Por: Renata Díaz Barreiro, Investigadora de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

veces no dimensionamos que cuando hablamos del problema de la violencia sexual infantil, hablamos de millones de niñas, niños y adolescentes que están encerrados en casa con sus agresores.

Los agresores frecuentemente no son desconocidos. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, siete de cada diez agresores de niñas y adolescentes son familiares, entre los cuales destacan los tíos y los primos, responsables de cuatro de cada diez casos.

El hogar, que debería ser un espacio de protección, muchas veces se convierte en el lugar más accesible para los agresores, ya que madres, padres y cuidadores al no haber un sistema de cuidados y educación que les respalde frecuentemente dejan niñas y niños bajo el cuidado de familiares pensando que estarán seguros, cuando en realidad no siempre lo están.

Y no es un fenómeno pequeño: las cifras lo confirman. En 2023, se registraron 35 mil 866 carpetas de investigación por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, lo que representa casi 98 casos diarios. Esta cifra ha venido creciendo año con año: un incremento del 32 por ciento entre 2021 y 2022, y del 21 por ciento entre 2022 y 2023. Los datos muestran que esta violencia comienza desde edades muy tempranas: el 30 por ciento de las carpetas se refieren a víctimas menores de 10 años.

Estas denuncias apenas son la punta del iceberg. Según la ENVIPE 2024, 95.1 por ciento de los delitos sexuales no se denuncia, lo que significa que la mayoría de los casos permanece oculto, en silencio, sin atención ni justicia.

Y no es solo un tema penal. También es un problema de salud pública. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en 2023 9 mil 822 niñas, niños y adolescentes acudieron a una unidad médica por violencia sexual, lo que equivale a 27 cada día. Entonces, tenemos alrededor de 35 mil casos llegando a ministerios públicos y 10 mil a hospitales. ¿Cómo dimensionamos el tamaño real del problema?

La ENDIREH 2021 señala que más de 6.3 millones de mujeres en México reportaron haber sufrido violencia sexual antes de los 15 años, y esta encuesta no incluye a hombres. La encuesta contempla seis formas de violencia, y muestra que el 55.4 por ciento de las mujeres que sufrieron violencia sexual vivieron al menos una de ellas. Pero preocupa aún más que el 1.6 por ciento —equivalente a más de 100 mil mujeres— reportó haber sufrido las seis: exposición a actos sexuales, tocamientos, coerción con regalos o amenazas, intento de violación, violación y obligarlas a presenciar o realizar actos sexuales.

La violencia sexual no solo daña el presente de niñas, niños y adolescentes, sino que impacta profundamente su desarrollo físico, emocional y social. Las consecuencias van desde trastornos de ansiedad y depresión hasta dificultades en el aprendizaje, aislamiento, autolesiones y riesgo de suicidio.

Para prevenir, el primer paso es reconocer el problema y romper el silencio. El miedo y la vergüenza no deben estar del lado de las víctimas. Como dijo Giselle Pelicot: “la vergüenza tiene que cambiar de bando”. Desde Alumbra, contamos con una plataforma de prevención con herramientas dirigidas a mamás, papás y personas cuidadoras, para dejar de tratar este tema como tabú y hablar de la violencia sexual de forma clara, empática y sin prejuicios. Las niñas y niños deben saber en quién confiar y cómo reaccionar.

Pero esto no es responsabilidad exclusiva de las familias. Urgen protocolos claros y obligatorios en escuelas, centros de salud, centros deportivos, iglesias y espacios comunitarios. Urge que todas las personas cuidadoras —agentes educativas, médicas, policías, trabajadoras sociales— estén capacitadas para detectar signos de violencia, actuar sin revictimizar y activar rutas de protección eficaces que garanticen justicia, atención y reparación del daño para las niñas, niños y adolescentes.

La violencia sexual infantil no puede seguir siendo invisibilizada. Estamos ante una emergencia nacional que debe reconocerse como lo que es: un problema de salud pública, de seguridad pública y de derechos humanos. Es urgente combatir con responsabilidad y acción colectiva, con recursos, con voluntad política y con un sistema que realmente respalde a las niñas y niños cuando decidan romper el silencio que les brinde atención y justicia.

Por: Renata Díaz Barreiro, Investigadora de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

La probabilidad en México de nacer en pobreza para las niñas, niños y adolescentes es la misma que lanzar una moneda al aire. Mientras que algunas niñas, niños y adolescentes nacen en hogares con estabilidad financiera, alimentación nutritiva y de calidad, acceso a educación, viviendas dignas y acceso a la salud o seguridad social, otros heredan una cadena de carencias que comienza desde que nacen y condiciona su vida a largo plazo.

La mitad de las niñas, niños y adolescentes en pobreza. Seguín el informe más reciente de Coneval y Unicef, Pobreza infantil y adolescente en México 2022, el 45.8% de las niñas, niños y adolescentes en el país vive en situación de pobreza lo que implica que carecen de los recursos necesarios para un desarrollo pleno​. Además, el 9.9% vive en pobreza extrema, lo que equivale a enfrentar privaciones tan severas que ni siquiera cuentan con una alimentación básica.

Además, en México, esto esta situación se profundiza si la niña o niño vive en una comunidad rural, se identifica con algún pueblo originario o vive un hogar encabezado por una madre joven, estos factores reducen drásticamente las posibilidades de salir de la pobreza.

A pesar de que es un periodo crítico para el desarrollo físico, cognitivo y emocional, la primera infancia sigue siendo el grupo poblacional más afectado por la pobreza. De acuerdo con la serie de desarrollo infantil temprano de The Lancet, las niñas y niños que crecen en pobreza tienen mayores probabilidades de enfrentar problemas de salud, rezago educativo y, en la edad adulta tendran dificultad para ingresar al mercado laboral, llegando a reducir hasta un 25% de su ingreso potencial a largo plazo.

El hecho de que niñas, niños y adolescentes se encuentren en pobreza, desmiente una de las narrativas más dañinas que perpetúan la desigualdad: la creencia en la meritocracia. Esto perpetúa la idea de que quienes logran el éxito lo hacen únicamente por su esfuerzo, ignorando las barreras estructurales que enfrentan quienes nacen en la pobreza.

La polarización social no es solo una consecuencia de la desigualdad, sino también una herramienta que la refuerza. Mientras la atención pública se centra en divisiones políticas y sociales, se deja de lado lo esencial: garantizar oportunidades equitativas para todas las niñas y niños del país. México no puede avanzar mientras casi la mitad de su infancia siga atrapada en condiciones de pobreza.

Se necesitan políticas públicas integrales y un presupuesto suficiente. Constitucionalmente, el gobierno tiene el deber de garantizar los derechos humanos sin embargo, a pesar de que se ha intentado combatir la pobreza a través de diversas políticas y programas, los resultados son insuficientes.

Según el informe, las transferencias monetarias han ayudado a reducir la pobreza por ingresos, pero la vulneración de los derechos sociales, como el acceso a servicios de salud y seguridad social, siguen siendo alarmantemente altas​. Esto pone de manifiesto que los programas actuales no atacan las raíces del problema, sino que apenas logran mitigar sus síntomas.

Necesitamos una estrategia integral: Garantizar la educación inicial, preescolar y básica de tiempo completo con servicios de nutrición, atención médica y educación de calidad podría marcar una diferencia significativa avanzando hacia un Sistema Nacional de Cuidados. Estos espacios no solo mejorarían las condiciones de vida de la niñez, sino que también aliviarían la carga de las familias, especialmente de las mujeres, quienes suelen ser las principales cuidadoras. Además, garantizarían que todos las niñas y niños, independientemente de su origen, tengan acceso a un punto de partida justo.

A pesar del que el reciente Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 incrementó en un 4.3 % los recursos para este sector, beneficiando principalmente a menores afiliados al IMSS y al ISSSTE, se deja fuera al 40 % de los niños y las niñas que carecen de seguridad social de acuerdo con el Coneval. Además, es importante señalar que el presupuesto carece de estrategias para reducir el rezago educativo, invertir en primera infancia o establecer un Sistema Nacional de Cuidados.

Un México para todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Desde Early Institute, hacemos un llamado a los tomadores de decisiones para que prioricen la inversión en la primera infancia como una estrategia fundamental de política pública. La falta de acción en este ámbito no solo perpetúa la pobreza y las desigualdades sociales, sino que también compromete el futuro del país.

El presupuesto destinado a la primera infancia debe enfocarse en asegurar un acceso universal y de calidad, sin discriminar a niñas y niños cuyos cuidadores están fuera del ámbito formal. Los programas sociales deben tener estrategias integrales que no solo apuesten a transferencias monetarias sino también a la educación, salud, nutrición, seguridad social, y una vivienda digna. Apostar por un Sistema Nacional de Cuidados como un eje estratégico de la política pública es esencial para garantizar un desarrollo equitativo desde la primera infancia.

Finalmente, es crucial que, como sociedad, dejemos atrás la polarización social y nos movilicemos colectivamente para reducir las desigualdades. Aspirar a un México donde todas las personas tengan la oportunidad de prosperar requiere comenzar por las niñas, niños y adolescentes. Este es el primer y más importante paso hacia un país donde nadie se quede atrás.

Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

Sobre advertencia no hay engaño, con la mayoría calificada de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, y a solo un voto de la oposición en el Senado, el Presidente podrá llevar a cabo su llamado Plan C que incluye la desaparición de órganos autónomos, la reforma judicial y la reforma electoral, por mencionar algunas.

Estas reformas han generado preocupación y alarma a nivel nacional entre especialistas, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, ciudadanas y ciudadanos. Calificadoras internacionales y bancos de inversión han hecho advertencias sobre el impacto que podría tener en el país. Desde Estados Unidos y Canadá también se ha expresado inquietud lo que podría comprometer la relación comercial y estabilidad del país.

El pasado 23 de agosto, se impulsó la reforma para eliminar organismos autónomos la cual tuvo el primer avance en el Congreso, al ser aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales para su posterior aprobación en el pleno, donde se prevé que sea discutida por la nueva Legislatura que inicia labores el próximo 1 de septiembre.

Esta reforma busca redirigir los recursos de estos organismos hacia programas sociales y otras prioridades del Ejecutivo, pero pone en riesgo la transparencia, el equilibrio de poderes y la efectividad de las políticas públicas en áreas cruciales como la transparencia, el combate a la pobreza, la protección de derechos humanos, la evaluación de la educación, la competencia económica y la regulación de energía.

Organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) han sido fundamentales para la transparencia en México. Han operado de manera independiente del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo cual garantiza imparcialidad en estas áreas de gran relevancia donde los intereses políticos no deben influir.

Aunque cada uno de estos organismos son relevantes en su área de especialización, me centraré en dos que, particularmente, preocupa su desaparición: el INAI y el Coneval.

El INAI ha sido esencial para garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales. La propuesta de transferir sus funciones a dependencias federales amenaza con desaparecer su autonomía, lo cual representa un retroceso en transparencia y rendición de cuentas que con tanto esfuerzo democrático ha sido construido por generaciones y dificulta la capacidad de la sociedad civil organizada y todas las personas mexicanas para dar seguimiento a las acciones de gobierno y exigir responsabilidades.

La reforma también contempla la desaparición del Coneval, crucial en la evaluación de la política social en México. El Coneval ha proporcionado datos y análisis rigurosos sobre avances y retrocesos sobre la política social del país. Hoy es también pieza clave en el combate a la pobreza y la garantía de los derechos humanos, ha fortalecido al Estado mexicanos para diseñar políticas más efectivas y basadas en evidencia.

El Coneval ya ha lanzado un posicionamiento público expresando su preocupación y solicitando un diálogo con las y los legisladores del Congreso de la Unión sobre el asunto central de la garantía de los derechos humanos de las y los mexicanos antes de avanzar en la discusión de esta reforma legislativa.

Es importante destacar que el Coneval se ha apegado a los principios de la Ley Federal de Austeridad Republicana impulsada por la presente administración y es quizá́ el organismo público más costo-efectivo del país. Además, se señala que no tiene duplicidad de funciones con el INEGI por lo que su eliminación representaría un retroceso en materia de evaluación y monitoreo de más de 20 años.

Además de los riesgos para la transparencia y la lucha contra la pobreza y en favor de los derechos humanos, eliminar tales organismos autónomos plantea un desafío para la democracia mexicana. Concentrar más poder en el Ejecutivo podría erosionar los contrapesos necesarios para una democracia funcional. La independencia de estos organismos es esencial para proteger a las instituciones de la captura política y asegurar que sus decisiones se basen en criterios objetivos sin presiones políticas.

La reforma representa un peligroso precedente de centralización del poder que tendrá implicaciones negativas de largo alcance para la democracia en México. Es crucial que las instituciones democráticas sean fortalecidas, no debilitadas.

Es fundamental que, desde la sociedad civil, la ciudadanía, y particularmente las y los legisladores que nos representan en el Congreso de la Unión se involucren en el dialogo sobre las implicaciones de esta reforma y defiendan la democracia y los derechos humanos. La eliminación de organismos autónomos no debe decidirse apresuradamente ni bajo presión por agenda política o intereses particulares. Debe haber un análisis profundo sobre cómo estas instituciones han contribuido a la democracia, al desarrollo social y derechos humanos, y cómo su eliminación podría afectar estos avances.

México necesita instituciones fuertes, independientes y comprometidas con el interés público. La eliminación de estos organismos autónomos pondrá en riesgo los avances logrados en la construcción de una democracia más justa y efectiva y obstaculizará el desarrollo sostenible del país.

Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

La obesidad infantil se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más urgentes de atender en México. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022, el sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes han aumentado entre un 5% y un 7%, dependiendo de la edad, en comparación con 2018.

Lo más preocupante es el aumento exponencial de prevalencias por edad: mientras el 7.7% de los niños y las niñas menores de 5 años presentan sobrepeso u obesidad, esta cifra se quintuplica en edades posteriores, ya que se presenta en el 37.3% de los niños y las niñas de 5 a 11 años y en el 41.1% de adolescentes de 12 a 19 años. Es decir sólo 6 de cada 10 adolescentes tienen un peso normal al entrar a la edad adulta, lo que presenta riesgos para su salud presente y futura.

Las consecuencias del sobrepeso y la obesidad en la salud física no deben pasar desapercibidas pues esta asociada con riesgos significativos de presentar enfermedades cardíacas, diabetes, cancer e incluso la muerte. Durante la pandemia del COVID 19 la obesidad y sobre peso fue considerado un factor significativo en la morbilidad y mortalidad.

De acuerdo con el estudio de BMJ Health titulado Impactos económicos del sobrepeso y la obesidad: estimaciones actuales y futuras para ocho países y publicado en 2021, los costos relacionados con la obesidad ascienden a aproximadamente 26 mil millones de dolares anuales. Estos costos incluyen gastos médicos directos, como hospitalizaciones y tratamientos, así como costos indirectos relacionados con la pérdida de productividad y el ausentismo laboral. Resulta preocupante que esta cifra equivale al 2.4% del producto interno bruto y se estima que para 2060 esta cifra casi se duplique alcazando el 4.14% del producto interno bruto de México.

La Alianza por la Salud Alimentaria, un grupo que agrupa a diversas organizaciones civiles y académicas, ha emitido un claro llamado de atención: si no se implementan medidas firmes para regular la venta de comida chatarra en las escuelas, medio millón de niños podría desarrollar obesidad en tan solo un año. Este incremento es atribuido en gran medida a la falta de regulación en los entornos escolares, donde se sigue permitiendo la venta de productos altos en azúcares y grasas.

Concretamente, la Ley General de Educación, especialmente en su artículo 75, establece que es responsabilidad de los directores y otras autoridades escolares asegurar el cumplimiento de las normativas sobre la venta de alimentos. Según la Ley, las cooperativas, tiendas escolares y comedores deben comprometerse a promover la salud y seguir las reglas establecidas, como la prohibición de la venta de comida chatarra. Además, se destaca la necesidad de fomentar estilos de vida saludables entre los estudiantes, promoviendo la activación física y una buena alimentación desde temprana edad.

Sin embargo, en la práctica la implementación de estos lineamientos ha sido deficiente por parte de las autoridades educativas. De acuerdo con la columna de opinion de Andrea Vega titulada Estiman Medio Millón de Niños Obesos en un Año por No Regular Venta de Chatarra en Escuela, la situación se agrava con el hecho de que, aunque existen lineamientos, estos no son de carácter obligatorio en todas las escuelas, lo que resulta en una aplicación inconsistente.

La resistencia de la industria alimentaria y de bebidas ha sido un obstáculo significativo para la implementación efectiva de estas políticas. Además, la regulación estipula que debe existir un Comité de Establecimientos de Consumo Escolar conformado mayoritariamente por madres y padres de familia. Sin embargo, en la gran mayoría de escuelas no está conformado este Comité.

Asimismo, existe una falta de recursos, supervisión y apoyo en las escuelas para implementar las normativas adecuadamente. Además, muchas instituciones educativas dependen de los ingresos generados por las cooperativas escolares, lo cual se vuelve un ciclo díficil de romper.

Desde Early Institute consideramos que las altas prevalencias en sobrepeso y obesidad en niñas, niños y adolescentes, así como la magnitud de los costos asociados subrayan la necesidad urgente de una acción coordinada.

Es imperativo que las autoridades educativas y de salud trabajen juntas para asegurar el cumplimiento de las regulaciones existentes y que se eduque a la comunidad escolar sobre la importancia de una alimentación saludable.

Desde la sociedad, es necesario incentivar el involucramiento de madres y padres de familia en el proceso y en los Comités escolares. Desde el gobierno también debe considerar políticas más integrales como incluir la implementación de impuestos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados para desalentár su consumo. Asimismo, debe reducirse la dependencia de los ingresos generados por las cooperativas escolares que venden comida chatarra a través de una mayor inversión pública en las escuelas.

Los datos son claros, se requieren acciones urgentes para revertir las tendencias y que las niñas, niños y adolescentes no paguen las consecuencias.

Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

En México, las entidades con las tasas más altas de trabajo infantil son: Guerrero, que encabeza la lista con un alarmante 24.5% de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que trabajan. Le sigue Chiapas con un 20.8%, y Nayarit con un 19.1%, Oaxaca con 18.5% , Michoacán con 18.0%, Puebla con 17.9%, Colima 17.0% y Zacatecas 16.7%.

La erradicación del trabajo infantil forma parte de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en donde se establece asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Desgraciadamente en México estamos lejos de alcanzar la meta.

De acuerdo con la ENTI 2022, tres de cada diez niños y niñas trabajadoras no asisten a la escuela, la falta de acceso a una educación adecuada impide a estos niños y niñas desarrollarse adecuadamente y adquirir habilidades y conocimientos que podrían mejorar su calidad de vida. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil perpetúa un ciclo de pobreza, limitando las oportunidades de educación y reduciendo las posibilidades de alcanzar un empleo estable y digno en la adultez. Los niños y niñas no deberían aprender a ganar dinero, deben ir a la escuela, es su derecho.

La situación del trabajo infantil no solo refleja una crisis en la protección de los derechos de los niños y niñas, sino también una falla en el sistema educativo y en las políticas de protección social. Estas cifras resaltan la urgente necesidad de intervenciones y políticas en zonas de alta incidencia.

Desde Early Institute, consideramos crucial implementar políticas integrales que no solo prohíban el trabajo infantil, sino que también mejoren las condiciones socioeconómicas de las niñas y niños. En línea con las recomendaciones de la OIT y la Declaración de Durban adoptada en la 5ª Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil en 2022, se recomienda:

1. Hacer realidad el trabajo decente para adultos y jóvenes que alcanzan la edad mínima de admisión al empleo
2. Poner fin al trabajo infantil fin en la agricultura
3. Prevenir y eliminar el trabajo infantil y el trabajo forzoso mediante respuestas políticas y programáticas basadas en datos
4. Hacer realidad el derecho de los niños a la educación
5. Lograr el acceso universal a la protección social
6. Aumentar la financiación y la cooperación internacional

La erradicación del trabajo infantil es un objetivo urgente y prioritario para alcanzar la justicia social y mejorar las condiciones de vida de millones de niños y niñas en México. Hacemos un llamado a la virtual presidenta electa para implementar políticas efectivas, que permitan que las trayectorias educativas de niñas y niños no se interrumpan, ni posterguen. El derecho a la educación se vive en las aulas.

Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

En 2022, de acuerdo con información del Censo Nacional de Procuración y Justicia Estatal publicado por el INEGI, en nuestro país se denunciaron y abrieron carpetas de investigación para 37.7 víctimas de homicidio por cada 100 mil habitantes (47,462). La tasa en México es siete veces más alta que la tasa mundial de 5.8 por cada 100 mil habitantes calculada en el Estudio mundial sobre el homicidio 2023 publicada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en México, definitivamente tenemos un problema de violencia.

Esta disparidad manifiesta una realidad lacerante que ha alcanzado a las niñas, niños y adolescentes que da como resultado 6 homicidios diarios contra esta población.

Según el Censo Nacional de Procuración y Justicia Estatal (CNPJE), en 2022 se registraron un total de 2,307 delitos de homicidio de niñas, niños y adolescentes en México. De los 2,037 homicidios infantiles y adolescentes, 377 fueron contra niñas y niños de entre 0 a 4 años, 246 tenían entre 5 a 9 años, 430 tenían entre 10 a 14 y 1,254 adolescentes de entre 15 a 17 años. Las cifras son desgarradoras y no podemos ignorarlas.

El problema requiere de esfuerzos focalizados, de acuerdo con la misma fuente, los estados con más de 100 homicidios infantiles y adolescentes tan solo en un año fueron Guanajuato con 255 homicidios, Michoacán con 236, Estado de México con 201, Jalisco con 183, Zacatecas con 181, Chihuahua con 122, y Chiapas con 106. Cada número, cada estadística, representa una vida perdida, una muerte violenta. No podemos permitir que esta violencia contra la infancia continúe.

Ante el escenario de violencia, no se puede dejar de mencionar la alarmante cifra de feminicidios en México que alcanzó en el último registro del CNPJE 2022: 203 feminicidios de niñas y adolescentes en México, lo cual implica que cada 2 días asesinan a una niña o adolescente por razón de género.

Todos estos datos resultan aún más impactantes cuando sabemos que en México existe una enorme cifra oculta en materia de violencia, de acuerdo con la Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad Pública ENVIPE 2023, el 92.4% de los delitos no se denuncian o no se abre una carpeta de investigación.

Desde Early Institute, expresamos nuestra preocupación por la alarmante situación que enfrenta la niñez en México, marcada por la falta de seguridad y protección. Los desafíos que enfrentamos son múltiples y requieren una acción urgente y coordinada por parte de las autoridades.

No se puede seguir con la ausencia de un estado de derecho efectivo. Las autoridades encargadas de la seguridad pública y la impartición de justicia han demostrado estar rebasadas por la realidad social, lo que ha llevado a una creciente sensación de impunidad y a la búsqueda de justicia por mano propia por parte de la ciudadanía, como lo observamos en el caso de feminicidio de Camila en Taxco.

Además, la legislación y los procesos judiciales actuales no están a la altura de las necesidades de la población, especialmente de la niñez. La falta de una perspectiva especializada en los casos que involucran a niñas, niños y adolescentes ha resultado en una respuesta deficiente por parte de las autoridades y en una revictimización.

Ante esta situación, desde Early Institute recomendamos: 1) Fortalecimiento del sistema judicial: Es fundamental mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades y contar con procesos más eficientes para proteger los derechos de la niñez. 2) Especialización de servidores públicos: Se deben implementar programas de formación y sensibilización para garantizar una atención adecuada a los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. 3) Apoyo y protección a las víctimas: El estado debe garantizar una protección integral a las víctimas y sus familias, brindando todas las medidas necesarias para su seguridad y bienestar. 4) Congruencia entre normas jurídicas y realidad social: Es necesario revisar y reformar la legislación para asegurar que se adapte a las necesidades reales de la sociedad y se aborden los retos específicos de cada región.

Es hora de que las autoridades tomen medidas concretas para proteger a la niñez mexicana. No podemos permitirnos seguir perdiendo vidas inocentes debido a la inacción y la falta de políticas efectivas, necesitamos construir un futuro más seguro y justo para nuestras niñas y niños de México.

 

Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

La salud es un derecho fundamental establecido en la Constitución Mexicana. Sin embargo, este derecho se ha vuelto cada vez más inaccesible para las niñas y niños en nuestro país.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), una persona tiene carencia por acceso a la salud si no cuenta con adscripción o afiliación a las instituciones públicas de seguridad social como el IMSS, ISSSTE, Pemex, Ejército o Marina, a servicios médicos privados, o bien, no se encuentra afiliado o inscrito al Seguro Popular, o no reportó tener derecho a recibir los servicios que presta el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

De acuerdo con cifras del CONEVAL la carencia por acceso a la salud para toda la población pasó de 16.2% en 2018 a 39.1% en 2022. Resulta preocupante que la falta de acceso a la salud se profundice aún más en la primera infancia, niñas y niños de 0 a 5 años.

En 2018, según el CONEVAL, la carencia por acceso a la salud afectaba al 17% de las niñas y niños. Para 2020, esta cifra se había elevado al 30%, y en 2022, la situación fue aún más preocupante, con una carencia casi triplicada del 45%. En otras palabras, en 2022, casi uno de cada dos niñas y niños mexicanos no tiene acceso a la salud durante su primera infancia, lo que plantea una seria amenaza para su bienestar y futuro.

La desigualdad en el acceso a la salud es evidente cuando observamos las disparidades entre los estados de México. Los estados que más preocupan son Guerrero, Michoacán de Ocampo, Hidalgo, Oaxaca y Chiapas, donde más del 58% de los niños y niñas carecen de acceso a la atención médica adecuada. Mientras tanto, en estados del norte como Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chihuahua y Nuevo León, los porcentajes son significativamente más bajos, pero aún no alcanzan niveles óptimos.

Asimismo, resulta esencial profundizar y cuestionar lo que realmente implica tener acceso a la salud. A pesar de que algunas personas consideran que tienen acceso, existen numerosas barreras que dificultan su implementación efectiva. Los hospitales a menudo están distantes de los hogares rurales, el transporte es insuficiente y caro, la disponibilidad de personal médico calificado es limitada e incluso si las personas llegan al hospital, frecuentemente se enfrentan a la discriminación por condición social y étnica lo cual es una realidad preocupante.

Ante esta crítica situación, desde Early Institute consideramos es esencial tomar medidas urgentes y necesarias para abordar la problemática del acceso a la salud en México y particularmente para niñas y niños por su etapa de desarrollo crítico.

Se requiere una inversión significativa en la ampliación y mejora de los recursos materiales, incluyendo infraestructura, equipamiento y servicios de salud. Además, la capacitación del personal de salud de primer nivel es fundamental, especialmente en temas de acompañamiento familiar en salud, nutrición y desarrollo.

Para lograr una atención integral, es esencial establecer un sistema de salud gratuito para la niñez y contar con un sistema de información que permita un seguimiento efectivo. Se necesita dejar la noción de que la salud solo está asegurada para aquellos con empleo formal y en su lugar, debemos buscar la universalización de la salud para todas las niñas y niños.

Garantizar el acceso a la salud para todas las niñas y niños mexicanos debe ser prioritario. Por la crítica etapa de desarrollo en la que están, las niñas y niños de la primera infancia no pueden esperar más o estaremos comprometiendo su salud, bienestar y desarrollo en el corto y largo plazo.

Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

Ante este panorama, existe la necesidad de promover políticas públicas, programas y leyes que impulsen la participación activa de los padres en la crianza y el cuidado de sus hijas e hijos como son las licencias de maternidad, paternidad y parentales.

El impacto de un permiso o licencia de paternidad no debe ser subestimado. Frecuentemente se argumenta que son vacaciones para los padres sin que se vea el impacto real que tiene el hecho de que un papa pueda participar en la crianza y el bienestar de sus hijas e hijos, además del derecho de un niño o niña a que su papá le cuide.

Los beneficios del permiso de paternidad son innegables. Estudios realizados en otros países muestran que este tipo de políticas reduce las tasas de violencia contra las niñas y niños, contribuye al desarrollo de su autoestima y se establecen vínculos afectivos más sólidos. Se visto que mejoran el desempeño académico y tienen un impacto positivo en la salud y el desarrollo físico y cognitivo de las niñas y niños. Además de reducir la brecha del cuidado en términos de roles de género tradicionales.

Actualmente, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, este permiso permite a los padres trabajadores disfrutar de 5 días laborales para cuidar a su hija o hijo recién nacida o adoptada. Este permiso aplica para todos aquellos que cotizan en el IMSS y también se han ampliado sus alcances para los trabajadores del Estado.

Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes federales del Trabajo y de los Trabajadores al Servicio del Estado, ampliando el permiso de paternidad de 5 a 20 días laborables. Este es un paso importante hacia adelante para fomentar el involucramiento paterno en México.

El dictamen aprobado contempla que el permiso de paternidad podrá extenderse a un máximo de 30 días laborables en caso de que existan complicaciones posteriores al parto y que perjudiquen a la madre o al recién nacido. Dicho dictamen ahora se enviará al Senado para su ratificación y de ser aprobado se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

Es fundamental destacar que, aunque esta reforma es un avance significativo, aún queda trabajo por hacer y mucho tiene que ver con la distinción entre un permiso y una licencia. Por una parte, las licencias, como son las licencias de maternidad en México, son obligatorias, intransferibles y financiadas por la seguridad social mientras que los permisos, como el que se está reformando, no son obligatorios y son responsabilidad de la o el empleador.

Sin embargo, aunque no es idóneo, este cambio en la ley sí es un paso en la dirección correcta, en la reducción de la brecha de género en el ámbito laboral y del hogar hacia una distribución más equitativa de las responsabilidades de crianza entre madres y padres. Después de todo, México se encuentra rezagado en comparación con otros países de América Latina en este tipo de políticas como Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay y Venezuela otorgan más días a los padres trabajadores.

Desde Early Institute consideramos impostergable la ampliación del permiso de paternidad a 20 días laborables para fomentar la participación activa de los padres en la crianza de sus hijas e hijos. Los beneficios de esta medida son evidentes en términos de desarrollo infantil, igualdad de género y bienestar familiar. Esperemos que el Senado ratifique esta reforma y que continúen los esfuerzos para promover políticas que fortalezcan el cuidado de la primera infancia en México. Las niñas y niños no pueden esperar, diario crecen, diario se desarrollan, tienen el derecho a ser cuidados.