Informarte como mamá o papá es cuidar mejor

Por: Sandra Espinosa Rizo, Abogada del área de Asuntos Públicos
Publicación original en El Heraldo de México

Conocer tus derechos como mamá o papá no solo te fortalece a ti, también protege a tus hijas e hijos. Por eso, hoy más que nunca, es momento de informarse, exigir y ejercer tu parentalidad con responsabilidad.

Convertirse en madre o padre transforma la vida, no implica solo la llegada de una nueva persona por amar, sino que también la adquisición de nuevos derechos y obligaciones fundamentales.

De acuerdo con los estándares de derechos humanos, se reconoce a la familia como el pilar fundamental de la sociedad, razón por la cual debe ser protegida desde los más altos niveles normativos tanto nacionales como internacionales. Dentro de los objetivos de la protección de la familia está garantizar que las niñas y niños que ahí se desarrollan lo hagan de manera adecuada, en vínculos sanos, de confianza y afecto por quienes integren su núcleo familiar.

Es por ello que, como mamá o papá, debes contar con toda la información sobre tus responsabilidades y derechos, no solo para cumplir de manera adecuada tu papel sino también para asegurarte que tus hijas e hijos crezcan de manera plena y con las herramientas necesarias para la vida.

Desde Early Institute, conscientes de la complejidad de lo que esto puede implicar, hemos diseñado una herramienta útil y sencilla, la guía: Mis derechos y deberes como madre y padre, pensada como un recurso práctico para el día a día de las familias.

En un contexto en el que diariamente surgen noticias sobre el reconocimiento de nuevos derechos y formas de protección para niñas, niños y adolescentes, es comprensible que te sientas confundido o incluso temeroso sobre qué puedes hacer y cuál es tu papel al respecto, por lo que es necesario contar con herramientas que respondan esas dudas con información clara y accesible.

Basados en el concepto de la responsabilidad parental, esta guía se encuentra dividida en cinco apartados clave: educación, cuidado y protección, crianza, salud y representación legal. El desarrollo de estos elementos se centra en lo que puedes y debes hacer para asegurar el bienestar de tus hijas e hijos. Por ejemplo, elegir la escuela, decidir sobre su formación, garantizar su alimentación y atención médica, o dar una representación adecuada ante cualquier autoridad. Todas estas acciones cotidianas que podrían parecen instintivas, tienen un marco legal que las respalda y que es importante las conozcas.

Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022, el panorama para la primera infancia en México sigue presentando retos urgentes. Más de la mitad (53.8%) de niñas y niños de 1 a 4 años ha sido sometida a métodos de disciplina violentos por parte de sus cuidadores; el 8.1% recibe cuidados inadecuados; el 7.7% presenta sobrepeso u obesidad y sólo el 42.6% de la niñez de edad menor a un año tiene completo su esquema de vacunación. A todo ello se suma que el 46% de niñas y niños menores de cinco años carecen de acceso a servicios de salud, esto último según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de 2022.

Estas cifras reflejan una realidad alarmante que exige fortalecer las capacidades de todas las madres y padres, reconociendo que son por principio, quienes mejor conocen a sus hijas e hijas, y que tienen una relación de corresponsabilidad con el Estado que debe apoyar, orientar e intervenir cuando sea necesario, todo esto con el fin primordial de garantizar el bienestar integral de todas las niñas, niños y adolescentes.

Conocer tus derechos como mamá o papá no solo te fortalece a ti, también protege a tus hijas e hijos. Por eso, hoy más que nunca, es momento de informarse, exigir y ejercer tu parentalidad con responsabilidad. Te invitamos a consultar nuestra página web staging.earlyinstitute.org/ y descargar de manera gratuita la guía Mis derechos y deberes como madre y padre, para seguir construyendo un mejor presente y futuro para todas las niñas, niños y adolescentes.

Descarga gratis la guía Mis derechos y deberes como madre y padre aquí: https://bit.ly/4kOGsfb

Obesidad: un foco rojo en la infancia mexicana

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

México figura como un país con altos índices en obesidad infantil, según organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.

En el marco de la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz, que busca “contribuir a garantizar el bienestar y la salud de las niñas y los niños de las escuelas del país, mediante acciones orientadas a la promoción de hábitos saludables”, en mayo de 2025 se dieron a conocer los primeros resultados recabados en escuelas públicas. Las evidencias no son nada alentadoras, ya que, según el secretario de Salud, David Kershenobich, “39 por ciento de las y los niños evaluados en escuelas públicas presentan condiciones de sobrepeso y obesidad, mientras que el 38 por ciento presenta debilidad visual”. De igual modo, se detectó que el 59% de los menores tiene caries.Sin duda, son cifras alarmantes, pues se está hablando de niñas y niños que tienen una alimentación y atención bucal deficientes, situación que en gran medida se asocia al consumo de azúcar.

En palabras del secretario de Salud: “evitar el consumo excesivo de azúcar desde edades tempranas contribuye significativamente a reducir el desarrollo de enfermedades como obesidad, sobrepeso, diabetes y caries dental”, de ahí que controlar su ingesta sería una forma de prevenir este tipo de padecimientos.

Desde hace unos años, México figura como un país con altos índices en obesidad infantil, según organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Lamentablemente, el problema no ha podido ser resuelto. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2023: “el sobrepeso y la obesidad continúan fluctuando en más de un tercio de la población de escolares y adolescentes, con variaciones entre categorías del estado de nutrición, por sexo y por tipo de localidad

El consumo de bebidas endulzadas es de especial preocupación, pues cerca del 80 y 90% de los preescolares y escolares las consumen. Está ampliamente documentado que el consumo elevado de estas bebidas desde la infancia se asocia con un mayor riesgo para el desarrollo de sobrepeso y obesidad en la edad escolar, así como enfermedades crónicas como diabetes tipo 2 en la edad adulta”.

Si bien se han emprendido esfuerzos para alentar una mejor alimentación y reducir el consumo de azúcar (como la estrategia nacional referida), todavía falta mucho por hacer en el cambio de estilos de vida.

Para el secretario de Salud, también la publicidad fomenta la adquisición excesiva de productos ultraprocesados, lo cual “genera alteraciones en la microbiota intestinal que incrementa el deseo de ingerir más azúcar”.

En este punto, es fundamental hablar de las acciones que podrían desarrollarse para prevenir estos padecimientos. Así, es necesario impulsar constantemente el consumo de frutas, verduras y adoptar una alimentación balanceada; promover la actividad física; informar sobre los riesgos del consumo de productos altamente azucarados y procesados; y crear conciencia sobre la importancia de la salud desde los primeros años de vida.

En Early Institute, el único think tank en México enfocado en la primera infancia, reconocemos las iniciativas gubernamentales para erradicar fenómenos tan graves como la obesidad infantil y confirmamos que la prevención es una de las prácticas más efectivas para evitar peores escenarios. La problemática alimenticia en la niñez requiere alianzas y voluntad para combatirla; de lo contrario, las medidas implementadas no se concretarán en resultados y el sistema de salud no podrá atender los conflictos derivados.

Exhortamos a proteger a la infancia con un sistema judicial íntegro

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Diversas organizaciones civiles han levantado la voz para exigir las revisiones correspondientes a los expedientes de quienes fueron electos para ocupar cargos en el Poder Judicial.

Con el proceso electoral del primero de junio para elegir a los representantes del Poder Judicial, en México, sigue cuestionándose no solo la forma para nombrar a los próximos jueces, magistrados y ministros, sino, peor aún, a qué tipo de personas se les permitió ser candidatos.

La situación de Héctor Ulises Orduña Hernández es uno de los casos más conocidos por haber obtenido el triunfo como juzgador mixto en el Distrito 2 en Veracruz. El problema es que dicho sujeto recibió la medida de prisión preventiva el 6 de abril de 2025 al ser señalado como probable responsable del delito de abuso sexual en agravio de una adolescente. Según la investigación, los hechos ocurrieron el 27 de septiembre de 2021 cuando presuntamente realizó tocamientos lascivos en contra de quien resultó ser su sobrina. De igual modo, Orduña Hernández se encuentra presuntamente vinculado con temas de material de abuso sexual infantil en Estados Unidos.

Actualmente, el acusado está detenido por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual de menores y el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió cancelar su triunfo como juez.

Otro lamentable caso es el de Juan Miguel Morales Monter, quien obtuvo el triunfo para ser magistrado de lo familiar. La cuestión es que este sujeto es señalado por el Frente Nacional de Mujeres, así como por otras madres, de haberse coludido con exparejas de las mujeres para quitarles a ellas la guarda y custodia de sus hijos.

Según una madre afectada, ya son más de 17 mujeres que acusan a Morales Monter de quitarles a sus hijos en complicidad con autoridades y, pese a tener estos señalamientos de violencia vicaria, recibió la constancia de validez como magistrado en materia familiar por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Ante casos como los descritos, diversas organizaciones civiles han levantado la voz para exigir las revisiones correspondientes a los expedientes de quienes fueron electos para ocupar cargos en el Poder Judicial. Hay que recordar que desde abril de este año, el Consejo General del INE determinó que anularía el triunfo de los candidatos al Poder Judicial en caso de confirmarse que son prófugos de la justicia, violentadores o deudores alimentarios. Incluso se configuró un catálogo de ocho impedimentos para rechazar la candidatura a cualquier persona que fuera sancionada por motivos de esa índole.

Con estos terribles hallazgos, se está poniendo en duda la eficacia de los controles de integridad sobre los aspirantes que ahora resultaron electos como ministros, jueces y magistrados, cuando lo que se requiere es un sistema de justicia compuesto por personas íntegras, éticas y comprometidas con la defensa de los derechos, especialmente de niñas, niños y adolescentes.

Desde Early Institute exigimos a las autoridades actuar con celeridad, transparencia y con el más alto estándar de protección a las infancias y las adolescencias. De igual modo, hacemos un llamado a defender el interés superior de la niñez, recordando que la presunción de inocencia es compatible con la obligación del Estado de actuar con máxima diligencia cuando se trata de proteger a esta población. Es imperante que la justicia esté realmente al servicio de la seguridad y protección para que el bienestar de las niñas, los niños y los adolescentes no sea vulnerado.

Maternar es resistir

Por Valeria González Ruiz, Coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo

Todas aquellas mujeres que han tomado el camino de la maternidad lo hacen -bajo las condiciones actuales- con valentía, amor, pero también con mucha resiliencia

“Millones de hombres y mujeres se sacrifican para cuidar la vida de los demás.
Ellos encarnan la resistencia”
Ernesto Sábato

Hoy en día, ejercer la maternidad puede parecer un acto de resistencia: embarazarse, parir, lactar pueden sentirse como actos revolucionarios que desafían a un sistema que, de una u otra forma, nos ha oprimido y dificultado día con día el ejercicio de la maternidad.

Todas aquellas mujeres que han tomado el camino de la maternidad lo hacen -bajo las condiciones actuales- con valentía, amor, pero también con mucha resiliencia. Muchas tienen miedo de dar a conocer su embarazo a sus empleadores por temor a represalias, miles han sido despedidas, otras más han tenido que renunciar a su trabajo porque carecen de redes de apoyo para cuidar de sus bebés.

Y estas historias, familiares para todos, han impactado irremediablemente las dinámicas familiares, la forma en la que nos conducimos como sociedad y, por supuesto, las cifras de natalidad. En el marco del Día Mundial de la Fertilidad, que se conmemora en este mes de junio, se publicaron numerosos estudios que muestran la reducción de la natalidad a nivel global.

Por ejemplo, desde el 2007 los índices de natalidad en Estados Unidos han ido en declive según los registros del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La preocupación sobre la posibilidad de que la economía del país colapse y de un futuro que no cuente con la fuerza de trabajo suficiente para brindar seguridad social y protección a la creciente población de personas mayores, ha generado una “lluvia de propuestas” que se han anunciado en medios de comunicación para incentivar el incremento de nacimientos: un bono a cada mujer después del parto; una “medalla nacional de la maternidad“ a la que podrían aspirar aquellas mujeres que tuvieran seis o más hijos; e incluso reducir el costo de los procesos de fecundación in vitro.

Pero no se trata solo de incrementar los números, sino de brindar las condiciones adecuadas para que las madres y padres cuenten con herramientas para que sus hijas e hijos crezcan en condiciones dignas y libres de violencia.

En contraste Japón, que comparte las mismas inquietudes, ha implementado no “ideas creativas” sino políticas públicas integrales para resolver esta problemática de forma estructural. De acuerdo con la página de la Oficina del Primer Ministro de Japón, la población joven de este país decaerá rápidamente después del 2030, volviendo imposible revertir la tendencia, por lo que han diseñado toda su estrategia sobre por 4 ejes: 1) apoyo financiero, con reducción del costo de las escuelas y creación de becas, no solo para los hijos, sino para aquellos que incluso estudian posgrado y deciden tener hijos, con subsidios para cubrir los costos de las consultas prenatales y el parto, además de uno mensual que puede incrementarse con el número de hijos; 2) apoyo de asesoría, acompañamiento y proveeduría de vivienda para garantizar que existan espacios asequibles donde críar a sus hijos; 3) promoción de la conciliación laboral con la vida familiar, a través del impulso a licencias de paternidad, coordinación con los trabajadores para que escojan el formato de trabajo que mejor se ajuste a su estilo de vida y reducción de horarios laborales; 4) impulso de la “estrategia para el futuro de la niñez”, esto significa que todos los miembros de la sociedad -incluyendo las empresas- aporten recursos para incrementar considerablemente el presupuesto destinado al futuro y estabilidad de la niñez, como una respuesta solidaria a su cuidado.

Y México no se queda atrás: de acuerdo con el Consejo Nacional de Población en 2023 las mexicanas en edad reproductiva tuvieron 1.6 hijas o hijos, en contraste con 2018 que tuvieron 2.07, mientras que en 1997 fue de 2.7.

Aquí la maternidad -en todas sus expresiones- es una de las principales razones por las que se discrimina; ésta es bienvenida y celebrada por todos en la vida privada -por ejemplo, felicitamos a nuestra amiga por su embarazo y la llegada de su bebé-, sin embargo, en la esfera pública -como en el trabajo, la escuela o el sector salud- es tratada con desprecio y violencia. La discriminación laboral por embarazo, la violencia obstétrica, ausencia de espacios de lactancia dignos e higiénicos, presión para abandonar los estudios, horarios de trabajo extenuantes y poco flexibles, imposibilidad para ascender laboralmente y falta de espacios para el cuidado infantil seguros y accesibles son fenómenos que reflejan esta realidad.

Es cierto, hemos tenido enormes avances en materia de derechos humanos los últimos años. Hoy somos un país que es liderado por una mujer presidenta y contamos con congresos legislativos paritarios. Poco a poco se han abierto puertas que antes se encontraban totalmente cerradas para las mujeres; sin embargo, aún existe una deuda pendiente: brindarle una protección reforzada a la maternidad y al embarazo.

Impulsar la igualdad de género de forma estratégica y coherente exige visibilizar la maternidad como una de las facetas de la mujer más susceptible de ser vulnerada y, en consecuencia, brindarle una protección reforzada.

Es por eso que celebro que ya se están haciendo esfuerzos legislativos para brindar una protección reforzada a la maternidad. Destaca una iniciativa presentada en Cámara de Diputados, aprobada por unanimidad y que actualmente está en Comisión de Igualdad de Género esperando a ser dictaminada; ésta tiene por objeto 1) visibilizar a la discriminación laboral por embarazo como una forma de violencia ejercida en contra de la mujer; 2) brindar una protección reforzada al embarazo, la lactancia y la maternidad en el espacio laboral; 3) visibilizar que la mujer embarazada y su bebé pueden sufrir afectaciones a su vida y salud a causa de este tipo de violencia; y 4) establecer mecanismos para sensibilizar, atender adecuadamente y sancionar actos de discriminación laboral por embarazo.

Este ejemplo debe de ser solo el inicio de una ola de protección a la maternidad que permita cambiar el sistema de raíz, un conjunto de cambios profundos y estructurales que envíen un mensaje contundente de aceptación y protección, para que la maternidad ya no sea más sinónimo de resistencia.

La infancia debe ser prioridad en el nuevo sistema judicial

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Debemos considerar que, con la nueva conformación del aparato judicial, se abrirá una nueva etapa para posicionar posturas de protección integral para niñas, niños y adolescentes.

En 2024, en México se publicó el decreto por el que se reformaban, adicionaban y derogaban diversas disposiciones constitucionales en materia del Poder Judicial de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación. De las modificaciones más relevantes destacan la elección popular de jueces, magistrados y ministros; la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una disminución en el número de ministros; la creación de nuevos órganos de administración y disciplina judicial; la incorporación de los “jueces sin rostro”, que permite resguardar la identidad de los jueces por seguridad cuando se trate de juicios de delincuencia organizada; y la elección de jueces y magistrados de los poderes judiciales locales, para lo cual deberían modificarse las Constituciones de los estados.

De lo más significativo fue la designación de los jueces, magistrados y ministros, mediante una jornada electoral, que se llevó a cabo el pasado 1 de junio. Las personas que resultaron electas tomarán protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1 de septiembre de 2025. Dado el alto número de aspirantes (881 cargos), cada boleta fue llenada manualmente con números identificadores de los candidatos de preferencia, en lugar de marcar un recuadro como en las elecciones tradicionales y, según datos del Instituto Nacional Electoral, la participación en los comicios fue de casi 13% del padrón.

Por ser la primera vez en la historia del país que se eligen de este modo a los representantes de la justicia, la situación ha sido criticada y calificada de confusa, dando pauta a poner atención en distintos focos. Por ejemplo, habría que cuidar que las nuevas personas juzgadoras electas no promuevan la resolución favorable de asuntos para los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación, ya que su papel es el de garantizar la protección de la Constitución y los contrapesos son importantes. También es fundamental establecer mecanismos para fortalecer la carrera judicial de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal electos, a efecto de garantizar una impartición de justicia de calidad. Finalmente, debe darse prioridad a que los poderes judiciales de los estados establezcan regulaciones complementarias que garanticen una justicia pronta, completa y de calidad.

De hecho, una de las preocupaciones más grandes fue saber que muchos de los candidatos tienen hoy procesos judiciales, aumentando la desconfianza de que se traten de los perfiles más aptos para la labor.

Sin duda, el escenario es complejo y marca un rumbo diferente en el país, de ahí la relevancia por seguir de cerca a los nuevos impartidores de justicia e identificar las áreas de oportunidad en el tratamiento de los temas prioritarios como la infancia.

Desde Early Institute denunciamos que, actualmente, las posturas de la SCJN, en particular las de la Primera Sala, han establecido criterios poco favorables en materia de defensa del derecho a la vida desde la concepción. Es por ello que debemos considerar que, con la nueva conformación del aparato judicial, se abrirá una nueva etapa para posicionar posturas de protección integral y prevalencia del interés superior de niñas, niños y adolescentes. La nueva composición representa también la oportunidad de promover la especialización de juzgadores, principalmente de aquellos que resuelven asuntos que afectan de manera directa los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por otro lado, confirmamos nuestro compromiso por vigilar que las personas juzgadoras que resuelvan los asuntos de su competencia y que involucren a niñas, niños y adolescentes emitan sus resolutivos con total apego a Derecho, al corpus juris de niñez, y tomando en consideración los más altos estándares internacionales para la protección de este grupo etario.

Por supuesto, eso implica que existan mecanismos para evaluar que los nuevos juzgadores tomen las decisiones con perspectiva de infancia, escenario que aún no queda claro cómo se efectuaría en el juzgado de disciplina.

Los retos son muchos, ya que es evidente que la impartición de justicia va más allá de los modos de elección ahora empleados, y confiamos en que las decisiones que están por tomarse en materia de infancia en México —en los distintos espacios judiciales— privilegien cabalmente el respeto a sus derechos y bienestar integral.

Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes

Por: Renata Díaz Barreiro, Investigadora de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

veces no dimensionamos que cuando hablamos del problema de la violencia sexual infantil, hablamos de millones de niñas, niños y adolescentes que están encerrados en casa con sus agresores.

Los agresores frecuentemente no son desconocidos. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, siete de cada diez agresores de niñas y adolescentes son familiares, entre los cuales destacan los tíos y los primos, responsables de cuatro de cada diez casos.

El hogar, que debería ser un espacio de protección, muchas veces se convierte en el lugar más accesible para los agresores, ya que madres, padres y cuidadores al no haber un sistema de cuidados y educación que les respalde frecuentemente dejan niñas y niños bajo el cuidado de familiares pensando que estarán seguros, cuando en realidad no siempre lo están.

Y no es un fenómeno pequeño: las cifras lo confirman. En 2023, se registraron 35 mil 866 carpetas de investigación por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, lo que representa casi 98 casos diarios. Esta cifra ha venido creciendo año con año: un incremento del 32 por ciento entre 2021 y 2022, y del 21 por ciento entre 2022 y 2023. Los datos muestran que esta violencia comienza desde edades muy tempranas: el 30 por ciento de las carpetas se refieren a víctimas menores de 10 años.

Estas denuncias apenas son la punta del iceberg. Según la ENVIPE 2024, 95.1 por ciento de los delitos sexuales no se denuncia, lo que significa que la mayoría de los casos permanece oculto, en silencio, sin atención ni justicia.

Y no es solo un tema penal. También es un problema de salud pública. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en 2023 9 mil 822 niñas, niños y adolescentes acudieron a una unidad médica por violencia sexual, lo que equivale a 27 cada día. Entonces, tenemos alrededor de 35 mil casos llegando a ministerios públicos y 10 mil a hospitales. ¿Cómo dimensionamos el tamaño real del problema?

La ENDIREH 2021 señala que más de 6.3 millones de mujeres en México reportaron haber sufrido violencia sexual antes de los 15 años, y esta encuesta no incluye a hombres. La encuesta contempla seis formas de violencia, y muestra que el 55.4 por ciento de las mujeres que sufrieron violencia sexual vivieron al menos una de ellas. Pero preocupa aún más que el 1.6 por ciento —equivalente a más de 100 mil mujeres— reportó haber sufrido las seis: exposición a actos sexuales, tocamientos, coerción con regalos o amenazas, intento de violación, violación y obligarlas a presenciar o realizar actos sexuales.

La violencia sexual no solo daña el presente de niñas, niños y adolescentes, sino que impacta profundamente su desarrollo físico, emocional y social. Las consecuencias van desde trastornos de ansiedad y depresión hasta dificultades en el aprendizaje, aislamiento, autolesiones y riesgo de suicidio.

Para prevenir, el primer paso es reconocer el problema y romper el silencio. El miedo y la vergüenza no deben estar del lado de las víctimas. Como dijo Giselle Pelicot: “la vergüenza tiene que cambiar de bando”. Desde Alumbra, contamos con una plataforma de prevención con herramientas dirigidas a mamás, papás y personas cuidadoras, para dejar de tratar este tema como tabú y hablar de la violencia sexual de forma clara, empática y sin prejuicios. Las niñas y niños deben saber en quién confiar y cómo reaccionar.

Pero esto no es responsabilidad exclusiva de las familias. Urgen protocolos claros y obligatorios en escuelas, centros de salud, centros deportivos, iglesias y espacios comunitarios. Urge que todas las personas cuidadoras —agentes educativas, médicas, policías, trabajadoras sociales— estén capacitadas para detectar signos de violencia, actuar sin revictimizar y activar rutas de protección eficaces que garanticen justicia, atención y reparación del daño para las niñas, niños y adolescentes.

La violencia sexual infantil no puede seguir siendo invisibilizada. Estamos ante una emergencia nacional que debe reconocerse como lo que es: un problema de salud pública, de seguridad pública y de derechos humanos. Es urgente combatir con responsabilidad y acción colectiva, con recursos, con voluntad política y con un sistema que realmente respalde a las niñas y niños cuando decidan romper el silencio que les brinde atención y justicia.

Sin nombre, sin derechos: las barreras que impiden el registro de niñas y niños

Por: Sandra Espinosa Rizo, Ejecutiva de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

En este caso, el padre biológico no era el esposo legal de la madre al momento del nacimiento de la niña, por lo que, para que la niña pudiera ser registrada

El pasado abril de 2025, una jueza federal del estado de Morelos resolvió un asunto que es clave para la protección progresiva del derecho a la identidad de la niñez. El amparo 272/2025 resuelto por la Jueza Quinta de Distrito en el Estado de Morelos abordó el caso de una niña de cinco años a la que se le negó el registro de su nacimiento.

Esta negativa se basó en la aplicación de diversos artículos del Código Familiar y del Reglamento del Registro Civil, ambos del estado de Morelos, por los que se establece la presunción de que todo hijo nacido durante el matrimonio es hijo del esposo, y que solo podrá ser distinto, si el esposo desconoce la paternidad ante un juez.

En este caso, el padre biológico no era el esposo legal de la madre al momento del nacimiento de la niña, por lo que, para que la niña pudiera ser registrada, se les exigía primero que, el hombre que fue su esposo, iniciara un juicio de desconocimiento de paternidad, y con esa sentencia, tramitar una constancia de inexistencia de registro y luego así poder expedir un acta de nacimiento.

Obtener un acta de nacimiento es considerado un trámite sencillo; sin embargo, en casos como el que se expone, puede convertirse en toda una travesía legal que, como aquí, puede concluir en una vulneración directa al derecho a la identidad, pues mientras se resolvía esta disputa, ¿qué ocurría con la niña durante esos 5 años?

Una niña o niño sin acta de nacimiento no existe jurídicamente, la falta de este documento le cierra la puerta al ejercicio de otros derechos esenciales, como lo son el acceder a servicios de salud, a centros de cuidado y educación, o a programas sociales. Sin un acta de nacimiento, la niña o niño no tiene legalmente un nombre, una nacionalidad, una filiación reconocida, es decir, una identidad, lo que los coloca en una situación de gran vulnerabilidad.

De acuerdo con el artículo 4° de la Constitución, toda persona tiene derecho a una identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento; también el artículo 8.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, dice que los Estados deben respetar el derecho de la niñez a preservar su identidad. No obstante, de acuerdo con el último censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mismo que se realizó en 2020, en México hay poco más de 451 mil personas sin un acta de nacimiento.

Las razones por las que una niña o niño no son registrados al nacer, son muchas, desde condiciones sociales como pobreza, falta de información, la ubicación geográfica de las oficinas del Registro Civil, nacimientos fuera del sistema de salud, maternidades vulnerables, infancias en movilidad humana, así como la existencia de obstáculos legales o burocráticos que impiden, complican o retrasan el registro.

Es así que, no es posible atribuir la falta de registro de nacimiento a una negligencia de los padres, cuando en realidad existen diversas barreras sociales, legales y económicas que muchas veces se combinan para obstaculizar el cumplimiento de este trámite. Más aún cuando el Estado tiene la obligación de garantizar que todas las niñas y niños cuenten con un acta de nacimiento, eliminando los obstáculos que vulneran su derecho a la identidad.

Si bien lo establecido por el Código Familiar y el Reglamento del Registro Civil del estado de Morelos, puede interpretarse como una medida orientada a la protección de las niñas, niños, así como de sus vínculos familiares, casos como este evidencian una problemática relevante, y es que la aplicación estricta de una ley, en ciertos contextos, las coloca por encima del bienestar y el interés superior de la niñez.

La sentencia de la jueza Martha Eugenia Magaña es un paso en la dirección correcta, pues establece una obligación para las y los legisladores, así como para todas las personas que aplican las leyes (como son el personal del Registro Civil), a revisar de manera critica el marco normativo, para evitar que las leyes desconozcan realidad, y como consecuencia, vulneren derechos esenciales e inherentes a la dignidad humana de niñas y niños, quienes por su edad son los más vulnerables.

Es urgente revisar y analizar las normas para armonizarlas con los derechos de la niñez, eliminando barreras legales y prácticas burocráticas que impiden que niñas y niños tengan acceso de manera inmediata a un acta de nacimiento que les permita ejercer plenamente todos sus derechos.

Falta atención adecuada en el sector público a embarazadas

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

La falta de servicios adecuados durante el embarazo está relacionada con la mortalidad materna y compromete la salud infantil durante los primeros años de vida.

Una de las etapas más importantes en la vida de una mujer es cuando se encuentra embarazada. La atención es primordial por ser un periodo de cambios en todos los sentidos, pero sobre todo por la protección que le brinda a un ser humano, quien desde el momento de la concepción tiene derecho a vivir y a ser cuidado. Desafortunadamente, en México, los servicios públicos de salud que debieran recibir las mujeres embarazadas para garantizar que sus embarazos se desarrollen en óptimas condiciones tienen fallas graves.

Ejemplo de esto fue lo que ocurrió los primeros días de mayo de este año en Ciudad Victoria, Tamaulipas, cuando una mujer con seis meses de embarazo llegó a Urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en una clínica de La Loma. A la mujer no la atendieron de inmediato; solo la recostaron en el suelo en espera de su turno para ser revisada. Evidentemente, el trato fue indigno y mostró la precariedad de los servicios de atención en buena parte del país.

Otro caso fue el registrado el 15 de abril de 2025 en la Ciudad de México, cuando una mujer embarazada parió en el baño de la clínica del IMSS número 48, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco. Según testigos, la mujer estuvo en la sala de espera por varias horas y decidió entrar al baño por su cuenta. Ahí, sola y sin asistencia del personal médico, comenzó y terminó la labor de parto.

Aunque el Instituto señaló no haber omitido la atención, ya que según su comunicado “la mujer no informó estar embarazada”, se visibilizaron las carencias del sistema de salud pública en México.

La falta de servicios adecuados durante el embarazo está relacionada con la mortalidad materna y compromete la salud infantil durante los primeros años de vida. De ahí la importancia de recordar y hacer valer los derechos de las mujeres embarazadas ante organismos como el IMSS, que además están publicados en la página electrónica de la Secretaría de Gobernación (Segob). De acuerdo con estos lineamientos, las mujeres embarazadas tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso, atención médica adecuada y de urgencia, además de ser respetadas en su intimidad con confidencialidad y privacidad, entre otros puntos.

Lamentablemente, los casos expuestos muestran la terrible e inaceptable violencia obstétrica que las instituciones de salud cometen contra las mujeres, siendo que ellas debieran ser las que reciban los primeros auxilios y la mejor atención.

En Early Institute hacemos un llamado a las autoridades a apegarse a las políticas implementadas para la atención de las mujeres embarazadas, dentro de las cuales se encuentra la de cero rechazo en las áreas de urgencias a mujeres en labor de parto. Sin duda, la calidad de atención durante el embarazo, el parto y el puerperio debe regirse bajo los principios del respeto y la seguridad.

Es necesario proteger la salud materna y la mejor forma es exigiendo los derechos de las madres y sus hijos e hijas por nacer, impulsando los cuidados necesarios y reforzando la relevancia de recibir, en todo momento, una atención médica digna, oportuna y humana.

De los 2 a los 5 años: una etapa crucial en la vida humana

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Se valora el desarrollo infantil como un proceso continuo desde la concepción hasta los 5 años y el rol de los cuidadores, la educación y los sistemas de protección es básico para la protección de esa fase.

Ante la importancia de reconocer los primeros años de vida de una persona como una etapa crítica en su desarrollo, la revista inglesa The Lancet publicó una serie dedicada a los avances y las omisiones que se han registrado en los últimos tiempos en torno a la primera infancia. Con aportaciones de investigadores de diversos organismos, la serie El desarrollo de la primera infancia y los siguientes 1000 días muestra la trascendencia de los procesos que experimenta una persona de los 2 a los 5 años, que son de acuerdo con los hallazgos “los siguientes 1000 días”, y que influyen significativamente en su salud física y mental.

En este sentido, si bien se reconoce ampliamente la importancia de los primeros 2 años para el crecimiento físico y cerebral del ser humano, se establece que son los siguientes 1000 días los cruciales para consolidar ese desarrollo, mitigar riesgos y aprovechar las oportunidades perdidas en la primera etapa. Esto es, ​que se valora el desarrollo infantil como un proceso continuo desde la concepción hasta los 5 años y el rol de los cuidadores, la educación y los sistemas de protección es básico para la protección de esa fase.

Se ha descubierto que de los 2 a los 5 años hay una maduración neuronal exponencial que favorece el crecimiento continuo y rápido de las capacidades motoras, lingüísticas e interactivas, así como la expansión de habilidades como la autorregulación y el funcionamiento ejecutivo. Por esa razón es esencial la creación de entornos de educación y cuidado altamente seguros y que garanticen el bienestar integral de las niñas y los niños.

Desafortunadamente, existen grandes inequidades que afectan el desarrollo infantil, ya que, a pesar de los avances (como la reducción del retraso del crecimiento), todavía 2% de niñas y niños menores a 5 años sufre desnutrición y 25% no accede a educación preescolar. Al respecto, se habla de diversas causas, entre ellas las crisis como los conflictos bélicos y el cambio climático que agravan el acceso a los servicios de salud, educación y seguridad. Otros riesgos se refieren a la violencia, dietas inadecuadas, problemas de salud mental en cuidadores, contaminación, falta de calidad en servicios de atención básica y medidas inadecuadas para su educación (castigos físicos, agresiones psicológicas, abandono, etcétera).

Por lo anterior, es necesario invertir en esta etapa de vida con programas de atención y educación temprana, transferencias monetarias, apoyo a padres y políticas públicas enfocadas en esta etapa, pues los efectos positivos están comprobados y brindan un desarrollo sostenible y equitativo.

Pese a la evidencia sobre la gravedad de no invertir en la primera infancia, se ha detectado que solo 25.4% de los niños y las niñas de 3 y 4 años en países de ingresos bajos y medios recibe cuidados adecuados, lo que deja a millones de infantes en riesgo de un desarrollo poco óptimo. La investigación señala que el costo de la inacción es elevado, ya que al no invertir al menos un año en entornos de educación y cuidado implica perder hasta un 7% del Producto Interno Bruto (PIB) futuro en los países de ingresos bajos, debido a la reducción en productividad y desarrollo humano.

La serie El desarrollo de la primera infancia y los siguientes 1000 días es un llamado a los gobiernos, especialmente en países de bajos ingresos, a aumentar el financiamiento y priorizar intervenciones eficaces como parte de la responsabilidad colectiva y estratégica​.

Early Institute —el único think tank en México dedicado al análisis y diseño de propuestas para la inclusión de políticas que garanticen el bienestar de la primera infancia— se une a este llamado y responde a la atención que merecen las niñas y los niños durante el inicio de su vida. Es nuestro propósito seguir difundiendo proyectos e investigaciones que fortalezcan a este sector y garanticen su protección con iniciativas adecuadas y dirigidas al respeto de sus derechos fundamentales.

Infancia en la mira: el crimen organizado recluta desde redes sociales

Autor: Cándido Pérez

En México, miles de niñas, niños y adolescentes viven bajo la amenaza constante del reclutamiento por parte de grupos delictivos. La violencia armada y el abandono institucional han convertido a esta población en un blanco fácil para redes criminales que operan tanto en las calles como en el entorno digital. 

Plataformas como Facebook, TikTok o WhatsApp se han convertido en herramientas del crimen organizado para atraer a adolescentes mediante falsas promesas de empleo, dinero o pertenencia a un grupo. Esta forma de captación, rápida y sigilosa, ocurre muchas veces sin que madres, padres, tutores o autoridades logren detectarla a tiempo. 

Entre diversas recomendaciones, organismos internacionales han señalado que nuestro país debe establecer mecanismos eficaces de identificación y protección para niñas, niños y adolescentes en situación de especial vulnerabilidad, como los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. También han subrayado la urgencia de implementar medidas de recuperación y reintegración social que no criminalicen a quienes han sido reclutados; por el contrario, deben ser reconocidos y tratados como víctimas, no como infractores. 

A pesar de que en los últimos años se han presentado múltiples iniciativas en el Congreso para tipificar este delito o reformar leyes clave —como el Código Penal Federal, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes—, ninguna ha sido aprobada hasta ahora. 

La violencia armada que afecta a la infancia no se resuelve con discursos ni con medidas aisladas. Es urgente una estrategia nacional que articule a las distintas autoridades en tareas de investigación, atención, justicia restaurativa y desmovilización. Esto implica, entre otras acciones, garantizar la restitución integral de derechos a niñas, niños y adolescentes reclutados, así como sensibilizar a las comunidades sobre los factores que los colocan en riesgo. 

El reclutamiento forzado por grupos criminales ha encontrado en nuestro país un terreno fértil que amenaza a millones de hogares. El llamado es, una vez más, a la prevención: porque una vez dentro de estos grupos, el camino de regreso se vuelve cuesta arriba.