Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original en El Financiero

Los cuidados paliativos buscan aliviar síntomas como el dolor, la disnea y otros malestares, permitiendo a los pacientes mantener la mayor funcionalidad posible y una mayor sensación de bienestar.

 

En el país, la crisis en salud afecta múltiples áreas. En los últimos cinco años no solo se ha evidenciado una falta en la dotación de medicamentos, sino también el desmantelamiento de programas que solían brindar apoyo a las familias mexicanas.

Hoy se agrega el rezago en el tema de los cuidados paliativos, que proporcionan apoyo a personas que experimentan sufrimientos importantes relacionados con la salud debido a una enfermedad o condición grave.

Los cuidados paliativos buscan aliviar síntomas como el dolor, la disnea y otros malestares, permitiendo a los pacientes mantener la mayor funcionalidad posible y una mayor sensación de bienestar, sobre todo en etapas avanzadas de la enfermedad que los aqueja.

Estos cuidados no adelantan ni retrasan la muerte, sino que reducen el dolor y el sufrimiento con atenciones físicas, emocionales, sociales y espirituales que respetan las preferencias y los valores del paciente.

La Asociación Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos (IAHPC, por sus siglas en inglés) calcula que alrededor de 448 mil personas, en México, viven sufrimientos graves relacionados con la salud, población que debería recibir algún tipo de servicio paliativo.

En este sentido, la Ley General de Salud integra, desde 2020, los cuidados paliativos como parte de los servicios de atención médica esenciales, luego de que en 2019, el Senado de la República emitiera un decreto para crear un marco normativo que promoviera los derechos del paciente en tratamientos paliativos y el acceso a medicamentos.

Tristemente, se está observando un retroceso importante en esta asignatura.
Por ejemplo, en 2022, la Comisión Coordinadora de los Servicios Coordinados de Salud (CCS) señaló que hay un déficit en la infraestructura y en la formación de profesionales en esta área.

Así mismo, la Secretaría de Salud reconoció, en 2023, que la disponibilidad de medicamentos analgésicos, especialmente la morfina, sigue siendo limitada en varias regiones del país.

Por su parte, un análisis reciente basado en indicadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que nuestro país está siendo deficiente en la aplicación de cuidados paliativos en rubros como suministro de fármacos, capacitación y servicios especializados.

El estudio fue elaborado por médicos del Hospital General de Occidente, la Universidad de Guadalajara, el Instituto Nacional de Cancerología, el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, la Universidad Autónoma de Morelos, entre otras instituciones, y publicado en el Journal of Pain and Symptom Management, en agosto de 2025.

En las conclusiones se revelan “deficiencias en el número de servicios de cuidados paliativos, el acceso a medicamentos esenciales, la supervisión de políticas, la promoción y la implementación, y la educación en cuidados paliativos”, motivo por el cual los autores hacen un llamado a la acción “para continuar la promoción, el crecimiento y la implementación de los cuidados paliativos en la región”.

Early Institute se une al llamado ante los resultados que arrojó el estudio y que visibilizan los desafíos que enfrenta la implementación de los cuidados paliativos.

Es un hecho que se requiere mayor sensibilización y capacitación en el personal de salud, además de políticas públicas que impulsen una estrategia nacional sólida.

Principalmente se debe fomentar una cultura que valore el bienestar y la dignidad, promoviendo el conocimiento y la aceptación de los cuidados paliativos porque brindar acompañamiento en las etapas más difíciles de la enfermedad es lo más humano y respetuoso que debe hacerse.

Annayancy Varas García destaca la iniciativa impulsada por Querétaro para crear ambientes digitales más sanos para niñas y adolescentes.

En los últimos años, la tecnología digital se ha convertido en una extensión de las actividades humanas y, sin duda, reconocemos los beneficios si se emplea correctamente.

El asunto se vuelve más complejo cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, pues también es sabido que se pueden utilizar ciertas herramientas para causar daños a este sector.

En particular, hoy se cuestiona el uso de las redes sociales en menores de edad ante la presencia de casos dañinos.

Desde iniciativas y acciones a nivel mundial hasta las que se están implementando en México, el único objetivo es proteger a un grupo poblacional vulnerable que fácilmente puede ser engañado con fines de extorsión, intimidación, acoso, desaparición, entre otros.

Australia se ha puesto a la vanguardia en la vigilancia sobre las redes, luego de que a finales de 2024, la Cámara de Representantes y el Senado de ese país aprobaron una reforma legislativa para restringir el acceso de menores de 16 años a redes sociales como TikTok, Facebook, Snapchat, X y Reddit; también se incorporó a YouTube en un segundo momento.

Las autoridades australianas exigen que las empresas proveedoras de estos servicios se responsabilicen implementando filtros y medidas de seguridad y que, en caso de no hacerlo, se harán acreedores de multas cuantiosas.

Por su parte, en Francia, desde 2023, es obligatorio contar con el consentimiento de padres, madres o cuidadores para que menores de 15 años puedan registrarse en plataformas de redes sociales.

De igual modo, las plataformas están obligadas a implementar sistemas para verificar la edad y asegurar que se haya obtenido dicho consentimiento; de no cumplir con las directrices, también serán sancionadas considerablemente.

En México, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, presentó en febrero de 2025 una serie de propuestas de políticas públicas y administrativas en materia educativa para restringir el uso de dispositivos móviles dentro de aulas y escuelas.

En este sentido, las instituciones serán responsables de implementar filtros y las medidas necesarias que coadyuven a alcanzar dicho objetivo.

Además, en julio de 2025, el Congreso estatal aprobó reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Penal de Querétaro con la intención de establecer nuevas directrices de restricción en materia de redes sociales digitales.

Con esta reforma —única en su tipo en México— se establece la obligación de ejecutar mecanismos de denuncia y reparación de derechos afectados por recolección de datos y moderación de contenidos que vulneren el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

La tendencia es muy clara. Conforme se va teniendo más evidencia sobre las repercusiones negativas que tiene el uso de las redes sociales en este sector, se han empezado a tomar medidas que apuntan a los responsables y las consecuencias por no acatar las pautas que se imponen para proteger a la niñez y la adolescencia.

En Early Institute, nos pronunciamos por brindar entornos digitales seguros y adecuados según el grado de madurez y desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Reconocemos que las herramientas digitales pueden ser aliados muy valiosos en los procesos educativos, sociales y culturales; sin embargo, también admitimos que la ausencia de vigilancia en su uso puede ser una invitación a experiencias negativas.

Hay que establecer restricciones razonables en el uso de redes sociales y dispositivos móviles para salvaguardar la integridad física y mental de niñas, niños y adolescentes.

Pero también hay que alentar que su crecimiento sea en espacios fuera de las pantallas y propiciar que haya vínculos más profundos tanto con el ambiente como con la gente que los rodea.

La SEP reconoció —en agosto de 2025— que el Estado falló en cuidar y proteger a las niñas y los niños, y en garantizar que su escuela fuera un espacio libre de violencia, comprometiéndose a llevar a cabo acciones que eviten que vuelvan a ocurrir agresiones en los sitios educativos.

En un hecho sin precedentes, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de su titular, Mario Delgado, ofreció una disculpa pública ante los lamentables sucesos ocurridos, en 2018, en el Jardín de Niños “Marcelino de Champagnat” (Ciudad de México), donde niñas y niños fueron víctimas de abuso sexual por parte de servidores públicos.

Tras las investigaciones y las sentencias judiciales correspondientes, la SEP reconoció —en agosto de 2025— que el Estado falló en cuidar y proteger a las niñas y los niños, y en garantizar que su escuela fuera un espacio libre de violencia, comprometiéndose a llevar a cabo acciones que eviten que vuelvan a ocurrir agresiones en los sitios educativos.

Después de que en 2021 se dictó la sentencia a uno de los acusados (ratificándose en 2023), es hasta 2025 cuando la dependencia gubernamental aceptó su responsabilidad. En este sentido, la SEP tuvo que reconocer y acatar las medidas que se le impusieron para evitar que sucedan casos de esta índole en los lugares donde se supone se cuida el bienestar de los educandos.

Como parte de las medidas de reparación, el pasado 8 de septiembre se organizó —a nivel nacional— la Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil en las escuelas de educación básica. La intención es promover una cultura de cuidado y prevención de la violencia sexual y del maltrato en las escuelas, involucrando a toda la comunidad escolar.

Otro de los compromisos adoptados por la SEP fue la publicación de lineamientos para la prevención primaria, atención y medidas de no repetición para la erradicación de la violencia sexual en educación básica, donde se establecen obligaciones para las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno, así como acciones de prevención, detección, intervención, notificación, canalización y seguimiento de casos, señalando con énfasis la coordinación interinstitucional.

Asimismo, se señala que las autoridades educativas deberán elaborar, emitir y difundir su respectivo protocolo que determine los procedimientos para la prevención, atención y medidas de no repetición de la violencia sexual en las escuelas de educación básica.

Finalmente, se estableció la urgencia por crear políticas públicas para establecer espacios seguros en los planteles escolares.

En Early Institute sabemos que la prevención es uno de los recursos más poderosos para evitar que las niñas, los niños y los adolescentes sean víctimas de abuso sexual y que lo reconocido por la primera instancia educativa del país es un paso sustancial para erradicar la violencia en las escuelas. Todavía hay mucho camino por recorrer en la creación de entornos escolares seguros, pero al menos lo logrado con estas acciones de prevención da luz a un tema que debe ser hablado y atendido por la sociedad en general.

Se habla de pobreza extrema cuando el ingreso mensual personal ni siquiera alcanza para la canasta básica alimentaria y se tienen tres o más derechos vulnerados.

En el campo de las políticas públicas es fundamental tener herramientas y datos que sustenten las intervenciones en apoyo a las problemáticas sociales. En México se cuenta con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024. La encuesta está dando mucho de qué hablar por el tipo de hallazgos que mostró por primera vez; me refiero a la medición de la pobreza multidimensional, que de acuerdo con los indicadores disminuyó con relación a 2022. Esto es que en 2022 el número de mexicanos pobres fue de 46.8 millones y en 2024 fue de 38.5 millones.

Si bien estos resultados son favorables, hay que decir también que hay muchas aristas que contemplar y no solo considerar la cifra global. Es decir, según Claudia Maldonado, coordinadora general de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social del INEGI, la medición de la pobreza en nuestro país es compleja, pues está vinculada a una serie de derechos sociales que contempla nuestra Carta Magna, situación que no ocurre en otros países. De ahí que, para empezar, no sea correcto comparar las cifras de México con las de otros lugares del mundo.

Los derechos que se consideran son: salud, educación, vivienda, alimentación y seguridad social. Los derechos que se consideran son: salud, educación, vivienda, alimentación y seguridad social.

De acuerdo con la especialista, se habla de pobreza multidimensional cuando el ingreso mensual personal no alcanza para adquirir una canasta básica alimentaria (alimentos mínimos requeridos) y una canasta básica no alimentaria (bienes esenciales no alimentarios) y que además presenta carencia en uno de los derechos mencionados. Por otro lado, se habla de pobreza extrema cuando el ingreso mensual personal ni siquiera alcanza para la canasta básica alimentaria y se tienen tres o más derechos vulnerados.

En este sentido, la ENIGH mide los ingresos y los gastos de la población mexicana, considerando no solo sus características laborales (que permiten determinar cierto porcentaje de los ingresos), sino también de tipo sociodemográfico, de vivienda y de alimentos que se consumen en los hogares. Lo que mostró la Encuesta es que en 2024 hubo 8.3 millones de personas menos en situación de pobreza multidimensional (como ya se dijo con relación a 2022), y 7 millones de mexicanos menos en pobreza extrema.

La realidad de las cosas, que también hay que señalar, es que, aun cuando tales indicadores son positivos, hay desigualdades sustanciales. Por ejemplo, los estados con un menor porcentaje de la población en pobreza son Baja California (9.9%), Baja California Sur (10.2%) y Nuevo León (10.6%), pero en las entidades que presentan mayores porcentajes se habla de un rezago terrible: Chiapas (66%), Guerrero (58.1%) y Oaxaca (51.6%). Lo mismo ocurre con los datos de la pobreza extrema. Los estados con un menor porcentaje de la población en dicha situación son Baja California (0.4%), Nuevo León (0.5%) y Aguascalientes (0.6%), y los de mayor porcentaje son Chiapas (27.1%), Guerrero (21.3%) y Oaxaca (16.3%).

Es visible que esta disparidad afecta el crecimiento del país y abre aún más las brechas en las oportunidades para un bienestar integral.

Como think tank enfocado en mejorar la salud, el cuidado y la educación, la seguridad y la protección de la primera infancia a través de la incidencia en políticas públicas en México, en Early Institute poseer esta clase de información es esencial. No solo ayuda a dimensionar los entornos en los que viven los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país y así definir medidas focalizadas que combatan las deficiencias visibilizadas, sino que también muestra tendencias que ayudan a entender las dinámicas de la sociedad mexicana. Hay que leer con atención este tipo de encuestas porque hay mucho más detrás de cada número y, aunque las interpretaciones iniciales son alentadoras, es necesario indagar en el panorama completo, que suele ser más revelador.

Los resultados del estudio Baby’s First Years cuestionan que las transferencias monetarias sean una medida eficaz para garantizar que las familias beneficiarias realmente contribuyan al desarrollo de los menores.

En apoyo al desarrollo adecuado de las niñas y los niños en sus primeros años de vida, se han implementado distintas políticas públicas alrededor del mundo. Una de ellas es la dotación de recursos económicos a las familias de menores ingresos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los más pequeños en condiciones de pobreza.

Si bien el planteamiento es suponer que entre más dinero se tenga en el núcleo familiar habrá condiciones más favorables para que las niñas y los niños crezcan de manera óptima, la realidad es que la transferencia monetaria no suele mejorar sustancialmente el buen crecimiento infantil.

Así lo revelan los resultados de un estudio que inició hace 10 años llamado Baby’s First Years. El análisis se llevó a cabo en Estados Unidos y reunió a mil madres que fueron atendidas en 12 hospitales de cuatro ciudades. En su momento se recaudaron fondos del gobierno norteamericano y fundaciones para repartirlos entre las madres participantes, quienes permitieron que se les diera seguimiento a sus hijos e hijas durante cuatro años a partir de su nacimiento.

En el estudio participaron varios especialistas: neurocientíficos, economistas, etnógrafos y psicólogos, quienes analizaron cada aspecto del desarrollo infantil. De manera aleatoria dividieron a las madres en dos grupos: un grupo recibió un monto mensual de 333 dólares, en efectivo y sin restricciones; el otro grupo recibió un pago simbólico de 20 dólares por participar en el estudio. La rigurosidad del estudio se dio como ocurre en otros ensayos clínicos en los que a una muestra se le da el medicamento y a la otra, solo un placebo del mismo.

Se partió de la supuesta idea de que cuando se tiene más dinero, se pueden adquirir bienes que ayuden a las niñas y los niños a crecer de mejor forma, a la par que se reduce el estrés provocado por la falta de liquidez para atenderlos de modo óptimo.

Para medir si las niñas y los niños estaban siendo realmente apoyados en su desarrollo (con el dinero obtenido), se establecieron siete indicadores: vocabulario infantil, función ejecutiva, habilidades prelectoras, percepción espacial y evaluaciones hechas por las madres sobre el comportamiento social y emocional de sus hijos e hijas. Luego de cuatro años, las conclusiones fueron que no hubo mejora en ninguno de esos indicadores, siendo que las madres utilizaron responsablemente el apoyo mensual.

Esto sin duda cuestiona que las transferencias monetarias sean medidas eficaces para asegurar que las familias que las reciben realmente ayuden al desarrollo de los menores.

Es verdad también que el estudio fue llevado a cabo bajo circunstancias complicadas como lo fue la pandemia y las repercusiones económicas derivadas de ese contexto adverso; sin embargo, pensar que la dotación de efectivo por sí sola, sin más iniciativas que protejan a la población infantil, cambie radicalmente la situación de las niñas y los niños es un desatino.

En Early Institute —el único Think Tank dedicado a la primera infancia en México— reconocemos la importancia de difundir evidencia que busque mejorar el rumbo de las acciones encaminadas a la protección de las niñas y los niños en sus primeros años de vida, sobre todo cuando se encuentran en ambientes vulnerables. La relevancia de este tipo de estudios hace notar que hay apoyos insuficientes pese a la buena voluntad que los origina, de ahí la necesidad por seguir creando y alentando políticas públicas que aseguren resultados de mayor impacto y no se conviertan tan solo en cifras para reportar en informes oficiales. No hay que olvidar que el cuidado de la primera infancia exige prontitud, propuestas integrales y un compromiso genuino para garantizar su atención.