Por Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute

Publicación original en Infobae

Es innegable que durante las últimas décadas, los esfuerzos globales para visibilizar y crear mecanismos de protección a los derechos de la niñez y adolescencia, se han potencializado dentro de los diversos sistemas jurídicos nacionales y locales. En mayor o menor medida, agencias internacionales, gobiernos, parlamentos y tribunales han desarrollado progresivamente instituciones y mecanismos jurídicos que apuntan hacia esa dirección.

La tendencia es clara y comienza a marcar ciertas pautas de moda. Hoy en día, al menos desde el discurso, prácticamente no se cuestiona la relevancia de invertir en la primera infancia como una estrategia efectiva para reducir sustancialmente los costos sociales de las naciones en el futuro. La literatura científica, también es categórica en ese sentido, cuanto antes se realice la inversión en la niñez principalmente a través de políticas públicas y presupuestos lo suficientemente amplios, mayor será el rendimiento social que se coseche en los años porvenir.

Al menos desde la mirada latinoamericana, casos emblemáticos pueden encontrarse en países como Chile, Colombia y Brasil, que sin lugar a dudas han desarrollado modelos institucionales considerados de avanzada a nivel regional, por su capacidad de configurar instituciones y delinear políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y los derechos que asisten a niñas, niños y adolescentes en nuestro continente.

Sin embargo, bajo el caleidoscopio de la realidad, la mera creación de leyes e instituciones gubernamentales para implementar políticas públicas a favor de los derechos de la infancia no garantiza per se ni es sinónimo de un avance efectivo en su tutela y protección. El terreno de la implementación resulta quizá la tarea más titánica.

La realidad, es que la infancia sigue sin ser considerada una agenda prioritaria dentro de la vorágine de coyunturas que predominan el debate político, económico y social de la cotidianidad. Antes bien, han tenido que ser los aparatos judiciales –con el margen de reserva que ello implica– los que a partir de litigios y resolución de controversias particulares en donde se involucran o ponen en juego los diversos derechos fundamentales de la niñez, interpretan o dan contenido y alcance a los principios de protección de la infancia.

Lo mismo ocurre en el terreno de la sociedad civil organizada, es quizá desde esa trinchera, donde de manera más visible y persistente se diseñan e impulsan iniciativas o proyectos encaminados a mejorar los procesos de incidencia en políticas públicas que permitan aterrizar a la realidad los derechos de la infancia y adolescencia.

Como botón de muestra de este desfase entre la formalización de las leyes e instituciones, y el ritmo que la realidad social impone, de acuerdo al Panorama de la Situación de Niñas y Niños en América Latina y el Caribe presentado por UNICEF en junio de 2019, en la región de América Latina muere un niño cada 3 minutos, casi el 52% de estas muertes se presentan tan solo durante los primeros días de vida; más de 5 millones de niños presentan desnutrición crónica; 1.1 millones de niñas y adolescentes entre 15 y 19 años han experimentado formas de violencia sexual, incluso desde la etapa de la infancia. Del mismo modo, cifras e indicadores muy poco alentadores pueden leerse en rubros como pobreza infantil; acceso a servicios de educación de calidad y desarrollo infantil temprano; mortalidad materna; embarazo infantil y adolescente, por mencionar algunos.

Esta situación se agudiza en el contexto de las incipientes democracias de América Latina, en donde otras problemáticas o temáticas sociales convergen en el contexto y adquieren por su naturaleza mayor notoriedad, predominando en el debate público y lógicamente en los procesos de participación social y toma de decisiones. Háblese, por ejemplo, de temas como el funcionamiento de las instituciones y la estabilidad de los sistemas políticos; la atención de los niveles de seguridad y violencia; la calidad de los sistemas educativos y de salud, la estabilidad en el empleo, entre otros rubros.

Bajo tal estado de cosas, pareciera que la infancia resulta ser una temática más dentro de la oferta de causas, diagnósticos y posibilidades que se presentan para el tomador de decisión (policy maker) como parte de su bandeja de posibles cursos de acción. Y quizás aquí es donde se encuentra el error de abordaje.

Esta lectura de la realidad, parte de una premisa inexacta que ubica a la promoción y tutela de los derechos fundamentales de la niñez como un tema aislado o inconexo dentro de la propia evolución de los sistemas democráticos y del desarrollo social de los países, como si se tratara de compartimentos estancos.

El tratadista argentino Emilio García Méndez, atinadamente señalaba: “los niños son buenos para la democracia”. Esta frase que resulta por demás sugerente ha encontrado eco en varios análisis sobre el contexto de la infancia en América, pues entraña una reflexión más de fondo que conviene traer a colación, en donde la relación entre el progreso y desarrollo de una sociedad democrática, encuentra un buen termómetro de referencia justo a partir de la efectividad y vigencia de los derechos de las nuevas generaciones.

No en vano, algunos textos constitucionales de nuestra región, incluyendo el de México, califican como de “superior” el interés inherente a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sobre este tema, habrá oportunidad de reflexionar en futuros espacios, pero sin duda, la actividad legislativa y gubernamental debe comenzar a perfilar con más urgencia y altura de miras, que el proceso de refundación del Estado –incluyendo la calidad de su vida democrática– comienza a partir de la construcción estratégica de un andamiaje amplio y sólido para el desarrollo favorable de la niñez y la adolescencia.

Es claro para quien escribe este texto, que esta tarea no es exclusiva ni debe quedar en manos únicamente del gobernante en curso. Ello sería un error fatal. Si algo ha de caracterizar a la agenda de niñez, es su enfoque transversal y la necesaria corresponsabilidad entre individuos, sociedad y gobierno para hacerla realidad. No podría ser de otra manera.

En los tiempos que corren, resulta esperanzador que las crisis y emergencias humanitarias, puedan servir como recordatorio para todos, sobre la importancia de reconstruir y enfocarnos nuevamente en lo esencial. Quienes creemos que la apuesta al cambio para lograr esto es la niñez, no lo hacemos desde un enfoque de activismo o de proselitismo político, sino convencidos de que es por esa vía por la que podemos construir puentes y abrir grandes avenidas hacia una modernidad más justa y humana.

Finalmente, al tratarse de la primera columna que se escribe para este importante medio de difusión en la región de América Latina, no quisiera dejar de agradecer a Infobae y a su comité editorial, por considerar a Early Institute dentro de este espacio que ofrece voz y posibilidades de expresión hacia lectores en diversos países de la región, lo cual asumimos no solo con gratitud, sino con la responsabilidad de incorporar contenidos y reflexiones útiles que abonen a generar un análisis crítico de nuestro entorno.

Deseamos que este primer texto, sea tan solo la parte inicial de una narrativa suficientemente amplia y productiva para el lector, que permita poner en el centro del debate cotidiano otros temas que consideremos centrales y se relacionan con la necesidad de mejorar la salud, cuidado, educación y protección de la primera infancia.