La obesidad infantil alcanza niveles críticos

Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de Méxic o

La obesidad infantil se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más urgentes de atender en México. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022, el sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes han aumentado entre un 5% y un 7%, dependiendo de la edad, en comparación con 2018.

Lo más preocupante es el aumento exponencial de prevalencias por edad: mientras el 7.7% de los niños y las niñas menores de 5 años presentan sobrepeso u obesidad, esta cifra se quintuplica en edades posteriores, ya que se presenta en el 37.3% de los niños y las niñas de 5 a 11 años y en el 41.1% de adolescentes de 12 a 19 años. Es decir sólo 6 de cada 10 adolescentes tienen un peso normal al entrar a la edad adulta, lo que presenta riesgos para su salud presente y futura.

Las consecuencias del sobrepeso y la obesidad en la salud física no deben pasar desapercibidas pues esta asociada con riesgos significativos de presentar enfermedades cardíacas, diabetes, cancer e incluso la muerte. Durante la pandemia del COVID 19 la obesidad y sobre peso fue considerado un factor significativo en la morbilidad y mortalidad.

De acuerdo con el estudio de BMJ Health titulado Impactos económicos del sobrepeso y la obesidad: estimaciones actuales y futuras para ocho países y publicado en 2021, los costos relacionados con la obesidad ascienden a aproximadamente 26 mil millones de dolares anuales. Estos costos incluyen gastos médicos directos, como hospitalizaciones y tratamientos, así como costos indirectos relacionados con la pérdida de productividad y el ausentismo laboral. Resulta preocupante que esta cifra equivale al 2.4% del producto interno bruto y se estima que para 2060 esta cifra casi se duplique alcazando el 4.14% del producto interno bruto de México.

La Alianza por la Salud Alimentaria, un grupo que agrupa a diversas organizaciones civiles y académicas, ha emitido un claro llamado de atención: si no se implementan medidas firmes para regular la venta de comida chatarra en las escuelas, medio millón de niños podría desarrollar obesidad en tan solo un año. Este incremento es atribuido en gran medida a la falta de regulación en los entornos escolares, donde se sigue permitiendo la venta de productos altos en azúcares y grasas.

Concretamente, la Ley General de Educación, especialmente en su artículo 75, establece que es responsabilidad de los directores y otras autoridades escolares asegurar el cumplimiento de las normativas sobre la venta de alimentos. Según la Ley, las cooperativas, tiendas escolares y comedores deben comprometerse a promover la salud y seguir las reglas establecidas, como la prohibición de la venta de comida chatarra. Además, se destaca la necesidad de fomentar estilos de vida saludables entre los estudiantes, promoviendo la activación física y una buena alimentación desde temprana edad.

Sin embargo, en la práctica la implementación de estos lineamientos ha sido deficiente por parte de las autoridades educativas. De acuerdo con la columna de opinion de Andrea Vega titulada Estiman Medio Millón de Niños Obesos en un Año por No Regular Venta de Chatarra en Escuela, la situación se agrava con el hecho de que, aunque existen lineamientos, estos no son de carácter obligatorio en todas las escuelas, lo que resulta en una aplicación inconsistente.

La resistencia de la industria alimentaria y de bebidas ha sido un obstáculo significativo para la implementación efectiva de estas políticas. Además, la regulación estipula que debe existir un Comité de Establecimientos de Consumo Escolar conformado mayoritariamente por madres y padres de familia. Sin embargo, en la gran mayoría de escuelas no está conformado este Comité.

Asimismo, existe una falta de recursos, supervisión y apoyo en las escuelas para implementar las normativas adecuadamente. Además, muchas instituciones educativas dependen de los ingresos generados por las cooperativas escolares, lo cual se vuelve un ciclo díficil de romper.

Desde Early Institute consideramos que las altas prevalencias en sobrepeso y obesidad en niñas, niños y adolescentes, así como la magnitud de los costos asociados subrayan la necesidad urgente de una acción coordinada.

Es imperativo que las autoridades educativas y de salud trabajen juntas para asegurar el cumplimiento de las regulaciones existentes y que se eduque a la comunidad escolar sobre la importancia de una alimentación saludable.

Desde la sociedad, es necesario incentivar el involucramiento de madres y padres de familia en el proceso y en los Comités escolares. Desde el gobierno también debe considerar políticas más integrales como incluir la implementación de impuestos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados para desalentár su consumo. Asimismo, debe reducirse la dependencia de los ingresos generados por las cooperativas escolares que venden comida chatarra a través de una mayor inversión pública en las escuelas.

Los datos son claros, se requieren acciones urgentes para revertir las tendencias y que las niñas, niños y adolescentes no paguen las consecuencias.

Incremento en trabajo infantil refleja falla en el sistema educativo y en políticas de protección social

Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

El trabajo infantil es una problemática persistente y compleja en México, afectando a millones de niñas, niños y adolescentes y generando profundas implicaciones en su desarrollo y comprometiendo su presente y futuro. Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aproximadamente 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes estaban involucrados en trabajo infantil, cifra que creció de manera alarmante en comparación con los 3.3 millones registrados en 2019. En la misma encuesta las niñas, niños y adolescentes señalan que los motivos principales por los que trabajan son solo por ayuda, para pagar su escuela o sus propios gastos y aprender un oficio.

El INEGI define el trabajo infantil como cualquier trabajo que priva a las niñas y niños de sus derechos, su potencial y dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Del total de niñas, niños y adolescentes trabajando el 48.6% está en ocupación no permitida que incluye actividades agropecuarias, minería, construcción, bares, basureros, horarios prolongados, el 42.9% incluye tareas domésticas no remuneradas en condiciones inadecuadas y el 8.5% se encuentra en ambos tipos de actividades.

En México, las entidades con las tasas más altas de trabajo infantil son: Guerrero, que encabeza la lista con un alarmante 24.5% de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que trabajan. Le sigue Chiapas con un 20.8%, y Nayarit con un 19.1%, Oaxaca con 18.5% , Michoacán con 18.0%, Puebla con 17.9%, Colima 17.0% y Zacatecas 16.7%.

La erradicación del trabajo infantil forma parte de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en donde se establece asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Desgraciadamente en México estamos lejos de alcanzar la meta.

De acuerdo con la ENTI 2022, tres de cada diez niños y niñas trabajadoras no asisten a la escuela, la falta de acceso a una educación adecuada impide a estos niños y niñas desarrollarse adecuadamente y adquirir habilidades y conocimientos que podrían mejorar su calidad de vida. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil perpetúa un ciclo de pobreza, limitando las oportunidades de educación y reduciendo las posibilidades de alcanzar un empleo estable y digno en la adultez. Los niños y niñas no deberían aprender a ganar dinero, deben ir a la escuela, es su derecho.

La situación del trabajo infantil no solo refleja una crisis en la protección de los derechos de los niños y niñas, sino también una falla en el sistema educativo y en las políticas de protección social. Estas cifras resaltan la urgente necesidad de intervenciones y políticas en zonas de alta incidencia.

Desde Early Institute, consideramos crucial implementar políticas integrales que no solo prohíban el trabajo infantil, sino que también mejoren las condiciones socioeconómicas de las niñas y niños. En línea con las recomendaciones de la OIT y la Declaración de Durban adoptada en la 5ª Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil en 2022, se recomienda:

Hacer realidad el trabajo decente para adultos y jóvenes que alcanzan la edad mínima de admisión al empleo
Poner fin al trabajo infantil fin en la agricultura
Prevenir y eliminar el trabajo infantil y el trabajo forzoso mediante respuestas políticas y programáticas basadas en datos
Hacer realidad el derecho de los niños a la educación
Lograr el acceso universal a la protección social
Aumentar la financiación y la cooperación internacional

La erradicación del trabajo infantil es un objetivo urgente y prioritario para alcanzar la justicia social y mejorar las condiciones de vida de millones de niños y niñas en México. Hacemos un llamado a la virtual presidenta electa para implementar políticas efectivas, que permitan que las trayectorias educativas de niñas y niños no se interrumpan, ni posterguen. El derecho a la educación se vive en las aulas.

Homicidios y feminicidios infantiles, emergencias desatendidas

Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

La violencia que azota a México se ha vuelto una realidad que nos exige acción inmediata.

Las métricas reconocidas a nivel internacional como indicadores para medir la inseguridad y violencia en un país son el número y la tasa de homicidios.

En 2022, de acuerdo con información del Censo Nacional de Procuración y Justicia Estatal publicado por el INEGI, en nuestro país se denunciaron y abrieron carpetas de investigación para 37.7 víctimas de homicidio por cada 100 mil habitantes (47,462). La tasa en México es siete veces más alta que la tasa mundial de 5.8 por cada 100 mil habitantes calculada en el Estudio mundial sobre el homicidio 2023 publicada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en México, definitivamente tenemos un problema de violencia.

Esta disparidad manifiesta una realidad lacerante que ha alcanzado a las niñas, niños y adolescentes que da como resultado 6 homicidios diarios contra esta población.

Según el Censo Nacional de Procuración y Justicia Estatal (CNPJE), en 2022 se registraron un total de 2,307 delitos de homicidio de niñas, niños y adolescentes en México. De los 2,037 homicidios infantiles y adolescentes, 377 fueron contra niñas y niños de entre 0 a 4 años, 246 tenían entre 5 a 9 años, 430 tenían entre 10 a 14 y 1,254 adolescentes de entre 15 a 17 años. Las cifras son desgarradoras y no podemos ignorarlas.

El problema requiere de esfuerzos focalizados, de acuerdo con la misma fuente, los estados con más de 100 homicidios infantiles y adolescentes tan solo en un año fueron Guanajuato con 255 homicidios, Michoacán con 236, Estado de México con 201, Jalisco con 183, Zacatecas con 181, Chihuahua con 122, y Chiapas con 106. Cada número, cada estadística, representa una vida perdida, una muerte violenta. No podemos permitir que esta violencia contra la infancia continúe.

Ante el escenario de violencia, no se puede dejar de mencionar la alarmante cifra de feminicidios en México que alcanzó en el último registro del CNPJE 2022: 203 feminicidios de niñas y adolescentes en México, lo cual implica que cada 2 días asesinan a una niña o adolescente por razón de género.

Todos estos datos resultan aún más impactantes cuando sabemos que en México existe una enorme cifra oculta en materia de violencia, de acuerdo con la Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad Pública ENVIPE 2023, el 92.4% de los delitos no se denuncian o no se abre una carpeta de investigación.

Desde Early Institute, expresamos nuestra preocupación por la alarmante situación que enfrenta la niñez en México, marcada por la falta de seguridad y protección. Los desafíos que enfrentamos son múltiples y requieren una acción urgente y coordinada por parte de las autoridades.

No se puede seguir con la ausencia de un estado de derecho efectivo. Las autoridades encargadas de la seguridad pública y la impartición de justicia han demostrado estar rebasadas por la realidad social, lo que ha llevado a una creciente sensación de impunidad y a la búsqueda de justicia por mano propia por parte de la ciudadanía, como lo observamos en el caso de feminicidio de Camila en Taxco.

Además, la legislación y los procesos judiciales actuales no están a la altura de las necesidades de la población, especialmente de la niñez. La falta de una perspectiva especializada en los casos que involucran a niñas, niños y adolescentes ha resultado en una respuesta deficiente por parte de las autoridades y en una revictimización.

Ante esta situación, desde Early Institute recomendamos: 1) Fortalecimiento del sistema judicial: Es fundamental mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades y contar con procesos más eficientes para proteger los derechos de la niñez. 2) Especialización de servidores públicos: Se deben implementar programas de formación y sensibilización para garantizar una atención adecuada a los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. 3) Apoyo y protección a las víctimas: El estado debe garantizar una protección integral a las víctimas y sus familias, brindando todas las medidas necesarias para su seguridad y bienestar. 4) Congruencia entre normas jurídicas y realidad social: Es necesario revisar y reformar la legislación para asegurar que se adapte a las necesidades reales de la sociedad y se aborden los retos específicos de cada región.

Es hora de que las autoridades tomen medidas concretas para proteger a la niñez mexicana. No podemos permitirnos seguir perdiendo vidas inocentes debido a la inacción y la falta de políticas efectivas, necesitamos construir un futuro más seguro y justo para nuestras niñas y niños de México.

La salud, un derecho inaccesible para 4.6 millones de niñas y niños en México

Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

La salud es un derecho fundamental establecido en la Constitución Mexicana. Sin embargo, este derecho se ha vuelto cada vez más inaccesible para las niñas y niños en nuestro país.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), una persona tiene carencia por acceso a la salud si no cuenta con adscripción o afiliación a las instituciones públicas de seguridad social como el IMSS, ISSSTE, Pemex, Ejército o Marina, a servicios médicos privados, o bien, no se encuentra afiliado o inscrito al Seguro Popular, o no reportó tener derecho a recibir los servicios que presta el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

De acuerdo con cifras del CONEVAL la carencia por acceso a la salud para toda la población pasó de 16.2% en 2018 a 39.1% en 2022. Resulta preocupante que la falta de acceso a la salud se profundice aún más en la primera infancia, niñas y niños de 0 a 5 años.

En 2018, según el CONEVAL, la carencia por acceso a la salud afectaba al 17% de las niñas y niños. Para 2020, esta cifra se había elevado al 30%, y en 2022, la situación fue aún más preocupante, con una carencia casi triplicada del 45%. En otras palabras, en 2022, casi uno de cada dos niñas y niños mexicanos no tiene acceso a la salud durante su primera infancia, lo que plantea una seria amenaza para su bienestar y futuro.

La desigualdad en el acceso a la salud es evidente cuando observamos las disparidades entre los estados de México. Los estados que más preocupan son Guerrero, Michoacán de Ocampo, Hidalgo, Oaxaca y Chiapas, donde más del 58% de los niños y niñas carecen de acceso a la atención médica adecuada. Mientras tanto, en estados del norte como Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chihuahua y Nuevo León, los porcentajes son significativamente más bajos, pero aún no alcanzan niveles óptimos.

Asimismo, resulta esencial profundizar y cuestionar lo que realmente implica tener acceso a la salud. A pesar de que algunas personas consideran que tienen acceso, existen numerosas barreras que dificultan su implementación efectiva. Los hospitales a menudo están distantes de los hogares rurales, el transporte es insuficiente y caro, la disponibilidad de personal médico calificado es limitada e incluso si las personas llegan al hospital, frecuentemente se enfrentan a la discriminación por condición social y étnica lo cual es una realidad preocupante.

Ante esta crítica situación, desde Early Institute consideramos es esencial tomar medidas urgentes y necesarias para abordar la problemática del acceso a la salud en México y particularmente para niñas y niños por su etapa de desarrollo crítico.

Se requiere una inversión significativa en la ampliación y mejora de los recursos materiales, incluyendo infraestructura, equipamiento y servicios de salud. Además, la capacitación del personal de salud de primer nivel es fundamental, especialmente en temas de acompañamiento familiar en salud, nutrición y desarrollo.

Para lograr una atención integral, es esencial establecer un sistema de salud gratuito para la niñez y contar con un sistema de información que permita un seguimiento efectivo. Se necesita dejar la noción de que la salud solo está asegurada para aquellos con empleo formal y en su lugar, debemos buscar la universalización de la salud para todas las niñas y niños.

Garantizar el acceso a la salud para todas las niñas y niños mexicanos debe ser prioritario. Por la crítica etapa de desarrollo en la que están, las niñas y niños de la primera infancia no pueden esperar más o estaremos comprometiendo su salud, bienestar y desarrollo en el corto y largo plazo.

Permiso de paternidad, crianza compartida

Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

La importancia de los permisos de paternidad en México tienen mucho que ver con la situación actual del cuidado, en la que se observa falta de reconocimiento de este derecho y un vacío del del Estado para garantizar el cuidado de millones de niñas y niños.

Ante la ausencia del Estado en este ámbito, es necesario abordar la desigual carga de cuidado que recae mayoritariamente en las familias y, particularmente, en mujeres y niñas quienes tienen que dejar sus actividades ya sea laborales o escolares para cuidar de niñas y niños. A este desafío se le suma la insuficiencia de oferta de intervenciones de cuidado y calidad en la existentes.

Ante este panorama, existe la necesidad de promover políticas públicas, programas y leyes que impulsen la participación activa de los padres en la crianza y el cuidado de sus hijas e hijos como son las licencias de maternidad, paternidad y parentales.

El impacto de un permiso o licencia de paternidad no debe ser subestimado. Frecuentemente se argumenta que son vacaciones para los padres sin que se vea el impacto real que tiene el hecho de que un papa pueda participar en la crianza y el bienestar de sus hijas e hijos, además del derecho de un niño o niña a que su papá le cuide.

Los beneficios del permiso de paternidad son innegables. Estudios realizados en otros países muestran que este tipo de políticas reduce las tasas de violencia contra las niñas y niños, contribuye al desarrollo de su autoestima y se establecen vínculos afectivos más sólidos. Se visto que mejoran el desempeño académico y tienen un impacto positivo en la salud y el desarrollo físico y cognitivo de las niñas y niños. Además de reducir la brecha del cuidado en términos de roles de género tradicionales.

Actualmente, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, este permiso permite a los padres trabajadores disfrutar de 5 días laborales para cuidar a su hija o hijo recién nacida o adoptada. Este permiso aplica para todos aquellos que cotizan en el IMSS y también se han ampliado sus alcances para los trabajadores del Estado.

Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes federales del Trabajo y de los Trabajadores al Servicio del Estado, ampliando el permiso de paternidad de 5 a 20 días laborables. Este es un paso importante hacia adelante para fomentar el involucramiento paterno en México.

El dictamen aprobado contempla que el permiso de paternidad podrá extenderse a un máximo de 30 días laborables en caso de que existan complicaciones posteriores al parto y que perjudiquen a la madre o al recién nacido. Dicho dictamen ahora se enviará al Senado para su ratificación y de ser aprobado se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

Es fundamental destacar que, aunque esta reforma es un avance significativo, aún queda trabajo por hacer y mucho tiene que ver con la distinción entre un permiso y una licencia. Por una parte, las licencias, como son las licencias de maternidad en México, son obligatorias, intransferibles y financiadas por la seguridad social mientras que los permisos, como el que se está reformando, no son obligatorios y son responsabilidad de la o el empleador.

Sin embargo, aunque no es idóneo, este cambio en la ley sí es un paso en la dirección correcta, en la reducción de la brecha de género en el ámbito laboral y del hogar hacia una distribución más equitativa de las responsabilidades de crianza entre madres y padres. Después de todo, México se encuentra rezagado en comparación con otros países de América Latina en este tipo de políticas como Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay y Venezuela otorgan más días a los padres trabajadores.

Desde Early Institute consideramos impostergable la ampliación del permiso de paternidad a 20 días laborables para fomentar la participación activa de los padres en la crianza de sus hijas e hijos. Los beneficios de esta medida son evidentes en términos de desarrollo infantil, igualdad de género y bienestar familiar. Esperemos que el Senado ratifique esta reforma y que continúen los esfuerzos para promover políticas que fortalezcan el cuidado de la primera infancia en México. Las niñas y niños no pueden esperar, diario crecen, diario se desarrollan, tienen el derecho a ser cuidados.

Redes sociales dañan a infancia y adolescencia

Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

En un mundo cada vez más interconectado por las redes sociales, la reciente demanda colectiva presentada por fiscales de 41 Estados y el Distrito de Columbia en Estados Unidos contra Meta, la empresa detrás de Facebook, WhatsApp e Instagram entre otros destaca un tema crucial: el impacto de las redes sociales en la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

Esta demanda no es un caso aislado. En el documento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. recientemente publicado Social Media and Youth Mental Health: The U.S. Surgeon General’s Advisory se refleja que aunque existen beneficios de las redes sociales como la conexión con comunidades, el acceso a información importante, y el apoyo social, no se puede dejar de lado la existencia de riesgos graves para la salud mental de niñas, niños y adolescentes, incluyendo depresión, ansiedad, así como, problemas relacionados con la imagen corporal y la salud física.

Según dicho estudio, pasar más de tres horas diarias en línea, duplica el riesgo de ansiedad o depresión. Además de que el uso frecuente de redes sociales puede estar asociado con cambios en el cerebro y aumentar la sensibilidad a recompensas y castigos sociales.

El problema se agrava por la falta de control por parte de proveedores de servicios y plataformas de redes sociales, así como también de la escasa supervisión parental. Por un lado, la edad mínima de 13 años para usar estas plataformas es una barrera fácilmente evitable. Por otra parte, el dominio digital por parte de las niñas, niños y adolescentes, la escasa alfabetización digital por parte de cuidadores y las tácticas de inteligencia artificial de las plataformas para mantener a las niñas, niños y adolescentes enganchados, dificulta enormemente la supervisión parental. Por ejemplo, el contenido es tan personalizado que incluso si una mamá, papá o cuidador quisiera monitorear el contenido al que accede su hija o hijo, no lograría llegar al mismo algoritmo que un niño, niña o adolescente cuando navega en redes sociales.

El tema es de la mayor relevancia también para México pues, de acuerdo con el INEGI, el 75% de las niñas y niños entre 6 y 11 años, y el 90% de los adolescentes de 12 a 17 años son usuarios activos de internet. Además, niñas y niños pasan más de 3 horas en internet diariamente, y los adolescentes más de 5 horas en promedio.

Frente a este escenario, la reciente firma del Pacto Nacional de Ciberseguridad en el Senado de la República representa un paso en la dirección correcta, donde actores públicos y privados se comprometen a poner mayores esfuerzos para brindar espacios seguros en el mundo digital. Sin embargo, queda la pregunta: ¿es suficiente?

La velocidad a la que evoluciona el mundo digital supera la capacidad de respuesta de nuestras leyes y regulaciones, es urgente priorizar la salud mental sobre todo en este grupo poblacional tan vulnerable.

Para proteger realmente la salud mental de nuestras niñas, niños y adolescentes, se necesita un enfoque multisectorial. Las empresas de redes sociales deben asumir una responsabilidad mayor en la protección de sus usuarios niñas, niños y adolescentes. Es urgente la implementación de alfabetización o educación digital para madres, padres y cuidadores y también la conciencia social sobre el tema debe formar parte fundamental de nuestro sistema educativo.

Es imperativo que reflexionemos como sociedad para evaluar nuestra capacidad de protección de las niñas, niños y adolescentes. La triste realidad es que nuestros esfuerzos han sido insuficientes, y si no logramos ser personas proactivas en la construcción de un entorno digital más seguro estaremos comprometiendo la salud mental no solo en el futuro sino en el día a día de niñas, niños y adolescentes.

El cuidado en México ¿responsabilidad de mujeres o del Estado?

Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

La reciente publicación de los resultados de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022, por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), arroja luz sobre temas cruciales que frecuentemente son subestimados en México: el trabajo no remunerado del cuidado, la falta de responsabilidad del Estado y la brecha de género en este ámbito. La ENASIC 2022 presenta una valiosa radiografía de la situación actual y plantea desafíos significativos que merecen atención.

Uno de los hallazgos más destacados es que en México, de los 58.3 millones de personas susceptibles de recibir cuidado, el 64.5% lo reciben de una persona de su hogar o de otro hogar. Esta estadística refuerza la noción de que el cuidado en México está fuertemente arraigado en las dinámicas familiares y se ha dejado de lado por parte del Estado.

Además, se señala que la mayor cobertura de cuidado está destinada a la primera infancia, niñas y niños de 0 a 5 años en comparación con personas con discapacidad y adultos mayores. En línea con ello, es importante mencionar que en recientes años, el cuidado durante los primeros años es considerado en el nivel de educación inicial, el cual es también un derecho constitucional. Sin embargo, es poco alentador observar que el 91.5% de las niñas y niños de 0 a 2 años no asiste a ningún centro de educación inicial/ guarderías y el 25% de las niñas y niños de 3 a 5 años a un centro de educación preescolar, el principal motivo señalado se refiere para no llevar a niños y niñas a es considerar a las niñas y niños muy pequeños para entrar a la escuela.

Los datos de la Encuesta también confirman el poco reconocimiento social que existe en la educación inicial. En cuanto a la percepción sobre los cuidados, es preocupante que el 42.7% de las personas de 15 a 60 años esté en desacuerdo con llevar a la población infantil a educación inicial, guardería o estancia infantil. Esto sugiere la existencia de percepciones arraigadas sobre el papel de la familia en el cuidado de las niñas y niños y delega por completo la labor del Estado.

Un aspecto preocupante que revela la Encuesta es la brecha de género en el cuidado no remunerado. Del total de personas que brindan cuidados, el 75.1% son mujeres. Esto refleja una desigualdad persistente en la distribución de la responsabilidad del cuidado, que sigue recayendo en gran medida en las mujeres.

Además, las mujeres dedicaron en promedio 37.9 horas a la semana en labores de cuidado, en comparación con las 25.6 horas de los hombres, esta diferencia de más de 12 horas semanales no solo subraya la carga desproporcionada que enfrentan las mujeres, sino también el potencial impacto negativo en su participación económica, en su calidad de vida y en su salud mental.

Resulta sorprendente que a pesar de las horas exhaustivas que dedican las mujeres al cuidado exista una tasa de participación económica de las mujeres de 15 a 60 años que brindan cuidados del 56.3%.

Desde Early Institute aplaudimos la labor del INEGI pues esta encuesta proporciona una visión detallada de los desafíos que enfrenta México en el ámbito de los cuidados.

Consideramos que para avanzar hacia la consolidación de un sistema de cuidados equitativo y eficiente, es fundamental abordar la brecha de género en el trabajo no remunerado de cuidado, garantizar el acceso a la educación inicial para todas las niñas y niños y promover una comprensión más amplia y positiva de la educación inicial y el cuidado institucional.

Más de 50 mil niñas, niños y adolescentes en casas hogar

Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

¿Cómo sabemos que la adversidad, la negligencia y el abandono tienen un impacto negativo en el desarrollo infantil? Uno de los estudios de caso más relevantes en esta materia es en niñas y niños institucionalizados en Rumania en la década de los 80s, los científicos descubrieron que en las casas hogar llenas de bebés reinaba un silencio y concluyeron que debido a que no hubo una interacción típica entre un cuidador y un niño, nunca se les atendió cuando lloraban y por ello optaron por permanecer en silencio. El estudio determinó causalidad entre negligencia y desarrollo infantil inadecuado y probó que el cuidado cariñoso y sensible puede atenuar los efectos de las adversidades a las que habían sido expuestas.

En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, hay 53,862 niñas, niños y adolescentes en los Centros de Alojamiento de Asistencia Social (CAAS) que, por diversas razones como la violencia, la pobreza, el crimen organizado, la migración, entre otras, no viven en un entorno familiar y se encuentran institucionalizados. Esta situación representa un desafío social de gran relevancia.

Lamentablemente en México, de acuerdo con el Coneval más del 10% de las niñas y niños están en pobreza extrema y alrededor de 1,780,000 que equivale al 6% de las niñas y niños de entre 1 y 14 años se les castiga con violencia severa semanalmente.

A lo largo de los años, se ha planteado la necesidad de evitar la institucionalización de niñas, niños y adolescentes, sobre todo, por el impacto negativo en el desarrollo de las niñas y niños por largos periodos de institucionalización. No obstante, es fundamental visibilizar que ante las realidades que existen en México, los Centros de Alojamiento de Asistencia Social (CAAS), si bien deben mejorar en muchos casos la calidad y condiciones de sus servicios, han jugado un papel clave en la vida de miles de niñas y niños como hogares de transición hacia una familia.

Sin duda, es esencial que estos CAAS sean un paso temporal para las niñas, niños y adolescentes y no un destino permanente. La meta debe ser que cada niña, niño o adolescente no regrese a entornos de violencia, pobreza y crimen, sino que transiten hacia la adopción o la reintegración familiar, proporcionándoles una vida de cuidado cariñoso y sensible y un cambio positivo en el corto y largo plazos.

Los CAAS albergan a miles de niñas, niños y adolescentes por lo que es fundamental que durante su estancia se les brinden las mejores condiciones posibles y asegurar que se cumplan sus derechos fundamentales como la educación, salud, nutrición, protección y sin dejar de lado su derecho a la recreación y al juego.

Sin embargo, existen diversas preocupaciones, por ejemplo, que un 21% de las niñas, niños y adolescentes institucionalizados no asistan a la escuela, y que este porcentaje sea aún más alto para la primera infancia, alcanzando un 38%, principalmente por la relevancia de esta etapa trascendental.

Estas cifras reflejan una realidad inquietante, pues lejos de poder disfrutar de un entorno familiar amoroso y estable, miles de niñas, niños y adolescentes institucionalizados pasan largos periodos de tiempo en las Casas hogar para menores de edad y no asisten a la escuela. Los datos muestran que solo el 31% de las niñas y niños reside en estos Centros por menos de 1 año, mientras que un 31% permanece entre 1 y 2 años, un 21% de 3 a 5 años y un alarmante 17% por 6 años o más.

Desde Early Institute, consideramos imperante redoblar esfuerzos para asegurar que las condiciones de estos Centros de alojamiento sean óptimas, y que sus estancias sean cortas, favoreciendo así procesos de adopción o reintegración eficientes que les permitan tener un cambio de trayectoria y lograr el desarrollo en un entorno familiar que les brinde cuidado cariñoso y sensible para atenuar los efectos adversos de su pasado. Se necesita de una colaboración interinstitucional de autoridades desde el ámbito legislativo y escolar, así como de instituciones y de la sociedad civil para mejorar la calidad en los servicios en beneficio del interés superior de cada niña o niño.

No dejemos que las niñas y niños que necesitan atención urgente y de calidad, reciban la peor. Debe ser nuestra prioridad cambiar la trayectoria de una niña o niño cuyos derechos han sido vulnerados y construir un futuro brillante que garantice el bienestar de la niñez mexicana. Logremos que las casas hogar se llenen de risas y juego.

Pobreza intergeneracional: la crisis silenciosa que afecta a las niñas y niños en México

Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

Lucía, una niña de 2 años en México, vive en situación de pobreza extrema. El ingreso en su hogar no es suficiente para poner alimento sobre su mesa. Su mamá y papá trabajan en el mercado informal, lo que les impide acceder a seguridad social, por ende a Lucía no puede asistir a una guardería; además no tiene acceso a la salud y tampoco servicios básicos en su vivienda como agua y drenaje. Como ella, existen 1 millón 261 mil 283 niñas y niños en situación de pobreza extrema en México.

Las evidencias neurocientíficas de la revista The Lancet de la serie de desarrollo infantil temprano, demuestran que la pobreza en la vida de una niña determina y define sus trayectorias a largo plazo. Vivir en condiciones económicas dispares afecta su desempeño cerebral, escolar, su trabajo, su salario y su salud en el futuro.

Lamentablemente, la pobreza ha aumentado en un 5% y la pobreza extrema en un 9% en 2020 con respecto a 2018, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). En términos de la vulneración de derechos sociales se observa un aumento severo en la carencia por acceso a la salud de niñas y niños de 0 a 5 años (77%), un incremento del 13% en el rezago educativo, y también subió un 2% la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

Uno de los aspectos que más preocupa es que el 60% de las niñas y niños de la primera infancia no tienen acceso a la seguridad social porque sus cuidadores están en el mercado informal, lo cual repercute en que no tengan un lugar asegurado dentro de la educación inicial. De esta manera, el ciclo de pobreza perpetua de una generación a otra dejando un entorno no favorable para la movilidad social, además de marcar una brecha de desigualdad desde la primera infancia.

Aunado a esto, en México tenemos una franja que divide norte y sur con una desigualdad abismal. En el norte, 3 de cada 10 niñas y niños se encuentran en pobreza, en contraste con el sur donde se alcanzan niveles de 7 de cada 10 niñas y niños de 0 a 5 años en situación de pobreza.

Ante esta preocupante situación, Early Institute y el Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI) han impulsado una mesa de discusión con expertos de Unicef, Coneval y el Pacto por la Primera Infancia, donde realizaron recomendaciones sustantivas para asegurar un mejor futuro para los niños desde su primera infancia.

Para combatir la pobreza, es recomendable ampliar la cobertura de programas de transferencias monetarias focalizadas. Estas políticas sociales han demostrado su efectividad en la reducción de la pobreza monetaria, el apoyo a la educación, la disminución del trabajo infantil, la mejora en la alimentación y la reducción de desigualdades de género.

Es esencial implementar estas políticas sociales con una perspectiva de crianza positiva en áreas con mayor desigualdad regional social. Además, se deben proporcionar servicios básicos complementarios, como vacunación, vigilancia del crecimiento y desarrollo, atención a la desnutrición, educación inicial y cuidado infantil, así como información sobre prevención de la violencia y crianza positiva.

El combate de la pobreza en la primera infancia es urgente y requiere políticas públicas efectivas para prevenir la pobreza intergeneracional. Las estadísticas son alarmantes, con más de la mitad de la población infantil viviendo en condiciones precarias y un cuarto experimentando carencias extremas en alimentación, salud, educación y vivienda. Necesitamos disminuir estos efectos adversos para que las niñas y niños puedan desarrollarse de manera adecuada.

La niñez mexicana ante la violencia sexual

Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

México.- La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes no es un secreto en México, sin embargo, actualmente no existe una fuente de información que permita saber cuántos agresores violentan de esta manera y a cuántas niñas, niños y adolescentes agreden.

Desde Alumbra, la comunidad colaborativa impulsada por Early Institute enfocada en la prevención de la violencia sexual infantil y adolescentes continúa con el monitoreo y análisis de este grave problema que vulnera los derechos de niñas y niños, por ello este junio 2023 lanza el Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

El informe arrojó que en 2021 se registraron 22 mil 410 víctimas de violencia sexual infantil en México, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, elaborado por el INEGI. Diariamente se cometieron 61 delitos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, de los cuales seis fueron niñas y niños menores de cinco años. Lo anterior, sin contar la cifra “oculta” de casos que no se denuncian.

Respecto al sexo, el 84% eran niñas y adolescentes del sexo femenino. El rango de edad con mayor frecuencia fueron niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 14 años fueron el rango más afectado, también es importante visibilizar que casi el 10% fueron niñas y niños menores de 5 años lo cual equivale 2,070 víctimas de violencia sexual durante su primera infancia.

Por otro lado, en el estudio también se analizaron los reportes de información de niñas, niños y adolescentes acudiendo a hospitales por diferentes formas de violencia que se concentran en la Secretaría de Salud. Se observó un aumento del 43% en niñas, niños y adolescentes que acudieron a una unidad de médica por alguna forma de violencia (física, sexual, psicológica o abandono). La violencia física aumentó un 29%, la violencia psicológica 49%, la violencia económica 78% y el abandono o negligencia aumentó de 2020 a 2021 registrando un total de 27, 489 casos de violencia infantil y adolescente tan solo en 2021 diariamente esto equivale a 75 niñas, niños y adolescentes acudiendo a hospitales. De los cuales, 8,172 fueron exclusivamente casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, que implicó un aumento del 48% con respecto a lo registrado en 2020.

El informe “Panorama estadístico de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes”, se analizó también la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh 2021), se encontró que 12 de cada 100 mujeres reportó haber sufrido alguna forma de violencia sexual antes de los 15 años.

Un dato muy revelador es que de 2016 a 2021, las niñas y mujeres que sufrieron algún tipo de violencia sexual pasó de 4 a millones 378 mil 40 casos a 6 millones 366 mil 948. Lo anterior equivale a un incremento de 45 por ciento en la violencia sexual sufrida durante la niñez y adolescencia, reportada por mujeres mexicanas. Además, 7 de cada 10 agresores de niñas y adolescentes son familiares; es decir las personas más cercanas a las niñas y adolescentes. Quienes ocupan los primeros lugares son los tíos y primos.

Para Alumbra, un proyecto colaborativo de Early Institute, es indispensable la generación y análisis periódico de indicadores de violencia sexual. Aunque se reconoce la labor de las fuentes de información, se enfatiza la necesidad de una encuesta nacional que permita cuantificar la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Sólo en la medida que se cuente con información de calidad será posible mejorar el diseño, implementación, y evaluación de programas y políticas públicas para así lograr prevenir y erradicar la violencia que sufren millones de niñas, niños y adolescentes en México.

Resulta indispensable generar estrategias basadas en evidencia, orientadas a la prevención y el fomento de la cultura de denuncia de delitos y disminuir la “cifra oculta”. La problemática requiere de la responsabilidad colectiva, mantenerse informado y saber cómo prevenir la violencia sexual infantil. Visita la plataforma alumbramx.org, ahí encontrarás herramientas para proteger a la niñez mexicana.