Por paradójico que esto hoy resulte, la llamada pluralidad política en México representa más un asunto a resolver que una solución en sí misma. Solo vasta con mirar el desorden de las políticas públicas en los distintos ordenes de gobierno, su intermitencia y la falta de planeación estratégica de largo plazo en temas torales como salud, educación, seguridad, con especial énfasis hacia la población más vulnerable.

Cuando este tema suele analizarse – sea desde un ángulo doctrinal o de opinión pública – casi siempre los reflectores apuntan hacia el comportamiento de los poderes federales, concretamente al Presidente de la República y el Congreso de la Unión, como si únicamente de estos actores dependiera el destino de la Nación.

Sin embargo, hay que decirlo, esta percepción no corresponde ni al tamaño ni a las necesidades de un país que en la práctica se teje desde la realidad local. La alternancia de partidos lleva ya algunos lustros instalada en nuestro país, siendo también un elemento distintivo al interior de las 32 entidades federativas y sus municipios.

En tal sentido, el proceso electoral que inició en septiembre de 2020 y que tendrá su momento decisivo en la jornada electoral del domingo 6 de junio de este año, representará una de las oportunidades más emblemáticas para la participación social que ha tenido la ciudadanía mexicana en su historia; considerando lo que hay en juego y la posibilidad de re-equilibrar la representación local en los asuntos de interés nacional.

¿Qué elegiremos en 2021? En principio se elegirán a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados a nivel federal, así como 15 gubernaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala y Campeche.

También desde lo local, esta elección servirá para renovar los congresos estatales en 30 entidades con excepción de Coahuila y Quintana Roo; ayuntamientos y alcaldías en 30 estados con excepción de Durango e Hidalgo, así como 4 entidades que elegirán cargos municipales como regidurías y sindicaturas.

Pero más allá del tamaño de la elección, creemos que la importancia de este proceso no estriba únicamente en la organización y desarrollo de un proceso meramente de renovación de puestos públicos.

Esta pandemia por COVID-19 y la situación mundial respecto del papel de los gobiernos locales frente a la preservación de la vida y salud de las personas, así como la estabilidad de la economía y la protección de la seguridad de la sociedad, pone de manifiesto que el voto ciudadano adquiere – probablemente hoy más que nunca – un nuevo matiz que deberá ser revaluado por las nuevas generaciones como la única moneda de cambio para lograr que las cosas sucedan en este momento de incertidumbre global.

Por ello, es válido afirmar que las elecciones de este 2021 representarán poco más que un mero trámite ciudadano. Se trata de una renovada oportunidad para exigir a quienes resulten electos, desde el primer momento de su mandato, la responsabilidad de atender de fondo las prioridades en materia económica y de derechos humanos de todos los mexicanos.

Progresivamente las Naciones, han desarrollado la idea de construir no solo gobierno abiertos, sino Estados abiertos, cuyas implicaciones no se limiten a mejorar los procesos de obtención de datos y acceso a la información que producen los entes públicos, si no a dar pie a todo un ejercicio cultural – incluso educativo – que permita el involucramiento, escrutinio y participación de los ciudadanos en el diseño y ejecución de las políticas públicas, sin importar si estas derivan de un gobierno, congreso o tribunal.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha definido al Estado abierto como la capacidad de implementación de políticas públicas innovadoras que permitan crear una nueva cultura de confianza hacia la ciudadanía, a través de esquemas de nueva generación tales como la modernización de la gestión pública y la aplicación de tecnologías de información a los procesos de gobernanza.

Ciertamente en México este tema no representa una novedad. A la par de los avances en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, desde 2011 nuestro país forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), iniciativa multilateral integrada gobiernos de todas las latitudes y organizaciones de la sociedad civil cuyos objetivos consisten justamente en impulsar modelos de gobernanza abiertos y horizontales para mejorar la colaboración entre la ciudadanía y las instituciones públicas a través de cuatro ejes fundamentales: transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y en el caso de México desde hace una década se han implementado algunos planes de acción que establecen compromisos enfocados a la apertura de todos los estratos del orden publico, con énfasis en elevar la calidad de vida de la población y la efectiva tutela de los derechos humanos.

Pero más allá de estas referencias, resulta evidente que el reto de construir un auténtico modelo de Estado abierto – al menos en México – representará una tarea que desdobla la meta de crear leyes y diseñar o replantear estructuras burocráticas.

En realidad, la apertura del Estado debe ser vista como un proceso progresivo de carácter más bien colectivo, en donde no solo de las instituciones públicas dependa la posibilidad de generar espacios y encontrar nuevas formas de interacción o comunicación entre el gobierno-sociedad y viceversa. Aquí, las organizaciones de la sociedad civil tendremos un papel crucial en las próximas décadas.

Por la novedad del tema, queremos proponer al lector dedicar los siguientes espacios a dos elementos que derivan de esta reflexión inicial: el parlamento y la justicia abierta. Tópicos que desde la experiencia de Early Institute comenzarán a dar mucho de que hablar sobre todo a partir de la necesaria apertura tecnológica en la que se encuentra la sociedad global.

Una de las conclusiones del diagnóstico enfatizaba la necesidad de mejorar el acceso y calidad de los servicios que afectan especialmente a los niños de los hogares más pobres y marginados del país en políticas como salud, alimentación, educación y prevención de la violencia.

Si bien la recomendación de UNICEF admite amplísimos márgenes de acción, es evidente que la prestación de servicios sociales de calidad hacia la infancia y adolescencia devela – en el fondo – que es imperativo fortalecer la coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, al tiempo que asegurar la dotación de recursos suficientes para emprender políticas públicas de alto nivel, especialmente en los estados y municipios.

Sería ingenuo pensar que por el simple hecho de estar previstos en la ley, los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, funcionan por arte de magia y de manera automática. En la práctica se ha comprobado que su puesta en marcha requiere poco más que la voluntad legislativa y la participación de los colectivos sociales.

La realidad es que a 7 años de haberse creado los mecanismos de protección previstos en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes estatales, su funcionamiento y efectividad ha sido precario e intermitente; en algunas regiones del país prácticamente es nulo.

Revertir esta situación no solo es tarea de la federación y las políticas centrales. Creemos, existe un actor clave que puede ser factor determinante para superar esta especie de “inacción pública” que se observa en la protección integral de la infancia mexicana. Nos referimos a los gobernadores de los estados.

El gobernador de cualquier entidad federativa es una pieza clave en el engranaje del sistema político nacional como responsable de los intereses generales de los estados y de la población en las localidades; posee el carácter de mandatario del mismo y funge también como un líder de gestión y dirección de asuntos de diversa índole que se hacen valer ante la Federación, los municipios, congresos y otras instituciones o personas jurídicas públicas o privadas.

Además de sus funciones esencialmente políticas, en la práctica los gobernadores cuentan con atribuciones suficientes para articular e imprimir dinamismo entre su gabinete y demás actores sociales involucrados en los sistemas de coordinación locales, como es el caso de los sistemas y procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes.

De los gobernadores depende, en buena medida, que dichos espacios dejen de ser meras figuras decorativas o burocracias adicionales, para convertirse en auténticas mesas de trabajo con el impulso presupuestal suficiente desde las cuales se diseñen, implementen y evalúen las políticas orientadas a la protección de la infancia.

En pocas semanas, 15 entidades de la república habrán de elegir precisamente a sus nuevos gobernadores, casi la mitad del gobierno territorial del país. Con ello se abre una nueva oportunidad de replantear las prioridades y la configuración de las agendas públicas.

Quienes estamos convencidos de que 40 millones de niñas, niños y adolescentes representan la mejor inversión para México, habremos de depositar en esta nueva generación de ejecutivos estatales un voto de confianza, pero al mismo tiempo, un margen de fiscalización ciudadana a su acción de gobierno si esta agenda no es atendida.

Son tiempos en donde se requiere volver a lo esencial y las nuevas generaciones nos necesitan, quizá, más que nunca.

No resultó novedoso que el proyecto presentado por la ministra Norma Piña y aplaudido por la mayoría de sus pares, tuvo como fundamento una visión meramente ideológica y un abordaje de escritorio.

Con argumentos parciales proporcionados por las organizaciones e informes de siempre, se brinda al máximo tribunal una supuesta idea basada en “derechos y progresividad” la cual da la espalda a una práctica que se encuentra visiblemente documentada a nivel global, y que ha sido objeto de múltiples recomendaciones de organizaciones internacionales por el mercado de lucro, trata, explotación y abuso de que son objeto mujeres y niños.

Bajo el lente de la realidad nacional, el proyecto de la ministra Piña ignoró que Tabasco es una de las entidades con los indicadores más significativos de rezago, pobreza y desigualdad social. Pasó por alto que las mujeres jóvenes captadas por las clínicas y orilladas por condiciones precarias en las que viven, se encuentran a merced de su situación económica y son obligadas a firmar contratos que atentan contra su dignidad y derechos fundamentales.

Sobre todo, el proyecto de resolución hizo a un lado el hecho incuestionable de que las niñas y niños que nacen bajo esta práctica son tratados como meros objetos de comercio, vulnerando sus derechos humanos más elementales como lo son: el derecho a la nacionalidad, a la identidad, a conocer su origen genético y/o biológico, así como a permanecer con su familia de origen.

El activismo y la ideologización que propenden resoluciones judiciales como la que nos ocupa, no pueden tener cabida en nuestra Corte pues desnaturaliza la esencia de su función como tribunal constitucional de los derechos humanos. Máxime cuando en el tema se cuentan con parámetros internacionales obligatorios como la Convención de los Derechos del Niño, protocolos y recomendaciones que expresamente advierten los riesgos de la explotación reproductiva.

Ante este escenario, no está de más vislumbrar los horizontes del derecho y no de la política. La voz disonante del Ministro Presidente Arturo Zaldívar durante la discusión, resulta un precedente esperanzador, pues fue la única ponencia capaz de ver más allá de la bruma del discurso ideológico, para señalar con impecable rigor técnico todo lo que resta por analizar, discutir y legislar sobre el tema.

Sobre todo, para responder a la imperiosa prioridad de ubicarnos en el mirador de la protección de los derechos de niñas y niños, porque ese es el camino de una sociedad justa con derechos y dignidades plenas.

En este último eje, desde Early Institute hemos apostado a que el diseño de todo plan de política pública y acción gubernativa ponga en el centro los derechos de las futuras generaciones; no como un tema de causas o banderas, sino como una apuesta estratégica de inversión y retornos sociales efectivos.

Particularmente en materia de niñez, quizá sirva a las gobernadoras y gobernadores electos durante este periodo de transiciones, echar una mirada al andamiaje institucional que durante la última década se ha construido en el estado de Yucatán.

Además de ser una entidad referente en materia de prevención de delito y seguridad ciudadana, Yucatán representa hoy por hoy uno de los pocos estados que han sabido llevar a la práctica – no solo en los derroteros del texto legal – la colaboración institucional y la planificación de políticas a largo plazo en favor de niñas, niños y adolescentes.

Ello se observa porque en Yucatán, el papel de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA) no es decorativo y muestra signos de madurez institucional. Se trata de una instancia especializada, con funcionarios capacitados que comprenden la necesidad de coordinación efectiva hacia el resto de las instituciones clave como la Fiscalía de Estado, el Sistema Estatal de Educación, la Secretaria de Salud, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y desde luego el congreso local.

Hoy en Yucatán, las autoridades estatales cuentan con información al mismo nivel en cuanto a las formas y tiempos para actuar con mayor efectividad, apegadas a plazos legales y conocen el papel de otras instancias vinculadas con la atención de los derechos de niñas, niños y adolescentes, lo que permite dar una atención idónea a sector de la población.

Pero quizá, el gran acierto de Yucatán en materia de niñez ha sido escuchar a la sociedad civil e involucrarla en la hechura de sus políticas públicas.

Esto ha sido posible, por ejemplo, gracias a la experiencia y trabajo colectivo de organizaciones como la Red de Protección a la Infancia de Yucatán integrada por asociaciones civiles, médicos, especialistas, padres de familia y maestros, quienes desde hace varios años, mantienen un diálogo permanente y constructivo con las instituciones locales para mejorar y revisar los mecanismos de protección de niñas y niños en dicha región.

Es una buena noticia que existan estos referentes en el país, ojalá la experiencia de Yucatán sirva como punta de lanza y sea revisada como una buena práctica a nivel nacional que permita incluir como prioridad la protección de niñas, niños y adolescentes en los planes y programas de los 15 nuevos gobiernos estatales que habrán de tomar posesión este año.

Me refiero a un hecho de particular significación política para el país en momentos en que, por primera vez en nuestra historia, a partir de enero del próximo año, asumirán el Poder Ejecutivo estatal un número importante de mujeres, posiciones a las deberá sumarse las correspondientes estructuras de la administración pública, así como las asambleas legislativas y ayuntamientos.

Con cierta proclividad y no menos profundidad, se han escrito diversos análisis que documentan el papel histórico de la mujer y su esfuerzo ascendente para ocupar espacios de decisión en el ámbito público. Sin embargo, el propósito que persiguen estas líneas consiste en colocar los reflectores a un suceso de tal envergadura para no caer en el error de considerarlo meramente coyuntural, pues la llegada de seis mujeres gobernadoras, más la jefa de gobierno de la Ciudad de México, constituye un detonante para impulsar cambios favorables en la forma de conducir las políticas estatales.

Además de la capital del país, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero y Tlaxcala, estarán gobernados por mandatarias que les caracteriza un bagaje de experiencia en la arena pública lograda a través del trabajo social y partidista, que abre la puerta para oxigenar la de por si atribulada congestión del mal gobierno local, acentuado por una reciente generación de gobernantes que pasó del escándalo a la cárcel por contubernios abiertos o simulados con el crimen.

La oportunidad a que hago referencia, permitirá con el liderazgo de las gobernadoras, configurar esquemas de gobierno bajo una visión vanguardista y con profundo sentido social, especialmente en favor de las poblaciones vulnerables como la niñez, las mujeres y los adultos mayores.

Además, no menos relevante es el hecho de que por primera vez la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), tendrá una participación con mayor presencia de mujeres. Será interesante ver si las mandatarias logran reavivar con sentido práctico y nuevo enfoque, la razón de ser de esta plataforma de colaboración intergubernamental frente a los retos del federalismo mexicano y considerando que desde ahí pueden impulsarse políticas con impacto no solo en la agenda local, sino en regiones estratégicas del país.

Tampoco debemos menospreciar los retos que enfrentarán las nuevas gobernadoras al asumir su gestión, pero en nuestra opinión dos de ellos pueden significar un punto de inflexión si logran abordarse con prioridad y estrategia.

Primero, atender las desigualdades sociales y avanzar en la tutela efectiva de los derechos humanos, cuya brecha se ha incrementado ante el contexto de las medidas dictadas para contener la pandemia por COVID-19. En este rubro, las gobernadoras – por su perfil y liderazgo natural – contarán con legitimidad y respaldo social para impulsar políticas de fondo que resuelvan los problemas de salud, educación, violencia y empleo.

Y, en segundo lugar, como hemos insistido desde la misión institucional de Early Institute, tenemos la convicción que las gobernadoras pueden hacer una apuesta estratégica en materia de inversión social para la seguridad y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, dando pie a nuevos planes y esquemas de gobierno que coloquen en el centro las políticas de cuidado y protección hacia las nuevas generaciones.

Desde luego que no se lanza una apuesta al vacío. Las gobernadoras, como quienes gobiernan en cualquier ámbito, necesitan asumir con valiente autocrítica, los graves riesgos que han llevado al país a potenciar la problemática en rubros que son vitales para una convivencia democrática y valores sociales. Si bien las gobernadoras tienen el uso de la palabra, la acción es corresponsabilidad de todas y todos.

El estudio menciona datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH) 2016, que enfatiza un porcentaje muy alto, el 17.3% de las mujeres que laboraron en los últimos 5 años, sufrieron alguna forma de discriminación laboral relacionada al embarazo. Al desagregar este porcentaje, se observa que la discriminación laboral por embarazo comienza incluso antes de estar embarazadas. El 11.5% de las mujeres que trabajaban les pidieron una prueba de embarazo para entrar y al 3.6% una prueba para poder continuar en su puesto.

Lógicamente, la discriminación se hace más grave cuando la mujer reporta estar embarazada; al 3.1% de las mujeres con un embarazo las despidieron, al 2.7% no le renovaron el contrato y al 1.6% les redujeron su sueldo o sus prestaciones.

Aunque las cifras anteriores reflejan las formas más comunes de DLE, el estudio cualitativo a partir de casos reales, da visibilidad a otras formas que también constituyen esta forma de discriminación y que poco se conocen: el acoso y hostigamiento por razón de embarazo, descuento económico por ejercer licencias médicas, obligación de trabajar en periodo de incapacidad, cambio de condiciones laborales, no ser contemplada para ascensos, interrupción o no renovación del contrato en el periodo de incapacidad, obligar a realizar labores que ponen en riesgo la salud de la madre y el hijo(a) y el despido.

Las cifras son alarmantes y el el fenomeno de la DLE persistente. Además, resulta trágico que la inmensa mayoría de los casos no son denunciados, investigados, ni sancionados; pareciera que las leyes existentes solo promueven “derechos fantasmas”, pues al final del día no se da una respuesta adecuada a las millones de mujeres que sufren de discriminación laboral por embarazo a diario. Las mujeres embarazadas aguantan día con día el hostigamiento y acoso por parte de sus empleadores, quienes intentan orillarlas a renunciar.

Este tipo de conductas tienen serias consecuencias, en términos de salud en la mujer, por el desgaste emocional de los conflictos que incluso genera un estrés tóxico que impacta a la salud y bienestar de la madre y el bebé, sin mencionar que el riesgo puede atentar incluso contra la vida del hijo o hija por nacer. En términos sociales, por la vulneración de derechos no sólo laborales si no al trato digno, igualdad de oportunidades y de trato y a la protección de la maternidad; y en términos económicos por la carencia de ingresos por una pérdida o reducción de un salario.

Invariablemente este es un tema que nos aqueja como país, pues existe una discriminación de género desde el momento en el que se tiene una percepción distinta entre lo que percibimos como maternidad y paternidad. Mientras a los hombres se les considera personas responsables cuando se convierten en padres y hasta se les asciende, a las mujeres se les castiga, acosa, y hostiga dentro del ambiente laboral, incluso desde antes de estar embarazadas. El problema real es que se menosprecia el rol y la trascendencia de la maternidad en la sociedad.

Es necesario poner fin a las percepción social de que la maternidad es una desventaja. Los estudios evidencian que las mujeres que han sido apoyadas durante su embarazo, parto y lactancia se encuentran significativamente más comprometidas con la productividad en las empresas. No se puede retrasar el impulsar acciones y estrategias que propicien la integración de la maternidad en el ambiente laboral. No podemos seguirle fallando a las mujeres y madres mexicanas.

Por ello, desde Early Institute se hace un llamado a los tomadores de decisiones, a las autoridades de primer contacto, instituciones y organizaciones empleadoras, para que se garantice que este tipo de conductas, que afectan a millones de mujeres en todo el país se puedan erradicar con la implementación de estrategias integrales y con perspectiva de género y de derechos humanos.

Por otro lado, se enfatiza que si bien la raíz de la producción, distribución y almacenamiento del material de abuso sexual infantil (MASI) puede suceder a partir de casos de trata de personas y explotación sexual infantil; el MASI también puede derivarse de diversas formas de violencia sexual que implican riesgos para niñas, niños y adolescentes.

Formas de violencia como el grooming, que son un conjunto de técnicas que utilizan los depredadores para captar a niñas, niños y adolescentes a través de perfiles falsos con el objetivo de obtener una imagen o video sexual; o el sexting, una práctica extendida entre adolescentes en la que se intercambia imágenes o videos de contenido sexual que puede ser posteriormente compartido a innumerables personas sin la autorización de la víctima.

De acuerdo con el informe de Alumbra, 6 de cada 10 adolescentes mexicanos(as) reportaron que los y las agresoras eran desconocidos para ellos. También 1 de cada 4 reportaron a amigos(as) o compañeros(as) de clases como sus agresores.

Este tipo de situaciones tienen consecuencias que muestran una realidad para millones de niñas, niños y adolescentes que permanecen callados y viven la violencia en silencio. El daño resultante de sufrir estas violencias es severo, algunas de las consecuencias incluyen depresión, ansiedad, baja autoestima, desconfianza, cambios de humor repentinos y bruscos, bajo rendimiento académico, aislamiento social e incluso, el suicidio.

Ante semejante reto, diversas organizaciones se reunieron el 11 de febrero, en el marco del día internacional del internet seguro, en el “Encuentro Internacional por un Mundo Digital Libre de Abuso Sexual Infantil” organizado por Fundación Pas, INHOPE y Te Protejo México.

La línea Te Protejo México es innovadora en nuestro país, cuenta con el respaldo de INHOPE -una red mundial de líneas de reporte-, que a través de alianzas con organizaciones como la International Criminal Police Organization (Interpol) permite la eliminación de material audiovisual de abuso sexual infantil, a través de cinco pasos: 1) reporte ciudadano, 2) análisis de contenidos, 3) envío a plataforma internacional INHOPE, 4) aviso a las autoridades nacionales e internacionales, lo anterior para lograr su 5) eliminación.

Los datos son claros, es necesario facilitar y mejorar los canales de reporte de la violencia sexual en el mundo digital.

A partir del fortalecimiento de canales para que cuidadores, mamás, papás, docentes, así como los propias niñas, niños y adolescentes puedan reportar la violencia digital, se logrará una mayor protección que evite la vulneración de sus derechos y permitirá una navegación más segura. Por tal razón, se hace un llamado colectivo a reportar cualquier material de violencia sexual en la dirección electrónica Te Protejo México: www.teprotejomexico.org.

Solo en la medida en que se puedan abrir estos canales de reporte, se logrará disminuir la intensa revictimización que sufre la niñez y adolescencia de nuestro país y las severas consecuencias a las que se enfrentan. Acércate, protégelos y reporta #quenocaiganensusredes.

Las investigadoras convocantes mencionaron cifras impactantes de la problemática. “Sabemos que 1 de cada 10 mujeres reportaron haber sufrido de alguna forma de violencia sexual antes de cumplir los 15 años” de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones de los Hogares.

Además, en 2020, se registraron diariamente casi 60 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, que tienen una carpeta de investigación, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración y Justicia Estatal.

Por último, en 2020, diariamente 15 niñas, niños y adolescentes acudieron a una unidad médica requiriendo atención, debido a una lesión causada por violencia sexual, actos que reflejan algunos de los casos más graves de la violencia en mención, de acuerdo con datos de la Dirección General de Información en Salud.

En el evento se recalcó que una de las principales limitaciones para la medición de la violencia sexual es el subreporte, pues de acuerdo con UNICEF, las niñas, niños y adolescentes no admiten o declaran haber sufrido violencia sexual hasta la edad adulta e incluso, a veces, permanecen en silencio toda su vida.

Además, se enfatizó la elevada cifra oculta, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, 2021, el 95% de los delitos sexuales no se denuncian o no se abre una carpeta de investigación.

Por ello, las organizaciones e instituciones reunidas coincidieron en que es urgente contar con más y mejores datos sobre la violencia sexual infantil, a pesar de las limitaciones como el subreporte y la cifra oculta. Así, el trabajo coordinado entre el Centro de Excelencia de la UNODC-INEGI y Early Institute, continuará a través de una ruta de trabajo para lograrlo.

Solo en la medida que se cuente con información de calidad, será posible mejorar el diseño, implementación, evaluación de programas y políticas públicas para así lograr prevenir y erradicar la violencia que sufren millones de niñas, niños y adolescentes en México.

La problemática requiere de la responsabilidad colectiva, mantenerse informado y saber cómo prevenir la violencia sexual infantil. Visite la plataforma www.alumbramx.org ahí encontrará herramientas para proteger a la niñez mexicana.