Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Se valora el desarrollo infantil como un proceso continuo desde la concepción hasta los 5 años y el rol de los cuidadores, la educación y los sistemas de protección es básico para la protección de esa fase.

Ante la importancia de reconocer los primeros años de vida de una persona como una etapa crítica en su desarrollo, la revista inglesa The Lancet publicó una serie dedicada a los avances y las omisiones que se han registrado en los últimos tiempos en torno a la primera infancia. Con aportaciones de investigadores de diversos organismos, la serie El desarrollo de la primera infancia y los siguientes 1000 días muestra la trascendencia de los procesos que experimenta una persona de los 2 a los 5 años, que son de acuerdo con los hallazgos “los siguientes 1000 días”, y que influyen significativamente en su salud física y mental.

En este sentido, si bien se reconoce ampliamente la importancia de los primeros 2 años para el crecimiento físico y cerebral del ser humano, se establece que son los siguientes 1000 días los cruciales para consolidar ese desarrollo, mitigar riesgos y aprovechar las oportunidades perdidas en la primera etapa. Esto es, ​que se valora el desarrollo infantil como un proceso continuo desde la concepción hasta los 5 años y el rol de los cuidadores, la educación y los sistemas de protección es básico para la protección de esa fase.

Se ha descubierto que de los 2 a los 5 años hay una maduración neuronal exponencial que favorece el crecimiento continuo y rápido de las capacidades motoras, lingüísticas e interactivas, así como la expansión de habilidades como la autorregulación y el funcionamiento ejecutivo. Por esa razón es esencial la creación de entornos de educación y cuidado altamente seguros y que garanticen el bienestar integral de las niñas y los niños.

Desafortunadamente, existen grandes inequidades que afectan el desarrollo infantil, ya que, a pesar de los avances (como la reducción del retraso del crecimiento), todavía 2% de niñas y niños menores a 5 años sufre desnutrición y 25% no accede a educación preescolar. Al respecto, se habla de diversas causas, entre ellas las crisis como los conflictos bélicos y el cambio climático que agravan el acceso a los servicios de salud, educación y seguridad. Otros riesgos se refieren a la violencia, dietas inadecuadas, problemas de salud mental en cuidadores, contaminación, falta de calidad en servicios de atención básica y medidas inadecuadas para su educación (castigos físicos, agresiones psicológicas, abandono, etcétera).

Por lo anterior, es necesario invertir en esta etapa de vida con programas de atención y educación temprana, transferencias monetarias, apoyo a padres y políticas públicas enfocadas en esta etapa, pues los efectos positivos están comprobados y brindan un desarrollo sostenible y equitativo.

Pese a la evidencia sobre la gravedad de no invertir en la primera infancia, se ha detectado que solo 25.4% de los niños y las niñas de 3 y 4 años en países de ingresos bajos y medios recibe cuidados adecuados, lo que deja a millones de infantes en riesgo de un desarrollo poco óptimo. La investigación señala que el costo de la inacción es elevado, ya que al no invertir al menos un año en entornos de educación y cuidado implica perder hasta un 7% del Producto Interno Bruto (PIB) futuro en los países de ingresos bajos, debido a la reducción en productividad y desarrollo humano.

La serie El desarrollo de la primera infancia y los siguientes 1000 días es un llamado a los gobiernos, especialmente en países de bajos ingresos, a aumentar el financiamiento y priorizar intervenciones eficaces como parte de la responsabilidad colectiva y estratégica​.

Early Institute —el único think tank en México dedicado al análisis y diseño de propuestas para la inclusión de políticas que garanticen el bienestar de la primera infancia— se une a este llamado y responde a la atención que merecen las niñas y los niños durante el inicio de su vida. Es nuestro propósito seguir difundiendo proyectos e investigaciones que fortalezcan a este sector y garanticen su protección con iniciativas adecuadas y dirigidas al respeto de sus derechos fundamentales.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Urge la necesidad por implementar estrategias que promuevan prácticas de crianza libres de violencia, que garanticen un desarrollo adecuado en los primeros años de vida y promuevan tratos más afectivos.

La atención a niñas, niños y adolescentes (NNA), en México, se encuentra en un punto crítico. En los últimos años, se ha registrado un aumento de violencia incluso en los métodos de crianza, cuando este tipo de procesos debiera ser lo más cuidadoso y cariñoso posible.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 2023, organizada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en México, 52% de NNA de 1 a 14 años fue sometido a algún tipo de disciplina violenta como castigos físicos o agresión psicológica. Esta situación comienza en la primera infancia (46.1%) y aumenta en la adolescencia (54.2%). De este alto porcentaje, 4.7% recibe castigos físicos severos, que incluyen golpes en la cara y cabeza o palizas. Este porcentaje equivale a 1,492,498 niñas, niños y adolescentes.

Con estos datos surge la necesidad por implementar estrategias que promuevan prácticas de crianza libres de violencia, que garanticen un desarrollo adecuado en los primeros años de vida y promuevan tratos más afectivos.

Hay que decir que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya reconoce el derecho de la niñez y adolescencia a vivir libres de toda forma de violencia y a que se proteja su integridad personal. Incluso en 2024 se definió la crianza positiva como un conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que promueven el desarrollo, bienestar y crecimiento saludable de NNA, sin recurrir a castigos corporales ni tratos humillantes. Pero las acciones no han sido suficientes.

Por esta razón, recientemente la senadora Anahí González, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una propuesta legislativa, desarrollada por Early Institute y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para fortalecer el marco normativo para la prevención y atención del castigo corporal y humillante en NNA.

La iniciativa incluye: a) reformar artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer como obligación de quienes ejercen la patria potestad abstenerse de cualquier atentado contra la integridad física y psicológica de los menores; b) incluir en esa ley como forma de violencia el descuido, la negligencia y el abandono de NNA y así prohibir estas prácticas; c) modificar la Ley General de Educación para señalar como obligación y derecho de quienes ejercen la patria potestad o la tutela que el proceso educativo se realice sin castigos corporales ni humillaciones; y d) modificar la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil para establecer como obligación de las autoridades a que la prestación de los servicios dirigidos a la población infantil se oriente a lograr un entorno seguro y protegido contra el castigo corporal o humillante, descuido, negligencia y abandono.

En este sentido, desde Early Institute instamos a los legisladores a garantizar el derecho de NNA a vivir en entornos afectivos, libres de violencia y positivos, y hacemos un llamado a la colaboración y corresponsabilidad entre las familias, la sociedad y las autoridades para prevenir, identificar y atender a niñas, niños y adolescentes expuestos a cualquier tipo de violencia física y psicológica. Nuestra participación es fundamental y la respuesta a esta problemática ya no puede esperar.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Si bien la tecnología se convierte en un aliado para la solución de problemas de la fertilidad, hay aún muchos vacíos médicos y legales, así como riesgos y un desgaste, tanto emocional como económico.

Todavía en la actualidad hay temas que suelen estar ocultos o de los que se habla poco cuando deberían ser parte de las discusiones públicas. Uno de ellos es la reproducción asistida y sus implicaciones, que pese a su desarrollo sigue siendo una práctica complicada, costosa y de muchos altibajos. Y otro es la afectación emocional por el retraso de la maternidad.

En su libro Querida desconocida, la periodista española Júlia Bertran Lafuente narra su propia experiencia en la búsqueda de convertirse en madre a sus 40 años y presentando dificultades físicas para lograrlo. La solución fue la donación de óvulos y adentrarse en las exigencias de métodos artificiales y técnicos que conocía someramente.
Cabe señalar que la escritora nunca se había planteado ser madre y cuando se abrió a la posibilidad de serlo, concluyó que en su caso el rechazo a la maternidad era una misoginia interiorizada, pues en sus palabras “yo quería ser como un hombre, porque en mi época los referentes académicos, culturales y políticos eran sobre todo masculinos”.
Querida desconocida es un testimonio de lo que significa ser parte de la industria de la reproducción asistida, pero es también una reflexión sobre lo que está ocurriendo hoy en día con muchas mujeres que han decidido retrasar la maternidad o bien, anularla. Dice la autora en varias entrevistas: “Renunciar a la maternidad creyendo que estamos preservando nuestra libertad es erróneo. Lo que hay que hacer es avanzar en corresponsabilidad, tanto en la crianza como en la reproducción”.

Agrega: “Retrasar tanto la maternidad cuando podía haber sido madre más joven, es una culpa muy útil al sistema porque genera ostracismo y hace que te encierres, que no lo hables y que no te des cuenta de que es un problema estructural que compartimos muchas mujeres”.

Para Júlia Bertran Lafuente su experiencia fue una oportunidad para visibilizar también a las mujeres que donan sus óvulos y que suelen estar en situaciones sociales desfavorables, lo que la orilló a reconocer la falta de garantías para proteger y asegurar el bienestar físico y emocional de quienes acceden a someterse a riesgos quirúrgicos para extraer sus gametos.
Asimismo critica a las clínicas de fertilidad por inflar las tasas de éxito y normalizar la maternidad tardía pese a la salud física y emocional de las mujeres. El debate que se plantea en Querida desconocida va entre la culpa por no haber sido madre antes y contribuir a una industria que mercantiliza la maternidad. En sí, el libro busca abrir un diálogo y cuestionar la falta de soluciones públicas para la reproducción.

En Early Institute abogamos por la importancia de repensar el valor de la maternidad no como un lastre sino como un suceso extraordinario, una posibilidad de vida, generador de vínculos y cuidados y la forma más sublime de trascender. Por otro lado, es fundamental estar informados cuando se trata de técnicas de reproducción asistida porque si bien la tecnología se convierte en un aliado para la solución de problemas de la fertilidad, hay aún muchos vacíos médicos y legales, así como riesgos y un desgaste, tanto emocional como económico de dimensiones desproporcionadas, que afectan a los involucrados en las concepciones artificiales. Sin duda son asuntos complejos, pero muy útiles cuando salen a la luz y se tratan con suficiente evidencia para decidir de la manera más adecuada.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

La población infantil ha sido muy afectada por las acciones del crimen organizado, pues su reclutamiento forzado ante carencias económicas, compromete su integridad física, psicológica y emocional.

México sigue en conmoción por un caso de proporciones mayores. Se trata de lo que un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas (Guerreros Buscadores de Jalisco) descubrió en un rancho del municipio de Teuchitlán, en el estado de Jalisco. En una transmisión en vivo, el colectivo documentó por lo menos cuatro crematorios clandestinos, cuatro fosas clandestinas, ropa, calzado y diversas pertenencias de posibles víctimas del crimen organizado en el rancho Izaguirre. Dicho sitio presuntamente servía como centro de reclutamiento y exterminio de células delictivas para captar y entrenar a jóvenes.

Lo más llamativo es que fue desde septiembre de 2024 cuando la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco realizaron un operativo y el aseguramiento del inmueble, donde fueron rescatadas dos personas, hubo detenidos y se localizaron varias armas, chalecos tácticos, casquillos e incluso restos óseos quemados. Sin embargo, no se hizo mayor indagatoria.

Sin duda, este suceso arroja luz sobre la crisis de violencia que impera en México, el fracaso del Estado por garantizar un entorno libre de violencia hacia sus ciudadanos y la posible colusión de autoridades con grupos del crimen organizado.

La gravedad es mayor por la afectación a niñas, niños y adolescentes que suelen ser captados por la delincuencia organizada, pues tanto a nivel federal como en diversas entidades federativas, no existen criterios mínimos homologados para definir, tipificar, perseguir y castigar el reclutamiento forzado.

Los hallazgos de Teuchitlán representan un golpe de realidad y evidencian el deterioro del Estado de derecho y la ausencia de mecanismos de protección efectiva hacia la ciudadanía, particularmente hacia aquellos que merecen una protección reforzada por parte del Estado. Desafortunadamente, el panorama se empeora ante la normalización de la violencia, haciendo que prevalezca la insensibilidad ante hechos tan lamentables como lo sucedido en ese municipio y otros más que se saben día tras día.

Este triste caso resalta la urgente necesidad de varias acciones, pero principalmente apremia colocar a niñas, niños y adolescentes en el centro de las políticas públicas de prevención de actos delictivos, así como contar con herramientas efectivas con perspectiva de niñez que garanticen sus derechos humanos fundamentales.

Esto es relevante si se considera que, desafortunadamente, en los últimos años, este grupo poblacional ha sido muy afectado por las acciones del crimen organizado, pues su reclutamiento forzado ante carencias económicas, entre otros factores, compromete su integridad física, psicológica y emocional.

Desde Early Institute exhortamos a las autoridades a actuar a favor de un restablecimiento de un Estado de derecho e implementar una cultura de paz, principalmente, para niñas, niños y adolescentes. Es vital reforzar al sistema judicial, de manera integral, ante la complejidad y magnitud de la problemática de seguridad que se vive en México. Ello significa replantear estrategias de prevención del delito, de persecución y sanción de las conductas típicas y generar planes de restitución integral hacia las víctimas. No hay que olvidar que la responsabilidad de garantizar a los más vulnerables un entorno seguro es compartida y ello exige un trabajo coordinado, colaborativo y con miras a obtener resultados.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de:  El Financiero

Es urgente proveer a las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro país de un entorno seguro. Ya no es posible continuar con este clima de inseguridad que está vulnerando a las nuevas generaciones.

La violencia generada por el crimen organizado no da tregua y afecta a todos los sectores de la población en México. En particular, los daños a las niñas, los niños y los adolescentes causan desesperación y parece que el problema está muy lejos de ser resuelto.

No hace mucho en redes sociales circuló un video de Eduardo, un niño de Culiacán, Sinaloa, que imploraba acciones contra la inseguridad, luego de que dos de sus amigos murieran en un ataque armado en contra del padre de los dos menores. Eduardo, como miles de niñas, niños y adolescentes, vive con miedo y aterrorizado de que algo le pueda ocurrir en la calle, casa o escuela.

Las cifras que hoy se tienen con relación a la violencia y la población infantil son indignantes. Se calcula que 752 menores de edad tuvieron una muerte violenta en 2023. De esas muertes, se estima que 75 por ciento está relacionado con el crimen organizado. Peor aún, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes (ONPRENNA) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en los últimos años ha incrementado la participación de menores en las bandas criminales, sobre todo en labores de halconeo, extorsión, secuestro, homicidio y robo. Por otro lado, la organización civil Reinserta señala que hay al menos 30 mil niños, niñas y adolescentes reclutados por el crimen organizado en México.

El caso de José Daniel, un joven de 19 años reportado como desaparecido en Puebla, destapó una red de reclutamiento forzado que opera en Aguascalientes, donde lo detuvieron después de enfrentarse con la policía por marcarle el alto cuando conducía un auto sin placas. José Daniel dijo haberse incorporado a una red criminal por voluntad propia, pero que no le dijo a su familia para evitar problemas. La investigación arrojó que el joven fue obligado a trabajar en actos delictivos y tenía como encomienda reclutar a otros jóvenes de manera forzada.

Incluso los bebés corren peligro. Hace unos días se supo de René, un bebé de nueve meses que fue asesinado de un disparo en la cabeza durante un asalto armado, ocurrido en la carretera federal Ahuazotepec-Zacatlán, en Puebla. El menor viajaba con sus padres en un carro, cuando sujetos a bordo de una camioneta los persiguieron y, al no detenerse, les dispararon.

La situación es alarmante y exige su atención inmediata, ya que el asesinato de menores está creciendo. El Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que la cifra creció 21% durante 2024: el año pasado se reportaron mil 93 crímenes de menores de edad, en comparación con 903 casos durante 2023.

Como se ve, es urgente proveer a las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro país de un entorno seguro. Ya no es posible continuar con este clima de inseguridad que está vulnerando a las nuevas generaciones. En Early Institute —el único Think Tank mexicano de primera infancia— lamentamos que este tipo de casos siga en aumento y nos obliga a esforzarnos más por proteger a este grupo social. Las niñas, los niños y los adolescentes merecen todo el respeto a sus derechos y crecer en sitios que garanticen su pleno y sano desarrollo. Pongamos un alto a la violencia, exigiendo medidas integrales y planes de acción que involucren a las autoridades y a la sociedad, en general. De no actuar, estamos convencidos de que las consecuencias serán enormes.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de:  El Financiero

Lo más apremiante es que las estancias migratorias, las fronteras, los hospitales y los centros de cuidado deben incorporar estándares reforzados para la protección de niñas, niños y adolescentes.

Hace unas semanas, la noticia de la muerte de un niño por inanición conmocionó al país. Se trató del hijo de una mujer rusa que fue hallado en un departamento de la Ciudad de México con signos de desnutrición y deshidratación. Aunque se saben algunos datos de los padres, la situación legal del menor sigue esclareciéndose, planteando incógnitas que se relacionan con la migración.

Este indignante episodio se da en el marco de la llegada de Donald Trump a la presidencia norteamericana, quien desde su primer día como mandatario se ha dedicado a firmar distintas órdenes para restringir el paso de los migrantes que pretenden ingresar a Estados Unidos. De igual modo, las medidas afectan a miles de familias de indocumentados de diversos países, advirtiendo la posibilidad de una nueva ola de deportaciones masivas.

Dada la cercanía, México sería el destino inmediato para los deportados, lo que ha motivado la implementación de instalaciones temporales en diversas ciudades fronterizas, entre otras acciones.

La migración es un fenómeno que adquiere especial delicadeza cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. Ante su relevancia, existe un proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM), el cual establece criterios y la verificación para la prestación de servicios de refugios para mujeres en situación de violencia familiar, así como para sus hijas e hijos; su objetivo es garantizar que sus beneficiarios reciban atención integral, segura, gratuita y especializada con un enfoque de derechos humanos e interculturalidad.

En 2021, Early Institute logró incidir en dicho proyecto de NOM con comentarios para reconocer que el interés superior de la niñez es un principio que debe regir en todos los ámbitos, principalmente en materias como la migratoria, la seguridad pública, la salud y la educación.

Incluso también se buscó visibilizar a niñas, niños y adolescentes en situación de refugio como sujetos beneficiarios de dicha norma, y establecer parámetros reforzados de protección en diferentes áreas que garanticen el bienestar de las y los menores.

Lo más apremiante es que las estancias migratorias, las fronteras, los hospitales y los centros de cuidado deben incorporar estándares reforzados para la protección de niñas, niños y adolescentes y reconocer que cuando se trate de este grupo social deben existir protocolos reforzados, medidas emergentes y mecanismos de la más alta prioridad para su atención. Sin duda, es un error dejar esta tarea únicamente a la legislación general en materia de niñez, ya que se requiere un enfoque transversal en todos los ámbitos.

Hoy es inadmisible que en México no se incorpore el interés superior de la niñez como eje rector de cualquier política o acción de gobierno, pues la gravedad se acentúa en situaciones tan sensibles como lo es la movilidad humana.

Desde Early Institute hacemos una respetuosa invitación a retomar los parámetros de protección de este proyecto de NOM, a efecto de establecer un estándar mínimo para el correcto funcionamiento de los refugios que servirán de albergue para las personas deportadas y, principalmente, garantizar condiciones de bienestar y la protección reforzada de los derechos de la niñez migrante en tanto se resuelve su situación. No permitamos que niños y niñas sufran las consecuencias de los descuidos legales que pueden llegar a cobrarles la vida.