Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

Sobre advertencia no hay engaño, con la mayoría calificada de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, y a solo un voto de la oposición en el Senado, el Presidente podrá llevar a cabo su llamado Plan C que incluye la desaparición de órganos autónomos, la reforma judicial y la reforma electoral, por mencionar algunas.

Estas reformas han generado preocupación y alarma a nivel nacional entre especialistas, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, ciudadanas y ciudadanos. Calificadoras internacionales y bancos de inversión han hecho advertencias sobre el impacto que podría tener en el país. Desde Estados Unidos y Canadá también se ha expresado inquietud lo que podría comprometer la relación comercial y estabilidad del país.

El pasado 23 de agosto, se impulsó la reforma para eliminar organismos autónomos la cual tuvo el primer avance en el Congreso, al ser aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales para su posterior aprobación en el pleno, donde se prevé que sea discutida por la nueva Legislatura que inicia labores el próximo 1 de septiembre.

Esta reforma busca redirigir los recursos de estos organismos hacia programas sociales y otras prioridades del Ejecutivo, pero pone en riesgo la transparencia, el equilibrio de poderes y la efectividad de las políticas públicas en áreas cruciales como la transparencia, el combate a la pobreza, la protección de derechos humanos, la evaluación de la educación, la competencia económica y la regulación de energía.

Organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) han sido fundamentales para la transparencia en México. Han operado de manera independiente del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo cual garantiza imparcialidad en estas áreas de gran relevancia donde los intereses políticos no deben influir.

Aunque cada uno de estos organismos son relevantes en su área de especialización, me centraré en dos que, particularmente, preocupa su desaparición: el INAI y el Coneval.

El INAI ha sido esencial para garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales. La propuesta de transferir sus funciones a dependencias federales amenaza con desaparecer su autonomía, lo cual representa un retroceso en transparencia y rendición de cuentas que con tanto esfuerzo democrático ha sido construido por generaciones y dificulta la capacidad de la sociedad civil organizada y todas las personas mexicanas para dar seguimiento a las acciones de gobierno y exigir responsabilidades.

La reforma también contempla la desaparición del Coneval, crucial en la evaluación de la política social en México. El Coneval ha proporcionado datos y análisis rigurosos sobre avances y retrocesos sobre la política social del país. Hoy es también pieza clave en el combate a la pobreza y la garantía de los derechos humanos, ha fortalecido al Estado mexicanos para diseñar políticas más efectivas y basadas en evidencia.

El Coneval ya ha lanzado un posicionamiento público expresando su preocupación y solicitando un diálogo con las y los legisladores del Congreso de la Unión sobre el asunto central de la garantía de los derechos humanos de las y los mexicanos antes de avanzar en la discusión de esta reforma legislativa.

Es importante destacar que el Coneval se ha apegado a los principios de la Ley Federal de Austeridad Republicana impulsada por la presente administración y es quizá́ el organismo público más costo-efectivo del país. Además, se señala que no tiene duplicidad de funciones con el INEGI por lo que su eliminación representaría un retroceso en materia de evaluación y monitoreo de más de 20 años.

Además de los riesgos para la transparencia y la lucha contra la pobreza y en favor de los derechos humanos, eliminar tales organismos autónomos plantea un desafío para la democracia mexicana. Concentrar más poder en el Ejecutivo podría erosionar los contrapesos necesarios para una democracia funcional. La independencia de estos organismos es esencial para proteger a las instituciones de la captura política y asegurar que sus decisiones se basen en criterios objetivos sin presiones políticas.

La reforma representa un peligroso precedente de centralización del poder que tendrá implicaciones negativas de largo alcance para la democracia en México. Es crucial que las instituciones democráticas sean fortalecidas, no debilitadas.

Es fundamental que, desde la sociedad civil, la ciudadanía, y particularmente las y los legisladores que nos representan en el Congreso de la Unión se involucren en el dialogo sobre las implicaciones de esta reforma y defiendan la democracia y los derechos humanos. La eliminación de organismos autónomos no debe decidirse apresuradamente ni bajo presión por agenda política o intereses particulares. Debe haber un análisis profundo sobre cómo estas instituciones han contribuido a la democracia, al desarrollo social y derechos humanos, y cómo su eliminación podría afectar estos avances.

México necesita instituciones fuertes, independientes y comprometidas con el interés público. La eliminación de estos organismos autónomos pondrá en riesgo los avances logrados en la construcción de una democracia más justa y efectiva y obstaculizará el desarrollo sostenible del país.

Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

La obesidad infantil se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más urgentes de atender en México. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022, el sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes han aumentado entre un 5% y un 7%, dependiendo de la edad, en comparación con 2018.

Lo más preocupante es el aumento exponencial de prevalencias por edad: mientras el 7.7% de los niños y las niñas menores de 5 años presentan sobrepeso u obesidad, esta cifra se quintuplica en edades posteriores, ya que se presenta en el 37.3% de los niños y las niñas de 5 a 11 años y en el 41.1% de adolescentes de 12 a 19 años. Es decir sólo 6 de cada 10 adolescentes tienen un peso normal al entrar a la edad adulta, lo que presenta riesgos para su salud presente y futura.

Las consecuencias del sobrepeso y la obesidad en la salud física no deben pasar desapercibidas pues esta asociada con riesgos significativos de presentar enfermedades cardíacas, diabetes, cancer e incluso la muerte. Durante la pandemia del COVID 19 la obesidad y sobre peso fue considerado un factor significativo en la morbilidad y mortalidad.

De acuerdo con el estudio de BMJ Health titulado Impactos económicos del sobrepeso y la obesidad: estimaciones actuales y futuras para ocho países y publicado en 2021, los costos relacionados con la obesidad ascienden a aproximadamente 26 mil millones de dolares anuales. Estos costos incluyen gastos médicos directos, como hospitalizaciones y tratamientos, así como costos indirectos relacionados con la pérdida de productividad y el ausentismo laboral. Resulta preocupante que esta cifra equivale al 2.4% del producto interno bruto y se estima que para 2060 esta cifra casi se duplique alcazando el 4.14% del producto interno bruto de México.

La Alianza por la Salud Alimentaria, un grupo que agrupa a diversas organizaciones civiles y académicas, ha emitido un claro llamado de atención: si no se implementan medidas firmes para regular la venta de comida chatarra en las escuelas, medio millón de niños podría desarrollar obesidad en tan solo un año. Este incremento es atribuido en gran medida a la falta de regulación en los entornos escolares, donde se sigue permitiendo la venta de productos altos en azúcares y grasas.

Concretamente, la Ley General de Educación, especialmente en su artículo 75, establece que es responsabilidad de los directores y otras autoridades escolares asegurar el cumplimiento de las normativas sobre la venta de alimentos. Según la Ley, las cooperativas, tiendas escolares y comedores deben comprometerse a promover la salud y seguir las reglas establecidas, como la prohibición de la venta de comida chatarra. Además, se destaca la necesidad de fomentar estilos de vida saludables entre los estudiantes, promoviendo la activación física y una buena alimentación desde temprana edad.

Sin embargo, en la práctica la implementación de estos lineamientos ha sido deficiente por parte de las autoridades educativas. De acuerdo con la columna de opinion de Andrea Vega titulada Estiman Medio Millón de Niños Obesos en un Año por No Regular Venta de Chatarra en Escuela, la situación se agrava con el hecho de que, aunque existen lineamientos, estos no son de carácter obligatorio en todas las escuelas, lo que resulta en una aplicación inconsistente.

La resistencia de la industria alimentaria y de bebidas ha sido un obstáculo significativo para la implementación efectiva de estas políticas. Además, la regulación estipula que debe existir un Comité de Establecimientos de Consumo Escolar conformado mayoritariamente por madres y padres de familia. Sin embargo, en la gran mayoría de escuelas no está conformado este Comité.

Asimismo, existe una falta de recursos, supervisión y apoyo en las escuelas para implementar las normativas adecuadamente. Además, muchas instituciones educativas dependen de los ingresos generados por las cooperativas escolares, lo cual se vuelve un ciclo díficil de romper.

Desde Early Institute consideramos que las altas prevalencias en sobrepeso y obesidad en niñas, niños y adolescentes, así como la magnitud de los costos asociados subrayan la necesidad urgente de una acción coordinada.

Es imperativo que las autoridades educativas y de salud trabajen juntas para asegurar el cumplimiento de las regulaciones existentes y que se eduque a la comunidad escolar sobre la importancia de una alimentación saludable.

Desde la sociedad, es necesario incentivar el involucramiento de madres y padres de familia en el proceso y en los Comités escolares. Desde el gobierno también debe considerar políticas más integrales como incluir la implementación de impuestos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados para desalentár su consumo. Asimismo, debe reducirse la dependencia de los ingresos generados por las cooperativas escolares que venden comida chatarra a través de una mayor inversión pública en las escuelas.

Los datos son claros, se requieren acciones urgentes para revertir las tendencias y que las niñas, niños y adolescentes no paguen las consecuencias.

Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

La salud es un derecho fundamental establecido en la Constitución Mexicana. Sin embargo, este derecho se ha vuelto cada vez más inaccesible para las niñas y niños en nuestro país.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), una persona tiene carencia por acceso a la salud si no cuenta con adscripción o afiliación a las instituciones públicas de seguridad social como el IMSS, ISSSTE, Pemex, Ejército o Marina, a servicios médicos privados, o bien, no se encuentra afiliado o inscrito al Seguro Popular, o no reportó tener derecho a recibir los servicios que presta el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

De acuerdo con cifras del CONEVAL la carencia por acceso a la salud para toda la población pasó de 16.2% en 2018 a 39.1% en 2022. Resulta preocupante que la falta de acceso a la salud se profundice aún más en la primera infancia, niñas y niños de 0 a 5 años.

En 2018, según el CONEVAL, la carencia por acceso a la salud afectaba al 17% de las niñas y niños. Para 2020, esta cifra se había elevado al 30%, y en 2022, la situación fue aún más preocupante, con una carencia casi triplicada del 45%. En otras palabras, en 2022, casi uno de cada dos niñas y niños mexicanos no tiene acceso a la salud durante su primera infancia, lo que plantea una seria amenaza para su bienestar y futuro.

La desigualdad en el acceso a la salud es evidente cuando observamos las disparidades entre los estados de México. Los estados que más preocupan son Guerrero, Michoacán de Ocampo, Hidalgo, Oaxaca y Chiapas, donde más del 58% de los niños y niñas carecen de acceso a la atención médica adecuada. Mientras tanto, en estados del norte como Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chihuahua y Nuevo León, los porcentajes son significativamente más bajos, pero aún no alcanzan niveles óptimos.

Asimismo, resulta esencial profundizar y cuestionar lo que realmente implica tener acceso a la salud. A pesar de que algunas personas consideran que tienen acceso, existen numerosas barreras que dificultan su implementación efectiva. Los hospitales a menudo están distantes de los hogares rurales, el transporte es insuficiente y caro, la disponibilidad de personal médico calificado es limitada e incluso si las personas llegan al hospital, frecuentemente se enfrentan a la discriminación por condición social y étnica lo cual es una realidad preocupante.

Ante esta crítica situación, desde Early Institute consideramos es esencial tomar medidas urgentes y necesarias para abordar la problemática del acceso a la salud en México y particularmente para niñas y niños por su etapa de desarrollo crítico.

Se requiere una inversión significativa en la ampliación y mejora de los recursos materiales, incluyendo infraestructura, equipamiento y servicios de salud. Además, la capacitación del personal de salud de primer nivel es fundamental, especialmente en temas de acompañamiento familiar en salud, nutrición y desarrollo.

Para lograr una atención integral, es esencial establecer un sistema de salud gratuito para la niñez y contar con un sistema de información que permita un seguimiento efectivo. Se necesita dejar la noción de que la salud solo está asegurada para aquellos con empleo formal y en su lugar, debemos buscar la universalización de la salud para todas las niñas y niños.

Garantizar el acceso a la salud para todas las niñas y niños mexicanos debe ser prioritario. Por la crítica etapa de desarrollo en la que están, las niñas y niños de la primera infancia no pueden esperar más o estaremos comprometiendo su salud, bienestar y desarrollo en el corto y largo plazo.

Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

La reciente publicación de los resultados de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022, por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), arroja luz sobre temas cruciales que frecuentemente son subestimados en México: el trabajo no remunerado del cuidado, la falta de responsabilidad del Estado y la brecha de género en este ámbito. La ENASIC 2022 presenta una valiosa radiografía de la situación actual y plantea desafíos significativos que merecen atención.

Uno de los hallazgos más destacados es que en México, de los 58.3 millones de personas susceptibles de recibir cuidado, el 64.5% lo reciben de una persona de su hogar o de otro hogar. Esta estadística refuerza la noción de que el cuidado en México está fuertemente arraigado en las dinámicas familiares y se ha dejado de lado por parte del Estado.

Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

¿Cómo sabemos que la adversidad, la negligencia y el abandono tienen un impacto negativo en el desarrollo infantil? Uno de los estudios de caso más relevantes en esta materia es en niñas y niños institucionalizados en Rumania en la década de los 80s, los científicos descubrieron que en las casas hogar llenas de bebés reinaba un silencio y concluyeron que debido a que no hubo una interacción típica entre un cuidador y un niño, nunca se les atendió cuando lloraban y por ello optaron por permanecer en silencio. El estudio determinó causalidad entre negligencia y desarrollo infantil inadecuado y probó que el cuidado cariñoso y sensible puede atenuar los efectos de las adversidades a las que habían sido expuestas.

En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, hay 53,862 niñas, niños y adolescentes en los Centros de Alojamiento de Asistencia Social (CAAS) que, por diversas razones como la violencia, la pobreza, el crimen organizado, la migración, entre otras, no viven en un entorno familiar y se encuentran institucionalizados. Esta situación representa un desafío social de gran relevancia.

Lamentablemente en México, de acuerdo con el Coneval más del 10% de las niñas y niños están en pobreza extrema y alrededor de 1,780,000 que equivale al 6% de las niñas y niños de entre 1 y 14 años se les castiga con violencia severa semanalmente.

A lo largo de los años, se ha planteado la necesidad de evitar la institucionalización de niñas, niños y adolescentes, sobre todo, por el impacto negativo en el desarrollo de las niñas y niños por largos periodos de institucionalización. No obstante, es fundamental visibilizar que ante las realidades que existen en México, los Centros de Alojamiento de Asistencia Social (CAAS), si bien deben mejorar en muchos casos la calidad y condiciones de sus servicios, han jugado un papel clave en la vida de miles de niñas y niños como hogares de transición hacia una familia.

Sin duda, es esencial que estos CAAS sean un paso temporal para las niñas, niños y adolescentes y no un destino permanente. La meta debe ser que cada niña, niño o adolescente no regrese a entornos de violencia, pobreza y crimen, sino que transiten hacia la adopción o la reintegración familiar, proporcionándoles una vida de cuidado cariñoso y sensible y un cambio positivo en el corto y largo plazos.

Los CAAS albergan a miles de niñas, niños y adolescentes por lo que es fundamental que durante su estancia se les brinden las mejores condiciones posibles y asegurar que se cumplan sus derechos fundamentales como la educación, salud, nutrición, protección y sin dejar de lado su derecho a la recreación y al juego.

Sin embargo, existen diversas preocupaciones, por ejemplo, que un 21% de las niñas, niños y adolescentes institucionalizados no asistan a la escuela, y que este porcentaje sea aún más alto para la primera infancia, alcanzando un 38%, principalmente por la relevancia de esta etapa trascendental.

Estas cifras reflejan una realidad inquietante, pues lejos de poder disfrutar de un entorno familiar amoroso y estable, miles de niñas, niños y adolescentes institucionalizados pasan largos periodos de tiempo en las Casas hogar para menores de edad y no asisten a la escuela. Los datos muestran que solo el 31% de las niñas y niños reside en estos Centros por menos de 1 año, mientras que un 31% permanece entre 1 y 2 años, un 21% de 3 a 5 años y un alarmante 17% por 6 años o más.

Desde Early Institute, consideramos imperante redoblar esfuerzos para asegurar que las condiciones de estos Centros de alojamiento sean óptimas, y que sus estancias sean cortas, favoreciendo así procesos de adopción o reintegración eficientes que les permitan tener un cambio de trayectoria y lograr el desarrollo en un entorno familiar que les brinde cuidado cariñoso y sensible para atenuar los efectos adversos de su pasado. Se necesita de una colaboración interinstitucional de autoridades desde el ámbito legislativo y escolar, así como de instituciones y de la sociedad civil para mejorar la calidad en los servicios en beneficio del interés superior de cada niña o niño.

No dejemos que las niñas y niños que necesitan atención urgente y de calidad, reciban la peor. Debe ser nuestra prioridad cambiar la trayectoria de una niña o niño cuyos derechos han sido vulnerados y construir un futuro brillante que garantice el bienestar de la niñez mexicana. Logremos que las casas hogar se llenen de risas y juego.