Regulemos el uso de celulares en niños, niñas y adolescentes

El uso de celulares sin supervisión ni determinación de tiempos por parte de las niñas y los niños provoca daños irreparables y actualmente se están registrando sus efectos alrededor de todo el mundo.

Si bien se ha reconocido que la tecnología facilita la vida humana, hoy se están experimentando riesgos en el uso de dispositivos móviles, sobre todo en niñas, niños y adolescentes.

El aumento de teléfonos celulares, tabletas y computadoras se vio en mayor medida durante la pandemia por Covid-19, y pese a su utilidad, también aparecieron amenazas en las poblaciones más vulnerables.

La evidencia es muy clara: el uso de celulares sin supervisión ni determinación de tiempos por parte de las niñas y los niños provoca daños irreparables y actualmente se están registrando sus efectos alrededor de todo el mundo.

México no es la excepción y, por lo tanto, es necesario establecer reglas más claras y contundentes.

En recientes declaraciones, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, se mostró dispuesto a abrir un debate para regular el uso de celulares en las escuelas de nivel básico a nivel público y privado.

Reconoció las investigaciones que dan cuenta de los riesgos y las amenazas a la salud mental y alteraciones de comportamiento que experimentan los usuarios que son menores de edad.

En su parecer, nuestro país no puede quedar afuera de la discusión y se estaría impulsando una cultura digital “responsable, consciente y crítica”.

Por otro lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también reconoció que se están tomando medidas para analizar la posibilidad de restringir el uso de teléfonos celulares, al considerar que estos dispositivos producen problemas y distracción para niñas, niños y adolescentes.

La mandataria reveló que un grupo de trabajo interinstitucional —integrado por la SEP, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Secretaría de Cultura— está revisando acciones para fomentar entornos educativos más saludables, así como alternativas que promuevan la lectura y el aprendizaje.

Las prácticas digitales se han expandido a múltiples áreas de la vida, pero no siempre en acompañamiento, y eso está generando preocupación. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha detectado un aumento en el uso problemático de redes sociales, principalmente entre la población adolescente.

Según datos de este organismo, más de 1 de cada 10 adolescentes (11 por ciento) mostró signos de comportamiento problemático en redes sociales, con dificultades para controlar su uso; las mujeres (13 por ciento) tienen niveles más altos de uso problemático de redes sociales que los hombres (9 por ciento).

Ante estas evidencias, distintos gobiernos han decidido tomar cartas en el asunto, creando políticas públicas para restringir el acceso tanto a redes como a dispositivos móviles.

Como país modelo, se tiene la experiencia de Australia, que a finales de 2024 estableció un límite de edad obligatorio para acceso a las redes sociales, y responsabilizó a las plataformas digitales para evitar que los menores las usaran.

En México, en 2025 se aprobaron reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Querétaro, así como al Código Penal de la entidad, para regular el uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes.

Esta ley es única en México, pues en el ámbito federal no se cuenta con una regulación al respecto, aunque sí hay iniciativas que buscan seguir la tendencia mundial.

En Early Institute valoramos el apoyo que brinda la tecnología en avances de procesos y distintas tareas en diferentes ámbitos sociales; sin embargo, sabemos que existen riesgos por un uso inadecuado.

También sabemos que hay una preocupación por proteger a niñas, niños y adolescentes de las posibles amenazas, lo cual propicia la urgencia por unirnos a los debates para que se logren medidas que aseguren el buen aprovechamiento de las herramientas y se prevengan posibles problemas derivados de estas actuales formas de comunicación.

En cambios registrales, el interés superior de la niñez es esencial

La Suprema Corte debe actuar con apego estricto al principio del interés superior de la niñez y no intervenir en decisiones que se contrapongan a lo convenido por el Constituyente Permanente.

Ante la normalización de cambios de identidad sexo-genérica en actas de nacimiento en personas menores de edad, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha impulsado mediante diversas resoluciones, es importante mencionar los riesgos que se corren con esta acción.

En primer lugar, hay que conocer el artículo 4 de nuestra Constitución, en el que se señala que “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos”, y por tanto privilegiando su seguridad y cuidado.

Con la resolución sobre el cambio registral del Máximo Tribunal se vulnera precisamente la protección de niñas, niños y adolescentes ante el grave problema de trata de infantes, haciendo más difícil localizar a las y los menores de edad víctimas de ese delito, así como se pueden facilitar procedimientos en su pubertad que pudieran atraer daños físicos, mentales y emocionales, incluso el suicidio.

Este tema sale a relucir, ya que en enero de 2026, el Congreso local de Jalisco ha rechazado, una vez más, la resolución de la Suprema Corte que de manera equivocada busca “ordenar” a los legisladores locales la legalización de la modificación de actas de nacimiento por parte de menores de edad en dicha entidad.

La situación es que el Poder Judicial no tiene la facultad de interferir en decisiones legislativas, limitación que la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha remarcado al señalar que la función de discutir, elaborar y aprobar leyes corresponde única y exclusivamente a la soberanía del Congreso de la Unión y de los Congresos de los estados.

En este sentido, el Congreso de Jalisco ha actuado bajo una argumentación congruente de protección integral hacia niñas, niños y adolescentes, atención a su interés superior y cuestionando la legalidad y el fondo de la sentencia del Poder Judicial, así como su injerencia en la soberanía estatal.

Esta interferencia desde el Poder Judicial amerita ser discutida para evitar que nuestros tribunales incurran en activismo judicial como el presente caso, en tanto en el marco jurídico nacional se señala que la modificación del acta de nacimiento requiere mayoría de edad o, en casos excepcionales, la autorización de madre, padre o tutor, y eso es por criterios de protección orientados a salvaguardar a las y los menores.

Hay que decirlo muy claro: la Suprema Corte debe actuar con apego estricto al principio del interés superior de la niñez y no intervenir en decisiones que se contrapongan a lo convenido por el Constituyente Permanente.

Por otro lado, se insta al Poder Legislativo a fortalecer el marco jurídico que exige mayoría de edad o autorización de representantes legales para cualquier trámite de modificación registral, incorporando protocolos de evaluación especializada y mecanismos de protección reforzada hacia los menores de edad.

Desde Early Institute hacemos un llamado a los Poderes del Estado a conducirse en las áreas que les competen, ya que eso garantiza el contrapeso en las decisiones y el respeto a los derechos sociales.

Es por ello que solicitamos al Ejecutivo de la nación establecer políticas públicas y protocolos interinstitucionales que prioricen la prevención del daño y el acompañamiento psicosocial a niñas, niños y adolescentes, en particular en este contexto de posibles cambios en las actas de nacimiento.

Hay que recordar que el interés superior de la niñez es un principio constitucional no negociable y de estricta aplicación.

La baja en fecundidad amerita políticas públicas integrales

Se necesitan garantías para posibilitar el crecimiento de la población mediante derechos, equidad y sostenibilidad.

Uno de los fenómenos sociales que suelen llamar la atención en los últimos años es el descenso de la tasa de fecundidad.

Si bien la principal preocupación es que, de continuar con esa baja, se puede provocar un desbalance poblacional, las consecuencias y los retos van más allá de estos desequilibrios demográficos.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), México, como otros países de América Latina, enfrenta una caída en la tasa de fecundidad y el nivel de reemplazo se ubica por debajo de los índices requeridos para mantener el tamaño actual de la población.

De acuerdo con este organismo, la tasa global de fecundidad en América Latina es hoy de 1.8 hijos por mujer, y en México es ya de 1.89, muy por debajo del nivel de reemplazo, que es de 2.1.

Es por ello que se recomiendan políticas públicas de cuidado infantil accesible, permisos parentales y facilidades de reinserción laboral para padres y madres, así como diseñar sistemas de protección social y pensiones sostenibles frente al envejecimiento acelerado.

Es decir, se necesitan garantías para posibilitar el crecimiento de la población mediante el fortalecimiento de derechos, equidad y sostenibilidad.

Asimismo, habría que combatir las desigualdades territoriales y socioeconómicas para que todos los grupos, en México, tengan acceso a servicios de salud para conciliar trabajo y familia, que es una de las razones que frena el aumento de la fecundidad.

La emergencia es clara. De no elevar la tasa de natalidad, se presentarán afectaciones en la dinámica generacional, lo cual implicaría la presencia de una población envejecida.

Con ello no se lograría obtener el soporte laboral necesario para la dotación de pensiones y seguridad social, además de que el ámbito económico se vería mermado por la carencia de consumo.

Otro de los efectos se refiere a que, al tener una población menos joven, los cuidados serán más apremiantes y, en nuestro país, es todavía un sistema que se está configurando.

Desde Early Institute buscamos evidenciar que la baja en las tasas de fecundidad trae repercusiones que afectan a la población no solo en términos demográficos.

Esta problemática se asocia a crisis económicas, exigencias laborales y falta de apoyos que impactan en la calidad de la crianza.

Sin duda, hay una necesidad por generar políticas públicas integrales que protejan a la maternidad en el marco del respeto a los derechos fundamentales.

Hoy nos enfrentamos a un escenario que amerita acciones contundentes, pero sobre todo, motiva la adopción de mecanismos que se sostengan con el tiempo y aseguren el beneficio y cuidado de todas las familias.

Hace falta impulsar redes de apoyo a las mujeres cuidadoras, en tanto su estado emocional afecta la calidad de asistencia que brindan.

En México, el tema de los cuidados se ha fortalecido en los últimos años y hoy se tiene evidencia de varios de los fenómenos que ocurren a su alrededor. Uno de los rubros que debe considerarse cuando se trata de las personas que tienen a su cargo el cuidado de otros es su salud mental, en tanto hay un desgaste no solo físico, sino también emocional.

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer cifras en torno a la depresión y los cuidados. Según el INEGI, en 2022, cerca de cuatro millones de personas de 15 años o más que cuidaron a alguien de su entorno experimentaron sentimientos vinculados con la depresión. De esa población, 3.5 millones fueron mujeres.

El rango de edad más afectado fue el de los 60 años y más (24%), seguido por el grupo de 50 a 59 (17.7%) y, por último, el rango de 40 a 49 (12.7%).

Por su parte, el informe de Early Institute, editado en 2025, Cuidados para la primera infancia. Recomendaciones hacia la conformación del Sistema Nacional de Cuidados, confirma las afectaciones de las mujeres cuidadoras cuando no se tienen las condiciones necesarias para efectuar tal actividad con relación a la protección de niñas y niños.

“La sobrecarga de los trabajos de cuidado sobre las mujeres, la falta de recursos para satisfacer las necesidades de la niñez, las exigencias sociales sobre la responsabilidad femenina/materna y la falta de tiempo propio debido a las múltiples responsabilidades laborales y no laborales, tienen impactos negativos en la salud mental de las cuidadoras”.

Continúa el informe: “Las afectaciones a la salud mental y sobre el tiempo de las cuidadoras tienen repercusiones negativas en la calidad del cuidado infantil, con poca disposición para atender las necesidades emocionales y de cuidados de las hijas e hijos”, de ahí la necesidad por recibir ayuda lo más amplia y rápido posible.

En este sentido, el INEGI menciona que en 2022, en México, solo 891 mil personas mayores de 15 años que tuvieron a su cuidado a otra persona fueron a terapia para tratar “ansiedad, angustia, nervios y depresión”. Resalta que fueron los hombres (24.9%) quienes acudieron más a este servicio que las mujeres (22.1%).

Sin duda, este dato refleja que hace falta impulsar redes de apoyo a las mujeres cuidadoras, en tanto su estado emocional afecta en gran medida la calidad de asistencia que brindan a quienes tienen bajo su vigilancia.

Al respecto, el reporte Cuidados para la primera infancia señala que: “De acuerdo con González, Díaz Barreiro y Pérez (2021), los altos niveles de estrés pueden estar relacionados con crianza de menor calidad, así como una menor capacidad de respuesta o respuestas negativas hacia bebés, niños y niñas y menores probabilidades de aplicar métodos preventivos y prácticas de cuidado y seguridad infantil”.

En Early Institute sabemos que el bienestar personal es integral y que el descuido de una de las áreas fundamentales puede llegar a provocar un desequilibrio físico y emocional. En particular, cuando se trata de la seguridad de la primera infancia, es indispensable que sus principales protectores dispongan de apoyos para su labor.

De igual modo, la salud mental es un pilar en el desarrollo de niñas y niños y es responsabilidad de todos lograr que sus madres, padres y/o tutores reciban ayuda cuando su estado emocional se vea comprometido ante las exigencias derivadas de la atención familiar y crianza.

En esta ocasión se trata de una niña de 13 años (Deysi “N”) que fue abandonada en un hospital de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por quien dijo ser su esposo, cuya edad oscila entre 17 y 18 años.

Comenzamos un año más y las noticias sobre violencia sexual infantil siguen acaparando la atención en México. En esta ocasión se trata de una niña de 13 años (Deysi “N”) que fue abandonada en un hospital de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por quien dijo ser su esposo, cuya edad oscila entre 17 y 18 años.

En sí, la situación es crítica por tratarse de menores de edad, pero lo peor ha sido saber que la adolescente fue atendida para dar a luz. Sus condiciones de salud eran deplorables: tenía un cuadro de sarampión y presentó daños en órganos y tejidos debido a la inmadurez de su cuerpo para procrear y parir.

Al hacer las investigaciones se supo que los menores viven en concubinato con la autorización de los padres, lo que manifiesta los riesgos que todavía viven niños, niñas y adolescentes cuando se trata de usos y costumbres en comunidades indígenas y marginadas. Son este tipo de prácticas las que vulneran los derechos más elementales de la población infantil y adolescente y que pese a los esfuerzos legislativos para erradicarlas hay trabas en el camino.

Apenas en noviembre de 2025, se propuso en la Cámara de Diputados la reforma al artículo 4° constitucional para prohibir los matrimonios infantiles y priorizar el interés superior del niño. Aunque fue aprobada en lo general, todavía se encuentra en discusión en comisiones para su posterior aprobación en el Pleno. Antes de eso, en 2024, la Cámara de Senadores aprobó una reforma al artículo 2° constitucional como parte de un paquete de reformas en materia indígena, pero los diputados federales de Morena y sus aliados frenaron lo referente a los usos, dejando únicamente la cobertura de derechos jurídicos.

La problemática requiere ser atendida, pues las cifras de matrimonio infantil son lamentables. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en los últimos cinco años se tiene registro de por lo menos cerca de 15 000 menores de 18 años que contrajeron matrimonio. Por su parte la organización Save The Children señala que en México una niña de cada 100 entre los 12 y 14 años de edad están casadas o unidas informalmente.

En cuanto a los embarazos infantiles, a nivel nacional también el Inegi ha reportado que en 2023 se registraron 6 798 nacimientos de madres de entre 10 y 14 años y a nivel local, datos del sector salud de Chiapas reportaron que, en 2025, 585 adolescentes entre 12 y 13 años o menos, dieron a luz en ese estado.

La preocupación no es menor ya que se trata de niñas y adolescentes que no han sido protegidas lo suficiente para vivir plenamente según su edad. Hoy Deysi y su bebé ya fueron dados de alta, pero el inicio de una de las etapas más trascendentales como es la maternidad está siendo complicado simplemente porque no hay condiciones para que se ejerza de manera adecuada.

En Early Institute instamos a los legisladores y a las autoridades a mirar a este fenómeno que se ha invisibilizado bajo muchos argumentos, entre ellos, el respeto a los usos y costumbres. Es necesario velar por el interés superior de la niñez, lo que implica formular políticas públicas que protejan a los más vulnerables y castigar a quienes cometan actos de abuso. No olvidemos que el embarazo infantil no es maternidad, sino una expresión de la violencia sexual.

Videos cortos en redes como TikTok afectan la atención, generan fatiga cognitiva y pueden dañar la salud mental, advierte un estudio científico.

Vivimos en una época donde nos mueve lo inmediato. La información instantánea, la búsqueda de respuestas rápidas, conexiones efímeras… en fin, la rapidez nos guía.

En nuestro cerebro, estos procesos de asimilación conducen a nuevas formas cognitivas que no siempre son las más favorables.

Recientemente, un estudio del Psychological Bulletin señaló que la exposición a videos cortos, difundidos en redes sociales, altera los mecanismos cerebrales y la salud mental de los usuarios.

En el análisis se establece la teoría de que, a mayor consumo de reels o contenido de plataformas como TikTok, la destreza cognitiva se deteriora, en tanto el esfuerzo es superficial para procesar la información, a comparación de otras prácticas que exigen más capacidad, como cuando se lee, por ejemplo.

De igual modo, este tipo de formatos visuales puede estar asociado a una aparición de estrés y ansiedad.

El estudio fue realizado en jóvenes y adultos, quienes suelen ser los consumidores más frecuentes de los videos cortos y que, según los hallazgos, ante su exposición presentan alteraciones en la atención, lo cual habla de una afectación neurobiológica.

Otro de los aspectos relevantes es la posible adicción a contenidos altamente estimulantes, implicando severas consecuencias en la conducta.

En el reporte “Feeds, Feelings, and Focus: A Systematic Review and Meta-Analysis Examining the Cognitive and Mental Health Correlates of Short-Form Video Use” del Psychological Bulletin se habla también de la fatiga cognitiva que se produce cuando, al pasar de una información a otra en un modo tan rápido, se evita que se tenga una concentración profunda. Ante la falta de pausas para la asimilación, se da un cansancio mental.

Si bien el estudio presenta ciertas limitantes, al dejar de lado otros procesos como la memoria o el lenguaje, es importante cuestionarnos qué estamos permitiendo que se consuma sin verificación alguna.

El acceso a las redes es muy común, pero esto no significa que deba ser un entretenimiento sin vigilancia.

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original en El Financiero

Abatir la violencia, en particular la de tipo sexual, en contra de niñas y niños es un reto de grandes proporciones, pero al que debemos enfrentar para proteger a los más vulnerables.

Con el cierre de año ya muy cerca, es inevitable hablar de los desafíos y retos que enfrenta el país en distintos rubros.
Uno muy importante es el referente a la situación de la primera infancia, cuya atención en los últimos años ha acaparado las agendas mundiales, pero aún falta mucho por hacer.

En México, 2025 se distinguió por tener avances a través de iniciativas de la sociedad civil, como las que Early Institute ha impulsado en alianza con otros organismos que buscan el bienestar de este sector.

Si bien se han registrado considerables logros en cuidado y crianza, todavía persisten focos rojos que afectan a niñas y niños en sus primeros años de vida.

La violencia es uno de ellos. Según la titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Lorena Villavicencio, en el marco de la primera reunión ordinaria de la Comisión para Poner Fin a toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (COMPREVNNA): “Las violencias familiares siguen siendo las más frecuentes; una de cada dos niñas y niños ha vivido algún tipo de violencia en su hogar, y los homicidios de adolescentes continúan siendo una herida abierta que nos interpela como Estado y como sociedad”.

Abatir la violencia, en particular la de tipo sexual, en contra de niñas y niños es un reto de grandes proporciones, pero al que debemos enfrentar para proteger a los más vulnerables.

Para la COMPREVNNA, los puntos a abordar para erradicar esta problemática inician con la prevención, privilegiando las campañas de sensibilización y fortalecimiento de la crianza positiva.

La atención es otra estrategia con la dotación de servicios integrales para las víctimas. Un aspecto más es la atención prioritaria a casos de trata, reclutamiento, desaparición y orfandad por feminicidio y, por último, la protección especial dirigida a niñas, niños y adolescentes en movilidad, con discapacidad, en pobreza o pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas.

Por su parte, el reporte ¿Cómo vamos en la primera infancia?, elaborado por Early Institute, añade otras propuestas como son: contar con una encuesta nacional de violencia sexual contra niñas y niños para conocer la magnitud del problema, encontrar determinantes y establecer causalidades respecto a los incrementos observados en la incidencia e implementar un Sistema Nacional y progresivo de Cuidados que, en coordinación con la Política Nacional de Educación Inicial, impulse la cobertura para la primera infancia.

También Early Institute —a través de su proyecto Alumbra— ha focalizado sus acciones este año en la prevención de la violencia y el abuso sexual infantil, a través de cursos y talleres dirigidos a cuidadores, educadores, padres de familia y estudiantes de los niveles primario y secundario, principalmente.

Otro de los asuntos a tratar es el cuidado responsable. En 2025, México ha realizado avances significativos, destacando la expansión de programas de salud infantil que han mejorado la cobertura y el acceso a vacunas en comunidades marginadas, además de la implementación del programa Educación Inicial para el Bienestar, que garantiza educación integral gratuita para niños de 0 a 3 años.

De hecho, se ha incrementado la inversión en programas dirigidos al bienestar infantil, como se documenta en informes y reportes nacionales e internacionales, pero todavía hay desigualdades en el cuidado de las etapas más cruciales de las niñas y los niños.

Early Institute —el único think tank mexicano especializado en la protección de la primera infancia— reconoce los esfuerzos que se han hecho en torno a la solución de fenómenos como los descritos y reiteramos nuestro compromiso por seguir trabajando para evitar que la violencia y el abuso sigan amenazando el desarrollo infantil en nuestro país.

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original en El Financiero

Abatir la violencia, en particular la de tipo sexual, en contra de niñas y niños es un reto de grandes proporciones, pero al que debemos enfrentar para proteger a los más vulnerables.

Con el cierre de año ya muy cerca, es inevitable hablar de los desafíos y retos que enfrenta el país en distintos rubros.
Uno muy importante es el referente a la situación de la primera infancia, cuya atención en los últimos años ha acaparado las agendas mundiales, pero aún falta mucho por hacer.

En México, 2025 se distinguió por tener avances a través de iniciativas de la sociedad civil, como las que Early Institute ha impulsado en alianza con otros organismos que buscan el bienestar de este sector.

Si bien se han registrado considerables logros en cuidado y crianza, todavía persisten focos rojos que afectan a niñas y niños en sus primeros años de vida.

La violencia es uno de ellos. Según la titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Lorena Villavicencio, en el marco de la primera reunión ordinaria de la Comisión para Poner Fin a toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (COMPREVNNA): “Las violencias familiares siguen siendo las más frecuentes; una de cada dos niñas y niños ha vivido algún tipo de violencia en su hogar, y los homicidios de adolescentes continúan siendo una herida abierta que nos interpela como Estado y como sociedad”.

Abatir la violencia, en particular la de tipo sexual, en contra de niñas y niños es un reto de grandes proporciones, pero al que debemos enfrentar para proteger a los más vulnerables.

Para la COMPREVNNA, los puntos a abordar para erradicar esta problemática inician con la prevención, privilegiando las campañas de sensibilización y fortalecimiento de la crianza positiva.

La atención es otra estrategia con la dotación de servicios integrales para las víctimas. Un aspecto más es la atención prioritaria a casos de trata, reclutamiento, desaparición y orfandad por feminicidio y, por último, la protección especial dirigida a niñas, niños y adolescentes en movilidad, con discapacidad, en pobreza o pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas.

Por su parte, el reporte ¿Cómo vamos en la primera infancia?, elaborado por Early Institute, añade otras propuestas como son: contar con una encuesta nacional de violencia sexual contra niñas y niños para conocer la magnitud del problema, encontrar determinantes y establecer causalidades respecto a los incrementos observados en la incidencia e implementar un Sistema Nacional y progresivo de Cuidados que, en coordinación con la Política Nacional de Educación Inicial, impulse la cobertura para la primera infancia.

También Early Institute —a través de su proyecto Alumbra— ha focalizado sus acciones este año en la prevención de la violencia y el abuso sexual infantil, a través de cursos y talleres dirigidos a cuidadores, educadores, padres de familia y estudiantes de los niveles primario y secundario, principalmente.

Otro de los asuntos a tratar es el cuidado responsable. En 2025, México ha realizado avances significativos, destacando la expansión de programas de salud infantil que han mejorado la cobertura y el acceso a vacunas en comunidades marginadas, además de la implementación del programa Educación Inicial para el Bienestar, que garantiza educación integral gratuita para niños de 0 a 3 años.

De hecho, se ha incrementado la inversión en programas dirigidos al bienestar infantil, como se documenta en informes y reportes nacionales e internacionales, pero todavía hay desigualdades en el cuidado de las etapas más cruciales de las niñas y los niños.

Early Institute —el único think tank mexicano especializado en la protección de la primera infancia— reconoce los esfuerzos que se han hecho en torno a la solución de fenómenos como los descritos y reiteramos nuestro compromiso por seguir trabajando para evitar que la violencia y el abuso sigan amenazando el desarrollo infantil en nuestro país.

Si bien ha habido avances en esta materia —ya que por primera vez se otorga en el presupuesto federal de 2026 un recurso de 466 mil millones de pesos para la consolidación de una sociedad de cuidados—, el IMCO subraya la insuficiencia ante “la magnitud del desafío”.

De los diversos temas que afectan el desarrollo de México, se ubica uno muy delicado y que requiere atención. Se trata del inminente envejecimiento de la población, que para 2050 se estima que pasará de un 9% a 18%, según proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo).

Evidentemente, se trata de un sector que requiere mayor protección por tratarse de una población vulnerable, como también sucede con los niños, las niñas y las personas con discapacidad.

En este marco, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) efectuó un análisis sobre lo que el gobierno mexicano ha realizado en torno a los cuidados, su impacto económico y sus retos.

De acuerdo con el IMCO, hoy se habla de que los segmentos antes especificados representan 46% de la población, es decir, 58.5 millones de personas, por lo que es fundamental abordar el fenómeno por el bien de la sociedad.

Si bien ha habido avances en esta materia —ya que por primera vez se otorga en el presupuesto federal de 2026 un recurso de 466 mil millones de pesos para la consolidación de una sociedad de cuidados—, el IMCO subraya la insuficiencia ante “la magnitud del desafío”.

En este sentido, los esfuerzos han llevado a que “en los últimos 20 años, los programas presupuestarios vinculados a los cuidados pasaron de seis en 2008 a un máximo de 14 en 2022”; sin embargo, el dinero destinado en el presupuesto del próximo año se queda corto, pues según cálculos del Instituto, “tendría que ser 1.8 veces mayor para responder a la demanda”.

Otro tema relacionado con los cuidados es la tendencia de que sean las mujeres quienes llevan la responsabilidad, afectando su autonomía económica, ya que no reciben pago alguno por dicha labor y tienen que seguir realizando otras actividades.

Esta falta de remuneración y la sobrecarga de funciones propician otras problemáticas en salud (física y mental), así como desigualdades sustanciales.

Si a esto se suma que en los hogares el gasto por los cuidados es considerable, estamos hablando de una atención inequitativa. Dice el IMCO: “Los hogares con mayores ingresos destinan hasta 30 veces más recursos a los cuidados que aquellos con menores ingresos.

Esto podría sugerir que el poder adquisitivo amplía las opciones para acceder a servicios formales de cuidado”.

Un desbalance más es que, de los establecimientos dedicados a los cuidados, “92.8% atienden a niñas y niños, 2.3% a personas adultas mayores y 5% a personas con discapacidad.

Esta distribución evidencia un sistema concentrado en la primera infancia y con una oferta limitada para otros grupos”.

Como se aprecia, el análisis del IMCO es una mirada no solo de lo que vendrá, sino de lo que ya es una realidad. La implementación de un sistema de cuidados requiere compromisos sociales además de monetarios.

En Early Institute reconocemos los esfuerzos gubernamentales, pero sabemos que falta hacer más, empezando por reconocer el derecho humano al cuidado expresamente en la Constitución mexicana para impulsar su pleno ejercicio.

Asimismo, es indispensable pensar que la ausencia de un sistema de cuidados significa pérdidas y brechas difíciles de reparar en el futuro derivadas de las desigualdades de género, de ahí que deba construirse y afianzarse lo más pronto posible.

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original en El Financiero

Entre 2018 y 2024, todas las entidades [mexicanas] redujeron la pobreza en la primera infancia, con descensos frecuentes de entre 5 y 15 puntos porcentuales. Pero “persisten diferencias territoriales muy marcadas.

Con el objetivo de dar a conocer el panorama de la primera infancia en México, Early Institute publicó el informe ¿Cómo vamos con la primera infancia?

Este documento es resultado del seguimiento a indicadores que reúne el Sistema de Indicadores de Primera Infancia México (SIPI), la única herramienta que concentra y analiza 150 indicadores correspondientes a la situación de las niñas y los niños de cero a 5 años de edad en salud, educación, cuidado, nutrición, protección y pobreza.

¿Cómo vamos con la primera infancia? Ofrece datos sobre el monitoreo de los rubros mencionados, además de indicar rezagos por entidad, región o grupo poblacional.

En seis apartados, el reporte expone lo que viven hoy en día millones de niñas y niños mexicanos durante sus primeros años de vida y propone recomendaciones para mejorar su situación, ya que en términos generales sigue habiendo desafíos que afectan a este sector.

Destacan algunos datos que es necesario considerar. Por ejemplo, en pobreza se habla de que “entre 2018 y 2024, todas las entidades [mexicanas] redujeron la pobreza en la primera infancia, con descensos frecuentes de entre 5 y 15 puntos porcentuales. Pero “persisten diferencias territoriales muy marcadas.

En 2024 los porcentajes más altos de pobreza en la primera infancia siguen en el sur-sureste”.

En el aspecto educativo, se indica: “De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2023, en México, el acceso a cuidado y educación de calidad para la primera infancia es limitado y desigual. Solo el 30.4% de niñas y niños de 0 a 5 años asiste a servicios de cuidado o educación inicial o preescolar”.

En cuestiones de seguridad y protección: “Un delito que preocupa de manera particular es el de niñas y niños, de entre 0 y 5 años, desaparecidos o no localizados.

Al respecto, se observa un incremento de 7% a nivel nacional entre 2022 y 2024, registrando 368 en 2022 y 392 en 2024.

En términos absolutos, las cifras más altas en 2024 se concentraron en el Estado de México (171 casos), Ciudad de México (62 casos), Hidalgo (26 casos), Coahuila (12 casos) y Zacatecas (12 casos)”.

Por su parte, en salud sobresale que: “De acuerdo con datos del Sistema de Información de la Secretaría de Salud (SINAISCAP), entre 2022 y 2023 en México ha aumentado la mortalidad de las niñas y niños menores de 5 años.

A nivel nacional, la mortalidad creció del 15.2% al 16%. Las entidades con mayor mortalidad de niñas y niños menores de 5 años son Tlaxcala (20.83%), Michoacán (20.82%), Morelos (20.80%), Yucatán (20.3%) y Chihuahua (20.18%)”.

En cuanto a nutrición: “De acuerdo con la Ensanut, a nivel nacional la población de niñas y niños menores de cinco años con baja talla para la edad creció de 12.8%, en 2022, a 13.9%, en 2023, un aumento del 8.59%”.

Estas son algunas de las cifras que se exhiben y que revelan claras deficiencias en el cuidado infantil.

En cuanto a las recomendaciones, se habla de implementar un Sistema Nacional y progresivo de Cuidados que, en coordinación con la Política Nacional de Educación Inicial, impulse la cobertura para la primera infancia y concretar una Política Integral Nacional de Crianza Positiva que sea pilar en el desarrollo infantil temprano.

Early Institute es el único think tank mexicano especializado en primera infancia y su compromiso es incidir en las políticas públicas para mejorar la situación de este sector.

¿Cómo vamos con la primera infancia? Sintetiza hallazgos relevantes sobre aspectos torales en el desarrollo infantil con miras a visibilizar los rezagos y proponer formas para combatirlos.

Descárgalo aquí