En México, crecemos menos y nos endeudamos más

Se pagarán altísimos costos sociales reflejados en las ya casi nulas acciones y programas sociales dirigidos al bienestar de niñas y niños en sus primeros años.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Con el próximo cambio de gobierno federal, vienen retos en diferentes ámbitos. Uno es, sin duda, el del ámbito económico que al término del sexenio de Andrés López Obrador registra importantes desafíos.

Para empezar, el mandato de Claudia Sheinbaum Pardo deberá situarse en un contexto con características muy particulares. Diversos organismos, como el Banco Mundial, prevén que el Producto Interno Bruto (PIB) experimente una fuerte baja en los primeros dos años del nuevo gobierno. Este derivado de “la restricción de políticas fiscal y monetaria”. Hoy el organismo pronostica que habrá un crecimiento de 2.1 por ciento para 2025 y de 2 por ciento para 2026, cuando creció 3.2 por ciento en 2023.

Esta desaceleración se acompaña de otro fenómeno que afecta el desarrollo del país. Me refiero a la deuda pública, ya que en los últimos años México ha tenido un aumento significativo, estimándose que ha incrementado en un 15.5% desde 2019 a la fecha. Dado que las políticas gubernamentales han priorizado la obtención de recursos mediante endeudamiento interno y externo, se estima que hoy cada habitante del país debe más de 120 mil pesos, cuando al principio del sexenio de López Obrador la deuda per cápita era de cerca de 109 mil pesos.

Por otro lado, se observa una elevada carga fiscal tanto a nuevas empresas como a las ya establecidas y ello tiene efectos adversos en el crecimiento económico y la innovación empresarial. Con altas tasas impositivas y estrictas regulaciones fiscales se desalienta la inversión, pues no hay capacidad de reinvertir en el negocio, pagar sueldos competitivos o aumentar las operaciones.

Incluso se habla de obligar a las nuevas empresas a integrarse al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), siendo que este régimen permite la deducción de gastos contra ingresos únicamente en la declaración anual. Durante el año, las empresas estarían obligadas a pagar un 30% de Impuesto sobre la Renta (ISR) de manera mensual, sin la posibilidad de aplicar deducciones inmediatas, lo que provocaría daños en sus flujos de efectivo.

Esta situación podría contribuir a la inflación, afectando directamente el poder adquisitivo de la población, ya que al enfrentar altos costos fiscales las empresas podrían transferir estos costos a los consumidores, aumentando los precios de los bienes y servicios.

Como se ve, lo que viene para los próximos años no es un asunto fácil y el constante endeudamiento dificulta el crecimiento nacional.

En nuestro interés por impulsar políticas públicas que ayuden al desarrollo y el bienestar integral de la primera infancia mexicana, desde Early Institute hacemos un respetuoso llamado al gobierno a replantear la estrategia financiera. De continuar con un aumento en la deuda pública, se pagarán altísimos costos sociales reflejados en las ya casi nulas acciones y programas sociales dirigidos al bienestar de niñas y niños en sus primeros años de vida, así como en otros asuntos de prioridad nacional.

¿En riesgo el bienestar de la primera infancia?

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

En la opinión pública hablamos con frecuencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Sin embargo, es mucho menor el conocimiento que tenemos del Poder Judicial. De hecho, en muchos casos desconocemos quiénes lo componen o para qué sirve.

El Poder Judicial está integrado, entre otros, por Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados y Jueces, quienes son responsables, entre otras cuestiones, de interpretar las leyes y resolver problemas entre particulares o con autoridades.

Es un poder en el que laboran miles de personas en nuestro país, cuyo objetivo es impartir justicia y ser parte del equilibrio de poderes de gobierno.

Traigo este tema a colación por una decisión que ha causado controversia en los últimos días. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México ha iniciado el proceso de extinción de 24 juzgados civiles y 11 familiares, lo cual es parte de la implementación del sistema oral.

Según ha dicho la autoridad, estos juzgados trasladarán los expedientes de casos a otros juzgados que seguirán funcionando para terminar con los asuntos rezagados.

Este aviso de la autoridad ha provocado que diversos especialistas muestren preocupación, como es el caso de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, quienes han señalado los enormes rezagos que de por sí ya se tienen, por ejemplo, en los casos de expedientes familiares, con más del 64%. En los últimos tres años se ingresaron más de 307 mil asuntos en materia familiar, de los cuales solo poco más de 108 mil fueron concluidos.

Se ha afirmado que los tiempos procesales se pueden prolongar aún más ante el aumento de trabajo en los juzgados a los que se están derivando los casos.

Los juzgados familiares ven temas de vital importancia, particularmente para las niñas y los niños. Ahí se resuelven, por ejemplo, los casos de pensión alimenticia, donde se asegura que esta población tenga lo suficiente para vivir en caso de separación de los padres.

Desde Early Institute, apoyamos cualquier reforma en pro de la mejora de los procesos judiciales, pero exigimos que ninguna de ellas ponga en riesgo el bienestar de los más vulnerables. La justicia debe ser completa, gratuita y pronta, sobre todo cuando hablamos de niñas y niños.

#Alerta Trabajo infantil en aumenta en México

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una serie de compromisos a los que nuestro país se suma en un llamado internacional para afrontar problemáticas como la pobreza, la guerra, el hambre, entre otros muchos temas que nos afectan globalmente.

En total, son 17 objetivos y 169 metas firmadas por México, que serán revisadas en 2030, y de los cuales hasta el momento ninguno ha sido alcanzado por el país.

Dentro de tales objetivos, México se ha comprometido a acabar con la trata de personas, eliminar el reclutamiento y la utilización de niños en conflictos armados, y poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

Sin embargo, sobre este último tema, según la última medición del INEGI en 2022, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años realizaban trabajo infantil. De ellos, más de 2 millones laboraban en actividades económicas no permitidas, ya sea porque no cuentan con la edad mínima para trabajar o porque realizan ocupaciones peligrosas.

Lo aún más preocupante es que la cifra de 3.7 millones creció de manera alarmante en comparación con los 3.3 millones registrados en 2019.

Las entidades con las tasas más altas de trabajo infantil fueron: Guerrero, donde 24.5% de niños, niñas y adolescentes trabajaban, seguido por Chiapas, Nayarit, Oaxaca y Michoacán.

Muchos de estos niños y niñas trabajadores no asisten a la escuela y, por lo tanto, no adquieren habilidades y conocimientos que podrían mejorar su calidad de vida. El trabajo infantil perpetúa un ciclo de pobreza, pues se sabe que la educación es el mejor aliado para salir de ella.

Erradicar el trabajo infantil en el país no solo está lejos de lograrse, sino que estamos empeorando.

Debemos reconocer que será muy difícil cumplir este objetivo en 2030, pero aún es posible que el próximo sexenio sea ejemplar. Estamos a tiempo de implementar programas que faciliten e impulsen que cada niña o niño continúe su educación y se haga valer ese derecho ocupando su lugar en un aula.

Primera infancia, las prioridades para el 2024-2030

Descargar Nota

Proponen especialistas acciones de rescate de la primera infancia de méxico

Baja confianza ciudadana en las instituciones de justicia en Mexico

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

Hace unos días la organización México Evalúa presentó su estudio anual del sistema de justicia penal.

Antes de entrar a comentar algunos datos, en la evaluación se afirma que, desgraciadamente, la cifra negra o el porcentaje de no denuncia no se ha reducido en la última década. Esto indica la baja confianza ciudadana en las instituciones de justicia.

Según el estudio Nuevo León, Yucatán y Zacatecas son las entidades con mayores mejoras en la confianza ciudadana, mientras que en Ciudad de México, el Estado de México y Chihuahua se registran los mayores deterioros.

Por otro lado, en la evaluación también se analiza la impunidad. Que determina la capacidad del sistema para dar una respuesta efectiva a los casos que conoce. La impunidad a nivel nacional fue del 96.3% en 2022. Por ejemplo en en el delito de violencia familiar la impunidad fue del 98.6%, en de desaparición fue del 96.5%, y en abuso sexual del 96.1%.

Es mucha la información que se puede desprender de esta evaluación pero aquí quisiera determe. Dentro de las deficiencias mencionadas en el estudio se concluye que son pocas las entidades que diferencian los delitos que generan mayor daño al bienestar social de aquéllos que en realidad tienen un bajo impacto, aunque sean los que más suceden.

Esta deficiencia en la atención de los delitos provoca saturación en el sistema penal, un porcentaje considerable de investigaciones realizadas en 2021 corresponden, por ejemplo, al robo en sus diversas modalidades. Mientras que, los casos de feminicidios quedan impunes en casi un 89% de las veces.

Como se afirma en este valioso estudio, sin lugar a dudas son necesarias estrategias de priorización y canalización de recursos, para que en las conductas delictivas que más lastiman a la sociedad se concentre una parte importante de los esfuerzos institucionales.

Seguimos teniendo el reto de lograr que los delitos se denuncien pero nuevamente se reitera que eso no lo podremos mejorar si no existe una mayor confianza de la ciudadania con las autoridades judiciales.

 

Aprueban en Sonora primera reforma integral contra la discriminación laboral por embarazo

*Se convierte en el primer estado del país que hace política pública, una de las principales demandas de atención hacia las mujeres trabajadoras en condición de embarazo.

*Diana Barreras, presidenta del Congreso estatal, reconoció la labor de investigación realizada por el think tank Early Institute, que aportó información clave para elaborar la iniciativa aprobada.

En Sonora, las mujeres trabajadoras gozan de una mayor protección, luego de que el Congreso de la entidad aprobó, por unanimidad de votos, la reforma integral para prevenir, combatir y sancionar actos de discriminación laboral por embarazo (DLE).

El Estado se convierte en el primero que cuenta con una legislación específica que atiende este grave problema y que pone en el centro de atención el binomio madre-hijo (a).

Las disposiciones aprobadas en Congreso de Sonora refuerzan el cuidado de la salud de la trabajadora embarazada y establecen nuevas sanciones para quien dañe o afecte los derechos de la madre y su bebé, sobre todo cuando el transgresor sea un superior jerárquico.

Tanto en comisiones como en la lectura del dictamen avalado por unanimidad, la diputada Diana Barreras, del Partido del Trabajo, reconoció la trascendencia de que Sonora cuente con un nuevo marco legal que amplía la protección y la seguridad de las mujeres trabajadoras en condición de embarazo, ya que es precisamente por esas circunstancias que miles de mujeres trabajadoras son afectadas en sus derechos fundamentales.

Resaltó el trabajo realizado por el think tank Early Institute, en particular por la investigación profunda que realizó para conocer los antecedentes, situación actual y desafíos de la discriminación laboral por embarazo en México.

Entre los principales cambios aprobados se encuentran los siguientes:

Se incluye dentro del concepto de violencia laboral y docente, la afectación que pueda tener el bebé de una mujer embarazada y se establece dentro de la normativa el concepto de discriminación laboral por embarazo, ya que vulnera los derechos de la mujer y de su bebé.

Además, se amplía la pena máxima en el Código Penal del Estado, que pasa de 3 a 4 años de prisión y una multa que va de los 100 a 400 UMAS por discriminación laboral por embarazo, y se clarifica que esta protección no es solo para las mujeres embarazadas, sino también para sus bebés.

Es importante subrayar que en lo que se refiere a las acciones de discriminación hacia las trabajadoras embarazadas, cometidas por personas cuya víctima tenga una relación de subordinación laboral y cuyas conductas pongan en riesgo, la vida, salud y desarrollo del bebé, la pena se incrementará en una mitad.

Al respecto, la Coordinadora del área de Asuntos Públicos de Early Institute, Valeria González Ruiz, precisó que la legislación aprobada en Sonora brinda protección integral y atención prioritaria al embarazo, la maternidad y la primera infancia en el espacio laboral.

Constituye un avance importante que se haya incluido la afectación o puesta en riesgo de la salud, desarrollo o vida del bebé como parte del tipo penal de discriminación laboral por embarazo.

Se incluye la DLE como una forma de violencia de género en la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado; se protege a las mujeres que trabajan para el servicio público, al establecer como falta administrativa la discriminación en razón del embarazo o maternidad y se incluye la obligación de la autoridad de juzgar con perspectiva de género, los casos de esta naturaleza.

Finalmente, la abogada de Early Institute, autora del estudio “La Discriminación Laboral por Embarazo en México. Prácticas que Vulneran la Maternidad”, dijo que los diputados locales aprobaron la obligación decoordinar periódicamente al sector empresarial y el público, para llevar a cabo acciones de prevención de la discriminación laboral por embarazo.

Contacto:
Sol Rivera
Cel: 55 1288 4995
Correo: riverasol@hotmail.com

Mayor cobertura y calidad, principales desafíos en el cuidado de niñas y niños de la primera infancia.

*Se llevó a cabo la round table “Políticas de cuidado para la primera infancia”, organizado por Early Institute

*Esta ronda de discusión y análisis es parte del proyecto del Sistema de Indicadores de Primera Infancia, una herramienta social para saber el estado actual de niñas y niños de cero a 5 años en México

Ciudad de México.- En México se vive un rezago importante en materia de atención y cuidado de niñas y niños que integran la primera infancia,  es decir  de cero a 5 años, expresaron especialistas del sector y coincidieron en el llamado a aumentar la oferta, cobertura y calidad de servicios en los centros de atención infantil, incrementar el presupuesto  para este rubro e impulsar políticas familiares como las licencias de paternidad, maternidad y parentalidad como medidas prioritarias para revertir la actual situación.

En la mesa de discusión “Políticas de cuidado para la primera infancia”, organizada por Early Institute, como parte del proyecto del Sistema de Indicadores de Primera Infancia, especialistas e investigadoras en el tema detectaron algunos de los retos que como gobierno y sociedad en México se deben asumir  para un desarrollo integral de los menores de edad de cero a cinco años.

Para Martha Merlo Huerta, Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Oficial Nacional de Política Social de la Unicef, es indispensable terminar con brechas de desigualdad social respecto a la atención y cuidado de niñas y niños quienes no siempre tienen garantizado el acceso a la seguridad social, a guarderías, a estancias infantiles o al cuidado de madres o padres trabajadores que gocen de licencias.

“El 52 por ciento no tiene seguridad social por estar en la economía informal, no tienen licencias por maternidad ni paternidad, ni acceso a guarderías, estancias infantiles, ni seguridad médica. Son las familias más vulnerables y eso abre la brecha de la desigualdad social”.

También mencionó que sólo la mitad de las niñas y niños de cero a cinco años de edad en México tienen acceso a un libro y/o carecen del acompañamiento de sus padres para la realización de actividades educativas o recreativas.

En más datos, Renata Díaz Barreiro, investigadora de Early Institute, citó que durante la pandemia de Covid-19 aumentó el cuidado inadecuado de niños y niñas menores de cinco años al registrarse un incremento en el porcentaje de niñas y niños que fueron dejados solos en sus hogares o bajo el cuidado de otros niños.

“Aumentó el cuidado inadecuado de menores durante la pandemia. De 2018 a 2021 pasó de casi 6 a 11 por ciento, es decir, uno de cada diez niños de cero a cuatro años de edad tuvo un cuidado inadecuado”, dijo.

Díaz Barreiro Castro reconoció que persiste la violencia como método de disciplina normalizado en el contexto del hogar, a la par de que no se reconoce el valor de la educación inicial y preescolar. Cuestión que dificulta el cuidado cariñoso y sensible de la primera infancia.

A su vez, Sunny Arely Villa Juárez, Doctora en Políticas Públicas y Fundadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria consideró que para la detonación de políticas públicas es inherente un sistema fiscal sostenible a largo plazo que no es posible si no pensamos en cómo invertir en la primera infancia.

“El cuidado es un asunto público en el que el Estado tiene que intervenir, además del sector privado y desde luego papás y mamás con el interés del auténtico desarrollo integral de la primera infancia”, dijo.

Añadió que el desarrollo de una vida depende de la calidad de cuidado que se tuvo en la primera infancia y con base en eso hay que superar desigualdades como uno de los retos a resolver.

La round table “Políticas de cuidado para la primera infancia”, organizado como parte del proyecto SIPI – México se llevó a cabo con el apoyo de la Fundación Compartamos y Fundación Coppel.

Contacto de Prensa y enlace para entrevistas:
Lic. Sol Rivera
Cel: 5512884995
Correo: riverasol@hotmail.com

A propósito del INE y la educación cívica en México

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de  El Heraldo de México 

Me refiero a la función de promover planes y programas para el desarrollo de la cultura cívica de la población como uno de ejes complementarios al ejercicio de la llamada democracia electoral.

Durante estos días de noviembre, el país nuevamente atraviesa una zona de turbulencia política y social que encontró en la coyuntura de la discusión de reformas constitucionales en materia electoral, un ambiente proclive para desatar múltiples opiniones sobre los límites y parámetros de nuestra convivencia democrática y la importancia de las instituciones.

A la fecha en que escribo este artículo, considero que no corresponde a un servidor realizar un análisis del contexto político, implicaciones jurídicas o reacciones que dicha iniciativa suscitó en importantes sectores y voces de la sociedad. Circula ya mucha información al respecto. Vale la pena leer, escuchar y analizar con detenimiento los hechos y formarse un criterio propio.

En mi caso, simplemente prefiero aprovechar esta coyuntura porque me parece en el fondo tiene todo que ver, para reflexionar sobre una de las funciones, no del todo visibilizadas, que también ejercen los organismos electorales en las democracias modernas a propósito de su cuestionamiento actual en México.

Me refiero a la función de promover planes y programas para el desarrollo de la cultura cívica de la población como uno de ejes complementarios al ejercicio de la llamada democracia electoral. En efecto, más allá de ser los responsables de organizar y calificar los procesos electorales, una contribución relevante que también compete a estos órganos, tiene que ver con el diseño de estrategias sociales para consolidar la educación cívica no solo del electorado sino de todos los sectores de la población.

Si bien dicha tarea se antoja ambiciosa y no podría imaginarse sin el brazo complementario de los sistemas educativos, los organismos electorales de las democracias de América latina - y en buena parte de la órbita global - han venido colocando como una de sus principales preocupaciones el asegurar que la población, incluidos desde luego a las niñas niños y adolescentes, conozcan desde bajo un sentido práctico la relevancia de las instituciones, los principios que rigen la participación democrática y la razón de ser de los poderes públicos.

Las estrategias de promoción de la educación cívica que impulsan estos organismos están orientadas a sembrar en la sociedad un involucramiento cada vez más activo en las decisiones públicas que los afectan, así como conocer y saber exigir parámetros de rendición de cuentas a partidos políticos y gobernantes.

En el caso de México, el Instituto Nacional Electoral diseñó la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCIVICA) la cual, si bien no es la primera en su tipo y se acompaña de otros ejercicios igualmente relevantes como la Consulta Nacional Infantil y Juvenil, su propósito es desarrollar acciones para construir una ciudadanía informada y fomentar espacios para la discusión de los asuntos públicos.

De acuerdo con sus propias definiciones, la ENCCIVICA busca cambiar las actitudes ciudadanas sobre la manera como es concebido “lo público”. Llama positivamente mi atención que esta estrategia nacional se sustenta en algunos principios que a mi juicio representan auténticas excepciones a la regla dentro del árido abanico de instrumentos normativos y redacciones institucionales que suelen producirse desde al ámbito gubernamental; cuya lectura muchas veces redunda en tecnicismos fríos o alejados del lenguaje ciudadano.

Digo esto primero, porque la estrategia basa sus objetivos y acciones en el principio de Verdad referente al carácter objetivo e imparcial que debe regir en el conocimiento de los asuntos públicos por parte de la población, especialmente el relacionado con el contenido real de los derechos humanos y una perspectiva ampliada del derecho a la información.

Segundo, porque se enfatiza de una manera reiterada el principio de Diálogo, cuyo enfoque dentro de la referida ENCCIVICA busca maximizar en el territorio nacional los espacios – especialmente los de la familia, escuela y la comunidad – para generar debates de calidad y una constante conversación crítica sobre la pertinencia de los valores democráticos que el país necesita preservar y consolidar en los niveles individuales y colectivos, más allá de lo que formalmente se enseña en las aulas como parte de los planes y programas de estudio.

En tal sentido y sin ir más allá dentro del contenido y estructura de dicho documento, me parece que la ENCCIVICA debería representar un pretexto adicional para reflexionar sobre el papel de fondo que corresponde a los organismos electorales como el INE, en la tarea de construir ciudadanía, misma que dicho sea de paso no se logra a través de reformas o decretos.

Me quedo pensando que ambos principios a los que hago referencia representan hoy elementos que nos invitan a una reflexión menos coyuntural y más de largo plazo en medio de la realidad polarizada que nos atraviesa.

Si sabemos leer bien la crisis, el reflector no debería recaer – como siempre ocurre– en el protagonismo de los partidos políticos y poderes públicos. La clave en mi opinión sigue siendo la base social desde la cual niñas, niños y jóvenes representan aquella audiencia estratégica a la que deberían dirigirse todas las miradas y objetivos posibles.

¿Acaso no necesitamos un diálogo verdadero y al mismo tiempo mayor verdad en el diálogo democrático? ¿En dónde está la voz de las niñas, niños y adolescentes en medio de esta efervescencia social? ¿Qué tan eficazmente se cultiva su participación informada en los asuntos de interés nacional? ¿Se les está explicando con criterios de objetividad lo que pasa en el país? ¿Qué saben sobre el comportamiento actual de las instituciones que nos rigen? ¿Cuál sería su opinión sobre la marcha que se realizó el pasado domingo?

Estas preguntas que pareciera se lanzan al aire, las formulo con la intensión de cuestionarnos nuevamente quién debe ser el actor fundamental en la transformación de la educación y cultura cívica en México. No cabe duda, que se requieren estrategias, principios e instituciones sólidas para ello, pero esas condiciones a mi juicio constituyen el medio, el fin son los 38 millones de niñas, niños y adolescentes que hoy viven en nuestro país.

POR ABRAHAM MADERO MÁRQUEZ
ABOGADO. DOCTORANDO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA. DIRECTOR EJECUTIVO DEL THINK TANK MEXICANO EARLY INSTITUTE
TWITTER: @ABRAHAMMADERO
CORREO: AMADERO@EARLYINSTITUTE.ORG
PÁGINA WEB: WWW.EARLYINSTITUTE.ORG

Vive México "Obscuridad profunda" frente a violencia contra de la primera infancia: expertos

Ciudad de México. En México se vive una “oscuridad muy profunda” en materia de datos y evidencia respecto de la violencia en contra de niñas y niños de la primera infancia, advirtieron especialistas nacionales e internacionales.

La normalización de la violencia que muchas veces se genera desde casa, por parte de cuidadores, madres o padres, provoca que esas niñas y niños violentados se sientan no valorados, inseguros y carentes de confianza, lo que redunda en ciclos de violencia que repiten cuando son mayores, dijeron.

La violencia que se vive en el país debe ser atendida desde su origen en la primera infancia, recomendaron.

Convocados por Early Institute, a través del proyecto Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI México), los especialistas del INEGI, el Instituto Nacional de Pediatría, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Red por los Derechos de la Infancia en México, hicieron un diagnóstico de la violencia en la primera infancia y emitieron recomendaciones para su atención y erradicación.

En el marco de la mesa de discusión “Protección de la Primera Infancia ante un entorno de violencia”, la doctora Abigail Casas, especialista en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Pediatría, precisó que el desconocimiento de los padres y cuidadores de lo que es el desarrollo y la conducta infantil “es un detonante de violencia”.

Por su parte, Jorge Cuartas Ricaurte colaborador del Banco Interamericano de Desarrollo, afirmó que la violencia en la primera infancia es un desencadenante de la violencia en la sociedad actual. Acabar con la violencia en la sociedad es construir la paz desde el cuidado y atención de la primera infancia, manifestó el también miembro del comité Asesor Científico de la Comisión de The Lancet.

Para Alejandra Ríos Cázares, directora general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, uno de los principales problemas para el análisis del problema de la violencia en contra de niñas y niños en la primera infancia es carecer de datos y tener poca evidencia.

“Tenemos una fotografía muy acotada de un universo muy amplio”, dijo.

Desde su óptica, se requieren mejorar los procesos de captura de información por parte de las instituciones involucradas. Hay una profunda necesidad de desarrollar estrategias para tener una fotografía completa, más específica, de cómo se está dando la violencia en contra de niñas y niños, expresó.

Alertó que las niñas y niños que se desarrollan en un ambiente violento o que son víctimas de este fenómeno son más vulnerables cuando llegan a una edad adulta, por lo que hay que acercarse a ellos para protegerlos.

Con datos del SIPI México, Renata Díaz-Barreiro Castro, economista por la Universidad Iberoamericana e investigadora de Early Institute expresó que existen tipos de violencia que han sido poco visibilizados. Tal es el caso de la violencia sexual, de las 21 mil 717 carpetas de investigación de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, el 10% son de primera infancia.

En su oportunidad, Tania Ramírez Hernández, directora Ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, subrayó que para hacer frente a las diversas formas de violencia contra niñas y niños es indispensable el fortalecimiento y trabajo conjunto de organizaciones de la sociedad civil con los responsables de impulsar la primera infancia en el ámbito público, como el Sipinna.

Respecto a las recomendaciones, el conjunto de expertos coincidió en que se necesita reconocer la realidad del alcance y las capacidades de las instituciones que apoyan el desarrollo de niños de cero a cinco años de edad.

Díaz-Barreiro Castro afirmó que el ambiente ideal para que se desarrolle de manera integral una niña o niño es donde tenga cuidado cariñoso y sensible por quienes están a cargo de su cuidado, sean madres, padres o tutores.

El SIPI México es una herramienta social que muestra el estado actual de la población desde el embarazo hasta los 5 años. El SIPI México despliega 142 distintos rubros, en ámbitos como salud, nutrición, educación, pobreza, seguridad y protección.

Contacto de prensa
Sol Rivera.
Cel 5512884995
Mail: riverasol@hotmail.com