Las y los ciudadanos debemos de tener una participación activa, estratégica y corresponsable para aspirar a un México más justo.

Por: Valeria González Ruiz, Ejecutiva de Vinculación e Incidencia Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

Ante el escenario que dejaron los resultados de las recientes elecciones en México, analistas políticos han concluido que actualmente no existe una oposición sólida, estratégica y organizada. Algunos de ellos dicen que no tiene rumbo ni una propuesta concreta, incluso que es ajena a la realidad social.

Pero ¿qué es y quién integra a la oposición?

En un país como México, generalmente asociamos el ámbito público como un espacio exclusivo de la política tradicional, organizada y dirigida por partidos políticos, en el que sus integrantes dirigen el rumbo del país.

Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2021), el nivel de confianza de la sociedad en partidos políticos es tan solo del 27.9%. Entonces, hemos asumido -seguramente con inconformidad, pero asumido- el juego político, delegando la totalidad de la responsabilidad: es más cómodo culpar al otro.

Y no se me mal interprete, es nuestro deber señalar, cuestionar, exigir cuentas, pero también participar activamente en la solución de los problemas que nos aquejan, tomar las riendas de nuestro país. La ciudadanía es y tiene que ser el contrapeso esencial frente al poder político.

Las y los ciudadanos debemos de tener una participación activa, estratégica y corresponsable para aspirar a un México más justo. La sociedad civil organizada es crucial para impulsar la promoción de los derechos humanos, fomentar la justicia social, democracia y rendición de cuentas.

Su ímpetu ha resultado en movimientos de conciencia colectiva, reconocimiento de derechos y derrocamiento de poderes totalitarios. Sin embargo, a pesar de que en los últimos años ha incrementado la noción de que el poder se ha monopolizado, el crecimiento de organizaciones de la sociedad civil ha sido mínimo; de acuerdo con el Compendio Estadístico del sector no lucrativo 2023 del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), del 2019 al 2023 tan solo se registraron 3,285 nuevas OSC en todo México (de 44,750 en 2019 a 48,035 en 2023). Campeche en un extremo con tan solo 283 y Ciudad de México con 10,012.

Tomando como base esos datos, existen alrededor de 38.1 organizaciones de la sociedad civil por cada 100 mil habitantes.

Si bien, las organizaciones de la sociedad civil no son la única alternativa para generar contrapesos, sí son un indicador del interés colectivo -o la falta de él- por involucrarse en la solución a las problemáticas que aquejan al país. A este contexto se suma que este tipo de organizaciones enfrentan desafíos significativos como estrictos requerimientos para su constitución, exceso de fiscalización y la falta de recursos.

En ese sentido, hoy más que nunca es de vital importancia asumir una corresponsabilidad en las políticas públicas. Esto no necesariamente se puede ver reflejado en constituir o colaborar en una organización de la sociedad civil, también puede implicar donar recursos económicos, materiales o incluso tiempo de voluntariado. Desafortunadamente, de acuerdo con los registros del CEMEFI, las organizaciones de la sociedad civil donatarias autorizadas prácticamente no reciben donativos en especie. Como ejemplo, en el 2022 solo recibieron 13%.

Ahora más que nunca es necesario fortalecer el espíritu de solidaridad y responsabilidad compartida como una herramienta crucial para contrarrestar las deficiencias del poder político. Si cada uno de nosotros nos involucráramos directamente en una causa social no solo lograríamos contrarrestar las deficiencias del gobierno, también generaríamos un tejido social más fuerte y un movimiento colectivo poderoso, catalizador de cambios profundos y duraderos.

Es nuestro derecho pero también deber cívico, te invito a impulsar una causa social, motivos hay de sobra: apoyo a centros de asistencia social, niñez migrante, maltratado animal, prevención de violencia familiar, reforestación, etc.

Este país requiere ciudadanas y ciudadanos comprometidos, con capacidad de influir positivamente en sus entornos e involucrar a otros. Otro ejemplo es el de Early Institute, organización enfocada en mejorar la salud; cuidado y educación; seguridad y protección de la vida de la primera infancia. Si empatizas con esta causa no dudes en buscarnos y sumarte de alguna forma Early Institute.

La más reciente edición de Estados #ConLupaDeGénero del Instituto Mexicano para la Competitividad señala que ninguna entidad federativa ofrece condiciones laborales óptimas para que las mujeres entren y permanezcan en el mercado laboral

Por: Valeria González Ruiz, Ejecutiva de Vinculación e Incidencia Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

La más reciente edición de Estados #ConLupaDeGénero del Instituto Mexicano para la Competitividad señala que ninguna entidad federativa ofrece condiciones laborales óptimas para que las mujeres entren y permanezcan en el mercado laboral. A través de 15 indicadores, analizó las condiciones que enfrentan las mujeres y concluyó qué los Estados con mejor desempeño en el ranking tienden a tener más mujeres preparadas y una menor desigualdad en la repartición de tareas del hogar y de cuidados. Por ejemplo, Ciudad de México, Baja California Sur, Nuevo León, Jalisco y Yucatán tienen un nivel de desempeño alto, principalmente porque en promedio tienen una menor proporción de mujeres ocupadas en empleos informales (47%), y en pobreza laboral (29%), lo que implica que hay menos mujeres con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria. Sin embargo, Guanajuato ocupa el último lugar del ranking, principalmente por tener la mayor proporción de mujeres que trabajan jornadas largas -es decir, más de 48 horas semanales-. Además, observa una mayor desigualdad en términos del trabajo no remunerado, pues las mujeres de la entidad dedican 79% más tiempo que los hombres a estas actividades, lo que acapara o limita el tiempo que pueden ofrecer en el mercado laboral.

Como se puede observar, las labores de cuidado y tareas del hogar son determinantes en nuestra sociedad, no solo por su valor sino también por los efectos que pueden generar en las personas que las realizan. En esta ocasión me gustaría detenerme ahí e invitarles a reflexionar sobre lo siguiente:

• Las labores de cuidado y tareas del hogar son la columna vertebral de la sociedad. Se trata de una necesidad colectiva prioritaria pues brinda a quien está en situación de dependencia desarrollo integral, autonomía y bienestar. Todas y todos hemos estado en esa situación en algún momento de nuestras vidas, sin estas labores nuestra sociedad no se sostendría.
• Predominantemente las mujeres son las responsables exclusivas de estas labores. De acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022 del INEGI la composición por sexo de las personas cuidadoras en el país es mayoritariamente femenina, por poner un ejemplo, el 96.0% de personas responsables del cuidado de la población infantil son mujeres.
• Estas labores representan un trabajo. De acuerdo con la misma encuesta, las mujeres dedican a las labores de cuidados 38 horas a la semana, 12 horas más que los hombres. Pero no solo es el tiempo, sino también el tipo de actividades que las mujeres desempeñan al ejercer cuidados: ellas arrojaron porcentajes más altos en actividades como “dar de comer o ayudar a hacerlo” con 63.8% y “ayudar o apoyar en bañar, asear, peinar o ir al baño” con 58.7%. A diferencia de los hombres cuidadores que participaron en mayor medida en “jugar, realizar actividades de esparcimiento, hacer compañía y estar al pendiente”.

Estas labores no reciben remuneración, reconocimiento como un trabajo formal ni acceso a la seguridad social. Socialmente se romantizan como actividades que se hacen por amor (especialmente cuando vienen de las madres y abuelas) y se pagan a lo mucho con agradecimientos y electrodomésticos en días festivos. Bajo esa lógica, “las buenas madres” son las que entregaron su vida al cuidado de los suyos o las que se partieron en mil para cuidar y mantener un trabajo remunerado.

Se entienden como funciones implícitas en la maternidad y, consecuentemente, carecen de acceso a la seguridad social pues en México para ser sujeto asegurado dentro de una institución de seguridad social se requiere contar con un empleo formal. Desafortunadamente, esto también implica que las mujeres cuidadoras no remuneradas no tienen pensión y que sus hijas e hijos tampoco cuentan con la protección de la seguridad social, especialmente los derechos de salud, cuidado y educación; un ejemplo de esta situación es que, ante un contexto de empleo informal sin seguridad social, si la mujer muere su hijo no podría acceder a una pensión por orfandad.

• Se trata de un modelo profundamente injusto cuyas barreras son prácticamente imposibles de superar para las mujeres. De acuerdo con la ENASIC 2022, el 68.4 % de las mujeres no económicamente activas reconoció que deseaban trabajar por un ingreso, pero no lo hacían por “no tener quien le cuide a sus hijas(os)”; es decir, se trata de un trabajo que es muy difícil de realizar sin apoyo a la par de otro fuera del hogar. Esta situación genera que no exista un salario o ingreso constante de dinero, e inevitablemente una dependencia económica de alguien más -generalmente un hombre-, lo que mantiene las condiciones de desigualdad de género a las que nos enfrentamos actualmente.

Así pues, se recrea un círculo vicioso que genera explotación y dependencia económica por un lado y, por el otro, dificultad enorme de acceder al empleo formal y permanecer en condiciones de igualdad como se mencionó en un principio.

• Reconocer la injusticia en este modelo será el primer paso para que las condiciones cambien, basta de santificar a las mujeres que trabajan sin paga, no esperemos que asuman el costo de cargarlo todo. Mientras las labores de cuidado se releguen como una condición de carácter privado, las mujeres seguirán estando en desigualdad frente a los hombres y en situación de vulnerabilidad.
• Reequilibremos. El trabajo de reproducción, crianza de las hijas e hijos, cuidado de las personas con discapacidad y personas mayores es una “responsabilidad social”. En ese sentido, debe existir una responsabilidad compartida entre la sociedad, el Estado y las organizaciones de la sociedad civil para garantizar su acceso libre y universal.
• Reivindiquemos el trabajo que no se ve, ese que sostiene a la sociedad, exijamos su protección e impulsemos a toda costa la corresponsabilidad de los hombres. Las labores de cuidado son un bien social, pero también un trabajo digno de ser remunerado y garantizado por la seguridad social.

Por: Valeria González Ruiz, Ejecutiva de Vinculación e Incidencia Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

En el marco del Día de las Madres, es pertinente hablar de una forma de violencia

Pero esto no es exclusivo de nuestro país, en 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) conoció sobre el caso de I.V. (siglas asignadas para mantener la confidencialidad sobre su identidad), mujer peruana a la que –tras la cesárea de su tercera hija- se le ligaron las trompas de Falopio sin haber sido consultada de manera previa, libre e informada respecto de la esterilización; quien se enteró que había perdido su capacidad reproductiva permanentemente hasta el día siguiente de practicada la misma.

Al respecto, la CorteIDH reconoce que estas prácticas están motivadas por 1) una lógica de cuidado paternalista debido a que se parte de la idea de que las mujeres no toman decisiones responsables en el futuro para evitar un nuevo embarazo; 2) una perspectiva estereotipada de que las mujeres son las únicas responsables de la anticoncepción; y 3) bajo la pre-concepción de que la esterilización debe realizarse en el transoperatorio de una cesárea cuando ellas no están conscientes, a pesar de que -en el caso de I.V.- no es una urgencia o emergencia médica.

Así pues, la esterilización forzada se trata de una forma de violencia que se ejerce en contra de mujeres por considerarlas incapaces de ejercer una maternidad responsable, incapaces de decidir cuántos hijos tener. Negándoles, sin siquiera informarles, la capacidad de decidir cómo y cuándo ejercer su maternidad.

En ese sentido, no podemos ignorar el perfil de las mujeres que están sufriendo este tipo de violencia: se trata de mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, tal es el caso de mujeres indígenas, con discapacidad, migrantes irregulares y privadas de su libertad. El trasfondo es claro y escalofriante, vivimos en una sociedad que no quiere que se reproduzcan, que no haya más de ellas.

Así pues, una sociedad que rechaza la maternidad en estas condiciones en lugar de ofrecerle oportunidades dignas, la encadena, la aniquila es INCOHERENTE, VIOLENTA e INJUSTA.

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo de México

Es una pequeña muy sonriente, está por cumplir 3 años, nació en el Estado de México y es hija de padres guatemaltecos. La llaman Nancy, aunque no tiene nombre legal, le han negado el acta de nacimiento.

Se trata del caso de una pequeña que se dio a conocer en medios de comunicación el año pasado, pero ¿por qué es tan importante tener acta de nacimiento? 

En realidad, no se trata de un papel legal que formaliza tu nombre, se trata de un derecho y también de la forma en la que una sociedad reconoce y admite la identidad y existencia de una persona. Es el primer paso para que te sean reconocidos derechos y puedas exigirlos.

Con esta herramienta también se puede recopilar información que permita a los gobiernos impulsar políticas públicas eficaces, por ejemplo, cuánto y dónde deben emplear el dinero público o en qué zonas deben enfocar esfuerzos para implementar programas de desarrollo social, como el de vacunación.

Sin embargo, en México cientos de personas se encuentran invisibilizadas y desprotegidas. De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 publicado por el INEGI, el 0.36% de personas no están registradas en México ni en otro país. Este porcentaje puede dar la falsa noción de ser una problemática insignificante, sin embargo, se trata de 451,855 personas no registradas en México.

Así pues, no es una problemática insignificante ni mucho menor irrelevante, especialmente para grupos de personas que se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad, tal es el caso de la niñez, la adolescencia y las personas migrantes irregulares. Por ejemplo, si una niña o niño es separado de su familia por una catástrofe natural, conflicto o como resultado de un delito, reunirlos es más difícil por la ausencia de documentación oficial. De igual forma, son más susceptibles a sufrir distintas formas de abuso y explotación, pues al no poder demostrar su edad están expuestos a contraer matrimonio, entrar al mercado laboral o ser reclutados por fuerzas armadas.

Muchos de ellos no fueron registrados debido a que sus padres se les dificulta acudir con las autoridades mexicanas por prejuicios en contra de ellos, miedo a ser deportados y discriminación.

Sin embargo, una vez que acuden se les requieren documentos considerados como “indispensables” para expedir el acta, pero de difícil acceso -prácticamente imposible- para para ellos.

En ese sentido, deben impulsarse acciones concretas enfocadas a erradicar por completo situaciones similares y garantizar el registro de todas las personas. De acuerdo con UNICEF, eliminar las tasas de inscripción, concediendo subsidios en efectivo a las familias que inscriben a sus hijas e hijos, aumentar el número de registradores capacitados y/o enviarlos a zonas remotas en unidades móviles de registro puede ayudar a los gobiernos a llegar a poblaciones en situación de vulnerabilidad. La tecnología también ofrece una solución prometedora: los Gobiernos de Pakistán y Tanzanía han comenzado a utilizar aplicaciones para el registro de nacimientos a través de teléfonos inteligentes, que permiten a los registradores recopilar y cargar digitalmente los datos de los registros del nacimiento en un sistema protegido y centralizado en tiempo real.

En definitiva, lo esencial será cambiar actitudes y comportamientos, reconociendo las vulnerabilidades particulares de algunos grupos sociales y valorando a todas las personas por igual. Impulsando políticas públicas que busquen visibilizar y proteger a los que hasta ahora son invisibles.

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo de México

Inmediatamente después de regresar de mi licencia de maternidad, el gerente de operaciones me despidió, me dijo que ya no era considerada una trabajadora apta, que la empresa necesitaba trabajadoras sin hijos.

Este testimonio se narra en la Contradicción de Tesis 422/2016 resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les invito a analizarlo conmigo y descubrir todo lo que está mal en él.

En primer lugar, se trata de un caso de discriminación laboral por razón de maternidad. Aunque seguramente parece algo evidente para la mayoría de ustedes, el caso llegó a la Corte pues para algunos se trata de un despido justificado ya que la mujer no estaba embarazada cuando ocurrió. Sin embargo, es importante que sepan que existe un concepto derivado de la jurisprudencia llamado fuero de maternidad, que exige protección especial a las mujeres durante los periodos de embarazo y licencia postnatal.

Lo anterior es necesario debido a que algunos empleadores, ante la falta de información y para evadir la ley, esperan a que las mujeres embarazadas lleguen a término para despedirlas sin incurrir en una conducta ilegal pues, bajo su lógica “ya no están embarazadas”, pero lo hacen porque en el fondo están motivados por prejuicios y estereotipos alrededor de la maternidad.

Por otra parte, se trata de una protección especial debido a que exige de quienes están encargados de investigar e impartir justicia eliminar las barreras y obstáculos que colocan a las mujeres en una situación de desventaja en un momento en que de manera particular requiere de, por ejemplo, gozar de la atención médica necesaria y de las demás prestaciones de seguridad social que garanticen su bienestar y el del bebé.

En segundo lugar, este testimonio confirma lo que en nuestro informe La discriminación laboral por embarazo hemos evidenciado, que “comúnmente los empleadores comparten la idea de que las madres son más inestables y menos comprometidas y competentes en el trabajo, esto se relaciona con su poca adecuación a los estándares del trabajador ideal a diferencia de los hombres que son mayormente asociados con la idea de que son más comprometidos si están casados y son padres”. Por eso, aquella empresa no tiene problemas con que sus trabadores tengan hijos pues ellos no los cuidan, pero sí sus trabajadorAs.

Esto no solo es injusto con las mujeres, también con los hombres que quieren conciliar su vida familiar, personal y laboral, pero sobre todo con sus hijas e hijos que necesitan ser cuidados por su mamá y papá en igualdad de condiciones.

Lo peor de todo es que esta creencia parte del desconocimiento, la falsa creencia de que la mayor productividad se obtiene con trabajadores y trabajadoras que solo piensan en su trabajo 24/7; pero la realidad es que incentivar políticas internas que favorezcan la conciliación y promuevan la inclusión disminuye la rotación de trabajo hasta en un 60%, el ausentismo laboral en un 30%, aumenta el compromiso, lealtad y productividad de las y los colaboradores (Red del Consejo Coordinador Empresarial por la Primera Infancia).

Desafortunadamente este testimonio no es un caso aislado, es uno de los millones de casos que suceden día con día en este país. Algunos denunciados, otros callados, muchos otros incluso pasan desapercibidos por las propias mujeres víctimas que no sabían que eso que les pasó es discriminación y violencia.

Las y los empleadores, particularmente en el sector privado, tienen la responsabilidad de informarse, pero sobre todo la oportunidad de ser los agentes de cambio, la solución a esta problemática tan importante.

POR VALERIA GONZÁLEZ RUIZ
Coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute.