Hay una urgencia por instaurar un sistema de salud que cubra a todos, que ayude a la economía familiar al disminuir el gasto de bolsillo.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

En México tenemos una severa crisis en materia de salud. Basta ver los efectos de la desaparición del Seguro Popular y los problemas en el abasto de medicinas en los servicios públicos, entre otros rezagos de infraestructura y cobertura. Esto significa que las familias gasten en atención privada, desembolsando importantes cantidades de su ingreso.

Al respecto, en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estimó que entre 2018 y 2022, el gasto de los hogares en salud se incrementó 30%, dejando al descubierto necesidades básicas.

En el artículo Determinantes del gasto de los hogares en salud en México, las investigadoras Hada Sáenz y Ángela Guzmán hablan de los casos en que suelen incrementarse estos gastos: la presencia de menores de cinco años, de adultos mayores o algún miembro con discapacidad.

Asimismo, señalan la desigualdad en la atención y calidad de los servicios de salud en México y puntualizan el concepto de gasto catastrófico, al indicar que: “El gasto en salud se vuelve catastrófico cuando un hogar debe reducir su consumo básico por un periodo para hacer frente a los gastos en salud en un porcentaje mayor a un determinado umbral”.

Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en su Estudio sobre el derecho a la salud 2023: un análisis cualitativo, declaró que: “En 2020, 4.6% de los hogares con ingresos por debajo de la Línea de Pobreza Extrema realizó un gasto catastrófico en salud; en contraste con 3.7% de los hogares considerados no vulnerables por ingresos que incurrieron en este tipo de gasto”.

Este hallazgo coincide con lo concluido por las investigadoras Sáenz y Guzmán, previamente mencionadas, al señalar que: “son los hogares más pobres y de zonas rurales los que presentan mayores tasas de gasto en salud”.

La salud es un derecho universal y en México está protegido por nuestra Constitución al configurarse como derecho a la protección de la salud. Pese a su relevancia, hoy el Estado mexicano no está cumpliendo con los elementos esenciales en su dotación. De hecho, cada vez nos acostumbramos más a asumir los costos desde nuestro bolsillo y la afectación es enorme, ya que no solo se trata del pago de las consultas, intervenciones médicas y medicamentos en el sector privado, sino los gastos de transporte, alimentos, hospedaje, entre otros.

En Early Institute nos parece relevante visibilizar lo que ocurre con uno de los rubros más importantes en el desarrollo social. Según la Organización Mundial de la Salud, los gastos de bolsillo en salud no deben exceder 20% de los ingresos de las familias y, como se ve, México está muy por encima de esa cifra.

Por lo anterior, hay una urgencia por instaurar un sistema de salud que cubra a todos, que ayude a la economía familiar al disminuir el gasto de bolsillo y coadyuve a que el ingreso se destine a otras áreas también esenciales.

Hay iniciativas que buscan la protección y seguridad de los usuarios más jóvenes en los servicios digitales, pero las acciones todavía resultan precarias.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Las redes sociales han revolucionado los modos de interacción en el mundo y, sin duda, ofrecen ventajas y beneficios en diversos ámbitos. Sin embargo, pueden también alentar prácticas que ponen en peligro a los usuarios, en particular a los de menor edad.

Aun cuando las políticas de diversas plataformas señalan que la edad mínima para el uso de sus servicios es mínimo de 13 años, se observa que el interés por este tipo de herramientas crece en los niños, las niñas y los adolescentes. Hoy en día, hay una preocupación mundial por velar por la seguridad digital infantil, ya que se ha detectado que su uso poco supervisado o inadecuado abre las puertas a problemas de acoso, violencia y salud mental.

Recientemente, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos sancionó a la plataforma NGL por promover su servicio a menores de edad, alegando falsamente emplear medidas de seguridad para resguardar su privacidad y seguridad.

La directora de la FTC, Lina Khan, manifestó que la denuncia presentada en conjunto con la Oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles fue por prácticas engañosas de la empresa digital y la comercialización agresiva de su aplicación a los niños y adolescentes, sabiendo que los exponían al acoso cibernético.

Ahora, NGL está obligada a impedir que los usuarios accedan a la aplicación si indican que son menores de 18 años y eliminar cualquier dato que haya obtenido de menores de edad, así como a devolver el dinero de los suscriptores a los que engañó.

Otro caso es la vigilancia que la Unión Europea está haciendo a la plataforma de TikTok, en específico a su versión Lite, para verificar si cumple con la Ley de Servicios Digitales en materia de protección de menores, transparencia en la publicidad, y gestión de riesgos en el diseño adictivo y contenidos nocivos.

De igual modo, se quiere confirmar que se están protegiendo los derechos de los niños y las niñas con las suficientes herramientas de verificación de edad utilizadas, mismas que deben ser “razonables, proporcionadas y eficaces”.

El expediente que se ha abierto para investigar a la plataforma propiedad de la empresa china ByteDance podría arrojar una sanción de hasta el 6% de su volumen anual global, en caso de no cumplir con las medidas de seguridad.

En tanto en Estados Unidos, se está impulsando que ByteDance venda la plataforma, ya que, por tratarse de una empresa china, podría usar la información de los estadounidenses de formas inadecuadas. De no acceder a su venta, las autoridades del vecino país considerarían ilegal su uso.

Como se ve, hay iniciativas que buscan la protección y seguridad de los usuarios más jóvenes en los servicios digitales, pero las acciones todavía resultan precarias. Ante ello, en Early Institute insistimos en que la mejor manera de evitar escenarios peligrosos es advertir sobre los riesgos y vigilar el uso de estas herramientas en todo momento. Hoy más que nunca se deben extremar las precauciones, activando controles parentales y limitando el acceso a estas plataformas. Es fundamental tomar medidas de prevención que puedan contrarrestar los peligros que encierran estas nuevas tecnologías en los usuarios más vulnerables e impulsar acciones de seguridad que efectivamente garanticen el resguardo de su integridad física y emocional.

Los padres que buscan la fama en internet de sus hijos e hijas, llegan a mercantilizar sus imágenes, abriendo las puertas a la pornografía infantil.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Con el tiempo, el uso de las redes sociales ha despertado un interés por ser estudiadas desde diversos ángulos. Si bien se han identificado ciertas aportaciones en ámbitos como la publicidad y la mercadotecnia, es un hecho que también existen riesgos considerables en sus usuarios, sobre todo cuando se trata de menores de edad.

Hoy, la empresa de Mark Zuckerberg, Meta, posee las redes sociales más importantes a nivel mundial, Facebook e Instagram, captando a tres mil millones de usuarios. El crecimiento de estas herramientas ha provocado que su dueño sea demandado por distintas razones, siendo los últimos reclamos los relacionados con la salud mental y la seguridad de las plataformas a los miembros más jóvenes, en particular de los niños, las niñas y los adolescentes.

Apenas en febrero de 2024, Zuckerberg fue requerido por el Senado de Estados Unidos para responder a los cuestionamientos que los legisladores le dirigieron sobre el impacto que tienen las redes en la población infantil. Específicamente, el senador republicano, Ted Cruz, cuestionó las políticas de Instagram para evitar que se difunda contenido que pudiera relacionarse con el abuso sexual infantil.

Para dimensionar esto, hay que decir que Instagram no permite que un menor de 13 años tenga su propia cuenta, sin embargo, no hay ninguna restricción para que un adulto genere contenido en el que se exponga a un niño o una niña. El problema de esto es que en el afán de conseguir el mayor número de seguidores o intentar catapultar una supuesta carrera como modelo o influencer, suelen ser los padres o tutores de los niños y las niñas quienes los exhiben sin la menor precaución. Se estima que Instagram tiene dos mil millones de usuarios.

En un estudio de The New York Times se habla de que en esta red, las madres y los padres que buscan la fama en internet de sus hijos e hijas, llegan a mercantilizar sus imágenes, abriendo las puertas a problemas mayores como su sexualización, la pornografía infantil y la pedofilia.

La investigación señala que las niñas son más afectadas y son sus propias madres quienes están dispuestas a promover material más explícito con tal de obtener más atención y elevados beneficios económicos.

Otro de los cuestionamientos hechos al dueño de Meta ha sido la implementación de estrategias de comercialización para atraer a una audiencia cada vez menor.

En su defensa, Zuckerberg ha hablado de que están permanentemente implementando medidas de protección con una importante inversión para garantizar la seguridad en línea.

Como se ve, el problema no es un asunto irrelevante y, sin duda, la responsabilidad es compartida. En Early Institute, el único think tank mexicano especializado en la primera infancia para procurar su bienestar, observamos que hace falta más información y vigilancia en el uso de las redes sociales, así como mayor visibilización y conciencia de los peligros a los que se enfrentan los usuarios en este tipo de plataformas. Principalmente, exhortamos a los padres de familia, tutores y cuidadores a ser precavidos en el manejo de las cuentas de sus hijos e hijas y privilegiar su privacidad e integridad física, emocional y psicológica. En la actual dinámica de conectividad, es fundamental la prevención, reconociendo que cualquiera pueda ser víctima de un delito, pero son los niños y las niñas los más vulnerables y los efectos pueden llegar a ser devastadores e irreversibles.

El juego es un derecho fundamental, motivo por el cual debe ser respetado y otorgado en beneficio de la infancia. Jugar fomenta la resiliencia.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

El pasado 11 de junio se celebró, por primera vez, el Día internacional del juego, instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El tema sobresale porque se trata de una práctica indispensable en la formación de niñas y niños, ya que promueve el aprendizaje, las habilidades para la vida y el bienestar psicosocial.

El juego es un derecho fundamental, motivo por el cual debe ser respetado y otorgado en beneficio de la infancia. Jugar fomenta la resiliencia, infunde confianza y ayuda a niños y niñas a desenvolverse con mayor seguridad.

Su relevancia radica en que va más allá de una experiencia entretenida; es la oportunidad para adquirir conocimiento, mediante estrategias divertidas y constructivas.

De acuerdo con la ONU, esta celebración “servirá para destacar la importancia de preservar, promover y dar prioridad al juego para que todas las personas, especialmente los niños, puedan aprovechar sus beneficios y desarrollar todo su potencial […] Para los niños en especial, el juego ayuda a construir relaciones y mejora el control, la superación de traumas y la resolución de problemas. Les ayuda a desarrollar las habilidades cognitivas, físicas, creativas, sociales y emocionales que necesitan para prosperar en un mundo en constante cambio”.

Como se observa, las ventajas de alentar esta actividad son múltiples y en diferentes sentidos, sin embargo, desafortunadamente este derecho enfrenta varios retos, entre ellos la falta de tiempo para ejercerlo. Pese a que se estima que la aceptación del juego es de 97%, una tercera parte de las personas no tiene tiempo para jugar.

En este sentido, es necesario crear políticas públicas, capacitar y financiar iniciativas para integrar el juego en los entornos educativos y comunitarios. Sobre todo, hay que invertir en espacios de juego diversos, inclusivos y seguros, ampliando su acceso, especialmente a los niños y las niñas más vulnerables y marginados.

El juego ayuda en la salud mental, ya que enseña la gestión de emociones, reduce el estrés y estimula la socialización. Sin duda, niñas y niños pueden alcanzar su máximo potencial, si cuentan con el tiempo, el espacio y las condiciones adecuadas para jugar.

En Early Institute nos unimos a la celebración del Día internacional del juego e invitamos a los tomadores de decisiones a colaborar en el reconocimiento de esta práctica, a partir de varias acciones, como son: a) Invertir en el bienestar de los niños y las niñas al proteger su derecho a jugar; b) Proporcionar a los niños y las niñas más tiempo y oportunidades para jugar, incluso en los entornos escolares; c) Crear lugares seguros y accesibles, sobre todo para quienes tienen necesidades especiales; y d) Respetar las opiniones y las decisiones de niños y niñas en torno a su derecho a jugar. Hagamos que esta actividad sea promovida, accesible y cuidada.

Pese a los esfuerzos de los gobiernos para alentar los nacimientos con la implementación de políticas públicas pronatalistas, aún no se ha reflejado un resultado positivo.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Últimamente, se ha registrado una baja en la tasa de natalidad a nivel mundial, lo que podría desencadenar importantes efectos en las economías y dinámicas sociales de los países. En un artículo publicado por el Wall Street Journal, se habla de que la fecundidad está registrando una significativa reducción en todo el mundo, lo cual se asocia a la participación de la mujer en los ámbitos laborales y educativos, entre otros factores.

Según el escrito, la caída de la natalidad está tomando a muchos por sorpresa aun cuando la situación es producto de varias décadas atrás. Por ejemplo, en los últimos años se ha visto una tendencia a la maternidad tardía y a la negación de las parejas por tener hijos. Sumado a esto, las crisis financieras y las exigencias laborales, que impactan en el tiempo dedicado a la crianza, han contribuido a la baja tasa de natalidad.

La preocupación ha escalado, ya que se considera que estamos muy cerca de perder el punto necesario para mantener constante la población.

Por ejemplo, en Estados Unidos se estima que el número de bebés que tiene cada mujer está por debajo de la tasa mundial de reemplazo, que es alrededor de 2.2. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) supuso que a finales de la década de 2020 la tasa de fertilidad sería de 2.4. Sin embargo, para 2021, concluyó que ya había bajado a 2.3, aproximándose a lo que los demógrafos consideran como tasa de reemplazo global, que es alrededor de 2.2. La tasa de reemplazo es la que mantiene estable a la población a lo largo del tiempo y su baja significa un deterioro en la dinámica generacional.

En cifras más concretas, en 2023 China reportó 9 millones de nacimientos, esto es, 16% menos de lo proyectado por la ONU. En Estados Unidos, también en 2023 nacieron 3.59 millones de bebés, es decir, 4% menos de lo proyectado por la ONU. En otros países menos desarrollados, el descenso es aún mayor: Egipto señaló tener 17% menos de nacimientos el año pasado y en 2022, Kenia reportó un 18% menos.

Pese a los esfuerzos de los gobiernos para alentar los nacimientos con la implementación de políticas públicas pronatalistas, aún no se ha reflejado un resultado positivo. Los apoyos van desde beneficios fiscales, licencias parentales, subsidios para la vivienda y pagos para la educación hasta la creación de bonos por bebés.

Especialistas señalan que esta situación podría significar una “segunda transición demográfica”, es decir, un descenso en la fecundidad que deriva en una reorientación de toda la sociedad hacia el individualismo, vulnerando la importancia del matrimonio y la paternidad.

Desde Early Institute buscamos visibilizar el panorama que enfrenta la población humana y que pudiera afectar diversas áreas a nivel global. Por ello, es importante promover políticas públicas que protejan la maternidad, incentivando que la decisión de tener hijos se vea acompañada de un apoyo integral en el que predomine el respeto a los derechos fundamentales en beneficio de un equilibrio demográfico.

La tendencia alcista de la violencia familiar debe ser un asunto prioritario, porque el hogar y la familia son los principios de toda organización comunitaria.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

En los últimos años, en México se ha registrado una situación de alarma, ya que ha crecido sustancialmente la violencia familiar. Según la consultora TResearch International, hasta febrero del 2024, los registros oficiales sumaron un millón 238 mil 702 casos, en cinco años de esta administración.

Simplemente, el año 2023 cerró con 284 mil 133 denuncias, en tanto el último año del sexenio previo (2018) concluyó con 180 mil 185, en una trayectoria ascendente y preocupante que no se corresponde con el crecimiento poblacional.

De acuerdo con la agencia, las entidades federativas con mayor número de denuncias por violencia familiar y por millón de habitantes son: Colima (27,750); Coahuila (18,049); Ciudad de México (17,697); Nuevo León (16,961) y Chihuahua (16,812).

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que casi 60 mil niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia en 2022, siendo los delitos más cometidos: feminicidios, lesiones, abuso, acoso y hostigamiento sexual.

De acuerdo con el Instituto, un total de 4 mil 197 niñas de entre 10 a 14 años fueron violadas en ese año y la cifra total de violaciones registradas a niñas y adolescentes (de 0 a 17 años) fue de 8 mil 487.

Lastimosamente, los agresores son personas cercanas a las víctimas, pues del total de adolescentes que sufrieron violencia en su niñez, 20.8% refiere que el abuso lo cometió un tío; 17.4%, un primo; y 15.8% indica que fue algún vecino o conocido.

De acuerdo con las estadísticas, la violencia familiar se registra en todos los estratos sociales, aunque empeora en los más bajos y las principales víctimas son los niños y las niñas en su etapa de mayor indefensión, al igual que las mujeres de cualquier edad y los adultos muy mayores.

Es un hecho que las cifras son indicadores de un problema de mayor gravedad, ya que es sabido que solo una parte menor de las víctimas y sus familiares presenta denuncias. Existe una gran parte de la población que cohabita con las expresiones de violencia, a veces durante largo tiempo, provocando un profundo deterioro físico y emocional.

La violencia está asociada a carencias económicas en el seno familiar; al desconocimiento de las leyes; a la falta de programas educativos y de capacitación, escolares y extraescolares; y también a la pérdida de valores. El problema se agudiza si prevalece una ineficiencia burocrática de las autoridades que debieran proteger a la ciudadanía y no actúan con rapidez y contundencia. Esto incluye a los integrantes del sistema de justicia, ministerios públicos y jueces.

En particular, la violencia contra la mujer, si bien se le ubica como escándalo global, no se reconoce la misma dignidad que al varón, ya que las sociedades están todavía muy lejos de admitir que la mujer tiene idéntica dignidad y derechos que los varones.

En Early Institute insistimos en la atención a esta problemática que afecta al sector de la población más vulnerable. La tendencia alcista de la violencia familiar debe ser un asunto prioritario, porque el hogar y la familia son los principios de toda organización comunitaria. Es ahí donde se educa para la vida adulta y para vivir en sociedad y esa educación siempre debe tener como nutriente principal la protección de cada uno de sus miembros. El abuso hacia los más pequeños y el feminicidio son plagas sociales que no han sido suficientemente denunciadas, a pesar de que la mujer, sea madre o abuela, es el pilar de las sociedades y los niños y las niñas, nuestro presente y futuro. Paremos de una vez por todas estas prácticas, que son de las manifestaciones antisociales más dolorosas e inaceptables.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

La tecnología es una herramienta que se enriquece con una aplicación adecuada y respetuosa y en el cuidado de las niñas y los niños no hay mejor medida que la vigilancia.

En un mundo donde la tecnología es clave en la interacción humana, el uso de los teléfonos celulares es inevitable, sin embargo, ¿a qué edad es recomendable que se empiece a utilizar este dispositivo?

Si bien se reconocen las ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías, es un hecho que también hay amenazas que ponen en riesgo a los usuarios, en particular a los grupos más vulnerables.

Es por esto que hoy en día, padres y madres, se cuestionan sobre el momento más conveniente para que sus hijos e hijas comiencen a utilizar los dispositivos digitales más comunes, como lo es un teléfono móvil, el cual facilita también el acceso a internet y las redes. Pese a los esfuerzos por definir esta edad ideal, desafortunadamente no hay un acuerdo, en tanto los especialistas coinciden en que ello depende de las circunstancias en las que vive el niño o la niña y que podrían hacer pensar a sus padres que está listo o lista para asumir la responsabilidad sobre el uso del celular.

Lo anterior implica que no se puede generalizar, pues cada familia debe decidir según sus reglas y necesidades. Lo que sí hay son ciertos criterios que podrían orientar a los cuidadores de niños y niñas para dar inicio a esta práctica.

Al respecto, la especialista Leen d’Haenens, miembro de ySkills, un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea para maximizar el impacto positivo de las nuevas tecnologías en los jóvenes, señala que uno de estos parámetros tiene que ver con la madurez del posible usuario, es decir, qué tanto puede manejar su tiempo frente a las pantallas y resguardar su seguridad en línea. Otros criterios más se dirigen a plantearse la necesidad real de tener un teléfono para comunicarse con familiares o amigos, así como si se requiere para fines educativos. Un último criterio, de acuerdo con la investigadora, es definir si con el uso del celular su seguridad física está garantizada en caso de emergencia.

Estas son algunas pautas para decidir si ya es tiempo de dar un celular a los más jóvenes del núcleo familiar, sin olvidar la responsabilidad de los mayores en esta etapa. Es decir, hay que acompañar siempre a niños y niñas en el manejo de los dispositivos, empleando controles de seguridad y restricciones a ciertos contenidos.

Incluso la mayoría de las redes sociales han establecido como política que la apertura de una cuenta no sea por alguien menor de 14 años, lo que podría colaborar en la decisión de cuándo comenzar con un teléfono móvil.

En Early Institute sostenemos que la tecnología es necesaria para la dinámica social, motivo por el cual hay que alentar su uso responsable. Este tema sobre la edad idónea para proporcionar un teléfono celular a un niño o una niña es reciente y tiene que ver con el debate, a nivel global, de cara a la responsabilidad que tienen también las grandes empresas tecnológicas. Es indispensable la supervisión y la regulación en el manejo de los dispositivos móviles, ya que así como hay beneficios inigualables, hay a su vez daños irreparables que pudieran afectar profundamente a las personas. Sobre todo, hay que enfatizar que la tecnología es una herramienta que se enriquece con una aplicación adecuada y respetuosa y en el cuidado de las niñas y los niños no hay mejor medida que la vigilancia continua para prevenir experiencias que pudieran vulnerar su integridad física y emocional.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Se nota que las autoridades en materia de seguridad pública, así como las responsables de la impartición de justicia, han quedado rebasadas por la realidad.

En las últimas semanas, hemos conocido los terribles casos de dos niñas mexicanas que perdieron la vida de la manera más atroz. Hablo de Camila, una pequeña de 8 años residente del barrio La Florida, en el municipio de Taxco, Guerrero, quien fue reportada como desaparecida y, luego, encontrado su cuerpo en una carretera. La presunta responsable fue linchada por los vecinos, provocando su muerte y dos de sus hijos fueron también agredidos, pero rescatados para ser puestos a disposición de las autoridades.

El otro lamentable caso es el de Madelaine, una niña de tan solo dos años que sufrió de maltrato excesivo hasta causarle la muerte por parte de su madre y padrastro. Sucedió en Durango y se sabe que su abuela ya había denunciado los abusos extremos que sufría Madelaine en su entorno familiar, sin embargo, las autoridades no le brindaron la protección debida. Hoy los responsables ya fueron sentenciados por el delito de feminicidio agravado.

Es de verdad indignante saber que estas situaciones son cada vez más frecuentes en nuestro país, lo que evidencia el fracaso del Estado mexicano por brindar una esfera de protección integral a niñas, niños y adolescentes que les garantice una vida libre de violencia.

Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se registraron 47 mil 462 homicidios a nivel nacional, de los cuales contra niñas, niños y adolescentes fueron 2 mil 37.

Sin duda lo que está ocurriendo pone de manifiesto diversos aspectos que nos deberían preocupar y alertar, pues hay una clara ineficiencia en varias líneas. Para empezar, se nota que las autoridades en materia de seguridad pública, así como las responsables de la impartición de justicia, han quedado rebasadas por la realidad social. La ciudadanía se ha percatado de esta problemática y ha iniciado a ejercer justicia por su propia mano. Por otro lado, la legislación y los procesos de impartición de justicia han reflejado no estar a la altura de las circunstancias y necesidades, pues hay fallas visibles en sus procedimientos. La nula perspectiva de niñez que impera en los procesos judiciales provoca que en la posible comisión de delitos en contra de niñas, niños y adolescentes no se garantice su interés superior. Por último, hay omisión, revictimización y falta de especialización de autoridades. Así quedó demostrado con las declaraciones del extitular de la Secretaría de Seguridad municipal de Taxco, en las que señaló una responsabilidad parcial hacia la madre de Camila por “no cuidarla lo suficiente”.

Todo este escenario amerita una revisión profunda que va desde el fortalecimiento de la capacidad y eficiencia del sistema judicial en los casos que involucren una posible vulneración de derechos en contra de niñas, niños y adolescentes hasta la especialización de funcionarios públicos y una protección real e integral a las víctimas de delitos y a sus familiares.

En Early Institute externamos nuestra preocupación e indignación por las deficiencias observadas en el tratamiento de los casos de Camila y Madelaine, así como de otras niñas mexicanas que son víctimas de violencia. Sobre todo, nos preocupa el silencio que se ha notado en las distintas plataformas electorales que no abordan el tema de manera expresa. Hoy da miedo que surjan más episodios como los descritos, pero es más aterrador y doloroso la indiferencia que se está observando ante la grave violencia infantil.