De los 2 a los 5 años: una etapa crucial en la vida humana

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Se valora el desarrollo infantil como un proceso continuo desde la concepción hasta los 5 años y el rol de los cuidadores, la educación y los sistemas de protección es básico para la protección de esa fase.

Ante la importancia de reconocer los primeros años de vida de una persona como una etapa crítica en su desarrollo, la revista inglesa The Lancet publicó una serie dedicada a los avances y las omisiones que se han registrado en los últimos tiempos en torno a la primera infancia. Con aportaciones de investigadores de diversos organismos, la serie El desarrollo de la primera infancia y los siguientes 1000 días muestra la trascendencia de los procesos que experimenta una persona de los 2 a los 5 años, que son de acuerdo con los hallazgos “los siguientes 1000 días”, y que influyen significativamente en su salud física y mental.

En este sentido, si bien se reconoce ampliamente la importancia de los primeros 2 años para el crecimiento físico y cerebral del ser humano, se establece que son los siguientes 1000 días los cruciales para consolidar ese desarrollo, mitigar riesgos y aprovechar las oportunidades perdidas en la primera etapa. Esto es, ​que se valora el desarrollo infantil como un proceso continuo desde la concepción hasta los 5 años y el rol de los cuidadores, la educación y los sistemas de protección es básico para la protección de esa fase.

Se ha descubierto que de los 2 a los 5 años hay una maduración neuronal exponencial que favorece el crecimiento continuo y rápido de las capacidades motoras, lingüísticas e interactivas, así como la expansión de habilidades como la autorregulación y el funcionamiento ejecutivo. Por esa razón es esencial la creación de entornos de educación y cuidado altamente seguros y que garanticen el bienestar integral de las niñas y los niños.

Desafortunadamente, existen grandes inequidades que afectan el desarrollo infantil, ya que, a pesar de los avances (como la reducción del retraso del crecimiento), todavía 2% de niñas y niños menores a 5 años sufre desnutrición y 25% no accede a educación preescolar. Al respecto, se habla de diversas causas, entre ellas las crisis como los conflictos bélicos y el cambio climático que agravan el acceso a los servicios de salud, educación y seguridad. Otros riesgos se refieren a la violencia, dietas inadecuadas, problemas de salud mental en cuidadores, contaminación, falta de calidad en servicios de atención básica y medidas inadecuadas para su educación (castigos físicos, agresiones psicológicas, abandono, etcétera).

Por lo anterior, es necesario invertir en esta etapa de vida con programas de atención y educación temprana, transferencias monetarias, apoyo a padres y políticas públicas enfocadas en esta etapa, pues los efectos positivos están comprobados y brindan un desarrollo sostenible y equitativo.

Pese a la evidencia sobre la gravedad de no invertir en la primera infancia, se ha detectado que solo 25.4% de los niños y las niñas de 3 y 4 años en países de ingresos bajos y medios recibe cuidados adecuados, lo que deja a millones de infantes en riesgo de un desarrollo poco óptimo. La investigación señala que el costo de la inacción es elevado, ya que al no invertir al menos un año en entornos de educación y cuidado implica perder hasta un 7% del Producto Interno Bruto (PIB) futuro en los países de ingresos bajos, debido a la reducción en productividad y desarrollo humano.

La serie El desarrollo de la primera infancia y los siguientes 1000 días es un llamado a los gobiernos, especialmente en países de bajos ingresos, a aumentar el financiamiento y priorizar intervenciones eficaces como parte de la responsabilidad colectiva y estratégica​.

Early Institute —el único think tank en México dedicado al análisis y diseño de propuestas para la inclusión de políticas que garanticen el bienestar de la primera infancia— se une a este llamado y responde a la atención que merecen las niñas y los niños durante el inicio de su vida. Es nuestro propósito seguir difundiendo proyectos e investigaciones que fortalezcan a este sector y garanticen su protección con iniciativas adecuadas y dirigidas al respeto de sus derechos fundamentales.

Infancia en la mira: el crimen organizado recluta desde redes sociales

Autor: Cándido Pérez

En México, miles de niñas, niños y adolescentes viven bajo la amenaza constante del reclutamiento por parte de grupos delictivos. La violencia armada y el abandono institucional han convertido a esta población en un blanco fácil para redes criminales que operan tanto en las calles como en el entorno digital. 

Plataformas como Facebook, TikTok o WhatsApp se han convertido en herramientas del crimen organizado para atraer a adolescentes mediante falsas promesas de empleo, dinero o pertenencia a un grupo. Esta forma de captación, rápida y sigilosa, ocurre muchas veces sin que madres, padres, tutores o autoridades logren detectarla a tiempo. 

Entre diversas recomendaciones, organismos internacionales han señalado que nuestro país debe establecer mecanismos eficaces de identificación y protección para niñas, niños y adolescentes en situación de especial vulnerabilidad, como los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. También han subrayado la urgencia de implementar medidas de recuperación y reintegración social que no criminalicen a quienes han sido reclutados; por el contrario, deben ser reconocidos y tratados como víctimas, no como infractores. 

A pesar de que en los últimos años se han presentado múltiples iniciativas en el Congreso para tipificar este delito o reformar leyes clave —como el Código Penal Federal, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes—, ninguna ha sido aprobada hasta ahora. 

La violencia armada que afecta a la infancia no se resuelve con discursos ni con medidas aisladas. Es urgente una estrategia nacional que articule a las distintas autoridades en tareas de investigación, atención, justicia restaurativa y desmovilización. Esto implica, entre otras acciones, garantizar la restitución integral de derechos a niñas, niños y adolescentes reclutados, así como sensibilizar a las comunidades sobre los factores que los colocan en riesgo. 

El reclutamiento forzado por grupos criminales ha encontrado en nuestro país un terreno fértil que amenaza a millones de hogares. El llamado es, una vez más, a la prevención: porque una vez dentro de estos grupos, el camino de regreso se vuelve cuesta arriba. 

Cuidados afectivos para niñas, niños y adolescentes

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Urge la necesidad por implementar estrategias que promuevan prácticas de crianza libres de violencia, que garanticen un desarrollo adecuado en los primeros años de vida y promuevan tratos más afectivos.

La atención a niñas, niños y adolescentes (NNA), en México, se encuentra en un punto crítico. En los últimos años, se ha registrado un aumento de violencia incluso en los métodos de crianza, cuando este tipo de procesos debiera ser lo más cuidadoso y cariñoso posible.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 2023, organizada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en México, 52% de NNA de 1 a 14 años fue sometido a algún tipo de disciplina violenta como castigos físicos o agresión psicológica. Esta situación comienza en la primera infancia (46.1%) y aumenta en la adolescencia (54.2%). De este alto porcentaje, 4.7% recibe castigos físicos severos, que incluyen golpes en la cara y cabeza o palizas. Este porcentaje equivale a 1,492,498 niñas, niños y adolescentes.

Con estos datos surge la necesidad por implementar estrategias que promuevan prácticas de crianza libres de violencia, que garanticen un desarrollo adecuado en los primeros años de vida y promuevan tratos más afectivos.

Hay que decir que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya reconoce el derecho de la niñez y adolescencia a vivir libres de toda forma de violencia y a que se proteja su integridad personal. Incluso en 2024 se definió la crianza positiva como un conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que promueven el desarrollo, bienestar y crecimiento saludable de NNA, sin recurrir a castigos corporales ni tratos humillantes. Pero las acciones no han sido suficientes.

Por esta razón, recientemente la senadora Anahí González, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una propuesta legislativa, desarrollada por Early Institute y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para fortalecer el marco normativo para la prevención y atención del castigo corporal y humillante en NNA.

La iniciativa incluye: a) reformar artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer como obligación de quienes ejercen la patria potestad abstenerse de cualquier atentado contra la integridad física y psicológica de los menores; b) incluir en esa ley como forma de violencia el descuido, la negligencia y el abandono de NNA y así prohibir estas prácticas; c) modificar la Ley General de Educación para señalar como obligación y derecho de quienes ejercen la patria potestad o la tutela que el proceso educativo se realice sin castigos corporales ni humillaciones; y d) modificar la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil para establecer como obligación de las autoridades a que la prestación de los servicios dirigidos a la población infantil se oriente a lograr un entorno seguro y protegido contra el castigo corporal o humillante, descuido, negligencia y abandono.

En este sentido, desde Early Institute instamos a los legisladores a garantizar el derecho de NNA a vivir en entornos afectivos, libres de violencia y positivos, y hacemos un llamado a la colaboración y corresponsabilidad entre las familias, la sociedad y las autoridades para prevenir, identificar y atender a niñas, niños y adolescentes expuestos a cualquier tipo de violencia física y psicológica. Nuestra participación es fundamental y la respuesta a esta problemática ya no puede esperar.

A un mes de Teuchitlán

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de: Proceso

La magnitud de los hechos de Teuchitlán expuso una red de impunidad que trasciende lo local. La pertinencia de un diagnóstico con perspectiva nacional, como el dado a conocer por el gobierno federal, representa un pequeño paso, la ruta mínima ante la barbarie.

A casi cinco semanas de revelarse públicamente el caso Teuchitlán es importante dimensionar que este episodio asomó un fragmento del fenómeno de violencia generalizada contra niños y adolescentes en México, cuyos alcances significaron poco más que un hecho aislado. Los hallazgos encontrados en el Rancho Izaguirre, gracias a los esfuerzos de colectivos de madres y padres buscadores muestran una herida profunda y lacerante, reflejo de una crisis estructural de desigualdad, impunidad y abandono institucional.

El reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes (NNA) por el crimen organizado es un fenómeno creciente que durante los últimos años ha encendido los focos rojos en la agenda global de protección a la infancia, especialmente en América Latina.

En nuestro México la Red por los Derechos de la Infancia calcula que alrededor de 250 mil NNA están en riesgo de ser reclutados por células del crimen organizado. Si bien se trata de un cálculo, lo cierto es que esta cifra no debería significarnos una estadística inocua, como otras que igualmente evidencian síntomas intolerables de violencia sistémica hacia la niñez.

Hablamos de historias de niños con nombre y apellido, adolescentes y jóvenes atrapados en un ciclo de explotación, la gran mayoría provenientes de entornos de pobreza, violencia intrafamiliar o comunidades donde el crimen representa su única alternativa de vida.

En medio de la crisis que suscitaron estos hallazgos, cobró relevancia mediática el reporte elaborado por la Secretaría de Gobernación (Segob) en 2021 y dado a conocer en 2024, titulado “Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México”, mediante el cual desde el gobierno federal se delimitan diversas líneas de acción en el ámbito normativo, la reconstrucción del tejido social, entornos seguros, prevención y procuración de justicia en el abordaje institucional de este problema.

Naturalmente a raíz de Teuchitlán dicho documento ganó notoriedad y representó un nuevo aliciente para que organizaciones y actores sociales ganaran espacios en la visibilización de este tema en la agenda pública tras décadas de lucha.

Se sabe, que dicho reporte en realidad obedeció a una ruta de litigio estratégico ­–además de diversas reacciones por parte de la ONU– en aras de exigir una respuesta oficial para la contención de grupos criminales en zonas de alta incidencia delictiva y, por ende, proclives al reclutamiento de niños y adolescentes.

Si se analiza a detalle, el mecanismo presentado por la Segob – independientemente del momento en que este se haya publicado– representa un punto de partida loable porque articula con claridad los componentes de una estrategia basada en la prevención integral del delito, como lo mandata la ley, además de transparentar los factores reales que inciden en la prevención de esta forma de violencia hacia la niñez y adolescencia.

El reporte además explica los parámetros que permiten identificar el modo de operación del reclutamiento de NNA por parte del crimen organizado o grupos armados, tales como factores individuales, familiares, sociales, comunitarios, el uso de redes digitales para este propósito, así como un análisis georreferenciado de las entidades o regiones donde prevalece mayor riesgo para el reclutamiento de menores. En tal sentido, desde la letra es impecable.

La magnitud de los hechos de Teuchitlán expuso una red de impunidad que trasciende lo local. La pertinencia de un diagnóstico con perspectiva nacional, como el dado a conocer por el gobierno federal, representa un pequeño paso, la ruta mínima ante la barbarie. No obstante, el momento es propicio no sólo para el análisis, se requiere pasar al terreno de la implementación y las respuestas.

La Segob, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tienen en sus manos la oportunidad histórica de hacer operables en este caso los esquemas de coordinación previstos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuentan no sólo con los medios normativos y democráticos para coordinar los aspectos esenciales en materia de seguridad y procuración de justicia, sino también para involucrar de manera prioritaria –como ha sido la legítima demanda de cientos de madres y padres buscadores– a otras instituciones hasta ahora ausentes en la ecuación, como es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda.

En medio de todo este panorama se ha dado una señal que puede marcar signos de voluntad política ausente desde el gobierno anterior. Me refiero a la atención que la titular de la Secretaría de Gobernación tuvo a bien brindar, cual es su obligación, a los grupos buscadores mediante la organización de las mesas de diálogo y encabezado de manera personal, con actitud de escucha para incentivar, al menos, que todos levanten la voz tantas veces acallada.

A un mes de Teuchitlán muchas cosas se han removido en el ánimo nacional, pero lo más importante es la creciente expectativa de que finalmente este gobierno pueda brindar verdad y justicia a miles de familiares de niños y adolescentes desaparecidos en este país.

* Abogado, doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana. Director Ejecutivo del Think Tank mexicano Early Institute

Hablemos de maternidad tardía y técnicas de reproducción asistida

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Si bien la tecnología se convierte en un aliado para la solución de problemas de la fertilidad, hay aún muchos vacíos médicos y legales, así como riesgos y un desgaste, tanto emocional como económico.

Todavía en la actualidad hay temas que suelen estar ocultos o de los que se habla poco cuando deberían ser parte de las discusiones públicas. Uno de ellos es la reproducción asistida y sus implicaciones, que pese a su desarrollo sigue siendo una práctica complicada, costosa y de muchos altibajos. Y otro es la afectación emocional por el retraso de la maternidad.

En su libro Querida desconocida, la periodista española Júlia Bertran Lafuente narra su propia experiencia en la búsqueda de convertirse en madre a sus 40 años y presentando dificultades físicas para lograrlo. La solución fue la donación de óvulos y adentrarse en las exigencias de métodos artificiales y técnicos que conocía someramente.
Cabe señalar que la escritora nunca se había planteado ser madre y cuando se abrió a la posibilidad de serlo, concluyó que en su caso el rechazo a la maternidad era una misoginia interiorizada, pues en sus palabras “yo quería ser como un hombre, porque en mi época los referentes académicos, culturales y políticos eran sobre todo masculinos”.
Querida desconocida es un testimonio de lo que significa ser parte de la industria de la reproducción asistida, pero es también una reflexión sobre lo que está ocurriendo hoy en día con muchas mujeres que han decidido retrasar la maternidad o bien, anularla. Dice la autora en varias entrevistas: “Renunciar a la maternidad creyendo que estamos preservando nuestra libertad es erróneo. Lo que hay que hacer es avanzar en corresponsabilidad, tanto en la crianza como en la reproducción”.

Agrega: “Retrasar tanto la maternidad cuando podía haber sido madre más joven, es una culpa muy útil al sistema porque genera ostracismo y hace que te encierres, que no lo hables y que no te des cuenta de que es un problema estructural que compartimos muchas mujeres”.

Para Júlia Bertran Lafuente su experiencia fue una oportunidad para visibilizar también a las mujeres que donan sus óvulos y que suelen estar en situaciones sociales desfavorables, lo que la orilló a reconocer la falta de garantías para proteger y asegurar el bienestar físico y emocional de quienes acceden a someterse a riesgos quirúrgicos para extraer sus gametos.
Asimismo critica a las clínicas de fertilidad por inflar las tasas de éxito y normalizar la maternidad tardía pese a la salud física y emocional de las mujeres. El debate que se plantea en Querida desconocida va entre la culpa por no haber sido madre antes y contribuir a una industria que mercantiliza la maternidad. En sí, el libro busca abrir un diálogo y cuestionar la falta de soluciones públicas para la reproducción.

En Early Institute abogamos por la importancia de repensar el valor de la maternidad no como un lastre sino como un suceso extraordinario, una posibilidad de vida, generador de vínculos y cuidados y la forma más sublime de trascender. Por otro lado, es fundamental estar informados cuando se trata de técnicas de reproducción asistida porque si bien la tecnología se convierte en un aliado para la solución de problemas de la fertilidad, hay aún muchos vacíos médicos y legales, así como riesgos y un desgaste, tanto emocional como económico de dimensiones desproporcionadas, que afectan a los involucrados en las concepciones artificiales. Sin duda son asuntos complejos, pero muy útiles cuando salen a la luz y se tratan con suficiente evidencia para decidir de la manera más adecuada.

La educación como víctima del crimen organizado

Por: Sandra Espinosa
Publicación original de: El Heraldo de México

Las consecuencias de la violencia ocasionada por el crimen organizado son evidentes y diversas; por mencionar algunas: México vive desplazamientos internos, reclutamientos, extorsiones, homicidios, entre otros delitos

El crimen organizado se ha convertido en una amenaza para el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en México. De acuerdo con información de la organización civil Mexicanos Primero, en al menos siete estados de la República, mencionando Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Morelos, Tabasco y Baja California, la violencia generada por el crimen organizado ha impedido que la educación se lleve a cabo de manera cotidiana durante el inicio de este año 2025.

El comunicado de Mexicanos Primero señala que la violencia e inseguridad provocada por el crimen organizado, a través de balaceras, homicidios y la colocación de narcomantas, han obligado a muchas escuelas a cerrar, completamente o de manera intermitente, a llevar clases en línea, o a que las familias no se sienten seguras de llevar a sus hijos a la escuela, elevando el ausentismo escolar.

Las consecuencias de la violencia ocasionada por el crimen organizado son evidentes y diversas; por mencionar algunas: México vive desplazamientos internos, reclutamientos, extorsiones, homicidios, entre otros delitos. Sin embargo, una de las afectaciones a la que debemos prestar especial atención es a la interrupción de la educación, que compromete el futuro de la niñez y adolescencia mexicana.

La educación es un derecho de todas las personas, pero de gran importancia para niñas, niños y adolescentes, pues la educación tiene como principal objetivo el pleno desarrollo de su personalidad. A través de la educación, las niñas y niños adquieren no solo conocimientos académicos, sino también valores, habilidades sociales y herramientas para que comprendan y ejerzan plenamente sus demás derechos.

Además de que la educación permite combatir desigualdades, pues actúa como una herramienta clave en la disminución de la pobreza. Según la UNESCO, un año adicional de escolaridad incrementa los ingresos de una persona hasta un 10%.

Las y los estudiantes del estado de Sinaloa son de los más afectados, ya que desde septiembre de 2024 se enfrentan a una guerra entre grupos del crimen organizado. Esto ha generado que las autoridades implementen medidas que pretenden proteger a niñas y niños de la violencia en las escuelas.

A principios de febrero, la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, afirmó que existen protocolos establecidos para salvaguardar a estudiantes dentro de las escuelas en situaciones de riesgo. Además, el 20 de febrero de este año, la misma Secretaría anunció que, debido a los constantes hechos de violencia en Culiacán, estudiantes de todos los niveles recibirían clases de manera virtual como medida preventiva.

Si bien estás medidas resultan necesarias para prevenir situaciones que pongan en peligro la vida y seguridad de las y los estudiantes, es necesario que se haga conciencia de que esto no es suficiente para garantizar que la educación se ejerza de manera plena.

Una clase en línea no sustituye la interacción en un salón de clases, el jugar con amigas y amigos, el acompañamiento de maestras y maestros, sin olvidar -además-, que no todas las familias cuentan con los recursos necesarios, como una computadora o acceso a internet, que les permita a sus hijos tomar sus clases de manera adecuada.

No podemos permitir que la violencia transforme el ir a la escuela en una situación de incertidumbre y peligro. La educación no puede ser una víctima más del crimen organizado y como sociedad debemos exigir soluciones efectivas para que se ejerza de manera plena el derecho a la educación y debemos participar activamente en la construcción de entornos seguros para la niñez y adolescencia.

Urge una cultura de paz para proteger a la niñez mexicana

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

La población infantil ha sido muy afectada por las acciones del crimen organizado, pues su reclutamiento forzado ante carencias económicas, compromete su integridad física, psicológica y emocional.

México sigue en conmoción por un caso de proporciones mayores. Se trata de lo que un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas (Guerreros Buscadores de Jalisco) descubrió en un rancho del municipio de Teuchitlán, en el estado de Jalisco. En una transmisión en vivo, el colectivo documentó por lo menos cuatro crematorios clandestinos, cuatro fosas clandestinas, ropa, calzado y diversas pertenencias de posibles víctimas del crimen organizado en el rancho Izaguirre. Dicho sitio presuntamente servía como centro de reclutamiento y exterminio de células delictivas para captar y entrenar a jóvenes.

Lo más llamativo es que fue desde septiembre de 2024 cuando la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco realizaron un operativo y el aseguramiento del inmueble, donde fueron rescatadas dos personas, hubo detenidos y se localizaron varias armas, chalecos tácticos, casquillos e incluso restos óseos quemados. Sin embargo, no se hizo mayor indagatoria.

Sin duda, este suceso arroja luz sobre la crisis de violencia que impera en México, el fracaso del Estado por garantizar un entorno libre de violencia hacia sus ciudadanos y la posible colusión de autoridades con grupos del crimen organizado.

La gravedad es mayor por la afectación a niñas, niños y adolescentes que suelen ser captados por la delincuencia organizada, pues tanto a nivel federal como en diversas entidades federativas, no existen criterios mínimos homologados para definir, tipificar, perseguir y castigar el reclutamiento forzado.

Los hallazgos de Teuchitlán representan un golpe de realidad y evidencian el deterioro del Estado de derecho y la ausencia de mecanismos de protección efectiva hacia la ciudadanía, particularmente hacia aquellos que merecen una protección reforzada por parte del Estado. Desafortunadamente, el panorama se empeora ante la normalización de la violencia, haciendo que prevalezca la insensibilidad ante hechos tan lamentables como lo sucedido en ese municipio y otros más que se saben día tras día.

Este triste caso resalta la urgente necesidad de varias acciones, pero principalmente apremia colocar a niñas, niños y adolescentes en el centro de las políticas públicas de prevención de actos delictivos, así como contar con herramientas efectivas con perspectiva de niñez que garanticen sus derechos humanos fundamentales.

Esto es relevante si se considera que, desafortunadamente, en los últimos años, este grupo poblacional ha sido muy afectado por las acciones del crimen organizado, pues su reclutamiento forzado ante carencias económicas, entre otros factores, compromete su integridad física, psicológica y emocional.

Desde Early Institute exhortamos a las autoridades a actuar a favor de un restablecimiento de un Estado de derecho e implementar una cultura de paz, principalmente, para niñas, niños y adolescentes. Es vital reforzar al sistema judicial, de manera integral, ante la complejidad y magnitud de la problemática de seguridad que se vive en México. Ello significa replantear estrategias de prevención del delito, de persecución y sanción de las conductas típicas y generar planes de restitución integral hacia las víctimas. No hay que olvidar que la responsabilidad de garantizar a los más vulnerables un entorno seguro es compartida y ello exige un trabajo coordinado, colaborativo y con miras a obtener resultados.

Maltrato en el embarazo, ¡no es normal!

Por: Ana Reza Calvillo
Publicación original de:  El Heraldo de México

Año con año hay situaciones de maltrato y violencia hacia las mujeres embarazadas en los servicios médicos. Muchas mujeres que acuden a atender su embarazo, en vez de una atención segura y respetuosa, reciben gritos y regaños, palabras denigrantes, comentarios ofensivos.

Muchas de nosotras tenemos una amiga o hermana que ha estado embarazada y puede contarnos sobre médicos que la hicieron sentir como tonta, sobre cómo, en lugar de contestar sus dudas, le hacían caras, ignoraban sus inquietudes o no la tomaban en serio cuando ella expresaba molestias o dolor.

Estos tratos no están bien, las mujeres deberían sentirse protegidas por las instituciones médicas, no vulneradas ni atacadas. Por ello, desde Early Institute hemos elaborado la Guía para la protección de la mujer embarazada y sus hijos e hijas por nacer, donde madres y padres podrán informarse sobre los derechos de atención médica de calidad que tienen, protegidos por la ley, y encontrarán herramientas para prevenir, identificar y denunciar malos tratos y violencia en el sistema médico.

Crear y difundir instrumentos como esta guía es indispensable, porque hay un panorama de gran vulneración de derechos que no podemos pasar por alto. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, entre 2016 y 2021, 31% de las mujeres embarazadas sufrieron algún tipo de maltrato por parte del personal médico que las atendió. Estamos hablando de que una de cada tres mujeres embarazadas vive una situación adversa en los servicios de salud, lo cual es realmente indignante.

En México contamos con un marco normativo amplio que regula el trato de calidad que debe ofrecer el personal médico y protege los derechos de las mujeres y de sus hijos e hijas por nacer, por ejemplo, la Ley General de Salud y la Norma Oficial Mexicana para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. Sin embargo, estas disposiciones quedan en letra muerta.

La realidad es que las mujeres están viviendo situaciones violentas en el sistema de salud y, lo peor de todo: comúnmente desconocen que no deberían soportar esos tratos. Es normal, nos decimos, ya me pasó en el primer parto, entonces va a ser igual en el segundo. Le confiamos “al sistema” nuestra salud y la de nuestro bebé, pensando que ellos son los expertos, que saben más, y así terminamos normalizando situaciones que nos vulneran, cuando no deberíamos permitirlas por ningún motivo.

Hay un gran desconocimiento sobre las condiciones mínimas de atención que podemos y debemos exigir. Las mujeres llegan a los centros de salud para dar seguimiento a sus embarazos sin saber los derechos básicos de atención médica que tienen, porque en los servicios médicos, que son justo el lugar donde debería dárseles información, no se les dice, por ejemplo, que tienen derecho por lo menos a cinco consultas prenatales para vigilar su embarazo, que en cada una de las consultas se les debe hacer un examen físico completo y que en caso de urgencia obstétrica tienen derecho a la atención totalmente gratuita en cualquier centro médico público, sin importar si están o no aseguradas.

En México, tristemente estamos acostumbradas a que en los servicios de salud públicos nos traten mal, solo porque son públicos, pero esto no es normal y no está bien. No está bien que nos regañen cuando hacemos preguntas, no está bien que se tarden en atendernos a propósito porque nos quejamos del dolor, no está bien que nos obliguen o amenacen para firmar papeles sin decirnos qué son, no está bien que nos practiquen una cesárea sin darnos una explicación previa y sin pedir nuestro permiso, no está bien que nos esterilicen durante el parto para que ya no podamos embarazarnos, no está bien que una de cada tres mujeres se enfrente con situaciones de este tipo mientras atiende su embarazo en un lugar que debería de velar por su salud y bienestar.

En un país que tiene instrumentos legales para defender a las mujeres, la falta de información está impidiendo que ellas alcen la voz ante los malos tratos que enfrentan. Por ello, desde la sociedad civil estamos poniendo a disposición de las mujeres y sus parejas la Guía para la protección de la mujer embarazada y sus hijos e hijas por nacer, para que conozcan sus derechos fundamentales, para que exijan que el personal médico les dé un trato de calidad antes y durante el embarazo, en el parto y el posparto.
En esta guía, que diseñamos de la mano con madres y padres que se enfrentaron con estas problemáticas, encontrarán herramientas para prevenir, identificar y denunciar malas prácticas médicas.

Como madres, como padres, pueden denunciar formal y jurídicamente cuando sus derechos son vulnerados. En esta guía les decimos dónde y cómo pueden denunciar, de acuerdo con la institución donde sucedió el maltrato, qué pasos deben seguir, en qué páginas de internet pueden encontrar más información o incluso levantar una denuncia desde ahí y a qué teléfonos pueden llamar para recibir acompañamiento y apoyo psicológico si lo necesitan.
Desde Early Institute hacemos este esfuerzo para que ustedes, madres y padres, nunca más se enfrenten a situaciones desagradables en el sistema de salud, que nunca más se queden callados con tal de que los atiendan. Por ello, los invitamos a descargar y compartir gratuitamente esta guía desde nuestra página oficial, staging.earlyinstitute.org/. Léanla, compártanla, háganla suya y alcemos juntos la voz. No permitamos que la violencia contra las mujeres embarazadas y sus bebés pase desapercibida.

Cuidar a la infancia mexicana debe ser lo primero

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de:  El Financiero

Nuestro país se ha quedado atrás en el cumplimiento de los derechos de niñas y niños desde sus primeros años de vida, mientras países de nuestra región apuestan por la infancia con una visión de largo plazo.

En la búsqueda de soluciones a problemáticas sociales, es esencial establecer alianzas y conformar, de manera integral, un abanico de posibilidades. Es por ello que, en respuesta a las necesidades de las niñas y los niños de México, se organizó el foro “Prioridades de Atención de la Primera Infancia 2024-2030”, encabezado por el Senado de la República. Al encuentro acudieron, además de los legisladores, investigadores, académicos y líderes de organizaciones para trabajar de manera conjunta en políticas públicas a favor de los 12.4 millones de niñas y niños que integran la primera infancia mexicana.

Todos los participantes coincidieron en que este sensible sector enfrenta grandes desafíos inmediatos, siendo los principales los relativos a la violencia, la pobreza, la carencia de vacunación, la desnutrición y la falta de una crianza positiva.

El foro se dio en el marco del análisis y la discusión de la iniciativa para la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, planteado por la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que el objetivo fue exponer una serie de recomendaciones para que sea un proyecto viable y sólido. Sobre todo, porque las niñas y los niños no pueden esperar para que sus problemas y necesidades sean resueltos.

La participación de Early Institute —el único think tank mexicano especializado en primera infancia— estuvo a cargo de los investigadores Renata Díaz Barreiro Castro y Cándido Pérez Hernández, expertos en el tema de la niñez mexicana. En sus intervenciones frente a la senadora Anahí González Hernández, del partido Morena y quien organizó el foro, señalaron: “La primera infancia no puede esperar. Nuestro país se ha quedado atrás en el cumplimiento de los derechos de niñas y niños desde sus primeros años de vida, mientras países de nuestra región apuestan por la infancia con una visión de largo plazo. Hoy hay una nueva oportunidad para atender necesidades prioritarias en este ámbito”.

Entre los puntos torales se destacó acabar con la pobreza extrema que viven 1 de cada 10 niñas y niños en primera infancia, quienes además enfrentan violencia doméstica y fuera de su hogar. Urge la creación de entornos seguros para su desarrollo integral y, por lo tanto, asegurar el acceso efectivo a la justicia que garantice su protección.

Asimismo, se reconoció la importancia de fortalecer los cuidados desde la atención prenatal hasta el puerperio, asegurando que los centros de salud cuenten con equipos y personal capacitado para atender procedimientos de rutina, así como para prevenir y atender enfermedades y emergencias obstétricas.

El foro “Prioridades de Atención de la Primera Infancia 2024-2030” fue una oportunidad para dialogar y establecer compromisos en torno a uno de los sectores sociales más vulnerables. Principalmente, fue para resaltar que la atención que se demanda sólo será posible si la sociedad civil y el gobierno colaboran en un mismo esfuerzo y dirección.

En Early Institute reiteramos nuestro propósito y convicción por trabajar por un mundo donde los niños puedan ser niños y en donde su educación, salud, nutrición y protección sean otorgados cabalmente. Si queremos un auténtico estado de bienestar, la primera infancia debe ser prioridad.

Restricciones de redes sociales para niñas y niños

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

En un contexto donde la digitalización impacta la vida de niñas, niños y adolescentes, recientes propuestas en Querétaro para restringir el acceso a redes sociales a menores de 14 años han reavivado el debate sobre este tipo de medidas.

Las iniciativas del gobierno queretano buscan proteger a la niñez de los efectos nocivos asociados al uso excesivo y, en muchos casos, descontrolado de las redes sociales. El objetivo principal es prevenir problemas de salud mental, ciberacoso y exposición a contenido inadecuado. Sin embargo, surgen dudas sobre la efectividad de estas restricciones.

Diversos países han implementado medidas similares. En China, por ejemplo, el gobierno ha establecido estrictas regulaciones para limitar el tiempo de pantalla y el acceso a videojuegos en línea mediante sistemas de registro real y restricciones horarias. Estas acciones han logrado, en cierta medida, reducir la adicción a las pantallas. Por su parte, Corea del Sur prohibió el acceso a videojuegos en ciertos horarios, lo que resultó en una disminución del consumo excesivo. En otras naciones, como Estados Unidos, Suecia y Australia, también se han adoptado estrategias similares.

Estas experiencias demuestran que, si bien las restricciones pueden ayudar a reducir ciertos riesgos, es fundamental complementarlas con otras acciones. Por ejemplo, fortalecer la supervisión de las empresas que ofrecen estos servicios, comprender mejor los hábitos digitales de la infancia y, sobre todo, capacitar a madres y padres no solo para restringir, sino también para acompañar a sus hijas e hijos en el entorno digital.

La regulación del acceso a redes sociales debe ir más allá de decisiones desde el poder ejecutivo o legislativo. Si bien es necesario establecer normativas para estas plataformas, también lo es educar a quienes las usamos y fomentar una colaboración efectiva entre el sector público y privado. De lo contrario, esta podría ser otra iniciativa bien intencionada que nunca se traduzca en un cambio real.