Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

En un contexto donde la digitalización impacta la vida de niñas, niños y adolescentes, recientes propuestas en Querétaro para restringir el acceso a redes sociales a menores de 14 años han reavivado el debate sobre este tipo de medidas.

Las iniciativas del gobierno queretano buscan proteger a la niñez de los efectos nocivos asociados al uso excesivo y, en muchos casos, descontrolado de las redes sociales. El objetivo principal es prevenir problemas de salud mental, ciberacoso y exposición a contenido inadecuado. Sin embargo, surgen dudas sobre la efectividad de estas restricciones.

Diversos países han implementado medidas similares. En China, por ejemplo, el gobierno ha establecido estrictas regulaciones para limitar el tiempo de pantalla y el acceso a videojuegos en línea mediante sistemas de registro real y restricciones horarias. Estas acciones han logrado, en cierta medida, reducir la adicción a las pantallas. Por su parte, Corea del Sur prohibió el acceso a videojuegos en ciertos horarios, lo que resultó en una disminución del consumo excesivo. En otras naciones, como Estados Unidos, Suecia y Australia, también se han adoptado estrategias similares.

Estas experiencias demuestran que, si bien las restricciones pueden ayudar a reducir ciertos riesgos, es fundamental complementarlas con otras acciones. Por ejemplo, fortalecer la supervisión de las empresas que ofrecen estos servicios, comprender mejor los hábitos digitales de la infancia y, sobre todo, capacitar a madres y padres no solo para restringir, sino también para acompañar a sus hijas e hijos en el entorno digital.

La regulación del acceso a redes sociales debe ir más allá de decisiones desde el poder ejecutivo o legislativo. Si bien es necesario establecer normativas para estas plataformas, también lo es educar a quienes las usamos y fomentar una colaboración efectiva entre el sector público y privado. De lo contrario, esta podría ser otra iniciativa bien intencionada que nunca se traduzca en un cambio real.

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

En medio de debates sobre reformas estructurales y cambios políticos, las amenazas desde EE.UU. plantean una nueva pregunta: ¿qué posición debemos adoptar para enfrentar los cambios internos y externos? La respuesta me parece clara: unidad, sobre todo para garantizar bienestar y oportunidades a quienes más lo necesitan.

Si México no se fortalece desde dentro y no prioriza el desarrollo de quienes son más vulnerables, seguiremos, en el mejor de los casos, sorteando riesgos y esperando que las amenazas externas no se recrudezcan.

Cuando hablo de población vulnerable, me refiero, por ejemplo, a los seis millones de niñas y niños menores de seis años que viven en pobreza, una cifra que en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero alcanza alrededor del 70% de esta población.

Estas cifras no solo evidencian una crisis en los derechos de la niñez, sino que reflejan un país que no está construyendo sobre cimientos sólidos.

Ante esta situación, el equipo de Claudia Sheinbaum tiene la responsabilidad de consolidar a México desde su base: la niñez. Esto implica tomar cuatro decisiones urgentes:

Diagnóstico nacional completo. Sin información, no hay planeación efectiva. Es imprescindible homologar los datos desde la infancia y establecer indicadores comunes para medir avances.

Inversión real en cuidado, educación, salud y nutrición infantil. Un país fuerte invierte para cosechar frutos. Ampliar la cobertura de servicios y mejorar su calidad deben ser prioridades en el presupuesto.

Un Sistema Nacional de Protección para Niñas y Niños funcional. No basta con crear sistemas; es momento de fortalecer un mecanismo que garantice todos los derechos de la infancia.

Coordinación interinstitucional. La dispersión de esfuerzos ha sido un obstáculo histórico. Necesitamos herramientas que articulen acciones, evalúen resultados y aseguren políticas públicas efectivas y sostenibles.

Un país mejor no surgirá de grandes reformas aisladas ni de discursos bien intencionados, sino de nuestra capacidad de avanzar como una nación unida.

No hay margen para la indiferencia. El fortalecimiento del país empieza en casa, desde dentro, y, reitero, protegiendo primero a los más vulnerables.

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

El suicidio infantil es una tragedia que desgarra el corazón de familias y comunidades. En México, según el INEGI, es la segunda causa de muerte en niños y adolescentes de 10 a 19 años, con una tendencia preocupante al alza. Se estima que alrededor del 5% de los menores en este rango de edad ha intentado suicidarse al menos una vez en su vida.

El aislamiento, la violencia sexual y el acoso en redes sociales son algunos de los factores determinantes que los expertos han identificado como detonantes de esta problemática.

En México, los servicios de salud mental especializados son insuficientes, y la prevención en las escuelas es deficiente. Aunque algunas instituciones educativas han comenzado a implementar programas de atención psicológica, la gran mayoría carece de protocolos claros y de articulación con otros actores clave. En comunidades rurales, donde el acceso a estos servicios es prácticamente inexistente, los niños, niñas y adolescentes quedan aún más vulnerables.

A esto se suma la falta de educación emocional desde edades tempranas. Muchos niños no cuentan con herramientas para identificar y gestionar sus emociones, lo que los deja expuestos a situaciones que no saben cómo afrontar. Los especialistas recomiendan integrar programas de inteligencia emocional en las escuelas, acompañados de talleres para madres, padres y cuidadores que fomenten un entorno familiar más sano y abierto al diálogo.

También es esencial invertir en la formación de profesionales en salud mental infantil, creando incentivos para que más especialistas se dediquen a esta área, pues su intervención puede marcar la diferencia en la prevención.

Las cifras y testimonios nos recuerdan que el suicidio infantil no es un problema privado; es el reflejo de un entorno social y emocional que no hemos logrado sanar. Desde la visión de los expertos, abrir una conversación responsable sobre este tema es esencial. Sin embargo, esta debe ir acompañada de acciones concretas: capacitación a docentes, ampliación de redes de apoyo y aseguramiento de que las políticas públicas realmente lleguen a quienes las necesitan.

Es momento de reconocer que el silencio y la inacción tienen un costo devastador. Cada niño o joven que pierde la vida nos recuerda la urgencia de construir comunidades más empáticas. No podemos seguir postergando la tarea de fortalecer la salud mental infantil.

Al final, la pregunta no es solo qué está haciendo el gobierno, sino qué estamos haciendo todos como sociedad.

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

Uno de los temas centrales en la agenda pública de los últimos años ha sido la violencia. Hablamos con frecuencia de violencia generalizada, de su normalización y de un tejido social fracturado.

Pertenecemos a generaciones que han sido testigos de violencia en el hogar, a menudo justificada como disciplina. Esta problemática persiste, pues hoy en día, más de la mitad de las niñas y los niños enfrentan violencia en sus propias casas desde una edad muy temprana.

Los casos se cuentan por miles. Tan solo en 2022, se registraron más de 3,300 carpetas de investigación por violencia familiar contra niños de 0 a 4 años. En ese mismo año, hubo 2,438 denuncias por delitos sexuales contra niñas y niños menores de cinco años, quienes fueron vulnerados en los espacios donde deberían sentirse más seguros y por las personas responsables de protegerlos.

No hemos comprendido que estas experiencias de violencia no solo afectan su bienestar inmediato, sino que también comprometen su salud mental y su capacidad para establecer relaciones seguras en el futuro.

Dentro de los hogares, hay mucho por hacer. La falta de apoyo a los cuidadores, el desconocimiento sobre el desarrollo infantil y el limitado acceso a recursos para una crianza adecuada son problemas evidentes.

Es fundamental fortalecer los programas de parentalidad y crianza positiva. Estos programas deben abordar no solo diversas formas de crianza, sino también la gestión del estrés y el uso de disciplina no violenta.

Sin embargo, prevenir la violencia en el hogar es solo una parte de la solución.

El acceso a la justicia es otro pilar crucial para reconstruir el tejido social. Los procesos judiciales, a menudo largos y revictimizantes, agravan el trauma de las niñas y los niños, desincentivando las denuncias.

La falta de coordinación entre sectores como salud, educación y las Procuradurías de Protección fragmenta la atención y perpetúa la revictimización. Además, es imprescindible capacitar al personal educativo y de salud para identificar signos de violencia y activar los mecanismos de protección adecuados.

En conclusión, prevenir la violencia desde los primeros años de vida, garantizar el acceso a la justicia y fomentar la colaboración interinstitucional son pasos fundamentales para reconstruir el tejido social. Pero el más importante es asumir un compromiso con nuestras niñas y niños, un compromiso que hasta ahora no hemos asumido plenamente.

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

La mortalidad materna es uno de los indicadores más claros de las desigualdades sociales en México. Aunque en 2024 se registró una disminución del 18% respecto a 2023, especialistas señalan que este avance no puede atribuirse a mejoras en las políticas públicas de salud, sino a factores como la reducción del número de nacimientos y al esfuerzo invaluable de las parteras tradicionales.

En muchas comunidades, estas mujeres representan la única opción ante la ausencia de servicios médicos accesibles y funcionales, lo que evidencia las fallas estructurales del sistema de salud.

Las principales causas de muerte materna, como las hemorragias obstétricas y los trastornos hipertensivos, son evitables con acceso oportuno a atención médica de calidad para las mujeres embarazadas. Sin embargo, estados como Guerrero, donde la razón de mortalidad materna duplica el promedio nacional, reflejan la brecha territorial que condena a cientos de mujeres a enfrentar embarazos en condiciones de alto riesgo.

La realidad detrás de estas cifras es alarmante: las mujeres en contextos de pobreza, marginación y desigualdad estructural enfrentan mayores riesgos durante el embarazo. México, aún lejos de cumplir con los compromisos internacionales en este tema, evidencia una falta de políticas públicas sostenidas y soluciones basadas en evidencia para abordar las disparidades que perpetúan esta problemática.

Garantizar una disminución sostenida de la mortalidad materna requiere una transformación profunda del sistema de salud y una atención prioritaria a los determinantes sociales que perpetúan esta desigualdad. Invertir en infraestructura, capacitación y recursos médicos, atender emergencias obstétricas y fortalecer la partería como un eje estratégico son acciones imprescindibles.

Cada muerte materna es una tragedia evitable que nos recuerda que garantizar la vida de las mujeres no es un objetivo aspiracional, sino una obligación impostergable.

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

El pasado 4 de diciembre se conmemoró el décimo aniversario de la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA).

Esta ley, diseñada para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia en México, representó un avance significativo hacia el reconocimiento de sus derechos, alineándose con estándares internacionales. Sin embargo, una década después, es necesario reflexionar sobre los avances alcanzados y los desafíos pendientes.

Entre los logros más relevantes de esta Ley se destacan la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), encargado de coordinar políticas públicas dirigidas a esta población, y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), que actúa como instancia jurídica para su defensa.

Además, la inclusión del principio del interés superior de la niñez como eje rector en la toma de decisiones constituyó un avance normativo crucial para garantizar que todas las resoluciones consideren, primordialmente, el bienestar de niñas y niños.

No obstante, la insuficiencia presupuestal ha sido un obstáculo constante. Aunque se han creado mecanismos como la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) para abordar desigualdades desde la primera infancia, su impacto ha sido limitado.

Como consecuencia, la pobreza infantil persiste en niveles alarmantes: 1 de cada 2 niñas y niños en primera infancia vive en situación de pobreza, y 1 de cada 10 en pobreza extrema. Esta situación es aún más crítica en hogares rurales, indígenas o con personas con discapacidad, donde la cobertura de programas sociales es insuficiente.

Por otro lado, apenas el 7% de los niños menores de tres años accede a servicios de cuidado o educación inicial, lo que genera brechas de aprendizaje desde etapas tempranas.

En materia de salud, el acceso sigue siendo desigual. En 2022, el 45.9% de las niñas y niños de 0 a 5 años carecieron de acceso a servicios médicos, reflejando una situación preocupante.

Ante este panorama, es innegable que la LGDNNA marcó un antes y un después en la defensa de los derechos de la infancia en México. Sin embargo, el desafío principal radica en traducir los principios legales en acciones concretas. Esto requiere redoblar esfuerzos en inversión pública, mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y garantizar una evaluación constante de resultados.

Desde Early Institute, nos sumamos al llamado para que los gobiernos, tanto estatales como federal, coloquen verdaderamente el interés superior de niñas y niños como una prioridad, con el propósito de que cada uno de ellos tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial.

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

Comúnmente, no solemos diferenciar entre "la política" y "las políticas públicas", dos conceptos con implicaciones fundamentales para el quehacer gubernamental.

La política se refiere al proceso de luchas de poder, negociaciones y confrontaciones ideológicas. Por otro lado, las políticas públicas se enfocan en el diseño de soluciones concretas y basadas en evidencia para atender los problemas de una sociedad. Nos guste o no, necesitamos tanto política como políticas públicas en las decisiones del ámbito público.

Traigo esto a colación debido a la reciente eliminación de organismos autónomos como el INAI y el CONEVAL, lo cual ejemplifica las consecuencias de no distinguir adecuadamente entre estos conceptos.

La desaparición de estos organismos fue presentada como un acto de austeridad, combate a la corrupción y simplificación administrativa. Sin embargo, este hecho ilustra la tensión entre una política enfocada en concentrar el poder y las políticas públicas que deberían priorizar la efectividad en la resolución de problemas sociales.

Desde la perspectiva de la política, el gobierno actual ha logrado consolidar apoyos y avanzar en una narrativa de control centralizado, apelando a la eliminación de lo que considera burocracia innecesaria y excesos presupuestales. Sin embargo, desde el enfoque de las políticas públicas, estas decisiones deben sustentarse en evidencia. No basta con denunciar actos de corrupción, si los hubiera; es imprescindible demostrar con hechos la ineficacia de una institución para cumplir con su razón de ser.

Los organismos autónomos desempeñan funciones esenciales: vigilar el uso de recursos públicos, defender derechos ciudadanos y garantizar elecciones libres y justas. Al desaparecer o debilitar estas instituciones, no solo se pone en riesgo la calidad técnica de las decisiones públicas, sino también los principios de imparcialidad y profesionalismo que estos entes representan.

En lugar de fortalecer la capacidad del gobierno para responder a las necesidades sociales, estas decisiones podrían conducirnos a privilegiar intereses políticos, sacrificando el desarrollo de políticas públicas fundamentadas en criterios técnicos e independientes del poder en turno.

No distinguir entre política y políticas públicas tiene consecuencias profundas. En México, necesitamos un debate público que no se limite a estrategias de poder, sino que analice con rigor las repercusiones de las decisiones gubernamentales. Mientras que la política puede ser útil para ganar elecciones o consolidar partidos, las políticas públicas son las que verdaderamente transforman la vida de las personas mediante programas, planes y estrategias concretas.

En el caso de los organismos autónomos, priorizar el juego político sobre la implementación de políticas públicas efectivas amenaza con debilitarnos como sociedad, sacrificando instituciones que, a pesar de sus imperfecciones, han demostrado ser pasos hacia un México más democrático.

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

En días recientes, se revelaron casos de “salidas no autorizadas” de niñas, niños y adolescentes en albergues del estado de Chihuahua, lo que ha generado alarma en todo el sistema de protección infantil. En solo cinco meses, 29 menores abandonaron centros de asistencia social sin permiso, y 14 de ellos aún no han sido localizados.

Estos hechos evidencian no solo la fragilidad de los mecanismos de resguardo, sino que también despiertan serias sospechas sobre posibles delitos, como la trata de personas, en lugares que deberían ser espacios seguros para la niñez.

Entre los centros señalados, el albergue Unidas por Amor ocupa un lugar destacado. Desde septiembre, ocho adolescentes salieron de este lugar sin autorización, y tres de ellas aún permanecen desaparecidas. Paralelamente, investigaciones han revelado indicios de mendicidad forzada y maltrato infantil en el albergue.

Las circunstancias que rodean estas "salidas no autorizadas" ponen en entredicho tanto la gestión del albergue como la efectividad de la supervisión estatal.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México se registraron 53,862 niñas y niños viviendo en instituciones de asistencia social, lo que representa un incremento del 62% respecto a 2015, cuando la cifra apenas superaba los 33,000. El 70% de estos menores permanece más de un año en estas instituciones, y algunos pasan allí toda su infancia y adolescencia. Este panorama subraya la importancia de garantizar condiciones dignas en los albergues y trabajar para agilizar la reintegración familiar o social de los menores.

Las investigaciones en Chihuahua han arrojado preocupantes indicios, incluidos testimonios que apuntan a la posible existencia de redes criminales involucradas en la explotación de niños y adolescentes. Esto refuerza la necesidad de una respuesta inmediata y contundente para desarticular cualquier dinámica delictiva que se esconda bajo la fachada de asistencia social.

El caso de Chihuahua debe ser una llamada de atención para replantear las prioridades en las políticas públicas de protección infantil. No basta con gestionar los daños; es imprescindible prevenirlos mediante sistemas sólidos y un compromiso genuino con el interés superior de niñas y niños.

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

El cuidado y la educación de la primera infancia se han convertido en un ir y venir de distintos enfoques gubernamentales en los últimos sexenios.

Desde el programa de estancias infantiles implementado durante el gobierno de Felipe Calderón hasta el modelo de transferencias monetarias impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y reiterado por Claudia Sheinbaum, hemos visto profundos cambios en la forma de entender el cuidado y la educación inicial.

El programa de estancias infantiles, lanzado en 2007 bajo la administración de Calderón, fue concebido como un apoyo para madres trabajadoras, proporcionando subsidios para el cuidado de sus hijos. Este programa obtuvo buenos resultados y un crecimiento exponencial.

Sin embargo, fue cuestionado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que denunció irregularidades como listas de niños inexistentes y subsidios a familias que no cumplían con los requisitos. Por ello, el gobierno de López Obrador decidió ponerle fin.

En el pasado sexenio se optó por brindar apoyo directo a los hogares mediante transferencias económicas en lugar de mantener espacios físicos de cuidado infantil. Esto, con la idea de dar autonomía a las familias para decidir cómo y dónde cuidar a sus hijos. Aunque este modelo promueve la libertad económica, ha sido criticado por la falta de una infraestructura dedicada a la atención y educación en primera infancia, y, sobre todo, por carecer de evaluación que permita conocer sus resultados en el desarrollo de niñas y niños.

Por su parte, el gobierno de Sheinbaum, continuando el enfoque de López Obrador, ha expresado interés en desarrollar una nueva generación de centros de educación temprana, respaldados por la Nueva Escuela Mexicana, que busca no solo el cuidado, sino también garantizar el derecho a una educación inicial integral. Es importante recordar que este derecho se encuentra en el artículo 4° Constitucional.

La propuesta de Sheinbaum, según se ha mencionado, busca reducir desigualdades. No obstante, lograr esta promesa requiere asegurar infraestructura adecuada, personal capacitado y recursos económicos suficientes.

Aún está por verse qué tanto de esto se materializará. Lo que sabemos hoy es que México enfrenta bajos niveles de escolarización en la primera infancia, lo que provoca rezago educativo y amplias desigualdades.

El reto para la administración de Sheinbaum es demostrar que su enfoque puede superar las deficiencias del pasado y construir un sistema que no solo cuide a niñas y niños, sino que los eduque y los prepare para un futuro con mayores oportunidades.