Restricción de uso de dispositivos móviles en escuelas: el primer paso

Al día de la redacción de la presente columna, martes 22 de septiembre del 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con el que se establece la restricción del uso de dispositivos móviles en escuelas por parte de niñas, niños y adolescentes.

Tal y como fue anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum durante diversas conferencias “mañaneras” en los meses de julio y agosto, oficialmente se ha dado inicio a la etapa de evaluación de uso de dispositivos móviles por parte de la niñez y la adolescencia desde diversas materias, siendo la acción más reciente, la concerniente al ámbito educativo.

El ciclo escolar 2026-2027 recibió el pasado 31 de agosto a cerca de 23 millones de niñas, niños y adolescentes dentro de las aulas, por lo que el uso de dispositivos electrónicos por parte de las y los menores se ha posicionado como uno de los tópicos prioritarios de atención de cara a la potencial definición de nuevas reglas para su uso y/o restricción.

En un primer momento se celebró la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, en la que se contó con la participación de aproximadamente 1.2 millones de docentes; durante dichas jornadas, uno de los temas nodales se centró en la consulta realizada para recabar la opinión del personal educativo respecto de las necesidades específicas de protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.

Los resultados de dicho ejercicio se darán a conocer el 25 de septiembre y se espera que estos consideren directrices adicionales de pronta implementación para la regulación de uso de dispositivos móviles por parte los educandos.

En tanto, el Secretario de Educación Pública en México, Mario Delgado, informó que durante una reunión el pasado viernes 18 de septiembre, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas aprobó por unanimidad la implementación de una estrategia nacional para restringir el uso de teléfonos celulares y tabletas en las aulas de todo el país, particularmente en los niveles de primaria y secundaria.

En ese sentido, el acuerdo publicado en el DOF oficializa la restricción de uso de dispositivos móviles para los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, al tiempo que sugiere el fomento de uso responsable para los niveles de educación medio superior y superior, limitando su uso no pedagógico durante la jornada escolar. En ambos casos, se consideran excepciones por situaciones de emergencias personales, motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud o uso para fines educativos previamente programados.

En tanto, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, el Senador Higinio Martínez, emitió en días recientes una excitativa a las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos, para que presenten el dictamen de la iniciativa que plantea prohibir el uso de dispositivos móviles en escuelas de educación básica. Con esta acción, el Legislativo federal se suma al debate nacional para la definición de reglas sobre la materia en comento.

Lo anterior vislumbra de manera clara que la primera fase de la política pública en materia de regulación de entornos digitales y de su acceso por parte de niñas, niños y adolescentes, se centrará en la restricción de uso de dispositivos móviles durante la jornada escolar, salvo en los casos de necesidades específicas planteados en el acuerdo de la SEP.

Desde Early Institute hacemos un llamado a que las directrices en proceso de implementación únicamente marquen un primer paso en el camino de una regulación integral del entorno digital, es decir, que las disposiciones no se limiten únicamente a restringir el uso de dispositivos móviles por parte del alumnado, sino que centremos los esfuerzos en crear un ecosistema integral de acceso moderado, responsable y seguro.

Recordamos que existen múltiples áreas de intervención prioritaria adicionales que sugerimos sean tomadas en consideración para alcanzar los objetivos de una política pública moderna, vanguardista y proteccionista hacia la niñez y la adolescencia mexicana: 1) Moderación de contenidos, algoritmos y diseño estructural de plataformas; 2) Alfabetización digital desde edades tempranas; 3) Acompañamiento, controles parentales y alfabetización a padres, madres y cuidadores; 4) Uso de la Inteligencia artificial; 5) Tipificación unificada de ciberdelitos; y 6) Fortalecimiento de capacidades institucionales en materia de denuncia y regulación de plataformas tecnológicas.

Abolir la explotación reproductiva

Desde hace más de tres décadas, la llamada “gestación subrogada” o “vientres de alquiler” se convirtió en una opción cada vez más recurrente a nivel mundial para parejas o personas que no pueden lograr un embarazo y desean tener una hija o hijo, pues en apariencia representa la única vía biológica disponible en contraste con figuras como la adopción o los tratamientos de fertilidad tradicionales.

No obstante, la evidencia acumulada a lo largo de los últimos años respecto al comportamiento de la industria de los vientres de alquiler, intersecta dilemas filosóficos, bioéticos y legales en el ámbito específico de los derechos humanos de las mujeres que intervienen en esta práctica, así como de las niñas y niños que nacen a través de esta vía.

A pesar de la convergencia de todas estas nociones que parecieran sugerir un asunto de enorme complejidad y abierto al debate, la realidad acorde a los datos disponibles es que no debería ser un tema como tal “polémico” si se apela al más elemental sentido común de la perspectiva de los derechos humanos.

Hoy es bien sabido que la práctica de la gestación subrogada devela dos realidades sustentadas en evidencia: representa una forma de explotación y cosificación de mujeres con fines reproductivos y al mismo tiempo un mecanismo para la gestación de bebés como si se tratasen de un producto comercializable y fabricable, a pesar de las prohibiciones expresas establecidas por el Derecho Internacional, concretamente en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños con fines de explotación.

Precisamente, doce años atrás Early Institute publicó el primer reporte en su tipo para documentar la presencia de esta industria en México y generar recomendaciones de incidencia a nivel nacional para evitar abusos de las mujeres quienes por necesidad se ven orilladas a rentar sus vientres, especialmente a raíz de que el estado de Tabasco se convirtió en un paraíso prolijo para este negocio al ser la primera región de América Latina en legalizar la práctica en el año de 1997.

En aquel entonces, el instituto documentó como la industria de la subrogación habilitó principalmente en el sur y centro del país un mercado de clínicas dedicadas profesionalmente a la búsqueda de mujeres en situación de vulnerabilidad para su renta y a generar servicios a la carta de niñas y niños para su comercialización, incluso ofreciendo características fenotípicas específicas a las personas solicitantes, en su mayoría personas extranjeras de países en donde – paradójicamente – esta práctica se encuentra expresamente prohibida por las razones anteriormente expuestas.

Dicho primer informe nos llevó a la necesidad de diseñar e impulsar ante el Congreso la Unión una seria de propuestas legislativas encaminadas a prohibir sin titubeos ni eufemismos, de manera expresa con el lenguaje que merece el término de explotación reproductiva -  tal y como lo han hecho países desarrollados como Alemania, Francia, España -  en diversas ordenamientos como la ley de trata, ley de salud, el código penal federal, código civil y la legislación relativa a prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

Desde entonces Early Institute no ha dejado de denunciar la explotación reproductiva a través de campañas de comunicación estratégicas; iniciativas locales con grupos de mujeres; foros y parlamentos abiertos; audiencias con ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo ello para visibilizar los abusos que han padecido cientos de mujeres sometidas a esta práctica así como las violaciones a las que se enfrentan miles de niñas y niños cuyos derechos a la salud, identidad y no discriminación son sistemáticamente vulnerados.

El pasado 3 y 4 de septiembre, Early Institute y la Universidad Panamericana fuimos sede de la IV Conferencia de la Declaración de Casa Blanca; esta decisión no fue accidental ni producto de la coyuntura. Se trató de un llamado urgente por abolir de manera absoluta la explotación reproductiva en nuestro país, al representar uno de los escenarios más estratégicos y representativos sobre el debate global de la maternidad subrogada y sus riesgos.

Mas allá del foro académico, la iniciativa convocó a 34 especialistas de 9 países: México, España, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Francia y Suiza, integrados por relatores y ex integrantes de órganos de tratados de Naciones Unidas, magistrados, juristas, académicos, médicos, bioeticistas y activistas. El objetivo común de este grupo fue claro y no admite diatribas: la explotación reproductiva debe abolirse de manera universal e inmediata, pues las mujeres no se rentan y los niños no se venden. Jamás esta práctica podrá considerarse una forma de progreso humano, mucho menos de falsas libertades y autonomías.

Más allá de los resultados de PISA 2025

En México, no es desconocido el rezago educativo que tiene el país desde hace mucho tiempo. El panorama se constata con lo que últimamente publicó la prueba PISA 2025, convocada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En los resultados, nuestro país ocupó lugares muy desfavorables en Matemáticas y Comprensión lectora, calificados incluso como los “peores en 20 años”.

Esta lamentable situación dio origen a varias discusiones a través de foros y mesas de análisis como el organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación (Centro INIDE) de la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México.

Bajo el título “Repensar la educación tras la prueba PISA: brechas, tecnología y políticas para el aprendizaje”, especialistas de dicho Centro dialogaron en torno a la lectura que debe hacerse sobre PISA 2025 más allá de lo superficial que es un visible deterioro educativo evidenciado por bajas calificaciones.

Si bien, ese propio dato es un foco rojo, Jimena Hernández Fernández, docente investigadora del Centro INIDE, sostiene que el verdadero centro del problema no es únicamente el desempeño académico sino la manera en que la desigualdad social —económica, cultural y de acceso tecnológico— determina de manera sistemática quién aprende, cuánto aprende y en qué condiciones lo hace.

Es decir, lo que expresan los bajos resultados son realidad un reflejo de las desigualdades estructurales del país y que condicionan el aprendizaje. Por ejemplo, entre el 25% del alumnado con mayor ventaja socioeconómica y el 25% en mayor desventaja existe una diferencia de 68 puntos —una brecha equivalente a entre tres y cuatro ciclos escolares completos—, y esta distancia se ha mantenido estable entre 2015 y 2025.

Esto significa que el origen socioeconómico sigue siendo un factor clave en las oportunidades de aprendizaje, y ello implica reducir las desigualdades para siquiera poder pensar en mejorar el nivel educativo. Así mismo, en el foro se habló de la necesidad de crear una política pública basada en evidencia pues ninguna de las estrategias o reformas diseñadas en sexenios anteriores ha logrado reducir el peso de la desigualdad social.

Un elemento que también fue abordado fue el de la formación docente y que requiere la suficiente inversión para capacitar a quienes están frente a las aulas. Desafortunadamente en el gobierno pasado y en este se ha visto una disminución en los recursos, según Marisol Silva, integrante del Centro INIDE.

En sí, se propone tomar los resultados de PISA 2025 como un termómetro de lo que está ocurriendo en México, atender los desafíos que se están evidenciado y no quedarnos en el tema de las bajas calificaciones.

En Early Institute privilegiamos la evidencia como elemento clave para la construcción de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes y sabemos que este tipo de herramientas de medición deben ser analizadas con enfoques más amplios de los que se suelen considerar. Coincidimos en que las desigualdades sociales afectan el desarrollo humano y el reto está en generar condiciones que faciliten el aprendizaje desde una base equitativa y con absoluto respeto a los derechos, como lo es el de la educación.

Medir la violencia en tiempos del Mundial

¿Qué muestran los registros sobre la violencia sexual y familiar? La evidencia internacional sugiere que los grandes eventos deportivos, como las copas mundiales de futbol, pueden exacerbar ciertas formas de violencia, en particular la violencia familiar y la sexual. El grueso de esa investigación corresponde a contextos anglosajones y el fenómeno carece de evaluación sistemática en América Latina. Este artículo examina si algo semejante ocurrió en México durante el Mundial de futbol de 2026, analizando tanto la tendencia general como la violencia perpetrada contra niñas, niños y adolescentes.

Para ello se examinan las series mensuales de incidencia delictiva y de víctimas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre enero de 2015 y julio de 2026, las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y los registros de lesiones de la Secretaría de Salud que consignan la fecha y la hora de ocurrencia.

En la literatura se sostienen dos hipótesis. La primera atribuye a estos eventos un aumento de la trata con fines de explotación sexual por la demanda del turismo, y las evaluaciones no la respaldan. Antes del Mundial de Alemania 2006 se anticipó el traslado de miles de personas, sobre todo mujeres, con ese fin; la evaluación posterior concluyó que la estimación carecía de sustento y que el incremento no ocurrió, en parte porque la trata exige logística e inversión previas que un evento breve difícilmente vuelve rentable. Investigaciones en otros contextos llegaron al mismo resultado. Ninguna de ellas niega el fenómeno y lo que descartan son los incrementos extraordinarios atribuidos a los eventos, no su ocurrencia.

La segunda, con mayor respaldo, asocia los partidos de futbol con incrementos de la violencia familiar. En la revisión sistemática de Kirsty Forsdike, publicada en Health Soc Care Community, diez de doce estudios encuentran asociación positiva. Los reportes de violencia de pareja aumentan entre 10% y 38% según el resultado del encuentro, desde una derrota inesperada del equipo local de futbol americano en Estados Unidos hasta 26% tras una victoria o un empate de la selección inglesa y 38% tras una derrota, y con datos horarios se ha observado que los casos disminuyen durante el partido y aumentan después, sobre todo los asociados al alcohol. Se trata, sin embargo, de eventos distintos entre sí en público, duración y carga emocional, y la propia revisión advierte que los resultados son mixtos.

El análisis abarca la serie mensual completa de cada delito, de modo que junio y julio de 2026 se comparan con once años de esa misma serie y no solo con el año previo. Desde enero de 2026 el SESNSP aplica la nueva metodología del Registro Nacional de Incidencia Delictiva, y las series son comparables una vez agregadas conforme a su nota metodológica. Además, cada delito se cuenta en el mes de apertura de la carpeta, no en el de los hechos.[1] Dos condiciones limitan la lectura. La primera es el subregistro, pues la cifra oculta nacional alcanza 93.2 % de los delitos y supera 99 % en la violencia sexual contra las mujeres, de modo que los registros miden denuncias y no incidencia. La segunda es que algunas series estatales cambian de nivel antes del torneo, como en Nuevo León, donde las carpetas por violencia familiar superan a las de 2025 desde enero, por lo que la comparación parte del promedio de enero a mayo de 2026.

El procedimiento (análisis de series de tiempo) descompone cada serie en una tendencia de largo plazo, un patrón estacional que se repite cada año y un componente irregular, que recoge la variación excepcional. La serie nacional de violencia familiar (Figura 1) lo muestra, pues su estacionalidad es marcada, con máximos recurrentes entre marzo y julio, de manera que un aumento en los meses en los que se llevó a cabo el Mundial es esperable.

Figura 1. Carpetas de investigación por violencia familiar, nacional, enero de 2015 a julio de 2026

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a), reagregados conforme a SESNSP (2026b).

La pregunta es si el componente irregular de junio y julio de 2026 se aparta de lo que esa serie registró en los once años previos, y no lo hace. En los seis delitos examinados, incluidos aquellos cuyas víctimas son por definición niñas, niños y adolescentes, las desviaciones son menores a 0.6 (Figura 2 y Tabla 1).[2]

Figura 2. Desviación de junio y julio de 2026 respecto del patrón estacional de cada serie, nacional

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a). Se muestran los cuatro delitos de mayor volumen. La banda interior corresponde a ±2 desviaciones estándar del componente irregular 2015–2025, el rango de variación normal de cada serie; la exterior, a ±4.

Varios delitos registraron más carpetas en junio y julio de 2026 que en 2025. La violencia familiar aumentó 8.1 % y la corrupción de menores 15.4 %. La pregunta relevante no es si subieron, sino si subieron más de lo que acostumbran, y eso mide la última columna de la tabla 1, que expresa cuánto se apartó cada mes del comportamiento propio de su serie una vez descontadas tendencia y estacionalidad. Un valor que rebasa dos desviaciones estándar se considera atípico.[3] Ninguna serie se acerca a ese umbral y la mayor desviación, en trata durante julio, llega a 0.55. Los aumentos existen, pero son los que estos delitos registran cada año en junio y julio.

Tabla 1. Carpetas de investigación en junio y julio, nacional, 2025 y 2026

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a). La violación agrupa las modalidades simple y equiparada.

Otro elemento que apunta en la misma dirección es la ausencia de un patrón propio de las sedes. El incremento de violencia familiar fue mayor fuera de las entidades sede (+9.1 %) que en ellas (+4.9  %), y las tres se movieron en direcciones distintas, pues en la Ciudad de México las carpetas cayeron 24 %, en Jalisco subieron 11.2% y en Nuevo León 48.1 %. La comparación formal (un modelo de diferencias en diferencias) sigue mes a mes a los municipios de las tres zonas metropolitanas sede y a 198 municipios urbanos sin partidos. Si ser sede hubiera importado, ambos grupos se habrían separado en junio, y no lo hacen en ningún delito. El mismo ejercicio en 2023, 2024 y 2025 produce diferencias equivalentes.

Para descartar que el resultado se deba a la casualidad se aplicó una prueba de permutación, que simula lo que habría ocurrido sin el Mundial. El azar pudo generar aumentos de hasta 5.8 % en violencia familiar y de 15.3 % en abuso sexual, mientras que los documentados para eventos comparables, de entre 26 % y 38 %, son varias veces mayores y habrían resultado inconfundibles. En la trata la inferencia no es viable por el volumen, pues con quince carpetas en las entidades sede ningún incremento sería distinguible del azar, y la serie nacional se mantuvo estable, con 367 y 370 carpetas en enero-julio de 2025 y 2026.

En lo que respecta a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, el registro del RNID permite por primera vez desagregar por edad a nivel municipal y muestra su centralidad en estos delitos, pues la mitad de las víctimas de abuso sexual y cuatro de cada diez víctimas de violación tienen entre 0 y 17 años, y más de 80 % de ellas son niñas y adolescentes mujeres. En violencia sexual la desagregación por edad comienza apenas en 2026, así que se emplea como aproximación la violación equiparada, figura que cubre a niñas, niños y adolescentes víctimas y cuya serie llega a 2015.

Figura 3. Desviación de junio y julio de 2026 respecto del patrón estacional, indicadores de niñas, niños y adolescentes, nacional

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a). Series de víctimas de 0 a 17 años, salvo violación equiparada, que corresponde a carpetas de investigación.

Ninguna de las cinco series se aparta de su patrón (Tabla 2 y Figura 3). La mayor desviación es de 0.45, en violación equiparada durante julio, frente a un ruido habitual de 10 % en esa serie. Los aumentos de junio y julio entre niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar y de violación, cercanos a 12 %, fueron similares dentro y fuera de las entidades sede. Lo que la serie larga sí revela es un crecimiento sostenido e independiente del Mundial, pues entre 2015 y 2026 las carpetas por violación equiparada aumentaron 204 % y las de corrupción de menores 110 %, de 823 a 1726.

Tabla 2. Niñas, niños y adolescentes en junio y julio, nacional, 2025 y 2026

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a). La desagregación de víctimas por edad existe desde 2015 sólo para los delitos de los bienes jurídicos vida e integridad corporal, libertad personal, patrimonio y sociedad; para violencia familiar y los delitos sexuales comienza con el RNID en 2026, por lo que esas dos filas carecen de comparación con 2025 y se emplea la violación equiparada como aproximación a la violencia sexual contra personas menores de edad.

Con la información disponible a julio de 2026, los registros administrativos no muestran ningún incremento atribuible al Mundial en la violencia familiar, la violencia sexual, la corrupción de menores o la trata, ni en el agregado nacional, ni en las sedes, ni entre niñas, niños y adolescentes. El resultado es consistente con la evidencia internacional sobre trata. La de violencia familiar exige una escala más fina, pues el efecto se concentra en los días de partido. Los registros de lesiones de la Secretaría de Salud (2026) permiten esa prueba en junio, mes en el que su captura alcanza el nivel de 2025.[4] En los diez días con partido en sedes mexicanas las lesiones por violencia familiar quedaron 0.3 % por encima del resto del mes, con un intervalo de −7.3 % a +8.6 %, y los partidos de México en la Copa Oro de 2025 dan +5.2 %, tampoco significativo.

Donde la cifra oculta de la violencia sexual supera 99 %, la ausencia de señal debe leerse con la cautela que se exigiría ante un aumento. El seguimiento de estos delitos no debería depender de eventos de gran visibilidad. Mientras la discusión pública se concentró en veinticinco días, la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes siguió creciendo, pues entre 2015 y 2026 las carpetas por violación equiparada se triplicaron y las víctimas de corrupción de menores se duplicaron. El hallazgo no es que no ocurra nada, sino que lo que ocurre es sostenido y ajeno al calendario deportivo, y que en más de ocho de cada diez casos de violencia sexual contra la infancia las víctimas son niñas y adolescentes mujeres. Ése es el problema que la política de prevención tiene que atender.

[1] De los hechos ocurridos entre un 11 de junio y un 5 de julio, al cierre de julio se encuentra registrado 91% de la violencia familiar, 82 % del abuso sexual y 79 % de las violaciones. La estimación se apoya en las 13,205 carpetas de esos delitos cuyos hechos cayeron en esa ventana entre 2019 y 2023 en la Ciudad de México, única entidad que publica ambas fechas, de modo que constituye una aproximación.

[2] Como contraste se examinaron también el homicidio doloso, las lesiones dolosas y la extorsión, delitos ajenos a la hipótesis pero sensibles a cambios en la movilidad, en la actividad económica y en la práctica de registro. Sus desviaciones en junio y julio de 2026 van de −0.5 a +0.6, el mismo rango que los delitos examinados. Una alteración general del registro o de la propensión a denunciar durante el torneo se habría reflejado también en ellos.

[3] El umbral de dos desviaciones estándar corresponde a la convención habitual para señalar un valor atípico. Los procedimientos de detección automática en series estacionales ajustan el punto de corte a la longitud de la serie y, para 139 observaciones, lo sitúan cerca de cuatro desviaciones estándar.

[4] El subsistema de Lesiones y Causas de Violencia registra la atención por lesiones en unidades de la Secretaría de Salud y consigna la fecha y la hora en que ocurrió el hecho, no la de su registro, además de codificar la intencionalidad y el parentesco del agresor. Esas características lo convierten en la única fuente mexicana que permite contrastar una hipótesis formulada en días y en horas. El censo de egresos hospitalarios no lo permite, pues asienta la fecha de ingreso y capta únicamente los casos que derivan en internamiento, una fracción reducida y no representativa de la violencia familiar. La prueba se restringe a junio porque en ese mes la captura de 2026 alcanza entre 0.90 y 1.03 del volumen de 2025 y en julio desciende a 0.70. El modelo emplea el total diario de lesiones como denominador, de modo que el nivel de captura no sesga la estimación.

La ENAPI, entre avances y tropiezos

Hace casi cien años, John Dewey —renombrado filósofo estadounidense— abordaba lo que hoy conocemos como políticas públicas para hablar de “lo público y sus problemas”.

En donde lo público, que surge de las relaciones privadas, tiene consecuencias que afectan a terceros y, por lo tanto, se requiere de políticas para intervenir. Demanda la conformación de un Estado y del desarrollo de una ciudadanía democrática.

En el mismo tenor, Wayne Parsons afirmaba, muchos años después, que una de las razones por las que las políticas públicas han demostrado ser tan difíciles de comprender es que se refieren a la propiedad de todos y de nadie, pues así es la naturaleza de los problemas públicos.

Entendiendo dicha complejidad, durante decenas de años los Estados, a través de los gobiernos, han puesto en marcha innumerables mecanismos —políticas públicas—, mediante los cuales se pretende ya no solo resolver problemas sino impulsar el desarrollo social. Y si bien hemos facultado a los gobiernos a que hagan propias tales políticas, en países democráticos su construcción es propiedad de todos.

Los actuales planes, programas, estrategias y todo el accionar que establecemos como “público” son obras en las que en esencia todos tenemos parte, con independencia de que seamos una población directamente afectada o beneficiada.

Así como muchas otras políticas públicas, con esa idea se elaboró la recientemente publicada Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (2026-2030), la ENAPI, que según se expresa en la publicación oficial “se construye bajo los principios del humanismo mexicano, la igualdad sustantiva, la corresponsabilidad social…”. Para esto último integra una Comisión con la participación de entidades públicas, organizaciones sociales y organismos internacionales.

Para quienes trabajamos por el beneficio de la primera infancia esta política pública es el referente más claro de la apuesta que hace el gobierno federal por atender problemas graves, y a partir de las voces escuchadas trazar un camino y objetivos a alcanzar.

Este ejercicio colectivo dio frutos, entre otros, respecto a la priorización de la Ruta Integral de Atenciones —que marca la pauta de atenciones y servicios a los que deben acceder las niñas y niños, y que son implementados por la ENAPI—.

En la ENAPI se dedica parte importante al diagnóstico de la situación actual y al trazado de metas, con el apoyo de 15 indicadores (dentro de ellos tres indicadores de gestión y 12 sustantivos) que prometen medir, año con año, los avances a alcanzar. Esto también es un gran paso hacia adelante con respecto a la anterior ENAPI, pues por primera vez cada indicador viene acompañado de una ficha técnica que precisa lo que mide, el valor de línea base, la fuente de información, la fórmula para el cálculo, la meta para 2030, entre otros datos para el monitoreo. Hago este énfasis pues un sinfín de políticas públicas en nuestro país no están motivadas ni interesadas en trazar objetivos, metas y vías para su seguimiento. Muy por el contrario, procuran eliminar o dificultar toda posibilidad de escrutinio público.

Al replicar los cálculos con las bases de datos públicas que el propio documento cita, cuatro de los 12 indicadores sustantivos coinciden de forma exacta con lo publicado, mientras que otros seis quedan a menos de un punto y medio porcentual de diferencia. En este sentido, se puede confiar en tomar el dato y corroborarlo con la fuente pública, lo cual es plausible.

Sin embargo, la ENAPI también deja ver limitaciones serias. La manera en que fueron construidas las líneas base presenta deficiencias relevantes. Ocho de los 12 indicadores sustantivos agrupan varios años en una sola estimación y luego se expresa como una fotografía anual. Por ejemplo, se dice que el porcentaje de niñas y niños de uno a cinco años expuestos a disciplina violenta fue de 52.7 por ciento en 2021, 2022, 2023 y 2024. Lo mismo pasa con el dato de sobrepeso en niñas y niños menores de cinco años, que según el documento se estacionó en 7.7 por ciento cuatro años seguidos, al igual que la baja talla o desnutrición crónica, que se dice permaneció en 14 por ciento los mismos años. La línea base no es una cuestión menor, pues es el dato que sirve como punto inicial o de referencia para medir los cambios. En estos casos, claramente los datos no se estancaron, sino que se repitió un dato sin la debida precisión anual.

Por otro lado, se observaron indicadores como control prenatal y vacunación en los que no se declaran el numerador y denominador con los que fueron calculados, lo que imposibilita verificarlos. Inclusive cuando se intenta reproducir el dato de control prenatal con la fuente pública correspondiente, el resultado difiere del publicado.

Asimismo, a pesar de que la propia ENAPI dedica páginas completas a explicar que en diversas situaciones la desigualdad y los focos rojos se encuentran al observar la condición indígena, discapacidad, ámbito rural o sexo de las niñas y niños, la información en los indicadores pasa por alto el desglose correspondiente. Tampoco se establecen indicadores de seguimiento ni metas a alcanzar en problemáticas tan importantes como la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la atención del parto por personal capacitado y el peso al nacer, a pesar de que el propio documento reconoce como centrales.

A estas omisiones se suma el hecho de que las metas trazadas carecen de fundamento; son más bien líneas entre el dato de partida y una cifra estimada para 2030, sin razones en las que se base la progresión. En otros indicadores, como el de asistencia a educación inicial, la meta apenas se mueve, al pasar de 4 por ciento en 2026 a 4.5 por ciento en 2030, medio punto porcentual en todo el periodo. O como en el caso del indicador de vacunación donde la meta se estima en 90 por ciento en 2026, sin cambios en ninguno de los años siguientes.

Finalmente, la ENAPI nuevamente llega tarde; pareciera que ya nos hemos acostumbrado a que es una estrategia que no alcanza el sexenio, pues se publica casi dos años después de la entrada del actual gobierno federal y eso acorta sus posibilidades. Esta situación debería llamarnos a la acción en tanto cada uno de los temas que abarca la ENAPI nos concierne a todos, no solo porque la primera infancia se refiere a una etapa prioritaria, sino porque cada problema público y su posible solución nos pertenece a cada uno de nosotros.

La corresponsabilidad no termina con la elaboración de una política, sino que exige también la participación de la sociedad en su seguimiento y evaluación. Tenemos poco tiempo para confirmar si el rumbo es el correcto y si la ruta trazada nos lleva al destino deseado.

La tecnología y la baja poblacional

En los últimos años se han registrado cambios relevantes en la dinámica social. Uno de ellos es el descenso en el número de nacimientos, lo que implica que se esté llegando a una preocupación mundial.

Por ejemplo, en México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se contabilizaron 1,672,227 nacimientos registrados en 2024 cuando en 2023 fue de 1,820,888. Por supuesto las razones de este descenso pueden ser varias tanto derivadas por aspectos económicos como por las nuevas formas de relacionarse. En este sentido, recientemente se dio a conocer un estudio en Estados Unidos, en el que se habla que desde que salió el primer smartphone de Apple al mercado (en 2007), en ese país ha ido decayendo la tasa de nacimientos.

Dicen los autores del informe, quienes son economistas del Middlebury College y del National Bureau of Economic Research (NBER, el Buró Nacional de Investigación Económica), que si bien no se le puede atribuir a este objeto la baja natalidad, su llegada sí modificó la forma en que las parejas socializan: menos interacción física, menos citas, menos relaciones sexuales presenciales y por lo tanto menos embarazos.

Con referencia a esta baja de nacimientos: “La tasa general de fertilidad en EU ha caído 22% desde 2007, un descenso sostenido que no se explica del todo por las condiciones económicas, el uso de anticonceptivos, los costos de vivienda o de cuidado infantil”, de acuerdo con los investigadores Caitlin K. Myers y Ezekiel Hooper del Middlebury College.

Ahora bien, como los autores mencionan, no se puede afirmar que el smartphone sea la causa de que la tasa de fertilidad sea menor, sin embargo, llama la atención que el crecimiento de la tecnología vaya a la par con este fenómeno.

La propia autora Myers indicó: “como científica, me resisto a decir que la causalidad está probada”, aunque sostuvo que los datos apuntan a “una relación grande y causal entre los iPhone y la fertilidad”.

El tema de la caída en la tasa de fecundidad no es menor cuando se ponen en riesgo los niveles de reemplazo necesarios para equilibrar el tamaño de la población. Hoy, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) la tasa global de fecundidad en América Latina es de 1.8 hijos por mujer, por debajo del 2.1 necesario para el sostenimiento de una población estable.

En esa línea, si el nivel de reemplazo es afectado, se dan mayores problemas que tienen que ver con una población envejecida, menor fuerza para impulsar la economía y menos productividad.

En Early Institute sabemos que la tecnología es una herramienta que facilita y abona a muchas de las tareas humanas, sin embargo, hay que tener precaución cuando la interacción con ella busca reemplazar las relaciones interpersonales. No se trata de evitar el uso de los dispositivos digitales, sino alentar que su manejo de ningún modo sustituya el establecimiento de vínculos sociales y, por tanto, de conexiones que impliquen afecto, comunicación, interés y confianza.

La protección de las infancias nos corresponde a todas y todos

Actualmente se sabe que la niña, tras haberle cometido un aborto, se encuentra bajo el resguardo del DIF estatal, como parte de las medidas de protección determinadas para garantizar su seguridad, y que el agresor sexual está vinculado a proceso

A principios del mes de agosto conocimos el caso de una niña de 11 años, de Matamoros, Tamaulipas, a quien, tras recibir atención médica, se detectó que tenía cinco meses de embarazo.

Actualmente se sabe que la niña, tras haberle cometido un aborto, se encuentra bajo el resguardo del DIF estatal, como parte de las medidas de protección determinadas para garantizar su seguridad, y que el agresor sexual está vinculado a proceso.

Sobre este caso se han dado diversos testimonios; por un lado, la madre señaló en algún momento que había hombres que entraban a la casa cuando la niña estaba sola; por otro, algunos vecinos y familiares señalaban directamente a Sirenio Ruiz como el presunto violentador sexual. También hay versiones que dicen que él publicaba fotografías de ambos presentándola como una especie de pareja.

Y aunque algunos de los hechos de este caso aún están por ser reconfirmados por las autoridades, y solo hay una persona vinculada a proceso, debemos preguntarnos, ¿cómo es que una niña puede vivir una situación de violencia sexual hasta llegar a los cinco meses de embarazo? ¿Qué hicieron todas las personas adultas que formaban parte de su entorno?

Aclarando un punto: la responsabilidad por una agresión sexual es de la persona que ejerce la violencia, y las posibles omisiones en el entorno no disminuye la responsabilidad de quien la ejerció. Además, hasta el momento no se tiene conocimiento de que exista una investigación penal en contra de otras personas, además de la investigación contra Sirenio Ruiz.

Sin embargo, no debemos dejar de visibilizar que la red de protección falló; y esto no involucra solo a la madre o a las personas de su familia más cercanas, sino también a todas las personas que estaban a su alrededor, al Estado y a la sociedad en general.

El cuidado y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes nos corresponde a todas y todos, desde la posición en la que nos encontremos y sin importar qué tan cercanos a nosotros son. A esto se le llama corresponsabilidad, y es un principio rector en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Esta obligación corresponsable recae en la familia, al Estado y a la sociedad en general; así se señala en el artículo 6 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Por lo que lo anterior no es solo una obligación moral, es también un mandato jurídico hacia todas las personas.

El artículo 12 de dicha ley establece que es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos o de alguna forma de violencia, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes.

También, el Código Nacional de Procedimientos Penales indica, en su artículo 222, que toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo.

Lo anterior nos obliga a mirar este caso más allá de la responsabilidad individual que pudieran tener las personas a su alrededor. Si una niña atraviesa una situación de violencia hasta llegar a un embarazo de cinco meses sin que su entorno lograra detectarla o detenerla, debemos analizar qué señales no fueron identificadas, qué alertas fueron normalizadas y qué oportunidades de prevención o intervención se perdieron.

Todas las personas, desde nuestra posición, tenemos un papel en la protección de niñas, niños y adolescentes. Para algunas personas, ese deber puede consistir en identificar una situación y comunicarla a las autoridades; para otras, en activar los mecanismos de protección, investigar, dar seguimiento o garantizar que una denuncia no quede sin respuesta. Como sociedad, implica dejar de normalizar la violencia, difundir información y conocer cuáles son nuestras obligaciones.

La prevención de la violencia sexual también significa asumir que la protección de niñas, niños y adolescentes nos corresponde a todas y todos.

Emergencias obstétricas, una deuda pendiente del sistema de salud

  • Corresponde a las instituciones traducirlas en decisiones que permitan garantizar una atención oportuna y de calidad, y proteger efectivamente la vida y el bienestar de las mujeres, de las niñas y los niños
El bienestar de las mujeres antes, durante y después del embarazo, así como el de las niñas y los niños, constituye un pilar fundamental de cualquier sistema de salud.

No se trata únicamente de recibir atención médica durante el embarazo o el parto, sino de garantizar que ésta sea oportuna, adecuada y de calidad, especialmente cuando enfrentan una situación de emergencia que pone en riesgo su bienestar e incluso su vida.

Sin embargo, la realidad en México aún muestra importantes desafíos. La publicación Atención a la salud materno-infantil y a las emergencias obstétricas durante el embarazo, parto y puerperio en México de Early Institute, evidencia fallas sistémicas que limitan la capacidad del sistema de salud para responder de manera adecuada a las necesidades de mujeres, niñas y niños ante emergencias obstétricas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, México cuenta con 46 mil 435 establecimientos de salud registrados; no obstante, cuando se observa cuántos de ellos dan atención relacionada con la salud materno-infantil, la cifra se reduce notablemente, al ser únicamente mil 312 unidades médicas en todo el país.

Además, solo 358 hospitales cuentan con unidades de cuidados intensivos, 329 con unidades de cuidados intensivos neonatales y 247 unidades médicas cuentan con banco de sangre. Esto quiere decir que, cuando se trata de atención a emergencias obstétricas como hemorragias posparto, preeclampsia y eclampsia, o complicaciones como la prematuridad, sepsis neonatal o la insuficiencia respiratoria del recién nacido, las capacidades del sistema de salud para responder de forma oportuna son aún más limitadas.

La salud es un derecho humano reconocido por la Constitución mexicana y los tratados internacionales, que establecen la obligación del Estado de garantizarlo; sin embargo, cuando se trata de la salud materno-infantil esta obligación adquiere una importancia mayor pues exige que los servicios de salud cuenten con las capacidades suficientes para responder las distintas necesidades de esta población y para actuar ante situaciones que pongan en riesgo su vida.

Por ello, hablar del acceso a la salud no puede limitarse a su reconocimiento normativo ni a la existencia formal de servicios. Esta investigación evidencia que es necesario eliminar barreras, atender las desigualdades estructurales, adaptar los servicios a las necesidades de las personas y priorizar la atención en casos de alto riesgo. De lo contrario, las consecuencias pueden ser fatales; de acuerdo con la investigación, 4 mil 871 mujeres, niñas y niños murieron por causas relacionadas con una emergencia obstétrica en 2023.

Es urgente implementar acciones progresivas por parte del Estado que hagan efectivo el derecho a la salud materno-infantil. Ahí la importancia de este documento, que plantea recomendaciones normativas y de política pública orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud y a contribuir a la prevención de muertes que, en muchos casos, pueden evitarse.

Así, se hace un llamado a las autoridades, tanto federales como estatales, responsables de garantizar el derecho a la salud, para que asuman como una prioridad la atención médica materno-infantil y fortalezcan las capacidades institucionales de respuesta ante emergencias obstétricas.

Las recomendaciones planteadas en esta investigación ofrecen elementos concretos para avanzar en esta tarea. Ahora corresponde a las instituciones traducirlas en decisiones que permitan garantizar una atención oportuna y de calidad, y proteger efectivamente la vida y el bienestar de las mujeres, de las niñas y los niños.

Las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) de 2014 creó una de las instituciones más relevantes y retadoras del sistema normativo e institucional mexicano. Se trata de la atípica figura de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que, si bien se insertan como instancias de la administración pública federal, estatal y municipal, mantienen funciones de vital trascendencia en ámbitos como la restitución de derechos y el acceso a la justicia en favor de las niñas y niños de México.

Atendiendo al origen del término procurare, estas procuradurías de protección ejercen una función primordial de cuidar o representar a niñas, niños y adolescentes en situaciones o contextos que representen riesgo o vulneración a sus derechos. Desde el mandato legal, su objetivo es claro: promover políticas preventivas para evitar entornos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes (NNA), así como brindar acompañamiento legal, psicológico y coordinar el acceso a servicios esenciales como salud y educación.

En un país donde la infancia y adolescencia representa alrededor del treinta por ciento de la población, las procuradurías de protección son instancias cruciales para impulsar su desarrollo, interviniendo en problemáticas como la institucionalización de NNA en centros de asistencia social; la atención a casos de violencia, o bien, asuntos relacionados al desempeño escolar o al acompañamiento de NNA en situaciones de exclusión, rezago y pobreza.

Lejos de concebirse como instancias burocráticas, la esencia de estas procuradurías consiste en asegurar que NNA reciban caso por caso una restitución integral cuando sus derechos han sido vulnerados mediante la definición de medidas especiales de protección y acciones coordinadas con todas las instancias necesarias para ello.

Además, tratándose de niñez indígena o regiones de especial vulnerabilidad, actúan como defensoras de la diversidad cultural procurando que NNA cuenten, por ejemplo, con acceso a una justicia adecuada a su desarrollo, lenguaje y condiciones socioculturales específicas.

No obstante, es importante mencionar que, a 11 años de su creación progresiva dentro de los aparatos de gobierno federal, estatal y municipal, las procuradurías de protección enfrentan retos de diversa índole operativa y presupuestal que merman su capacidad de respuesta frente a las necesidades inmediatas de protección y restitución de derechos requeridos por la niñez y adolescencia en todo el territorio nacional.

En primer lugar, las procuradurías son instancias cuya relevancia debe visibilizarse y asegurar que existe una comprensión social sobre su competencia y funciones, inclusive dentro del mismo sector gubernamental, aún persiste desconocimiento entre las propias dependencias públicas sobre los procesos en los que estas intervienen. Poco o nada se les menciona desde el discurso oficial del gobierno o congresos. Se les percibe como instancias de “bajo perfil” reducidas a oficinas administrativas adscritas al interior de los sistemas DIF municipales y estatales.

Sin embargo, en los hechos su papel es neurálgico incluso para la narrativa del bienestar social que enarbolan los gobiernos de la 4T, por ejemplo, frente a la comisión de delitos en contra de NNA o bien como instancias clave en su coordinación con centros de asistencia social y poderes judiciales en casos de reinserción familiar y adopciones.

La priorización del rol de estas procuradurías —especialmente dentro de los gobiernos estatales y municipales— debe ser resultado de una ruta crítica para el fortalecimiento progresivo que permita ampliar su capacidad operativa y presupuestal, así como contar con procesos de especialización y capacitación permanente para su personal, en un contexto donde la agenda de niñez y las temáticas que la integran se han vuelto cada vez más complejas y específicas.

En segundo lugar, dadas las condiciones del sistema federal mexicano, la coordinación interinstitucional entre las procuradurías y el resto de las instituciones que integran los sistemas estatales y municipales de protección, representa uno de los retos de mayor complejidad de esta agenda.

Las funciones de representación legal, asistencia y protección de NNA que encabezan estas procuradurías invariablemente requieren de una intensa y eficaz coordinación con áreas de seguridad, ministerios públicos, tribunales, instancias del sector salud, educativas, casas hogar, registros civiles y organizaciones sociales. Esto plantea una serie de desafíos operativos que varían de región en región atendiendo a la capacidad de respuesta de los aparatos burocráticos estatales y municipales.

UNICEF ha encabezado un esfuerzo en México por impulsar, junto con los gobiernos de los estados, una ruta crítica para fortalecer a todas las procuradurías de protección. Se coincide en trabajar de manera prioritaria en una cuestión primordial: mejorar el diseño orgánico y la estructura mínima deseable para estas instancias, con abogados, psicólogos y peritos suficientes para atender las áreas sensibles en materia de reinserción familiar, restitución de derechos a NNA y seguimiento a niñez institucionalizada o en entornos de violencia.

A la par de esto, nos parece que el reto central consiste en lograr que las procuradurías de protección adquieran una mayor visibilidad pública como instituciones medulares en el ámbito de los derechos humanos de niñas y niños. Para colocarlas dentro del discurso social y político, será necesario redoblar esfuerzos y trabajar de la mano con los poderes legislativos, apretar el paso con los poderes judiciales para insertar la perspectiva de niñez en su función y desde la sociedad civil exigir que esta temática sea revisada con sentido de urgencia dentro de los planes de desarrollo y las agendas parlamentarias.

Estamos entrando a otra etapa en la agenda gubernamental y en el tablero de prioridades del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a dos años de su mandato, este tema claramente sigue sin perfilarse como un asunto de relevancia nacional. La falta de resultados y los focos rojos en innumerables indicadores de salud, seguridad, educación, nutrición y pobreza de niñas y niños, obligan a replantear la forma en que esta materia es presentada y gestionada también desde el terreno social.

La debilidad de las instituciones que rigen en el sector —como es el caso de estas procuradurías— no es una casualidad o producto de la mala fortuna, es un resultado directamente proporcional a la necesidad de dar un viraje contundente a la narrativa y a las formas como históricamente se ha presentado el trabajo a favor de los derechos de la niñez.

Seguir instalados en el discurso del altruismo o en la visión reducida al asistencialismo de la infancia, es no reconocer que la época ya es otra y que los fenómenos globales van a una velocidad mayor que la capacidad de respuesta de los gobiernos.

La agenda de derechos de niñas, niños y adolescentes requiere de información basada evidencia para potenciar la toma de decisiones; implementar esquemas de evaluación de impacto para quienes diseñamos programas en este sector; priorizar la puesta en marcha de estrategias de incidencia efectivas y compatibles con la realidad política del momento, pero sobre todo plantear una nueva conversación social que permita llevar esta agenda al siguiente nivel. Esta tarea no solo es del gobierno.

De no hacerlo más de 38 mil niñas, niños y adolescentes seguirán a la suerte de instituciones debilitadas y sin presupuestos suficientes para cumplir lo que mandata la Constitución y las leyes: garantizar la protección prioritaria a sus derechos fundamentales.

Crianza positiva que niñas y niños merecen

En cuestiones de crianza, cada familia adopta lo que le parezca más conveniente, pero ¿qué pasa cuando esas formas no son precisamente las más sanas? Si bien hoy se tiene más información sobre lo que implica la aplicación de ciertas maneras de educación, todavía hay que recalcar las desventajas cuando esas acciones se basan en métodos violentos e inseguros.

Es muy probable que se confunda la disciplina en términos de rudeza, cuando lo que se requiere es una orientación basada en el respeto y la ternura.

En este sentido, México tiene mucho qué modificar en tanto se registran altos porcentajes de niñas y niños que reciben tratos inadecuados que lo único que producen es bajo rendimiento escolar, afectaciones a la salud física y emocional y efectos nocivos a mediano y largo plazos.

Según el informe ¿Cómo vamos con la primera infancia?, editado por Early Institute, en 2025, la mitad de la población de niñas y niños menores de 5 años es educada con métodos de disciplina violenta. Dice el reporte: “Según datos de la Ensanut, en el periodo de 2021 a 2023, el porcentaje de niñas y niños de 1 a 4 años sometidos a algún método de disciplina vio­lenta pasó de 51.3% en 2021 a 50.4% en 2023”. Pese a la disminución, se está hablando de que la mitad de quienes registran estas edades fue violentada en aras de su educación.

Otro dato es sobre el cuidado inadecuado, que de acuerdo con el informe, esto se da cuando niñas y niños menores de 5 años son dejados solos(as) o al resguardo de otra persona menor a 10 años. “A nivel nacional, el porcentaje de esta población pasó del 8.1%, en 2022, a 9.2%, en 2023, lo cual implica un aumento del 13.6%”.

¿Qué significan estas cifras? Principalmente se visibiliza que las niñas y los niños en primera infancia, en México, están siendo tratados de manera no solo errónea, sino totalmente negligente.

Más allá del compromiso global que el país tiene con la Agenda 2030 para reducir significativamente todas las formas de violencia, tenemos una obligación con este grupo social. Nuestros cuidados deberían ser cariñosos, seguros y sensibles, en particular los que se dan en el hogar.

La crianza positiva debe ser un eje en todas las casas mexicanas; debe ser una forma de tratar a los más vulnerables para ayudar a que su desarrollo se dé en las mejores condiciones.

Esta manera de criar obedece a la evidencia recabada en los últimos tiempos sobre la importancia de generar entornos favorables que faciliten el crecimiento saludable de niñas y niños en sus primeros años de vida. Eso implica, según la Unicef, cuidar en un ambiente de respeto y sin violencia, pero sobre todo de manera sensible y cariñosa.

En Early Institute nos hemos enfocado a promover los cuidados y la crianza positiva desde un ángulo de corresponsabilidad, donde padres, madres, cuidadores, educadores y Estado tendrían que asumir su compromiso para proteger a las niñas y los niños. Ellas y ellos son prioridad y eso no se nos puede olvidar.