Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo
“Desde que informé sobre mi embarazo comencé a sufrir acoso, humillaciones, violencia verbal y psicológica por parte de mi superior inmediato.
En una ocasión expresamente me dijo que no pedí permiso para embarazarme, que me fastidiaría hasta que yo tomara la decisión de irme y que estaba muy decepcionado, ya que tenía proyectos conmigo en la empresa, pero por haberme embarazado no iba a ser posible que participara en ellos, por lo que me cambiaría de puesto y no tendría más oportunidad de crecimiento.
El día de las madres se ha convertido en un día para agradecer a todas aquellas mujeres que nos han cuidado, guiado y amado a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, este digno reconocimiento también exige que día con día se visibilicen y cuestionen todas aquellas prácticas que las rechazan por ejercer ese rol.
Un común ejemplo de estas adversidades es la discriminación laboral por embarazo, tipo de violencia que se manifiesta de diversas formas y que se incentiva por un conjunto de prejuicios sobre el embarazo en el espacio laboral; la cual se propaga y perpetúa aún después del parto.
De acuerdo con Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Persona (FEVIMTRA), de enero de 2012 a julio de 2021, la discriminación en el ámbito laboral ejercida en contra de mujeres por razón de género o embarazo representó el 69% del total de las denuncias por discriminación presentadas ante ella. Sin embargo, a pesar de ser un porcentaje ya de por sí alto y de que existen múltiples leyes y mecanismos institucionales que tienen por objeto sancionar las conductas de discriminación laboral por embarazo, así como atender y proteger a las mujeres que han sido víctimas, la realidad es que estas prácticas poco se denuncian porque no existen mecanismos de denuncia adecuados (anónimos y efectivos) dentro de los centros de trabajo ni autoridades sensibilizadas y capacitadas para atender estos casos.
Lógicamente, las mujeres embarazadas prefieren no denunciar por temor a ser despedidas o a ser revictimizadas en un procedimiento de denuncia que no cuenta con los elementos necesarios para brindarle acceso a la justicia ni a medidas de protección. Mientras conserven su trabajo, las mujeres embarazadas soportan malos tratos, humillaciones, hostigamiento, descuentos de sus licencias médicas, incluso negación de la posibilidad de ir al baño o de sentarse. Todo con tal de tener acceso a la seguridad social al momento del parto o estabilidad económica para que sus bebés estén bien, ¿cuántos casos similares no conocemos?
En ese sentido, en tanto no exista una política pública integral para brindar protección reforzada al embarazo y la maternidad que contemple, entre otras cosas, medidas cautelares ante diversos supuestos de discriminación laboral por embarazo -no solo el despido- y protocolos efectivos que permitan llevar un registro completo e investigar los hechos con perspectiva de género, no podremos saber el número real de casos de violencia ejercida en contra de las mujeres trabajadoras en razón del embarazo.
En tanto en los espacios laborales no se impulsen acciones y estrategias que mejoren el clima organizacional para las mujeres embarazadas y faciliten la maternidad, mientras no se fomente la conciliación entre la vida familiar y laboral de las y los empleados, no cesará la realidad del rechazo a la maternidad en los espacios laborales de la que aquí hemos hablado. Realidad que es totalmente opuesta a lo que se vive en el día de celebración -prácticamente nacional- a las madres.
Si tú que me estás leyendo atraviesas por una situación similar es importante que sepas que no estás sola, que esto que te está pasando no es normal, busca apoyo. Early Intitute tiene convenios con varios bufetes jurídicos gratuitos que te pueden brindar asesoría jurídica, pregunta en este link: https://staging.earlyinstitute.org/discriminacion-laboral-por-embarazo/
¿Hasta dónde puede llegar el rechazo a la maternidad en los espacios laborales?
Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo
“Realizaba labores de aseo en una escuela, cuando di a conocer mi embarazo gemelar y de alto riesgo no se tomaron las medidas necesarias para que las actividades que realizaba no pusieran en riesgo mi salud. Por el contrario, se me asignó el aseo profundo de algunos salones"
“Un día al terminar de lavar los baños me sentí mal e informé a la directora quien me pidió continuara con mi labor despacito para que no me cansara. Tuve que trapear, mover muebles y cargar cubetas pesadas.
“Comencé a sentir mucho dolor y ahí presenté expulsión de mis dos bebés. Uno de ellos murió al día siguiente por prematurez extrema, mi otro bebé nació con problemas graves de salud y posteriormente perdió la vista”, señala el testimonio recabado en la Recomendación 54/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La discriminación laboral por embarazo es un problema de gran escala, mucho más frecuente y común de lo que se piensa. Generalmente se ha asociado con conductas como el despido y la solicitud de prueba de gravidez para la contratación o el ascenso. Sin embargo, abarca otras conductas como el hostigamiento laboral, la negación de ascenso, la reducción de salario, el cambio de horarios sin consentimiento de la trabajadora, la prohibición de ir al baño o sentarse, así como ordenar la realización de labores que pongan en riesgo la salud de la mujer embarazada y de su hijo(a).
En el mismo sentido, los alcances de este tipo de violencia poco se visibilizan, pareciera que se trata de una mera problemática de carácter laboral, pero no es así. El rechazo al embarazo y la maternidad en los espacios públicos tiene implicaciones pueden afectar múltiples derechos de la mujer embarazada, de su bebé y su familia.
En lo que se refiere a su hija o hijo, la forma en la que se desenvuelva el embarazo impactará directamente en el desarrollo de la primera infancia. De acuerdo con el informe La Discriminación Laboral por Embarazo publicado por Early Institute, este tipo de violencia puede provocar bajo o muy bajo peso al nacer, mayor reactividad al estrés, parto pretérmino -como en el testimonio que aquí comparto- y aborto espontáneo.
Así pues, se observa la falta de un enfoque con perspectiva de niñez que visibilice el impacto que la discriminación deja no solo en la mujer, sino también en la vida, salud, integridad y desarrollo de las niñas y niños que nacerán. Lo anterior refleja que el problema tiene alcances tan amplios que nos definen como comunidad: ¿qué tipo de sociedad somos, si no garantizamos un ambiente sano y seguro para las niñas y niños en su primera infancia?
Por lo anterior, es importante posicionar esta problemática en el debate público; sensibilizar sobre lo que es y puede implicar; e involucrar a personas empleadoras, tomadoras de decisión y mujeres trabajadoras en su combate.
Precisamente el pasado 29 de marzo, en una acción paradigmática, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al Senado de la República que llame a comparecer a la Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional por no acatar su Recomendación 62/2020 emitida el 26 de noviembre de 2020, en un caso de discriminación laboral por embarazo. Celebremos la acción de la CNDH para poner esta problemática como un tema prioritario en la agenda pública, hoy más que nunca es necesario que comencemos a visibilizarla y actuar para prevenirla.
El mito del “trabajador ideal”
Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo
“Desde que me embarace comencé a ser discriminada; en mi incapacidad se me solicitó trabajo, incluso el mismo día del nacimiento de mi bebé tuve que atender requerimientos desde la camilla de la clínica. Después del parto existieron oportunidades de crecimiento laboral, sin embargo, nunca se me dio la oportunidad aunque lo solicité y contaba con el perfil y la experiencia, a diferencia de quienes fueron promovidos. Cuando pregunté la razón, me contestaron que por mi hijo. Antes de despedirme me cambiaron a un puesto de menor nivel.”
Diversos estudios han identificado que la maternidad es vista como una “desventaja” en el trabajo, las y los empleadores comunmente comparten el prejuicio de que las madres son más inestables y menos comprometidas y competentes en el empleo; esto se relaciona con su poca adecuación a los estándares del “trabajador ideal”, aquél que es totalmente devoto a su trabajo y no tiene otras responsabilidades. Por el otro lado y fuera de toda lógica, los hombres casados y padres de familia, son mayormente asociados con la establidad, compromiso y competencia.
Por tal situación, han nacido conceptos como maternal wall para referirse a la barrera que representa la maternidad para obtener, permanecer y ascender en el ámbito laboral. Sin embargo, los prejuicios alrededor de la maternidad y el embarazo en el trabajo se manifiestan también como una forma de discriminación y violencia cuyo alcance afecta múltiples derechos de la mujer embarazada, de su bebé y su familia, no solamente sus derechos laborales.
En ese sentido, esta problemática es sumamente grave pues -además de su impacto- es más común de lo que se piensa: el 17.3% de las mujeres que tuvieron un empleo en los 5 años previos sufrieron alguna forma de discriminación laboral relacionada al embarazo de acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 -prácticamente 2 de cada 10 mujeres-; y el 31% del total de las presuntas quejas de discriminación promovidas ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) se refieren a casos motivados por un embarazo.
El número de mujeres que integra la fuerza de trabajo mundial nunca ha sido tan elevado como ahora, sin embargo, para ser valoradas como profesionales tenemos que cumplir con los rígidos estándares del trabajdor ideal: adoptar roles masculinos, hacer malabares para que nuestra maternidad “no se note”, ocultar nuestra vida familiar para que no afecte nuestra carrera laboral, pasar a segundo o tercer plano a nuestras hijas e hijos para conservar el empleo.
Esta presión absurda es insostenible y es nociva para nuestra sociedad, hoy más que nunca es necesario que los espacios laborales se reinventen, innoven y adapten para lograr efectividad sin sacrificar la vida familiar, personal y laboral de sus trabajadoras y trabajadores.
En días recientes Early Institute publicó el informe Discriminación Laboral por Embarazo, un estudio que reúne información sumamente interesante sobre las mujeres que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad; los prejuicios y estereotipos que existen alrededor de la maternidad y el embarazo; las conductas que conforman este tipo de violencia; y casos reales que evidencian su impacto.
En este documento de investigación se proponen una serie de recomendaciones dirigidas, entre otros, a empleadoras y empleadores para que impulsen acciones y estrategias que mejoren el clima organizacional para las mujeres embarazadas y faciliten la maternidad en el trabajo. Algunas de ellas pueden ser fomentar la conciliación entre la vida laboral y familiar de las y los empleados; proporcionar horarios laborales flexibles; e incentivar la contratación y ascenso de madres y mujeres embarazadas.
La industria de la gestación subrogada
Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo
El debate sobre la gestación subrogada se ha centrado en los derechos reproductivos de las personas solicitantes, sin embargo, están ausentes tres enfoques fundamentales en su abordaje: la gestación de bebés como un producto comercializable; la explotación de la mujer gestante como una máquina de producción; y la lógica de mercado que atraviesa estas problemáticas.
Integrar estos tres elementos nos permite visualizar la problemática real que existe en el fondo, una nueva forma de esclavitud: la explotación reproductiva. Esta columna aborda el tercer enfoque: la gestación subrogada como una industria que comercializa con bebés y el cuerpo de mujeres.
La gestación subrogada no es acuerdo de voluntades entre las partes ni una oportunidad de enriquecimiento para las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Detrás del disfraz que promete una vida mejor, se esconde la satisfacción del deseo de consumo de unos y el enriquecimiento de otros a costa de la explotación.
La industria de la explotación reproductiva se sostiene porque por un lado provee de bebés a personas que están dispuestas a pagar mucho dinero por ellos, y por otro, enriquece a intermediarios a costa de muchas mujeres en situación de vulnerabilidad que pueden explotar y controlar. Bajo esta lógica de mercado, las mujeres gestantes y los bebés son vistos como un objeto, no como sujetos de derechos y, con ellos, los intermediarios obtienen ganancias multimillonarias.
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía establece en su artículo segundo a) que se entiende por venta de niños a todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución.
En ese sentido, la Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de niños, incluidos la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y demás material que muestre abusos sexuales de niños ha enfatizado que “todos los Estados están obligados a prohibir la venta de niños y a crear salvaguardias para su prevención” y en 2019 exhortó a los Estados a “velar por que las leyes y políticas que prohíben la venta, la trata, el abuso y la explotación de los niños, así como las salvaguardias generales contra la venta y la trata de niños se apliquen en el contexto de la gestación por sustitución”. Incluso ha mencionado que en lugares que, en teoría, la gestación subrogada se encuentra bien regulada ha documentado casos de prácticas abusivas.
En los enfoques regulatorios a nivel internacional la lógica de mercado nos muestra que la prohibición de la industria de la explotación reproductiva en un país orilla al consumidor a buscar en otro lugar facilidad para “adquirir” el “producto” que se desea. Así pues, la explotación reproductiva -como cualquier industria- precisa de certeza y facilidad jurídica para subsistir, para garantizar la oferta y fomentar la demanda. Bajo el manto de la legalidad, sacar provecho de la vulnerabilidad de las personas es fácilmente manejable y el ambiente es propicio para atraer la demanda; se establece un sistema que permite que el mercado funcione.
Sin embargo, los acuerdos de gestación subrogada pueden acarrear violaciones graves a derechos humanos como el abandono de niñas y niños por parte de los solicitantes; la falta de idoneidad de los solicitantes para ser madres y/o padres generando un alto riesgo de tráfico de menores de edad; la vulneración de los derechos de identidad, origen y filiación; problemas relativos a la libertad del consentimiento de las gestantes; y malas prácticas por parte de los intermediarios. Así lo alertó el Consejo sobre Asuntos Generales y Política de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en su Informe de 2015.
Pretender que regular evitará la clandestinidad y vulneración de los derechos de los bebés y las mujeres gestantes es ignorar que este fenómeno existe porque representa una industria y como tal buscará un terreno fértil para su mercado: producción de bebés barata y facilidad de compra para la demanda. Los múltiples vacíos que toda ley tiene, manipulaciones y engaños arrasan con los posibles “candados legales” que pretendan controlar este fenómeno para evitar violaciones a derechos humanos.
En tanto no hablemos abiertamente de estos tres elementos de la explotación reproductiva, el mercado de bebés y mujeres seguirá aumentando. Desgraciadamente, por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran millones de mujeres, la falta de coordinación entre las autoridades, la corrupción, la impunidad, los vacíos legales y la ausencia de una ley federal que la prohíba, México es un terreno fértil para la industria de la explotación reproductiva.
Gestación subrogada, una vía para explotar el cuerpo de las mujeres
Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo
El debate sobre la gestación subrogada se ha centrado en los derechos reproductivos de las personas solicitantes, sin embargo, están ausentes tres enfoques fundamentales en su abordaje: la gestación de bebés como un producto comercializable; la explotación de la mujer gestante como una máquina de producción; y la lógica de mercado que atraviesa estas problemáticas.
Integrar estos tres elementos nos permite visualizar la problemática real que existe en el fondo, una nueva forma de esclavitud: la explotación reproductiva. Esta columna aborda el segundo enfoque: la gestación subrogada como una vía para explotar el cuerpo de las mujeres.
La gestación subrogada es una industria que, en la práctica, se dedica a captar mujeres en situación de vulnerabilidad y -en la mayoría de los casos- en condición de pobreza para explotar y alquilar sus cuerpos y funciones reproductivas.
Bajo la premisa de que la mujer gestante tiene libertad y poder de decisión sobre su cuerpo muchas empresas y personas justifican y promueven un mercado que comercializa con el cuerpo de las personas. Sin embargo, detrás de la fachada de libertad y acuerdo de voluntades, se encuentran las mujeres más vulnerables, aquellas que han tenido un inequitativo acceso a las oportunidades o que viven diversos tipos de violencia que les sitúan en condiciones de vulnerabilidad y que, con tal de encontrar una salida a la situación en la que se encuentran, están dispuestas a pasar por cambios hormonales fuertes, exponer su salud física y mental, perder libertad de movimiento, sexual y de decisión durante un embarazo para después entregar al bebé -que han gestado y con quien han generado un vínculo- a alguien más. En un plano donde existe una posición de notoria ventaja y poder sobre la otra persona, no se puede coexistir igualdad ni libertad.
Se habla de empoderamiento al aludir sobre la decisión de las mujeres gestantes a rentar su vientre, lo cierto es que las personas intermediarias -con sus intereses económicos- no estarán dispuestas a respetar las reglas de las mujeres, a pagar lo que ellas consideren justo, a no explotarlas, a respetar sus decisiones en todo momento y a no violentarlas en cuanto su provecho e interés económico se vea amenazado; ellas nunca van a tener el control, ni la libertad que una transacción en condiciones de igualdad exige, se trata pues de una libertad paradójica.
En el mismo sentido, la gestación subrogada perpetúa la idea de que las mujeres y sus cuerpos pueden ser utilizadas para satisfacer los deseos e intereses económicos de terceros. En este proceso fungen como “fábrica de bebés”, su cuerpo es tratado como un objeto que puede ser comprado, vendido, utilizado y desechado. Pero los cuerpos de las personas no son objetos que pueden usarse, rentarse ni consumirse para el provecho de otros. Precisamente por eso, nos referimos a este fenómeno como una forma de explotación.
Desde esta perspectiva no se pretende juzgar a las mujeres gestantes por sus decisiones, tampoco de tacharlas de débiles o incapaces, todo lo contrario, se trata de visibilizar que ellas son explotadas por personas que se aprovechan y lucran con su condición de vulnerabilidad.
Ante este panorama queda prohibir esta forma de explotación, garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ofrecer trabajos dignos e igualdad de acceso de oportunidades. Recordemos que estamos ante un Estado claudicante cuando éste ha fracasado en cumplir con sus obligaciones de derechos humanos y decide “legalizar” la explotación de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
¿Qué es la explotación reproductiva?
Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo
El debate sobre la gestación subrogada se ha centrado en los derechos reproductivos de las personas solicitantes, sin embargo, están ausentes tres enfoques fundamentales en su abordaje: la gestación de bebés como un producto comercializable; la explotación del cuerpo de la mujer gestante como una máquina de producción; y la lógica de mercado que atraviesa estas problemáticas.
Integrar estos tres elementos nos permite visualizar la problemática real que existe en el fondo, una nueva forma de esclavitud: la explotación reproductiva. Esta columna será el inicio de una serie de entregas para explicar el porqué.
Gestación de bebés como un producto comercializable
Los bebés procreados bajo gestación subrogada son tratados como meros objetos de comercio y a su alrededor existe una expectativa de consumo, de manera que este fenómeno es prácticamente una industria de producción, venta y compra de bebés y -en ocasiones- personas “a modo” al pagar por óvulos y espermatozoides que aseguren que cumplirá con ciertas con ciertos ideales de belleza y/o salud.
Desgraciadamente, cuando una persona -en este caso un bebé- es tratada como un objeto, se ignoran sus derechos. Con ellos se pretende satisfacer el deseo de tener un hijo y se omite exigir que quien solicita cumpla con requisitos de idoneidad, además de que se incumple la obligación de garantizar su interés superior -por imponer la voluntad de las personas solicitantes por encima de su bienestar-, su derecho a conocer su origen y filiación, su derecho a la identidad, nacionalidad y a conocer su pertenencia cultural.
Adicionalmente, se ha fallado en dar seguimiento y prever mecanismos que aseguren su bienestar y sano desarrollo, dejando la puerta abierta para la comisión de otros delitos y otras formas de explotación como el tráfico de menores, adopción ilegal, explotación sexual, tráfico de órganos, entre otros.
Así pues, se ha creado toda una industria de producción de bebés que gira en torno al deseo de los solicitantes, pero no existe el “derecho a tener hijos”. Los gestados bajo esta práctica no son un producto de deseo, son sujetos de derechos y ellos tienen derecho a tener una familia y estar en un ambiente idóneos. Sin embargo, se han dejado sus derechos al arbitrio de un acuerdo de voluntades de personas que sólo requieren tener dinero, por un lado, y por el otro, personas que tienen necesidad económica, con una industria de fondo que solo persigue un fin lucrativo. En ese sentido, el Estado debe priorizar su interés y posicionarlos en el centro del debate público.
En tanto no hablemos abiertamente de los tres elementos de la explotación reproductiva, el mercado de bebés y mujeres seguirá aumentando. Desafortunadamente, por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran millones de mujeres, la falta de coordinación entre las autoridades, la corrupción, la impunidad, los vacíos legales y la ausencia de una ley federal que la prohíba, México es un terreno fértil para la industria de la explotación reproductiva. ¿Estamos dispuestos a ser un país considerado como paraíso reproductivo?
Brecha educativa, presagio de una catástrofe generacional
Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo
La pandemia del COVID-19 ha traído consigo innumerables secuelas en los distintos sectores de la sociedad, una de las más grandes es el incremento de la brecha educativa en las clases sociales de nuestro país y toda América Latina.
En el “Estudio diagnóstico sobre docentes en América Latina y el Caribe” publicado en 2020, la UNESCO señala que identificó grandes brechas en los resultados educativos que se relacionan con una desigual distribución de docentes mejor calificados, en perjuicio de países y regiones con menores ingresos y de zonas rurales, las que suelen concentrar, además, a población indígena y migrante. Sin embargo, el aislamiento social generado por la pandemia simplemente ha hecho que las desigualdades que ya existían en el sector educativo, y que nunca se han abordado de manera adecuada, se agudicen.
La necesidad de modalidades de aprendizaje a distancia -mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas-, así como de mecanismos de seguimiento, evaluación y retroalimentación del proceso educativo, ha incrementado la brecha entre quienes tienen acceso a estos recursos y quienes que no. De manera que la efectividad del aprendizaje no está necesariamente ligada con el mérito y el esfuerzo -como muchas veces se nos ha hecho creer- sino también con el nivel socioeconómico de las y los estudiantes y de los recursos tecnológicos y pedagógicos de la escuela.
De acuerdo con las estimaciones iniciales hechas por el Banco Mundial en el informe “Actuemos ya para proteger el capital humano de nuestros niños”, publicado este año, el impacto del cierre de las escuelas ampliaría la -ya marcada- brecha socioeconómica de rendimiento académico en un 12 %, o un cuarto de año de escolaridad, y daría lugar a que estudiantes en el primer ciclo de secundaria en el quintil superior de la distribución de ingresos tengan, en promedio, casi 3 años de escolaridad más que sus contemporáneos del quintil inferior de ingresos.
Lo anterior, aunado a el incremento de deserciones escolares que se han registrado y la interrupción de servicios que niñas y niños recibían en las escuelas -como los programas de alimentación-, han creado la “receta perfecta” para una crisis educativa y social con impacto permanente es las generaciones más jóvenes. Sin embargo, según el reporte “Education Finance Watch 2021” del Banco Mundial y la UNESCO, dos terceras partes de los países de ingreso bajo y mediano bajo han reducido sus presupuestos públicos de la educación desde que comenzó la pandemia.
Ante esta catástrofe generacional, es urgente INVERTIR en una educación accesible y de calidad. Si bien, la reapertura segura y efectiva de las escuelas a nivel nacional es una prioridad, también lo es REVERTIR los efectos que se proyectan y DISMINUIR la brecha de aprendizaje que existe entre los sectores sociales de la población. Y, a largo plazo, impulsar transformaciones que representen condiciones efectivas para ejercer en igualdad de condiciones el derecho a la educación, por ejemplo, sistemas educativos más inclusivos que puedan adaptarse a las características particulares de las y los estudiantes y brindar herramientas adecuadas para su aprendizaje efectivo.
La condición social no debería de ser un factor determinante al momento de ejercer un derecho y, mucho menos, uno tan importante como el de la educación, derecho -además- necesario para promover condiciones de igualdad.
¿Los trapos sucios se lavan en casa?
Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo
Por un lado, es cierto: Según los resultados que arroja la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, el 76% de las mujeres que dijeron haber sufrido violencia sexual antes de los 15 años reportaron que sus agresores eran familiares o conocidos. Solo el 24% reportó que se trataba de un desconocido. Así pues, dentro de esta estadística y considerando que en varios casos las mujeres fueron abusadas por más de una persona, el 43% lo ocupa el tío, el 33% un primo y el 18% un hermano.
Sin embargo, el hecho de que las personas agresoras en su mayoría se encuentran en la familia o cerca de ella no convierte a la violencia sexual ejercida contra niñas, niños y adolescentes un problema “de familia”; todo lo contrario, el primer error en el que caemos como sociedad es creer que se trata de temas que se deben de resolver en la esfera de lo privado.
¿Qué justicia podemos esperar para la víctima si el agresor es juez y parte?
Desgraciadamente, la violencia sexual infantil en muchas ocasiones se ejerce en un ambiente de complicidad, confianza “ciega”, coerción y/o dependencia económica que protege a la persona agresora y mantiene su agresión en secreto generación tras generación.
Entonces, ¿cómo debemos actuar ante sospecha o conocimiento de este tipo de violencia?
En primer lugar, se trata de un delito que debe ser denunciado ante las autoridades competentes para que el agresor sea sancionado y evitar que continúe ejerciendo violencia y/o violentando a más personas. A la par, se le debe brindar apoyo psicológico a la víctima para que pueda iniciar su proceso de reparación y entienda que ese acto o actos ejercidos en su contra no la definen.
La violencia sexual ejercida en contra de niñas, niños y adolescentes es un problema de orden público, que nos atañe a todas las personas. Debemos involucrarnos, asumir este problema como nuestro y exigir la intervención de las autoridades. No permitamos que el secreto familiar encubra agresores sexuales.
Si nuestra niñez está sufriendo de este tipo de violencia, si no les estamos protegiendo, en unos años toda la sociedad vivirá las secuelas de su omisión.
Hablemos de interseccionalidad
Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo
En el marco del mes de la mujer es necesario cuestionarnos el enfoque con el que abordamos las problemáticas que atraviesan al género. Hoy más que nunca debemos analizar el fenómeno de la desigualdad y la violencia de género desde un enfoque de interseccionalidad.
No basta con saber que las mujeres se encuentran en posición de desventaja en ciertos sectores de la sociedad, es necesario entender el contexto y los alcances de las identidades de las diferentes mujeres frente a un fenómeno.
Las mujeres no somos un grupo homogéneo, tenemos múltiples identidades: mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres en condición de pobreza extrema, mujeres deportistas, mujeres mayores, niñas, adolescentes, cada una viviendo la experiencia de ser mujer de manera distinta. Y, en ese sentido, pueden estar expuestas a varios ejes de desigualdad y violencia en razón de género, pero también por otras razones como la raza o la condición social.
Cada mujer, en su individualidad, puede sufrir desigualdad, violencia y discriminación de un modo único y cualitativamente diferente. Por ejemplo, al abordar problemáticas como las de la prostitución y la maternidad subrogada no basta solo hablar del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, se requiere necesariamente una perspectiva interseccional que responda a los siguientes cuestionamientos: ¿de qué tipo de mujeres estamos hablando? ¿en qué contextos se han desarrollado? ¿a qué tipo de violencias se han enfrentado? ¿en qué condiciones de desigualdad han crecido?
Y lo mismo pasa con la violencia. Si bien, la violencia de género es la violencia ejercida contra mujeres por el hecho de serlo, lo cierto es que ésta converge -en cada caso particular- con múltiples factores que hay que tomar en consideración. Dicho en otras palabras, las distintas dimensiones de las identidades de las mujeres traen consigo distintas formas y patrones de violencia. El tipo de violencia a la que es más vulnerable una niña varía al tipo de violencia al que es más vulnerable una mujer migrante, una mujer mayor o una mujer casada.
Así pues, la denominación del día internacional de la mujer tiene un error de origen, debe ser llamado DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. Pero esta precisión es pura vanidad, la reflexión debe tener alcances mucho más profundos.
Un primer paso para incluir a todas las mujeres en el debate público puede ser capacitar y sensibilizar -especialmente a personal del servicio público- sobre las múltiples experiencias y barreras a las que se enfrentan las mujeres, para que puedan prevenir y combatir -de manera informada y efectiva- las distintas formas de violencia. Comprender la complejidad nos permitirá diseñar mecanismos especiales y adecuados.
A la par, impulsar y convocar a todos los tipos de mujeres para crear liderazgos transformadores, que representen y den voz a todas las voces, especialmente a las que aún están silenciadas.
Reapertura de planteles educativos, medida apremiante
Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo
De acuerdo con un reporte de la UNESCO, el COVID-19 ha traído consigo la mayor interrupción simultánea de servicios educativos de la historia reciente a nivel global y ha afectado a más de 90% de la población mundial de estudiantes, desde la educación preescolar hasta la superior.
Desgraciadamente, con la educación a distancia han llegado también grandes costos. Las restricciones socioeconómicas y las brechas digitales son factores que condicionan el acceso a internet y la disponibilidad de equipo de cómputo, elementos ahora esenciales para el ejercicio del derecho a la educación. Situación que incrementa el grado de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos estudiantes y la brecha que separa a las poblaciones más marginadas.
Además de la pérdida de aprendizajes y la desvinculación educativa, existen otros factores que afectan principalmente a la niñez: las escuelas aportan mucho más que solo formación académica, en ellas niñas y niños desarrollan su personalidad, habilidades para la vida y, en muchas ocasiones, su estado de salud. Ante su ausencia, el acceso a la salud -física y emocional-, alimentación y protección social se ha visto obstruido.
Por un lado, el aislamiento social ha traído consecuencias psicosociales y de salud mental para niñas y niños; sin interacciones, amistades, cuidadores responsables y las redes de apoyo que representan las escuelas, se encuentran “aislados” y desmotivados para aprender. Según los reportes de Alumbra Contigo -centro de apoyo psicológico para atender a niñas, niños y adolescentes en situaciones de violencia y crisis emocionales-, la depresión es la causa principal para pedir ayuda en menores de edad desde que comenzó la pandemia.
Por otra parte, los centros educativos también representan acceso a alimentos nutritivos para muchas niñas y niños de escasos recursos, UNICEF ha reportado que desde que comenzó la pandemia, se han perdido más de 39.000 millones de comidas escolares en todo el mundo debido al cierre de las escuelas.
Por desgracia, el regreso a las aulas parece todavía incierto y lejano para la mayoría de las y los estudiantes de México. Paralelamente, el porcentaje de deserción escolar se ha incrementado abruptamente. Ante la falta de todos los beneficios que los planteles educativos brindan y frente a los obstáculos que la educación a distancia ha traído, las y los estudiantes se han visto orillados a suspender sus estudios. Tan solo por nombrar un ejemplo, de acuerdo con la investigación de varios medios periodísticos, hubo un incremento del 229% en la suspensión de estudios del alumnado de bachillerato y licenciatura de la UNAM en el último año.
En definitiva, la decisión de reabrir las escuelas es apremiante e implica un gran reto: exigirá un mayor esfuerzo en la planificación y asignación adecuada de recursos para el sector educativo, pero valdrá la pena con tal de disminuir las consecuencias negativas que ha traído consigo la educación a distancia.