Los gobernadores y su tarea frente a la infancia

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute

Publicación original en: El Sol de México 

Hace 3 años, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicó el Diagnóstico sobre los Derechos de la Infancia y Adolescencia en México, documento que además de brindar un panorama sociodemográfico sobre cómo viven las niñas y niños mexicanos desde la primera infancia, la etapa escolar y la adolescencia, dio a conocer una serie de recomendaciones para avanzar en la protección efectiva de sus derechos.

Una de las conclusiones del diagnóstico enfatizaba la necesidad de mejorar el acceso y calidad de los servicios que afectan especialmente a los niños de los hogares más pobres y marginados del país en políticas como salud, alimentación, educación y prevención de la violencia.

Si bien la recomendación de UNICEF admite amplísimos márgenes de acción, es evidente que la prestación de servicios sociales de calidad hacia la infancia y adolescencia devela - en el fondo - que es imperativo fortalecer la coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, al tiempo que asegurar la dotación de recursos suficientes para emprender políticas públicas de alto nivel, especialmente en los estados y municipios.

Sería ingenuo pensar que por el simple hecho de estar previstos en la ley, los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, funcionan por arte de magia y de manera automática. En la práctica se ha comprobado que su puesta en marcha requiere poco más que la voluntad legislativa y la participación de los colectivos sociales.

La realidad es que a 7 años de haberse creado los mecanismos de protección previstos en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes estatales, su funcionamiento y efectividad ha sido precario e intermitente; en algunas regiones del país prácticamente es nulo.

Revertir esta situación no solo es tarea de la federación y las políticas centrales. Creemos, existe un actor clave que puede ser factor determinante para superar esta especie de “inacción pública” que se observa en la protección integral de la infancia mexicana. Nos referimos a los gobernadores de los estados.

El gobernador de cualquier entidad federativa es una pieza clave en el engranaje del sistema político nacional como responsable de los intereses generales de los estados y de la población en las localidades; posee el carácter de mandatario del mismo y funge también como un líder de gestión y dirección de asuntos de diversa índole que se hacen valer ante la Federación, los municipios, congresos y otras instituciones o personas jurídicas públicas o privadas.

Además de sus funciones esencialmente políticas, en la práctica los gobernadores cuentan con atribuciones suficientes para articular e imprimir dinamismo entre su gabinete y demás actores sociales involucrados en los sistemas de coordinación locales, como es el caso de los sistemas y procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes.

De los gobernadores depende, en buena medida, que dichos espacios dejen de ser meras figuras decorativas o burocracias adicionales, para convertirse en auténticas mesas de trabajo con el impulso presupuestal suficiente desde las cuales se diseñen, implementen y evalúen las políticas orientadas a la protección de la infancia.

En pocas semanas, 15 entidades de la república habrán de elegir precisamente a sus nuevos gobernadores, casi la mitad del gobierno territorial del país. Con ello se abre una nueva oportunidad de replantear las prioridades y la configuración de las agendas públicas.

Quienes estamos convencidos de que 40 millones de niñas, niños y adolescentes representan la mejor inversión para México, habremos de depositar en esta nueva generación de ejecutivos estatales un voto de confianza, pero al mismo tiempo, un margen de fiscalización ciudadana a su acción de gobierno si esta agenda no es atendida.

Son tiempos en donde se requiere volver a lo esencial y las nuevas generaciones nos necesitan, quizá, más que nunca.

¿Qué es el Estado Abierto?

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute

Publicación original en: El Sol de México 

Desde hace algunos años, los temas relacionados con la transparencia, rendición de cuentas y apertura de las instituciones o asuntos públicos dejaron de ser preocupaciones que conciernen únicamente a los operadores y expertos del foro jurídico.

Sobre todo en los tiempos actuales, la ciudadanía mantiene la necesidad de exigir mayor claridad sobre qué hacen las instituciones públicas; conocer cómo y por qué se toman las decisiones que afectan a la población, así como ejercer los mecanismos existentes para la rendición de cuentas y vigilar la manera como se gestiona la provisión de los servicios públicos.

Progresivamente las Naciones, han desarrollado la idea de construir no solo gobierno abiertos, sino Estados abiertos, cuyas implicaciones no se limiten a mejorar los procesos de obtención de datos y acceso a la información que producen los entes públicos, si no a dar pie a todo un ejercicio cultural - incluso educativo - que permita el involucramiento, escrutinio y participación de los ciudadanos en el diseño y ejecución de las políticas públicas, sin importar si estas derivan de un gobierno, congreso o tribunal.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha definido al Estado abierto como la capacidad de implementación de políticas públicas innovadoras que permitan crear una nueva cultura de confianza hacia la ciudadanía, a través de esquemas de nueva generación tales como la modernización de la gestión pública y la aplicación de tecnologías de información a los procesos de gobernanza.

Ciertamente en México este tema no representa una novedad. A la par de los avances en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, desde 2011 nuestro país forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), iniciativa multilateral integrada gobiernos de todas las latitudes y organizaciones de la sociedad civil cuyos objetivos consisten justamente en impulsar modelos de gobernanza abiertos y horizontales para mejorar la colaboración entre la ciudadanía y las instituciones públicas a través de cuatro ejes fundamentales: transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y en el caso de México desde hace una década se han implementado algunos planes de acción que establecen compromisos enfocados a la apertura de todos los estratos del orden publico, con énfasis en elevar la calidad de vida de la población y la efectiva tutela de los derechos humanos.

Pero más allá de estas referencias, resulta evidente que el reto de construir un auténtico modelo de Estado abierto – al menos en México – representará una tarea que desdobla la meta de crear leyes y diseñar o replantear estructuras burocráticas.

En realidad, la apertura del Estado debe ser vista como un proceso progresivo de carácter más bien colectivo, en donde no solo de las instituciones públicas dependa la posibilidad de generar espacios y encontrar nuevas formas de interacción o comunicación entre el gobierno-sociedad y viceversa. Aquí, las organizaciones de la sociedad civil tendremos un papel crucial en las próximas décadas.

Por la novedad del tema, queremos proponer al lector dedicar los siguientes espacios a dos elementos que derivan de esta reflexión inicial: el parlamento y la justicia abierta. Tópicos que desde la experiencia de Early Institute comenzarán a dar mucho de que hablar sobre todo a partir de la necesaria apertura tecnológica en la que se encuentra la sociedad global.

2021: más allá de una elección

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute

Publicación original en: El Sol de México 

Desde 1997 la alternancia de partidos en las cámaras y gobiernos tanto federales como locales, representa una de las características más notorias de la dinámica electoral que atraviesa el país.

Hace un par de décadas el “anhelo democrático” era justamente lograr mayor pluralidad de partidos en los puestos de representación popular, de tal suerte que no existiera ninguna fuerza hegemónica capaz de controlar por sí misma las decisiones políticas fundamentales sin mayores contrapesos políticos, jurídicos e institucionales.

Por paradójico que esto hoy resulte, la llamada pluralidad política en México representa más un asunto a resolver que una solución en sí misma. Solo vasta con mirar el desorden de las políticas públicas en los distintos ordenes de gobierno, su intermitencia y la falta de planeación estratégica de largo plazo en temas torales como salud, educación, seguridad, con especial énfasis hacia la población más vulnerable.

Cuando este tema suele analizarse – sea desde un ángulo doctrinal o de opinión pública – casi siempre los reflectores apuntan hacia el comportamiento de los poderes federales, concretamente al Presidente de la República y el Congreso de la Unión, como si únicamente de estos actores dependiera el destino de la Nación.

Sin embargo, hay que decirlo, esta percepción no corresponde ni al tamaño ni a las necesidades de un país que en la práctica se teje desde la realidad local. La alternancia de partidos lleva ya algunos lustros instalada en nuestro país, siendo también un elemento distintivo al interior de las 32 entidades federativas y sus municipios.

En tal sentido, el proceso electoral que inició en septiembre de 2020 y que tendrá su momento decisivo en la jornada electoral del domingo 6 de junio de este año, representará una de las oportunidades más emblemáticas para la participación social que ha tenido la ciudadanía mexicana en su historia; considerando lo que hay en juego y la posibilidad de re-equilibrar la representación local en los asuntos de interés nacional.

¿Qué elegiremos en 2021? En principio se elegirán a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados a nivel federal, así como 15 gubernaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala y Campeche.

También desde lo local, esta elección servirá para renovar los congresos estatales en 30 entidades con excepción de Coahuila y Quintana Roo; ayuntamientos y alcaldías en 30 estados con excepción de Durango e Hidalgo, así como 4 entidades que elegirán cargos municipales como regidurías y sindicaturas.

Pero más allá del tamaño de la elección, creemos que la importancia de este proceso no estriba únicamente en la organización y desarrollo de un proceso meramente de renovación de puestos públicos.

Esta pandemia por COVID-19 y la situación mundial respecto del papel de los gobiernos locales frente a la preservación de la vida y salud de las personas, así como la estabilidad de la economía y la protección de la seguridad de la sociedad, pone de manifiesto que el voto ciudadano adquiere – probablemente hoy más que nunca – un nuevo matiz que deberá ser revaluado por las nuevas generaciones como la única moneda de cambio para lograr que las cosas sucedan en este momento de incertidumbre global.

Por ello, es válido afirmar que las elecciones de este 2021 representarán poco más que un mero trámite ciudadano. Se trata de una renovada oportunidad para exigir a quienes resulten electos, desde el primer momento de su mandato, la responsabilidad de atender de fondo las prioridades en materia económica y de derechos humanos de todos los mexicanos.

Enfoque de niñez para atacar la violencia sexual infantil

Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute

Publicación original en El Sol de México 

En un tema tan indignante y doloroso como es la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (NNA), todo esfuerzo para erradicarlo es bienvenido y necesario, pero hay que hacer cada vez más.

En 2019, México registró 51 mil 662 delitos sexuales en contra de este sector, lo que equivale a un aumento de 20% con respecto a 2018. La situación es alarmante y se agrava por la falta de una perspectiva de niñez en su combate, entre otros factores de carácter legal.

Para empezar, en nuestro país, tanto la Federación como los estados tienen las facultades para crear y reformar los tipos penales que crean necesarios en sus respectivas jurisdicciones. Esto genera una diversidad de tipos penales en cada entidad federativa, los cuales carecen de lineamientos homologados, claros y objetivos.

Esto viene al caso porque hoy se cuenta con al menos 40 delitos sexuales tipificados en los 32 estados de la República Mexicana y a nivel federal. En resumen, el problema de esta diversidad: a) crea confusión de las conductas sancionadas; b) la legislación penal no respeta el interés superior de la niñez; y c) hay interpretaciones que llevan a la impunidad y poco acceso a la justicia.

En particular, y por mencionar una consecuencia de esta heterogeneidad, hoy 30 estados (junto con la Federación) regulan el abuso sexual en contra de NNA con distintos nombres, mientras que Aguascalientes y Nayarit no contemplan ningún tipo penal específico en sus códigos penales bajo esa denominación, sino como atentados al pudor. Evidentemente esto minimiza el problema. Es así como la multiplicidad y la falta de homologación de delitos, origina una falta de visibilización y abre la posibilidad de que los delitos de esta índole queden sin castigo.

Es obligación del Estado, en corresponsabilidad con los particulares, prevenir, atender, denunciar y sancionar la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, pero urge que el problema se atienda con una perspectiva de niñez, hasta ahora inexistente.

Actuar con este enfoque implicaría, según el Análisis de los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes en México, editado por Early Institute: “el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como personas titulares de derechos, con base en el respeto de su dignidad, vida, supervivencia, bienestar, salud, desarrollo, participación y no discriminación, garantizando el disfrute de sus derechos de manera integral”.

Lo anterior porque cuando un niño, niña o adolescente sufre de violencia sexual, no solo se da una afectación de carácter sexual, sino que se violentan otros derechos.

Hay que decir que en los últimos meses se ha propuesto en el Congreso de la Unión, la creación de un Código Penal Único que homologue los delitos de abuso sexual contra NNA en todo el país. La propuesta, además de buscar la unificación de criterios en torno a estas graves faltas, también homologaría las penas. Hoy, por ejemplo, en Yucatán se prevén sanciones de uno a cinco años de prisión y de 40 a 100 días de multa; mientras que en Veracruz se establecen de seis a 12 años de prisión y hasta dos mil días de multa, debido a que la configuración de los delitos es diferente.

Por la relevancia de atender esta problemática de una manera distinta a como se ha estado haciendo, Alumbra Contigo —iniciativa de Early Institute que reúne a más de 40 aliados en una comunidad de conocimiento— pone a disposición una plataforma con recomendaciones a padres y educadores para identificar la violencia sexual contra NNA, ofrecer asesoría telefónica y canalizar denuncias. Asimismo, da a conocer una serie de estadísticas sobre el tema en su portal alumbramx.org que está disponible para quien desee más información. Nuestras intenciones son contundentes: por un lado, visibilizar las deficiencias en el respeto, la protección y la garantía al acceso a una vida sin violencia de este grupo social, pero sobre todo, evitar que se enfrente a una de las experiencias que, sin duda, deja huellas muy profundas de por vida.