Más allá del discurso o de eslóganes políticos, no habrá transformación si no se coloca en el centro de todo programa o decisión de política pública al interés superior de la niñez.

El país se desenvuelve en una agenda pública compleja de contradicciones y desafíos manifiestos. La falta de una ruta clara de diálogo efectivo y esperanzador en la discusión de la problemática social y la ausencia de sensibilidad política de los actores públicos son una muestra por demás palpable de lo que hoy sucede. En términos prácticos, influir en la toma decisiones acerca del rumbo del país se ha convertido en un peldaño de difícil acceso para los ciudadanos de a pie, cuyos derroteros parecen depender únicamente de la voluntad política del representante y del calendario que los rige.

Definitivamente México ya no es el país del año 2000, el que ansiaba concretar la primera transición democrática y la tan anhelada “alternancia gubernamental” que tantas décadas costó como ideario y punto de inflexión de la última parte del siglo XX. La base generacional, social, política y jurídica ha cambiado de manera significativa; el escenario que se prefiguraba hace 24 años con la expectativa del inicio del nuevo milenio simplemente ya no es el mismo.

Los retos de la economía global, la migración, el agravamiento de las problemáticas estructurales en materia de salud, seguridad y desarrollo social, así como el deterioro del orden constitucional y la efectividad de los derechos humanos –especialmente en las poblaciones más vulnerables– colocan a nuestro país ante un panorama incierto, quizá no ajeno al de otras naciones, pero que del mismo modo exige intervenciones urgentes y bajo un enfoque humanitario de largo plazo.

Este contexto se agudizó por un componente cultural que, a mi juicio, comienza a ser el síntoma más preocupante de la crisis nacional, la normalización del escenario: un país que cada lunes despierta con el reporte de más 200 muertes dolosas registradas sólo durante los fines de semana o con el promedio diario de 80 homicidios en todo el territorio nacional, el país de la inacción ante el desmantelamiento progresivo de los servicios públicos de salud pese a una emergencia sanitaria de incuantificable magnitud, hoy sin coberturas universales para la población, ni infraestructura hospitalaria accesible y digna para las zonas más rezagadas del territorio.

Es el México de los contrastes, donde la pobreza y desigualdad no ha logrado reducirse de manera significativa pese al clientelismo de los denominados programas del bienestar, diseñados con el estilo de gobierno característico del siglo pasado de generar réditos electorales. La realidad es que hoy 46 millones de mexicanos carecen de servicios básicos para su subsistencia y más de nueve millones se ubican en condiciones de pobreza extrema.

Ello se traduce también en más de siete millones de niños entre cero a cinco años, quienes al momento en que se escriben estas líneas simplemente carecen de una vivienda digna, alimentación, servicios básicos de salud y sus familias no cuentan con ingresos ni posibilidades de acceso a empleos que permitan garantizarles estos derechos.

Los ejemplos que se mencionan no pretenden ilustrar, ni de cerca, el resto de las variables que componen la radiografía nacional. Lo cierto es que tal estado de cosas y su aceptación deberían ser motivo suficiente para detonar una respuesta ciudadana sin precedentes, que implique un golpe de timón pacífico, pero enérgico en aras de retomar las riendas del país.

Superar este escenario de normalización e indiferencia requerirá despertar la participación de los jóvenes, activar la voz de las universidades, promover nuevamente las condiciones para que las organizaciones sociales, religiosas, académicas, los artistas, medios de comunicación y gremios empresariales se involucren, todos, de manera activa y sin prejuicios, en la construcción de la agenda pública bajo un plano de subsidiariedad, nunca de competencia o exclusión entre sectores. Mucho menos bajo la infructuosa división entre lo público y privado.

Pero para que esto ocurra ciertamente tendríamos que encontrar un motivo que sea capaz de convocar y unificar al país desde su raíz. Una razón incuestionable, a la cual nadie pueda decir no, para en su lugar dar pie a puntos coincidentes y construir agendas ordenadas que marchen hacia la misma dirección.

Hay quienes estamos convencidos de que este punto de encuentro lo constituye la atención prioritaria de la primera infancia y niñez mexicana. Los beneficios sociales de esta decisión estratégica ya están ampliamente documentados en la literatura y diagnósticos situacionales en la materia (https://earlyinstitute.org/sipimexico/primera-infancia/).

En mi opinión, como pocos temas, la atención prioritaria de la infancia, además de ser un mandato constitucional, nos ofrece la posibilidad de transversalizar y retomar desde el fondo la agenda estructural de políticas públicas en todos sus ámbitos: seguridad, educación, salud, pobreza, justicia, medio ambiente.

¿Cómo pensar en una verdadera agenda de seguridad y justicia sin atender la violencia e impunidad contra la niñez? ¿Un sistema nacional de salud sin atención materno-infantil, medicinas, vacunas ni infraestructura hospitalaria para la primera infancia? ¿Un país sin servicios suficientes de educación inicial, guarderías ni centros de cuidado infantil?

Las formas de violencia que han alcanzado a miles de niños mexicanos constituyen una prueba de que aún existe una brecha para asimilar lo que implica vivir en una sociedad en donde se conoce y respeta el interés superior de la niñez.

Tras defender a su madre, el asesinato del niño Emiliano en Tabasco es un llamado a la conciencia de todos los mexicanos, lo mismo que el caso de la niña Camila en Guerrero secuestrada y asesinada en abril último, sin que ello cambiase el curso ni la retórica de las campañas electorales, ni mucho menos ameritara una respuesta gubernamental de alto nivel.

En otras latitudes este tipo de hechos detonarían de manera incuestionable la dimisión de funcionarios públicos, la adopción de medidas inmediatas para restituir derechos y la generación de mecanismos de respuesta rápida para garantizar la no repetición y la prevención de casos como los de estos niños cuyas muertes no debieron ocurrir.

En medio de estas tragedias, las diversas formas de violencia que han alcanzado la realidad de miles de niños mexicanos constituyen una prueba manifiesta de que aún existe una brecha enorme para asimilar lo que implica vivir en una sociedad en donde se conoce y respeta el interés superior de la niñez. A propósito de estos lamentables casos dedicaremos las siguientes líneas para explicar su importancia e implicaciones.

Una buena clave de lectura para entender la dimensión que representa el principio del interés superior de la niñez, previsto en el no menos farragoso artículo 4º de la Constitución federal, radica en que es un parámetro obligatorio para todas las autoridades a efecto de garantizar los derechos de los niños, en cuanto a sus necesidades de alimentación, salud, seguridad, educación y sano esparcimiento para su desarrollo.

Se trata de uno de los principios rectores del país, ya que con base en él deben entenderse el resto de los derechos reconocidos en nuestra ley fundamental, de manera que no solamente comprende el derecho a la protección contra toda forma de violencia o sufrimiento, sino el derecho a crecer en un ambiente sano y con niveles de vida adecuados. Ese es el anclaje que deben seguir las políticas públicas sea desde el ejercicio del gasto, la creación de un programa social, la expedición de leyes y la perspectiva de resolución jurisdiccional que involucre derechos de los niños.

Además de estar establecido desde el texto constitucional, el interés superior de la niñez o enfoque basado en los derechos de los niños constituye un principio histórico reconocido en diversos tratados y convenciones internacionales, específicamente en la Convención de los Derechos del Niño, cuya preocupación central apunta hacia la materialización de sus derechos, con especial énfasis en los grupos de niños y adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad.

Más allá de su incorporación en los textos normativos, al hablar de interés, enfoque o perspectiva de niñez deben reconocerse algunos elementos específicos de cara, sobre todo, a su implementación en decisiones o actos concretos por parte de los gobiernos e instituciones públicas.

Primero, la perspectiva de niñez no se basa en ningún tipo de ideología o postulado de carácter político. Desde el más elemental sentido común, implica reconocer a niños y adolescentes como sujetos de derechos y actores centrales en los ámbitos donde se desarrollan, desde la familia, escuela, comunidad hasta su participación en los ejercicios de toma decisiones sociales y en los asuntos que les afectan acorde con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Esto significa que la perspectiva de niñez es un elemento esencialmente activo que se intensifica en la medida en que los niños se convierten en protagonistas del ejercicio de sus propios derechos, al tiempo que se promueven ambientes favorables para el desarrollo de sus capacidades.

En segundo término, la perspectiva de niñez implica la activación del máximo nivel de respuesta y responsabilidad por parte del Estado, todas las autoridades en todos los niveles de gobierno. Los casos de Camila y Emiliano hacen patente la incapacidad de los gobiernos para responder y atender con la celeridad necesaria los asuntos que involucran la vida de los niños.

No en vano la Constitución establece un concepto separado completamente de la inmunidad parental, al consagrarlo con la categoría normativa de interés superior frente a otras cláusulas constitucionales orientadas dentro de la escala de los derechos humanos, de donde se desprende que cualquier acto de autoridad debe darse en el contxto de decisiones reforzadas para asegurar la protección integral y efectiva en el desarrollo de la niñez.

Si bien el Estado es responsable de garantizar todos los derechos humanos sin distinción, bajo la óptica que sugiere el interés superior de la infancia, este grupo poblacional requiere un margen de atención prioritaria para brindarles protección en cualquier circunstancia y de manera oportuna, así como asegurar que se les atienda o considere antes que a las personas adultas en los servicios, políticas y en igualdad de condiciones.

Pero quizá el tercer elemento de este enfoque resulte ser el más complejo y necesario. Al promoverse una visión de la realidad sustentada en la perspectiva de niñez, se busca sobre todo enraizar un cambio de paradigma cultural que no se limite exclusivamente a la necesidad de poner en el centro de la agenda pública a los derechos de la infancia, sino que por encima del plano normativo y de las políticas públicas, se construya un nuevo lenguaje social, humano y sensible en favor del cuidado y protección de la infancia en todas sus dimensiones.

Este cambio de paradigma implicará dejar de concebir a esta agenda como un asunto exclusivo del altruismo, la filantropía o que sólo interesa a las organizaciones no gubernamentales. La atención prioritaria de la infancia debe importar especialmente a las nuevas generaciones, en cuyos procesos de formación se vuelve indispensable incorporar una educación basada en el fortalecimiento de capacidades cívicas de niños, jóvenes y adultos, para poner en práctica su compromiso con los derechos de la infancia y la aplicación de estos principios en la vida cotidiana y la toma de decisiones sociales.

Será también el papel de los medios de comunicación y el uso innovador de los canales de información masivos el que permita generar nuevos espacios para construir progresivamente una opinión pública informada en favor de la cultura de cuidado y protección prioritaria de niñez.

El reto no es viralizar los casos de coyuntura o atraer audiencias a partir de campañas de sensibilización emergentes, sino lograr que en el debate cotidiano se hable con normalidad de la importancia de este sector y sobre todo se brinde seguimiento a los indicadores y cumplimiento de la agenda de derechos en este ámbito bajo una perspectiva sistémica.

Desde el Early Institute hemos apostado a colocar la perspectiva de niñez siguiendo un enfoque constructivo, innovador y de indispensable colaboración en el ecosistema de actores involucrados en la visibilización de los derechos de la niñez mexicana.

No puede imaginarse un México moderno sin que la perspectiva de niñez represente el eje articulador para la planeación del desarrollo nacional. Sin embargo, las razones y los problemas que conducen a imaginarlo tienen indiscutible presencia. Para lograr esto, se requerirá que nos coloquemos esos lentes de realidad y comprender que la atención de la infancia no constituye una aspiración que pueda dejarse para el futuro, sino una necesidad vigente de cara a la vida diaria de más de 40 millones de niños y adolescentes que hoy viven en nuestro país.

En el tema que nos compete sobre la agenda de niñez, este momento significa también un punto de inflexión inmejorable, en el que técnicamente ya no habrá margen de excusas para ignorar los rezagos que el gobierno actual dejará en la atención estructural de los derechos de niñas y niños mexicanos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La participación electoral del pasado domingo 2 de junio simple y sencillamente es un veredicto que refleja el sentir de una mayoritaria base social de mexicanas y mexicanos, quienes ejercieron su derecho al sufragio en plena libertad. El mensaje es claro y debe interpretarse bajo las reglas de la democracia por encima de opiniones políticas o lecturas personales.

Concluido el episodio electoral, corresponde a la ciudadanía asumirse dentro de un papel crítico y constructivo en todos los niveles de participación social. Sin enconos ni narrativas basadas en extremos, el momento es propicio también para retomar la visión de un país que exige una lectura de la realidad basada en evidencia y recuperar la objetividad como parámetro de diálogo y ponderación de las acciones de nuestros gobernantes, sin concesiones al margen que los propios derechos fundamentales garantizados en la Constitución.

En ocasiones como esta, las narrativas ideológicas y el constante uso electoral del poder público terminan por aprovecharse de la desinformación de la ciudadanía, pues tienden a distorsionar la esencia del mandato y funciones de las instituciones democráticas. La democracia no se limita al ejercicio del voto ni al rechazo o aceptación de la oferta de partidos, sino que más bien es desde el sufragio, donde se traza la ruta para que los electores se asuman como actores centrales en las acciones de control y rendición de cuentas de los gobiernos, especialmente en la garantía de los derechos sociales y la forma como se gestiona la atención prioritaria a los grupos vulnerables.

Específicamente en el tema que nos compete sobre la agenda de niñez, este momento significa también un punto de inflexión inmejorable, en el que técnicamente ya no habrá margen de excusas para ignorar los rezagos que el gobierno actual dejará en la atención estructural de los derechos de las niñas y niños mexicanos. No se trata de opiniones sin sustento, sino de una agenda que ha quedado en el abandono y ha sido presa de la indolencia política, como se comprueba ampliamente por diversos indicadores.

Es del conocimiento público que, durante el periodo de campañas la hoy presidenta electa suscribió compromisos a favor de la primera infancia, no obstante, ahora es tiempo de ordenarlos, priorizarlos y procesarlos bajo el tamiz de la implementación de políticas públicas, cuya lógica sabemos es completamente distinta al de la promesa electoral o la fotografía testimonial.

Ante tal escenario, desde estas semanas cruciales de organización y configuración de equipos de transición y dado que la temática no admite margen de demora, Early Institute pone a disposición de la presidenta electa y su equipo de trabajo, las siguientes directrices o recomendaciones concretas a fin de impulsar con enfoque sistémico una agenda mínima para mejorar la vida de los niñas y niños a partir de tres categorías muy concretas: planeación y coordinación; presupuesto e inversión pública y atención a temáticas prioritarias.

Sobre la planeación nacional y coordinación gubernamental a favor de la niñez.

Colocar como prioridad al eje de la primera infancia y la perspectiva de niñez dentro de la agenda de gobierno, con una visión de largo plazo que incluya un abordaje prioritario dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 y los nuevos Programas sectoriales de la Administración Pública Federal, especialmente en los ámbitos de gobernación, hacienda, educación, salud y seguridad.

Fortalecer la naturaleza jurídica, autonomía y capacidad de gestión de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) prevista en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, hoy reducida a una oficina con capacidades de operación política y administrativa limitadas al interior de la Secretaría de Gobernación.

Cumplir el mandato legal en la conformación del más alto nivel de funcionarios para las sesiones de trabajo del SIPINNA, que debe estar encabezado precisamente por el Titular del Ejecutivo Federal, su gabinete vinculado, los gobernadores de los estados y organismos de la sociedad civil. Elevar el nivel político de esta agenda, favorecerá la gobernanza y la coordinación intersectorial en todos los niveles de gobierno y la sociedad, sin importar partidos o diferencias de tipo electoral, para un desarrollo ordenado y homologado de políticas públicas de primera infancia en el territorio nacional.

Fortalecer las capacidades operativas y funcionales de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como las correlativas procuradurías estatales en las 32 entidades a fin de mejorar la generación de medidas de protección y los mecanismos de restitución de derechos de niñas y niños.

Sobre el presupuesto y ejercicio del gasto

Planificar un incremento progresivo de los recursos asignados a primera infancia por parte de todos los ejecutores de gasto, que corresponda a la proporción que representa esta población y plena coordinación con los actores estatales y municipales.

Invertir en programas sociales de transferencias monetarias condicionadas en ramos como educación, salud, nutrición y pobreza.

Sobre los temas prioritarios en materia de primera infancia.

Impulsar la Política Nacional de Educación Inicial para ampliar la cobertura, mejorar la calidad de los servicios, y promocionar prácticas de crianza positiva.

Reconocer el derecho al cuidado y crear un Sistema Nacional de Cuidados cuyo seguimiento sea anual, medible y evaluable.

Asegurar el acceso universal y la calidad de los servicios de salud para las niñas y niños y sus madres.

Garantizar que todas la niñas y niños reciban vacunas completas.

Reforzar la atención de primer nivel en materia de salud materno-infantil y brindar consejería sobre lactancia materna, desarrollo infantil temprano, nutrición, sobrepeso y obesidad infantil.

Fortalecer el sistema de seguridad y justicia mediante el reforzamiento del marco normativo de prevención y atención de la violencia, la capacitación y sensibilización de servidores públicos, así como la mejora de protocolos y procesos de actuación que permitan colocar en el centro a niñas y niños víctimas de cualquier forma de violencia en su contra.

A partir de octubre las niñas y niños de México merecen y tienen derecho a un gobierno fuerte, con mayorías legislativas sin precedentes, un gobierno federal que contará con el respaldo de por lo menos veinticuatro gobiernos estatales para que al unísono, implementen políticas homologadas en favor de este grupo poblacional incluyendo el accionar de veintisiete congresos estatales. Se tendrá además la posibilidad de generar consensos para diseñar y aprobar el presupuesto federal más amplio e incluyente del que se tenga registro en la historia de México y que permita materializar esta agenda de derechos.

Por ello, no cabe lugar a dudas que la transición y el gobierno entrante tiene en sus manos una oportunidad inmejorable y en esa medida será observado y evaluado en el mapa social y político del país, sin encubrir o simular otras intenciones que no sean las de estar al lado de los derechos de las niñas y niños mexicanos. La ruta es clara.

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de: Proceso

Algo comienza a preocupar a los sujetos del derecho internacional que desde el más alto nivel normativo suenan alarmas sobre los riesgos sociales que conlleva la existencia del mercado clandestino de renta de mujeres y venta niños vía la denominada figura de la “gestación subrogada” o “vientres de alquiler”.

Durante las últimas dos décadas, en diversas partes del mundo se ha generado evidencia suficiente sobre el comportamiento nocivo de esta práctica que –disfrazada de derechos– en realidad cobija un negocio de intermediarios que permite una avenida de tránsito libre para el tráfico humano, so pretexto de lagunas normativas y la omisión de los órganos legislativos y judiciales en sede nacional.

Contrario a los argumentos de que la “maternidad subrogada” representa un tema de vanguardia y de supuesta progresividad de derechos que admite múltiples ángulos, en la práctica se trata de un fenómeno que asoma con meridiana claridad dos rostros bien definidos: la explotación y cosificación de mujeres con fines reproductivos y la gestación de bebés como un producto comercializable.

No es casualidad que en semanas recientes el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea acordaron reformar la Directiva 2011/36/EU relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, a efecto de dictar parámetros mínimos para que la denominada “maternidad subrogada” se considere finalmente como una forma de explotación y se sancione como delito para aquellos que captan u obligan a una mujer para subrogar su vientre, así como a condicionar la venta de bebés en el contexto de trata de personas.

Esta directriz adoptada por el sistema europeo y sugerida como lineamiento regulatorio para los países de la Eurozona constituye un precedente relevante no sólo para aquella región, sino para el resto de los sistemas de protección a los derechos humanos a escala universal e interamericano, que ahora contarán con un nuevo estándar digno de ser ponderado, pues al considerar que la “maternidad subrogada” es una forma de explotación cuando encuadre en el contexto de la trata de personas, se hace un reconocimiento normativo explícito y del más alto nivel sobre los efectos nocivos contra las mujeres, y niños que nacen mediante esta práctica.

“Países desarrollados como Alemania, Francia y España se han preocupado por examinar a fondo las causas sociales que rodean a esta industria decidiendo prohibir o regular de manera restrictiva la compraventa de estas dignidades en sus marcos legales. Para los parlamentos y tribunales supremos de estas naciones no hay medias tintas, la filiación es un asunto de Estado –no de contratos ni de lucro–, donde el interés superior de la niñez y la protección de las embarazadas debe prevalecer por encima de cualquier perspectiva y no puede regirse bajo una lógica de mercado.”

En el caso mexicano este fenómeno no ha sido abordado con la completitud y seriedad que exige, pese a que nuestro contexto social y normativo claramente dista de ser el de los países europeos, no sólo por su diseño, sino sobre todo por la realidad social o cultural en el que se pretenden insertar este tipo de mecanismos.

Aquí la industria de la subrogación ha encontrado en las desigualdades sociales, la precariedad de nuestro Estado de derecho y en el activismo judicial, un ambiente proclive para instalar –sin ningún tipo de control– un mercado de clínicas dedicadas profesionalmente a la captación silenciosa de mujeres para su renta y a la oferta de niños para su comercialización, especialmente en las zonas sur y centro del país.

A escala federal no existe una ley que prohíba la explotación reproductiva en México, tampoco la legislación general en materia de salud establece mecanismos para que las autoridades sanitarias supervisen y, en su caso, sancionen el funcionamiento irregular de clínicas o centros de reproducción asistida cuando realicen procedimientos contrarios a la dignidad de las embarazadas vía contratos que contienen cláusulas ilegales que atentan contra su salud y derechos fundamentales.

En el ámbito estatal, Tabasco y Sinaloa son las únicas entidades que expresamente permiten esta práctica dentro de sus códigos civiles. Mientras que Querétaro y San Luis Potosí la prohíben, en el resto del país la explotación reproductiva no se regula o existen vacíos que convierten a México en un paraíso ideal para el turismo reproductivo.

En 2021 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió una acción de inconstitucionalidad y un amparo relacionados con la regulación de la gestación subrogada en Tabasco. Sorprendentemente, pese a contar con los elementos normativos, recomendaciones internacionales y la evidencia de un buen número de casos de mujeres que han denunciado ser víctimas de esta práctica, así como de testimonios que dan cuenta de las vulneraciones a los derechos de los niños, la interpretación del máximo tribunal en ambos asuntos privilegió la misma narrativa ideológica de escritorio sobre la “libertad de decisión” y “voluntad” de las madres gestantes, así como del “derecho” de dichas clínicas para ofertar este tipo de servicios o la libertad de los solicitantes para acudir a esta práctica. El mundo al revés.

En cambio, la Corte no dedicó ningún renglón, argumento o ponderación jurídica sobre la protección reforzada que precisamente esas mujeres y los niños que nacen mediante estas técnicas requieren para evitar ser –como en la realidad ocurre– víctimas del mercado de lucro, trata, discriminación, explotación y abuso de que son objeto.

En tales resoluciones se ignoró que Tabasco es una de las entidades con los indicadores más significativos de rezago, pobreza y desigualdad social. Pasó por alto que las mujeres jóvenes captadas por las clínicas y orilladas por condiciones precarias en las que viven, por ejemplo, en zonas como el Estado de México y la capital del país, donde también se han detectado casos de este tipo, se encuentran a merced de su situación económica y son obligadas a sujetarse a las cláusulas de estos contratos a cambio de dinero.

De igual manera, ni las organizaciones que promovieron estos litigios ni la Corte se pronunciaron sobre el hecho incuestionable de que los niños que nacen bajo esta práctica son tratados como meros objetos de comercio, vulnerando diversos derechos humanos como su derecho a la nacionalidad, identidad, a conocer su origen genético y biológico, así como el derecho a permanecer con su familia de origen.

Y quizá lo más delicado, en dichas sentencias ni por asomo se realizó un análisis de ponderación sobre los parámetros de protección reforzada que exigen en este tema la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña (art. 7, 9 y 35); el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía (art. 2 a y 3); el Protocolo Adicional de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional (art. 3 a); y la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW, en sus artículos 3 y 6).

Ante este escenario, es evidente que el tema no puede darse por zanjado y merece una intervención urgente que atienda de manera integral el otro rostro de profunda injusticia social que conlleva la explotación reproductiva en México, vista no sólo a partir del privilegio o del poder económico de quienes acuden y se benefician de esta práctica, pues el fin no justifica los medios.

La decisión que adoptó el Parlamento Europeo representa un mensaje contundente hacia la comunidad internacional, el gremio jurídico, los tribunales constitucionales y sobre todo para los órganos legislativos y parlamentos de los Estados.

En el Early Institute hemos dedicado más de una década en investigar, documentar y visibilizar de manera objetiva los riesgos de la explotación reproductiva en México, creemos que finalmente se está logrando un cambio de paradigma y que existen las condiciones normativas y de evidencia social que permitirán una renovada lectura de esta temática a partir de los próximos años.

Estamos seguros de que la nueva composición del Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales comprenderán la necesidad de prohibir esta práctica como una de las formas de explotación, trata y discriminación más severas que actualmente existen contra mujeres y niños en México.

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de: Proceso

Transcurrieron dos meses luego de la elección del 3 de junio último y en semanas recientes se dieron a conocer las listas de mujeres y hombres que encabezarán la mayoría del gabinete para el inicio de la próxima administración federal, quedando pendientes los anuncios de los titulares de las Secretarías de Marina y Defensa Nacional, así como algunas dependencias del gabinete ampliado que ocurrirán durante septiembre. En un formato dividido por grupos o sectores de secretarías, la anticipación de tales nombramientos permitió al gobierno entrante colocar su agenda y dosificar la conversación entorno de estas decisiones con pleno control de tiempos y espacios.

¿Señales para la estabilidad de los mercados? ¿La premura ante la nueva fecha constitucional de inicio de gobierno en octubre? ¿Posicionar las narrativas de continuidad de la llamada 4T? Las razones no las sabremos a ciencia cierta, pero debe admitirse que todo ello parece obedecer a una pauta bien orquestada, producto de la dosis de confianza que el partido-gobierno posee tras la hegemonía política y territorial lograda en las urnas.

El formato seguido no es del todo cuestionable, si se toma en cuenta que el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador a lo largo de su mandato pasará al olvido no sólo por sus medianas credenciales políticas y académicas, sino por su inoperancia frente a un ejercicio concentrado en una persona y alineado a un estilo asistencialista de poca administración y mucha política.

Pero más allá de los análisis de perfiles, trayectorias o justificaciones de carácter político detrás de cada nombramiento, a estas alturas del proceso de transición es inevitable preguntarse cómo el próximo gobierno articulará las acciones del gabinete en materiales cruciales y cuál será su manera para ejercer la función ejecutiva en ramas de especial complejidad técnica, presupuestaria y social como es el caso de la seguridad, salud, educación y el manejo de la economía nacional.

Esta reflexión que pocas veces suele abordarse en la antesala de las transiciones gubernamentales hoy cobra una relevancia específica ante la falta de resultados manifiestos y dado que, como nunca en la historia moderna del país, la administración entrante contará con un margen de acción aceptable por el bono democrático que le ha sido conferido, como por la posibilidad de procesar una agenda política y legislativa sin ningún tipo de contrapeso a escala nacional y en veinticuatro entidades.

El próximo gobierno debe tener claro que la gestión de la cartera de temas de interés nacional se ha complejizado a lo largo de las últimas décadas, entre otros factores, por la evolución propia del marco constitucional y las constantes reformas a los sistemas legales, especialmente con la proliferación de un importante número de leyes generales que establecen diversas obligaciones y marcos de actuación dispersos para las autoridades de todos los órdenes de gobierno, muchas veces desarticulados entre sí y carentes de aplicación efectiva.

No debe pasar por alto que si bien la Constitución y la Ley de Planeación configuran el Sistema Nacional de Planeación Democrática –del que se desprenden el Plan Nacional de Desarrollo y los diversos programas sectoriales de la Administración Pública Federal– el Poder Ejecutivo federal es al mismo tiempo el responsable de diseñar e implementar las agendas de políticas públicas contenidas en las leyes específicas para cada materia, las cuales incluso establecen parámetros de coordinación obligatorios entre las secretarías federales y los gobiernos locales.

Para dimensionar lo anterior vale la pena referir un caso concreto en el tema que nos concierne. Por ejemplo, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes confiere al gobierno federal un papel preponderante en la conducción de la política nacional en favor de los derechos y atención prioritaria de esta población mediante el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que si bien es operado desde la Secretaría de Gobernación, su programa de trabajo requiere la intervención simultánea de las Secretarias de Hacienda, Salud, Educación, Seguridad, Bienestar, Sistema Nacional DIF, la Fiscalía General así como los 32 gobiernos estatales.

No obstante, el SIPINNA encarna un ejemplo nítido del fracaso operativo de este tipo de mecanismos de colaboración cuando se insertan en la cruda realidad funcional del sistema federal mexicano, en donde se contrastan factores como: instituciones debilitadas que cohabitan en un federalismo de papel y sin recursos; dispersión de prioridades entre la federación y los estados; dificultad para armonizar marcos normativos y programas de trabajo entre las instancias involucradas; diferencias socio-culturales propias de cada región del país.

El SIPINNA representa un pequeño botón de muestra de la realidad que enfrentan casi un centenar de sistemas similares previstos en nuestra legislación, que como se ha referido, paradójicamente tienen la encomienda de atender temas neurálgicos para el desarrollo nacional como la salud, educación, seguridad, mujeres, atención a víctimas, entre otros.

Ante la dificultad de establecer programas de gobierno ordenados y de largo plazo a partir de equilibrios políticos, normativos e institucionales, la vía de escape para algunas administraciones federales –incluida la del presidente López Obrador– ha sido abanderar proyectos o temáticas “prioritarias” por encima de cualquier otro criterio de gobernanza, sin importar que esta alternativa implica de suyo dejar de lado la atención estructural de los problemas nacionales.

“Las megaobras, el gasto público focalizado únicamente a programas sociales dirigidos a potenciales electores o las reformas que persiguen fines esencialmente políticos, a final de cuentas representarán acciones emblemáticas ante el tamaño de responsabilidad que implica dirigir las riendas del gobierno federal en un país como el nuestro”.

El reto para el gobierno de Claudia Sheinbaum estará al interior de su círculo rojo con el oficio político que una democracia popular demanda y en la capacidad técnica del nuevo gabinete para leer estas circunstancias y ordenar las prioridades nacionales bajo una perspectiva integral, a sabiendas de que el funcionamiento de la administración pública federal no es equiparable al de hace cuatro sexenios y requiere también dar paso hacia una modernización de estilos que permita generar resultados adecuados, asertivos y basados en evidencia.

No todo se trata de hacer política o ganar elecciones, los focos rojos y temas críticos del país se encuentran claramente diagnosticados y será difícil que la narrativa de la transformación pueda sostenerse únicamente mediante el discurso y la repetición mediática. Se necesitarán resultados para resolver los problemas del país, cuyo gobierno en el área ejecutiva sea capaz de explorar el grado de relevancia de la gestión política, el manejo y aplicación honesta de recursos, así como la interacción para gobernar con proyectos de amplio alcance.

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de: Proceso

En ocasiones escribir sobre cuestionamientos públicos resulta una tarea compleja, más aún cuando el contexto de la agenda del país se encuentra inserto en una vorágine de coyunturas y hechos sin precedentes. La cantidad de temas abiertos desde la arena pública cada vez es mayor, como también lo es la polarización propiciada sin el menor recato y prudencia por los actores políticos del momento.

Lo cierto es que 2024 será un año para digerir y que con el paso del tiempo habrá de recordarse por las verdaderas dimensiones y el calado de las decisiones políticas tomadas desde el poder político, que en cierta medida a muchos nos retrotraen a la fotografía de aquel México controlado por un partido hegemónico que únicamente dialogaba consigo mismo y que dábamos ya por superado.

Entre la reforma al Poder Judicial de la Federación, la desaparición de organismos constitucionales autónomos, las tensiones entre las relaciones bilaterales con Estados Unidos y Canadá –tomando como ariete de los desencuentros la captura de criminales– así como el restablecimiento de un régimen centralizado en la agenda personal del presidente saliente, se avizora una transición inédita que inevitablemente colocará todos los reflectores y expectativas en los hombros de la presidenta Sheinbaum a partir del 1 de octubre.

A pesar de la agenda impuesta por su partido y la figura predominante de su predecesor –cuyas narrativas hasta ahora ha asumido como propias–, la doctora Claudia Sheinbaum contará con una oportunidad única para forjarse un estilo personal de gobernar a partir desde luego de sus credenciales técnicas que resultan innegables, pero también desde una cualidad que no debe desvanecerse a razón de los factores que la llevaron al poder y de la efervescencia del cierre de este gobierno.

Me refiero a no perder de vista que se tratará de la primera mujer en asumir la titularidad del Ejecutivo Federal en México y a que dicho bono debe significar un golpe de timón en la forma y sensibilidad para ejercer el poder político en un país tan históricamente desigual con las mujeres, adolescentes y niñas.

Claudia Sheinbaum representa naturalmente esta oportunidad porque –si así lo decide– su gobierno tendrá todas las herramientas políticas, normativas e institucionales para articular una agenda de desarrollo social profunda y transversal a favor de las mujeres. Ello invariablemente traerá aparejado también beneficios directos e inmediatos para millones de familias y en especial para la atención prioritaria de los derechos de la primera infancia cuya protección reforzada hemos apuntalado aquí de manera reiterada.

Sería una agenda profunda y de impacto si el nuevo gobierno logra superar el discurso de sus propios datos para, en su lugar, con el rigor científico de la información sustentada en evidencia, trazar planes sectoriales de nueva generación –con el apoyo de las nuevas tecnologías y sistemas de información– que permitan atender, orientar el gasto y medir el avance en temas cruciales para las mujeres y sus familias, como es el caso de la salud, nutrición, prevención de violencia e igualdad laboral.

Sería transversal si, del mismo modo, el gobierno federal capitaliza las inmejorables condiciones de cooperación federal que tendrá en sus manos para armonizar las políticas públicas con al menos 24 gobiernos estatales afines. Este escenario, más que un factor para la crítica política, representará para muchos analistas del federalismo mexicano una extraordinaria veta de oportunidad a la que habrá darse seguimiento con especial interés durante el próximo sexenio. Como nunca las condiciones estarán puestas para que la coordinación intergubernamental se ejecute de forma eficiente sin pretextos ni cortapisas.

Seguramente la primera mujer que asumirá la presidencia de la República el mes próximo a estas alturas es plenamente consciente de que en México existen más de 67 millones de mujeres, de las cuales casi 40 millones son madres de familia. Esta cifra, si bien genérica, abraza un dato de enorme significancia para el país, el cual no exige mayor interpretación técnica y que por sí mismo debería dar pie a la priorización de fuertes intervenciones de su gobierno para el beneficio de esta importante base social.

La reflexión es muy clara. México es un país mayoritariamente compuesto por mujeres que son madres, muchas de ellas sostén de familia y que viven en condiciones de vulnerabilidad al tiempo que representan el sustento para sus hogares y se esfuerzan por sacar adelante con dignidad a sus hijas e hijos.

Para ponerlo en lo cotidiano, un tema clave del tipo de impactos que podrían generarse si esta agenda es atendida y entendida de raíz por el gobierno entrante sería por ejemplo la atención de la salud materna. Hoy día, la salud de las madres, especialmente durante el embarazo, el parto y el postparto, es determinante para el bienestar de millones de niñas y niños durante la gestación y en edades tempranas.

Las tómbolas para seleccionar los cargos judiciales que se van a renovar son un claro mensaje del extravío en la vida democrática de la República, preludio de la intervención e influencia política sobre el Poder Judicial.

En diciembre del año 2000 México abrió la brecha de la primera transición política lograda en las urnas que permitió, luego de casi siete décadas, derribar el régimen instaurado por el entonces partido hegemónico oficial que durante la segunda mitad del siglo XX controló en términos absolutos el ejercicio del poder y anuló cualquier resquicio para su equilibrio y control constitucional.

Paradójicamente, con un bono democrático similar al de hoy, en aquel momento el país festejaba que el sistema federal mexicano se regiría por pesos y contrapesos, en donde el gobierno federal, las cámaras del Congreso de la Unión, el Poder Judicial, gobiernos estatales, congresos locales, la sociedad civil organizada y los partidos políticos debían adaptarse a una nueva dinámica de necesaria cooperación y diálogo para el funcionamiento ordenado de la República, o al menos para la conformación de bases mínimas de gobernabilidad.

“Veinticuatro años transcurrieron para que este escenario cambiara de manera radical. Tan radical que ahora esa misma aspiración de pluralidad y desarrollo democrático simplemente parece ya no tener cabida en las formas de actuación del gobierno”.

La división de poderes, el federalismo, la cooperación intergubernamental, la representación plural en las cámaras y el diálogo parlamentario, los mecanismos de control constitucional, la transparencia y rendición de cuentas, el control de la acción de gobierno a través de organismos autónomos, hoy se asoman como principios etéreos y hasta políticamente incorrectos ante una narrativa centrada en la visión única del país que el propio movimiento político mayoritario ha sabido posicionar, ciertamente con la legitimidad y el respaldo popular.

El botón de muestra de lo que parece constituir un nuevo orden de la institucionalidad mexicana se expresó con claridad durante las últimas seis semanas. Luego de la apertura de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, a sabiendas de una mayoría calificada y del inicio de una nueva administración del gobierno federal, se da trámite a la reforma al Poder Judicial de la Federación, cuyas implicaciones generan escenarios de confrontación y develan cualquier cantidad de anomalías en el ejercicio de la función legislativa. Un proceso de reforma constitucional tan transcendental para la vida de México se llevó a cabo sin diálogo, y sin tomar en cuenta las aportaciones de todos en cuanto participaron en las audiencias.

Dada la evolución del sistema presidencial, es entendible que los reflectores de la agenda pública siempre coloquen el foco en el accionar de los gobiernos ante este tipo de episodios. Sin embargo, no todo lo que ocurre a escala nacional debe centrarse en el Ejecutivo Federal, a juzgar por lo visto durante las últimas semanas, también resulta necesario realizar un ejercicio autocrítico sobre el accionar del parlamento mexicano y el debilitamiento, a mi juicio, de sus funciones constitucionales a partir de tres factores cruciales que hoy resultan evidentes.

En cuanto al primer factor, el Congreso federal se ha convertido en uno de los aparatos más improductivos del Estado. No se trata de una suposición, los datos oficiales del Sistema de Información Legislativa (SIL) muestran que tan solo durante la pasada LXV Legislatura del Congreso de la Unión, la tasa de aprobación de iniciativas fue de 5%; para expresarlo en número fríos: entre 2021 y 2024 ambas cámaras presentaron un total de 10 mil 879 iniciativas de las cuales únicamente 606 fueron turnadas al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. Cosa aparte sería entrar a un análisis de calidad de dicho trabajo parlamentario y su impacto real en la vida diaria de la ciudadanía.

El dato es alarmante en varios sentidos, desde luego por el cuestionamiento sobre el costo beneficio acerca del presupuesto que anualmente se otorga al Congreso para sus actividades y la evaluación de impacto en sus resultados, pero también porque es síntoma del exceso de activismo de los legisladores quienes proponen iniciativas de leyes y reformas a granel para justificar su participación ante sus electores, no obstante la gran mayoría de las veces estas carecen de factibilidad técnica, son irrelevantes, de mera coyuntura y sobre todo no están respaldadas por diagnósticos de impacto presupuestario, haciendo inviable su aprobación.

El segundo factor tiene que ver con la precaria deliberación técnica respecto de la agenda legislativa propuesta desde el Ejecutivo. Fue el caso de la multicitada reforma judicial, la cual, tras un apresurado procesamiento, generó errores de elemental técnica legislativa en los decretos al llevar al límite los tiempos, normas y procedimientos parlamentarios al grado de que se ha reconocido por los propios actores que la impulsaron, la necesidad de ejecutar reformas adicionales para enmendar o rectificar diversas inconsistencias y antinomias detectadas posteriormente por académicos y medios de comunicación.

Asumir que en los próximos años las Cámaras del Congreso de la Unión – tanto en comisiones como en pleno– funcionarán como ventanillas u oficialías de parte del Ejecutivo sin que la mayoría de sus integrantes revisen, discutan o mejoren los proyectos enviados desde la Consejería Jurídica, definitivamente no es una buena noticia para la salud de la democracia mexicana.

Quizá el tercer factor resulta el más inquietante. Los acontecimientos recientes demostraron una vez más, que el perfil de buena parte de los legisladores que hoy integran el Congreso dista de ser el adecuado para cumplir cabalmente las tareas con el rigor técnico y asegurar la calidad del debate que exigen áreas como la salud, economía, seguridad, educación, justicia y la atención transversal de los derechos humanos.

Por ejemplo, en un estudio reciente elaborado por la agencia Dinamic se dio a conocer que prácticamente la mitad de los integrantes de la actual Cámara de Diputados no cuentan con experiencia legislativa previa, y un 40% no ha concluido estudios de licenciatura. En el caso del Senado, si bien la experiencia en temas legislativos es casi del 80%, es llamativo que la mayoría de sus integrantes mantiene un perfil directamente asociado a su trayectoria partidista o de grupo.

Aunado a la necesaria revisión del estatuto parlamentario donde se tenga mayor profesionalismo en el estudio y conocimiento de las iniciativas para garantizar su legalidad y validez, es criticable que los lineamientos y obediencias partidistas lleven a los extremos de la sumisión abyecta, negando la esencia del parlamento. Las tómbolas para seleccionar los cargos judiciales que se van a renovar, es un claro mensaje del extravío en la vida democrática de la República, preludio de la intervención e influencia política sobre el Poder Judicial.

“Nadie que abrace el constitucionalismo democrático y plural quiere la vuelta al pasado con un Congreso que no revise una coma a las iniciativas del Ejecutivo y renuncie al control político y fiscalización del poder”.

La sociedad demanda un cuerpo legislativo orientado en el debate libre y el respeto a las minorías mediante el diálogo y entendimiento, con la fuerza ética y moral de corregir la plana a cualquier propuesta que ponga en riesgo las libertades y derechos del pueblo mexicano.

Un Congreso que no se estanque en el pragmatismo político de sus miembros ni se dedique a reformar el poder para el poder mismo, sino, con buenas leyes, tenga la estatura histórica de proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como a la población vulnerable que no puede esperar más.

“El Parlamento, ayer como hoy, sólo puede caminar en dos direcciones: o en la de recoger el palpito real del ser y del sentir del pueblo representado o en la de convertirse en un estéril y prosaico “salón de los pasos perdidos” (Claro-José Fernández-Carnicero González).

Presupuesto insuficiente para el cuidado de calidad para la primera infancia

La estrategia oficial sigue enfocándose en la atención a los menores que por el trabajo de sus cuidadores forman parte de la seguridad social, cuando las necesidades rebasan los apoyos otorgados y los esfuerzos son insuficientes.

La primera infancia en México

El cuidado de la primera infancia es un asunto de extrema importancia, que lastimosamente en México se ha deteriorado en los últimos años. Para empezar, se estima que hay más de 12 millones de niñas y niños de 0 a 5 años en nuestro país, lo que equivale a 10% de la población. Desafortunadamente su situación no es la más favorable. Hoy es desalentador saber que el porcentaje de niños y niñas en situación de pobreza es de 48.1% y de pobreza extrema se sitúa en 11.6 por ciento.

A pesar de que la educación inicial y preescolar son derechos constitucionales, la Encuesta Nacional del Sistema de Cuidados (Enasic) 2022 estima que sólo 44% de la población de esta edad asiste a educación inicial o preescolar, lo que significa que alrededor de 6.8 millones carecen de estos servicios.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, aún persisten prácticas de cuidado inadecuado en el hogar, ya que 8.1% de las niñas y los niños menores de cuatro años fueron dejados solos o bajo la supervisión de otra niña o niño menor de 10 años.

Por otro lado, se registran debilidades sustanciales en organismos y programas que tienen a su cargo las políticas en materia de niñez, como por ejemplo la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sippina), el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronapinna) y la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (Enapi). Todos ellos han sufrido recortes, desmantelamientos o aplicaciones parciales.La falta de atención a este sector es un tema delicado, lo grave es que se le sigue restando valor y su protección no alcanza a entenderse como un asunto prioritario.

La importancia de la primera infancia

En este punto es necesario recalcar la relevancia de los primeros años de vida de cualquier persona. El cuidado en este periodo no es sólo una necesidad inherente a cierta etapa de desarrollo del ser humano, sino un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado de manera universal, digna y justa.

La atención en esta fase de la vida humana se sujeta a la dependencia y vulnerabilidad que cada niña o niño experimenta en su cuidado propio, pero además se trata de un momento crucial en su desarrollo integral.

Hay evidencia científica que demuestra que en este periodo inicial se da una maduración cerebral que incide en las habilidades perceptivas, cognitivas, lingüísticas, socioemocionales y de autorregulación. Estos delicados procesos requieren que las niñas y los niños sean procurados en entornos confiables y con prácticas de crianza positiva que garanticen su bienestar.

Esto, por supuesto, incluye los derechos a la vida, la salud, la educación, la familia, el juego, entre otros. Según un estudio de la doctora Maureen M. Black de la Universidad de Maryland y otros autores de la Serie de desarrollo infantil temprano de la revista The Lancet, “un niño o niña necesita cuidado cariñoso y sensible que atienda su salud, nutrición, seguridad, protección y aprendizaje desde los primeros años de vida” (2017).

En este sentido, es primordial asegurar su óptimo crecimiento, en tanto de ello dependerá que los menores tengan la capacidad para enfrentar desafíos en su vida adulta.

La primera infancia en el Presupuesto de Egresos 2025

Pese a considerarse una etapa crítica en el desarrollo humano, en nuestro país parece que la primera infancia no es una cuestión de interés gubernamental. Un ejemplo de los grandes olvidos a este sector se observa en el reciente Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025, en el que se acentúan las prioridades del gobierno federal en la destinación de recursos.

Si bien pareciera que este tema ganó relevancia —ante la designación de apoyos a los niños y las niñas cuyos cuidadores trabajan en el sector formal—, quedan desprovistos millones de infantes que no tienen acceso a los servicios del Estado.

La estrategia oficial sigue enfocándose en la atención a los menores que por el trabajo de sus cuidadores forman parte de la seguridad social, cuando las necesidades rebasan los apoyos otorgados y los esfuerzos son insuficientes.

Según el documento Implicaciones del Paquete Económico 2025 del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria a. c. (CIEP): “el presupuesto para la primera infancia incrementó un 4.3% real respecto a lo aprobado para 2024, beneficiando principalmente a las personas afiliadas al IMSS y al ISSSTE”. Entre los beneficios se ubica la oportunidad de asistir a guarderías y estancias de dichas instituciones, sin embargo, se sabe que por lo menos cerca de 40% de niñas y niños mexicanos no dispone de estas garantías, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

También el CIEP expone retos de otra índole, ya que destaca que, aunque la inversión en el cuidado de la primera infancia haya incrementado, el PPEF del próximo año: “no cuenta con estrategias específicas para reducir el rezago educativo, invertir en primera infancia ni establecer un sistema integral de cuidados”, lo que despierta muchas interrogantes sobre la eficacia del aumento.

Un aspecto clave es precisamente el derecho al cuidado, que en nuestro país fue reconocido en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) en 2024. A pesar de su configuración, aún quedan iniciativas legislativas pendientes para establecer responsabilidades y obligaciones para su ejercicio.

De igual modo, el CIEP sostiene que “como en años anteriores, el PPEF 2025 carece de una visión de mediano plazo, al no considerar las carencias actuales de la juventud, la niñez y las mujeres, ni los efectos intergeneracionales que perpetúan las desigualdades y limitan las oportunidades”.

Los retos a vencer

Es fundamental recalcar que lo que viven niñas y niños en sus primeros años son factores determinantes en su calidad de vida futura. Es tal el desarrollo biológico, psicológico y social que se da en este tiempo que vivirlo con deficiencias produce pérdidas sustanciales en rubros como son la salud y la educación.

En otros términos, es indispensable actuar para cuidar a la primera infancia, ya que los gobiernos que no invierten en ello pagan altos costos que abonan a la pobreza y a las desigualdades sociales. Las intervenciones tempranas en apoyo a este sector deberían ser parte de la agenda nacional. Principalmente es señalar que el presupuesto que se destine a este grupo social debería tener como objetivo garantizar un cuidado universal y de calidad para todos los niños y las niñas, y no sólo para aquellos cuyos cuidadores laboran en la formalidad.

El olvido a esta parte de la población tiene que detenerse con estrategias coordinadas que logren mejorar sus condiciones y entornos.

Para Early Institute —el único think tank mexicano de primera infancia— es esencial visibilizar la situación de nuestros niños y niñas y la impostergable tarea de fortalecerlos con toda la asistencia posible. Evitemos arriesgar el desarrollo del país con acciones que posibiliten el bienestar de nuestros ciudadanos más vulnerables. Seamos agentes de cambio impulsando que los derechos de los niños y las niñas en sus primeros años de vida sean una realidad y un buen comienzo sería comprometerse a que se faciliten los recursos humanos, económicos y materiales para cubrir puntualmente sus necesidades.

Ya no se trata de trazar estrategias sólo desde el papel, sino orientar su implementación hacia el plano de la realidad. Tal ejercicio debe ser una tarea compartida y sin protagonismos.

La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes cumplió sus primeros 10 años de vigencia. Más allá de la efeméride, el cambio de agenda y estilo en los gobiernos federal y locales, aunado al nuevo contexto que pervive en los asuntos públicos, son condiciones que exigen realizar un balance sobre la situación actual en el cumplimiento de derechos de este grupo poblacional.

Sin especulaciones y con datos basados en evidencia, es pertinente analizar los aciertos y retos para asegurar en los próximos años resultados tangibles de cara a 40 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en México, de los cuales poco más de 12 millones se encuentran en su primera etapa de vida.

En tal sentido, debe reconocerse que la agenda de niñez en realidad se encuentra sobrediagnosticada. Es preciso dejar atrás la etapa en donde la labor de las organizaciones y especialistas únicamente se enfocaba en identificar los problemas y socializarlos. Este estilo de modelo de intervención desde luego ha sido loable en aras de configurar una primera fase del funcionamiento general del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y echar andar la estructura de planes y programas del sector.

No obstante, hay que decirlo, lo que hoy se requiere son avances concretos en el ámbito de las políticas sociales, comenzando por incrementar de manera progresiva la inversión presupuestaria a escala federal y estatal, especialmente hacia los servicios que se brindan a la primera infancia.

En este primer tramo de vigencia de la ley, tanto los focos rojos como las recomendaciones en cada una de las dimensiones prioritarias se encuentran plenamente identificadas —en mayor o menor medida— a través de múltiples reportes, decálogos, rutas, informes y diagnósticos que detallan la situación en la que vive la niñez en temas como su salud, educación, cuidado, nutrición, pobreza y seguridad.

Ya no se trata de trazar estrategias sólo desde el papel, sino orientar su implementación hacia el plano de la realidad. Tal ejercicio debe ser una tarea compartida y sin protagonismos; un nuevo piso de diálogo de alto nivel, además de operativo y eficaz, que sepa involucrar a todos los actores e instituciones públicas o privadas que forman parte del ecosistema en la materia. El SIPINNA fue creado justamente para eso.

En la forma, están las alianzas, reuniones, foros y firmas de compromisos protocolarios que históricamente suelen predominar en los asuntos de niñez. En el fondo, el sobreponerse ante un entorno de resultados adversos, saber construir consensos con los actores del momento y focalizar propuestas concretas, técnicamente viables para materializar los derechos de la infancia acorde con los propios parámetros, resoluciones y observaciones globales de instancias como el Comité de los Derechos del Niño y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En Early Institute, por ejemplo, hace tres años nos dimos a la tarea de lanzar el primer Sistema de Indicadores para la Primera Infancia (SIPI México), la única herramienta en su tipo que integra datos estadísticos actualizados, respecto a los indicadores que atañen a la primera infancia mexicana. En su esencia, el sistema se compone por recomendaciones y rutas críticas sobre el estado de salud, educación, cuidado, nutrición, violencia y pobreza de este sector poblacional.

Más que una plataforma que concentra datos duros, este programa propone en su metodología una conversación productiva y acotada a puntos concretos con los actores clave, buscando incidir desde una óptica realizable en las prioridades de la agenda gubernamental y legislativa sobre primera infancia.

El aniversario de la ley representa también un momento propicio para reflexionar que esta agenda debe ordenarse y priorizarse. Atenderla con enfoque progresivo, ir paso a paso y hacerla compatible con las circunstancias que la mayoría de la sociedad y en el gobierno reclaman, especialmente desde el sentir popular que pide erradicar la corrupción del poder público y dar pie a transformaciones sociales de fondo para reducir las desigualdades históricas.

Ha sido un error estratégico pretender que un solo grupo de organizaciones, actores o instituciones puedan gerenciar cada una de las temáticas que enfrenta la primera infancia en un país tan extenso y con realidades locales disímiles como ocurre en México. De igualmente manera, opino que no ha sido del todo acertado presentar a los tomadores de decisión agendas tan extensas y ambiciosas, cuya complejidad técnica y operativa simplemente no logra superar los filtros en la nueva lógica en que se comporta la conformación de mayorías y prioridades gubernamentales o parlamentarias.

Las cosas simplemente no ocurren y ese debe ser el piso en que debemos autoevaluarnos quienes estamos involucrados en el tema. Mientras se destine menos presupuesto, existan altos índices de pobreza, violencia y desigualdad en la vida de niñas, niños y adolescentes, nuestra tarea se encuentra inacabada.

La reciente renovación en la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA avizora una ventana de oportunidad y de cambios sustanciales en la forma de conducción y liderazgo de este mecanismo de coordinación intergubernamental. Se trata de un perfil con probada experiencia en el diálogo con grupos sociales, los derechos humanos y el manejo de los asuntos públicos que sin duda elevará el nivel de exposición y relevancia que este mecanismo exige para los próximos seis años.

El SIPINNA está llamado a ser el sistema de sistemas en México. Su mandato constitucional y legal es muy claro y constituye su principal meta: garantizar el interés superior de la niñez en toda decisión del Estado. Esta agenda también requiere construir un segundo piso en su transformación.

La magnitud de los hechos de Teuchitlán expuso una red de impunidad que trasciende lo local. La pertinencia de un diagnóstico con perspectiva nacional, como el dado a conocer por el gobierno federal, representa un pequeño paso, la ruta mínima ante la barbarie.

A casi cinco semanas de revelarse públicamente el caso Teuchitlán es importante dimensionar que este episodio asomó un fragmento del fenómeno de violencia generalizada contra niños y adolescentes en México, cuyos alcances significaron poco más que un hecho aislado. Los hallazgos encontrados en el Rancho Izaguirre, gracias a los esfuerzos de colectivos de madres y padres buscadores muestran una herida profunda y lacerante, reflejo de una crisis estructural de desigualdad, impunidad y abandono institucional.

El reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes (NNA) por el crimen organizado es un fenómeno creciente que durante los últimos años ha encendido los focos rojos en la agenda global de protección a la infancia, especialmente en América Latina.

En nuestro México la Red por los Derechos de la Infancia calcula que alrededor de 250 mil NNA están en riesgo de ser reclutados por células del crimen organizado. Si bien se trata de un cálculo, lo cierto es que esta cifra no debería significarnos una estadística inocua, como otras que igualmente evidencian síntomas intolerables de violencia sistémica hacia la niñez.

Hablamos de historias de niños con nombre y apellido, adolescentes y jóvenes atrapados en un ciclo de explotación, la gran mayoría provenientes de entornos de pobreza, violencia intrafamiliar o comunidades donde el crimen representa su única alternativa de vida.

En medio de la crisis que suscitaron estos hallazgos, cobró relevancia mediática el reporte elaborado por la Secretaría de Gobernación (Segob) en 2021 y dado a conocer en 2024, titulado “Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México”, mediante el cual desde el gobierno federal se delimitan diversas líneas de acción en el ámbito normativo, la reconstrucción del tejido social, entornos seguros, prevención y procuración de justicia en el abordaje institucional de este problema.

Naturalmente a raíz de Teuchitlán dicho documento ganó notoriedad y representó un nuevo aliciente para que organizaciones y actores sociales ganaran espacios en la visibilización de este tema en la agenda pública tras décadas de lucha.

Se sabe, que dicho reporte en realidad obedeció a una ruta de litigio estratégico ­–además de diversas reacciones por parte de la ONU– en aras de exigir una respuesta oficial para la contención de grupos criminales en zonas de alta incidencia delictiva y, por ende, proclives al reclutamiento de niños y adolescentes.

Si se analiza a detalle, el mecanismo presentado por la Segob – independientemente del momento en que este se haya publicado– representa un punto de partida loable porque articula con claridad los componentes de una estrategia basada en la prevención integral del delito, como lo mandata la ley, además de transparentar los factores reales que inciden en la prevención de esta forma de violencia hacia la niñez y adolescencia.

El reporte además explica los parámetros que permiten identificar el modo de operación del reclutamiento de NNA por parte del crimen organizado o grupos armados, tales como factores individuales, familiares, sociales, comunitarios, el uso de redes digitales para este propósito, así como un análisis georreferenciado de las entidades o regiones donde prevalece mayor riesgo para el reclutamiento de menores. En tal sentido, desde la letra es impecable.

La magnitud de los hechos de Teuchitlán expuso una red de impunidad que trasciende lo local. La pertinencia de un diagnóstico con perspectiva nacional, como el dado a conocer por el gobierno federal, representa un pequeño paso, la ruta mínima ante la barbarie. No obstante, el momento es propicio no sólo para el análisis, se requiere pasar al terreno de la implementación y las respuestas.

La Segob, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tienen en sus manos la oportunidad histórica de hacer operables en este caso los esquemas de coordinación previstos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuentan no sólo con los medios normativos y democráticos para coordinar los aspectos esenciales en materia de seguridad y procuración de justicia, sino también para involucrar de manera prioritaria –como ha sido la legítima demanda de cientos de madres y padres buscadores– a otras instituciones hasta ahora ausentes en la ecuación, como es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda.

En medio de todo este panorama se ha dado una señal que puede marcar signos de voluntad política ausente desde el gobierno anterior. Me refiero a la atención que la titular de la Secretaría de Gobernación tuvo a bien brindar, cual es su obligación, a los grupos buscadores mediante la organización de las mesas de diálogo y encabezado de manera personal, con actitud de escucha para incentivar, al menos, que todos levanten la voz tantas veces acallada.

A un mes de Teuchitlán muchas cosas se han removido en el ánimo nacional, pero lo más importante es la creciente expectativa de que finalmente este gobierno pueda brindar verdad y justicia a miles de familiares de niños y adolescentes desaparecidos en este país.

* Abogado, doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana. Director Ejecutivo del Think Tank mexicano Early Institute