Un gran proyecto para la niñez de México

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de  El Heraldo de México 

Esas capacidades a las que me refiero tienen que ver con al menos la conjunción de dos procesos medulares

Transcurría el verano de 2019, entre junio y agosto de aquel año el equipo de Early Institute nos encontrábamos en medio de un ejercicio de planeación estratégica con miras a la elaboración de un programa de trabajo de largo aliento que pretendía alinear nuestras líneas de acción, objetivos y proyectos hacia el mediano y largo de plazo.

En esa etapa, el área de investigación del Instituto tuvo la fortuna y en retrospectiva me atrevería a afirmar que la visión, de sumar dos grandes capacidades de las que pocas organizaciones sociales pueden dar cuenta, pero que, en el ámbito global resultan hoy por hoy condiciones por demás indispensables para asegurar la seriedad, competitividad y viabilidad de cualquier proyecto público o privado, con independencia de su ámbito material o enfoque de aplicación.

Esas capacidades a las que me refiero tienen que ver con al menos la conjunción de dos procesos medulares. El primero, contar un campo de visión estratégica a partir del diseño de una teoría del cambio, que permita dar certeza sobre el estado real que guarda una determinada problemática de estudio como representa en nuestro caso, el apasionante y exhaustivo ámbito de la primera infancia.

Y el segundo, recopilar y procesar la información disponible, haciendo uso de herramientas para el análisis científico de datos que permita generar productos de toma de decisión basados en evidencia. Lo que en el lenguaje especializado se conoce como Data Driven Decision Making.

La sinergia de ambos factores, nos llevaron a crear un nuevo proyecto dentro de nuestras líneas temáticas, que si bien en lo inmediato significó dar un siguiente paso en las capacidades del Think Tank, en realidad para nosotros resultó un proceso hasta cierto sentido natural; producto del trabajo histórico de investigación, análisis e incidencia que durante 16 años el Instituto ha venido desarrollando en otros proyectos para la protección de los derechos de la niñez mexicana y su entorno fundamental.

Quizá el diferencial en este episodio de nuestra vida institucional tuvo que ver con el hecho de contar con una teoría del cambio alineada a las prioridades globales y nacionales en materia de primera infancia, la cual si bien no es poca cosa, nos permitió visualizar con mayor nitidez la oportunidad de crear una plataforma que proporcionara a los tomadores de decisión – sean públicos o privados – información confiable y sistematizada sobre el estado real de la primera infancia en México.

Y también en buena medida, movidos un poco por las dificultades y frustraciones que nosotros mismos padecimos durante muchos años como usuarios y consumidores de información estadística para elaborar estudios, informes y propuestas de incidencia en materia de niñez, quisimos aportar al ecosistema de actores, colectivos, especialistas, instituciones sociales y gubernamentales involucrados en esta agenda, un espacio sistematizado que ordenara las diversas dimensiones prioritarias para el análisis y abordaje integral del tema.

A manera de anecdotario, recuerdo las conversaciones que sostuvimos todo el equipo del Instituto durante dichas jornadas, muchas de ellas extenuantes y no exentas de dudas o cuestionamientos internos sobre la viabilidad técnica y operativa del proyecto. De manera muy especial vienen a mi mente, las horas de trabajo que invertimos para dar forma a la primera versión de objetivos y fases del proyecto especialmente de la mano de nuestros extraordinarios investigadores, Renata Díaz y Cándido Pérez. Convertidos hoy, por cierto, en una dupla imparable que a pesar de su juventud saben combinar experiencia con innovación.

El reto para nosotros era mayúsculo, pues como cualquier proyecto que nace desde cero y con la necesidad de generar recursos para su sostenibilidad, nos enfrentamos además al imprevisto escenario de bruma y confusión global que trajo consigo la pandemia por Covid-19; lo cual naturalmente significó un ajuste de tiempos y prioridades para todos los proyectos de nuestra organización.

Sin embargo, quizá de manera intuitiva y sin saberlo, nuestra respuesta como equipo ante esos momentos de dificultad e incertidumbre que vivimos durante el confinamiento y tras confirmar que en los hechos, una vez más, la infancia no representó un tema prioritario en el país - aun en circunstancias de emergencia humanitaria - resultaba claro que el curso de este proyecto en ciernes no debía detenerse, sino por el contrario redoblarse con disciplina y paso firme.

Fue así, precisamente durante el punto más álgido de la pandemia (2020-2021) que aceleramos los trabajos de análisis y redacción para elaborar el informe documental que dio origen al Sistema de Indicadores de Primera Infancia México (SIPI México), mismo que finalmente vio la luz y dimos a conocer a la opinión pública en junio del presente año.

SIPI México, es una herramienta que integra datos estadísticos actualizados, respecto a 142 indicadores que atañen a la primera infancia de nuestro país. El sistema se compone con información sobre el estado de salud, educación, nutrición, talla, peso, condiciones de vida, violencia, pobreza y cumplimiento de sus derechos fundamentales de este sector poblacional.

Más que una plataforma que concentra datos fríos provenientes de múltiples fuentes de información estadística, con este esfuerzo pretendemos crear una conversación productiva, bilateral y genuina con los actores clave que nos permita tejer juntos la radiografía de acción más completa que exista en México sobre las prioridades de desarrollo que requieren los más de 12 millones de niñas y niños en situación de primera infancia.

A 4 meses de su lanzamiento, lo que fueron conversaciones de escritorio y planeaciones internas se traducen hoy en una agenda de trabajo viva y en marcha, que de manera sorpresiva para todos nosotros y para los líderes de este proyecto, ha logrado sumar en corto tiempo a actores y especialistas de gran calado en diversos ámbitos de acción prioritaria.

Es bajo este marco, que aprovecho para agradecer en primer lugar a Annayancy Varas, Directora General del Instituto, por su confianza en el proyecto. A los integrantes del Comité Consultivo, aliados institucionales y equipo operativo de Early Institute. Pero sobre todo a las personas y organizaciones que desde el día cero creyeron en esta iniciativa y hoy forman parte activa de ella.

Igualmente invito a todos los lectores y audiencias especializadas del Heraldo de México a consultar y participar del desarrollo de SIPI México a través del portal staging.earlyinstitute.org/sipimexico/ y en todas nuestras redes sociales. No en vano me atrevo a afirmar desde ahora, que se trata de un gran proyecto para la niñez de México.

POR POR ABRAHAM MADERO MÁRQUEZ
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ABOGADO. DOCTORANDO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA. DIRECTOR EJECUTIVO DEL THINK TANK MEXICANO EARLY INSTITUTE

Una reflexión sobre el Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de  El Heraldo de México 

Sin embargo, hay que decirlo, el problema de estos sistemas no radica en sus nobles y justificados objetivos, el asunto se complejiza cuando pasamos, sobre todo, a los hechos en su operativización

Afirmar que la niñez no es un tema prioritario para nuestros gobernantes no debe resultar una exageración. Por laxa que resulte esta premisa, la historia y los datos así lo corroboran.
La agenda estructural de temas y problemas que requieren políticas públicas e intervenciones presupuestarias para mejorar la vida y los derechos fundamentales de casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes en el país, no representa como tal un pilar dentro del debate público o en la voz cotidiana de nuestros representantes.
A pesar de que México cuenta con un joven instrumento normativo como lo es la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes (2014), su existencia y puesta en marcha durante los últimos años no ha sido suficiente para articular con la solidez y contundencia necesarias, el carácter nacional y prioritario del denominado Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Desde luego, no se minimiza el esfuerzo que ha implicado poner en marcha dicho mecanismo, dotarlo de una estructura administrativa y comenzar a configurar las distintas fases de un programa nacional que sepa integrar a los tres órdenes de gobierno en la definición de directrices para la atención de la niñez y adolescencia mexicana. Sin embargo, hay que decirlo, el problema de estos sistemas no radica en sus nobles y justificados objetivos, el asunto se complejiza cuando pasamos, sobre todo, a los hechos en su operativización.
Una de las críticas más recurrentes que desde el foro jurídico se realiza a las leyes generales de este tipo, consiste en que pareciera son diseñadas bajo una especie de ceguera legislativa, por lo que hace a la dificultad de poner en marcha este tipo de mecanismos de colaboración intergubernamental que resultan extremadamente ambiciosos cuando pretenden instrumentarse en regiones y realidades tan dispares como las que existen en el atípico mosaico del federalismo mexicano.
¿A qué nos referimos? Tal y como ocurre en el desempeño de otros sistemas nacionales de coordinación – seguridad, educación, por citar algunos – este tipo de mecanismos terminan por quedarse cortos en su desempeño, ante el tamaño del problema que pretenden resolver o para el cual fueron diseñados.
La multiplicidad de actores que intervienen, aunada a la fragmentación y dispersión de las agendas públicas que se viven especialmente en los estados y municipios, genera que estos sistemas mantengan una intermitencia preocupante; tanto por el nivel de inversión de recursos que se requiere para echar a andar a las instancias especializadas – háblese de las procuradurías de protección, sistemas estatales y municipales – así como por la escasa materialización de políticas públicas concretas más allá del diagnóstico de escritorio o la firma de compromisos protocolarios.
Ante esto, opino que la famosa transversalidad de la que tanto se habla en el gremio especializado y que caracteriza a la agenda en materia de los derechos de la niñez y adolescencia, no ha sido suficientemente analizada, abordada ni mucho menos costeada bajo un enfoque estratégico-operativo, en un país compuesto por 32 realidades sociales y jurídicas disímbolas entre sí. A ello se suma un escenario actual en donde el Poder Ejecutivo Federal mantiene, por decir lo menos, un papel protagónico en la configuración de la agenda nacional.
Pero este error, a mi juicio crucial, en buena medida tiene su origen a partir de diversas patologías que lamentablemente forman parte de inercias legislativas y del bajo nivel técnico que prevalece en el parlamento mexicano. Bajo la tendencia normativa de todo “mandarlo a leyes generales” algunas hechas casi bajo el mismo formato, el Congreso de la Unión no ha prestado la atención debida al diseño específico y necesidades de instrumentación práctica que requieren los marcos normativos de las materias más sensibles para la población, especialmente en el ámbito de tutela de los derechos humanos.
Ello se traduce en normas de difícil cumplimiento como la que nos ocupa, con retos titánicos para echar andar las maquinarias burocráticas y de coordinación nacional que se prevén desde sus textos, y sobre todo, alejadas de la realidad económica y social del país. No en vano, especialistas como la Doctora Cecilia Mora, durante décadas han apuntado que la técnica legislativa debe comprender por parte de legislador primario, ante todo, la realización de un examen crítico sobre el resultado que las normas pretenden producir tras su entrada en vigor.
Si pasamos bajo ese tamiz a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y su institución estelar que representa el SIPINNA a 8 años de su vigencia, los datos podrían resultarnos un tanto desalentadores.
El mecanismo normativo e institucional no ha sido determinante para mejorar las condiciones de vida de las nuevas generaciones. Sin ir muy lejos, de acuerdo a datos de UNICEF la inversión en recursos públicos en primera infancia, niñas, niños y adolescentes en los últimos 6 años ha decrecido al pasar de un 3.27% del PIB en 2018, a un 2.86 % que se estima para 2023.
Malas noticias se leen también en la proyección de un dato que debería ser el rubro prioritario no solo para los operadores de esta agenda, si no para el país entero; la inversión específica en materia de primera infancia, es decir niñas y niños entre 0 y 5 años, apenas alcanzó un 0.5 % del PIB durante este 2022.
¿Qué significa esto? Pues si bien el propósito primigenio de la Ley General, sus normas secundarias y las correspondientes estructuras administrativas que forman parte de los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes, fue el de materializar y atender los derechos de este sector poblacional bajo un enfoque de prioridad, es evidente que el trabajo por hacer requerirá poco más que activismo y buenas intenciones por parte de los poderes públicos.
Aquí, me parece se encuentra implícita una agenda y al mismo tiempo una auténtica hoja de ruta que si los actores políticos del momento saben leerla con altura de miras, podría representar para México una alternativa viable para atender las causas de fondo a nuestras problemáticas sociales.
No habría un mejor planteamiento estructural para una futura o futuro gobernante – el más completo y sensato creo yo – que hacer cumplir la Constitución y por primera vez en la historia de este país, poner en el centro de todo programa o decisión de política pública al interés superior de la niñez.
Agradezco la oportunidad de escribir este primer texto en el extraordinario e histórico espacio de expresión que representa el Heraldo de México. Gracias por considerar la voz de Early Institute y sus integrantes, pero sobre todo por interesarse en el trabajo crítico que realizamos en favor de la niñez mexicana.
POR ABRAHAM MADERO MÁRQUEZ
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ABOGADO. DOCTORANDO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA. DIRECTOR EJECUTIVO DEL THINK TANK MEXICANO EARLY INSTITUTE

¿Qué está pasando en los albergues?

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en El Heraldo de México

“Niña es quemada con alcohol y descargas eléctricas en albergue de Tonalá, Jalisco” “Desaparece otra niña de albergue del DIF en Acapulco; van 3 en quince días”

En últimos días, los albergues de México han sido el foco de atención por noticias escandalosas sobre lo que pasa en sus instalaciones.

El primer caso, el de una niña de 11 años que fue rociada con alcohol y posteriormente agredida con una pistola de descargas eléctricas por personal de un albergue, lo que provocó que se incendiara. Ella informó que en el interior de las instalaciones había más menores de edad en posible condición de riesgo y quienes presuntamente también eran víctimas de vejaciones.

El segundo, una niña de 11 años que -de acuerdo con las versiones de las autoridades- “escapó” y se encuentra en calidad de desaparecida. Pero no es la única, en menos de un mes han desaparecido dos niñas más. ¿En qué condiciones viven esas niñas para huir y, en el intento, poner su vida en riesgo?

Son casos independientes, pero definitivamente no aislados, se trata de una situación sistemática. Como ya lo ha observado la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su “Informe Especial sobre la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social y Albergues Públicos y Privados de la República Mexicana” de 2019, no son pocos los casos de violencia, abuso, negligencia y omisiones contra la población menor de edad residente en centros de asistencia social, cuyo origen ha radicado, generalmente, en la falta de regulación, supervisión y control estatal.

De acuerdo con el último “Censo de Alojamientos de Asistencia Social” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (CAAS 2015), existen 875 casas hogar, albergues, refugios y otras modalidades de cuidado institucional. De éstos, solo 68 son financiados exclusivamente con recursos públicos, el resto se sostiene total o parcialmente con recursos privados. Es decir, también en este sentido, el Estado mexicano ha abandonado a la niñez y adolescencia, “delegando” -sin regulación, supervisión ni control- su responsabilidad en la sociedad civil.

Pero no basta saber cuántos centros son o cómo es su financiamiento, sino conocer las condiciones en las que operan y la situación concreta de 33,118 niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo su protección. Hoy más que nunca es de suma importancia prestar atención y exigir de las autoridades no solo la debida investigación y responsabilidad de las personas involucradas en los casos aquí mencionados, sino también sumar esfuerzos para cambiar la situación de niñas, niños y adolescentes institucionalizados en nuestro país.

Por ejemplo, demandar que cuenten con modelos de atención, recursos, personal suficiente y capacitado para garantizar sus derechos humanos. Así como mecanismos de supervisión adecuados que permitan evaluar que su operación atienda a los principios de no discriminación, interés superior de la niñez y adolescencia, derecho a la vida, al sano desarrollo y a expresar sus opiniones para que sean tomadas en cuenta de acuerdo con su edad y grado de madurez.

Recordemos que se trata de niñas, niños y adolescentes que vienen de contextos de violencia, desamparo y carencia, personas reales que por su condición de vulnerabilidad requieren una protección reforzada, pero en su lugar encuentran más indiferencia y abuso.

 

 

Los niños varones también necesitan protección

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en El Heraldo

Testimonios de niños varones víctimas de violencia sexual recabados por Family for every child en la campaña Sombrillas azules, que tiene por objeto visibilizar las agresiones que sufren niños y adolescentes varones

“La mayor parte del tiempo sus padres no se preocupan mucho por ellos porque son niños varones y no tienen nada que perder. No como las niñas que pueden quedarse embarazadas o ser violadas”

“Mis papás me enseñaron a no hacer lo que hacen las niñas: no ser débil, sino a ser fuerte”

“Un asli mard (hombre de verdad) es aquél que aguanta sus lágrimas y consuela a todos […] Un hombre que cuida y protege la dignidad de las niñas, es un héroe”

*Testimonios de niños varones víctimas de violencia sexual recabados por Family for every child en la campaña Sombrillas azules, que tiene por objeto visibilizar las agresiones que sufren niños y adolescentes varones.

Tal como lo plantea Family for every child en esta campaña, por mucho tiempo la sociedad ha asumido que los niños y adolescentes varones son valientes, fuertes, independientes y los responsables de cuidar a las niñas; en ese sentido, les ha dado más “libertad” que a las mujeres y ha omitido brindarles una protección adecuada.

Como se puede observar en los testimonios aquí compartidos, reforzar estos estereotipos puede hacerles sentir vergüenza de pedir ayuda cuando la necesitan, creando un escenario propicio para hacerles daño sin que haya repercusiones.

De igual forma, propicia que ellos denuncien aún menos que las niñas y las adolescentes. De acuerdo con Optimus Foundation en su “Study on Child Abuse, Violence and Neglect in South Africa” de 2016, los niños varones tienden a denunciar menos la violencia sexual en comparación a las niñas, y sus experiencias no siempre se identifican como abusivas o dañinas.

Consecuentemente, a nivel global predomina una falta de información sobre la violencia sexual de niños y jóvenes varones, lo que ha llegado a generar una negación, trivialización o falsa percepción de la magnitud de esta problemática en la sociedad. Desgraciadamente México no es la excepción, existe carencia de fuentes de información oficiales que permitan medirla.

Por ejemplo, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 del INEGI -la encuesta que aporta más información sobre la violencia sexual infantil y adolescente en nuestro país- se realiza exclusivamente en mujeres. Otro ejemplo es el del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fuente de referencia respecto de los delitos y las víctimas en nuestro país, cuyo reporte sobre denuncias hechas por delitos de violencia sexual ejercida en contra de niñas, niños y adolescentes no desagrega por sexo, de manera que no es posible conocer el impacto de este tipo de agresión en niños y adolescentes varones.

Solemos escuchar que las mujeres somos las principales agredidas sexualmente, pero en realidad no existen los elementos suficientes para afirmar o negar esta aseveración; primero, por falta de denuncia y, en segundo lugar, por la ausencia de herramientas adecuadas para su detección y medición.

Ante este escenario, no tenemos otra opción más que entender la problemática de fondo y combatir sus causas. Concretamente, ¿qué podemos hacer al respecto?

1. Visibilizar que niños y adolescentes varones también sufren violencia sexual y requieren protección adecuada.

2. Romper con la masculinidad tóxica, ésta los sitúa en una posición de riesgo.

3. Generar espacios seguros que impulsen a romper el silencio. La violencia sexual infantil es un fenómeno que socialmente se ha escondido en la esfera de lo “privado”, hay que luchar por sacarlo a luz, alumbrar el camino de todas aquellas personas que lo sufren.

4. Si deseas conocer más herramientas de prevención de violencia sexual infantil, acude a la plataforma alumbramx.org y a blueumbrelladay.org

El otro 10 de mayo

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en El Heraldo 

“Desde que informé sobre mi embarazo comencé a sufrir acoso, humillaciones, violencia verbal y psicológica por parte de mi superior inmediato.

En una ocasión expresamente me dijo que no pedí permiso para embarazarme, que me fastidiaría hasta que yo tomara la decisión de irme y que estaba muy decepcionado, ya que tenía proyectos conmigo en la empresa, pero por haberme embarazado no iba a ser posible que participara en ellos, por lo que me cambiaría de puesto y no tendría más oportunidad de crecimiento.

El día de las madres se ha convertido en un día para agradecer a todas aquellas mujeres que nos han cuidado, guiado y amado a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, este digno reconocimiento también exige que día con día se visibilicen y cuestionen todas aquellas prácticas que las rechazan por ejercer ese rol.

Un común ejemplo de estas adversidades es la discriminación laboral por embarazo, tipo de violencia que se manifiesta de diversas formas y que se incentiva por un conjunto de prejuicios sobre el embarazo en el espacio laboral; la cual se propaga y perpetúa aún después del parto.

De acuerdo con Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Persona (FEVIMTRA), de enero de 2012 a julio de 2021, la discriminación en el ámbito laboral ejercida en contra de mujeres por razón de género o embarazo representó el 69% del total de las denuncias por discriminación presentadas ante ella. Sin embargo, a pesar de ser un porcentaje ya de por sí alto y de que existen múltiples leyes y mecanismos institucionales que tienen por objeto sancionar las conductas de discriminación laboral por embarazo, así como atender y proteger a las mujeres que han sido víctimas, la realidad es que estas prácticas poco se denuncian porque no existen mecanismos de denuncia adecuados (anónimos y efectivos) dentro de los centros de trabajo ni autoridades sensibilizadas y capacitadas para atender estos casos.

Lógicamente, las mujeres embarazadas prefieren no denunciar por temor a ser despedidas o a ser revictimizadas en un procedimiento de denuncia que no cuenta con los elementos necesarios para brindarle acceso a la justicia ni a medidas de protección. Mientras conserven su trabajo, las mujeres embarazadas soportan malos tratos, humillaciones, hostigamiento, descuentos de sus licencias médicas, incluso negación de la posibilidad de ir al baño o de sentarse. Todo con tal de tener acceso a la seguridad social al momento del parto o estabilidad económica para que sus bebés estén bien, ¿cuántos casos similares no conocemos?

En ese sentido, en tanto no exista una política pública integral para brindar protección reforzada al embarazo y la maternidad que contemple, entre otras cosas, medidas cautelares ante diversos supuestos de discriminación laboral por embarazo -no solo el despido- y protocolos efectivos que permitan llevar un registro completo e investigar los hechos con perspectiva de género, no podremos saber el número real de casos de violencia ejercida en contra de las mujeres trabajadoras en razón del embarazo.

En tanto en los espacios laborales no se impulsen acciones y estrategias que mejoren el clima organizacional para las mujeres embarazadas y faciliten la maternidad, mientras no se fomente la conciliación entre la vida familiar y laboral de las y los empleados, no cesará la realidad del rechazo a la maternidad en los espacios laborales de la que aquí hemos hablado. Realidad que es totalmente opuesta a lo que se vive en el día de celebración -prácticamente nacional- a las madres.

Si tú que me estás leyendo atraviesas por una situación similar es importante que sepas que no estás sola, que esto que te está pasando no es normal, busca apoyo. Early Intitute tiene convenios con varios bufetes jurídicos gratuitos que te pueden brindar asesoría jurídica, pregunta en este link: https://staging.earlyinstitute.org/discriminacion-laboral-por-embarazo/

¿Hasta dónde puede llegar el rechazo a la maternidad en los espacios laborales?

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en El Heraldo 

“Realizaba labores de aseo en una escuela, cuando di a conocer mi embarazo gemelar y de alto riesgo no se tomaron las medidas necesarias para que las actividades que realizaba no pusieran en riesgo mi salud. Por el contrario, se me asignó el aseo profundo de algunos salones"

“Un día al terminar de lavar los baños me sentí mal e informé a la directora quien me pidió continuara con mi labor despacito para que no me cansara. Tuve que trapear, mover muebles y cargar cubetas pesadas.

“Comencé a sentir mucho dolor y ahí presenté expulsión de mis dos bebés. Uno de ellos murió al día siguiente por prematurez extrema, mi otro bebé nació con problemas graves de salud y posteriormente perdió la vista”, señala el testimonio recabado en la Recomendación 54/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La discriminación laboral por embarazo es un problema de gran escala, mucho más frecuente y común de lo que se piensa. Generalmente se ha asociado con conductas como el despido y la solicitud de prueba de gravidez para la contratación o el ascenso. Sin embargo, abarca otras conductas como el hostigamiento laboral, la negación de ascenso, la reducción de salario, el cambio de horarios sin consentimiento de la trabajadora, la prohibición de ir al baño o sentarse, así como ordenar la realización de labores que pongan en riesgo la salud de la mujer embarazada y de su hijo(a).

En el mismo sentido, los alcances de este tipo de violencia poco se visibilizan, pareciera que se trata de una mera problemática de carácter laboral, pero no es así. El rechazo al embarazo y la maternidad en los espacios públicos tiene implicaciones pueden afectar múltiples derechos de la mujer embarazada, de su bebé y su familia.

En lo que se refiere a su hija o hijo, la forma en la que se desenvuelva el embarazo impactará directamente en el desarrollo de la primera infancia. De acuerdo con el informe La Discriminación Laboral por Embarazo publicado por Early Institute, este tipo de violencia puede provocar bajo o muy bajo peso al nacer, mayor reactividad al estrés, parto pretérmino -como en el testimonio que aquí comparto- y aborto espontáneo.

Así pues, se observa la falta de un enfoque con perspectiva de niñez que visibilice el impacto que la discriminación deja no solo en la mujer, sino también en la vida, salud, integridad y desarrollo de las niñas y niños que nacerán. Lo anterior refleja que el problema tiene alcances tan amplios que nos definen como comunidad: ¿qué tipo de sociedad somos, si no garantizamos un ambiente sano y seguro para las niñas y niños en su primera infancia?

Por lo anterior, es importante posicionar esta problemática en el debate público; sensibilizar sobre lo que es y puede implicar; e involucrar a personas empleadoras, tomadoras de decisión y mujeres trabajadoras en su combate.

Precisamente el pasado 29 de marzo, en una acción paradigmática, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al Senado de la República que llame a comparecer a la Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional por no acatar su Recomendación 62/2020 emitida el 26 de noviembre de 2020, en un caso de discriminación laboral por embarazo. Celebremos la acción de la CNDH para poner esta problemática como un tema prioritario en la agenda pública, hoy más que nunca es necesario que comencemos a visibilizarla y actuar para prevenirla.

El mito del “trabajador ideal”

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en El Heraldo 

“Desde que me embarace comencé a ser discriminada; en mi incapacidad se me solicitó trabajo, incluso el mismo día del nacimiento de mi bebé tuve que atender requerimientos desde la camilla de la clínica. Después del parto existieron oportunidades de crecimiento laboral, sin embargo, nunca se me dio la oportunidad aunque lo solicité y contaba con el perfil y la experiencia, a diferencia de quienes fueron promovidos. Cuando pregunté la razón, me contestaron que por mi hijo. Antes de despedirme me cambiaron a un puesto de menor nivel.” 

Diversos estudios han identificado que la maternidad es vista como una “desventaja” en el trabajo, las y los empleadores comunmente comparten el prejuicio de que las madres son más inestables y menos comprometidas y competentes en el empleo; esto se relaciona con su poca adecuación a los estándares del “trabajador ideal”, aquél que es totalmente devoto a su trabajo y no tiene otras responsabilidades. Por el otro lado y fuera de toda lógica, los hombres casados y padres de familia, son mayormente asociados con la establidad, compromiso y competencia.

Por tal situación, han nacido conceptos como maternal wall para referirse a la barrera que representa la maternidad para obtener, permanecer y ascender en el ámbito laboral. Sin embargo, los prejuicios alrededor de la maternidad y el embarazo en el trabajo se manifiestan también como una forma de discriminación y violencia cuyo alcance afecta múltiples derechos de la mujer embarazada, de su bebé y su familia, no solamente sus derechos laborales.

En ese sentido, esta problemática es sumamente grave pues -además de su impacto- es más común de lo que se piensa: el 17.3% de las mujeres que tuvieron un empleo en los 5 años previos sufrieron alguna forma de discriminación laboral relacionada al embarazo de acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 -prácticamente 2 de cada 10 mujeres-; y el 31% del total de las presuntas quejas de discriminación promovidas ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) se refieren a casos motivados por un embarazo.

El número de mujeres que integra la fuerza de trabajo mundial nunca ha sido tan elevado como ahora, sin embargo, para ser valoradas como profesionales tenemos que cumplir con los rígidos estándares del trabajdor ideal: adoptar roles masculinos, hacer malabares para que nuestra maternidad “no se note”, ocultar nuestra vida familiar para que no afecte nuestra carrera laboral, pasar a segundo o tercer plano a nuestras hijas e hijos para conservar el empleo.

Esta presión absurda es insostenible y es nociva para nuestra sociedad, hoy más que nunca es necesario que los espacios laborales se reinventen, innoven y adapten para lograr efectividad sin sacrificar la vida familiar, personal y laboral de sus trabajadoras y trabajadores.

En días recientes Early Institute publicó el informe Discriminación Laboral por Embarazo, un estudio que reúne información sumamente interesante sobre las mujeres que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad; los prejuicios y estereotipos que existen alrededor de la maternidad y el embarazo; las conductas que conforman este tipo de violencia; y casos reales que evidencian su impacto.

En este documento de investigación se proponen una serie de recomendaciones dirigidas, entre otros, a empleadoras y empleadores para que impulsen acciones y estrategias que mejoren el clima organizacional para las mujeres embarazadas y faciliten la maternidad en el trabajo. Algunas de ellas pueden ser fomentar la conciliación entre la vida laboral y familiar de las y los empleados; proporcionar horarios laborales flexibles; e incentivar la contratación y ascenso de madres y mujeres embarazadas.

Si quieres conocer más, te invito a descargar el informe y leerlo en el siguiente link: https://staging.earlyinstitute.org/discriminacion-laboral-por-embarazo/

La industria de la gestación subrogada

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en El Heraldo 

El debate sobre la gestación subrogada se ha centrado en los derechos reproductivos de las personas solicitantes, sin embargo, están ausentes tres enfoques fundamentales en su abordaje: la gestación de bebés como un producto comercializable; la explotación de la mujer gestante como una máquina de producción; y la lógica de mercado que atraviesa estas problemáticas.

Integrar estos tres elementos nos permite visualizar la problemática real que existe en el fondo, una nueva forma de esclavitud: la explotación reproductiva. Esta columna aborda el tercer enfoque: la gestación subrogada como una industria que comercializa con bebés y el cuerpo de mujeres.

La gestación subrogada no es acuerdo de voluntades entre las partes ni una oportunidad de enriquecimiento para las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Detrás del disfraz que promete una vida mejor, se esconde la satisfacción del deseo de consumo de unos y el enriquecimiento de otros a costa de la explotación.

La industria de la explotación reproductiva se sostiene porque por un lado provee de bebés a personas que están dispuestas a pagar mucho dinero por ellos, y por otro, enriquece a intermediarios a costa de muchas mujeres en situación de vulnerabilidad que pueden explotar y controlar. Bajo esta lógica de mercado, las mujeres gestantes y los bebés son vistos como un objeto, no como sujetos de derechos y, con ellos, los intermediarios obtienen ganancias multimillonarias.

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía establece en su artículo segundo a) que se entiende por venta de niños a todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución.

En ese sentido, la Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de niños, incluidos la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y demás material que muestre abusos sexuales de niños ha enfatizado que “todos los Estados están obligados a prohibir la venta de niños y a crear salvaguardias para su prevención” y en 2019 exhortó a los Estados a “velar por que las leyes y políticas que prohíben la venta, la trata, el abuso y la explotación de los niños, así como las salvaguardias generales contra la venta y la trata de niños se apliquen en el contexto de la gestación por sustitución”. Incluso ha mencionado que en lugares que, en teoría, la gestación subrogada se encuentra bien regulada ha documentado casos de prácticas abusivas.

En los enfoques regulatorios a nivel internacional la lógica de mercado nos muestra que la prohibición de la industria de la explotación reproductiva en un país orilla al consumidor a buscar en otro lugar facilidad para “adquirir” el “producto” que se desea. Así pues, la explotación reproductiva -como cualquier industria- precisa de certeza y facilidad jurídica para subsistir, para garantizar la oferta y fomentar la demanda. Bajo el manto de la legalidad, sacar provecho de la vulnerabilidad de las personas es fácilmente manejable y el ambiente es propicio para atraer la demanda; se establece un sistema que permite que el mercado funcione.

Sin embargo, los acuerdos de gestación subrogada pueden acarrear violaciones graves a derechos humanos como el abandono de niñas y niños por parte de los solicitantes; la falta de idoneidad de los solicitantes para ser madres y/o padres generando un alto riesgo de tráfico de menores de edad; la vulneración de los derechos de identidad, origen y filiación; problemas relativos a la libertad del consentimiento de las gestantes; y malas prácticas por parte de los intermediarios. Así lo alertó el Consejo sobre Asuntos Generales y Política de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en su Informe de 2015.

Pretender que regular evitará la clandestinidad y vulneración de los derechos de los bebés y las mujeres gestantes es ignorar que este fenómeno existe porque representa una industria y como tal buscará un terreno fértil para su mercado: producción de bebés barata y facilidad de compra para la demanda. Los múltiples vacíos que toda ley tiene, manipulaciones y engaños arrasan con los posibles “candados legales” que pretendan controlar este fenómeno para evitar violaciones a derechos humanos.

En tanto no hablemos abiertamente de estos tres elementos de la explotación reproductiva, el mercado de bebés y mujeres seguirá aumentando. Desgraciadamente, por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran millones de mujeres, la falta de coordinación entre las autoridades, la corrupción, la impunidad, los vacíos legales y la ausencia de una ley federal que la prohíba, México es un terreno fértil para la industria de la explotación reproductiva.

 

Gestación subrogada, una vía para explotar el cuerpo de las mujeres

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en El Heraldo 

El debate sobre la gestación subrogada se ha centrado en los derechos reproductivos de las personas solicitantes, sin embargo, están ausentes tres enfoques fundamentales en su abordaje: la gestación de bebés como un producto comercializable; la explotación de la mujer gestante como una máquina de producción; y la lógica de mercado que atraviesa estas problemáticas.

Integrar estos tres elementos nos permite visualizar la problemática real que existe en el fondo, una nueva forma de esclavitud: la explotación reproductiva. Esta columna aborda el segundo enfoque: la gestación subrogada como una vía para explotar el cuerpo de las mujeres.

La gestación subrogada es una industria que, en la práctica, se dedica a captar mujeres en situación de vulnerabilidad y -en la mayoría de los casos- en condición de pobreza para explotar y alquilar sus cuerpos y funciones reproductivas.

Bajo la premisa de que la mujer gestante tiene libertad y poder de decisión sobre su cuerpo muchas empresas y personas justifican y promueven un mercado que comercializa con el cuerpo de las personas. Sin embargo, detrás de la fachada de libertad y acuerdo de voluntades, se encuentran las mujeres más vulnerables, aquellas que han tenido un inequitativo acceso a las oportunidades o que viven diversos tipos de violencia que les sitúan en condiciones de vulnerabilidad y que, con tal de encontrar una salida a la situación en la que se encuentran, están dispuestas a pasar por cambios hormonales fuertes, exponer su salud física y mental, perder libertad de movimiento, sexual y de decisión durante un embarazo para después entregar al bebé -que han gestado y con quien han generado un vínculo- a alguien más. En un plano donde existe una posición de notoria ventaja y poder sobre la otra persona, no se puede coexistir igualdad ni libertad.

Se habla de empoderamiento al aludir sobre la decisión de las mujeres gestantes a rentar su vientre, lo cierto es que las personas intermediarias -con sus intereses económicos- no estarán dispuestas a respetar las reglas de las mujeres, a pagar lo que ellas consideren justo, a no explotarlas, a respetar sus decisiones en todo momento y a no violentarlas en cuanto su provecho e interés económico se vea amenazado; ellas nunca van a tener el control, ni la libertad que una transacción en condiciones de igualdad exige, se trata pues de una libertad paradójica.

En el mismo sentido, la gestación subrogada perpetúa la idea de que las mujeres y sus cuerpos pueden ser utilizadas para satisfacer los deseos e intereses económicos de terceros. En este proceso fungen como “fábrica de bebés”, su cuerpo es tratado como un objeto que puede ser comprado, vendido, utilizado y desechado. Pero los cuerpos de las personas no son objetos que pueden usarse, rentarse ni consumirse para el provecho de otros. Precisamente por eso, nos referimos a este fenómeno como una forma de explotación.

Desde esta perspectiva no se pretende juzgar a las mujeres gestantes por sus decisiones, tampoco de tacharlas de débiles o incapaces, todo lo contrario, se trata de visibilizar que ellas son explotadas por personas que se aprovechan y lucran con su condición de vulnerabilidad.

Ante este panorama queda prohibir esta forma de explotación, garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ofrecer trabajos dignos e igualdad de acceso de oportunidades. Recordemos que estamos ante un Estado claudicante cuando éste ha fracasado en cumplir con sus obligaciones de derechos humanos y decide “legalizar” la explotación de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

¿Qué es la explotación reproductiva?

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en El Heraldo 

El debate sobre la gestación subrogada se ha centrado en los derechos reproductivos de las personas solicitantes, sin embargo, están ausentes tres enfoques fundamentales en su abordaje: la gestación de bebés como un producto comercializable; la explotación del cuerpo de la mujer gestante como una máquina de producción; y la lógica de mercado que atraviesa estas problemáticas.

Integrar estos tres elementos nos permite visualizar la problemática real que existe en el fondo, una nueva forma de esclavitud: la explotación reproductiva. Esta columna será el inicio de una serie de entregas para explicar el porqué.

Gestación de bebés como un producto comercializable

Los bebés procreados bajo gestación subrogada son tratados como meros objetos de comercio y a su alrededor existe una expectativa de consumo, de manera que este fenómeno es prácticamente una industria de producción, venta y compra de bebés y -en ocasiones- personas “a modo” al pagar por óvulos y espermatozoides que aseguren que cumplirá con ciertas con ciertos ideales de belleza y/o salud.

Desgraciadamente, cuando una persona -en este caso un bebé- es tratada como un objeto, se ignoran sus derechos. Con ellos se pretende satisfacer el deseo de tener un hijo y se omite exigir que quien solicita cumpla con requisitos de idoneidad, además de que se incumple la obligación de garantizar su interés superior -por imponer la voluntad de las personas solicitantes por encima de su bienestar-, su derecho a conocer su origen y filiación, su derecho a la identidad, nacionalidad y a conocer su pertenencia cultural.

Adicionalmente, se ha fallado en dar seguimiento y prever mecanismos que aseguren su bienestar y sano desarrollo, dejando la puerta abierta para la comisión de otros delitos y otras formas de explotación como el tráfico de menores, adopción ilegal, explotación sexual, tráfico de órganos, entre otros.

Así pues, se ha creado toda una industria de producción de bebés que gira en torno al deseo de los solicitantes, pero no existe el “derecho a tener hijos”. Los gestados bajo esta práctica no son un producto de deseo, son sujetos de derechos y ellos tienen derecho a tener una familia y estar en un ambiente idóneos. Sin embargo, se han dejado sus derechos al arbitrio de un acuerdo de voluntades de personas que sólo requieren tener dinero, por un lado, y por el otro, personas que tienen necesidad económica, con una industria de fondo que solo persigue un fin lucrativo. En ese sentido, el Estado debe priorizar su interés y posicionarlos en el centro del debate público.

En tanto no hablemos abiertamente de los tres elementos de la explotación reproductiva, el mercado de bebés y mujeres seguirá aumentando. Desafortunadamente, por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran millones de mujeres, la falta de coordinación entre las autoridades, la corrupción, la impunidad, los vacíos legales y la ausencia de una ley federal que la prohíba, México es un terreno fértil para la industria de la explotación reproductiva. ¿Estamos dispuestos a ser un país considerado como paraíso reproductivo?