencia sexual únicamente cuando se trata de niñas de hasta 13 años, dejando fuera a las adolescentes de 14, 15, 16 y 17 años, quienes también son personas menores de edad y tienen derecho a una protección reforzada.

Esta diferencia evidencia una falta de armonización normativa y, sobre todo, genera un riesgo en la actuación institucional. La respuesta del Estado no debería depender de si una adolescente tiene 13 o 15 años. Toda niña o adolescente menor de 18 años que esté embarazada o haya cursado un embarazo debería ser atendida bajo protocolos que permitan identificar posibles hechos de agresión sexual, valorar su contexto familiar y social, detectar otras formas de violencia y garantizar el acceso oportuno a medidas de protección.

Lo anterior no significa asumir de manera automática que todos los embarazos en adolescentes son consecuencia de un delito. Significa reconocer que, tratándose de personas menores de edad, el Estado tiene la obligación de investigar, al constituir un indicio de violencia sexual, y por lo tanto debe brindar una atención integral que coloque en el centro el interés superior de la niñez y la adolescencia.

Frente al embarazo de niñas y adolescentes, la pregunta no debería ser únicamente cómo atenderlas, sino qué ocurrió antes, qué derechos pudieron haber sido vulnerados y qué debe hacerse para garantizar su protección.

¿Qué hay detrás de la felicidad de la población mexicana?

Por: Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero

El promedio de satisfacción con la vida actual de las personas fue de 8.62 (siendo 10 la escala mayor); el promedio del balance anímico, a nivel nacional, fue de 5.29, es decir, que se registran más emociones favorables que negativas; y sobre el sentido de propósito, 79.1% dijo sentir una misión en la vida.

En días pasados, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025. De acuerdo con el organismo, esta encuesta es “una herramienta estadística de vanguardia diseñada para capturar la dimensión subjetiva de la realidad social en México”.

Antes de señalar los hallazgos, es importante detallar los conceptos que se utilizaron para definir las dimensiones que se tomaron en cuenta. Los rubros fueron: a) satisfacción con la vida (cómo se sienten las personas con su vida en un momento determinado); b) balance anímico (estado emocional que resulta de contrastar cinco estados de ánimo positivos y cinco negativos); y c) sentido de vida (sentido de propósito y significado de la vida).

La encuesta fue aplicada del 7 de julio al 29 de agosto de 2025, con una cobertura gráfica nacional; en total fueron 37 065 viviendas las que conformaron la muestra.

En cuanto a los resultados arrojados por la población de 18 años y más: el promedio de satisfacción con la vida actual de las personas fue de 8.62 (siendo 10 la escala mayor); el promedio del balance anímico, a nivel nacional, fue de 5.29, es decir, que se registran más emociones favorables que negativas; y sobre el sentido de propósito, 79.1% dijo sentir una misión en la vida.

Quizá las cifras pudieran tener mayor significado si se les compara con los datos de 2021, fecha en la que se levantó por primera vez la ENBIARE. En ese año, todavía inmersos en los desafíos de la pandemia, el promedio de satisfacción con la vida fue de 8.45; y el promedio de balance anímico se colocó en 5.07. En ese entonces no se midió el rubro del significado de la vida y aunque se incluyó el tema de salud mental no fue hasta esta edición cuando se ampliaron las preguntas en torno a dicho tópico.

Es cierto que la medición del bienestar es subjetiva, ya que lo que ocasiona gratificación a uno puedo no serlo para otro, pero hay elementos entre la población mexicana que podrían demostrar que en términos generales se experimenta una sensación optimista.

¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de las circunstancias económicas y sociales, hombres y mujeres mayores a los 18 años conservan un ánimo positivo. Entre otros factores influye en esta percepción el nivel de estudios, las prácticas en las que se ayuda al prójimo, las condiciones de salud, la interacción con familia y amigos, etcétera. Dice el Inegi: “El estado de salud físico y mental, las redes de apoyo, así como la convivencia de las personas de 18 años y más, se relacionan de forma directa con la satisfacción con la vida y el balance anímico”.

En conclusión, la lectura de estos resultados debe ser orientador, pero también cauteloso ya que la intención es dar evidencia que guíe la toma de decisiones para elevar la calidad de vida de la población mexicana buscando su bienestar integral.

En Early Institute apoyamos la generación de información que contribuye a la implementación de políticas públicas y subrayamos que la continuidad de este tipo de instrumentos es fundamental para perfeccionar no solo aspectos metodológicos, sino para evaluar con mayor precisión las inquietudes y lo que da calma a la ciudadanía.

Pantallas, redes sociales e inteligencia artificial: recomendaciones para un debate informado

Escrito por: Rafael Vincent MorfÍn Calvo, abogado del área de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original en  El Heraldo de México

Lo anterior coloca la mira en una situación que es tan fructífera como problemática, a saber, el uso que los menores dan a estos dispositivos para diversas actividades como el aprendizaje, la investigación, la interacción y la recreación

Durante las últimas semanas, la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha declarado durante su conferencia matutina su intención por abrir la puerta a un debate de gran relevancia para la agenda pública nacional: el uso de dispositivos electrónicos, redes sociales e inteligencia artificial (IA) por parte de niñas, niños y adolescentes.

Lo anterior coloca la mira en una situación que es tan fructífera como problemática, a saber, el uso que los menores dan a estos dispositivos para diversas actividades como el aprendizaje, la investigación, la interacción y la recreación, pero reconociendo también que en muchas ocasiones esto puede derivar en un uso excesivo y desmedido, sin cuidados parentales y en el cual se pueden enfrentar a situaciones de alto riesgo para ellos.

Bajo este tenor, hace sentido el analizar la problemática en aras de generar armonizaciones legislativas que garanticen un acceso seguro a los entornos digitales para niñas, niños y adolescentes, y que estos puedan convertir a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en aliados estratégicos para su desarrollo integral, y no en fuente de potenciales problemáticas para ellos.

No obstante, es importante que, al momento de iniciar las deliberaciones y el debate parlamentario, se tomen en consideración las diferentes perspectivas para asegurar el diseño de políticas públicas novedosas, vanguardistas y, sobre todo, que atiendan de manera integral las problemáticas que aquejan a niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido, se presentan seis recomendaciones a considerar para el estudio de las futuras políticas públicas sobre las TIC:

En relación con el uso de dispositivos móviles, se recomienda lo siguiente:

En relación con el uso de redes sociales y plataformas digitales, se recomienda lo siguiente:

En relación con el uso de inteligencia artificial, se recomienda lo siguiente:

 

En conclusión, el abordaje de estas temáticas debe realizarse bajo una óptica integral que coloque a niñas, niños y adolescentes en el centro del debate, en el que no solo se legisle bajo un enfoque reactivo para la solución inmediata de problemáticas existentes, sino que sean políticas públicas preventivas, novedosas y con proyección de vigencia para el mediano y largo plazo.

Desde Early Institute, invitamos a que este debate se lleve a cabo con responsabilidad, tomando en consideración la evidencia vigente, observando las recomendaciones de organismos internacionales y la experiencia de otras naciones, en una prevalencia del interés superior de niñas, niños y adolescentes como sujetos merecedores de protección reforzada por parte del Estado mexicano.

Hay que regular las redes sociales en menores de edad

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero

En México ya son varios los pronunciamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum para integrar mesas de análisis que pudieran orientar una posible regulación en esta materia.

Hoy la discusión sobre el uso de los dispositivos móviles y las plataformas digitales, en niñas, niños y jóvenes está siendo protagonista en distintos países. Por su importancia, en México ya son varios los pronunciamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum para integrar mesas de análisis que pudieran orientar una posible regulación en esta materia.

Si bien la tecnología es una herramienta de gran apoyo en distintas etapas de la vida humana, han surgido cuestionamientos sobre las ventajas y desventajas en la población de menor edad. En muchos de los casos se habla de una serie de efectos nocivos ya documentados en los últimos años que van desde riesgos en la salud mental y bienestar emocional hasta el desarrollo integral de la niñez y adolescencia.

En este sentido, la mandataria mexicana ha señalado tres áreas vinculadas con el tema: 1) el uso de pantallas; 2) las redes sociales y plataformas digitales; y 3) la inteligencia artificial. El principal objetivo sería establecer reglas para la protección de niñas, niños y adolescentes.

Actualmente, solo el estado de Querétaro, a través de su Congreso local y disposiciones en su Código penal, cuenta con un marco normativo que prohíbe el uso de redes sociales a la población menor de 14 años.

Lo que hizo la entidad con esta legislación fue ubicarse como el primer y único estado mexicano que cuenta con una regulación precisa enfocada en prevenir el acceso temprano a redes sociales, en tanto ni a nivel federal existen lineamientos de esta magnitud. Lo que sí hay son varias iniciativas en las Cámaras legislativas, pero siguen siendo poco atendidas.

Hay que decir que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay un registro preocupante en el uso problemático de las redes sociales, principalmente entre la población adolescente. Según la organización, más de 1 de cada 10 adolescentes (11%) mostró signos de comportamiento problemático en redes sociales, con dificultades para controlar su uso y consecuencias negativas, siendo las mujeres quienes presentan niveles más altos de uso problemático que los hombres (13% frente a 9%).

También la OMS ha dicho que más de un tercio (36%) de los jóvenes reportó tener contacto constante con amigos en línea, y las tasas más altas se registraron entre las adolescentes de 15 años (44 %).

La exposición en redes sociales abre también la puerta a problemas de otra índole como es ser víctima de alguna forma de violencia, lo cual es más probable sin la debida vigilancia ya sea en casa o escuela.

Simplemente en México, durante el año 2020, 24.4 % de los adolescentes de entre 12 y 17 años que utilizó internet fue víctima de ciberacoso, siendo las mujeres las más vulnerables a las agresiones (Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, 2020).

Abrir espacios para debatir sobre lo que más conviene a la niñez y adolescencia en nuestro país es un asunto relevante y más cuando se trata de los avances tecnológicos que pudieran no ser tan favorables para dichos grupos sociales.

En Early Institute apoyamos que se esté dando una apertura para discutir el tema y tomar acuerdos basados en evidencia, pero sobre todo, motivados por crear entornos seguros que permitan un adecuado uso del internet en beneficio de los más vulnerables.