El gasto de salud en los hogares mexicanos

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

La falta de acceso a los servicios de salud es un problema persistente en nuestro país. Actualmente, casi el 40% de la población no cuenta con acceso a una institución pública de nuestro sistema de salud (ENIGH, 2022).

Ante esta situación, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2021), la mayoría de la población que busca servicios de salud recurre al sector privado. De ellos, el 22% es atendido en consultorios médicos privados ubicados en domicilios particulares y el 20% en consultorios adyacentes a farmacias.

No es de sorprender que justamente este tipo de consultorios haya tenido un gran auge en los últimos años. Se han vuelto el servicio que eligen incluso personas con acceso a los servicios de seguridad social, como el IMSS, ISSSTE o algún otro servicio de salud pública.

Cada vez más familias optan por realizar un gasto de su propio bolsillo para atender un problema de salud que se resuelve en una consulta, asumiendo también el gasto de los medicamentos. Es decir, ante las deficiencias que vivimos en nuestro sistema de salud público, parece que cada vez más nos acostumbramos a pagar esos costos.

Sin embargo, la situación puede ser aún más compleja. El gasto de bolsillo de las familias puede convertirse en devastador o catastrófico.

Según el Instituto Nacional de Salud Pública, en pacientes que se atienden en alguno de los Institutos Nacionales de Salud, la gran mayoría no pudo pagar por su atención, pero el gasto más alto estuvo ligado más bien al transporte, la alimentación, el hospedaje y la pérdida de ingresos, tanto de pacientes como de sus acompañantes.

Los problemas de salud no son exclusivos de algún segmento de la población y los gastos excesivos se presentan en cualquier nivel de ingreso. Sin embargo, es claro que hay mayores efectos negativos en quienes menos tienen.

Y es aquí donde se enfatiza la importancia de la prevención de enfermedades, de promover la salud en toda la población y de un sistema público que no excluya a nadie.

Solo en la medida en que contemos con un sistema de salud integral y gratuito que incluya a toda la población, nuestro país podrá aliviar la presión que actualmente viven miles de familias a quienes el derecho a la salud les es negado.

Los huérfanos de la pandemia

El pasado mes de abril se presentó el “Informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México”, y los resultados obtenidos son preocupantes

Por: R. Vincent Morfín Calvo, Ejecutivo de Asuntos Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

La pandemia por COVID-19, ha sido uno de los periodos más complejos y tristes de la época moderna. Hasta el día de hoy y durante varios años por venir, continuaremos sufriendo sus efectos económicos, sociales y políticos. No obstante, existe un tópico de especial relevancia al que no se le ha dado la atención necesaria por parte del Estado mexicano, a saber, la orfandad de niñas, niños y adolescentes que perdieron a uno o ambos padres, o incluso a algún otro cuidador, consecuencia de la contingencia sanitaria.

El pasado mes de abril se presentó el “Informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México”, y los resultados obtenidos son preocupantes.

Entre los datos recabados, encontramos que más de 215 mil niñas y niños quedaron huérfanos de padre o madre al cierre del 2022; así mismo, si el espectro se amplía a personas que fungían como sus cuidadores, la cifra de menores huérfanos podría ascender a casi 230 mil. Y si ampliamos aún más los parámetros para considerar a cuidadores tanto primarios como secundarios, encontramos que serían más de 318 mil menores que sufrieron la pérdida de una figura adulta con la que vivían y que se encargaba de su cuidado.

Hay que considerar que la orfandad genera una multiplicidad de consecuencias negativas en la vida de niñas, niños y adolescentes, por lo que es urgente atraer la atención por parte del Estado para tomar acciones de restitución sobre los derechos que les han sido vulnerados y poder mantener en curso su plan de vida. El documento señala que la pérdida de padres y cuidadores es uno de los eventos más traumáticos y disruptivos que pueda experimentar un menor.

Al día de hoy, no existe política pública alguna que se centre en el abordaje y atención de esta problemática que atraviesan miles de niñas, niños y adolescentes, por lo que desde Early Institute hacemos un llamado a personas tomadoras de decisiones para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, coloquen a la niñez en el centro del debate y no dejen en el desamparo a una generación que sufrirá por el resto de sus vidas la traumática experiencia de haber perdido a su figura parental a causa de una gestión deficiente de la pandemia por COVID-19.

El informe señala que el diseño e implementación de una política nacional enfocada en apoyar y proteger el bienestar y los derechos de los menores huérfanos en México, debe estar fundada en evidencia, contar con presupuesto suficiente e involucrar a diversas instituciones del Estado y niveles de gobierno y contemplar, al menos, los siguientes aspectos: acompañamiento psicológico y medidas de atención de la salud física y mental; asistencia económica; y medidas para evitar la deserción escolar y apoyar el aprendizaje.

Redes sociales: un riesgo en la seguridad de niños y niñas

Hay iniciativas que buscan la protección y seguridad de los usuarios más jóvenes en los servicios digitales, pero las acciones todavía resultan precarias.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Las redes sociales han revolucionado los modos de interacción en el mundo y, sin duda, ofrecen ventajas y beneficios en diversos ámbitos. Sin embargo, pueden también alentar prácticas que ponen en peligro a los usuarios, en particular a los de menor edad.

Aun cuando las políticas de diversas plataformas señalan que la edad mínima para el uso de sus servicios es mínimo de 13 años, se observa que el interés por este tipo de herramientas crece en los niños, las niñas y los adolescentes. Hoy en día, hay una preocupación mundial por velar por la seguridad digital infantil, ya que se ha detectado que su uso poco supervisado o inadecuado abre las puertas a problemas de acoso, violencia y salud mental.

Recientemente, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos sancionó a la plataforma NGL por promover su servicio a menores de edad, alegando falsamente emplear medidas de seguridad para resguardar su privacidad y seguridad.

La directora de la FTC, Lina Khan, manifestó que la denuncia presentada en conjunto con la Oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles fue por prácticas engañosas de la empresa digital y la comercialización agresiva de su aplicación a los niños y adolescentes, sabiendo que los exponían al acoso cibernético.

Ahora, NGL está obligada a impedir que los usuarios accedan a la aplicación si indican que son menores de 18 años y eliminar cualquier dato que haya obtenido de menores de edad, así como a devolver el dinero de los suscriptores a los que engañó.

Otro caso es la vigilancia que la Unión Europea está haciendo a la plataforma de TikTok, en específico a su versión Lite, para verificar si cumple con la Ley de Servicios Digitales en materia de protección de menores, transparencia en la publicidad, y gestión de riesgos en el diseño adictivo y contenidos nocivos.

De igual modo, se quiere confirmar que se están protegiendo los derechos de los niños y las niñas con las suficientes herramientas de verificación de edad utilizadas, mismas que deben ser “razonables, proporcionadas y eficaces”.

El expediente que se ha abierto para investigar a la plataforma propiedad de la empresa china ByteDance podría arrojar una sanción de hasta el 6% de su volumen anual global, en caso de no cumplir con las medidas de seguridad.

En tanto en Estados Unidos, se está impulsando que ByteDance venda la plataforma, ya que, por tratarse de una empresa china, podría usar la información de los estadounidenses de formas inadecuadas. De no acceder a su venta, las autoridades del vecino país considerarían ilegal su uso.

Como se ve, hay iniciativas que buscan la protección y seguridad de los usuarios más jóvenes en los servicios digitales, pero las acciones todavía resultan precarias. Ante ello, en Early Institute insistimos en que la mejor manera de evitar escenarios peligrosos es advertir sobre los riesgos y vigilar el uso de estas herramientas en todo momento. Hoy más que nunca se deben extremar las precauciones, activando controles parentales y limitando el acceso a estas plataformas. Es fundamental tomar medidas de prevención que puedan contrarrestar los peligros que encierran estas nuevas tecnologías en los usuarios más vulnerables e impulsar acciones de seguridad que efectivamente garanticen el resguardo de su integridad física y emocional.

Más de 18 millones de personas ciberacosadas en México

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

El INEGI dio a conocer los resultados del Módulo sobre Ciberacoso 2023. Este estudio, al igual que en ocasiones anteriores, se realizó en una población de 12 años y más. Se encontró que 1 de cada 5 usuarios de internet vivió alguna situación de acoso cibernético, es decir, más de 18 millones de usuarios de los casi 88 millones que utilizan internet en México.

Las formas en que una persona puede ser acosada mediante internet son variadas. En el estudio se encontró que ser contactado mediante identidades falsas, recibir mensajes ofensivos y recibir contenido sexual fueron las formas más frecuentes de acoso.

De la población que experimentó alguna situación de ciberacoso, Facebook fue la plataforma más utilizada para realizarlo, seguido por WhatsApp y las llamadas por teléfono celular.

Una de las mayores preocupaciones es ¿quiénes son las personas más ciberacosadas? Como probablemente la mayoría podría suponer, son las mujeres quienes experimentan mayormente este tipo de delitos. De ellas, las adolescentes y mujeres jóvenes (menores de 30 años) son quienes más lo viven: casi una de cada tres.

Gracias a este estudio también sabemos que la población que experimentó ciberacoso utilizó internet al menos una hora más que quienes no lo sufrieron, lo que enfatiza la necesidad de estar atentos al tiempo y las dinámicas de uso de internet, en particular en poblaciones jóvenes.

Como respuesta, en nuestro país se han discutido diversas acciones, entre ellas mejorar nuestro marco normativo para prevenir el ciberacoso. Recientemente se presentó y aprobó una iniciativa al respecto en el Senado para atender la problemática, sobre todo en niñas, niños y adolescentes, aunque no ha avanzado.

Prevenir y atender el ciberacoso requiere una colaboración continua. Las herramientas tecnológicas y los alcances de este tipo de delitos son cada vez mayores.

Los países que más han avanzado en la prevención son aquellos que suman a quienes somos parte: familias, escuelas, comunidades y gobiernos. Nos toca a todos.

Recordemos que lo que sucede en el mundo digital tiene implicaciones reales en la vida de las personas; las situaciones que nos vulneran a través de internet nos afectan fuera de él.

Concientizar sobre el uso de las redes sociales previene abusos

Los padres que buscan la fama en internet de sus hijos e hijas, llegan a mercantilizar sus imágenes, abriendo las puertas a la pornografía infantil.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Con el tiempo, el uso de las redes sociales ha despertado un interés por ser estudiadas desde diversos ángulos. Si bien se han identificado ciertas aportaciones en ámbitos como la publicidad y la mercadotecnia, es un hecho que también existen riesgos considerables en sus usuarios, sobre todo cuando se trata de menores de edad.

Hoy, la empresa de Mark Zuckerberg, Meta, posee las redes sociales más importantes a nivel mundial, Facebook e Instagram, captando a tres mil millones de usuarios. El crecimiento de estas herramientas ha provocado que su dueño sea demandado por distintas razones, siendo los últimos reclamos los relacionados con la salud mental y la seguridad de las plataformas a los miembros más jóvenes, en particular de los niños, las niñas y los adolescentes.

Apenas en febrero de 2024, Zuckerberg fue requerido por el Senado de Estados Unidos para responder a los cuestionamientos que los legisladores le dirigieron sobre el impacto que tienen las redes en la población infantil. Específicamente, el senador republicano, Ted Cruz, cuestionó las políticas de Instagram para evitar que se difunda contenido que pudiera relacionarse con el abuso sexual infantil.

Para dimensionar esto, hay que decir que Instagram no permite que un menor de 13 años tenga su propia cuenta, sin embargo, no hay ninguna restricción para que un adulto genere contenido en el que se exponga a un niño o una niña. El problema de esto es que en el afán de conseguir el mayor número de seguidores o intentar catapultar una supuesta carrera como modelo o influencer, suelen ser los padres o tutores de los niños y las niñas quienes los exhiben sin la menor precaución. Se estima que Instagram tiene dos mil millones de usuarios.

En un estudio de The New York Times se habla de que en esta red, las madres y los padres que buscan la fama en internet de sus hijos e hijas, llegan a mercantilizar sus imágenes, abriendo las puertas a problemas mayores como su sexualización, la pornografía infantil y la pedofilia.

La investigación señala que las niñas son más afectadas y son sus propias madres quienes están dispuestas a promover material más explícito con tal de obtener más atención y elevados beneficios económicos.

Otro de los cuestionamientos hechos al dueño de Meta ha sido la implementación de estrategias de comercialización para atraer a una audiencia cada vez menor.

En su defensa, Zuckerberg ha hablado de que están permanentemente implementando medidas de protección con una importante inversión para garantizar la seguridad en línea.

Como se ve, el problema no es un asunto irrelevante y, sin duda, la responsabilidad es compartida. En Early Institute, el único think tank mexicano especializado en la primera infancia para procurar su bienestar, observamos que hace falta más información y vigilancia en el uso de las redes sociales, así como mayor visibilización y conciencia de los peligros a los que se enfrentan los usuarios en este tipo de plataformas. Principalmente, exhortamos a los padres de familia, tutores y cuidadores a ser precavidos en el manejo de las cuentas de sus hijos e hijas y privilegiar su privacidad e integridad física, emocional y psicológica. En la actual dinámica de conectividad, es fundamental la prevención, reconociendo que cualquiera pueda ser víctima de un delito, pero son los niños y las niñas los más vulnerables y los efectos pueden llegar a ser devastadores e irreversibles.

Obesidad en los Entornos Escolares

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

La Alianza por la Salud Alimentaria, que agrupa a varias organizaciones civiles y académicas, estima que medio millón de niñas y niños podrían terminar siendo obesos en solo un año. Esto se debe, sobre todo, a la falta de reglas estrictas sobre la venta de comida chatarra en las escuelas.

La Alianza denuncia que la falta de medidas firmes para controlar la venta de alimentos no saludables en las escuelas es clave para el aumento de la obesidad en niños y niñas.

Si bien desde 2010 existen lineamientos que regulan la venta de alimentos en las escuelas, y en diciembre de 2023 se reformó la Ley General de Educación para promover la salud entre los estudiantes, aún queda mucho por hacer.

La Ley General de Educación establece que son los directores y otras autoridades escolares quienes deben asegurarse de que se cumplan estas reglas. Según la Ley, las cooperativas, tiendas escolares y comedores deben comprometerse a promover la salud y seguir las normas establecidas, como la prohibición de la comida chatarra.

La Ley también estipula que las autoridades de educación y salud deben actuar para proteger la salud de los estudiantes y enseñarles desde pequeños cómo alimentarse adecuadamente.

Sin embargo, aunque contamos con mecanismos como la Estrategia Nacional de Salud Escolar, que busca incentivar escuelas saludables y activas, persiste la omisión y el desacato. Un ejemplo de esto son los Comités de Establecimiento de Consumo Escolar, encargados de supervisar que los alimentos distribuidos en las escuelas sean sanos, pero que son inexistentes en la mayoría de ellas.

La obesidad comienza desde temprana edad y tiene serias implicaciones para la salud pública, como un mayor riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y problemas cardíacos.

Según estudios realizados, los problemas de salud relacionados con la obesidad le cuestan a nuestro país, anualmente, 25 mil millones de dólares. Si no actuamos ya, se calcula que en 2060 nos costará 159 mil millones de dólares anuales, es decir, alrededor del 5% de todo el Producto Interno Bruto.

Mario Delgado, responsable de la educación pública en el país

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

Hace unos días se nombró a Mario Delgado como parte del gabinete para la siguiente administración, donde estará a la cabeza de la Secretaría de Educación Pública.

Si bien Mario Delgado ya fue Secretario de Educación durante el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, su nombramiento generó muchas críticas pues es bien conocido su papel como operador político más que como un técnico o, lo que muchos esperaban, una persona formada en el magisterio para ocupar este cargo.

A Delgado le tocará enfrentar importantes retos pendientes en esa Secretaría, como mejorar el aprendizaje de los estudiantes, disminuir el abandono escolar, aumentar la matriculación y mejorar las condiciones deplorables en las que se encuentran miles de escuelas.

Además, se requiere mejorar la relación con sindicatos magisteriales, consolidar la llamada Nueva Escuela Mexicana y avanzar en políticas estancadas, como la Política Nacional de Educación Inicial.

La Política Nacional de Educación Inicial es quizás uno de los pendientes más urgentes de atender. Esta política abarca todos los programas para niños y niñas de 0 a 3 años, pero a dos años de su creación, la SEP no ha tenido un papel rector en el tema. El cuidado y la educación de los más pequeños están dispersos entre diversas instituciones y secretarías.

El plan de implementación de esta política sigue sin avanzar y el establecimiento de estándares para los centros de atención infantil se encuentra en la misma situación.

Se requiere una verdadera disposición política para alinear el mosaico de cuidado que actualmente existe en nuestro país y hacer efectivo el derecho a la educación inicial para niñas y niños, como se ha expresado en nuestra Constitución.

La educación es una carrera de consistencia. Contrario a ello, en este sexenio que termina, vimos pasar tres secretarios y secretarias. Esperamos que, en el que viene, exista continuidad, consolidación y, sobre todo, una clara visión de corto y largo plazos.

 

La sociedad civil organizada también es contrapeso

Las y los ciudadanos debemos de tener una participación activa, estratégica y corresponsable para aspirar a un México más justo.

Por: Valeria González Ruiz, Ejecutiva de Vinculación e Incidencia Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

Ante el escenario que dejaron los resultados de las recientes elecciones en México, analistas políticos han concluido que actualmente no existe una oposición sólida, estratégica y organizada. Algunos de ellos dicen que no tiene rumbo ni una propuesta concreta, incluso que es ajena a la realidad social.

Pero ¿qué es y quién integra a la oposición?

En un país como México, generalmente asociamos el ámbito público como un espacio exclusivo de la política tradicional, organizada y dirigida por partidos políticos, en el que sus integrantes dirigen el rumbo del país.

Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2021), el nivel de confianza de la sociedad en partidos políticos es tan solo del 27.9%. Entonces, hemos asumido -seguramente con inconformidad, pero asumido- el juego político, delegando la totalidad de la responsabilidad: es más cómodo culpar al otro.

Y no se me mal interprete, es nuestro deber señalar, cuestionar, exigir cuentas, pero también participar activamente en la solución de los problemas que nos aquejan, tomar las riendas de nuestro país. La ciudadanía es y tiene que ser el contrapeso esencial frente al poder político.

Las y los ciudadanos debemos de tener una participación activa, estratégica y corresponsable para aspirar a un México más justo. La sociedad civil organizada es crucial para impulsar la promoción de los derechos humanos, fomentar la justicia social, democracia y rendición de cuentas.

Su ímpetu ha resultado en movimientos de conciencia colectiva, reconocimiento de derechos y derrocamiento de poderes totalitarios. Sin embargo, a pesar de que en los últimos años ha incrementado la noción de que el poder se ha monopolizado, el crecimiento de organizaciones de la sociedad civil ha sido mínimo; de acuerdo con el Compendio Estadístico del sector no lucrativo 2023 del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), del 2019 al 2023 tan solo se registraron 3,285 nuevas OSC en todo México (de 44,750 en 2019 a 48,035 en 2023). Campeche en un extremo con tan solo 283 y Ciudad de México con 10,012.

Tomando como base esos datos, existen alrededor de 38.1 organizaciones de la sociedad civil por cada 100 mil habitantes.

Si bien, las organizaciones de la sociedad civil no son la única alternativa para generar contrapesos, sí son un indicador del interés colectivo -o la falta de él- por involucrarse en la solución a las problemáticas que aquejan al país. A este contexto se suma que este tipo de organizaciones enfrentan desafíos significativos como estrictos requerimientos para su constitución, exceso de fiscalización y la falta de recursos.

En ese sentido, hoy más que nunca es de vital importancia asumir una corresponsabilidad en las políticas públicas. Esto no necesariamente se puede ver reflejado en constituir o colaborar en una organización de la sociedad civil, también puede implicar donar recursos económicos, materiales o incluso tiempo de voluntariado. Desafortunadamente, de acuerdo con los registros del CEMEFI, las organizaciones de la sociedad civil donatarias autorizadas prácticamente no reciben donativos en especie. Como ejemplo, en el 2022 solo recibieron 13%.

Ahora más que nunca es necesario fortalecer el espíritu de solidaridad y responsabilidad compartida como una herramienta crucial para contrarrestar las deficiencias del poder político. Si cada uno de nosotros nos involucráramos directamente en una causa social no solo lograríamos contrarrestar las deficiencias del gobierno, también generaríamos un tejido social más fuerte y un movimiento colectivo poderoso, catalizador de cambios profundos y duraderos.

Es nuestro derecho pero también deber cívico, te invito a impulsar una causa social, motivos hay de sobra: apoyo a centros de asistencia social, niñez migrante, maltratado animal, prevención de violencia familiar, reforestación, etc.

Este país requiere ciudadanas y ciudadanos comprometidos, con capacidad de influir positivamente en sus entornos e involucrar a otros. Otro ejemplo es el de Early Institute, organización enfocada en mejorar la salud; cuidado y educación; seguridad y protección de la vida de la primera infancia. Si empatizas con esta causa no dudes en buscarnos y sumarte de alguna forma Early Institute.

 

La explotación reproductiva en México: el paraíso del tráfico humano

Es evidente que el tema no puede darse por zanjado y merece una intervención urgente que atienda de manera integral el otro rostro de profunda injusticia social que conlleva la explotación reproductiva en México.

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de: Proceso

Algo comienza a preocupar a los sujetos del derecho internacional que desde el más alto nivel normativo suenan alarmas sobre los riesgos sociales que conlleva la existencia del mercado clandestino de renta de mujeres y venta niños vía la denominada figura de la “gestación subrogada” o “vientres de alquiler”.

Durante las últimas dos décadas, en diversas partes del mundo se ha generado evidencia suficiente sobre el comportamiento nocivo de esta práctica que –disfrazada de derechos– en realidad cobija un negocio de intermediarios que permite una avenida de tránsito libre para el tráfico humano, so pretexto de lagunas normativas y la omisión de los órganos legislativos y judiciales en sede nacional.

Contrario a los argumentos de que la “maternidad subrogada” representa un tema de vanguardia y de supuesta progresividad de derechos que admite múltiples ángulos, en la práctica se trata de un fenómeno que asoma con meridiana claridad dos rostros bien definidos: la explotación y cosificación de mujeres con fines reproductivos y la gestación de bebés como un producto comercializable.

No es casualidad que en semanas recientes el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea acordaron reformar la Directiva 2011/36/EU relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, a efecto de dictar parámetros mínimos para que la denominada “maternidad subrogada” se considere finalmente como una forma de explotación y se sancione como delito para aquellos que captan u obligan a una mujer para subrogar su vientre, así como a condicionar la venta de bebés en el contexto de trata de personas.

Esta directriz adoptada por el sistema europeo y sugerida como lineamiento regulatorio para los países de la Eurozona constituye un precedente relevante no sólo para aquella región, sino para el resto de los sistemas de protección a los derechos humanos a escala universal e interamericano, que ahora contarán con un nuevo estándar digno de ser ponderado, pues al considerar que la “maternidad subrogada” es una forma de explotación cuando encuadre en el contexto de la trata de personas, se hace un reconocimiento normativo explícito y del más alto nivel sobre los efectos nocivos contra las mujeres, y niños que nacen mediante esta práctica.

"Países desarrollados como Alemania, Francia y España se han preocupado por examinar a fondo las causas sociales que rodean a esta industria decidiendo prohibir o regular de manera restrictiva la compraventa de estas dignidades en sus marcos legales. Para los parlamentos y tribunales supremos de estas naciones no hay medias tintas, la filiación es un asunto de Estado –no de contratos ni de lucro–, donde el interés superior de la niñez y la protección de las embarazadas debe prevalecer por encima de cualquier perspectiva y no puede regirse bajo una lógica de mercado."

En el caso mexicano este fenómeno no ha sido abordado con la completitud y seriedad que exige, pese a que nuestro contexto social y normativo claramente dista de ser el de los países europeos, no sólo por su diseño, sino sobre todo por la realidad social o cultural en el que se pretenden insertar este tipo de mecanismos.

Aquí la industria de la subrogación ha encontrado en las desigualdades sociales, la precariedad de nuestro Estado de derecho y en el activismo judicial, un ambiente proclive para instalar –sin ningún tipo de control– un mercado de clínicas dedicadas profesionalmente a la captación silenciosa de mujeres para su renta y a la oferta de niños para su comercialización, especialmente en las zonas sur y centro del país.

A escala federal no existe una ley que prohíba la explotación reproductiva en México, tampoco la legislación general en materia de salud establece mecanismos para que las autoridades sanitarias supervisen y, en su caso, sancionen el funcionamiento irregular de clínicas o centros de reproducción asistida cuando realicen procedimientos contrarios a la dignidad de las embarazadas vía contratos que contienen cláusulas ilegales que atentan contra su salud y derechos fundamentales.

En el ámbito estatal, Tabasco y Sinaloa son las únicas entidades que expresamente permiten esta práctica dentro de sus códigos civiles. Mientras que Querétaro y San Luis Potosí la prohíben, en el resto del país la explotación reproductiva no se regula o existen vacíos que convierten a México en un paraíso ideal para el turismo reproductivo.

En 2021 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió una acción de inconstitucionalidad y un amparo relacionados con la regulación de la gestación subrogada en Tabasco. Sorprendentemente, pese a contar con los elementos normativos, recomendaciones internacionales y la evidencia de un buen número de casos de mujeres que han denunciado ser víctimas de esta práctica, así como de testimonios que dan cuenta de las vulneraciones a los derechos de los niños, la interpretación del máximo tribunal en ambos asuntos privilegió la misma narrativa ideológica de escritorio sobre la “libertad de decisión” y “voluntad” de las madres gestantes, así como del “derecho” de dichas clínicas para ofertar este tipo de servicios o la libertad de los solicitantes para acudir a esta práctica. El mundo al revés.

En cambio, la Corte no dedicó ningún renglón, argumento o ponderación jurídica sobre la protección reforzada que precisamente esas mujeres y los niños que nacen mediante estas técnicas requieren para evitar ser –como en la realidad ocurre– víctimas del mercado de lucro, trata, discriminación, explotación y abuso de que son objeto.

En tales resoluciones se ignoró que Tabasco es una de las entidades con los indicadores más significativos de rezago, pobreza y desigualdad social. Pasó por alto que las mujeres jóvenes captadas por las clínicas y orilladas por condiciones precarias en las que viven, por ejemplo, en zonas como el Estado de México y la capital del país, donde también se han detectado casos de este tipo, se encuentran a merced de su situación económica y son obligadas a sujetarse a las cláusulas de estos contratos a cambio de dinero.

De igual manera, ni las organizaciones que promovieron estos litigios ni la Corte se pronunciaron sobre el hecho incuestionable de que los niños que nacen bajo esta práctica son tratados como meros objetos de comercio, vulnerando diversos derechos humanos como su derecho a la nacionalidad, identidad, a conocer su origen genético y biológico, así como el derecho a permanecer con su familia de origen.

Y quizá lo más delicado, en dichas sentencias ni por asomo se realizó un análisis de ponderación sobre los parámetros de protección reforzada que exigen en este tema la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña (art. 7, 9 y 35); el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía (art. 2 a y 3); el Protocolo Adicional de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional (art. 3 a); y la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW, en sus artículos 3 y 6).

Ante este escenario, es evidente que el tema no puede darse por zanjado y merece una intervención urgente que atienda de manera integral el otro rostro de profunda injusticia social que conlleva la explotación reproductiva en México, vista no sólo a partir del privilegio o del poder económico de quienes acuden y se benefician de esta práctica, pues el fin no justifica los medios.

La decisión que adoptó el Parlamento Europeo representa un mensaje contundente hacia la comunidad internacional, el gremio jurídico, los tribunales constitucionales y sobre todo para los órganos legislativos y parlamentos de los Estados.

En el Early Institute hemos dedicado más de una década en investigar, documentar y visibilizar de manera objetiva los riesgos de la explotación reproductiva en México, creemos que finalmente se está logrando un cambio de paradigma y que existen las condiciones normativas y de evidencia social que permitirán una renovada lectura de esta temática a partir de los próximos años.

Estamos seguros de que la nueva composición del Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales comprenderán la necesidad de prohibir esta práctica como una de las formas de explotación, trata y discriminación más severas que actualmente existen contra mujeres y niños en México.

En México, crecemos menos y nos endeudamos más

Se pagarán altísimos costos sociales reflejados en las ya casi nulas acciones y programas sociales dirigidos al bienestar de niñas y niños en sus primeros años.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Con el próximo cambio de gobierno federal, vienen retos en diferentes ámbitos. Uno es, sin duda, el del ámbito económico que al término del sexenio de Andrés López Obrador registra importantes desafíos.

Para empezar, el mandato de Claudia Sheinbaum Pardo deberá situarse en un contexto con características muy particulares. Diversos organismos, como el Banco Mundial, prevén que el Producto Interno Bruto (PIB) experimente una fuerte baja en los primeros dos años del nuevo gobierno. Este derivado de “la restricción de políticas fiscal y monetaria”. Hoy el organismo pronostica que habrá un crecimiento de 2.1 por ciento para 2025 y de 2 por ciento para 2026, cuando creció 3.2 por ciento en 2023.

Esta desaceleración se acompaña de otro fenómeno que afecta el desarrollo del país. Me refiero a la deuda pública, ya que en los últimos años México ha tenido un aumento significativo, estimándose que ha incrementado en un 15.5% desde 2019 a la fecha. Dado que las políticas gubernamentales han priorizado la obtención de recursos mediante endeudamiento interno y externo, se estima que hoy cada habitante del país debe más de 120 mil pesos, cuando al principio del sexenio de López Obrador la deuda per cápita era de cerca de 109 mil pesos.

Por otro lado, se observa una elevada carga fiscal tanto a nuevas empresas como a las ya establecidas y ello tiene efectos adversos en el crecimiento económico y la innovación empresarial. Con altas tasas impositivas y estrictas regulaciones fiscales se desalienta la inversión, pues no hay capacidad de reinvertir en el negocio, pagar sueldos competitivos o aumentar las operaciones.

Incluso se habla de obligar a las nuevas empresas a integrarse al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), siendo que este régimen permite la deducción de gastos contra ingresos únicamente en la declaración anual. Durante el año, las empresas estarían obligadas a pagar un 30% de Impuesto sobre la Renta (ISR) de manera mensual, sin la posibilidad de aplicar deducciones inmediatas, lo que provocaría daños en sus flujos de efectivo.

Esta situación podría contribuir a la inflación, afectando directamente el poder adquisitivo de la población, ya que al enfrentar altos costos fiscales las empresas podrían transferir estos costos a los consumidores, aumentando los precios de los bienes y servicios.

Como se ve, lo que viene para los próximos años no es un asunto fácil y el constante endeudamiento dificulta el crecimiento nacional.

En nuestro interés por impulsar políticas públicas que ayuden al desarrollo y el bienestar integral de la primera infancia mexicana, desde Early Institute hacemos un respetuoso llamado al gobierno a replantear la estrategia financiera. De continuar con un aumento en la deuda pública, se pagarán altísimos costos sociales reflejados en las ya casi nulas acciones y programas sociales dirigidos al bienestar de niñas y niños en sus primeros años de vida, así como en otros asuntos de prioridad nacional.