Los niños a pie de página en la Suprema Corte

Por: Cristián Acosta de Asuntos Públicos de Early Institute

Publicación original en ContraReplica

El martes la Corte inició el análisis de la Accion de Inconstitucionalidad 16/2016 para resolver si las reformas al Código Civil de Tabasco en las que se prevé la regulación sobre la gestación subrogada son constitucionales. Esta sentencia, calificada como histórica, debía brindar claridad sobre los derechos involucrados y servir como guía para el legislador.

Como sabemos, el tema plantea múltiples aristas en las que por regla general nos hemos enfrascado exclusivamente en los derechos de la mujer gestante y los derechos de los solicitantes, pero nunca o casi nunca, visibilizamos los derechos de niñas y niños, que son objeto de esos contratos.

El proyecto presentado por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, que por cierto no fue visible en la página de la SCJN, careció del enfoque de niñez que se esperaba de nuestro máximo tribunal en esta decisión.

La mayoría de los Ministros aplaudieron el proyecto, pero se olvidaron de que existe la Convención de los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, así como del informe A/HRC/37/60 de 2018, de la Relatora de Venta de niños de ONU que de manera muy clara advierte sobre los efectos de la explotación reproductiva: 1) venta y cosificación de niños; 2) un mercado comercial con ganancias millonarias; 3) clínicas e intermediarios dedicados a ofertar y vender niños; 4) que el derecho a tener un hijo no existe; 5) la venta de niños no se supera con la regulación; y 6) se vulnera el derecho a la identidad.

Cabe destacar que el único que realizó un análisis integral, visibilizó la explotación que sufren las mujeres víctimas con fines reproductivos, así como la cosificación de niñas y niños, fue el Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien dejó en claro que el proyecto carece de un enfoque de niñez; además, precisó que se pasan por alto las recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño a México y de la Relatora ya mencionada.

Lo interesante en este debate también reside en la respuesta de la Ministra Piña frente a tales señalamientos, quien manifestó que la perspectiva de la niñez “si está presente”, pero a “pie de página”… la respuesta, aunque burda, nos hace cuestionar la protección reforzada que la Corte dice otorgar a niñas, niños y adolescentes frente a este tipo de prácticas.

Así, la Corte ha dejado claro que su punto de partida no ha sido el interés superior de la niñez, y ello resulta preocupante, pues próximamente, bajo la ponencia del Ministro Pardo Rebolledo, se resolverá el amparo en revisión 129/2019, en el que una empresa extranjera alega que el Código Civil de Tabasco viola “su libertad de trabajo y de comercio”, al no permitirle participar en los procesos y obtener beneficios económicos de los contratos de maternidad subrogada en los que, lo que se compra y se vende son niñas o niños, situación que en palabras de la Ministra Piña, no estaría en el centro de sus consideraciones, sino abajo y al último, “a pie de página”.

Se compran colchones, refrigeradores… y niñas que venda.

Por: Cristián Acosta de Asuntos Públicos de Early Institute

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Todos los días compramos y vendemos cosas, los sonidos de la ciudad nos han enseñado que hay mercado para los colchones, refrigeradores, lavadoras y fierros viejos que queramos vender; hoy bajo un panorama que no es nuevo, ponemos el dedo en la llaga y visibilizamos que en esas transacciones, como si se tratase de un electrodoméstico, un automóvil o cualquier objeto, se pueden comprar niñas a precios que van desde 30 mil hasta 350 mil pesos. Parece increíble, pero lo más preocupante es que al tratarse de prácticas realizadas durante periodos extensos, terminan por considerarse como justificadas o aceptables.

Sobre el tema, el Presidente ha declarado que no debe estigmatizarse a los pueblos y comunidades indígenas, pues resultaría clasista y racista, además, señaló que son prácticas que se dan en todas las clases sociales, y tiene toda la razón, la venta de niñas y niños es un problema global y no se limita a un grupo en específico.

Basta decir que desde hace más de 20 años, tenemos tratados internacionales que abordan de manera específica la venta de niños y la definen como “todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas, a cambio de remuneración o cualquier otra retribución.”

De igual forma, debe visibilizarse que la venta no es exclusiva para realizar matrimonios forzados o uniones de hecho, los compradores “adquieren” niñas y niños con finalidades muy diversas: para explotarlos sexualmente, prostituirlos, generar material pornográfico, lucrar con sus órganos, obligarlos a realizar trabajos forzados, esclavizarlos o inclusive, comprarlos para satisfacer el deseo de tener un hijo.

Al respecto, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisan que estas ventas tienen diversas causas generadoras, entre ellas el subdesarrollo, la pobreza, disparidades económicas, estructuras socioeconómicas no equitativas, disfunción de las familias, falta de educación, migraciones, el comportamiento sexual irresponsable de los adultos y prácticas tradicionales nocivas que al realizarse por periodos amplios de tiempo, terminan por considerarse como justificadas o socialmente aceptables.

Por todo ello, más allá de que contemos con más y más normas, nuevos delitos y agravantes, tratados sobre la materia o que visibilicemos que el problema no se da exclusivamente en pueblos y comunidades indígenas, se requiere de una acción conjunta entre Estado, familia y sociedad en general.

Hoy retoma importancia el trabajo que realicen autoridades como el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) o el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) para fortalecer los valores y promover los cambios culturales que nos hagan entender que niñas y niños no son objetos y no están en venta bajo ningún supuesto.

Romper el silencio: la imprescriptibilidad de los delitos sexuales

Por: Cristián Acosta de Asuntos Públicos de Early Institute

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Durante la última semana de abril el Senado nos dio una grata sorpresa, más allá de los tiempos electorales, se discutieron y analizaron de manera conjunta 7 iniciativas presentadas por Josefina Vázquez Mota, Ricardo Monreal, Lilly Téllez, Martí Batres, Samuel García, Raúl Bolaños Cacho Cue y Guadalupe Vázquez Alatorre.

Los nombres, los partidos a los que pertenecen y la votación son importantes, ya que el Senado concluyó de manera unánime, que debemos contar con parámetros que establezcan la imprescriptibilidad de todos los delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes y que los agresores sexuales no queden impunes.

No está por demás recordar que una de las peores formas de violencia en contra de la niñez es la sexual, pues son delitos silenciosos que pueden estar ocultos durante muchos años y que se originan con mayor frecuencia en entornos cercanos en los que el victimario tiene un deber de cuidado.

Así, una niña, niño o adolescente que es víctima de este tipo de delito se enfrenta a una situación de vulnerabilidad emocional, mental y/o física, en la que las agresiones pudieron iniciar cuando no se tenía la capacidad de comprender el significado de lo que ocurría o no se sabía en quién confiar o a quién contarle, sumando a ello el miedo a ser estigmatizado, por lo que el silencio parece la salida más segura.

Ante este panorama, la iniciativa que hoy se encuentra pendiente de análisis en la Cámara de Diputados, establece que la distribución de pornografía infantil, turismo sexual, abuso sexual, pederastia, la cópula con persona mayor de 15 años y menor de 18 o la violación equiparada, se suman a la imprescriptibilidad existente para delitos como la corrupción de menores y el lenocinio.

Lo anterior implica que, con independencia de que la víctima de estos delitos hubiese sufrido la agresión en su niñez o adolescencia y hoy cuente con 28, 35, 50 años o más, podrá denunciar el delito en cualquier tiempo y las autoridades federales deberán investigar y sancionar al agresor.

Cabe destacar que dicha reforma, de ser aprobada, resultará positiva en el plano Federal, sin embargo, no debemos olvidar que la mayor parte de estos delitos son competencia de las autoridades de cada uno de los 32 estados que hoy en día verifican si el delito ha prescrito o no conforme a las reglas de sus Códigos Penales locales, destacando que en el Estado de México y Coahuila ya se considera dicha imprescriptibilidad.

Por tal motivo, desde la Comunidad de Conocimiento Alumbra, una luz contra la violencia infantil, aplaudimos la iniciativa aprobada de manera únanime en el Senado y hacemos un llamado a todos los Diputados Federales y Locales a sumarse a este tipo de iniciativas que permitirán romper el silencio y evitar la impunidad.

Los derechos de la niñez en el entorno digital

Por: Cristián Acosta de Asuntos Públicos de Early Institute

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Las redes sociales, videoconferencias, correos, chats, buscadores, plataformas de streaming, tienen un rol preponderante en nuestras actividades cotidianas, y con independencia de nuestra edad, estamos inmersos en el entorno digital en el que debemos visibilizar y advertir sobre las obligaciones de autoridades como el SIPINNA, el IFT, el INAI, la PROFECO, Fiscalías de Justicia, Guardia Nacional o nuestros legisladores cuando los usuarios son niñas, niños o adolescentes.

Según la la Encuesta Nacional para la Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares de 2019 (ENDITUH) del INEGI el 70.1% de la población de seis años o más es usuaria de Internet, ese número de conformidad con la Asociación de Internet MX (AIMX), aumentó en un 5.4% durante lo que llevamos de pandemia.

En este contexto, el Comité de los Derechos del Niño, como máximo especialista e interprete mundial, acaba de emitir su observación general número 25 sobre los derechos del niño en el entorno digital.

Los temás son variados y van más allá de permitir o no el uso del internet que, después de un año de pandemia, está practicamente fuera del debate para aquellos que no sufren brecha digital, sino en visibilizar los alcances de un entorno que no conoce fronteras.

La observación pone énfasis en varios rubros: el derecho a la privacidad, la protección de datos, el derecho a opinar e informarse, la alfabetización digital, el derecho a la educación a través del mobile learning, el acceso a la cultura, el esparcimiento; la necesidad de invertir en infraestructura educativa digital así como las oportunidades que se presentan para niñas y niños con discapacidad.

El Comité también nos propone panoramas en los que cabe preguntarnos: ¿Cuántas veces su hijo, sobrina, conocido, le ha dicho que quiere, necesita, desea una aplicación, un producto con costo específico que vio en internet? Pues bien, esa petición no es espontánea, sino consecuencia de lo que se denomina: neuromarketing, análisis emocional y publicidad inmersiva que tiene como población objetivo a niñas, niños y adolescentes. El Comité es contudente, pues señala que esas acciones deben prohibirse por los Estados cuando van dirigidas a la niñez.

Más allá del ánimo consumista, el entorno digital también abre la puerta a distintas formas de violencia: ciberagresiones, acoso, abusos, explotación económica o sexual, trabajo infantil, su participación en actividades criminales, la realización de retos peligrosos, conductas suicidas o desordenes alimenticios que deben ser atendidas por los gobiernos con una coordinación internacional con el apoyo de la sociedad civil, padres y cuidadores así como por los propios niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, el Comité nos recuerda que el entorno digital es un complemento, una oportunidad para ejercer derechos, pero que de ninguna manera suple las interacciones sociales entre los propios niños, con sus familias y la comunidad en general.

Reformar o no reformar la Constitución

Por: Cristián Acosta de Asuntos Públicos de Early Institute

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Todos tenemos preguntas sobre la forma en que nos organizamos como sociedad: identificar qué le toca hacer al Presidente, a la Suprema Corte, a los Diputados o Senadores, a órganos autónomos como el INE, a las entidades federativas y a los municipios; cómo aprovechamos determinados recursos y qué derechos humanos se nos reconocen. Pues bien, estas preguntas se responden con la Constitución Política.

Así, la Constitución, como si se tratase de las reglas de un tablero de ajedrez, define lo que puede hacer cada pieza, cómo se divide el poder y los ámbitos de gobierno. En ese sentido, jugadores y espectadores deben respetar esas reglas para no perder la jugada. Nuestra Constitución se públicó hace 104 años, el 5 de febrero de 1917 y cuenta con 246 decretos que han modificado las reglas del juego; la última reforma es del 11 de marzo de 2021 y se realizó precisamente para fortalecer las actividades del encargado de hacerla respetar: el Poder Judicial.

Resulta irónico advertir que el mismo día que entró en vigor esa reforma, el Presidente, pieza clave en nuestro tablero, manifestara que el Poder Judicial se excedía, que probablemente los jueces atendían a intereses económicos y que por lo tanto debían ser investigados y sancionados, pues habían puesto “en pausa” las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, una de las más impulsadas por el Gobierno en turno.

Lo cierto es que, más allá del discurso y su pieza favorita en el tablero, cada Presidente ha moldeado la Constitución para hacerla acorde a las políticas públicas que quiere impulsar. Para ello, se han realizado 2 o 3 movimientos estratégicos: el primero, para impulsar reformas a la Constitución (siempre que se cuente con los votos necesarios) y así, obligar a los demás jugadores a seguir las nuevas reglas; el segundo, crear las leyes que permitan ejercer de manera legítima esas nuevas facultades.

El gran problema al que nos enfrentamos en esta ocasión es que el Presidente optó por una “jugada rápida”, consistente en reformar las leyes, emitir acuerdos, reglamentos, lineamientos y cualquier otra norma que se imagine, pero sin reformar la Constitución, lo que le ha permitido al Poder Judicial detener todos esos movimientos.

Si a ello le sumamos la existencia de compromisos y tratados internacionales en materia económica, la situación se vuelve más compleja, pues ya no sólo tenemos que advertir las reglas internas, sino también atender a los compromisos adquiridos con otros países y factores económicos, así como las consecuencias respectivas del incumplimiento.

Mientras dura esta partida con todos sus blancos y negros, y no se presente una reforma constitucional que pase por el proceso específico, nos corresponde valorar si las reglas vigentes se respetan, así como el grado de autonomía e independencia del Poder Judicial frente al Presidente.

La niñez importa

Por: Cristián Acosta de Asuntos Públicos de Early Institute

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Imagine que es dueño de un equipo deportivo y solicita formar parte de una contienda mundial. Los requisitos son muchos, los parámetros y la capacidad de los contrincantes, bastante alta, pero a pesar de ello, decide hacer su solicitud y es admitido.

El desempeño de su equipo es promedio, sus números y forma de juego lo posicionan a mitad de la tabla. Después de una trayectoria de 25 años formando parte de la liga, llega el momento de impulsar una reestructura en su equipo, generar nuevas estrategias, directivos y jugadores para estar a la altura en la contienda contra los equipos referentes del mundo.

Sus estrategias y sus números mejoran, tiene mayor control y soporte, más reconocimiento nacional e internacional, el juego se visibiliza cada vez más, se hace popular y es replicado en todo el país, los estados y municipios, haciendo ver que aquello que está en juego importa, e importa mucho.

A pesar de los avances, después de 5 años se empieza a dudar del equipo y del camino recorrido, se comenta que la estrategia no sirve, que es vaga, que es mejor eliminar la estructura, economizar, quitar al directivo y entregarle las actividades a otro equipo que, si bien tiene actividades similares, no juega el mismo deporte.

En esta contienda se juegan las políticas públicas que inciden en más de 38 millones de niñas, niños y adolescentes; su salud, nutrición, seguridad, educación, vida libre de violencia y sano desarrollo, entre muchos otros derechos.

Desde 1990 México decidió formar parte de la “liga universal” denominada “Convención de los Derechos del Niño” con el objetivo de impulsar y tener como principal referente de sus actuaciones a la niñez. Sólo después de 24 años, en 2014, logró impulsar de manera efectiva este torneo con la creación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que da origen al “Director Técnico”, que es el SIPINNA (Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes), capaz de promover, defender y coordinar las acciones de todos los jugadores.

A 5 años de su existencia, el SIPINNA se ha replicado en las 32 entidades federativas del país y en más de mil 800 municipios, lo que ha implicado una labor de coordinación sustantiva con actores públicos, privados y sociales y el reconocimiento internacional de actores clave como Unicef o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hoy, tenemos mensajes encontrados que nos hacen pensar que la niñez ya no importa, que el interés superior de niñas, niños y adolescentes pasa a segundo término y, en un afán de concentración de actividades en unas pocas dependencias, se corre el riesgo de desaparecer órganos especializados que sí funcionan.

Al final, el torneo en el que nos jugamos el bienestar de la niñez mexicana sigue su curso, pero corremos el riesgo de perder los avances que como país nos tomaron más de 30 años.

Cuidados paliativos en tiempos de Covid

Por: Cristián Acosta de Asuntos Públicos de Early Institute

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En marzo cumpliremos el primer año de la pandemia y, con la mirada vuelta atrás, nos damos cuenta que ese momento personalísimo denominado por Unamuno como El Sentimiento Trágico de la Vida ha estado presente con menor o mayor intensidad en nuestro subconsciente y en la discusión pública: la muerte.

Este panorama nos ha hecho enfrentar el duelo de manera permanente, desarrollar nuestra resiliencia, valorar el instante, repensar el porvenir y enfocarnos en aquello que es verdaderamente importante para cada uno de nosotros.

Hoy que ponemos en el centro de la discusión nuestro deseo de vivir y a la par esa realidad que tarde o temprano, con o sin pandemia, nos involucrará en lo individual, resulta indispensable pensar en la muerte digna y los cuidados paliativos como una prioridad de salud pública.

De conformidad con el Consejo de Salubridad General hay 5 tipos de enfermedades que matan a 40 millones de personas cada año: cardiovasculares, el cáncer, enfermedades respiratorias, la diabetes e insuficiencia renal, esto equivale a 70 por ciento de las muertes que se producen en el mundo, de las cuales 15 millones son prematuras y sólo 14 por ciento recibe asistencia paliativa.

El tema se vuelve mucho más complejo si consideramos a los niños que requieren de este tipo de cuidados debido a enfermedades que amenazan su vida, que se encuentran en situaciones de muerte prematura, con enfermedades progresivas, sin opción a tratamiento curativo o niños en condiciones de discapacidades severas no progresivas como parálisis cerebral infantil o lesiones medulares, pues según el propio Consejo, 98 por ciento de los niños que requieren de esta atención viven en países de ingresos intermedios y bajos.

En ese contexto, la OMS ha reconocido 3 elementos fundamentales para aplicar los cuidados paliativos: garantizar el acceso a medicamentos que eviten o disminuyan el dolor; la necesaria capacitación al personal médico para su utilización; y considerarlos como un servicio de salud esencial en la normatividad de cada país.

Vale la pena recordar que, a finales de 2018, el senador Miguel Ángel Mancera presentó una iniciativa de reforma constitucional para considerar la muerte digna a través de los cuidados paliativos como un derecho fundamental de los pacientes con enfermedad terminal sin posibilidades de cura, enfermedades limitantes o amenazantes de la vida y que ello en ningún momento significa eutanasia o suicidio asistido, sino paliar los efectos de la enfermedad.

La iniciativa fue aprobada por el Senado en 2019 y, desafortunadamente, ha permanecido en “la congeladora” de la Cámara de Diputados desde entonces. Las condiciones no son las mismas que hace 2 años, por lo que hoy, en un contexto de pandemia que nos ha alcanzado a todos, los cuidados paliativos son una opción para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, pues permitirán en cierta medida, aliviar el sufrimiento.

Merkel: una vida ejemplar de servicio público

Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute

Publicación original en El Financiero

En 2005 una mujer llegaba a ser canciller de Alemania: Angela Merkel, quien a sus 51 años aseguraba su lugar en la historia mundial. Desde el inicio, Merkel impulsó un gobierno con singulares características, pues su personalidad sellada por la sencillez, inteligencia y austeridad fue la base para hacer de Alemania la gran potencia que hoy es política, social y económicamente.

Merkel tuvo siempre ideas claras y una congruencia excepcional en sus acciones, lo que hizo que se ganara la plena confianza de sus gobernados, aun en las diversas crisis por las que ha atravesado la nación (Gran Recesión de 2008, migraciones masivas en 2015, pandemia en 2020, por mencionar algunas).

Nacida en Hamburgo, Angela Dorothea Merkel estudió física en la Universidad de Leipzig y fue la primera mujer que asumió el poder federal alemán desde que se configuró como Estado. Si era esto ya un gran mérito, sus extraordinarias cualidades la distinguieron aún más. Para empezar siempre se asumió como empleada del pueblo y, como tal, su vida fue transparente y honesta. Su forma sobria y pragmática para encarar los retos que exigía su encomienda, la colocó en una posición que hoy se reconoce como ejemplo de lo que debe ser un funcionario público al servicio de los demás. En todo momento fue una líder que supo llevar las riendas de su país sin caer en provocaciones y con una valiente solidez. No por nada fue despedida y reconocida con aplausos, hace unos días, desde los balcones de los hogares alemanes; la ovación duró cerca de seis minutos, pero su legado tendrá grandes alcances.

Su liderazgo hizo que Alemania se consolidara como primera potencia económica en Europa y, recientemente, se le ha catalogado como uno de los países que mejor se ha conducido durante la crisis sanitaria del Covid-19.

El caso de Angela Merkel es ahora una apremiante necesidad en un contexto social en el que hay polarización y la figura del servidor público se ha desvirtuado. No se trata sólo de llegar al poder –con amplia o mínima aceptación– y gobernar para los simpatizantes. Es unir esfuerzos y trabajar en beneficio de todo el colectivo. A su paso, Merkel lo entendió y lo llevó a la práctica.

Tampoco se trata de convertirse en un personaje inaccesible, que una vez obtenido el voto desconozca las urgencias de quienes lo colocaron en ese puesto. Un servidor público debe representar al pueblo y velar por los intereses comunes para garantizar que el bienestar sea parejo y sin distinciones de ningún tipo.

Con valores sólidos, Angela Merkel es y será una historia de vida a seguir. Bien valdría la pena tomar su ejemplo para exigir que quienes se dediquen al ejercicio del gobierno tomen su papel con rigor y total convicción de querer ayudar a todos, construyendo y no separando. Mención aparte, pero fundamental, es contar con una preparación y verdadera vocación de servicio.

Para quienes formamos parte de Early Institute, la aportación de esta poderosa mujer es invaluable y nos sumamos al reconocimiento de su labor, pero sobre todo valoramos su congruencia, disciplina y determinación.

Sufragio efectivo, sí reelección

Por: Cristián Acosta de Asuntos Públicos de Early Institute

Publicación original en ContraReplica

El próximo 6 de junio tendremos “Las elecciones más complejas y grandes de la Historia”. El presidente ya dijo en las mañaneras que enviará cartas a los gobernadores para que no intervengan en las elecciones. Los partidos han hecho alianzas que hace algunos años nos parecerían imposibles y poco a poco los contendientes empiezan a enfrascarse en las descalificaciones propias de un año electoral.

Más allá de debate y las anécdotas propias del proceso, vale la pena enfatizar que nos jugamos mucho en el tablero político: 15 gubernaturas, 30 congresos locales, 30 entidades federativas con elecciones municipales, con lo que se eligirán servidores públicos de casi 2,000 municipios, las 16 alcaldías de la CDMX y 500 diputaciones federales.

La cereza en el pastel será la primera Consulta Popular que formalmente realizaremos bajo la temática de “juzgar a los ex presidentes” y una pregunta que quedará para la posteridad: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Si ello no fuera suficiente para poner atención al proceso electoral, debemos recordar que desde febrero del 2014 nuestra constitución permite la “elección por periodos consecutivos”, es decir, ahora nuestros diputados federales y locales, un presidente municipal o alcalde podrían aplicar la nueva máxima constitucional: “SUFRAGIO EFECTIVO, SÍ REELECCIÓN.”

En otras palabras, el presidente o la presidenta municipal, el diputado o la diputada que sí trabajó o que no lo hizo, que sólo votó “en bloque”, que tuvo más ausencias que iniciativas, que hizo algo o nada por su municipio o alcaldía, podría no dejar su encargo este año, sino hasta 2024, si es que decide participar y obtiene los votos necesarios para ganar la contienda.

Bajo estos parámetros, 448 de los 500 diputados federales han manifestado su interés en participar en el proceso de “elección consecutiva”, por lo que tendremos que estar atentos en cada entidad federativa para advertir que diputados, alcaldes y presidentes municipales se suman a esta dinámica.

Hoy las condiciones no son las mismas que hace tres años, tenemos un contexto de contingencia sanitaria, cuya solución escapa de las manos de cualquier partido o gobierno, pero en el que sí podemos evaluar cómo han enfrentado la crisis considerando: número de contagios y fallecidos, el desempleo, los semáforos rojos que ahorcan la economía, la inseguridad y hasta las dificultades para conseguir el oxígeno que nos mantenga con vida y así, identificar cuáles han sido las prioridades de cada partido.

Este año es decisivo, en conjunto decidiremos si se le entrega el carro completo a Morena o se opta por otras posturas que establezcan contrapesos tanto en el Congreso federal como en los estatales.

Las prioridades en materia de Derechos Humanos.

Por: Cristián Acosta de Asuntos Públicos de Early Institute

Publicación original en ContraReplica

El 10 de diciembre se publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 que representa el mapa de ruta que la Secretaría de Gobernación se ha planteado para los próximos 4 años.

El documento nos advierte sobre las deficiencias que de alguna u otra manera ya conocemos: tenemos un campo infinito de normas, instituciones y programas tan poco articulados que ni Kafka en sus mejores momentos habría imaginado; el presupuesto es poco y las necesidades muchas; los servidores públicos tienen escasa capacitación en derechos humanos; y existe una limitada capacidad institucional.

Más allá de las justificaciones expresadas de cómo llegamos a este punto, el documento establece un plan de acción de aquello que sí se puede hacer y que podría resultar eficaz si se pasa del papel a la acción brindando soluciones desde la raíz. Como punto de partida se busca crear un Sistema de Derechos Humanos que, de hacerse realidad, unificará las actividades que están dispersas entre varias autoridades y dependencias.

Aunque parezca algo hetereo y lejano, es relevante y necesario. Hoy una niña víctima de violencia sexual puede ser atendida de manera poco coordinada al menos por 5 autoridades: un hospital público, las procuradurías de protección, la comisión ejecutiva de atención a víctimas, el ministerio público y un juez, que en su afán de hacer lo que les toca, pueden revictimizar en vez de ayudar.

Si este nuevo sistema funciona, estaremos dando los pasos necesarios para dejar atrás la atención burocrática con múltiples ventanillas que aplican su normatividad como si fuera una cadena de producción, pero que no resuelve el problema al no generar una atención colaborativa, “transversal” e “interseccional” con otros “departamentos” que garanticen la atención que merecemos.

De igual forma, el Programa reconoce deudas históricas con los grupos en situación de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, la comunidad LGBTTTIQ, pueblos y comunidades indígenas y personas afromexicanas.

Entre las acciones puntuales que merecen mención aparte encontramos el impulso de reformas laborales para aumentar los días de las licencias de maternidad o paternidad en caso de nacimiento o adopción de una hija o hijo, además, busca implementar medidas de asistencia, atención y apoyo especializado para niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia, garantizando así un enfoque de niñez.

Cabe señalar que desde hace más de 15 años en Early Institute impulsamos y reconocemos las políticas públicas que favorecen las licencias de paternidad, pues fomentan el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes, así como la protección integral y coordinada de niñas y niños en casos de violencia sexual.

Finalmente, el programa propone temas que conllevan polarización y, como en otras ocasiones, llevarán el discurso a debates públicos de blancos y negros y en los que, atendiendo a la máxima aristótelica, los extremos nunca serán la respuesta correcta.