Datos intercensales y primera infancia

Por Carolina Jasso, investigadora de Early Institute
Publicación original de El Sol de México

Hace unos días, el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Intercensal 2025. Las cifras confirmaron lo que anticipaban las proyecciones sociodemográficas: en México nacen menos niñas y niños, al tiempo que la población envejece.

La tasa global de fecundidad pasó de 2.0 en 2019 a 1.2 en 2024, muy por debajo del nivel de 2.1 necesario para mantener estable a una población. Frente a este panorama, la conversación pública se concentró en la baja fecundidad y en las razones por las que las personas no quieren tener hijos, y dejó de lado la discusión sobre la protección y los cuidados de las niñas y los niños, quienes más dependen de las políticas públicas.

En 2020, el Censo contó 12.2 millones de niñas y niños de cero a cinco años; en 2025, la Encuesta estima que había 9.4 millones, casi tres millones menos en cinco años.

Las implicaciones de la baja fecundidad son sociales y de largo plazo. Con generaciones cada vez más pequeñas y una población que envejece, habrá menos personas trabajando por cada persona jubilada, las pensiones serán más difíciles de financiar, el crecimiento económico dependerá de la productividad y no del número de trabajadores, y el cuidado de las personas mayores tendrá cada vez menos personas entre quienes distribuirse.

Por eso, una cohorte más pequeña no reduce las obligaciones del Estado, sino que cambia su escala. El valor de cuidar a la primera infancia no radica en la fuerza de trabajo que aportará dentro de veinte años, sino en lo que las niñas y los niños son y necesitan hoy, así como en el tipo de sociedad que resulta de atenderlos o desatenderlos.

El riesgo es interpretar la caída demográfica como una menor demanda y no como una oportunidad para cerrar rezagos acumulados durante años y ofrecer mejores condiciones a quienes, siendo menos, sostendrán a la sociedad en el futuro.

Los datos intercensales también nos permiten observar el panorama de la crianza y los cuidados. Dos de cada tres niñas y niños de cero a cinco años viven con su madre y su padre, y uno de cada cinco vive solo con su madre; esta última proporción va en aumento.

Cerca de 1.9 millones de niñas y niños de cero a cinco años dependen únicamente de su madre, en un país donde la mayoría de las mujeres no tiene un trabajo remunerado. Por eso, la agenda de cuidados es también una agenda de primera infancia, y es una agenda que se ha debilitado.

En 2019 desapareció el Programa de Estancias Infantiles y se sustituyó por una transferencia monetaria a las madres. Desde entonces, no se cuenta con información que permita conocer integralmente la atención que reciben las niñas y los niños. La Encuesta Intercensal no pregunta quién cuida a los menores de tres años ni si asisten a una guardería, una estancia o un centro de educación inicial.

El único registro nacional disponible, el de la educación inicial escolarizada de la SEP, cubre a menos de cuatro de cada cien niñas y niños de cero a dos años.

En preescolar, el avance es más frágil de lo que parece. La asistencia de las niñas y los niños de tres a cinco años subió de 61.9 a 70.4 por ciento, pero no porque haya más estudiantes en las aulas. La matrícula de la SEP en ese grupo de edad disminuyó; sin embargo, la tasa de asistencia mejoró porque la población de esas edades cayó más rápido que la matrícula.

Aun así, más de un millón de niñas y niños de tres a cinco años siguen fuera del nivel preescolar. No es un problema de cupo. La red de planteles y docentes apenas cambió durante el periodo y hoy hay menos niñas y niños por docente que hace cinco años. El rezago se concentra en los de tres años, de los cuales solo la mitad está inscrita en preescolar.

Las necesidades básicas muestran otro panorama. En cerca de 750 mil hogares con niñas, niños o adolescentes, al menos uno de ellos sintió hambre y no comió por falta de dinero durante los tres meses previos. En unos 650 mil hogares, alguno comió una sola vez al día o dejó de comer durante un día entero.

La encuesta recoge información por hogar, pero en esos hogares suele vivir más de un menor. Esto equivale a alrededor de 1.3 millones de niñas, niños y adolescentes que sintieron hambre y no comieron, unos 350 mil de ellos de cero a cinco años.

El Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI) confirma la magnitud del problema: en 2024, uno de cada siete niñas y niños de cero a cinco años vivía en hogares con inseguridad alimentaria moderada o severa.

La salud completa el cuadro. Según el SIPI, la carencia por acceso a servicios de salud entre las niñas y los niños de cero a cinco años pasó de 17.6 por ciento en 2018 a 37.7 por ciento en 2024, más del doble. Este es uno de los mayores retrocesos que registra el sistema.

En el mismo periodo, la proporción de niñas y niños con el esquema básico de vacunación iniciado bajó de casi nueve a menos de ocho de cada diez. Mientras tanto, el consultorio de farmacia ya es el lugar de atención de 14 de cada cien personas.

La transición demográfica ya ocurrió y no se revierte por decreto. Una parte de la explicación de la baja fecundidad se encuentra también en estas condiciones, que dificultan la crianza de niñas y niños en entornos seguros y con acceso a servicios básicos.

Millones de ellos crecen todavía en condiciones socioestructurales adversas, y ese es el punto de partida. Una política pública que se preocupe por la natalidad debe comenzar por garantizar licencias de maternidad y paternidad efectivas, jornadas laborales compatibles con el cuidado, un sistema de cuidados que funcione desde el nacimiento y el cierre de las brechas de desigualdad que hoy determinan quién come, quién asiste a la escuela, quién recibe atención médica y quién cuida.

Una generación más pequeña también representa una oportunidad para impulsar agendas concretas en salud, educación y cuidados, con metas alcanzables para una población cuyo tamaño hoy conocemos con precisión.

Medir esas condiciones es el primer paso. Con ese propósito, Early Institute reúne en el SIPI 58 indicadores sobre salud, nutrición, educación y cuidados, seguridad y pobreza de las niñas y los niños de cero a cinco años, con series nacionales y por entidad federativa, para que la discusión sobre la natalidad no vuelva a dejar fuera a las niñas y los niños.

El suicidio en adolescentes crece en México

Por Annayancy Varas, directora de Early Institute
Publicación original de El Sol de México

De los temas que se abordan en torno a la infancia y adolescencia, el del suicidio es uno de los más difíciles de entender, pues se evidencian fallas de toda índole en la protección de niñas, niños y adolescentes.

En el reciente Día Mundial para la Prevención del Suicidio, conmemorado cada 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio cifras sobre las defunciones registradas en México por esta causa durante 2025.

Lamentablemente ocurrieron 8,709 defunciones por suicidio en México, lo que representa una tasa nacional de 6.7 por cada 100 mil habitantes. Del total de casos, 79.9% correspondió a hombres y 20.1% a mujeres. El organismo detalló que la población de 15 a 29 años presentó la tasa más alta de todos los grupos de edad, con 10.2 suicidios por cada 100 mil personas, y que el suicidio es ya la tercera causa de muerte entre los jóvenes de ese rango de edad en el país.

Por si fuera poco, al comparar la última década, el Inegi documentó un incremento sostenido, ya que la tasa nacional pasó de 5.1 por cada 100 mil habitantes en 2015 a 6.7 en 2025. Esto es un fenómeno que debe atenderse y no pretender que se solucionará por sí solo.

De hecho, los especialistas coinciden en que no existe un factor único que explique la problemática, sino que hay una combinación de condiciones familiares, sociales, económicas, laborales y emocionales. Esto hace más difícil su abordaje, pero no imposible.

Una de las regiones con esta triste situación es Hidalgo, cuya secretaria de Salud estatal, Vanesa Escalante Arroyo, dijo que la entidad acumula más de 40 muertes por suicidio en lo que va de 2026. Si bien se trata de una cifra que, según las propias autoridades, representa una disminución frente a los registros de años anteriores, sigue siendo un foco rojo. Tan sólo en 2025, los servicios de salud de Hidalgo atendieron 1,020 intentos de suicidio, de los cuales 340 correspondieron a adolescentes entre 15 y 19 años.

Al respecto, las autoridades señalaron que más de la mitad de las personas atendidas presenta algún diagnóstico o problemática asociada, como ansiedad, depresión, separaciones, duelos, rechazo, violencia, bullying, problemas económicos o laborales, enfermedades, discapacidades y dolor crónico.

En cuanto a la atención brindada para prevenir este tipo de acciones, en Hidalgo se reconoce la respuesta institucional, pero es todavía insuficiente. Por ejemplo, el estado cuenta con servicios gratuitos de atención a la salud mental, a través de seis Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosama), y programas como “ABC de las emociones”, dirigido a adolescentes, para detectar señales de riesgo; sin embargo, por las características geográficas de la entidad se deja de cubrir amplias zonas, lo que representa un reto para acercar la atención a quienes más la necesitan.

En Early Institute sabemos que la prevención es una de las mejores formas para disminuir problemáticas tan lacerantes como ésta. En particular, creemos que la salud mental debe ser un aspecto de la vida humana sumamente cuidado para procurar que niñas, niños y adolescentes no recurran a métodos que pongan en riesgo sus vidas.

Las cifras que arroja el Inegi dan cuenta de un panorama en el que se ha descuidado la protección de los más vulnerables y es fundamental estar atentos a las mínimas señales que pudieran reflejar un estado desesperanzador o desesperado. Esto es esencial para acompañar y ofrecer intervenciones oportunas que den alternativas a quienes piensan —a su corta edad— que el suicidio es lo más conveniente.

La ENAPI, entre avances y tropiezos

Por Cándido Pérez, investigador de Early Institute
Publicación original de El Sol de México

Hace casi cien años, John Dewey —renombrado filósofo estadounidense— abordaba lo que hoy conocemos como políticas públicas para hablar de “lo público y sus problemas”.

En donde lo público, que surge de las relaciones privadas, tiene consecuencias que afectan a terceros y, por lo tanto, se requiere de políticas para intervenir. Demanda la conformación de un Estado y del desarrollo de una ciudadanía democrática.

En el mismo tenor, Wayne Parsons afirmaba, muchos años después, que una de las razones por las que las políticas públicas han demostrado ser tan difíciles de comprender es que se refieren a la propiedad de todos y de nadie, pues así es la naturaleza de los problemas públicos.

Entendiendo dicha complejidad, durante decenas de años los Estados, a través de los gobiernos, han puesto en marcha innumerables mecanismos —políticas públicas—, mediante los cuales se pretende ya no solo resolver problemas sino impulsar el desarrollo social. Y si bien hemos facultado a los gobiernos a que hagan propias tales políticas, en países democráticos su construcción es propiedad de todos.

Los actuales planes, programas, estrategias y todo el accionar que establecemos como “público” son obras en las que en esencia todos tenemos parte, con independencia de que seamos una población directamente afectada o beneficiada.

Así como muchas otras políticas públicas, con esa idea se elaboró la recientemente publicada Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (2026-2030), la ENAPI, que según se expresa en la publicación oficial “se construye bajo los principios del humanismo mexicano, la igualdad sustantiva, la corresponsabilidad social…”. Para esto último integra una Comisión con la participación de entidades públicas, organizaciones sociales y organismos internacionales.

Para quienes trabajamos por el beneficio de la primera infancia esta política pública es el referente más claro de la apuesta que hace el gobierno federal por atender problemas graves, y a partir de las voces escuchadas trazar un camino y objetivos a alcanzar.

Este ejercicio colectivo dio frutos, entre otros, respecto a la priorización de la Ruta Integral de Atenciones —que marca la pauta de atenciones y servicios a los que deben acceder las niñas y niños, y que son implementados por la ENAPI—.

En la ENAPI se dedica parte importante al diagnóstico de la situación actual y al trazado de metas, con el apoyo de 15 indicadores (dentro de ellos tres indicadores de gestión y 12 sustantivos) que prometen medir, año con año, los avances a alcanzar. Esto también es un gran paso hacia adelante con respecto a la anterior ENAPI, pues por primera vez cada indicador viene acompañado de una ficha técnica que precisa lo que mide, el valor de línea base, la fuente de información, la fórmula para el cálculo, la meta para 2030, entre otros datos para el monitoreo. Hago este énfasis pues un sinfín de políticas públicas en nuestro país no están motivadas ni interesadas en trazar objetivos, metas y vías para su seguimiento. Muy por el contrario, procuran eliminar o dificultar toda posibilidad de escrutinio público.

Al replicar los cálculos con las bases de datos públicas que el propio documento cita, cuatro de los 12 indicadores sustantivos coinciden de forma exacta con lo publicado, mientras que otros seis quedan a menos de un punto y medio porcentual de diferencia. En este sentido, se puede confiar en tomar el dato y corroborarlo con la fuente pública, lo cual es plausible.

Sin embargo, la ENAPI también deja ver limitaciones serias. La manera en que fueron construidas las líneas base presenta deficiencias relevantes. Ocho de los 12 indicadores sustantivos agrupan varios años en una sola estimación y luego se expresa como una fotografía anual. Por ejemplo, se dice que el porcentaje de niñas y niños de uno a cinco años expuestos a disciplina violenta fue de 52.7 por ciento en 2021, 2022, 2023 y 2024. Lo mismo pasa con el dato de sobrepeso en niñas y niños menores de cinco años, que según el documento se estacionó en 7.7 por ciento cuatro años seguidos, al igual que la baja talla o desnutrición crónica, que se dice permaneció en 14 por ciento los mismos años. La línea base no es una cuestión menor, pues es el dato que sirve como punto inicial o de referencia para medir los cambios. En estos casos, claramente los datos no se estancaron, sino que se repitió un dato sin la debida precisión anual.

Por otro lado, se observaron indicadores como control prenatal y vacunación en los que no se declaran el numerador y denominador con los que fueron calculados, lo que imposibilita verificarlos. Inclusive cuando se intenta reproducir el dato de control prenatal con la fuente pública correspondiente, el resultado difiere del publicado.

Asimismo, a pesar de que la propia ENAPI dedica páginas completas a explicar que en diversas situaciones la desigualdad y los focos rojos se encuentran al observar la condición indígena, discapacidad, ámbito rural o sexo de las niñas y niños, la información en los indicadores pasa por alto el desglose correspondiente. Tampoco se establecen indicadores de seguimiento ni metas a alcanzar en problemáticas tan importantes como la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la atención del parto por personal capacitado y el peso al nacer, a pesar de que el propio documento reconoce como centrales.

A estas omisiones se suma el hecho de que las metas trazadas carecen de fundamento; son más bien líneas entre el dato de partida y una cifra estimada para 2030, sin razones en las que se base la progresión. En otros indicadores, como el de asistencia a educación inicial, la meta apenas se mueve, al pasar de 4 por ciento en 2026 a 4.5 por ciento en 2030, medio punto porcentual en todo el periodo. O como en el caso del indicador de vacunación donde la meta se estima en 90 por ciento en 2026, sin cambios en ninguno de los años siguientes.

Finalmente, la ENAPI nuevamente llega tarde; pareciera que ya nos hemos acostumbrado a que es una estrategia que no alcanza el sexenio, pues se publica casi dos años después de la entrada del actual gobierno federal y eso acorta sus posibilidades. Esta situación debería llamarnos a la acción en tanto cada uno de los temas que abarca la ENAPI nos concierne a todos, no solo porque la primera infancia se refiere a una etapa prioritaria, sino porque cada problema público y su posible solución nos pertenece a cada uno de nosotros.

La corresponsabilidad no termina con la elaboración de una política, sino que exige también la participación de la sociedad en su seguimiento y evaluación. Tenemos poco tiempo para confirmar si el rumbo es el correcto y si la ruta trazada nos lleva al destino deseado.

Crianza positiva que niñas y niños merecen

Por Mary Carmen Reyes, área de Comunicación de Early Institute
Publicación original de El Sol de México

En cuestiones de crianza, cada familia adopta lo que le parezca más conveniente, pero ¿qué pasa cuando esas formas no son precisamente las más sanas? Si bien hoy se tiene más información sobre lo que implica la aplicación de ciertas maneras de educación, todavía hay que recalcar las desventajas cuando esas acciones se basan en métodos violentos e inseguros.

Es muy probable que se confunda la disciplina en términos de rudeza, cuando lo que se requiere es una orientación basada en el respeto y la ternura.

En este sentido, México tiene mucho qué modificar en tanto se registran altos porcentajes de niñas y niños que reciben tratos inadecuados que lo único que producen es bajo rendimiento escolar, afectaciones a la salud física y emocional y efectos nocivos a mediano y largo plazos.

Según el informe ¿Cómo vamos con la primera infancia?, editado por Early Institute, en 2025, la mitad de la población de niñas y niños menores de 5 años es educada con métodos de disciplina violenta. Dice el reporte: “Según datos de la Ensanut, en el periodo de 2021 a 2023, el porcentaje de niñas y niños de 1 a 4 años sometidos a algún método de disciplina vio­lenta pasó de 51.3% en 2021 a 50.4% en 2023”. Pese a la disminución, se está hablando de que la mitad de quienes registran estas edades fue violentada en aras de su educación.

Otro dato es sobre el cuidado inadecuado, que de acuerdo con el informe, esto se da cuando niñas y niños menores de 5 años son dejados solos(as) o al resguardo de otra persona menor a 10 años. “A nivel nacional, el porcentaje de esta población pasó del 8.1%, en 2022, a 9.2%, en 2023, lo cual implica un aumento del 13.6%”.

¿Qué significan estas cifras? Principalmente se visibiliza que las niñas y los niños en primera infancia, en México, están siendo tratados de manera no solo errónea, sino totalmente negligente.

Más allá del compromiso global que el país tiene con la Agenda 2030 para reducir significativamente todas las formas de violencia, tenemos una obligación con este grupo social. Nuestros cuidados deberían ser cariñosos, seguros y sensibles, en particular los que se dan en el hogar.

La crianza positiva debe ser un eje en todas las casas mexicanas; debe ser una forma de tratar a los más vulnerables para ayudar a que su desarrollo se dé en las mejores condiciones.

Esta manera de criar obedece a la evidencia recabada en los últimos tiempos sobre la importancia de generar entornos favorables que faciliten el crecimiento saludable de niñas y niños en sus primeros años de vida. Eso implica, según la Unicef, cuidar en un ambiente de respeto y sin violencia, pero sobre todo de manera sensible y cariñosa.

En Early Institute nos hemos enfocado a promover los cuidados y la crianza positiva desde un ángulo de corresponsabilidad, donde padres, madres, cuidadores, educadores y Estado tendrían que asumir su compromiso para proteger a las niñas y los niños. Ellas y ellos son prioridad y eso no se nos puede olvidar.

Feliz Día del Padre, mucho festejo y cero cambios

Por Cándido Pérez, investigador de Early Institute 
Publicación original de El Sol de México

Cada año, el Día del Padre, se ha vuelto el momento idóneo para hablar de la licencia de paternidad. En medios de comunicación, espacios de debate y análisis e incluso en la conversación pública se describe su relevancia. Es el día en que se hacen comparativas internacionales y se muestra el rezago de nuestro país es esta política.

Alrededor del Día del Padre se publican innumerables artículos de divulgación y se presentan, ya por tradición, iniciativas de ley acompañadas de declaraciones y promesas de mejora. Y luego, como ha ocurrido durante más de una década, todo vuelve a la calma. El permiso -no licencia- sigue siendo un beneficio con alcances muy limitados.

Desde que en 2012 se incorporó a la Ley Federal del Trabajo el permiso de paternidad —que permite a los padres trabajadores gozar de cinco días laborales para el cuidado de un hijo o hija recién nacido o adoptado—, han pasado catorce años, decenas de iniciativas legislativas y cero reformas a nivel federal.

Lo que sí ha cambiado, y vale la pena reconocerlo, ha ocurrido a nivel estatal. Varios gobiernos han extendido este derecho para trabajadores del sector público: Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Nayarit, Puebla y Yucatán, entre otros, otorgan entre 10 y 15 días de permiso. Querétaro, Michoacán y Tamaulipas reconocen 20 días. Chiapas llega a 30. El Estado de México, Tlaxcala y Zacatecas amplían el período a 45 días, y Nuevo León, Hidalgo y Quintana Roo a 60. El caso más notable del país es Baja California Sur, donde los trabajadores del Estado tienen derecho a 90 días de licencia de paternidad pagada —la más larga registrada en el territorio nacional.

Estos avances estatales son significativos y son muestra que, a nivel federal, el Congreso a través de sus integrantes, no ha tomado el tema con la seriedad debida para extender ese piso mínimo a todos los trabajadores del país.

Por si fuera poco, muchos padres desconocen el derecho que tienen a un permiso de paternidad, y en otros tantos el permiso es negado o no se goza por miedo a repercusiones laborales. En aquellos “afortunados” que pueden hacer uso de él, la expectativa es aprovechar tanto como sea posible este muy corto periodo de tiempo para cuidados, acompañamiento e involucramiento paterno.

Estudios realizados en países con mayor trayectoria en políticas de licencias parentales demuestran que la duración del permiso tiene un impacto directo no solo en el vínculo afectivo entre padres e hijos, sino en indicadores de largo plazo: se reducen las tasas de violencia contra niñas y niños, mejora su desempeño académico, su salud, y su desarrollo físico y cognitivo. También hay efectos positivos sobre la autoestima infantil y sobre la redistribución de las tareas de cuidado al interior de los hogares.

Este último punto es especialmente relevante en México. Según datos del INEGI, en la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (Enasic) 2022, las mujeres son las principales cuidadoras (96.0 por ciento), en su mayoría son madres (86.3 por ciento) y abuelas (7.6 por ciento), que dedican un promedio de 14.6 horas a la semana a los cuidados directos de niños de 0 a 5 años, mientras que los hombres dedican solo seis horas.

Esa brecha es el resultado de años de políticas que no han incentivado la participación paterna ni cuestionado la provisión del cuidado como una responsabilidad exclusivamente femenina y, claramente, un permiso de cinco días es insuficiente para transformar esta situación.

Por eso resulta difícil no ser escéptico cuando el Día del Padre detona el tema con un renovado optimismo. Hemos visto iniciativas presentadas con mucho ímpetu por legisladores de distintos partidos —propuestas de ampliación que van desde 20 o 30 días hasta meses de permiso con goce de sueldo— que terminan en los archivos de las comisiones correspondientes o aprobadas en una cámara y olvidadas en la otra.

La transformación cultural que el país requiere se incentiva con el ejemplo en el espacio público. Con políticas que “tiren línea”, que den una muestra clara que el cuidado de niños y niñas es un lugar común a todos, es corresponsabilidad.

Una licencia de paternidad digna les dice a los padres que quieren estar presentes desde el primer día que el Estado los respalda, que la paternidad activa no es una aspiración, sino un derecho.

Hoy ya no es terreno de debate el impacto del involucramiento paterno en el desarrollo infantil. Los datos son consistentes y contundentes; cuando los padres participan activamente en la crianza desde los primeros meses, los beneficios para niñas y niños son duraderos. No hay razón técnica ni económica que justifique seguir postergando permisos parentales igualitarios, bien remunerados y financiados desde la seguridad social.

Este Día del Padre es una buena oportunidad para que el Congreso rompa con una tradición que no le hace honor a la fecha. Año tras año se prometen mejoras a la licencia de paternidad y año tras año se desvanecen. Si la voz de los padres no se ha escuchado aún, que no se ignore la de las niñas y los niños que los necesitan presentes.

La falsa neutralidad de las plataformas digitales

Por Ana Reza, investigadora de Early Institute 
Publicación original de El Sol de México

Los recientes fallos judiciales contra Meta y Google marcan un punto de quiebre: reconocen lo que durante años se ha intentado minimizar. El daño que generan las plataformas digitales en niñas, niños y adolescentes no es accidental, ni atribuible a descuidos individuales o a la falta de supervisión familiar.

Es el resultado de decisiones deliberadas de diseño. Sistemas de recomendación, reproducción automática, notificaciones constantes y métricas de validación social no son funciones neutras: están diseñadas para capturar atención a cualquier costo, incluso explotando procesos cognitivos en desarrollo y favoreciendo patrones de uso compulsivo.

Las empresas lo saben. Cuentan con datos, estudios internos y capacidad técnica suficiente para anticipar la dependencia que generan, y aun así sostienen modelos que priorizan la permanencia sobre el bienestar. En ese contexto, la afirmación de Mark Zuckerberg —“creo que hay un grupo de personas, potencialmente un número significativo, que mienten sobre su edad para usar nuestros servicios”— no es una excusa: es una admisión.

Si los controles fallan de forma sistemática, no es porque los usuarios sean demasiado astutos, sino porque los mecanismos son insuficientes o deliberadamente laxos. Trasladar la responsabilidad a niñas, niños y adolescentes no solo es inaceptable, es una forma de eludirla.

Seguir apelando al “uso responsable” de las familias es, en este escenario, una salida cómoda. No se puede exigir autocontrol en entornos diseñados para romperlo, ni cargar la protección en quienes no tienen ni la información ni las herramientas para enfrentar sistemas altamente sofisticados. La asimetría no es menor: es la base del modelo.

Por eso, la discusión no puede seguir girando en torno a recomendaciones blandas. Se requieren obligaciones exigibles: verificación de edad efectiva, configuraciones de seguridad por defecto para menores, límites a funciones que incentivan el uso compulsivo, transparencia real sobre algoritmos y supervisión externa. Nada de esto es técnicamente inviable; lo que ha faltado es voluntad —y regulación— para imponerlo.

A estas alturas, seguir hablando de neutralidad resulta insostenible. El diseño tecnológico produce efectos, y cuando esos efectos dañan de forma sistemática a la infancia, la inacción regulatoria deja de ser omisión para convertirse en complicidad. La pregunta ya no es si las plataformas deben asumir responsabilidad, sino cuánto tiempo más se les dejará evadirla.

Costo oculto de IA: violencia sexual

Por: Ana Reza Calvillo
Publicación original de:  El Sol de México

La inteligencia artificial ya no es una promesa futura: está integrada en la vida cotidiana. Produce textos, imágenes y videos con una facilidad que hasta hace poco parecía ciencia ficción. Sin embargo, mientras celebramos sus posibilidades, un riesgo antiguo se expande con una fuerza inédita: la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Desde una perspectiva de derechos, este no es un problema técnico. Es un problema de protección, de prevención y de responsabilidad social que no admite neutralidad.

Las cifras son una primera señal de alarma. En los últimos dos años, la línea internacional de denuncias cibernéticas del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) ha recibido más de 70 mil reportes de explotación sexual infantil vinculados al uso de inteligencia artificial. El propio centro advierte que estos casos no harán más que aumentar. No se trata de escenarios hipotéticos ni de riesgos futuros, es una situación que está ocurriendo ahora.

Uno de los frentes más graves es la generación de material de abuso sexual infantil mediante herramientas de inteligencia artificial. Hoy es posible crear imágenes sexualizadas de niñas y niños —incluidos desnudos o actos sexuales explícitos— sin que exista un hecho real previo. Aplicaciones de nudify transforman fotografías ordinarias en imágenes sexualizadas en cuestión de segundos. Basta muy poco para generar estas imágenes, pero el daño que causan es profundo y duradero.

Por eso la discusión no puede quedarse atrapada en si la imagen es “real” o “falsa”. La vulneración es real. Se violan derechos fundamentales: a la intimidad, a la imagen, a la integridad personal y a un desarrollo libre de violencia. El impacto psicológico y emocional no distingue entre lo generado y lo simulado; acompaña a la víctima durante años, a veces durante toda la vida.

La inteligencia artificial también ha redefinido los riesgos de agresión sexual en línea. La creación de cuentas de redes sociales falsas cada vez más verosímiles, el uso de fotos de perfil “confiables” y conversaciones automatizadas facilita el acercamiento de agresores con fines sexuales. Esto no solo vuelve más difícil la prevención, sino que traslada la carga de protección a niñas, niños, adolescentes y sus familias, obligándoles a identificar amenazas que se perfeccionan constantemente.

A esto se suma un fenómeno particularmente peligroso: la sextorsión mediada por inteligencia artificial. Los agresores crean imágenes sexuales sintéticas para chantajear; exigir más contenido, forzar conductas sexuales o extorsionar económicamente. El NCMEC ha documentado situaciones en las que, ante la negativa del niño, niña o adolescente a enviar una imagen íntima, el agresor genera una imagen explícita con IA para ejercer presión. Aquí, el daño no depende de lo que ocurrió, sino del poder de la amenaza y del miedo.

Y no siempre se trata de adultos desconocidos. La violencia entre pares también está mutando. En contextos escolares, compañeros pueden crear o difundir imágenes o videos falsos con fines de humillación, control o castigo social. La rapidez con la que estos contenidos circulan convierte el acoso en una forma de violencia persistente, difícil de contener y devastadora para quien la padece.

La inteligencia artificial permite producir y difundir violencia simbólica a gran escala, con bajo o ningún costo, alto anonimato y enormes dificultades para su detección. La sofisticación técnica no solo beneficia a la innovación; también fortalece a los agresores.

Existe además un riesgo más profundo, menos visible pero igualmente peligroso: la normalización de la sexualización infantil en entornos digitales. Concebir este tipo de contenido como simulación, experimento o avance tecnológico diluye límites éticos esenciales. Desde una perspectiva de derechos, esto es inaceptable. La infancia no puede convertirse en un terreno de prueba del desarrollo tecnológico.

El debate, entonces, no es si la inteligencia artificial debe avanzar, sino bajo qué reglas, con qué responsabilidades y con qué límites. El principio del interés superior de la niñez exige que la protección de sus derechos esté por encima de intereses comerciales, vacíos legales o esquemas de autorregulación que han demostrado ser insuficientes.

Aquí el papel del Estado es insustituible. En México, las autoridades deben actuar con claridad y sin demora. Se requieren marcos legales que reconozcan la generación y difusión de contenidos sexuales mediante inteligencia artificial como formas de violencia y explotación contra niñas, niños y adolescentes. Se necesitan capacidades reales para investigar y sancionar estos delitos, así como obligaciones claras para las plataformas tecnológicas.

Sin embargo, la respuesta no puede ser solo punitiva. Es indispensable fortalecer la prevención y la educación digital, dotar a escuelas y familias de herramientas para identificar riesgos, y garantizar rutas de denuncia y atención que sean accesibles, eficaces y centradas en las víctimas.

La pregunta de fondo no es tecnológica, es moral y política: ¿qué estamos dispuestos a tolerar como sociedad en nombre del progreso? Cada día que la regulación se posterga, que la responsabilidad se diluye y que la protección de la infancia se subordina a la velocidad de la innovación, se envía el mensaje de que el daño es un costo aceptable. La inteligencia artificial no es neutral, y tampoco lo es la inacción.

Si el desarrollo tecnológico avanza más rápido que nuestra capacidad de proteger a niñas, niños y adolescentes, entonces no estamos frente a un avance, sino frente a una renuncia a la responsabilidad colectiva.

Menos pobreza pero aumentan carencias sociales

La pobreza —y particularmente la pobreza durante la primera infancia— no puede medirse únicamente en función de los ingresos de los hogares. Limitarse a ese enfoque invisibiliza las carencias que enfrentan niñas y niños y que limitan sustancialmente su desarrollo integral a corto y largo plazos.

La metodología de pobreza multidimensional es, en ese sentido, una herramienta insustituible. No sólo cuantifica cuántas niñas y niños viven en pobreza, sino que revela en qué aspectos concretos se concentran sus carencias: alimentación, salud, educación, vivienda, saneamiento y acceso a la seguridad social.

Desde 2008 hasta 2022, esta tarea estuvo en manos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Con la reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 y reglamentada en julio de 2025, sus atribuciones pasaron al Inegi, que ahora cuenta con la Coordinación General de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social. La primera medición a cargo del instituto, a partir de la ENIGH 2024, se realizó bajo los mismos criterios que empleaba el Coneval, lo que permite dar continuidad a la serie histórica.

Los resultados muestran avances, pero también retos importantes. La pobreza durante la primera infancia (0-5 años), que había alcanzado 52.5 por ciento en 2018, subió en 2020 hasta 54.3 por ciento en el contexto de la pandemia. Desde entonces, ha mostrado una tendencia sostenida a la baja: 48.1 por ciento en 2022 y 41.9 por ciento en 2024. Esto implica una reducción neta de 10.6 puntos porcentuales respecto a 2018, equivalente a 20 por ciento menos. La pobreza extrema siguió una ruta similar: de 9.9 por ciento en 2018 a un pico de 11.8 por ciento en 2020, para cerrar en 8.8 por ciento en 2024, una disminución de 11 por cientp respecto a 2018.

En términos de derechos sociales, se observan reducciones importantes: carencia de alimentación (-25 por ciento), calidad y espacios de la vivienda (-22 por ciento), servicios básicos (-18 por ciento), rezago educativo (-11 por ciento) y seguridad social (-4 por ciento). Además, disminuyó la proporción de niñas y niños con al menos una carencia social (-7 por ciento) y quienes son vulnerables por ingresos (-17 por ciento). Sin embargo, las señales de alerta son claras: la carencia por acceso a servicios de salud se disparó (+115 por ciento) y aumentó la población infantil vulnerable por carencias sociales (+25 por ciento), así como quienes enfrentan tres o más carencias simultáneas (+8 por ciento).

Profundizando respecto a las carencias sociales, el número promedio de carencias por niña y niño de la primera infancia pasó de 2.2 en 2018 a 2.4 en 2024, lo que representa un aumento de 10 por ciento. Las entidades que han tenido mayores aumentos son Durango (de 1.7 a 2.4, +40 por ciento), Chihuahua (de 1.9 a 2.3, +19 por ciento), Zacatecas (de 1.7 a 2.0, +18 por ciento), Michoacán (de 2.1 a 2.5, +17 por ciento) y San Luis Potosí (de 1.9 a 2.3, +16 por ciento).

Como se puede observar, los avances en ingreso y en varias carencias conviven con un deterioro grave en el acceso a la salud y con la persistencia de más de tres carencias. La política social debe, por tanto, concentrar sus esfuerzos en cerrar esta brecha, con un enfoque territorial y de derechos.

A nivel territorial, la pobreza cayó en casi todos los estados entre 2018 y 2024. Los mayores descensos se observan en Tamaulipas (-15.3 pp), Chihuahua (-14.9 pp), Guanajuato (-14.4 pp), Tabasco (-12.9 pp) y Estado de México (-12.5 pp). Los menores descensos se observan en Durango (-2.3 pp), Quintana Roo (-2.9 pp), Coahuila (-3.5 pp), Aguascalientes (-3.1 pp) y Morelos (-4.0 pp).

Independientemente de los cambios entre 2018 y 2024 observamos que el sur-sureste sigue siendo el epicentro del problema: Chiapas (79 por ciento), Guerrero (72 por ciento) y Oaxaca (64 por ciento), Puebla (57 por ciento) y Veracruz (57 por ciento) mantienen los niveles más altos de pobreza, lo cual significa que aunque haya mejoras, en estas entidades más de 50 por ciento estan en situaciones de pobreza.

México avanza, pero no lo hace por igual. La infancia del norte experimenta mejoras mientras que en el sur persisten los problemas. El reto de la política pública es sostener el ritmo en las regiones donde ya se consolidan avances pero también atacar de raíz las desigualdades territoriales que mantienen a millones de niñas y niños en pobreza extrema.

El éxito no debe medirse sólo en estadísticas nacionales, sino en la capacidad de garantizar que nacer en Chiapas no signifique partir con tres veces más desventajas que hacerlo en Baja California.

Urge una mirada integral que de visibilidad a las desigualdades persistentes y es indispensable para diseñar políticas públicas que trasciendan el simple aumento del ingreso, y garanticen en cambio el pleno ejercicio de derechos, sentando las bases para romper los ciclos intergeneracionales de pobreza en nuestro país.

Respetar el derecho humano al cuidado

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

Hoy el tema del cuidado se ha puesto al centro de la discusión pública con mayor fuerza. Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el derecho al cuidado como un derecho humano autónomo en Latinoamérica, lo que significa que su ejercicio no depende de otras garantías ya establecidas como la salud o la educación.

De acuerdo con la resolución del Tribunal regional: “Este derecho protege tanto a las personas que reciben cuidados, como aquellas que los otorgan, y tiene tres dimensiones fundamentales: ser cuidado, cuidar y el autocuidado”, reiterando “que el cuidado constituye una necesidad humana universal y una condición indispensable para gozar de una existencia digna”.

En este sentido, México –en particular la Ciudad de México– ha puesto en la mira el resguardo de este derecho con dos propuestas presentadas por la actual jefa de gobierno, Clara Brugada. En el marco del foro “Justicia Social para las Mujeres, Ley del Sistema Público de Cuidados para la Ciudad de México”, la mandataria local informó que presentará al Congreso de la entidad una iniciativa de reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México, así como impulsará la propuesta de Ley del Sistema Público de Cuidados.

El objetivo de estas acciones será reconocer el valor de las tareas de cuidado como un derecho humano universal, indivisible e indispensable para la sostenibilidad de la vida y la sociedad, empezando por la protección desde el vientre materno.

En el caso de la Constitución capitalina se pretende modificar el artículo 9 para consolidar el reconocimiento del cuidado como derecho humano en sus tres dimensiones: derecho a cuidar, ser cuidado y el autocuidado. De igual modo, establece un Sistema de Cuidados de la Ciudad de México que tendrá entre sus propósitos erradicar la división sexual del trabajo por ser un mecanismo que propicia la desigualdad entre los géneros.

Por otra parte, la propuesta de Ley del Sistema Público de Cuidados para la Ciudad de México abonaría a la prestación de servicios que garanticen la protección de diversos grupos sociales en un esquema de coordinación entre las 16 alcaldías. Por ejemplo, se habla de la instauración de servicios gratuitos como estancias para niñas y niños de seis meses a seis años; casas de día para personas adultas mayores; centros de rehabilitación para personas con discapacidad; lavanderías populares y comedores comunitarios, entre otros.

Incluso estipula un plazo de 30 años para lograr la mayor cobertura de infraestructura de cuidados en la capital, para niñas y niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad y añade que cada año deberá establecerse un presupuesto suficiente para el sostenimiento, la ampliación y la mejora del sistema. La idea es que dicho recurso no sea menor al año previo.

La jefa de gobierno declaró que la ley plantea ser “un marco legislativo que busca consagrar el cuidado como un derecho humano en la Constitución local y redistribuir la carga de trabajo que ha recaído históricamente sobre las mujeres; porque el trabajo de cuidados no es una mercancía, tiene un valor”.

Así, se destaca que los trabajos de cuidados, del hogar y domésticos no remunerados son importantes para la producción social, de tal modo que su realización no debe estar determinada por roles de género, sino distribuirse entre las personas, el gobierno, y los sectores privado y social.

En particular para los niños y las niñas que residen en la capital mexicana estas propuestas los dotarían de una mejor calidad de vida, ya que alentaría la protección de sus derechos en diversas vertientes. Para empezar, al ser reconocido el cuidado como un derecho esencial obliga a las autoridades a diseñar y aplicar políticas públicas que garanticen que niñas y niños se desarrollen en las mejores condiciones para su bienestar integral desde el vientre materno. Esto, sin duda, resalta que el derecho a ser cuidado para la niñez significa recibir atenciones de calidad, suficientes y culturalmente apropiadas, que aseguren su bienestar físico, mental, emocional y social con pleno respeto a su dignidad.

De igual forma se asentaría la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia para vigilar que las niñas y los niños reciban la atención adecuada durante su desarrollo y según sus necesidades particulares.

En Early Institute —el único think tank mexicano especializado en el cuidado de la primera infancia— valoramos y reconocemos el esfuerzo por impulsar medidas como las anunciadas por el gobierno capitalino, ya que su adopción ayudaría a garantizar, de manera progresiva y efectiva, el acceso a servicios de cuidado en entornos seguros, inclusivos y con respeto a los derechos humanos en condiciones de igualdad y no discriminación.

Como organizaciones de la sociedad civil es primordial apoyar a que se consoliden iniciativas como estas, en un afán por confirmar la responsabilidad compartida, en un interés por elevar la calidad de vida de los más vulnerables y participando activamente en beneficio de una sociedad mejor.

El cuidado contribuye al crecimiento

Por: Renata Díaz Barreiro, Investigadora de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

Históricamente, los estereotipos de género no solo han asignado roles diferenciados a hombres y mujeres, sino que también han jerarquizado dichos roles, otorgando menor valor a aquellos considerados “femeninos”.

Por ejemplo, el trabajo fuera del hogar ha gozado de mayor reconocimiento social y económico que el trabajo de cuidados y del hogar frecuentemente no remunerado. De forma similar, actividades asociadas a lo masculino, como el fútbol, han sido más valoradas que otras como la danza. No se trata únicamente de la asignación de tareas, sino del valor que se les otorga.

En la economía tradicional, lo que no se mide suele ignorarse. Las labores de cuidado y del hogar han sido asumidas como una responsabilidad natural de las mujeres, realizada gratuitamente y en el ámbito privado. Esta percepción fue recientemente reforzada por un futbolista que se refirió al cuidado como una simple “energía femenina”, reproduciendo una visión estereotipada y carente de reconocimiento real.

A pesar de ser invisibilizado el trabajo de cuidados y del hogar ha sido un motor indispensable para el funcionamiento de las sociedades. Según la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (CSTNRHM), en 2023 estas labores representaron 18.8 por ciento del PIB, lo que equivale a más de ocho billones de pesos a precios corrientes. De esta cifra, 71.5 por ciento fue aportado por mujeres, evidenciando una carga desproporcionada.

Las consecuencias de esta desigualdad son visibles. De acuerdo con los datos de pobreza multidimensional del Coneval (2022), las mujeres enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad que los hombres: entre la población de 30 años, 39.6 por ciento de las mujeres viven en situación de pobreza, frente a un 30.8 por ciento de los hombres. Esta brecha coincide con los años de mayor carga de cuidado no remunerado, según lo señalado por la Enasic 2022. De hecho, 68 por ciento de las mujeres que desean trabajar y no pueden hacerlo, declaran que es porque no tienen con quién dejar a sus hijos e hijas.

Además, 96 por ciento de las personas que brindan cuidados son mujeres, principalmente mamás y abuelas. Esta realidad se traduce en una participación laboral femenina limitada: solo 46 por ciento de las mujeres mexicanas participa en el mercado laboral. En otras palabras, muchas mujeres están asumiendo simultáneamente múltiples roles —madres, trabajadoras, cuidadoras— sin recibir una remuneración justa ni el reconocimiento correspondiente.

Y aunque muchas lo hacen con amor, ello no justifica que su trabajo pueda seguir invisibilizado. La consecuencia directa de esta situación son trabajos informales, mal remunerados, sin derechos ni prestaciones. Incluso en el empleo formal, muchas mujeres enfrentan dobles o triples jornadas, al realizar jornadas de trabajo remunerado, de cuidado y de las labores del hogar, que deterioran su salud física y mental.

Hoy tenemos una oportunidad histórica: la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que el bienestar de mujeres, niñas y niños será una prioridad de su administración. Está ampliamente documentado que la niñez, particularmente en los primeros años de vida, requiere cuidado constante, afecto, presencia y estimulación. Por ello, a nivel internacional, el cuidado es reconocido como un derecho.

En este contexto, uno de los grandes pendientes del gobierno federal es el impulso del ahora llamado Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados (SNPC), integral y progresivo. Si bien existen avances la implementación con perspectiva de niñez ha alcanzado poca cobertura, solo 44 por ciento de las niñas y niños de 0 a 5 años tienen acceso a servicios de cuidado o educación, además, está fragmentada y no cuenta con asignaciones presupuestarias suficientes.

La transformación de México no será posible mientras el cuidado siga siendo visto como una “energía femenina” o un asunto privado. Se requiere una corresponsabilidad real, donde el Estado, el sector privado, las comunidades y las familias compartan esta tarea fundamental.

En el marco de un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados se debe:

Reconocer el cuidado como un derecho constitucional.

Ampliar la cobertura de centros de atención infantil y otros modelos de cuidado, garantizando estándares mínimos de calidad.

Impulsar políticas de corresponsabilidad familiar, laboral y social, incluyendo licencias parentales equitativas y horarios laborales flexibles.

Asignar un presupuesto suficiente, con ampliaciones progresivas y con visión de largo plazo.

El cambio estructural que necesitamos también exige una transformación cultural. Y esto incluye a quienes tienen voz pública: medios de comunicación, líderes de opinión y, también influencers y figuras del deporte. Cada mensaje que se transmite tiene el poder de reforzar o cuestionar los patrones culturales que perpetúan la desigualdad. Es necesario transformar las dinámicas familiares hacia modelos más equitativos, basados en la corresponsabilidad, la igualdad y libres de violencia.

Los antiguos moldes de masculinidad —basados en la represión emocional, el rol exclusivo de proveedores y la desvinculación del cuidado— ya no son sostenibles por los propios datos. No lo son para las mujeres, pero tampoco para los hombres.

Podemos seguir aferrándonos a ideas obsoletas, o podemos avanzar con decisión y reconocer que el cuidado no es un asunto femenino: es un acto profundamente humano. Y ha llegado el momento de que lo asumamos colectivamente como sociedad.