Falta de políticas públicas para madres embarazadas privadas de la libertad en México: una realidad que discrimina la maternidad

Por: Damaris Espinosa, Aboga del Área de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

La dificultad de maternar en prisión refleja una profunda falla en el sistema penitenciario y la ausencia de políticas públicas adecuadas que aborden estas necesidades específicas.

En México, la población penitenciaria femenina se enfrenta a desafíos sistémicos que van desde la discriminación hasta la falta de acceso a servicios básicos, especialmente para aquellas mujeres que están embarazadas o son madres.

La dificultad de maternar en prisión refleja una profunda falla en el sistema penitenciario y la ausencia de políticas públicas adecuadas que aborden las necesidades específicas de estas mujeres, por ello, es fundamental analizar la magnitud del problema y proponer soluciones concretas para garantizar la maternidad y el desarrollo de la primera infancia que se desarrolla en las cárceles del país.

Según la estadística penitenciaria nacional de enero 2024, que emite el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, en México existen 13,297 mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios federales y estatales, esta cifra representa una parte significativa de la población carcelaria y subraya la necesidad de prestar atención a las condiciones específicas que enfrentan las mujeres en prisión.

Un dato preocupante es el porcentaje de mujeres embarazadas al ingresar a prisión, estimado entre el 2% y el 5% del total de mujeres privadas de libertad, esta situación plantea desafíos adicionales en términos de atención médica y condiciones de vida durante el embarazo, el parto y la crianza durante los primeros años.

Asimismo, no podemos ignorar a un gran número de mujeres en prisión que ya son madres, puesto que un 30% tienen hijos menores de 18 años, – estas cifras destacan aún más la importancia de considerar el impacto del encarcelamiento en la unidad familiar y el bienestar de los hijos e hijas de estas mujeres –.

Las mujeres embarazadas y madres en prisión enfrentan múltiples formas de discriminación y dificultades para acceder a servicios básicos, por ejemplo, uno de los problemas más urgentes es la atención médica y de calidad durante el embarazo, el parto y el posparto, ya que las mujeres no reciben la atención médica adecuada y ello pone en riesgo su salud y la de sus bebés, además, las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las cárceles mexicanas representan un peligro adicional para presentar complicaciones médicas graves, incluyendo partos prematuros y bajo peso al nacer.

El sistema penitenciario tampoco brinda el apoyo necesario para la crianza de los hijos de las mujeres encarceladas, tanto durante su reclusión como tras su liberación, lo que dificulta que estas madres puedan criar a sus hijos de manera saludable y segura. Esta falta de programas de educación y cuidado infantil también impacta negativamente en los hijos, quienes enfrentan un mayor riesgo de problemas emocionales, sociales y educativos, afectando su desarrollo y su capacidad para alcanzar su máximo potencial en la vida.

Es importante, no dejar de lado esta fracción de la sociedad, que si bien se encuentran en espacios que como sociedad no vemos en el día a día, la falta de políticas públicas adecuadas para las mujeres embarazadas y madres en prisión tiene un costo significativo para la sociedad, pues la falta de acceso a servicios básicos, la violencia y la discriminación dentro de los centros penitenciarios contribuye a la perpetuación de ciclos de pobreza y marginalización y esto genera un impacto negativo en el desarrollo social y económico del país.

Ante esta situación alarmante, es evidente la necesidad de implementar políticas públicas específicas que aborden las necesidades de las mujeres embarazadas y madres en prisión, estas medidas deben garantizar el acceso a atención médica prenatal, parto y posparto de calidad, así como mejorar las condiciones de higiene y habitabilidad en las cárceles.

Además, es fundamental establecer mecanismos para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en prisión, incluyendo la capacitación de personal penitenciario y la implementación de protocolos de respuesta adecuados a la maternidad.

También es necesario brindar apoyo para la crianza de los hijos de las mujeres en prisión, tanto dentro como fuera de las cárceles y esto incluye la implementación de programas de educación y cuidado infantil, así como la promoción de políticas que faciliten la reunificación familiar y la reintegración de las mujeres en la sociedad una vez que sean liberadas.

Finalmente, es crucial reformar el sistema penitenciario en su conjunto para que sea más humano, justo y efectivo para las madres y sus hijos, pero esto solo se logra dotando de “perspectiva de maternidad y niñez” a toda la legislación penitenciaria y capacitando al personal que trabaja en prisiones federales y estatales.

Labores de cuidado: trabajo invisibilizado

La más reciente edición de Estados #ConLupaDeGénero del Instituto Mexicano para la Competitividad señala que ninguna entidad federativa ofrece condiciones laborales óptimas para que las mujeres entren y permanezcan en el mercado laboral

Por: Valeria González Ruiz, Ejecutiva de Vinculación e Incidencia Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

La más reciente edición de Estados #ConLupaDeGénero del Instituto Mexicano para la Competitividad señala que ninguna entidad federativa ofrece condiciones laborales óptimas para que las mujeres entren y permanezcan en el mercado laboral. A través de 15 indicadores, analizó las condiciones que enfrentan las mujeres y concluyó qué los Estados con mejor desempeño en el ranking tienden a tener más mujeres preparadas y una menor desigualdad en la repartición de tareas del hogar y de cuidados. Por ejemplo, Ciudad de México, Baja California Sur, Nuevo León, Jalisco y Yucatán tienen un nivel de desempeño alto, principalmente porque en promedio tienen una menor proporción de mujeres ocupadas en empleos informales (47%), y en pobreza laboral (29%), lo que implica que hay menos mujeres con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria. Sin embargo, Guanajuato ocupa el último lugar del ranking, principalmente por tener la mayor proporción de mujeres que trabajan jornadas largas -es decir, más de 48 horas semanales-. Además, observa una mayor desigualdad en términos del trabajo no remunerado, pues las mujeres de la entidad dedican 79% más tiempo que los hombres a estas actividades, lo que acapara o limita el tiempo que pueden ofrecer en el mercado laboral.

Como se puede observar, las labores de cuidado y tareas del hogar son determinantes en nuestra sociedad, no solo por su valor sino también por los efectos que pueden generar en las personas que las realizan. En esta ocasión me gustaría detenerme ahí e invitarles a reflexionar sobre lo siguiente:

Estas labores no reciben remuneración, reconocimiento como un trabajo formal ni acceso a la seguridad social. Socialmente se romantizan como actividades que se hacen por amor (especialmente cuando vienen de las madres y abuelas) y se pagan a lo mucho con agradecimientos y electrodomésticos en días festivos. Bajo esa lógica, “las buenas madres” son las que entregaron su vida al cuidado de los suyos o las que se partieron en mil para cuidar y mantener un trabajo remunerado.

Se entienden como funciones implícitas en la maternidad y, consecuentemente, carecen de acceso a la seguridad social pues en México para ser sujeto asegurado dentro de una institución de seguridad social se requiere contar con un empleo formal. Desafortunadamente, esto también implica que las mujeres cuidadoras no remuneradas no tienen pensión y que sus hijas e hijos tampoco cuentan con la protección de la seguridad social, especialmente los derechos de salud, cuidado y educación; un ejemplo de esta situación es que, ante un contexto de empleo informal sin seguridad social, si la mujer muere su hijo no podría acceder a una pensión por orfandad.

Así pues, se recrea un círculo vicioso que genera explotación y dependencia económica por un lado y, por el otro, dificultad enorme de acceder al empleo formal y permanecer en condiciones de igualdad como se mencionó en un principio.

Carencias y desigualdades, principales desafíos de la maternidad en México: Early Institute

Discriminación y falta de apoyo en servicios de salud, la realidad más allá de los festejos del Día de las Madres.

Publicación original de: El Heraldo de México

La maternidad en México adolece de graves carencias y abandonos sociales e institucionales, principalmente en materia de salud, señalan expertos en derecho y sociólogos de Early Institute y advierten que en tanto no haya atención y acompañamientos a los verdaderos problemas de la mujer y en especial de la mujer embarazada, seguirá agravándose la deuda social con ellas.

El Día de las Madres es una festividad que nos debe llevar a replantear la urgencia de una auténtica política de salud y canalizar los recursos presupuestales a dónde están las verdaderas y más profundas necesidades de las mujeres de México, especialmente las mujeres embarazadas, señala la socióloga de Melisa Institute y colaboradora de Early Institute, María Elena Critto.

Aun hay poblaciones que carecen de servicios médicos ginecoobstetras

De acuerdo con la investigación realizada en los estados de la República Mexicana, está perfectamente detectado que la mortalidad materna en México ocurre por siete diferentes causas, principalmente la falta de atención básica durante el embarazo y después del parto, ninguna causa está relacionada directamente con el aborto, precisó.

Desde la ciencia social podemos afirmar que es incorrecto decir que el aborto es la principal causa de muerte de las mujeres en México. Lo que hoy sabemos con precisión, con evidencia, es que la ausencia y/o carencias de educación y empleo, así como en los sistemas de agua potable y drenaje en casa y de la atención ginecoobstetra, constituyen las principales causas de muerte materna. Eso nos dice claramente a dónde hay que enfocar las políticas públicas y los presupuestos, remarcó la socióloga.

La existencia de agua potable y de sistemas de drenaje representa la diferencia entre la vida y la muerte para una mujer embarazada en las zonas urbanas y más en las zonas rurales.

Hay poblaciones que carecen de servicios médicos ginecoobstetras. Eso en la vida real hace que muchas mujeres embarazadas enfrenten serias dificultades durante su embarazada, algunas con fatales consecuencias, dijo al señalar que toda la información se encuentra alojada en la página de Early Institute y el Instituto Melisa.

En México no existe una política institucional de apoyo a la maternidad

De acuerdo con Melisa Institute son siete las causales de la mortalidad materna y no la cancelación de la vida del bebé por nacer siendo: Escolaridad de las mujeres; la atención obstétrica de emergencia; cuidado prenatal y atención profesional del parto; agua potable y alcantarillado; embarazos de alto riesgo y bajo peso al nacer; la violencia contra la mujer embarazada aumenta el riesgo de mortalidad materna y postergación de la maternidad y fecundidad.

Por su parte la abogada especialista en Derecho Constitucional y representante legal de diversas organizaciones de mujeres que reclaman  justicia ante las condiciones de desigualdad social y económica, precisó que en México no existe una política institucional de apoyo a la maternidad y denunció que el gobierno ve caro y con mucha responsabilidad  dotar de servicios integrales a las mujeres, en especial a las que desean ser madres, por lo que ha optado por ofrecer falsas salidas como por ejemplo el aborto, que no es ni una solución, ni una medida que de justicia a las mujeres.

Las mujeres en México lo que requieren es que haya una política real de salud, de fomento al empleo, de educación integral, para que cuando se enfrenten a la decisión de ser madres vean que el Estado les proporciona lo necesario para asumir la decisión de la maternidad. Pero si el Estado no te nada de eso y por el contrario te deja a ti, como mujer, que resuelvan sola, en el abandono y sin apoyos una situación, entonces no estamos hablando de justicia ni de respeto.

En los próximos años el reto será mayor

Aunado a ello hay que resaltar otros enfoques que no privilegian la maternidad, como por ejemplo la discriminación laboral por embarazo, la falta o nula existencia de políticas públicas que fomenten un estado de bienestar para la madre y la niña o niño por nacer. Se están haciendo cosas, pero falta mucho por hacer para evitar que los empleadores, ni solo del sector público si también del privado, castiguen la maternidad en vez de que la protejan y defiendan.

En saldo de los últimos 17 años en cuanto a política pública real a favor de las mujeres de México, y muy en especial de las mujeres que desean ser madres, es negativo. En los próximos años el reto será mayor sino vemos desde ahora cómo atender y buscar soluciones efectivas a los verdaderos problemas de las mujeres. de las mamás de México, expresó.

Cuidados paliativos contra el cáncer

Celebramos el #DIAMUNDIALCONTRAELCANCER y la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Por: Dra. Carmen de la Fuente Hortañón
Publicación original de: El Heraldo de México

La muerte en la actualidad se vivencia como un problema y no como consecuencia de vivir.  Nuestro compromiso como sanitarios, avalados durante más de 6000 años desde que Hipócrates inicia la Medicina científica con su Juramento, es atender a los pacientes hasta el final de sus vidas, buscando soluciones al dolor, ‘Sedare Dolorem Opus Divinum est’: “Sedar el dolor es cosa de dioses”, decía el Maestro. Saber aliviar el llamado DOLOR TOTAL (Dra. Cecily Saunders), y su impronta en las dimensiones del ser humano: física, psicológica, social y espiritual.

El dolor es uno de los síntomas más frecuentes e incapacitantes del cáncer que afectó en 2020 a 19,3 millones de personas, de las que 10 millones murieron con dolor moderado a severo. Está presente inicialmente en un 20-50% y en fase avanzada en un 70-90%, con un efecto negativo sobre el estado funcional y la calidad de vida.

La morfina es barata y es una medicina esencial para tratar el dolor agudo moderado a severo. Su consumo (en solución o comprimidos) permite valorar, si se trata bien el dolor, pero su disponibilidad limitada continúa siendo el mayor obstáculo para el desarrollo de los CP, porque el precio que pagan los países por los medicamentos, varía mucho. En México según datos publicados en la revista Mexicana de Anestesiología nº 3/2023 existen inequidades en el acceso a la morfina sobre todo en el alivio del dolor infantil y de acuerdo con la agrupación Human Rights Watch no se respetan los derechos elementales.

En este momento el desabasto y la inaccesibilidad a los opioides medicinales impacta fuertemente el bolsillo de las familias mexicanas que cuentan con enfermos con dolor por cáncer o al final de sus días. Corren tiempos difíciles en este campo, se mezclan intereses y sensibilidades diversas.

“La denegación de facto del acceso al alivio del dolor, si causa dolor y sufrimiento, constituye un trato cruel, inhumano o degradante” Manfred Nowak, Relator ONU. Recientemente la OMS indicaba que alrededor de 56.8 millones de personas en el mundo requieren Cuidados Paliativos, el 78% de ellas viven en países de bajos a medianos recursos, pero sólo los reciben un 14% de los que los necesitan e irá en aumento como consecuencia de la creciente carga que representan las enfermedades no transmisibles y el progresivo mayor envejecimiento de la población.

Es una responsabilidad de todos, pero ¿los Gobiernos están respondiendo adecuadamente? podemos decir que no, a tenor de los datos mostrados. Cuidarnos unos a otros cuando somos más vulnerables es sin duda una de las características de una sociedad sana.

Esterilización forzada, genocidio racial

Por: Valeria González Ruiz, Ejecutiva de Vinculación e Incidencia Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

En el marco del Día de las Madres, es pertinente hablar de una forma de violencia

Pero esto no es exclusivo de nuestro país, en 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) conoció sobre el caso de I.V. (siglas asignadas para mantener la confidencialidad sobre su identidad), mujer peruana a la que –tras la cesárea de su tercera hija- se le ligaron las trompas de Falopio sin haber sido consultada de manera previa, libre e informada respecto de la esterilización; quien se enteró que había perdido su capacidad reproductiva permanentemente hasta el día siguiente de practicada la misma.

Al respecto, la CorteIDH reconoce que estas prácticas están motivadas por 1) una lógica de cuidado paternalista debido a que se parte de la idea de que las mujeres no toman decisiones responsables en el futuro para evitar un nuevo embarazo; 2) una perspectiva estereotipada de que las mujeres son las únicas responsables de la anticoncepción; y 3) bajo la pre-concepción de que la esterilización debe realizarse en el transoperatorio de una cesárea cuando ellas no están conscientes, a pesar de que -en el caso de I.V.- no es una urgencia o emergencia médica.

Así pues, la esterilización forzada se trata de una forma de violencia que se ejerce en contra de mujeres por considerarlas incapaces de ejercer una maternidad responsable, incapaces de decidir cuántos hijos tener. Negándoles, sin siquiera informarles, la capacidad de decidir cómo y cuándo ejercer su maternidad.

En ese sentido, no podemos ignorar el perfil de las mujeres que están sufriendo este tipo de violencia: se trata de mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, tal es el caso de mujeres indígenas, con discapacidad, migrantes irregulares y privadas de su libertad. El trasfondo es claro y escalofriante, vivimos en una sociedad que no quiere que se reproduzcan, que no haya más de ellas.

Así pues, una sociedad que rechaza la maternidad en estas condiciones en lugar de ofrecerle oportunidades dignas, la encadena, la aniquila es INCOHERENTE, VIOLENTA e INJUSTA.

 

Los invisibles

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo de México

Es una pequeña muy sonriente, está por cumplir 3 años, nació en el Estado de México y es hija de padres guatemaltecos. La llaman Nancy, aunque no tiene nombre legal, le han negado el acta de nacimiento.

Se trata del caso de una pequeña que se dio a conocer en medios de comunicación el año pasado, pero ¿por qué es tan importante tener acta de nacimiento? 
En realidad, no se trata de un papel legal que formaliza tu nombre, se trata de un derecho y también de la forma en la que una sociedad reconoce y admite la identidad y existencia de una persona. Es el primer paso para que te sean reconocidos derechos y puedas exigirlos.
Con esta herramienta también se puede recopilar información que permita a los gobiernos impulsar políticas públicas eficaces, por ejemplo, cuánto y dónde deben emplear el dinero público o en qué zonas deben enfocar esfuerzos para implementar programas de desarrollo social, como el de vacunación.
Sin embargo, en México cientos de personas se encuentran invisibilizadas y desprotegidas. De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 publicado por el INEGI, el 0.36% de personas no están registradas en México ni en otro país. Este porcentaje puede dar la falsa noción de ser una problemática insignificante, sin embargo, se trata de 451,855 personas no registradas en México.
Así pues, no es una problemática insignificante ni mucho menor irrelevante, especialmente para grupos de personas que se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad, tal es el caso de la niñez, la adolescencia y las personas migrantes irregulares. Por ejemplo, si una niña o niño es separado de su familia por una catástrofe natural, conflicto o como resultado de un delito, reunirlos es más difícil por la ausencia de documentación oficial. De igual forma, son más susceptibles a sufrir distintas formas de abuso y explotación, pues al no poder demostrar su edad están expuestos a contraer matrimonio, entrar al mercado laboral o ser reclutados por fuerzas armadas.
Muchos de ellos no fueron registrados debido a que sus padres se les dificulta acudir con las autoridades mexicanas por prejuicios en contra de ellos, miedo a ser deportados y discriminación.
Sin embargo, una vez que acuden se les requieren documentos considerados como “indispensables” para expedir el acta, pero de difícil acceso -prácticamente imposible- para para ellos.
En ese sentido, deben impulsarse acciones concretas enfocadas a erradicar por completo situaciones similares y garantizar el registro de todas las personas. De acuerdo con UNICEF, eliminar las tasas de inscripción, concediendo subsidios en efectivo a las familias que inscriben a sus hijas e hijos, aumentar el número de registradores capacitados y/o enviarlos a zonas remotas en unidades móviles de registro puede ayudar a los gobiernos a llegar a poblaciones en situación de vulnerabilidad. La tecnología también ofrece una solución prometedora: los Gobiernos de Pakistán y Tanzanía han comenzado a utilizar aplicaciones para el registro de nacimientos a través de teléfonos inteligentes, que permiten a los registradores recopilar y cargar digitalmente los datos de los registros del nacimiento en un sistema protegido y centralizado en tiempo real.
En definitiva, lo esencial será cambiar actitudes y comportamientos, reconociendo las vulnerabilidades particulares de algunos grupos sociales y valorando a todas las personas por igual. Impulsando políticas públicas que busquen visibilizar y proteger a los que hasta ahora son invisibles.

Mitos alrededor de una trabajadora embarazada

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo de México

Inmediatamente después de regresar de mi licencia de maternidad, el gerente de operaciones me despidió, me dijo que ya no era considerada una trabajadora apta, que la empresa necesitaba trabajadoras sin hijos.

Este testimonio se narra en la Contradicción de Tesis 422/2016 resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les invito a analizarlo conmigo y descubrir todo lo que está mal en él.

En primer lugar, se trata de un caso de discriminación laboral por razón de maternidad. Aunque seguramente parece algo evidente para la mayoría de ustedes, el caso llegó a la Corte pues para algunos se trata de un despido justificado ya que la mujer no estaba embarazada cuando ocurrió. Sin embargo, es importante que sepan que existe un concepto derivado de la jurisprudencia llamado fuero de maternidad, que exige protección especial a las mujeres durante los periodos de embarazo y licencia postnatal.

Lo anterior es necesario debido a que algunos empleadores, ante la falta de información y para evadir la ley, esperan a que las mujeres embarazadas lleguen a término para despedirlas sin incurrir en una conducta ilegal pues, bajo su lógica “ya no están embarazadas”, pero lo hacen porque en el fondo están motivados por prejuicios y estereotipos alrededor de la maternidad.

Por otra parte, se trata de una protección especial debido a que exige de quienes están encargados de investigar e impartir justicia eliminar las barreras y obstáculos que colocan a las mujeres en una situación de desventaja en un momento en que de manera particular requiere de, por ejemplo, gozar de la atención médica necesaria y de las demás prestaciones de seguridad social que garanticen su bienestar y el del bebé.

En segundo lugar, este testimonio confirma lo que en nuestro informe La discriminación laboral por embarazo hemos evidenciado, que “comúnmente los empleadores comparten la idea de que las madres son más inestables y menos comprometidas y competentes en el trabajo, esto se relaciona con su poca adecuación a los estándares del trabajador ideal a diferencia de los hombres que son mayormente asociados con la idea de que son más comprometidos si están casados y son padres”. Por eso, aquella empresa no tiene problemas con que sus trabadores tengan hijos pues ellos no los cuidan, pero sí sus trabajadorAs.

Esto no solo es injusto con las mujeres, también con los hombres que quieren conciliar su vida familiar, personal y laboral, pero sobre todo con sus hijas e hijos que necesitan ser cuidados por su mamá y papá en igualdad de condiciones.

Lo peor de todo es que esta creencia parte del desconocimiento, la falsa creencia de que la mayor productividad se obtiene con trabajadores y trabajadoras que solo piensan en su trabajo 24/7; pero la realidad es que incentivar políticas internas que favorezcan la conciliación y promuevan la inclusión disminuye la rotación de trabajo hasta en un 60%, el ausentismo laboral en un 30%, aumenta el compromiso, lealtad y productividad de las y los colaboradores (Red del Consejo Coordinador Empresarial por la Primera Infancia).

Desafortunadamente este testimonio no es un caso aislado, es uno de los millones de casos que suceden día con día en este país. Algunos denunciados, otros callados, muchos otros incluso pasan desapercibidos por las propias mujeres víctimas que no sabían que eso que les pasó es discriminación y violencia.

Las y los empleadores, particularmente en el sector privado, tienen la responsabilidad de informarse, pero sobre todo la oportunidad de ser los agentes de cambio, la solución a esta problemática tan importante.

POR VALERIA GONZÁLEZ RUIZ
Coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute.

A propósito del INE y la educación cívica en México

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de  El Heraldo de México 

Me refiero a la función de promover planes y programas para el desarrollo de la cultura cívica de la población como uno de ejes complementarios al ejercicio de la llamada democracia electoral.

Durante estos días de noviembre, el país nuevamente atraviesa una zona de turbulencia política y social que encontró en la coyuntura de la discusión de reformas constitucionales en materia electoral, un ambiente proclive para desatar múltiples opiniones sobre los límites y parámetros de nuestra convivencia democrática y la importancia de las instituciones.

A la fecha en que escribo este artículo, considero que no corresponde a un servidor realizar un análisis del contexto político, implicaciones jurídicas o reacciones que dicha iniciativa suscitó en importantes sectores y voces de la sociedad. Circula ya mucha información al respecto. Vale la pena leer, escuchar y analizar con detenimiento los hechos y formarse un criterio propio.

En mi caso, simplemente prefiero aprovechar esta coyuntura porque me parece en el fondo tiene todo que ver, para reflexionar sobre una de las funciones, no del todo visibilizadas, que también ejercen los organismos electorales en las democracias modernas a propósito de su cuestionamiento actual en México.

Me refiero a la función de promover planes y programas para el desarrollo de la cultura cívica de la población como uno de ejes complementarios al ejercicio de la llamada democracia electoral. En efecto, más allá de ser los responsables de organizar y calificar los procesos electorales, una contribución relevante que también compete a estos órganos, tiene que ver con el diseño de estrategias sociales para consolidar la educación cívica no solo del electorado sino de todos los sectores de la población.

Si bien dicha tarea se antoja ambiciosa y no podría imaginarse sin el brazo complementario de los sistemas educativos, los organismos electorales de las democracias de América latina - y en buena parte de la órbita global - han venido colocando como una de sus principales preocupaciones el asegurar que la población, incluidos desde luego a las niñas niños y adolescentes, conozcan desde bajo un sentido práctico la relevancia de las instituciones, los principios que rigen la participación democrática y la razón de ser de los poderes públicos.

Las estrategias de promoción de la educación cívica que impulsan estos organismos están orientadas a sembrar en la sociedad un involucramiento cada vez más activo en las decisiones públicas que los afectan, así como conocer y saber exigir parámetros de rendición de cuentas a partidos políticos y gobernantes.

En el caso de México, el Instituto Nacional Electoral diseñó la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCIVICA) la cual, si bien no es la primera en su tipo y se acompaña de otros ejercicios igualmente relevantes como la Consulta Nacional Infantil y Juvenil, su propósito es desarrollar acciones para construir una ciudadanía informada y fomentar espacios para la discusión de los asuntos públicos.

De acuerdo con sus propias definiciones, la ENCCIVICA busca cambiar las actitudes ciudadanas sobre la manera como es concebido “lo público”. Llama positivamente mi atención que esta estrategia nacional se sustenta en algunos principios que a mi juicio representan auténticas excepciones a la regla dentro del árido abanico de instrumentos normativos y redacciones institucionales que suelen producirse desde al ámbito gubernamental; cuya lectura muchas veces redunda en tecnicismos fríos o alejados del lenguaje ciudadano.

Digo esto primero, porque la estrategia basa sus objetivos y acciones en el principio de Verdad referente al carácter objetivo e imparcial que debe regir en el conocimiento de los asuntos públicos por parte de la población, especialmente el relacionado con el contenido real de los derechos humanos y una perspectiva ampliada del derecho a la información.

Segundo, porque se enfatiza de una manera reiterada el principio de Diálogo, cuyo enfoque dentro de la referida ENCCIVICA busca maximizar en el territorio nacional los espacios – especialmente los de la familia, escuela y la comunidad – para generar debates de calidad y una constante conversación crítica sobre la pertinencia de los valores democráticos que el país necesita preservar y consolidar en los niveles individuales y colectivos, más allá de lo que formalmente se enseña en las aulas como parte de los planes y programas de estudio.

En tal sentido y sin ir más allá dentro del contenido y estructura de dicho documento, me parece que la ENCCIVICA debería representar un pretexto adicional para reflexionar sobre el papel de fondo que corresponde a los organismos electorales como el INE, en la tarea de construir ciudadanía, misma que dicho sea de paso no se logra a través de reformas o decretos.

Me quedo pensando que ambos principios a los que hago referencia representan hoy elementos que nos invitan a una reflexión menos coyuntural y más de largo plazo en medio de la realidad polarizada que nos atraviesa.

Si sabemos leer bien la crisis, el reflector no debería recaer – como siempre ocurre– en el protagonismo de los partidos políticos y poderes públicos. La clave en mi opinión sigue siendo la base social desde la cual niñas, niños y jóvenes representan aquella audiencia estratégica a la que deberían dirigirse todas las miradas y objetivos posibles.

¿Acaso no necesitamos un diálogo verdadero y al mismo tiempo mayor verdad en el diálogo democrático? ¿En dónde está la voz de las niñas, niños y adolescentes en medio de esta efervescencia social? ¿Qué tan eficazmente se cultiva su participación informada en los asuntos de interés nacional? ¿Se les está explicando con criterios de objetividad lo que pasa en el país? ¿Qué saben sobre el comportamiento actual de las instituciones que nos rigen? ¿Cuál sería su opinión sobre la marcha que se realizó el pasado domingo?

Estas preguntas que pareciera se lanzan al aire, las formulo con la intensión de cuestionarnos nuevamente quién debe ser el actor fundamental en la transformación de la educación y cultura cívica en México. No cabe duda, que se requieren estrategias, principios e instituciones sólidas para ello, pero esas condiciones a mi juicio constituyen el medio, el fin son los 38 millones de niñas, niños y adolescentes que hoy viven en nuestro país.

POR ABRAHAM MADERO MÁRQUEZ
ABOGADO. DOCTORANDO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA. DIRECTOR EJECUTIVO DEL THINK TANK MEXICANO EARLY INSTITUTE
TWITTER: @ABRAHAMMADERO
CORREO: AMADERO@EARLYINSTITUTE.ORG
PÁGINA WEB: WWW.EARLYINSTITUTE.ORG

Un gran proyecto para la niñez de México

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de  El Heraldo de México 

Esas capacidades a las que me refiero tienen que ver con al menos la conjunción de dos procesos medulares

Transcurría el verano de 2019, entre junio y agosto de aquel año el equipo de Early Institute nos encontrábamos en medio de un ejercicio de planeación estratégica con miras a la elaboración de un programa de trabajo de largo aliento que pretendía alinear nuestras líneas de acción, objetivos y proyectos hacia el mediano y largo de plazo.

En esa etapa, el área de investigación del Instituto tuvo la fortuna y en retrospectiva me atrevería a afirmar que la visión, de sumar dos grandes capacidades de las que pocas organizaciones sociales pueden dar cuenta, pero que, en el ámbito global resultan hoy por hoy condiciones por demás indispensables para asegurar la seriedad, competitividad y viabilidad de cualquier proyecto público o privado, con independencia de su ámbito material o enfoque de aplicación.

Esas capacidades a las que me refiero tienen que ver con al menos la conjunción de dos procesos medulares. El primero, contar un campo de visión estratégica a partir del diseño de una teoría del cambio, que permita dar certeza sobre el estado real que guarda una determinada problemática de estudio como representa en nuestro caso, el apasionante y exhaustivo ámbito de la primera infancia.

Y el segundo, recopilar y procesar la información disponible, haciendo uso de herramientas para el análisis científico de datos que permita generar productos de toma de decisión basados en evidencia. Lo que en el lenguaje especializado se conoce como Data Driven Decision Making.

La sinergia de ambos factores, nos llevaron a crear un nuevo proyecto dentro de nuestras líneas temáticas, que si bien en lo inmediato significó dar un siguiente paso en las capacidades del Think Tank, en realidad para nosotros resultó un proceso hasta cierto sentido natural; producto del trabajo histórico de investigación, análisis e incidencia que durante 16 años el Instituto ha venido desarrollando en otros proyectos para la protección de los derechos de la niñez mexicana y su entorno fundamental.

Quizá el diferencial en este episodio de nuestra vida institucional tuvo que ver con el hecho de contar con una teoría del cambio alineada a las prioridades globales y nacionales en materia de primera infancia, la cual si bien no es poca cosa, nos permitió visualizar con mayor nitidez la oportunidad de crear una plataforma que proporcionara a los tomadores de decisión – sean públicos o privados – información confiable y sistematizada sobre el estado real de la primera infancia en México.

Y también en buena medida, movidos un poco por las dificultades y frustraciones que nosotros mismos padecimos durante muchos años como usuarios y consumidores de información estadística para elaborar estudios, informes y propuestas de incidencia en materia de niñez, quisimos aportar al ecosistema de actores, colectivos, especialistas, instituciones sociales y gubernamentales involucrados en esta agenda, un espacio sistematizado que ordenara las diversas dimensiones prioritarias para el análisis y abordaje integral del tema.

A manera de anecdotario, recuerdo las conversaciones que sostuvimos todo el equipo del Instituto durante dichas jornadas, muchas de ellas extenuantes y no exentas de dudas o cuestionamientos internos sobre la viabilidad técnica y operativa del proyecto. De manera muy especial vienen a mi mente, las horas de trabajo que invertimos para dar forma a la primera versión de objetivos y fases del proyecto especialmente de la mano de nuestros extraordinarios investigadores, Renata Díaz y Cándido Pérez. Convertidos hoy, por cierto, en una dupla imparable que a pesar de su juventud saben combinar experiencia con innovación.

El reto para nosotros era mayúsculo, pues como cualquier proyecto que nace desde cero y con la necesidad de generar recursos para su sostenibilidad, nos enfrentamos además al imprevisto escenario de bruma y confusión global que trajo consigo la pandemia por Covid-19; lo cual naturalmente significó un ajuste de tiempos y prioridades para todos los proyectos de nuestra organización.

Sin embargo, quizá de manera intuitiva y sin saberlo, nuestra respuesta como equipo ante esos momentos de dificultad e incertidumbre que vivimos durante el confinamiento y tras confirmar que en los hechos, una vez más, la infancia no representó un tema prioritario en el país - aun en circunstancias de emergencia humanitaria - resultaba claro que el curso de este proyecto en ciernes no debía detenerse, sino por el contrario redoblarse con disciplina y paso firme.

Fue así, precisamente durante el punto más álgido de la pandemia (2020-2021) que aceleramos los trabajos de análisis y redacción para elaborar el informe documental que dio origen al Sistema de Indicadores de Primera Infancia México (SIPI México), mismo que finalmente vio la luz y dimos a conocer a la opinión pública en junio del presente año.

SIPI México, es una herramienta que integra datos estadísticos actualizados, respecto a 142 indicadores que atañen a la primera infancia de nuestro país. El sistema se compone con información sobre el estado de salud, educación, nutrición, talla, peso, condiciones de vida, violencia, pobreza y cumplimiento de sus derechos fundamentales de este sector poblacional.

Más que una plataforma que concentra datos fríos provenientes de múltiples fuentes de información estadística, con este esfuerzo pretendemos crear una conversación productiva, bilateral y genuina con los actores clave que nos permita tejer juntos la radiografía de acción más completa que exista en México sobre las prioridades de desarrollo que requieren los más de 12 millones de niñas y niños en situación de primera infancia.

A 4 meses de su lanzamiento, lo que fueron conversaciones de escritorio y planeaciones internas se traducen hoy en una agenda de trabajo viva y en marcha, que de manera sorpresiva para todos nosotros y para los líderes de este proyecto, ha logrado sumar en corto tiempo a actores y especialistas de gran calado en diversos ámbitos de acción prioritaria.

Es bajo este marco, que aprovecho para agradecer en primer lugar a Annayancy Varas, Directora General del Instituto, por su confianza en el proyecto. A los integrantes del Comité Consultivo, aliados institucionales y equipo operativo de Early Institute. Pero sobre todo a las personas y organizaciones que desde el día cero creyeron en esta iniciativa y hoy forman parte activa de ella.

Igualmente invito a todos los lectores y audiencias especializadas del Heraldo de México a consultar y participar del desarrollo de SIPI México a través del portal staging.earlyinstitute.org/sipimexico/ y en todas nuestras redes sociales. No en vano me atrevo a afirmar desde ahora, que se trata de un gran proyecto para la niñez de México.

POR POR ABRAHAM MADERO MÁRQUEZ
TWITTER: @ABRAHAMMADERO
CORREO: AMADERO@EARLYINSTITUTE.ORG
PÁGINA WEB: WWW.EARLYINSTITUTE.ORG
ABOGADO. DOCTORANDO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA. DIRECTOR EJECUTIVO DEL THINK TANK MEXICANO EARLY INSTITUTE

Una reflexión sobre el Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de  El Heraldo de México 

Sin embargo, hay que decirlo, el problema de estos sistemas no radica en sus nobles y justificados objetivos, el asunto se complejiza cuando pasamos, sobre todo, a los hechos en su operativización

Afirmar que la niñez no es un tema prioritario para nuestros gobernantes no debe resultar una exageración. Por laxa que resulte esta premisa, la historia y los datos así lo corroboran.
La agenda estructural de temas y problemas que requieren políticas públicas e intervenciones presupuestarias para mejorar la vida y los derechos fundamentales de casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes en el país, no representa como tal un pilar dentro del debate público o en la voz cotidiana de nuestros representantes.
A pesar de que México cuenta con un joven instrumento normativo como lo es la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes (2014), su existencia y puesta en marcha durante los últimos años no ha sido suficiente para articular con la solidez y contundencia necesarias, el carácter nacional y prioritario del denominado Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Desde luego, no se minimiza el esfuerzo que ha implicado poner en marcha dicho mecanismo, dotarlo de una estructura administrativa y comenzar a configurar las distintas fases de un programa nacional que sepa integrar a los tres órdenes de gobierno en la definición de directrices para la atención de la niñez y adolescencia mexicana. Sin embargo, hay que decirlo, el problema de estos sistemas no radica en sus nobles y justificados objetivos, el asunto se complejiza cuando pasamos, sobre todo, a los hechos en su operativización.
Una de las críticas más recurrentes que desde el foro jurídico se realiza a las leyes generales de este tipo, consiste en que pareciera son diseñadas bajo una especie de ceguera legislativa, por lo que hace a la dificultad de poner en marcha este tipo de mecanismos de colaboración intergubernamental que resultan extremadamente ambiciosos cuando pretenden instrumentarse en regiones y realidades tan dispares como las que existen en el atípico mosaico del federalismo mexicano.
¿A qué nos referimos? Tal y como ocurre en el desempeño de otros sistemas nacionales de coordinación – seguridad, educación, por citar algunos – este tipo de mecanismos terminan por quedarse cortos en su desempeño, ante el tamaño del problema que pretenden resolver o para el cual fueron diseñados.
La multiplicidad de actores que intervienen, aunada a la fragmentación y dispersión de las agendas públicas que se viven especialmente en los estados y municipios, genera que estos sistemas mantengan una intermitencia preocupante; tanto por el nivel de inversión de recursos que se requiere para echar a andar a las instancias especializadas – háblese de las procuradurías de protección, sistemas estatales y municipales – así como por la escasa materialización de políticas públicas concretas más allá del diagnóstico de escritorio o la firma de compromisos protocolarios.
Ante esto, opino que la famosa transversalidad de la que tanto se habla en el gremio especializado y que caracteriza a la agenda en materia de los derechos de la niñez y adolescencia, no ha sido suficientemente analizada, abordada ni mucho menos costeada bajo un enfoque estratégico-operativo, en un país compuesto por 32 realidades sociales y jurídicas disímbolas entre sí. A ello se suma un escenario actual en donde el Poder Ejecutivo Federal mantiene, por decir lo menos, un papel protagónico en la configuración de la agenda nacional.
Pero este error, a mi juicio crucial, en buena medida tiene su origen a partir de diversas patologías que lamentablemente forman parte de inercias legislativas y del bajo nivel técnico que prevalece en el parlamento mexicano. Bajo la tendencia normativa de todo “mandarlo a leyes generales” algunas hechas casi bajo el mismo formato, el Congreso de la Unión no ha prestado la atención debida al diseño específico y necesidades de instrumentación práctica que requieren los marcos normativos de las materias más sensibles para la población, especialmente en el ámbito de tutela de los derechos humanos.
Ello se traduce en normas de difícil cumplimiento como la que nos ocupa, con retos titánicos para echar andar las maquinarias burocráticas y de coordinación nacional que se prevén desde sus textos, y sobre todo, alejadas de la realidad económica y social del país. No en vano, especialistas como la Doctora Cecilia Mora, durante décadas han apuntado que la técnica legislativa debe comprender por parte de legislador primario, ante todo, la realización de un examen crítico sobre el resultado que las normas pretenden producir tras su entrada en vigor.
Si pasamos bajo ese tamiz a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y su institución estelar que representa el SIPINNA a 8 años de su vigencia, los datos podrían resultarnos un tanto desalentadores.
El mecanismo normativo e institucional no ha sido determinante para mejorar las condiciones de vida de las nuevas generaciones. Sin ir muy lejos, de acuerdo a datos de UNICEF la inversión en recursos públicos en primera infancia, niñas, niños y adolescentes en los últimos 6 años ha decrecido al pasar de un 3.27% del PIB en 2018, a un 2.86 % que se estima para 2023.
Malas noticias se leen también en la proyección de un dato que debería ser el rubro prioritario no solo para los operadores de esta agenda, si no para el país entero; la inversión específica en materia de primera infancia, es decir niñas y niños entre 0 y 5 años, apenas alcanzó un 0.5 % del PIB durante este 2022.
¿Qué significa esto? Pues si bien el propósito primigenio de la Ley General, sus normas secundarias y las correspondientes estructuras administrativas que forman parte de los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes, fue el de materializar y atender los derechos de este sector poblacional bajo un enfoque de prioridad, es evidente que el trabajo por hacer requerirá poco más que activismo y buenas intenciones por parte de los poderes públicos.
Aquí, me parece se encuentra implícita una agenda y al mismo tiempo una auténtica hoja de ruta que si los actores políticos del momento saben leerla con altura de miras, podría representar para México una alternativa viable para atender las causas de fondo a nuestras problemáticas sociales.
No habría un mejor planteamiento estructural para una futura o futuro gobernante – el más completo y sensato creo yo – que hacer cumplir la Constitución y por primera vez en la historia de este país, poner en el centro de todo programa o decisión de política pública al interés superior de la niñez.
Agradezco la oportunidad de escribir este primer texto en el extraordinario e histórico espacio de expresión que representa el Heraldo de México. Gracias por considerar la voz de Early Institute y sus integrantes, pero sobre todo por interesarse en el trabajo crítico que realizamos en favor de la niñez mexicana.
POR ABRAHAM MADERO MÁRQUEZ
TWITTER: @ABRAHAMMADERO
CORREO: AMADERO@EARLYINSTITUTE.ORG
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ABOGADO. DOCTORANDO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA. DIRECTOR EJECUTIVO DEL THINK TANK MEXICANO EARLY INSTITUTE