Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

La reciente propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la creación del programa "40 semanas y 1,000 días," dirigido al cuidado de mujeres embarazadas y los primeros mil días de vida de la infancia, pone en la mesa un tema de gran importancia para nuestra sociedad.

Si bien esta política de los 1,000 días no es nueva, el enfoque en el cuidado desde el embarazo hasta los dos años de vida representa una oportunidad real de invertir en el bienestar de las personas.

Durante este período, el desarrollo cerebral del niño ocurre a una velocidad sin precedentes, y se establecen las bases para su salud y bienestar a lo largo de la vida.

La nutrición, las relaciones humanas y los entornos durante los primeros 1,000 días de vida juegan un papel crucial en el futuro de cada niña o niño. Por ejemplo, una buena nutrición en este tiempo es fundamental para el desarrollo adecuado del cerebro y la formación de habilidades cognitivas que impactarán su desempeño escolar y sus oportunidades laborales. Por el contrario, una alimentación deficiente puede causar daños irreversibles en el cerebro en crecimiento, limitando sus capacidades y perpetuando ciclos de pobreza.

Invertir en estos primeros 1,000 días no es solo una cuestión de justicia social; es también una estrategia inteligente para el desarrollo económico. Estudios demuestran que los países que no priorizan el bienestar de mujeres y niños en este período pierden miles de millones de pesos en productividad económica y enfrentan gastos mayores en salud, seguridad y educación.

El programa propuesto, sin lugar a dudas, debe ser prioritario en la agenda de gobierno. Más allá de trenes y refinerías, esta iniciativa sienta las bases para que la primera infancia sea el verdadero pilar del desarrollo para el México que nos gustaría ver, aunque hasta ahora no hayamos logrado construirlo.

 

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

La reciente propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de implementar la "Pensión para el Bienestar de Adultas Mayores" para mujeres entre 60 y 64 años marca un avance significativo en la protección de un sector vulnerable de la población.

Este programa, que otorgará 3 mil pesos bimestrales, busca mejorar la calidad de vida de mujeres mayores que han enfrentado dificultades económicas debido a su falta de participación en el mercado laboral o su inserción en el trabajo informal, lo que les ha impedido generar contribuciones a sistemas de pensiones o ahorro.

Sin embargo, el costo presupuestario de esta medida plantea interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo. Si bien el programa responde a una necesidad real, es fundamental considerar los retos financieros que conlleva. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que beneficiará a 1.2 millones de mujeres en 2025, con un costo de 22.1 mil millones de pesos, cifra que aumentará a 69.5 mil millones para 2030, cuando se alcance a 3.3 millones de beneficiarias. Esto pone en evidencia el considerable impacto presupuestario.

Además de garantizar la viabilidad financiera del programa, es esencial complementarlo con políticas que promuevan la inclusión económica de las mujeres en la vida laboral formal. Muchas mujeres, obligadas a trabajar en el sector informal para compatibilizar sus responsabilidades familiares, no logran acceder a esquemas de seguridad social o pensiones contributivas.

Fomentar la participación de las mujeres en empleos formales desde etapas tempranas no solo cerraría las brechas de desigualdad, sino que también fortalecería la sostenibilidad del sistema de pensiones en general.

Es imperativo que estas medidas de apoyo social vayan acompañadas de políticas que incentiven la inclusión laboral de las mujeres y les brinden herramientas para equilibrar sus responsabilidades familiares y profesionales, como sistemas de cuidado infantil y otras políticas de apoyo.

Aunque la pensión para mujeres mayores representa un paso importante hacia la igualdad y la seguridad económica en la vejez, no es una solución completa. Es necesario adoptar un enfoque integral que no solo ofrezca apoyo a las mujeres en su retiro, sino que también impulse su participación en el mercado laboral a lo largo de su vida. Con medidas como estas, las mujeres podrán construir una red de seguridad financiera propia, garantizando una mayor estabilidad económica tanto en su vida activa como en su jubilación.

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

Hace unos días, el INEGI informó que, durante 2023, se registraron poco más de 1,820,000 nacimientos, lo que representó una disminución de alrededor de 70,000 en comparación con 2022.

Los estados con las tasas más altas de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil fueron Chiapas, Guerrero y Oaxaca, mientras que las más bajas se observaron en Ciudad de México, Yucatán e Hidalgo.

Casi la mitad de los nacimientos (48.1%) correspondió a madres de entre 20 y 29 años. Sin embargo, preocupa que el 5.6% de los nacimientos, es decir, 101,147, correspondieran a madres niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años.

Un aspecto notable de estas cifras es la continua disminución en el número de nacimientos. México se suma a una tendencia mundial que parece imparable: la reducción de la población. Aunque este fenómeno no es nuevo —muchos países han experimentado una baja en sus tasas de natalidad durante años— México está atravesando una transición demográfica acelerada, para la cual claramente no estamos preparados.

Los datos del INEGI confirman que las tasas más altas de nacimientos se registran en estados donde niñas y niños enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad, pobreza, y falta de acceso a servicios de salud y educación, entre otras carencias.

No hemos sido capaces de revertir las condiciones de riesgo que afectan a millones de niñas y niños, y mucho menos de planificar para enfrentar las amenazas que estos cambios demográficos suponen para el futuro.

La realidad es clara: nuestra población está envejeciendo y vivirá más años, habrá menos niñas y niños para sostener al país, y la juventud actual no está produciendo lo suficiente para enfrentar este desafío.

Muchos crecimos con el lema de campaña "la familia pequeña vive mejor". Hoy, los retos son mayores. La familia que vivirá mejor será aquella donde niñas, niños y jóvenes crezcan en condiciones adecuadas para sostener a un país envejecido y altamente dependiente.

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

Culiacán, como muchas otras ciudades en México, se encuentra en el centro de una crisis de seguridad que afecta no solo a la población adulta, sino también a los más vulnerables: niñas y niños. En los últimos días, la violencia entre grupos criminales ha escalado a tal grado que cientos de escuelas, desde nivel básico hasta superior, han tenido que suspender clases.

En cualquier sociedad democrática, garantizar la seguridad es un requisito fundamental para el funcionamiento pleno de sus actividades cotidianas. Sin embargo, los hechos recientes en Culiacán han demostrado que este principio, una vez más, está en entredicho.

La paralización de las escuelas es solo uno de los muchos indicadores del profundo temor que se ha apoderado de la población. A pesar de los operativos policiales y la intervención de las fuerzas federales, los resultados han sido insuficientes. Los bloqueos, enfrentamientos y ejecuciones no cesan.

Uno de los aspectos más preocupantes es el impacto que esta crisis tiene en la educación de niñas y niños. Aunque la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Sinaloa ha promovido el regreso a clases presenciales, la realidad es que muchos padres simplemente no están dispuestos a exponer a sus hijos mientras continúe el conflicto.

La puesta en marcha del operativo llamado Proximidad en Centros Escolares, en el que participan la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal, con rondines alrededor de las escuelas para proteger a los estudiantes, es solo un paliativo ante la situación.

El miedo a salir a las calles no solo ha afectado la asistencia a las escuelas, sino también el desarrollo de otras actividades esenciales, como las laborales, deportivas y culturales.

En definitiva, la crisis de seguridad en Culiacán deja en evidencia que la violencia en nuestro país condiciona el acceso no solo al derecho de vivir en paz, sino también a otros tan fundamentales como el derecho a la educación.

Los esfuerzos policiales y militares son importantes, pero sin una estrategia integral y una colaboración efectiva entre los diferentes actores, será difícil recuperar la tranquilidad. Mientras tanto, los estudiantes de Culiacán seguirán enfrentando una educación intermitente y limitada.

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

En los últimos meses, la opinión pública se ha centrado en la discusión de diversas reformas propuestas por el Ejecutivo Federal, lo que nos ha dado la impresión de que estamos abordando los grandes temas del país. Sin embargo, no es así.

Existen numerosos asuntos igualmente urgentes que, sexenio tras sexenio, no han sido prioridad en la agenda gubernamental, dejando a grandes poblaciones en una situación de aparente irrelevancia.

Uno de esos grandes pendientes es la atención a las niñas y niños en la primera infancia. Aunque sabemos muy bien que muchos de los problemas que enfrentamos como sociedad se gestan desde esos primeros años, su bienestar no ha representado una preocupación nacional.

El próximo gobierno federal deberá enfrentar retos impostergables: la necesidad de acceso universal a la salud para madres gestantes y para todos los niños y niñas, la ampliación de la cobertura de educación inicial, que actualmente no alcanza ni al 10% de esta población, la creación del Sistema Nacional de Cuidados, y la consolidación de la Estrategia Nacional de Primera Infancia. Estos temas han quedado en el tintero durante el sexenio que está por concluir.

El equipo de Claudia Sheinbaum deberá realizar un esfuerzo por homologar cifras, metas, indicadores y líneas base para contar con diagnósticos claros sobre la situación y construir una visión de hacia dónde avanzar a nivel nacional.

Es indispensable crear mecanismos que utilicen estos diagnósticos como pilares para el desarrollo de planes sectoriales hacia 2030, donde el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes sea una pieza clave.

Para contribuir a este avance, desde Early Institute hemos puesto nuestro granito de arena creando el primer y más completo Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI), que proporciona información estadística sobre temas clave como educación, cuidado, salud, nutrición, pobreza y protección de la primera infancia.

El SIPI ya es una fuente de referencia para todos aquellos interesados en la primera infancia, permitiendo conocer la realidad de nuestras niñas y niños mexicanos. Como sociedad civil, nos brinda las herramientas necesarias para exigir a quienes nos gobiernan que actúen en asuntos que no pueden seguir pendientes.

La primera infancia no puede quedar relegada en las agendas gubernamentales. Enfatizamos desde ahora la urgencia de que este no sea otro sexenio en el que las niñas y niños no sean una prioridad.

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

an comenzado las ya anunciadas reformas sobre la desaparición de organismos autónomos, la reforma judicial y la reforma electoral.

En particular, la primera de ellas, la relativa a la desaparición de organismos autónomos, fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados para su posterior discusión en el pleno, con miras a ser enviada al Senado.

Entre los organismos a eliminar se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que hasta ahora ha operado de manera independiente de los poderes del gobierno.

Antes de su posible desaparición, es importante recordar que, durante muchos años, fue imposible conocer aspectos como el salario de diputados, senadores, ministros o del presidente de la República. De igual manera, resultaba ilusorio obtener información sobre los gastos de campañas o de las Secretarías de Estado.

Sin embargo, la transición de nuestro país hacia una vida democrática trajo consigo la necesidad de hacer accesible la información. Gracias al esfuerzo de académicos, intelectuales, periodistas y activistas, se impulsaron cambios que culminaron en la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 2002.

Así se estableció la estructura necesaria, con unidades de enlace, órganos internos de control y comités que conformaron el primer cuerpo del entonces IFAI, que con el tiempo se transformó en el INAI, ampliando su alcance.

Hoy, el INAI es esencial no solo para garantizar el acceso a la información del gobierno federal, sino también de los estados, municipios y un sinfín de organismos y entidades que reciben y ejercen recursos públicos.

La propuesta de transferir sus funciones a dependencias federales eliminaría su autonomía, lo cual representa un retroceso en términos de transparencia y rendición de cuentas, construidos con tanto esfuerzo por generaciones. Regresaríamos a los tiempos en los que la sociedad civil y los ciudadanos no podían dar seguimiento a las acciones del gobierno ni exigir cuentas.

Décadas atrás ya vivimos el error de concentrar el poder de la información en el Ejecutivo Federal. Quitar ese poder y entregarlo a los ciudadanos fue un avance de enormes proporciones.

Nuestro país necesita instituciones fuertes, independientes y comprometidas con el interés público. La eliminación de estos organismos pone en riesgo los avances logrados en la construcción de una nación más justa y mejor gobernada.

El INAI no es un instituto más; es un organismo que nos recuerda que la información es un bien público y que acceder a ella es un derecho que no debe ser condicionado por ningún gobierno. Es nuestra única arma, especialmente cuando el gobierno afirma tener "otros datos".

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

Hace unos días, desde el Ejecutivo Federal se hizo la siguiente declaración:

“Estamos en tiempo de hacer algunas modificaciones, de presentar iniciativas de ley para que no sea con recursos del mismo pueblo que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos, porque cuando se deducen impuestos por donativos, son ingresos que no llegan a la Hacienda pública y que no pueden utilizarse para el desarrollo del país.”

Esta declaración se realizó en el marco de una extensa presentación en la que la Unidad de Inteligencia Financiera expuso, durante “la mañanera”, información fiscal de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

El titular de dicha Unidad, Pablo Gómez, reveló datos personales, incluyendo los ingresos de directivos, periodistas y colaboradores de esa organización. Sin embargo, no profundizaré en la evidente violación al derecho a la protección de datos personales que ocurrió durante la presentación de Pablo Gómez.

Me referiré más bien a las iniciativas mencionadas por el presidente que podrían resultar en la limitación de los donativos de las personas mediante la imposición de barreras para su deducibilidad.

Lo primero que debemos aclarar es que la deducibilidad de los donativos busca precisamente incentivar la contribución de particulares y empresas para resolver problemas sociales, educativos y de salud pública.

Desde hace más de un siglo, el llamado tercer sector se ha consolidado, y esto ha sucedido porque, como sociedad, hemos comprendido que en todas las naciones son necesarias organizaciones que, más allá de las capacidades del gobierno, contribuyen al bienestar de las personas.

Las organizaciones donatarias autorizadas, más de 10,000 en nuestro país, deben cumplir con requisitos legales y presentar al SAT los ingresos, egresos y resultados del uso de los recursos que reciben.

Estas organizaciones no son antagonistas ni contrapesos del gobierno, sino una forma en la que los ciudadanos nos sumamos a causas que nos interesan. Por ello, la política fiscal debe incentivar que las personas deseen aportar a través de ellas.

Hoy, las organizaciones de la sociedad civil, más que realizar campañas, trabajan por los migrantes, por las víctimas de la violencia, por niñas y niños que han sido abandonados, y también vigilan que las cuentas del gobierno sean claras. Por esta razón, su función es primordial para tener una sociedad más justa y democrática.

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

En los últimos años, el desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia, los conflictos armados y el narcotráfico se ha vuelto cada vez más común.

Se habla con frecuencia del desplazamiento forzado interno, en el cual las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares para continuar su vida en otro estado de la república. Sin embargo, cuando estas personas cruzan una frontera, como en el caso reciente de cientos de familias chiapanecas desplazadas hacia Guatemala, se les conoce como refugiados.

De acuerdo con el gobierno federal, estas familias se refugiaron en Guatemala para evitar que las bandas criminales, que se disputan la zona, secuestren a sus hijos más jóvenes.

Si bien algunas familias han regresado, muchas otras prefieren quedarse en ese país y desplazarse entre fronteras debido al temor por la falta de protección.

Desde la Presidencia de la República, el problema se minimiza; se habla de poblaciones específicas, hechos concretos y se hace un llamado a no exagerar el tema.

Sigue sin reconocerse que el desplazamiento forzado por violencia y la presencia de grupos criminales es un problema sistémico que, aunque no es nuevo, se observa cada vez más en más estados, municipios y comunidades.

Esta vez ha llamado la atención que las familias mexicanas se desplacen hacia el sur, pero no podemos olvidar que hacia el norte llevamos muchos años viendo a miles de personas, no solo sudamericanas o centroamericanas, sino también mexicanas, que buscan refugio.

Ante la situación en Chiapas, la Secretaría de Gobernación comunicó que impulsará un plan de atención dirigido a los habitantes de las poblaciones afectadas, mediante programas sociales, atención a la salud y el despliegue de un "tianguis del bienestar" con apoyos para las comunidades afectadas.

Sin embargo, esta respuesta es insuficiente; parece no entenderse que el desplazamiento forzado es un fenómeno complejo que requiere una atención eficiente y transversal por parte de todas las autoridades y de los distintos niveles de gobierno.

Si una familia abandona todo por lo que ha trabajado durante años, es porque en su propio hogar se siente absolutamente desprotegida y vulnerable. Esto es lo que hoy viven cientos de familias mexicanas, ante lo cual no hay respuesta.

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

La falta de acceso a los servicios de salud es un problema persistente en nuestro país. Actualmente, casi el 40% de la población no cuenta con acceso a una institución pública de nuestro sistema de salud (ENIGH, 2022).

Ante esta situación, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2021), la mayoría de la población que busca servicios de salud recurre al sector privado. De ellos, el 22% es atendido en consultorios médicos privados ubicados en domicilios particulares y el 20% en consultorios adyacentes a farmacias.

No es de sorprender que justamente este tipo de consultorios haya tenido un gran auge en los últimos años. Se han vuelto el servicio que eligen incluso personas con acceso a los servicios de seguridad social, como el IMSS, ISSSTE o algún otro servicio de salud pública.

Cada vez más familias optan por realizar un gasto de su propio bolsillo para atender un problema de salud que se resuelve en una consulta, asumiendo también el gasto de los medicamentos. Es decir, ante las deficiencias que vivimos en nuestro sistema de salud público, parece que cada vez más nos acostumbramos a pagar esos costos.

Sin embargo, la situación puede ser aún más compleja. El gasto de bolsillo de las familias puede convertirse en devastador o catastrófico.

Según el Instituto Nacional de Salud Pública, en pacientes que se atienden en alguno de los Institutos Nacionales de Salud, la gran mayoría no pudo pagar por su atención, pero el gasto más alto estuvo ligado más bien al transporte, la alimentación, el hospedaje y la pérdida de ingresos, tanto de pacientes como de sus acompañantes.

Los problemas de salud no son exclusivos de algún segmento de la población y los gastos excesivos se presentan en cualquier nivel de ingreso. Sin embargo, es claro que hay mayores efectos negativos en quienes menos tienen.

Y es aquí donde se enfatiza la importancia de la prevención de enfermedades, de promover la salud en toda la población y de un sistema público que no excluya a nadie.

Solo en la medida en que contemos con un sistema de salud integral y gratuito que incluya a toda la población, nuestro país podrá aliviar la presión que actualmente viven miles de familias a quienes el derecho a la salud les es negado.