La Ley de Amnistía

Por Cristian Acosta García, Coordinador de Asuntos Públicos de Early Institute

Publicación original en ContraRéplica

 

El 22 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley de Amnistía. Nuestra historia cuenta que hemos hecho uso de esta figura en otras 4 ocasiones durante el siglo pasado en los años 1937, 1976, 1978 y 1994, en todos los casos para perdonar la sedición a quienes participaron en la revolución, en el movimiento del 68, en las guerrillas contra el ejército mexicano y para los zapatistas, respectivamente.

Así, la amnistía había sido el instrumento para extinguir la responsabilidad penal y perdonar a quienes cometieron delitos de carácter político, la nueva ley, no sólo retoma la sedición, también considera otros 5 delitos que generan polémica y abren un debate social: 1) aborto; 2) homicidio por razón de parentesco (antes denominado infanticidio); 3) delitos contra la salud; 4) Cualquier delito cometido por personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas; y 5) Robo simple sin violencia.

Entre los argumentos a favor de la ley existen 2 justificaciones fundamentales: despresurizar los centros penitenciarios federales para evitar contagios masivos de COVID-19 y realizar un acto de justicia para quienes por las fallas del sistema de justicia penal se encuentran en prisión al formar parte de grupos vulnerables como personas en situación de pobreza extrema, personas con discapacidad y miembros de comunidades indígenas.

Ahora bien, la discusión en el Senado fue exprés y no dio pauta al debate técnico, pues desechó 11 reservas que advertían sobre múltiples inconsistencias de la ley:

En primer lugar, la despresurización que se busca no es inmediata, pues se generan trámites y burocracia tanto en la Secretaría de Gobernación como en el Poder Judicial, quienes contarán con 60 días para crear Comisiones y un período de 4 meses para analizar y resolver si es procedente otorgar amnistía, por lo tanto, si el objetivo era liberar a presos por la pandemia de COVID-19 resulta que dichas personas estarán libres; si todo avanza sin contratiempos, hasta el último trimestre del año.

Así se advirtió en el Senado y hoy se retoman dichos argumentos por el exministro Cossío Díaz quien reconoce que habría sido más útil otorgar beneficios preliberatorios ya previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal y a los que, por cierto, autoridades de las entidades federativas ya han echado mano para liberar a personas de manera inmediata ante la contingencia sin necesidad de emitir una Ley de Amnistía local.

En segundo lugar, debemos advertir que el Congreso de la Unión emitió una ley sin beneficiarias directas a las cuales perdonar, pues conforme a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que fueron retomados en la discusión del Senado, hoy no existe ninguna mujer en penales federales privada de su libertad por haber realizado un aborto, pero sí 12 hombres de los que no se sabe si participaron en abortos voluntarios o forzosos.

Sobre el tema también destaca la postura del Senador Mancera quien identificó fallas relevantes en la redacción de la ley, pues en el caso de amnistía por homicidio en razón de parentesco (infanticidio), hace referencia a los supuestos de la comisión del delito de aborto, por lo que existe una duplicidad que complica su aplicación e interpretación por los órganos encargados de otorgar o no amnistía.

En tercer lugar, debe considerarse que la ley solo beneficia a personas sentenciadas por tribunales federales y no a quienes fueron juzgados por tribunales de los estados, no obstante, debemos estar atentos a las facultades otorgadas a la Secretaría de Gobernación que ahora puede promover ante los gobiernos y las legislaturas de las entidades federativas la expedición de leyes de amnistía similares.

Dichas facultades de promoción deben valorarse dentro del marco del federalismo y la soberanía de los Estados, pues en estricto sentido el Congreso solo está facultado para expedir leyes en materia de amnistía por delitos juzgados por tribunales federales, no para otorgar facultades de promoción a una Secretaría del Gobierno Federal.

Hoy las entidades federativas enfrentan una nueva disyuntiva, seguir el mismo proceso de la federación para emitir una ley de amnistía que tardó 8 meses en aprobarse por las cámaras y tardará otro tanto en crear comisiones y emitir resoluciones o hacer uso, en su caso, de las medidas establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal o de los indultos.

A largo plazo, cabe preguntarnos, hasta qué punto otorgar amnistía a grupos vulnerables a quienes no se les ha respetado sus derechos humanos es un mecanismo que fortalezca la impartición de justicia y constituye una política pública que permita a los operadores no repetir las mismas violaciones, o si simplemente, como Sísifo, hemos arrastrado la piedra para volverla a empujar.

Ciberacoso a niñas, niños y adolescentes

Por Mario Arroyo Juárez, investigador y consejero de Early Institute

Publicación original en ContraRéplica

Dentro del contexto actual en el que el contacto humano y la posibilidad de salir se limitaron como parte de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, las actividades a través de internet se han vuelto un eje de la vida cotidiana.

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías en los Hogares (ENDUTIH) 2019, 101.5 millones de personas tienen acceso a internet, de ellas el 72 por ciento lo utilizó en cualquier dispositivo. Comparado con la medición de hace dos años donde seis de cada 10 personas lo utilizaban, hoy siete de cada 10 se conectan de forma regular.

Esta ampliación del perímetro digital sin embargo, tiene aspectos positivos y negativos.

En esta última, nos coloca en un mayor riesgo de ser víctimas tanto de delitos como de violencia digital o ciberacoso, situación particularmente grave en el caso de niñas, niños y adolescentes.

El ciberacoso o acoso cibernético se refiere a la situación en que una persona es expuesta, repetida y prolongadamente, a acciones que buscan hacerle daño o causarle molestias por parte de una o más personas mediante el uso de medios electrónicos conectados a computadoras, tabletas, consolas o celulares.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el Módulo sobre Ciberacoso 2019, que forma parte de la ENDUTIH, el 23.9 por ciento de los usuarios de internet en México reportaron alguna situación de ciberacoso. El grupo de los 12 a 19 años fue el más afectado, aunque el acoso fue mayor para las mujeres (32.7 por ciento) que para los hombres (28.1 por ciento).

En Early Institute —think tank mexicano especializado en primera infancia— consideramos que ahora más que nunca estamos a tiempo de tomar las medidas necesarias para asegurar el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Como adultos encargados del cuidado y protección de la infancia, nuestra responsabilidad es enseñarles la forma adecuada de emplear las tecnologías de la información, para que puedan aprovechar las ventajas que les brindan —sobre todo dentro del contexto actual—, que van desde el entretenimiento hasta el aprendizaje.

En un inicio, debemos crear conciencia sobre los riesgos que pueden enfrentar y tener un diálogo abierto, para que sepan que cuentan con una red de apoyo frente a cualquier problema que puedan enfrentar al estar conectados.

Además, las autoridades y especialistas en la ciberseguridad sugieren tomar las siguientes medidas para la prevención de cualquier tipo de ciberacoso:

Experto: menores, más expuestos a ciberacoso

https://www.contrareplica.mx/nota-Experto-menores-mas-expuestos-a-ciberacoso20202445

La inversión en primera infancia, deuda pendiente

Por Cristian Acosta, Coordinador de Asuntos Públicos en Early Institute

Publicación original en ContraRéplica

 

Invertir en la primera infancia es la mejor estrategia que un país puede diseñar e implementar, así lo ha señalado James Heckman, economista estadounidense que, en el año 2000, gracias a sus aportaciones en la materia fue reconocido con el Premio Nobel de Economía.

La idea parece bastante obvia, si invertimos en la primera infancia -etapa de la vida que va desde los cero hasta antes de los 6 años- nuestras niñas y niños contarán con los elementos indispensables para desarrollar su máximo potencial a nivel social, físico, intelectual y psicológico.

Sin embargo, cabría preguntarnos ¿cuál es la situación de la niñez mexicana y qué políticas públicas hemos desarrollado para atenderla?

 

La realidad de la niñez en números

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en México para 2019, 13.1 millones de niñas y niñas tenían menos de 6 años, entre 2020 y 2024 se espera tener un promedio anual de 12.9 millones de niños en esa edad, en la que se enfrentan a retos como la tasa de mortalidad, la desnutrición crónica, el sobrepeso y la obesidad, la anemia, los problemas de desarrollo, el rezago en alfabetización y en conocimientos numéricos, y el respeto a su derecho a la identidad, entre otros.

 

¿Qué hemos hecho para pagar nuestra deuda con la niñez en México?

Durante los últimos 30 años, como país hemos dado diversos pasos para visibilizar a la niñez. Entre ellos destacan:

  1. La aprobación y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño en septiembre de 1990.

  2. La publicación de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en mayo del 2000.

  3. El reconocimiento constitucional de que el Estado debe velar y acatar el interés superior de la niñez en el diseño, ejecución y evaluación de sus políticas públicas, en el 2011.

  4. La publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en diciembre del 2014, con la que se le dio vida al Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), y se fortalecieron las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, encargadas de establecer mecanismos de restitución de derechos para niños vulnerados.

  5. La publicación del primer Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018, en agosto de 2017, cuya finalidad fue establecer parámetros específicos de políticas públicas para este sector de la población.

  6. La reforma al artículo 3º constitucional en mayo de 2019, con la que se reconoció a la educación inicial como un derecho y la obligación del Estado de garantizarlo.

 

Principales deficiencias en la atención a niñas y niños

A pesar de contamos con un marco normativo sólido, hay deficiencias en la aplicación de las normas, pues, las propias autoridades, academia y sociedad civil reconocemos que:

  1. El enfoque de niñez en el diseño de políticas públicas es precario o nulo.

  2. La coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales es fragmentada o limitada.

  3. Se desconocen los alcances, derechos y principios establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente.

  4. Existe poca capacitación en materia de niñez.

  5. Contamos con sistemas de información precarios y poco confiables.

  6. Hay limitaciones por el presupuesto asignado para los programas que benefician a la primera infancia.

 

La ENAPI como apuesta de visibilización e inversión a favor de la primera infancia

El 23 de marzo de 2020 el SIPINNA publicó en el Diario Oficial de la Federación la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI). Esta estrategia parte de la premisa de un cuidado cariñoso y sensible, el cual es un concepto desarrollado por la OMS, UNICEF y Banco Mundial para otorgar protección, seguridad, salud y nutrición con una atención sensible y receptiva que responde a los intereses y necesidades, alienta a explotar el entorno e interactúa con sus cuidadores y otros actores relevantes.

Así, la ENAPI identifica 5 áreas clave: buena salud, nutrición adecuada, oportunidades de aprendizaje temprano, protección y seguridad y atención y cinco estrategias:

1) Inversión intersectorial, esto quiere decir que las autoridades de todos los sectores deben trabajar de manera coordinada para atender a la niñez.

2) Crianza familiar, para enriquecer las prácticas que como sociedad damos a nuestras niñas y niños.

3) Fortalecer la atención, en servicios clave para la niñez, como lo son la educación, salud, cuidado y procuración.

4) Medir para mejorar, pues la carencia de sistemas de registro de información impide establecer mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.

5) Corregir e innovar, con la finalidad de tener una estrategia flexible que permita advertir aciertos y deficiencias; que permitan identificar áreas de oportunidad para redireccionar las políticas públicas.

En conclusión, la ENAPI atiende a las premisas de James Heckman, pues por primera vez en nuestra historia moderna, hemos desarrollado una estrategia nacional que visibiliza a la primera infancia, además de obligar a las autoridades a invertir y actuar de manera coordinada para generar políticas públicas intersectoriales y corresponsables con mecanismos de atención y procuración de madres, padres, familia, autoridades educativas y sociedad en general.

Cabe destacar que tendremos que medir para mejorar y corregir para innovar los contenidos de cada estrategia, su implementación exige la correcta aplicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, un enfoque de niñez que permee en la toma de decisiones y una coordinación efectiva entre las autoridades.

Así bajo una responsabilidad colectiva, en Early Institute, think tank mexicano especializado en primera infancia, aplaudimos y nos sumamos al trabajo colaborativo, pues sabemos que no aprovechar esta oportunidad, implicaría continuar con nuestra deuda hacia la primera infancia.

 

 

 

Unidos por la seguridad de las niñas y los niños

Por Valeria González Ruiz, Coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en ContraRéplica 

 

La violencia ejercida en contra de niñas, niños y adolescentes es una realidad que carcome a nuestra sociedad, sin embargo, las actuales condiciones derivadas de la contingencia sanitaria tienden a agravarla. A pesar de que el aislamiento social es una medida necesaria para combatir la pandemia del Covid-19, es un factor que inevitablemente incrementa la exposición al riesgo de la población infantil, pues les impone convivir con sus agresores y los aleja de sus redes de apoyo.

Diversos análisis advierten que en situaciones de crisis —como la que se vive actualmente en todo el mundo por el Coronavirus— se exacerba la violencia. El estrés colectivo, la incertidumbre financiera y el deterioro o afectación de las condiciones de vida, son los principales detonantes.

En el caso de nuestro país, ya existen indicios que nos confirman lo anterior: según datos de la Fiscalía General de la Ciudad de México, en las fases 1 y 2 del Covid-19 creció 7.2 por ciento el número de detenidos por violencia doméstica; tan sólo del 9 al 25 de febrero se abrieron mil 581 carpetas de investigación; y la Red Nacional de Refugios reportó que del 17 al 28 de marzo pasaron de 60 a 160 el número de llamadas recibidas. Sin embargo, no tenemos que aceptar esta realidad, como sociedad y en lo individual, podemos poner un alto a la violencia e impedir que se replique generación tras generación.

Cuando planteo que estamos a tiempo de frenar y revertir esta problemática, lo hago con la convicción de que somos una sociedad unida, empática y comprometida con la niñez. Por ello, debemos actuar con firmeza y asumir la responsabilidad colectiva de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes, especialmente en estos momentos de incertidumbre. Ahora es el mejor momento de dejar de lado la indiferencia y romper el silencio.

Cada uno de nosotros, desde nuestras respectivas trincheras, debemos de ayudarlos y asegurar su bienestar, como si fueran nuestros. Esto implica —entre otras cosas— advertir y señalar situaciones de riesgo que puedan afectar a una niña o niño, denunciar casos de violencia o agresiones en su contra y generar espacios seguros para su vida y desarrollo. Por nuestra parte y desde Alumbra —proyecto colaborativo de Early Institute que suma los esfuerzos, experiencia y conocimiento de la sociedad civil, agencias internacionales, autoridades gubernamentales e investigadores — trabajamos en la generación de información y en el diseño e implementación de estrategias para prevenir la violencia sexual cometida contra niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, si estás en riesgo o eres víctima de violencia, recuerda que no estás sola, acá afuera hay un ejército de personas que queremos ayudarte. Puedes llamar a los Centros de Justicia para las Mujeres, ahí se concentran servicios de tipo legal, psicológico y médico, algunos cuentan con agentes del Ministerio Público y proporcionan refugio temporal u ofrecen ayuda para encontrarlo. También ten presente que la principal línea de emergencia es el 911, ahí pueden canalizarte con el servicio que necesites.

Temen se duplique Violencia sexual infantil por contingencia

Por Luis Carlos Rodríguez y Jonathan Bautista
Publicación original en Contrareplica 
El hogar es donde se comete el 70% de los delitos de violencia sexual infantil, y se puede incrementar más con la contingencia porque los infantes tienen que estar ahí con sus agresores, considera la coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute, Valeria González Ruiz, quien también participa en la organización civil Alumbra.
“Si lo llevamos al plano de la contingencia vemos que es un problema real porque (las agresiones) se multiplican mucho más porque al mandar a las niñas y a los niños justo al hogar, donde se tiene estimado que ahí es donde se comete el porcentaje más grande de los delitos de violencia sexual infantil, por ejemplo, se estima que es el 70 por ciento, y ahora con todo el tema de la contingencia se incrementa porque los infantes tienen que estar ahí con sus agresores”, declaró en entrevista para ContraRéplica.
Agregó que “hay muchas cifras que nos dicen que los principales agresores de la violencia sexual infantil son familiares o personas muy cercanas que por lo general se encuentran en el núcleo de la familia”.
Apuntó que “hemos descubierto que, nadie trae el dato certero porque es un problema tan interno, tan de casa, de lo privado, que a la gente le incomoda hablar de eso, por lo que tener cifras certeras de lo que es el impacto de la violencia sexual infantil es sumamente complicado”.
Detalló que hace poco se dio a conocer que ya hay información en China, por ejemplo, donde con la pandemia por el Covid-19 han aumentado los casos de violencia familiar y violencia doméstica contra mujeres y niñas, donde si bien no es una caso de violencia sexual, en general la violencia se vuelve exponencial en la casa y en ambientes donde están confinados las personas.
La especialista explicó que “La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares (Endireh), que es una encuesta que se toma en cuenta por parte del Inegi, también se habla que el 67 por ciento de los casos de violencia familiar contra mujeres ocurren dentro de la casa en el interior del hogar”.
“Estimamos que los hechos de violencia se van a incrementar”, añadió.
Sostuvo que “los agresores están con la presión económica y con la contingencia muchos viven al día y sus trabajos están suspendidos, e igual tienen que hacer más gastos de los que tenían contemplados, y muchos de ellos al sentir que se pierde el control económico empiezan a buscar la necesidad de controlar otros aspectos de la vida o a otras personas”.
Señaló que “por el lado de las posibles víctimas, las niñas, niños adolescentes y mujeres, que por lo general son las víctimas, existe también mucha inseguridad financiera, porque tienen también el problema económico debido a la contingencia y actualmente no tienen trabajo, o dependen de esta persona y no se pueden ir y están con la incertidumbre de quién les va a dar ahorita trabajo y eso vuelve más complicado el ambiente”.
“Es importante que las autoridades y en general cualquier persona que pueda atender este tipo de situaciones, cuando se trate de niñas y niños lo haga con perspectiva de niñas, ya que muchas veces se reciben llamadas de de menores con ciertas inquietudes y no se les da la atención adecuada y no se deben desestimar las inquietudes que los infantes tengan ante una llamada de ayuda”, expresó.
Al ser cuestionada sobre la estimación o en qué porcentaje se podría incrementar estos casos de violencia tanto para los niños en sus hogares como para las mujeres, respondió: “como tal es muy difícil mapear este tipo de hechos, incluso no estando en contingencia, porque se reservan mucho a lo privado y muchas veces no hay denuncias y es una cifra negra porque muchas veces no hay denuncias”.