Uso de teléfono celular a temprana edad

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

La tecnología es una herramienta que se enriquece con una aplicación adecuada y respetuosa y en el cuidado de las niñas y los niños no hay mejor medida que la vigilancia.

En un mundo donde la tecnología es clave en la interacción humana, el uso de los teléfonos celulares es inevitable, sin embargo, ¿a qué edad es recomendable que se empiece a utilizar este dispositivo?

Si bien se reconocen las ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías, es un hecho que también hay amenazas que ponen en riesgo a los usuarios, en particular a los grupos más vulnerables.

Es por esto que hoy en día, padres y madres, se cuestionan sobre el momento más conveniente para que sus hijos e hijas comiencen a utilizar los dispositivos digitales más comunes, como lo es un teléfono móvil, el cual facilita también el acceso a internet y las redes. Pese a los esfuerzos por definir esta edad ideal, desafortunadamente no hay un acuerdo, en tanto los especialistas coinciden en que ello depende de las circunstancias en las que vive el niño o la niña y que podrían hacer pensar a sus padres que está listo o lista para asumir la responsabilidad sobre el uso del celular.

Lo anterior implica que no se puede generalizar, pues cada familia debe decidir según sus reglas y necesidades. Lo que sí hay son ciertos criterios que podrían orientar a los cuidadores de niños y niñas para dar inicio a esta práctica.

Al respecto, la especialista Leen d’Haenens, miembro de ySkills, un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea para maximizar el impacto positivo de las nuevas tecnologías en los jóvenes, señala que uno de estos parámetros tiene que ver con la madurez del posible usuario, es decir, qué tanto puede manejar su tiempo frente a las pantallas y resguardar su seguridad en línea. Otros criterios más se dirigen a plantearse la necesidad real de tener un teléfono para comunicarse con familiares o amigos, así como si se requiere para fines educativos. Un último criterio, de acuerdo con la investigadora, es definir si con el uso del celular su seguridad física está garantizada en caso de emergencia.

Estas son algunas pautas para decidir si ya es tiempo de dar un celular a los más jóvenes del núcleo familiar, sin olvidar la responsabilidad de los mayores en esta etapa. Es decir, hay que acompañar siempre a niños y niñas en el manejo de los dispositivos, empleando controles de seguridad y restricciones a ciertos contenidos.

Incluso la mayoría de las redes sociales han establecido como política que la apertura de una cuenta no sea por alguien menor de 14 años, lo que podría colaborar en la decisión de cuándo comenzar con un teléfono móvil.

En Early Institute sostenemos que la tecnología es necesaria para la dinámica social, motivo por el cual hay que alentar su uso responsable. Este tema sobre la edad idónea para proporcionar un teléfono celular a un niño o una niña es reciente y tiene que ver con el debate, a nivel global, de cara a la responsabilidad que tienen también las grandes empresas tecnológicas. Es indispensable la supervisión y la regulación en el manejo de los dispositivos móviles, ya que así como hay beneficios inigualables, hay a su vez daños irreparables que pudieran afectar profundamente a las personas. Sobre todo, hay que enfatizar que la tecnología es una herramienta que se enriquece con una aplicación adecuada y respetuosa y en el cuidado de las niñas y los niños no hay mejor medida que la vigilancia continua para prevenir experiencias que pudieran vulnerar su integridad física y emocional.

Mujeres en desventaja: Un mundo que les niega oportunidades

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

El Banco Mundial ha presentado un informe que ofrece una amplia visión de los derechos de las mujeres a nivel global. Revela que, en promedio, las mujeres gozan de menos del 64% de las protecciones legales que tienen los hombres. Esta diferencia se profundiza al considerar áreas críticas como la seguridad y el cuidado.

Una cosa que llama la atención es que, a nivel mundial, ninguna economía garantiza igualdad de oportunidades para las mujeres, incluso en países considerados económicamente avanzados.

En el informe se resalta la disparidad entre las leyes y su aplicación efectiva. Es decir, aunque muchos países han promulgado normativas para garantizar la igualdad, por ejemplo, en el trabajo, la falta de mecanismos de cumplimiento y transparencia limita su eficacia. Como resultado, la brecha salarial sigue siendo evidente, con las mujeres ganando en promedio solo el 77% de lo que ganan los hombres por trabajos similares.

Se afirma que uno de los aspectos más preocupantes es la seguridad de las mujeres. El informe destaca que existen amplios vacíos legales en problemas como la violencia doméstica, el acoso y el abuso sexual.

En el estudio se observó que solo alrededor de la mitad de los países proporciona apoyo a padres y madres para el cuidado de hijos pequeños, cuestión que limita las opciones laborales, sobre todo de las mujeres, quienes suelen asumir este tipo de responsabilidades familiares.

El informe subraya la importancia de cerrar las brechas de género no solo por motivos de justicia y equidad, sino también por sus implicaciones económicas.

Se afirma que aumentar la participación económica de las mujeres podría impulsar significativamente el crecimiento económico global. Se estima que cerrar la brecha de género en el empleo podría aumentar el Producto Interno Bruto mundial en más del 20%.

Finalmente, se enfatiza la necesidad de tomar medidas efectivas: garantizar la igualdad salarial, promover una cultura empresarial más inclusiva y equitativa, mejorar el acceso a servicios de cuidado infantil de calidad y, ante todo, asegurar que las normas existentes se cumplan.

Estas acciones no solo beneficiarán a las mujeres, sino que también impulsarán el desarrollo económico y social a nivel global.

Indigna la indiferencia ante la creciente violencia infantil

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Se nota que las autoridades en materia de seguridad pública, así como las responsables de la impartición de justicia, han quedado rebasadas por la realidad.

En las últimas semanas, hemos conocido los terribles casos de dos niñas mexicanas que perdieron la vida de la manera más atroz. Hablo de Camila, una pequeña de 8 años residente del barrio La Florida, en el municipio de Taxco, Guerrero, quien fue reportada como desaparecida y, luego, encontrado su cuerpo en una carretera. La presunta responsable fue linchada por los vecinos, provocando su muerte y dos de sus hijos fueron también agredidos, pero rescatados para ser puestos a disposición de las autoridades.

El otro lamentable caso es el de Madelaine, una niña de tan solo dos años que sufrió de maltrato excesivo hasta causarle la muerte por parte de su madre y padrastro. Sucedió en Durango y se sabe que su abuela ya había denunciado los abusos extremos que sufría Madelaine en su entorno familiar, sin embargo, las autoridades no le brindaron la protección debida. Hoy los responsables ya fueron sentenciados por el delito de feminicidio agravado.

Es de verdad indignante saber que estas situaciones son cada vez más frecuentes en nuestro país, lo que evidencia el fracaso del Estado mexicano por brindar una esfera de protección integral a niñas, niños y adolescentes que les garantice una vida libre de violencia.

Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se registraron 47 mil 462 homicidios a nivel nacional, de los cuales contra niñas, niños y adolescentes fueron 2 mil 37.

Sin duda lo que está ocurriendo pone de manifiesto diversos aspectos que nos deberían preocupar y alertar, pues hay una clara ineficiencia en varias líneas. Para empezar, se nota que las autoridades en materia de seguridad pública, así como las responsables de la impartición de justicia, han quedado rebasadas por la realidad social. La ciudadanía se ha percatado de esta problemática y ha iniciado a ejercer justicia por su propia mano. Por otro lado, la legislación y los procesos de impartición de justicia han reflejado no estar a la altura de las circunstancias y necesidades, pues hay fallas visibles en sus procedimientos. La nula perspectiva de niñez que impera en los procesos judiciales provoca que en la posible comisión de delitos en contra de niñas, niños y adolescentes no se garantice su interés superior. Por último, hay omisión, revictimización y falta de especialización de autoridades. Así quedó demostrado con las declaraciones del extitular de la Secretaría de Seguridad municipal de Taxco, en las que señaló una responsabilidad parcial hacia la madre de Camila por “no cuidarla lo suficiente”.

Todo este escenario amerita una revisión profunda que va desde el fortalecimiento de la capacidad y eficiencia del sistema judicial en los casos que involucren una posible vulneración de derechos en contra de niñas, niños y adolescentes hasta la especialización de funcionarios públicos y una protección real e integral a las víctimas de delitos y a sus familiares.

En Early Institute externamos nuestra preocupación e indignación por las deficiencias observadas en el tratamiento de los casos de Camila y Madelaine, así como de otras niñas mexicanas que son víctimas de violencia. Sobre todo, nos preocupa el silencio que se ha notado en las distintas plataformas electorales que no abordan el tema de manera expresa. Hoy da miedo que surjan más episodios como los descritos, pero es más aterrador y doloroso la indiferencia que se está observando ante la grave violencia infantil.

Feminicidio de niñas y adolescentes

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

Los lamentables hechos en Taxco, Guerrero, donde la niña Camila fue víctima de feminicidio, han revelado una serie de problemáticas de fondo en las que se evidencia un fracaso del Estado mexicano para proteger a niñas, niños y adolescentes y garantizarles una vida libre de violencia.

La muerte de Camila no es un caso aislado. Según el INEGI, en 2022 hubo 2,037 homicidios de niñas, niños y adolescentes. Tan solo en Guerrero ocurrieron 60 de ellos, y la situación es aún más alarmante en estados como Guanajuato y Michoacán, que juntos acumularon casi 500 homicidios.

En ese mismo año, se contabilizaron 1,553 feminicidios a nivel nacional, de los cuales 203 fueron de niñas y adolescentes. Es decir, como Camila, hay cientos de niñas y adolescentes a quienes se les arrebata la vida en nuestro país.

Este caso ha dejado nuevamente en claro la ausencia de un estado de derecho. Las autoridades responsables de la impartición de justicia han quedado rebasadas y la ciudadanía ha ejercido justicia por su propia mano, lo cual es un síntoma de un Estado que ha fallado en proteger a sus ciudadanos.

La respuesta tardía de las autoridades es muestra evidente de indiferencia y de procesos ineficientes. Ha sido patente la nula perspectiva de niñez que impera en los procesos judiciales, donde no contamos con ningún tipo de especialización para la atención de casos que involucren delitos contra niñas, niños y adolescentes, lo que conlleva a un fracaso en garantizar su interés superior.

No existen protocolos o mecanismos de actuación rápida para la detención de probables responsables, ni coordinación entre autoridades para agilizar procesos de puesta a disposición de ministerios públicos.

Desde Early Institute, expresamos nuestra preocupación y consideramos imprescindible:

Fortalecer la capacidad y eficiencia del sistema judicial, especialmente mejorar la respuesta de las autoridades de primer contacto.

Especializar a servidores públicos para garantizar una correcta atención y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Mayor congruencia entre las normas jurídicas y la realidad social, es decir, que las leyes y procedimientos sean aliados en la protección de víctimas, sobre todo cuando hablamos de niñas y niños.

Esperamos que Camila no sea un caso más y que, en estos tiempos de debates y campañas, se ponga a las niñas y los niños en el centro de las propuestas y acciones cruciales en el país.

1 de cada 6 adolescentes sufrieron #ciberacoso

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

La Organización Mundial de la Salud ha publicado recientemente los resultados de este estudio, "Health Behaviour in School-aged Children", revelando cifras preocupantes sobre el ciberacoso entre adolescentes. Según el informe, un 15% de los adolescentes encuestados ha sido víctima de ciberacoso, y este problema sigue en aumento.

Este estudio abarcó una amplia gama de temas, que incluyó el ciberacoso, la violencia entre compañeros, la salud mental, la actividad física, y otros aspectos fundamentales para comprender y mejorar la salud de esta población. Se concluyó que la violencia entre compañeros y el ciberacoso representan grandes problemas para los adolescentes, y la tendencia es a empeorar.

Los autores de este estudio destacaron que, aunque históricamente el acoso solía manifestarse de forma presencial entre iguales, las formas virtuales de violencia entre pares han adquirido una importancia considerable, especialmente desde la pandemia del COVID-19, cuando la interacción social de los jóvenes se trasladó principalmente al ámbito digital.

Este estudio se realizó en 44 países y representa una llamada de atención urgente pues, entre otras cosas, los investigadores expresan una preocupación especial por las autolesiones y el suicidio como consecuencias destacadas del ciberacoso a lo largo de los últimos años.

Se ha observado que el ciberacoso es más prevalente alrededor de los 13 años de edad y que hay un aumento significativo entre los adolescentes varones.

El éxito en la lucha contra el ciberacoso requiere una colaboración continua entre todas las partes implicadas, incluyendo adolescentes, familias, escuelas, comunidades y gobiernos. Se enfatiza la necesidad de mantenerse cerca del mundo digital de los adolescentes e incrementar sus habilidades para mitigar riesgos inminentes.

Finalmente, es necesario establecer sistemas de vigilancia nacionales para monitorear la violencia contra niñas, niños y adolescentes que permitan la actuación rápida y oportuna ante situaciones que vulneren su salud y bienestar.

Alabama, paradigma en Derechos Fundamentales

El Tribunal Supremo del estado de Alabama, en Estados Unidos, emitió un fallo que considera que los embriones congelados derivados de las Técnicas de Reproducción Asistida son niños, y, por lo tanto, sujetos de derechos y protección jurídica.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Hace poco, el Tribunal Supremo del estado de Alabama, en Estados Unidos, emitió un fallo que considera que los embriones congelados derivados de las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) son niños, y, por lo tanto, sujetos de derechos y protección jurídica.

Esta decisión se dio por un caso ocurrido en 2020, en el que un paciente de una clínica de Alabama tiró por accidente una caja de Petri que contenía embriones críopreservados. Las parejas que perdieron a sus embriones optaron por demandar a la clínica por negligencia, apegándose a la Ley de Muerte por Negligencia de un Menor.

La clínica se defendió alegando que esa ley no aplicaba porque “no se podía equiparar la muerte de un embrión fuera del útero materno, con la de un menor”. Una primera sentencia desestimó la demanda, sin embargo, los afectados recurrieron al Máximo Tribunal de Alabama, el cual dio un paso trascendental en el tema del derecho a la vida.

De acuerdo con el órgano judicial: los embriones congelados son niños; su destrucción podría derivar en consecuencias jurídicas para quien los dañe y de acuerdo con la legislación vigente, el responsable sí podría ser demandado por muerte injusta. De hecho, esta decisión anuló otra de un tribunal inferior en la que se sostenía que “los embriones no encajaban en la definición de un niño”. La conclusión de uno de los jueces que intervino en el caso fue tajante: “la Ley de Muerte por Negligencia de un Menor se aplica a todos los niños no nacidos, independientemente de su ubicación”.

Con este fallo, se da un importante avance en el reconocimiento de niñas y niños por nacer como sujetos de derecho, y de igual manera, establece una seguridad jurídica para los embriones congelados resultantes de las TRA.

Esta determinación por parte de un Tribunal Supremo posibilita el replanteamiento de la creación y transferencia de embriones, ya que todavía en la práctica se crean varios embriones y se acude a la reducción embrionaria para eliminar a los “menos aptos” e implantar los de “mayor viabilidad” para desarrollar el embarazo.

Desde hace más de una década en Early Institute hemos impulsado una legislación que prohíba la destrucción o manipulación de embriones. De igual modo, hemos trabajado para que se consideren los potenciales problemas de salud de los niños concebidos mediante estas técnicas. Hemos buscado la dotación de información a los potenciales padres de los riesgos antes de iniciar cualquier procedimiento basado en una TRA; la promoción del uso de técnicas que puedan minimizar estos riesgos, o alternativas a las mismas; y la prevención y la articulación de instrumentos para abordar los potenciales litigios futuros que puedan derivarse de esta práctica.

Sin duda lo ocurrido en Alabama es un gran esfuerzo en materia de protección de niñas y niños por nacer, así como de los embriones congelados resultantes de las TRA y un aliciente para mantener el interés por seguir impulsando leyes que garanticen el respeto de los derechos de todas las personas empezando por el principal, que es la vida.

Sistema de Salud: ¿Hacia dónde nos dirigimos?

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

Al concluir el presente sexenio, uno de los temas que ha ganado gran relevancia para evaluar los avances o retrocesos es el sistema de salud.

Durante estos casi seis años de gobierno actual, hemos sido testigos de un vaivén en el rumbo de nuestro sistema de salud, el cual aún no clarifica su futuro.

En primer lugar, la creación fallida del Instituto de Salud para el Bienestar, conocido como INSABI, que buscaba centralizar la atención médica para la población sin acceso a la seguridad social. Posteriormente, enfrentamos problemas con la adquisición de medicamentos y la controvertida instalación de la llamada megafarmacia, como respuesta al desabasto de fármacos y vacunas. Y por último, hemos visto un incremento en la falta de acceso a la salud, con un aumento del 16% al 39%, según el CONEVAL, entre 2018 y 2022, lo que significa que pasamos de 20 a 50 millones de personas que afirman no tener acceso a este derecho.

Como resultado, hemos observado un aumento en la utilización de servicios privados de salud, incluso entre la población con derecho a servicios públicos, independientemente del tipo de afiliación. Es decir, el gasto de bolsillo destinado a servicios médicos sigue en aumento.

Esto se manifiesta no solo en la preferencia de la población por acudir a farmacias locales para tratar enfermedades comunes como un resfriado, sino también en la atención de enfermedades graves para las cuales el sistema de salud no proporciona respuesta, obligando a las familias a incurrir en gastos catastróficos que afectan principalmente a los más desfavorecidos.

Indudablemente, es necesario alinear y mejorar un sistema de salud fragmentado. Como respuesta, los principales candidatos a la presidencia de la república enfatizan la universalización de los servicios públicos como la solución a todos los problemas.

Sin embargo, el camino hacia esta meta es complejo y la respuesta no puede limitarse a un simple decreto. Es imprescindible discutir sobre los métodos, evaluar lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal, establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Esas son las respuestas que se esperan de quienes aspiren a ocupar la presidencia de la república, ya que hablar de "acceso universal" en la actualidad suena a una solución genérica que no aborda las complejidades reales del sistema de salud.

Día Internacional de la Mujer

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer, como cada año, nos permitió presenciar una vez más los reclamos expresados en miles de pancartas, mantas y cartulinas, así como escuchar las voces que se alzan en busca de justicia e igualdad.

Lamentablemente, muchos de esos mensajes que resonaron con fuerza se repiten año tras año: madres en busca de hijas e hijos desaparecidos, jóvenes que han sido revictimizadas por nuestro sistema de justicia, adolescentes que simplemente desean sentirse libres y seguras en cualquier espacio público y dentro de su hogar.

El 8 de marzo no es un día de debates, críticas, aplausos ni felicitaciones. Para ellas, dicho por ellas mismas, es un día de hermandad.

Para el resto de nosotros, es un día para escuchar y reconocer que millones de mujeres en nuestro país sufren y están en riesgo de sufrir violencia desde una edad temprana, simplemente por el hecho de ser mujeres.

Son ellas quienes enfrentan una mayor discriminación en los espacios laborales, quienes continúan luchando contra las brechas de género, quienes soportan las mayores cargas de trabajo no remunerado ni reconocido y, en muchos casos, son el único sustento en uno de cada tres hogares en nuestro país.

Hoy contamos con importantes leyes como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que sin duda contribuyen a la protección de todas y todos, así como a la igualdad de derechos y obligaciones establecidos en nuestra Constitución desde hace cinco décadas.

Sin embargo, el Día Internacional de la Mujer no es solo un recordatorio de lo mucho que nos falta por hacer, sino también una oportunidad para conmemorar las luchas que inspiran a mujeres y hombres hacia una sociedad más justa. Donde las pancartas sean de nuevos desafíos por abordar, no de indignantes situaciones que se repiten año tras año

Cuidados paliativos: atención digna a enfermos terminales

Los cuidados paliativos conciben a la muerte como un proceso normal, esto es, que no anticipan o alargan innecesariamente el término de la vida del paciente.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Cuando se padece una enfermedad terminal o crónico-degenerativa suele pensarse en cómo evitar el dolor o sufrimiento del paciente. Es aquí donde intervienen los cuidados paliativos, que se caracterizan por ser medidas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los enfermos, en fase terminal, y sus familias.

Esto quiere decir que, con apoyo de un equipo multidisciplinario (conformado por médicos, psicólogos, trabajadores sociales, apoyo espiritual), se brinda una atención que ayude a mitigar la angustia y el dolor de los pacientes, respetando en todo momento el curso natural de la vida.

Los cuidados paliativos conciben a la muerte como un proceso normal, esto es, que no anticipan o alargan innecesariamente el término de la vida del paciente. De ningún modo, estos cuidados significan eutanasia o suicidio asistido, solo buscan garantizar a los enfermos en situación terminal su derecho a recibir una atención médica de calidad.

En México, la aplicación de los cuidados paliativos ha seguido una trayectoria importante, en la que Early Institute ha colaborado activamente. Se ha trabajado con la Secretaría de Salud para la emisión de normas oficiales que garanticen la atención médica a los enfermos terminales con estas formas de cuidado. También se ha participado en actualizaciones de guías y manuales que faciliten su aplicación. Asimismo, se ha contribuido en la difusión de su importancia y conocimiento mediante alianzas y campañas con instituciones de salud.

Actualmente, en el Senado de la República existen dos iniciativas en materia de cuidados paliativos, que siguen esperando su aprobación. Una es del senador Miguel Ángel Mancera (PRD) para reformar el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de incorporar el acceso a los cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades de situación terminal y protegiendo la salud en condiciones de dignidad. La otra iniciativa es de la senadora Nestora Salgado García (Morena) para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud sustentando, entre otros aspectos, que el tratamiento integral del dolor, como parte de la salubridad general, requiere acciones de carácter preventivo, curativo, paliativo y de rehabilitación.

En ese sentido, en Early Institute nos enfocamos a impulsar acciones que fortalezcan la adopción de los cuidados paliativos como un derecho de salud de todos los mexicanos. Para ello, apoyamos todas aquellas iniciativas federales y estatales que reconocen la importancia de los cuidados paliativos como política esencial en materia de salud. Principalmente, buscamos configurar los cuidados paliativos como una estrategia integral debidamente implementada dentro del Sistema Nacional de Salud e impulsar los cuidados paliativos pediátricos, visibilizando los derechos de niñas, niños y adolescentes. La atención de pacientes en situación terminal debe ser una muestra de respeto a sus valores individuales, sin excesos que produzcan daño y dolor, tanto en ellos como a sus familias.

 

 

Cuidados paliativos y la vida digna

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

Para muchas personas, el concepto de cuidados paliativos no les dice mucho. Sin embargo, quizás hayan tenido que enfrentar situaciones donde alguien cercano pudo requerirlos sin saberlo.

Los cuidados paliativos se ofrecen cuando alguien enfrenta sufrimiento grave debido a una enfermedad, especialmente aquellos que están cerca del final de la vida y a quienes ya no es posible curar.

Estos cuidados implican la intervención de un equipo interdisciplinario compuesto por médicos y enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales y de apoyo espiritual para aliviar el dolor del paciente y mejorar la calidad de vida.

Aunque la Ley General de Salud establece actualmente que los pacientes tienen derecho a cuidados paliativos y a recibir un trato digno, respetuoso y profesional dentro de clínicas y hospitales, e incluso la propia ley establece el derecho a recibir dichos cuidados en un domicilio particular, estamos muy lejos de que ello sea una realidad.

A miles de mexicanos no se les administran medicamentos que alivian el dolor, y mucho menos se les ofrecen servicios de acompañamiento psicológico y espiritual que están contemplados en la misma ley.

Con tristeza, sabemos que infinidad de personas que sufren enfermedades graves en fases avanzadas son enviadas a casa para terminar ahí su vida, sin ningún tipo de acompañamiento profesional que asegure que tendrán la mejor calidad de vida posible.

En este sentido, hace unos días la Senadora Nestora Salgado presentó una iniciativa que propone, entre otras cosas, establecer el tratamiento del dolor como un derecho universal y fortalecer los derechos de los pacientes enfermos en situación terminal.

Si bien desde Early Institute vemos con buenos ojos reforzar en nuestro marco normativo los derechos de los enfermos y sus familias, es más urgente incorporar los cuidados paliativos como una política esencial con infraestructura, presupuesto y capacitación dentro del Sistema Nacional de Salud del país, para que ninguna persona enfrente el sufrimiento de una enfermedad sin que el Estado haya hecho todo lo posible para que tenga una vida digna hasta el último momento.