Costo oculto de IA: violencia sexual

Por: Ana Reza Calvillo
Publicación original de: El Sol de México

La inteligencia artificial ya no es una promesa futura: está integrada en la vida cotidiana. Produce textos, imágenes y videos con una facilidad que hasta hace poco parecía ciencia ficción. Sin embargo, mientras celebramos sus posibilidades, un riesgo antiguo se expande con una fuerza inédita: la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Desde una perspectiva de derechos, este no es un problema técnico. Es un problema de protección, de prevención y de responsabilidad social que no admite neutralidad.

Las cifras son una primera señal de alarma. En los últimos dos años, la línea internacional de denuncias cibernéticas del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) ha recibido más de 70 mil reportes de explotación sexual infantil vinculados al uso de inteligencia artificial. El propio centro advierte que estos casos no harán más que aumentar. No se trata de escenarios hipotéticos ni de riesgos futuros, es una situación que está ocurriendo ahora.

Uno de los frentes más graves es la generación de material de abuso sexual infantil mediante herramientas de inteligencia artificial. Hoy es posible crear imágenes sexualizadas de niñas y niños —incluidos desnudos o actos sexuales explícitos— sin que exista un hecho real previo. Aplicaciones de nudify transforman fotografías ordinarias en imágenes sexualizadas en cuestión de segundos. Basta muy poco para generar estas imágenes, pero el daño que causan es profundo y duradero.

Por eso la discusión no puede quedarse atrapada en si la imagen es “real” o “falsa”. La vulneración es real. Se violan derechos fundamentales: a la intimidad, a la imagen, a la integridad personal y a un desarrollo libre de violencia. El impacto psicológico y emocional no distingue entre lo generado y lo simulado; acompaña a la víctima durante años, a veces durante toda la vida.

La inteligencia artificial también ha redefinido los riesgos de agresión sexual en línea. La creación de cuentas de redes sociales falsas cada vez más verosímiles, el uso de fotos de perfil “confiables” y conversaciones automatizadas facilita el acercamiento de agresores con fines sexuales. Esto no solo vuelve más difícil la prevención, sino que traslada la carga de protección a niñas, niños, adolescentes y sus familias, obligándoles a identificar amenazas que se perfeccionan constantemente.

A esto se suma un fenómeno particularmente peligroso: la sextorsión mediada por inteligencia artificial. Los agresores crean imágenes sexuales sintéticas para chantajear; exigir más contenido, forzar conductas sexuales o extorsionar económicamente. El NCMEC ha documentado situaciones en las que, ante la negativa del niño, niña o adolescente a enviar una imagen íntima, el agresor genera una imagen explícita con IA para ejercer presión. Aquí, el daño no depende de lo que ocurrió, sino del poder de la amenaza y del miedo.

Y no siempre se trata de adultos desconocidos. La violencia entre pares también está mutando. En contextos escolares, compañeros pueden crear o difundir imágenes o videos falsos con fines de humillación, control o castigo social. La rapidez con la que estos contenidos circulan convierte el acoso en una forma de violencia persistente, difícil de contener y devastadora para quien la padece.

La inteligencia artificial permite producir y difundir violencia simbólica a gran escala, con bajo o ningún costo, alto anonimato y enormes dificultades para su detección. La sofisticación técnica no solo beneficia a la innovación; también fortalece a los agresores.

Existe además un riesgo más profundo, menos visible pero igualmente peligroso: la normalización de la sexualización infantil en entornos digitales. Concebir este tipo de contenido como simulación, experimento o avance tecnológico diluye límites éticos esenciales. Desde una perspectiva de derechos, esto es inaceptable. La infancia no puede convertirse en un terreno de prueba del desarrollo tecnológico.

El debate, entonces, no es si la inteligencia artificial debe avanzar, sino bajo qué reglas, con qué responsabilidades y con qué límites. El principio del interés superior de la niñez exige que la protección de sus derechos esté por encima de intereses comerciales, vacíos legales o esquemas de autorregulación que han demostrado ser insuficientes.

Aquí el papel del Estado es insustituible. En México, las autoridades deben actuar con claridad y sin demora. Se requieren marcos legales que reconozcan la generación y difusión de contenidos sexuales mediante inteligencia artificial como formas de violencia y explotación contra niñas, niños y adolescentes. Se necesitan capacidades reales para investigar y sancionar estos delitos, así como obligaciones claras para las plataformas tecnológicas.

Sin embargo, la respuesta no puede ser solo punitiva. Es indispensable fortalecer la prevención y la educación digital, dotar a escuelas y familias de herramientas para identificar riesgos, y garantizar rutas de denuncia y atención que sean accesibles, eficaces y centradas en las víctimas.

La pregunta de fondo no es tecnológica, es moral y política: ¿qué estamos dispuestos a tolerar como sociedad en nombre del progreso? Cada día que la regulación se posterga, que la responsabilidad se diluye y que la protección de la infancia se subordina a la velocidad de la innovación, se envía el mensaje de que el daño es un costo aceptable. La inteligencia artificial no es neutral, y tampoco lo es la inacción.

Si el desarrollo tecnológico avanza más rápido que nuestra capacidad de proteger a niñas, niños y adolescentes, entonces no estamos frente a un avance, sino frente a una renuncia a la responsabilidad colectiva.

Desaparición de menores abre puertas a la explotación sexual y trata en México

Más del 60 por ciento de las víctimas menores desaparecidas son mujeres, principalmente entre 14 y 17 años, y que los hechos no son aislados, sino parte de un patrón vinculado a la explotación sexual y trata.

Estamos frente a una de las problemáticas más terribles y que, por desgracia, su atención está siendo cuestionada ante el incremento de casos en México. Me refiero a las desapariciones de niñas y adolescentes con patrones que apuntan a la explotación sexual y trata. Se habla de que, hasta marzo de 2026, hay 132 mil 534 personas desaparecidas en nuestro país; de ellas, más de 10 mil 383 son niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) confirman que más del 60% de las víctimas menores desaparecidas son mujeres, principalmente entre 14 y 17 años, y que los hechos no son aislados, sino parte de un patrón vinculado a la explotación sexual y trata.

De enero a abril de 2026, se han identificado redes de explotación en distintos estados de la República Mexicana. De los casos más visibles fue lo ocurrido en zonas del corredor Toluca-Tlalnepantla-Ecatepec, donde a principios del año se denunciaron desapariciones de adolescentes entre 14 y 17 años. Aquí las autoridades ventilaron patrones comunes: contacto previo por redes sociales, promesas de empleo y traslado a zonas fronterizas.

En febrero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una alerta por la desaparición de 17 adolescentes mujeres en colonias de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. Las investigaciones revelaron que varias víctimas habían sido contactadas por perfiles falsos en redes sociales, con ofertas de trabajo.

En marzo, un operativo conjunto entre autoridades logró rescatar a tres adolescentes reportadas como desaparecidas desde febrero. Las jóvenes fueron localizadas en una casa de seguridad en Orizaba, Veracruz, donde se presume que eran víctimas de explotación sexual y, con ello, se destapó una red que operaba entre Veracruz, Puebla y Tlaxcala. En lo que va de abril, en Jalisco y Tamaulipas se han identificado desapariciones simultáneas y rutas hacia la frontera.

En este contexto, se dio a conocer el caso de Kristina Vladimirovna Románova, una adolescente rusa bajo la tutela institucional mexicana, y que se tiene considerada como posible víctima de trata de personas. La cuestión es que Rusia exige su repatriación y acusa al DIF del Estado de México de retenerla ilegalmente. La joven incluso escapó y fue localizada en Tijuana, lo que intensificó la controversia, escalando a niveles diplomáticos delicados.

Por increíble que parezca, este episodio se suma a críticas previas sobre negligencia y desapariciones en albergues del DIF, reforzando la percepción de crisis en el sistema de protección infantil y, aunque son pocos los casos, sí se nota que en varios estados, estos centros carecen de sistemas de vigilancia y personal capacitado para prevenir fugas o agresiones o bien para custodiar debidamente a las niñas y adolescentes.

Las pruebas existen. Hace apenas unos días, el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés (21 años), en la Ciudad de México, estremeció al país. Luego de ser reportada como desaparecida, el curso de la investigación también se está vinculando a prácticas engañosas que posiblemente terminan en actos delictivos. Ya sea en niñas, adolescentes o adultas, hay una clara deficiencia operativa institucional, falta de garantías para las debidas investigaciones, demora en las actuaciones y carencia de protocolos efectivos.

Desde Early Institute hacemos un llamado a las autoridades a redoblar esfuerzos para proteger a las niñas y adolescentes, grupo social de mayor riesgo por factores de pobreza, violencia familiar, violencia sexual y crimen organizado. La urgencia es apremiante: por un lado, hay que fortalecer la capacidad institucional de búsqueda y recuperación y, por el otro lado, se deben atender las causas estructurales que colocan a las menores en situación de vulnerabilidad.

La presencia también es parte de la crianza

Por: Sandra Espinosa Rizo, Abogada del área de Asuntos Públicos
Publicación original en El Heraldo de México

La presencia también es parte de la crianza

Desde el ámbito jurídico, la responsabilidad de la crianza recae primordialmente en madres y padres a través de la figura de la patria potestad

La crianza es mucho más que cubrir las necesidades materiales de niñas y niños. Es un proceso de cuidado, protección y formación que incide directamente en su desarrollo integral. Implica garantizar alimentación, vestido y vivienda, así como presencia, acompañamiento, afecto y guía en la construcción de facultades, hábitos, valores y vínculos seguros.

Desde el ámbito jurídico, la responsabilidad de la crianza recae primordialmente en madres y padres a través de la figura de la patria potestad, la cual establece una serie de derechos y obligaciones orientados a proteger y garantizar el bienestar de las niñas y los niños.

Bajo ese contexto, la discusión que visibiliza la denominada “Ley Damián” en el estado de Veracruz resulta pertinente. Esta propuesta de reforma plantea la posibilidad de quitar la patria potestad en casos de abandono total en la crianza de niñas y niños (incluso cuando se han cumplido obligaciones económicas), generando un vacío afectivo que impacta en el desarrollo de niñas y niños.

La discusión que hoy se abre con este tipo de iniciativas es valiosa porque pone en el centro la reflexión sobre lo que realmente significa la crianza, desde una perspectiva que va más allá del aspecto económico y reconociendo la necesidad de la presencia afectiva y formativa de los padres durante la niñez.

Sin embargo, si bien es necesario impulsar mecanismos legales que responsabilicen a quienes incumplen con sus obligaciones, como lo propone esta iniciativa estatal, el objetivo de fondo no debe centrarse en que niñas y niños pierdan a uno de sus padres, sino en evitar que crezcan sin su presencia.

Por ello, es indispensable que desde la política pública se avance no solo en sanciones, sino también en la prevención, la educación y la corresponsabilidad. Es fundamental promover una cultura que reconozca la importancia de la crianza compartida, donde se entienda que la presencia afectiva de ambos progenitores es clave para el desarrollo de niñas y niños.

Esto implica diseñar políticas que incentiven la participación activa de los padres desde etapas tempranas, generar condiciones laborales que lo permitan y fomentar procesos educativos que transformen los roles tradicionales que históricamente han asignado las tareas de crianza a las madres.

Asimismo, es pertinente destacar que, si bien la figura de la pérdida de la patria potestad existe para sancionar incumplimientos graves en los deberes de cuidado o situaciones que podrían vulnerar el desarrollo y la integridad de hijas e hijos, concebirla como un castigo que pueda aplicarse de manera automática ante determinadas conductas puede llevar a perder de vista su verdadera finalidad, que es la protección de la niñez.

Al respecto, en abril de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un criterio relevante al analizar una disposición del Código Civil de Tlaxcala que contemplaba la pérdida de la patria potestad por alienación parental. En ese caso, la Corte concluyó que aplicar esta sanción de forma automática podía resultar desproporcionado, al afectar derechos fundamentales de niñas y niños, como el de vivir en familia y mantener vínculos afectivos con ambos progenitores, señalando que no pueden adoptarse medidas generales sin considerar las circunstancias particulares de cada caso.

Por ello, la solución no puede ser parcial. Este tipo de iniciativas, sustentadas en reclamos legítimos, representan avances importantes; sin embargo, el verdadero reto está en construir una sociedad donde la ausencia deje de ser una constante.

Porque proteger a la niñez no solo implica sancionar el abandono, sino que desde todos los frentes se garantice que la presencia y el afecto formen parte de la vida cotidiana en la vida de todas las niñas y todos los niños.

Se elevan las desapariciones de menores y adolescentes en México

El gobierno mexicano se empeña en no aceptar la cruel realidad y minimiza informes como el emitido recientemente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de desaparición forzada.

México enfrenta un panorama muy desolador en materia de desapariciones. No es una percepción ni una idea de unos cuantos, es una abrumadora realidad que se debe atender inmediatamente.

La situación lastima aún más cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, que, lejos de vivir en un país seguro, están siendo separados de sus familias y entornos.

Simplemente, en los tres meses que van en este 2026, la organización Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) alertó sobre un aumento de 30% con respecto a otros años.

Es una durísima noticia saber que a finales de marzo 2026, el registro nacional superó los 130 mil casos de desaparición (cifra histórica desde 2006), con una marcada tendencia de afectación en adolescentes y jóvenes.

Respecto a las entidades con más casos de desaparición, están la Ciudad de México, Guanajuato, Chiapas y Estado de México, donde se concentra la mayoría de los reportes.

Por mencionar algo, en la Ciudad de México, entre el 20 y el 22 de marzo de 2026, se reportó la desaparición de al menos nueve menores de edad, activando fichas de Alerta Amber. Esto es inaceptable.

Son muchos los casos que se convierten en foco de atención por la difusión de los datos en medios de comunicación y redes sociales. En este sentido, en estos tres primeros meses se ha solicitado el apoyo para encontrar a niños, niñas y adolescentes como Iker Damián de 12 años de edad; las hermanas Azul y Rosa Hernández (desaparecidas en el Estado de México); Samantha Aylin (12 años), Dominic Jeshua (14 años), Lety Jaqueline (15 años) y muchos más.

Cada uno de estos casos se traduce en desesperación, frustración, miedo e incertidumbre, pero sobre todo en una terrible conmoción a nivel familiar que no tendría que experimentarse.

En más datos, ocho de cada diez menores desaparecidos son mujeres adolescentes y, aunque en semanas anteriores Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres en México, firmó un acuerdo con Meta, Google y TikTok para combatir la violencia digital contra las niñas y mujeres, lo cierto es que la infancia en México está expuesta a ser enganchada en redes sociales para después “desaparecer” en un entorno de violencia y acoso digital.

Los esfuerzos deben redoblarse y sostenerse, pues es evidente, en cifras y datos de fuentes fidedignas, que las alertas Amber por desapariciones van en aumento.

No obstante las evidencias, el gobierno mexicano se empeña en no aceptar esta cruel realidad y minimiza informes como el emitido recientemente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de desaparición forzada.

Estas desafortunadas acciones conducen todavía más a provocar confusiones y enojo entre la población, cuando lo que debe prevalecer es un trabajo en conjunto para resguardar a cada niño, niña y adolescente.

Desde Early Institute hacemos un llamado a tener mayor sensibilidad con el dolor de quienes tienen un familiar desaparecido y a tomar con seriedad esta problemática que está creciendo día con día. El riesgo de formar parte de los registros de desapariciones es cada vez más alto y se debe poner un alto.

Principalmente, es necesario que se estreche la colaboración para atender con prontitud las denuncias de las desapariciones, en particular cuando se trata de menores, ya que el tiempo es fundamental y cada segundo es vital para la recuperación de la víctima.

¡Auxilio! Niñez y adolescencia bajo violencia

Por: Vincent Morfín Calvo, Abogado del área de Asuntos Públicos de Early Institute.
Publicación original: El Heraldo de México

El pasado jueves 26 de marzo se dio a conocer que, en el estado de Michoacán, durante la celebración de un concurso de coreografías

La niñez y la adolescencia en México enfrentan hoy en día una crisis de enorme magnitud que se recrudece con el desfavorable escenario que vivimos como país: el aumento generalizado de los entornos de violencia e inseguridad y su normalización en la sociedad, donde éstos buscan incluso introducirse como parte de la cultura mexicana.

El pasado jueves 26 de marzo se dio a conocer que, en el estado de Michoacán, durante la celebración de un concurso de coreografías, alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán protagonizaron una presentación disfrazados de sicarios, con réplicas de armas de fuego y haciendo referencia al asesinato de alcaldes.

El asunto ha derivado en una polémica mediática y en señalamientos de apología del delito, donde incluso la institución ha emitido un comunicado oficial refiriéndose al tema y desaprobando la realización de estos actos.

No obstante, a la lectura personal de un servidor, esta presentación nos revela un grito de auxilio por parte de la infancia y adolescencia mexicana que demanda entornos libres de violencia y que prevalezca una cultura de paz en el estado de Michoacán, así como en todo México. Si se observa el video completo de la citada coreografía, podemos notar que ésta finaliza con una alumna caracterizada de ángel de color blanco quien mueve sus alas en un símbolo de prevalencia de la paz.

Indiscutiblemente, la representación de elementos que hagan referencia al narcotráfico o a la violencia es equívoco desde cualquier perspectiva, pero es también una manera muy fuerte de hacer un llamado de atención para que autoridades y tomadores de decisión tomen cartas en el asunto; es no solo triste sino lamentable y vergonzoso suponer que niñas, niños y adolescentes asumen que, para que nosotros escuchemos, tienen que captar nuestra atención de esta manera.

Las señales son claras y los trágicos ejemplos de las consecuencias de nuestra indiferencia, hablan por sí solos:

* El pasado martes 24 de marzo, conocimos de un hecho en el que un adolescente de 15 años, armado con un fusil de asalto AR 15, disparó en contra de dos de sus maestras quitándoles la vida, también en el estado de Michoacán. De manera previa, el joven había compartido imágenes a través de sus redes sociales en las que posaba con el arma en cuestión.

* El pasado mes de febrero, un adolescente de 16 años fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, cuando se dirigía a comprar insumos para su mascota. Este caso se suma al de una adolescente de 14 años encontrada sin vida el pasado mes de enero en el mismo estado. Ambos casos son consecuencia de la denominada “ola de violencia” que azota persistentemente a esta entidad federativa.

* A finales del pasado mes de febrero, UNICEF compartió un comunicado de prensa expresando el miedo que la delincuencia organizada genera en la niñez mexicana. En dicho documento, se habla de una estimación de entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo activo de ser reclutados con fines ilícitos. Esta preocupación, es una realidad que afecta a múltiples estados del país donde hay una presencia importante de estos grupos delictivos.

Desafortunadamente, si quisiéramos recapitular cada caso de violencia acontecido en contra de niñas, niños y adolescentes, la presente columna de opinión sería interminable. Hemos citado tres ejemplos en los que tres menores han sido víctimas de un sistema que los ha dejado en el olvido y de políticas públicas que no atienden a sus necesidades, uno incluso, convirtiéndose propiamente en el victimario.

Es menester realizar un atento llamado a quienes han sido votados y elegidos para representar nuestros intereses desde el ámbito del gobierno y de las políticas públicas, para que atiendan la necesidad urgente de crear verdaderos mecanismos y estrategias que combatan de lleno los entornos de violencia que aquejan a nuestra niñez y adolescencia.

Recordemos que es obligación del Estado mexicano otorgar a este grupo etario una protección reforzada de sus Derechos Humanos en consonancia con los mecanismos internacionales en materia de niñez y adolescencia, obligación que, hasta este momento, simplemente se ha pasada por alto a un segundo plano de atención.

Así mismo, llamamos a las autoridades educativas de todos los niveles para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y como primera línea de contacto con la niñez y la adolescencia mexicana, centren sus esfuerzos en el desarrollo de planes, programas y protocolos que combatan de manera efectiva los entornos y las conductas violentas en entornos escolares.

De igual manera, confiamos en que las autoridades implementen un esquema de capacitación permanente del personal docente en materia de perspectiva de niñez, con enfoque en la detección y atención de casos en los que se presuma la existencia de violencia en su contra.

Desde Early Institute, condenamos cualquier acto que represente una vulneración hacia la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes, pedimos que se les proteja de manera integral y que el desarrollo de políticas públicas se haga siempre colocando sus intereses en el centro del debate.

Regulemos el uso de celulares en niños, niñas y adolescentes

El uso de celulares sin supervisión ni determinación de tiempos por parte de las niñas y los niños provoca daños irreparables y actualmente se están registrando sus efectos alrededor de todo el mundo.

Si bien se ha reconocido que la tecnología facilita la vida humana, hoy se están experimentando riesgos en el uso de dispositivos móviles, sobre todo en niñas, niños y adolescentes.

El aumento de teléfonos celulares, tabletas y computadoras se vio en mayor medida durante la pandemia por Covid-19, y pese a su utilidad, también aparecieron amenazas en las poblaciones más vulnerables.

La evidencia es muy clara: el uso de celulares sin supervisión ni determinación de tiempos por parte de las niñas y los niños provoca daños irreparables y actualmente se están registrando sus efectos alrededor de todo el mundo.

México no es la excepción y, por lo tanto, es necesario establecer reglas más claras y contundentes.

En recientes declaraciones, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, se mostró dispuesto a abrir un debate para regular el uso de celulares en las escuelas de nivel básico a nivel público y privado.

Reconoció las investigaciones que dan cuenta de los riesgos y las amenazas a la salud mental y alteraciones de comportamiento que experimentan los usuarios que son menores de edad.

En su parecer, nuestro país no puede quedar afuera de la discusión y se estaría impulsando una cultura digital “responsable, consciente y crítica”.

Por otro lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también reconoció que se están tomando medidas para analizar la posibilidad de restringir el uso de teléfonos celulares, al considerar que estos dispositivos producen problemas y distracción para niñas, niños y adolescentes.

La mandataria reveló que un grupo de trabajo interinstitucional —integrado por la SEP, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Secretaría de Cultura— está revisando acciones para fomentar entornos educativos más saludables, así como alternativas que promuevan la lectura y el aprendizaje.

Las prácticas digitales se han expandido a múltiples áreas de la vida, pero no siempre en acompañamiento, y eso está generando preocupación. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha detectado un aumento en el uso problemático de redes sociales, principalmente entre la población adolescente.

Según datos de este organismo, más de 1 de cada 10 adolescentes (11 por ciento) mostró signos de comportamiento problemático en redes sociales, con dificultades para controlar su uso; las mujeres (13 por ciento) tienen niveles más altos de uso problemático de redes sociales que los hombres (9 por ciento).

Ante estas evidencias, distintos gobiernos han decidido tomar cartas en el asunto, creando políticas públicas para restringir el acceso tanto a redes como a dispositivos móviles.

Como país modelo, se tiene la experiencia de Australia, que a finales de 2024 estableció un límite de edad obligatorio para acceso a las redes sociales, y responsabilizó a las plataformas digitales para evitar que los menores las usaran.

En México, en 2025 se aprobaron reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Querétaro, así como al Código Penal de la entidad, para regular el uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes.

Esta ley es única en México, pues en el ámbito federal no se cuenta con una regulación al respecto, aunque sí hay iniciativas que buscan seguir la tendencia mundial.

En Early Institute valoramos el apoyo que brinda la tecnología en avances de procesos y distintas tareas en diferentes ámbitos sociales; sin embargo, sabemos que existen riesgos por un uso inadecuado.

También sabemos que hay una preocupación por proteger a niñas, niños y adolescentes de las posibles amenazas, lo cual propicia la urgencia por unirnos a los debates para que se logren medidas que aseguren el buen aprovechamiento de las herramientas y se prevengan posibles problemas derivados de estas actuales formas de comunicación.

Reforma en Ciudad de México reduce la protección de adolescentes frente a la violencia sexual

Por: Sandra Espinosa Rizo, Abogada del área de Asuntos Públicos
Publicación original en El Heraldo de México

Antes de esta reforma, la legislación de la Ciudad de México establecía que la cópula entre una persona adulta y una persona menor de 18 años constituía violación

El pasado 5 de febrero, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a su Código Penal que modifica los delitos de violación y estupro, particularmente respecto de la edad de las víctimas que determina la configuración de cada tipo penal, y que constituiría un retroceso en la protección de las y los adolescentes frente a la violencia sexual.

Antes de esta reforma, la legislación de la Ciudad de México establecía que la cópula entre una persona adulta y una persona menor de 18 años constituía violación, incluso si se alegaba “consentimiento” de la víctima, sancionándose con penas de 12 a 18 años de prisión. Y a su vez, contemplaba el delito de estupro, para sancionar la cópula con una persona mayor de 12 y menor de 18 años, obteniendo su consentimiento mediante engaño, con una pena de 6 meses a 4 años de prisión.

Con la reforma aprobada, el código penal quedaría de la siguiente manera: será violación cuando se realice cópula con alguien menor de 15 años, manteniendo la sanción actual. En cambio, cuando la víctima tenga más de 15 años, la conducta será considerada estupro únicamente si el consentimiento fue obtenido mediante engaño, con penas de 1 a 5 años de prisión.

La consecuencia de esta modificación es preocupante, pues las relaciones sexuales entre una persona adulta y un adolescente de 15, 16 o 17 años que antes podían sancionarse con hasta 20 años de prisión, ahora podrían castigarse con un máximo de 5 años, o incluso quedar impunes si no se logra acreditar el engaño.

De acuerdo con la diputada Yuriri Ayala Zúñiga, el objetivo de esta reforma es diferenciar entre ambos delitos. Y mencionó que el estupro se comete contra personas que “ya pueden dar su consentimiento sexual”, generalmente adolescentes entre los 12 y 16 años.

No obstante, esta argumentación resulta contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y de la protección de la niñez. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia Angulo Losada vs. Bolivia, ha señalado la necesidad de eliminar disposiciones como el estupro de los ordenamientos penales.

Lo anterior, ya que es una figura que se basa en estereotipos de género que no toma en cuenta las condiciones particulares de vulnerabilidad de las víctimas, encubre relaciones de poder y minimiza la gravedad de la violencia sexual que se comete contra adolescentes.

El delito de estupro parte de la premisa de que las y los adolescentes tienen capacidad para consentir relaciones sexuales con personas adultas y decide sancionar únicamente los casos en los que ese consentimiento se obtuvo mediante engaño. Esta lógica genera desprotección para la adolescencia, pues asume que en determinadas circunstancias tales relaciones pueden ser aceptables.

Además, reduce la violencia sexual contra adolescentes a un problema de “engaño”, sin considerar otros factores que afectan su consentimiento. Entre ellos, está la relación de poder derivada de la diferencia de edad, que les coloca en una posición de desventaja frente a las personas adultas.

Eliminar el delito de estupro y considerar cualquier actividad sexual entre una persona adulta y una niña, niño o adolescente dentro de las categorías de violación o abuso sexual no atenta contra la toma de decisiones de las y los adolescentes. Por el contrario, significa reconocer que el Estado tiene la obligación de protegerles frente la violencia sexual que deriva de relaciones desiguales que afectan su desarrollo y su integridad.

La violencia sexual no deja de ser grave cuando se ha llegado a los 15 años. Las y los adolescentes tienen derecho a una protección reforzada y el Estado tiene la obligación de garantizarla, sin discriminación.

Por ello, desde Early Institute se hace un llamado al Congreso de la Ciudad de México para replantear esta reforma, aprobada de forma unánime. Pues no se puede permitir la adopción de disposiciones que impliquen un retroceso en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En cambios registrales, el interés superior de la niñez es esencial

La Suprema Corte debe actuar con apego estricto al principio del interés superior de la niñez y no intervenir en decisiones que se contrapongan a lo convenido por el Constituyente Permanente.

Ante la normalización de cambios de identidad sexo-genérica en actas de nacimiento en personas menores de edad, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha impulsado mediante diversas resoluciones, es importante mencionar los riesgos que se corren con esta acción.

En primer lugar, hay que conocer el artículo 4 de nuestra Constitución, en el que se señala que “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos”, y por tanto privilegiando su seguridad y cuidado.

Con la resolución sobre el cambio registral del Máximo Tribunal se vulnera precisamente la protección de niñas, niños y adolescentes ante el grave problema de trata de infantes, haciendo más difícil localizar a las y los menores de edad víctimas de ese delito, así como se pueden facilitar procedimientos en su pubertad que pudieran atraer daños físicos, mentales y emocionales, incluso el suicidio.

Este tema sale a relucir, ya que en enero de 2026, el Congreso local de Jalisco ha rechazado, una vez más, la resolución de la Suprema Corte que de manera equivocada busca “ordenar” a los legisladores locales la legalización de la modificación de actas de nacimiento por parte de menores de edad en dicha entidad.

La situación es que el Poder Judicial no tiene la facultad de interferir en decisiones legislativas, limitación que la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha remarcado al señalar que la función de discutir, elaborar y aprobar leyes corresponde única y exclusivamente a la soberanía del Congreso de la Unión y de los Congresos de los estados.

En este sentido, el Congreso de Jalisco ha actuado bajo una argumentación congruente de protección integral hacia niñas, niños y adolescentes, atención a su interés superior y cuestionando la legalidad y el fondo de la sentencia del Poder Judicial, así como su injerencia en la soberanía estatal.

Esta interferencia desde el Poder Judicial amerita ser discutida para evitar que nuestros tribunales incurran en activismo judicial como el presente caso, en tanto en el marco jurídico nacional se señala que la modificación del acta de nacimiento requiere mayoría de edad o, en casos excepcionales, la autorización de madre, padre o tutor, y eso es por criterios de protección orientados a salvaguardar a las y los menores.

Hay que decirlo muy claro: la Suprema Corte debe actuar con apego estricto al principio del interés superior de la niñez y no intervenir en decisiones que se contrapongan a lo convenido por el Constituyente Permanente.

Por otro lado, se insta al Poder Legislativo a fortalecer el marco jurídico que exige mayoría de edad o autorización de representantes legales para cualquier trámite de modificación registral, incorporando protocolos de evaluación especializada y mecanismos de protección reforzada hacia los menores de edad.

Desde Early Institute hacemos un llamado a los Poderes del Estado a conducirse en las áreas que les competen, ya que eso garantiza el contrapeso en las decisiones y el respeto a los derechos sociales.

Es por ello que solicitamos al Ejecutivo de la nación establecer políticas públicas y protocolos interinstitucionales que prioricen la prevención del daño y el acompañamiento psicosocial a niñas, niños y adolescentes, en particular en este contexto de posibles cambios en las actas de nacimiento.

Hay que recordar que el interés superior de la niñez es un principio constitucional no negociable y de estricta aplicación.

La baja en fecundidad amerita políticas públicas integrales

Se necesitan garantías para posibilitar el crecimiento de la población mediante derechos, equidad y sostenibilidad.

Uno de los fenómenos sociales que suelen llamar la atención en los últimos años es el descenso de la tasa de fecundidad.

Si bien la principal preocupación es que, de continuar con esa baja, se puede provocar un desbalance poblacional, las consecuencias y los retos van más allá de estos desequilibrios demográficos.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), México, como otros países de América Latina, enfrenta una caída en la tasa de fecundidad y el nivel de reemplazo se ubica por debajo de los índices requeridos para mantener el tamaño actual de la población.

De acuerdo con este organismo, la tasa global de fecundidad en América Latina es hoy de 1.8 hijos por mujer, y en México es ya de 1.89, muy por debajo del nivel de reemplazo, que es de 2.1.

Es por ello que se recomiendan políticas públicas de cuidado infantil accesible, permisos parentales y facilidades de reinserción laboral para padres y madres, así como diseñar sistemas de protección social y pensiones sostenibles frente al envejecimiento acelerado.

Es decir, se necesitan garantías para posibilitar el crecimiento de la población mediante el fortalecimiento de derechos, equidad y sostenibilidad.

Asimismo, habría que combatir las desigualdades territoriales y socioeconómicas para que todos los grupos, en México, tengan acceso a servicios de salud para conciliar trabajo y familia, que es una de las razones que frena el aumento de la fecundidad.

La emergencia es clara. De no elevar la tasa de natalidad, se presentarán afectaciones en la dinámica generacional, lo cual implicaría la presencia de una población envejecida.

Con ello no se lograría obtener el soporte laboral necesario para la dotación de pensiones y seguridad social, además de que el ámbito económico se vería mermado por la carencia de consumo.

Otro de los efectos se refiere a que, al tener una población menos joven, los cuidados serán más apremiantes y, en nuestro país, es todavía un sistema que se está configurando.

Desde Early Institute buscamos evidenciar que la baja en las tasas de fecundidad trae repercusiones que afectan a la población no solo en términos demográficos.

Esta problemática se asocia a crisis económicas, exigencias laborales y falta de apoyos que impactan en la calidad de la crianza.

Sin duda, hay una necesidad por generar políticas públicas integrales que protejan a la maternidad en el marco del respeto a los derechos fundamentales.

Hoy nos enfrentamos a un escenario que amerita acciones contundentes, pero sobre todo, motiva la adopción de mecanismos que se sostengan con el tiempo y aseguren el beneficio y cuidado de todas las familias.

Cuidar a quienes cuidan a otros es nuestra responsabilidad

Hace falta impulsar redes de apoyo a las mujeres cuidadoras, en tanto su estado emocional afecta la calidad de asistencia que brindan.

En México, el tema de los cuidados se ha fortalecido en los últimos años y hoy se tiene evidencia de varios de los fenómenos que ocurren a su alrededor. Uno de los rubros que debe considerarse cuando se trata de las personas que tienen a su cargo el cuidado de otros es su salud mental, en tanto hay un desgaste no solo físico, sino también emocional.

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer cifras en torno a la depresión y los cuidados. Según el INEGI, en 2022, cerca de cuatro millones de personas de 15 años o más que cuidaron a alguien de su entorno experimentaron sentimientos vinculados con la depresión. De esa población, 3.5 millones fueron mujeres.

El rango de edad más afectado fue el de los 60 años y más (24%), seguido por el grupo de 50 a 59 (17.7%) y, por último, el rango de 40 a 49 (12.7%).

Por su parte, el informe de Early Institute, editado en 2025, Cuidados para la primera infancia. Recomendaciones hacia la conformación del Sistema Nacional de Cuidados, confirma las afectaciones de las mujeres cuidadoras cuando no se tienen las condiciones necesarias para efectuar tal actividad con relación a la protección de niñas y niños.

“La sobrecarga de los trabajos de cuidado sobre las mujeres, la falta de recursos para satisfacer las necesidades de la niñez, las exigencias sociales sobre la responsabilidad femenina/materna y la falta de tiempo propio debido a las múltiples responsabilidades laborales y no laborales, tienen impactos negativos en la salud mental de las cuidadoras”.

Continúa el informe: “Las afectaciones a la salud mental y sobre el tiempo de las cuidadoras tienen repercusiones negativas en la calidad del cuidado infantil, con poca disposición para atender las necesidades emocionales y de cuidados de las hijas e hijos”, de ahí la necesidad por recibir ayuda lo más amplia y rápido posible.

En este sentido, el INEGI menciona que en 2022, en México, solo 891 mil personas mayores de 15 años que tuvieron a su cuidado a otra persona fueron a terapia para tratar “ansiedad, angustia, nervios y depresión”. Resalta que fueron los hombres (24.9%) quienes acudieron más a este servicio que las mujeres (22.1%).

Sin duda, este dato refleja que hace falta impulsar redes de apoyo a las mujeres cuidadoras, en tanto su estado emocional afecta en gran medida la calidad de asistencia que brindan a quienes tienen bajo su vigilancia.

Al respecto, el reporte Cuidados para la primera infancia señala que: “De acuerdo con González, Díaz Barreiro y Pérez (2021), los altos niveles de estrés pueden estar relacionados con crianza de menor calidad, así como una menor capacidad de respuesta o respuestas negativas hacia bebés, niños y niñas y menores probabilidades de aplicar métodos preventivos y prácticas de cuidado y seguridad infantil”.

En Early Institute sabemos que el bienestar personal es integral y que el descuido de una de las áreas fundamentales puede llegar a provocar un desequilibrio físico y emocional. En particular, cuando se trata de la seguridad de la primera infancia, es indispensable que sus principales protectores dispongan de apoyos para su labor.

De igual modo, la salud mental es un pilar en el desarrollo de niñas y niños y es responsabilidad de todos lograr que sus madres, padres y/o tutores reciban ayuda cuando su estado emocional se vea comprometido ante las exigencias derivadas de la atención familiar y crianza.